Trabajadores, vecinos de barrios populares, organizaciones sociales y gremiales, instituciones académicas y cooperativas de Tandil difundieron un comunicado público  y realizaron esta mañana una conferencia de prensa en el que manifestaron su “profunda preocupación” y su rechazo ante el cierre y vaciamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a nivel nacional.

Señalaron que la situación “no es nueva” y recordaron que en mayo del año pasado utilizaron la Banca XXI para alertar al Municipio y a la comunidad sobre el impacto local de una decisión de alcance nacional.

Según indicaron, la política de integración socio urbana surgió a partir del relevamiento nacional de barrios populares (RENABAP) impulsado en 2016 por organizaciones sociales, la Iglesia y vecinos, y luego se consolidó con la sanción unánime de la Ley 27.453 en 2018, ratificada en 2022. Aseguraron que entre 2019 y 2023 más de 772.000 personas fueron alcanzadas por los programas y obras implementadas por la SISU, con auditorías de organismos como la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.

En el plano local, detallaron que la política permitió realizar más de 800 conexiones intradomiciliarias de servicios en barrios como La Unión, Villa Gaucho, Movediza 1 y 2 y Villa Laza. Entre ellas, mencionaron 407 conexiones de agua potable, 300 instalaciones de electricidad segura, 151 conexiones cloacales y más de 4.100 metros de veredas, además de arbolado y espacios recreativos.

También destacaron que 400 mujeres tandilenses accedieron al programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas y que las obras generaron trabajo para más de 80 cooperativistas locales, con un ingreso estimado en más de 600 millones de pesos para la ciudad durante ese período.

En el comunicado subrayaron que “la integración socio urbana funciona” y remarcaron que la Ley 27.453 “sigue plenamente vigente”. En ese sentido, afirmaron que el acceso al agua potable, cloacas, electricidad segura y un hábitat digno “no es un favor ni una concesión política: es un derecho reconocido por ley”.

Asimismo, advirtieron que la dotación de personal de la Secretaría se redujo de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afectando equipos técnicos y profesionales especializados.

Indicaron además que en Tandil aún hay más de 2.000 familias registradas en 11 barrios populares donde el 75% no accede a la red formal de agua, el 73% no tiene cloacas y casi el 100% carece de gas natural. Según expresaron, las obras en curso o ya comprometidas fueron paralizadas por el Gobierno nacional.

Entre los puntos exigidos, solicitaron al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley 27.453, la ejecución de los recursos ya recaudados, la restitución del FISU o la garantía de financiamiento por otras vías, además de la reincorporación de trabajadores despedidos.

También pidieron la reactivación de las obras paralizadas en la ciudad y el compromiso activo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Tandil, que aprobó por mayoría en el Concejo Deliberante el pedido de restitución del FISU.

“El acceso a derechos básicos no puede depender de decisiones políticas coyunturales”, sostuvieron, y concluyeron que “la integración socio-urbana no es un gasto, es una inversión en desarrollo, trabajo y futuro”.

Durante la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29 se produjo un incendio en  La Movediza 1 –el barrio popular que se originó con la ocupación de un lote en calle Piccirilli al 1000-, y el hecho generó la destrucción total de tres casillas del lugar. Un trabajador de la construcción y una pareja perdieron no solo su vivienda sino también todas sus pertenencias.

El Eco de Tandil estuvo en el barrio durante la mañana del jueves, cuando una decena de vecinos colaboraba con la limpieza de las cenizas y escombros. De acuerdo a lo relatado por testigos, el foco ígneo se habría producido pasadas las 22, tras escucharse un estruendo que correspondería a la explosión de una garrafa en una de las viviendas.

Los trabajos en las estructuras afectadas –que implicó la intervención de dos dotaciones de bomberos con seis efectivos-, se prolongaron hasta después de las 3 de la madrugada. Los vecinos marcaron que la ayuda demoró alrededor de 40 minutos en llegar, y que hubo intoxicados que debieron atravesar la mitad del lote para ser atendidos ,ya que fuerzas de seguridad no permitieron el acceso al predio.

“La verdad que me quedé sin nada. Salí con una toalla nomás”, contó uno de los vecinos afectados. Se trata de un trabajador de la construcción, de 59 años, que se desempeña en una empresa local. Instalado en el barrio desde hace casi tres años, comenzó con una casilla de chapa que luego pudo mejorar con madera. En el incendio perdió no solo sus pertenencias materiales, sino también a su perro.

La casilla lindera pertenecía a una pareja joven que pudo rescatar algo de ropa de las llamas. Al momento del hecho no se encontraban en el lugar, por lo que debieron trasladarse cuando recibieron el aviso. En la mañana del jueves, junto a allegados, trabajaron en el movimiento de las cenizas y los restos de chapa y madera, para volver a instalarse.

El trabajador de la construcción que resultó afectado por el incendio contó que tras culminar su jornada laboral se dirigió a comprar medicación. “A las diez y media me acosté y sentí como una explosión”, relató, sobre el ruido que escuchó de la casilla cercana. “Quería sacar mi garrafa pero me agarró la gente y me llevó”, sumó, sobre la ayuda de los vecinos que lo resguardaron de volver a su vivienda, donde las llamas se propagaron en segundos.

“A la hora de la verdad no había agua”, indicaron los vecinos, quienes comenzaron a apagar el fuego con baldes que llenaban desde las piletas de lona, o algunas mangueras caseras. De acuerdo a lo que precisaron, el primer móvil de Bomberos se quedó sin agua, por lo que debieron esperar a que arribe el siguiente.

La Movediza 1 es un barrio inscripto en el Renabap, que se originó a partir de una ocupación en febrero de 2023. A la fecha residen en el lugar casi 200 familias. Si bien comenzó como una zona en la que predominaban las casillas de cartón, chapa y madera, con el tiempo muchas familias fueron levantando viviendas de materiales.

Tras la confirmación de su incorporación al registro de barrios populares y el posterior archivo de la causa penal por usurpación, el dueño original del lote, un pequeño empresario que viven en el terreno lindero, continuó el reclamo por la vía administrativa.

En paralelo, los vecinos de la zona comenzaron un proceso de integración socio urbana, y desde entonces solicitan contar con el acceso al servicio eléctrico para cesar con las conexiones clandestinas.

Luego de que vecinos de Tarraubella –junto a organizaciones que forman parte de la Mesa Barrial de Villa Aguirre-, hayan solicitado al Municipio la factibilidad para extender la red de agua de calle Lavalle hacia calle Rosales, desde la Comuna plantearon que existe la posibilidad de que las conexiones se realicen a la red ya existente –tanto de agua como de cloacas-, bajo la modalidad multifamiliar. Además, plantearon su mirada sobre el estudio que arrojó que el agua en el lugar está contaminada, y sobre las obras para los barrios populares.

“Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red”, sostuvo Luciano Lafosse, secretario de Planeamiento y Obras Públicas, en diálogo con El Eco de Tandil. “Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano”, agregó el funcionario.

Cabe recordar, el reclamo por el acceso al agua en Tarraubella es de larga data. En verano la problemática se acrecienta, y los vecinos deben recurrir a llenar botellas y bidones por la noche para poder contar con suministro durante el día.

A través de fondos provinciales, el barrio sumó obras de infraestructura en el último período. Entre otras, se formalizaron las conexiones intradomiciliarias para los vecinos de la torre del lugar. Sin embargo, las familias del llano continúan con conexiones precarias.

Dentro del financiamiento provincial existe la posibilidad de que el gobierno bonaerense no solo costee las conexiones intradomiciliarias, sino la extensión de la red desde Lavalle hacia calle Rosales y Patagonia. Por eso los vecinos elevaron una nueva solicitud formal para obtener el aval municipal para avanzar con la iniciativa. Sin embargo desde la Comuna consideraron que las conexiones pueden realizarse mediante la red ya existente.

“Sin la necesidad de hacer una extensión de la red”

-Hubo un pedido de vecinos del llano de Tarraubella, junto a organizaciones que trabajan en el barrio, para solicitar la factibilidad para la extensión de red, y que Provincia pueda financiar esa obra. ¿Cómo es la situación respecto a eso?

-Luciano Lafosse: En realidad, hay una parcela que involucra tres calles, Lavalle, Rosales y Patagonia. Y para esa parcela lo que nosotros planteamos es que las factibilidades se dan en función de la estructura parcelaria.

El 2 de octubre fue contestada esa nota en la que se nos solicitaba la factibilidad, en el que se les planteaba que esa parcela ya tiene la factibilidad tanto para cloacas como para agua, existiendo ya conexiones realizadas a la red municipal, a la red pública en ambas redes de infraestructura.

-Redes que pasan por Lavalle…

-Exactamente. La red nuestra, las dos redes van por Lavalle hasta Rosales.

-¿La gente que vive en el llano de Tarraubella podría conectarse tanto a esa red de agua como a la red cloacal sin necesidad de una extensión de red?

-Sin la necesidad de hacer una extensión de red por vía pública porque esa parcela ya tiene una las conexiones por una calle. Lo que se debería hacer es como cualquier multifamiliar, una extensión interna dentro de la parcela para poder conectarse a la red.

-Lo regular suele ser que los caños pasen por los frentes de las viviendas…

-Ahí hay un hay una cuestión que tiene que ver con que eso es una urbanización informal en el que ni siquiera por red pública se podría llegar a todas las viviendas. Entonces, siempre va a tener que existir una red multifamiliar interna.

Lo que nosotros estamos planteando es que ya se tiene la red que pasa por el edificio de Tarraubella, entonces lo que hay que hacer es extender esas redes internas hacia el interior de lo que se denomina el llano.

-¿La gente que tiene frente sobre Patagonia también podría llegar hasta la red pública por red interna?

-Sí, la otra parcela que da sobre Patagonia también tiene factibilidad. Es un galpón que tiene la conexión por calle Darragueira.

-Hay un proyecto provincial que financia obras para villas y asentamientos. ¿Estas conexiones intradomiciliarias se podrían hacer a través de la red de calle Lavalle?

-Se podrían hacer, sí. Se podrían hacer como un proyecto de cualquier proyecto multifamiliar en el que lo que se debería prever algún tipo de tanque de reserva para poder contar con el servicio.

-Recibieron un informe que daba cuenta de contaminación en el agua por conexiones precarias. ¿Qué lectura hacen desde el Municipio?

-Planteamos la necesidad de regularizar esa situación. Porque por lo que se ven en las imágenes  de la nota del otro día, y por cosas que nosotros teníamos presentes, lo que uno infiere de lo que está sucediendo si es que están tomando agua de la red nuestra, o que pueda llegar a haber algún tipo de contaminación que generen las propias conexiones.

Lo que tendríamos que tener son mayor cantidad de detalles respecto del estudio que hizo la Facultad de Veterinarias. Nosotros tuvimos conocimiento de eso a partir del expediente que empezó la semana pasada.

Obras para barrios populares

-Tarraubella es un barrio popular, ¿Cuál es la postura del Municipio con respecto a las obras de infraestructura?

-Tomamos la decisión de que en este tipo de urbanizaciones, no hacemos obras. De la misma manera que el Intendente, la semana pasada, lo planteó en relación a la toma, que es también un proyecto de Renabap. El Municipio no hace obras de infraestructura para este tipo de urbanizaciones, porque los recursos con los que realizamos obras son recursos de las tasas que se pagan por los distintos servicios que se brindan.

Nosotros hemos hecho obras en barrios Renabap de Tandil con recursos que aportaba Nación. Lo que no hacemos nosotros son obras en estos barrios porque entendemos que hay otros barrios en los que el Municipio tiene déficit en el servicio. Priorizamos algunas otras obras.

Como cada verano, los vecinos de Tarraubella viven sin agua. Tienen conexiones precarias y por eso deben rebuscárselas, cargar botellas durante la noche y acopiar para el día. Pero además, un análisis de la Facultad de Ciencias Veterinarias detectó que el agua a la que acceden es “no apta para consumo”. Por eso presentaron al Municipio el pedido de factibilidad para que Provincia pueda avanzar con las obras de infraestructura que cambiarían la realidad de las familias del barrio.

“Fuimos al Municipio porque Provincia hace la obra y pone la plata. Pero el Municipio tiene que dar el permiso, en Obras Públicas”, compartieron los vecinos, quienes agregaron que los trabajos en cuestión consistirían en una extensión de la red ya existente. Las afectadas por la situación actual son las familias que viven en “el llano”, como denominan al área adyacente a las torres que dieron nombre al barrio. Algunas se instalaron en el lugar hace más de una década, otras algunos años atrás. 

El Eco de Tandil estuvo en el lugar y dialogó con los vecinos. Acceden al agua a través de una conexión precaria -“12 casas de una misma manguera”- , tal como sucede en otros barrios populares de la ciudad. Mediante un plan de obras financiado por Provincia, la zona de las torres pudo formalizar el acceso al servicio. Pero en el llano, las mangueras que se conectan a la red “forman una telaraña” que suelen pasar muy cerca de pozos sépticos. 

Si bien quedarse sin agua durante el verano es un problema habitual para la barriada, el mencionado estudio de Veterinarias fue contundente: arrojó que más del 80 por ciento de las muestras de agua analizadas no son aptas para consumo por dar positivo de contaminación fecal reciente. 

Ese fue uno de los motivos que impulsó a los vecinos a realizar una asamblea y reiterar su pedido al Municipio. Si desde la Comuna otorgan la factibilidad técnica, existe la posibilidad de que Provincia no solo destine fondos a las conexiones intradomiciliarias, sino que también financie la extensión de la red.

“Ahora no hay agua, directamente. En el día no hay, se debe cortar tipo 9. Y viene a la noche cuando estamos durmiendo. Dejamos los tarros y las canillas abiertas para poder rescatar un poco”, contó Damián, que vive con su familia en el llano. Durante los días de año nuevo llevaban una semana y media sin agua. “En el verano no hay, y en el invierno se congelan las mangueras así que hasta el mediodía tampoco”, agregó el vecino.

“Cargamos dos baldes para llenar el termo para bañarnos. Y ponemos botellas en la heladera”, sumaron Mariana, Romina y Natalia, que residen hace más de una década en el lugar. El reclamo por el acceso al servicio, indicaron, se remonta por lo menos desde su llegada al barrio. “Hemos ido a Desarrollo Social en Del Valle, hablamos con las chicas de ahí pero no hemos tenido respuesta. Tampoco con los tanques, que nos dijeron que nos iban a dar pero tampoco. Nos dijeron que iba a venir el aguatero para dejar en los tanques y arreglarnos con eso. Pero no, no tenemos nada. La respuesta es nada”, lamentaron.

Pero a la situación de falta de presión y cortes recurrentes del servicio, se sumó en el último tiempo la confirmación de la contaminación en el agua que las familias utilizan. “El agua pasa por muchos lugares, por los pozos, y por lugares donde hay animales”, marcaron. Desde Veterinarias habían señalado que parte de la problemática también se debe a que las mangueras no están elevadas del nivel del piso, y muchas cuentan con filtraciones.

Parte de las familias recurren a la compra de bidón, en particular después del estudio que determinó que el suministro no es apto para consumo. “La tenemos que hervir y nos dieron unos goteros”, señalaron los vecinos, que a través de la Mesa Barrial accedieron a una charla explicativa de cómo poder proceder para el tratamiento del agua.

“Yo por ejemplo compro bidón, cuatro o cinco bidones de 20 litros. Pero para cocinar sí la hiervo con dos gotitas de lavandina cada un litro”, contó otra vecina. “. La hervimos, o le echamos lavandina, y la dejamos en la heladera. Si no, la dejamos para lavar. Es la única opción que tenemos, porque es el agua que corre, y más aun con estos calores”, agregó.

La solicitud para que el Municipio otorgue la factibilidad, y que Provincia pueda avanzar con las obras se enmarca en la necesidad de un acceso digno al servicio básico. La preocupación vecinal no es solo por el suministro para de consumo, sino por la que utilizan de manera habitual para refrescarse. Parte del paisaje del llano de Tarraubella en pleno verano es el de chicos jugando en piletas de lona, llenas con apenas centímetros de agua.

El Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas elaboró un nuevo informe sobre el estado actual La Movediza 1 (lo que fue la toma en el lote de calle Piccirilli al 1000), en el que se registraron en particular las problemáticas originadas en el barrio por no contar con acceso formal a la energía eléctrica, pero en el que también relevaron la voluntad de las más de 130 familias por regularizar su situación.

“Creemos fundamental que las familias que viven allí sean escuchadas e incorporadas en un espacio participativo, una mesa participativa para discutir particularmente de qué manera se pueden desarrollar en este barrio. Las demandas no son nuestras, sino de las personas que viven en el lugar, y la principal es poder formalizar su situación. Dijeron que no quieren vivir más en la clandestinidad, y eso implica poder tener servicio de energía eléctrica, poder pagar su terreno, y un montón de aspectos vinculados a la regularización dominial, a los cuales tienen voluntad de contribuir”, transmitieron Dana Valente Ezcurra, Jésica Esparza y Paloma Draghi, parte del equipo de Hábitat y Derecho a la Ciudad del Observatorio Social.

El informe se denomina “Situaciones problemáticas a considerar para el acceso a la energía eléctrica en el Barrio Popular La Movediza I – Tandil”, y llevó meses de trabajo, visitas al barrio, relevamientos casa por casa y análisis de datos. Incluyó también talleres participativos no solo con adultos sino también con niños y adolescentes, quienes entre otros aspectos manifestaron que la oscuridad es uno de sus principales temores.

Tras la ocupación del lote de calle Piccirilli al 1000 en febrero de 2023, comenzó un proceso penal que se agotó en julio pasado, cuando la Justicia determinó que no existió delito de usurpación –porque el terreno forma parte del Registro Nacional de Barrios Populares-, por lo que archivó la causa. El hasta entonces particular damnificado –el vecino dueño de un vivero que contaba con la titularidad del macizo- inició un nuevo juicio por vía administrativa, para obtener una indemnización.

De acuerdo al Renabap, el barrio es actualmente La Movediza 1 (ID 608), y según el relevamiento de la Unicen cuenta con 130 parcelas por las cuales casi un 80 por ciento de los habitantes posee Certificado de Vivienda Familiar. Sin embargo, estos continúan sin acceso formal a los servicios básicos, y en particular a la energía eléctrica.

El sábado 15 por la mañana, El Eco de Tandil volvió al barrio. Mientras algunos vecinos seguían avanzando con la edificación de sus viviendas, moviendo ladrillos y levantando paredes, otros cortaban el pasto. Muchos ya instalaron los postes de luz reglamentarios, a la espera de dejar las conexiones irregulares.

El objetivo principal del mencionado informe fue el de “caracterizar las situaciones problemáticas en torno al acceso a la energía”. Además de relevar los datos sobre la cantidad de parcelas y constatar la tenencia de Certificados de Vivienda, el texto también se propuso considerar la situación de los vecinos en relación a los requerimientos de parte de la Usina para dotar del servicio, y dar cuenta de situaciones problemáticas “advertidas en relación al agravamiento de las condiciones de vida como resultado de la precariedad socio habitacional y la exclusión sociourbana”.

El informe concluye señalando la “situación de emergencia habitacional y social crítica” en el barrio, en particular en relación al acceso a servicios. Si bien hace mención a que de acuerdo a la normativa vigente el Certificado de Vivienda es suficiente para poder solicitar la conexión eléctrica formal, indica que desde la Usina se incorporaron requisitos que “desconocen la obligatoriedad del cumplimiento de los derechos de habitantes de barrios populares”.

Las integrantes del Observatorio Social que dialogaron con El Eco de Tandil destacaron del informe las recomendaciones “para el diseño marco de la resolución no punitiva del conflicto”. En principio el acceso a los servicios urbanos, no solo electricidad sino también agua, cloacas, recolección, apertura de calles y pasajes, entre otros.

Pero las recomendaciones señalan además la necesidad de “adoptar un enfoque de derechos reconociendo la normativa vigente en materia de derechos humanos fundamentales y acceso justo al hábitat”, “incentivar la desestigmatización de la ciudadanía que habita en asentamientos precarios capacitando a agentes públicos y efectores de áreas de atención”, “impulsar de manera urgente la intervención articulada entre instituciones y organismos pertinentes de cara a garantizar el acceso formal a la energía eléctrica”, y “promover la implementación de abordajes integrales y participativos en el desarrollo de las políticas de hábitat e integración sociourbana”.

En ese marco el informe propone crear una “Mesa de Gestión Interinstitucional” con participación de organismos nacionales, provinciales, municipales y vecinos, así como también co-diseñar un Plan para la Integración Sociourbana de la extensión del barrio popular La Movediza 1 que incluya la apertura de calles, la extensión de redes de servicios y la instalación de espacios públicos seguros.

Un estudio realizado en las viviendas ubicadas en el llano que rodea al complejo habitacional Tarraubella, arrojó que más del 80 por ciento de las muestras de agua analizadas no son aptas para consumo por dar positivo de contaminación fecal reciente. Las familias del lugar -que cuentan con conexiones precarias- fueron encuestadas y habían manifestado que consumían el agua de manera cotidiana. La iniciativa surgió por una demanda de las mesas barriales, y se dio en el marco de un reiterado pedido por acceso al servicio. Vecinos y organizaciones aguardan por la factibilidad municipal para que Provincia avance con obras para el barrio.

El relevamiento estuvo a cargo de un equipo de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y tras conocerse los resultados, desde la Unicen entregaron lavandina e instructivos a las familias para potabilizar el agua. Lo relevado fue presentado ante la Mesa Barrial Villa Aguirre – San Cayetano, y forma parte del informe preliminar sobre la situación del barrio Tarraubella, elaborado por el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas.

“En mayo de 2024 las familias del barrio Tarraubella solicitaron ante la Dirección de Obras Públicas la extensión de la red de agua y una respuesta urgente obteniendo el compromiso de instalación de tanques comunitarios, solicitud que fue reiterada mediante carta entregada en noviembre de 2024 y que aún esperan solución. Cabe resaltar que existe una situación de riesgo sanitario probado, ya que un muestreo realizado en octubre de 2025 por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Unicen arrojó resultados de análisis de agua no apta para consumo humano: 83,3% (5/6) de las muestras analizadas no cumplen con la normativa para agua, con incumplimiento del parámetro coliformes totales; adicionalmente se detectó escherichia coli (indicador de contaminación fecal reciente) en una muestra y de pseudomonas aeruginosa en dos muestras”, señala el mencionado informe.

Uno de los puntos centrales del informe preliminar es el análisis de muestras de agua del barrio. El mismo estuvo impulsado por un equipo multidisciplinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias y la Facultad de Ciencias Exactas, en concreto, por estudiantes y docentes de la materia Principios de Estadística, Probabilidad y Estadística y Microbiología. Se realizó como parte de prácticas socio educativas –una a cargo de la docente Claudia Marinelli y otra de la docente  Estefanía Paz-, y actividades de Extensión que relevan problemáticas vinculadas al acceso a los servicios en la Mesa Villa Aguirre – San Cayetano. En ese espacio fue donde se planteó la necesidad de contar con información precisa sobre la realidad del consumo de agua en el lugar.

La iniciativa tuvo dos intervenciones principales. La primera, una encuesta sobre los modos en los que los vecinos acceden, almacenan y tratan el agua. Entre 17 y 20 familias viven en el lugar, y pueden contar con el servicio a partir de una conexión informal mediante una manguera de riego. Además –registraron en la encuesta-, muchos no poseen salida de canilla en la cocina ni en el interior de las viviendas, lo que torna más compleja la seguridad sanitaria.

Por otra parte, el estudio bacteriológico –elaborado por el Departamento de Tecnología y Calidad de los Alimentos de la Facultad de Veterinarias y firmado por las doctoras Juliana González y Victoria Vélez-, arrojó presencia de E. coli. Esto supone “riesgo directo para la salud humana. Al ingerirse, el agua puede transmitir microorganismos patógenos que causen enfermedad”, según señala el texto. También se detectaron Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que “no causa enfermedad en personas sanas, pero puede causar infecciones en personas con defensas bajas”, precisa el resumen del análisis.

“A través de las encuestas creemos que los pozos sépticos, que se rebalsan frecuentemente, las mangueras que pasan muy cerca del pozo, más las canillas que muchas familia ni siquiera las tienen elevadas y están sobre el piso, son fuentes de contaminación”, señaló la docente Estefanía Paz, también investigadora de Conicet y parte del equipo de la Facultad de Veterinarias.

“Cuando fuimos a distribuir las lavandinas y les contamos los resultados, las personas se notaron notablemente preocupadas. En la encuesta preguntamos si pensaban que el agua era segura para el consumo y la mitad dijo que sí. Y muchos se sorprendieron al darse cuenta que no. No sabían que eso estaba pasando, y nos comentaban que muchas veces se descomponen pero no lo adjudican al agua”, concluyó la investigadora.

En paralelo al reclamo, continúa el pedido por acceso al agua. Vecinos y organizaciones que trabajan en el lugar aguardan por el comienzo de la etapa 3 de las obras en curso, financiadas por Provincia, que incluirían la red de agua. Sin embargo para que eso se concrete hace falta la factibilidad municipal, que al momento no fue emitida por la comuna.

Por tal motivo, solicitaron una reunión de una mesa interinstitucional –mediante la Defensorías del Pueblo de Tandil y la de la Provincia-, a los fines de plantear dicha demanda.

Este jueves por la mañana, en la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, y con el apoyo de los vecinos de diferentes barrios de la ciudad, desde la representación local de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) hicieron uso de la Banca 21, con el objetivo de lograr el apoyo de los ediles para repudiar el cierre del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y exigir la reactivación de las obras al gobierno nacional.

Paula Alonso y Héctor Condori, representantes de UTEP Tandil, dialogaron con El Eco Multimedios luego de que la iniciativa fuera tratada y posteriormente aprobada en el recinto sin que pase por comisiones.

Primeramente, explicaron que la problemática que los convocó se manifiesta de manera concreta en Tandil con dos obras paralizadas: una en Movediza 2 que afecta el acceso al agua de más de 50 vecinos, y otra en el barrio La Unión, que contempla una obra de agua y un proyecto de cloacas. Además, existían dos anteproyectos preaprobados que nunca iniciaron su curso: uno para garantizar servicios básicos en Villa Cordobita y otro para mejorar el barrio de Las Tunitas, incluyendo agua, veredas y otros aspectos.

"No solamente son dos obras paralizadas", afirmaron los participantes, “sino también había proyectos presentados que directamente quedaron archivados”. Esta situación no solo perjudica a las familias residentes, sino que también impacta directamente en la fuente laboral, ya que hay trabajadores que pierden su puesto de trabajo por la paralización de estas obras. “Las obras paralizadas y los proyectos archivados significaban trabajo para las cooperativas de la ciudad y el mejoramiento en la calidad de vida para muchas familias”. A nivel nacional, señalaron que el impacto es aún mayor, con la pérdida de 25.000 puestos de trabajo vinculados a esta situación.

Ante este escenario, la propuesta presentada en la Banca 21 busca que “el gobierno municipal interceda por los y las vecinas de Tandil”, elevando una nota al Estado Nacional para pedir que se ejecuten los fondos que ya fueron recaudados en el mencionado fideicomiso, a través del Impuesto País, que ya había sido reducido drásticamente, impactando en el desarrollo de las obras.

Alonso y Condorí expresaron que, a pesar de la angustia de la situación, se llevaron "una pequeña alegría" al recibir el apoyo del estado local. Sin embargo, manifestaron la esperanza de que el municipio “nos acompañe hasta el final para poder conseguir estos fondos que ya están recaudados y que lleguen a la ciudad, los vecinos y los trabajadores”.

Según explicaron, el impacto de la medida nacional se extiende a “5 millones de familias que sufren este ajuste”. Calificaron la situación de "brutal" e “inhumana”, y recordaron que la ley que creó el fondo se aprobó en 2018 con “un consenso muy grande de toda la sociedad argentina”, y actualmente el ajuste afecta a 6.500 barrios a lo largo del país.

Asimismo, mencionaron que al igual que ocurrió ayer con manifestaciones y un "estado de alerta y de visibilización de la situación en todo el país", este tipo de reclamos continuarán su curso. “Aunque puedan sacar un decreto, los barrios populares no se borran, las necesidades no se borran”. La intención es seguir luchando para garantizar “los derechos a cada familia y el trabajo de un montón de compañeras y compañeros”.

Organizaciones sociales se movilizaron a las puertas del Municipio para exigir que se reactiven las obras públicas para los barrios populares de la ciudad. El Gobierno Nacional eliminó el FISU (Fondo de Integración Socio Urbana), a partir del cual se financiaron diversas iniciativas como conexiones intradomiciliarias, veredas, y mejoras en diversas zonas de Tandil. Los convocados a la Comuna llevaron a cabo una asamblea, y definieron elevar el pedido de reactivación en la Banca XXI del Concejo Deliberante.

“Hoy estamos acá, como en el resto de los puntos del país, en defensa de una política pública que supimos construir desde abajo, con mucha lucha, desde los barrios, con un consenso muy grande de toda la ciudadanía. Estamos acá en defensa de la integración socio urbana que vino a transformar la vida de miles de familias a nivel nacional y también un montón de familias de nuestra ciudad. La decisión que está tomando hoy el Estado Nacional, el gobierno de Milei, de eliminar los fondos de integración socio urbana, afecta a miles de familias, afecta a que familias no puedan acceder al agua, acceder a las cloacas, a la electricidad segura, que no puedan salir de sus casas cuando llueve, es una decisión realmente de abandono, de crueldad, de odio, que pone en riesgo la vida de un montón de familias”, manifestaron durante el inicio de la asamblea.

“Solicitamos se eleve un pedido a las autoridades nacionales responsables de esta decisión, así como las referentes de la Secretaría de Integración Socio Urbana para solicitar la continuidad y reactivación de las obras en ejecución y frenadas, así como el comienzo de las obras firmadas y comprometidas para nuestra ciudad con el Fondo recientemente eliminado”, versa la nota presentada en el día de hoy para solicitar la banca legislativa popular.

“No hay Tandil soñado sin integración sociourbana”, manifestaron los convocados en una bandera que dispusieron al frente de la Comuna. “Vamos pedir que el municipio interceda y haga una nota a favor de los barrios populares de la ciudad y las obras que están frenadas”, agregaron los participantes al tomar la palabra. Cabe recordar, el gobierno local también gestionó obras con financiamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana.

El gobierno nacional confirmó la eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una fuente de inversión para obras en barrios populares, que se financiaba con parte de lo recaudado del Impuesto País. El recorte afecta a iniciativas para distintas barriadas de la ciudad, supone la pérdida de puestos de empleo de cooperativas ejecutoras, y el freno a las compras derivadas a proveedores locales.

“Cinco barrios ya fueron urbanizados y restan urbanizar otros cinco. Hoy son esas familias las que no van a ver ese derecho garantizad. Las cooperativas y el gobierno local estuvimos haciendo estos años obras intradomiciliarias de agua, conexiones eléctricas y de cloacas. Casi mil conexiones. Cinco barrios no accederán a esos derechos básicos”, expresó Paula Alonso, de la Cooperativa de Construcción del MTE, en diálogo con El Eco de Tandil.

La del MTE no es la única cooperativa que lleva adelante obras financiadas con el FISU en la ciudad. También lo hace por ejemplo la cooperativa El Laurel, y el propio Municipio. Al respecto, en febrero pasado funcionarios del gobierno local dieron cuenta de que Nación adeuda a la Comuna más de 20 millones de pesos en concepto de certificados por avances de obras.

El gobierno nacional –a través de una publicación en redes sociales del vocero presidencial Manuel Adorni-, anunció la “eliminación” del FISU.  “Se detectó que el FISU compraba terrenos contaminados, concedía obras a cooperativas sin antecedentes y demoraba el desarrollo de las mismas. Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión”, publicó Adorni, sin mayores precisiones al respecto ni desglose de las irregularidades denunciadas.

“El desfinanciamiento está desde el 2023”, explicó Paula Alonso. Al respecto, precisó que “el Fondo se desfinanció cuando el Impuesto País pasó del 9 al 0,3 por ciento. Ahí ya hubo una política de ajuste. Sin embargo se siguió juntando esa recaudación, pero no lo venía ejecutando el Estado Nacional. No ejecutaba la plata para realizar las obras, y si lo hacía, lo hacía muy en cuentagotas”, señaló la integrante de la Cooperativa de Construcción.

A nivel nacional, sostuvo que “hay más de 700 obras paralizadas” y que eso “implica el deterioro de la infraestructura, recursos perdidos”. Porque además de las iniciativas frenadas, agregó, también se ve afectada la economía que las mismas dinamizan en las localidades donde se desarrollan. La compra de insumos a proveedores locales, la contratación de servicios y otros derivados.

“A nivel local hay 10 barrios populares. Son más de 2 mil hogares, que actualmente el 70 por ciento tiene una conexión irregular de agua, el 80 por ciento no accede a las cloacas, casi el 100 por ciento no accede a la red de gas natural. Igualmente desde el año 2021, las cooperativas hemos realizados obras que le han cambiado la vida a cientos de familias a nivel local”, planteó.

“Estamos hablando de Las Tunitas, Villa Cordobita, o Villa Laza que tiene una obra paralizada”, señaló la cooperativista, quien sumó que “en Villa Cordobita, antes de que el gobierno asuma presentamos un proyecto que iba a garantizar el agua potable a todo el barrio. Con conexión eléctrica y servicios de cloacas para un sector. Ese proyecto quedó congelado desde que asumió el gobierno actual”.

Además, indicó que “quedan otras obras que estaban en ejecución y quedaron paralizadas. Como lo que es el acceso al agua potable en La Movediza 2, una obra presentada por el Municipio y que la ejecutaba una empresa que tomó la licitación. Quedó frenada, igual que la extensión de la red en el barrio La Unión“.

Alonso consideró que la eliminación del FISU “es una política de abandono y ajuste brutal”, y manifestó que como parte de las mesas de barrios populares se encuentran “en alerta” y se acoplarán a las medidas que surjan a nivel nacional para visibilizar la situación.

“Esto significa un montón. Porque no es una mejora solamente para nosotros, sino para todos  los vecinos. No hay una separación entre Tarraubella y el resto, somos todos Villa Aguirre y va a haber un espacio verde para todos, para los niños, para la gente que quiera compartir desde un mate a una charla”, contaron un grupo de vecinas del complejo Tarraubella. El Eco de Tandil recorrió el lugar donde la Cooperativa de Construcción del MTE comenzó con la segunda etapa de obras de mejoras para el barrio.

En un plazo estimado de 8 meses y con financiamiento de la Provincia, el proyecto prevé completar el mejoramiento de los espacios comunes del edificio, el recambio de aberturas y la colocación de pisos de cerámico en las escaleras y el interior de los departamentos. Pero también construirán un espacio recreativo público para el esparcimiento de los vecinos de toda la barriada.

Durante la mañana del viernes, un grupo de vecinas y trabajadoras de la mencionada cooperativa se convocaron a las puertas del complejo para recibir a El Eco de Tandil. Las familias destacaron cómo cambió su día a día a partir de las mejoras que comenzaron a realizarse en el barrio hace casi 2 años.

Además hicieron mención a la importancia que supuso para el lugar la organización barrial. En concreto se refirieron a las reuniones y asambleas que llevan a cabo cada 15 días, en las cuales establecieron reglas de convivencia e hicieron un mapeo de las principales problemáticas y necesidades para definir cuáles serían las mejoras prioritarias a realizar.

“Para todos los vecinos que se quieran acercar, acá estamos. Si quieren compartir, si quieren charlar, preguntar o consultar, cada 15 días tenemos reuniones. Están las puertas abiertas para todo aquel que tenga dudas. Que no tengan miedo, porque también somos gente. Este barrio se está construyendo ahora, pero a futuro va a ser un barrio para los vecinos de enfrente, para que los nenes puedan jugar, para usar las parrillas. Vamos a tener una calle, veredas, va a ser diferente todo esto. Y lo que queremos es que se involucren, y cuando esté terminado que puedan venir”, aseguraron.

La historia del complejo Tarraubella se remonta a comienzos de la década del 90’. La firma Tarraubella Emprendimientos Urbanos SA inició un proyecto inmobiliario para el cual alrededor de 200 familias comenzaron a abonar una cuota para acceder a la vivienda propia. Sin embargo los adjudicatarios resultaron estafados. La obra se frenó, y entró en un largo litigio judicial que resultó a favor de las familias. Se ordenó un resarcimiento económico pero ninguno de los condenados declaró bienes a su nombre y los damnificados no obtuvieron a la fecha una devolución de su inversión.

Décadas atrás el complejo fue ocupado. Actualmente viven en el lugar 12 familias, y junto con las que se asentaron en el predio circundante suman unos 30 grupos familiares. El predio forma parte del Registro de Villas y Asentamientos, y de acuerdo a un censo realizado, 40 niños habitan en los departamentos y viviendas particulares.

Desde hace un tiempo a esta parte se conformó una mesa integrada por vecinos y otras entidades como el Centro Comunitario de Villa Aguirre, organizaciones sociales, el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, la Defensoría Pública y la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el marco de la Ley de Hábitat el barrio recibió financiamiento provincial para llevar a cabo mejoras. La Cooperativa de Construcción del MTE gestionó, coordinó y puso a disposición unos 20 trabajadores para concretar las obras.

“Por acá, antes se llovía todo”, contó una vecina sobre lo que el lugar logró a partir de la primera etapa de mejoras, en la cual se dio acceso a servicios básicos al edificio, se habilitaron las cloacas, se cambió la cubierta del techo, los baños y las cocinas completas e cada departamento.

Para la segunda etapa ya comenzaron con las tareas preliminares, por lo que dispusieron un obrador con dos contenedores en los cuales se instalarán las familias mientras se lleven a cabo las obras en sus viviendas.

“Hay una organización de por medio para esto, que es lo que siempre quisimos para que nuestros hijos vivan de una manera mejor. Con que el agua salga bien y se bañen con agua caliente, ya es muchísimo, así que estamos muy contentas de que ahora sale la segunda etapa”, celebraron.

De parte de la Cooperativa destacaron la inversión provincial en obra pública, y señalaron que todos los insumos necesarios fueron adquiridos a empresas de Tandil. El conjunto de los gastos, sumaron, se rinden y certifican periódicamente para habilitar nuevos desembolsos que permiten continuar con las obras previstas.

Nación adeuda al Municipio de Tandil más de 20 millones de pesos en concepto de certificados de obras de infraestructura. Las mismas fueron financiadas mediante el Fondo de Integración Socio Urbana –FISU, un fondo para solventar iniciativas en barrios populares y la creación de lotes con servicios-, y presentan diferentes grados de avance. Pese a cambios en la estructura nacional, desde la Comuna transmitieron que no fueron notificados de bajas de convenios, y que continuarán gestionando el cobro de los montos adeudados.

“El Municipio de Tandil continuará gestionando el cobro de los montos adeudados por el Gobierno Nacional en concepto de certificados de obra, con el objetivo de equilibrar los esfuerzos financieros realizados en pos del desarrollo de la ciudad, con un modelo que implica el retiro del Estado Nacional en muchos de los ámbitos de incumbencia, en el que el Municipio de Tandil debe asumir los compromisos contraídos con la comunidad”, señalaron desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas con respecto a la deuda de parte de Nación.

Cabe recordar, fue en los últimos días cuando el Ministerio de Economía de la Nación anunció la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Entre otros programas clave de dicha cartera, se encontraban el Procrear y Casa Propia.

Pese a que hubo bajas de diferentes organismos ministeriales, el gobierno mantuvo la existencia de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que pasará a depender de Obras Públicas. Cabe recordar, se trata de una cartera a cargo de Sebastián Pareja, referente del armado político de La Libertad Avanza en la Provincia.

Integración Socio Urbana tiene bajo su órbita la administración del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), así como también el mencionado FISU. Pese a los anuncios de Nación, desde la Comuna transmitieron que a la fecha no fueron informados de baja de los convenios. Los mismos permanecen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2025.

En la ciudad se desarrollan diversas obras con financiamiento del FISU. De parte de cooperativas y organizaciones que tienen iniciativas de este tipo a cargo, han manifestado en distintas ocasiones la preocupación por la continuidad de los proyectos, muchos de los cuales representan avances significativos para diferentes barrios de Tandil.

A partir de los convenios correspondientes, el Municipio lleva adelante dos obras con financiamiento de Integración Socio Urbana en barrios populares. “Estas intervenciones han significado una inversión considerable por parte del Municipio, en un esquema de financiamiento que debería haber sido compartido con el Gobierno Nacional”, sostuvieron desde la Comuna.

La primera de las obras es en La Unión –una extensión de red de agua-, con una inversión total de 22 millones de pesos, de los cuales Nación debía aportar 4 millones y medio. Al momento el Municipio adelantó certificados por casi 18 millones de pesos y a su vez hizo frente a las redeterminaciones de acuerdo a la inflación.

“La obra en el barrio La Unión fue comenzada con el gobierno nacional anterior quien no remitió los fondos de los certificados rendidos y finalizada con el actual gobierno el que dio de baja el financiamiento de estas obras, con una inversión mayoritariamente asumida por el Municipio, dado que aún quedan por percibir aportes comprometidos por el Gobierno Nacional”, precisaron desde el gobierno local.

Por su parte en La Movediza se realiza también una extensión de red. Se estipuló una inversión municipal de 43 millones y medio de pesos, y a la fecha Nación adeuda certificados por casi 20 millones de pesos.

“La red de esta obra se encuentra realizada en su totalidad y queda pendiente la ejecución de un pozo de captación de agua cuya materialización ha sido dificultosa por encontrarse un manto granítico en el sitio que estaba previsto su realización”, precisaron.

Desde el Municipio transmitieron la inversión realizada y el compromiso financiero asumido que “supera ampliamente los montos recibidos por parte del Gobierno Nacional”. Sin embargo aseguraron que los proyectos se están finalizando ya que representan “una mejora sustancial en la infraestructura y calidad de vida de los vecinos de estos barrios”.

Luego de que la secretaria de Protección Ciudadana Alejandra Marcieri haya cargado contra el gobierno nacional por “avalar una situación irregular” con respecto a la toma en La Movediza, el concejal Federico Sánchez Chopa (La Libertad Avanza), recogió el guante y manifestó sus diferencias con la funcionaria municipal. Además, pese al intento del bloque de que el Concejo se manifieste sobre el tema, no se logró consenso entre los ediles y la propuesta de LLA quedó en comisión.

“Me llama mucho la atención la Secretaría de Protección Ciudadana, que desde febrero del año pasado le ha pasado una toma por las narices y no ha tomado ningún recaudo frente a esta situación. Obviamente que uno desde el Departamento Legislativo tiene pocas posibilidades de hacer más que tratar de dar su opinión”, consideró Sánchez Chopa, quien agregó que si bien no están de acuerdo con la Ley del Renabap, la asunción de Sebastián Pareja al frente del organismo que administra los barrios populares supone también que el funcionario debe cumplir con la normativa existente. 

La disputa surgió a partir de la inclusión del lote ocupado en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un hecho que se concretó durante los últimos días del gobierno saliente en el pasado diciembre de 2023. Sin embargo, al asumir Pareja al frente de la Secretaría de Integración Socio Urbana, no modificó tal resolución. La situación, consideró Marcieri “realmente es incoherente”. 

En el mismo sentido se había expresado el dueño del lote ocupado, quien en diálogo con El Eco de Tandil declaró tener “bronca con la Defensoría Oficial y con La Libertad Avanza”.

Consultado al respecto, Sánchez Chopa planteó sus diferencias con Marcieri. Explicó que la Justicia le solicitó a la Secretaría de Integración Socio Urbana que se expida sobre la situación, “y la Secretaría procede de acuerdo a la ley, una ley que tiene más de 5 años y que indica que tienen que seguirse estos procesos. ¿Estamos de acuerdo con eso? No. ¿Habría que modificar la ley? Sí”, sostuvo. 

Sin embargo, amplió, “modificar una ley no es sencillo, no estamos de acuerdo con la ley del Renabap, pero fuera de eso uno tiene que cumplir con la ley existente. Como funcionario público, uno tiene que responder de acuerdo a lo que dice la ley, no lo que uno quiere o lo que uno le gusta hace. Hay una ley que indica que frente a una situación así, se tienen que cumplir estos pasos”.

El concejal realizó un repaso desde el inicio de la ocupación en La Movediza hasta el presente, e hizo énfasis en la mesa de diálogo que funcionó y luego fue desactivada. “El Ejecutivo tiene que tomar una decisión y tratar de eliminar o buscar las alternativas lógicas y coherentes para sacar la toma porque no corresponde”, afirmó. 

A su vez, el referente de La Libertad Avanza a nivel local enmarcó las declaraciones de Marcieri en “una clara intención de pegarle al gobierno nacional” de parte del “oficialismo local desde el 10 de diciembre del año pasado”. Tras la judicialización de la situación, agregó Sánchez Chopa, “estamos esperando y vamos a pedir que la Justicia se expida lo antes posible y obviamente a favor del desalojo de la toma”.

Luego de que vecinos de la zona cercana al lote de la toma hayan concurrido a la última reunión del Foro de Seguridad para dar a conocer su preocupación por hechos de inseguridad en el barrio a los que atribuyeron a la situación del predio ocupado, la concejal Luján Fiego tomó el compromiso de plantear en el Legislativo una manifestación en contra de la inclusión en el Renabap del terreno ocupado.

La iniciativa fue presentada en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad. Sin embargo, no hubo acuerdo entre los bloques y el proyecto quedará en esa instancia. 

“Nuestra posición es muy clara y la vamos a seguir sosteniendo. La vamos a seguir defendiendo y si desde la Comisión surge una posición diferente a la nuestra, que es que no estamos de acuerdo con la toma y que lo que vamos a solicitar es el desalojo de la misma, presentaremos un dictamen de minoría pidiendo el desalojo de la toma. Y también vamos a solicitar celeridad a la Justicia” sostuvo al respecto Sánchez Chopa.

Luego de que en junio pasado haya culminado la primera etapa de obras de mejoramiento para el complejo Tarraubella, la cooperativa de construcción del MTE -con acompañamiento provincial del Opisu- comenzará una nueva etapa en la que colocará medidores y conexiones intradomiciliarias para las viviendas ubicadas dentro del predio y linderas al edificio original.

“Esto surge de las demandas de los vecinos. No es una obra que viene desde afuera y se instala solamente en el barrio, sino que sale desde los mismos vecinos y que  garantiza condiciones dignas de vivienda. Está enmarcado en una línea de mejoramiento habitacional donde el subsidio es de 20 millones y se aseguran las condiciones de seguridad eléctrica para los vecinos”, compartió Anyelén Paz Meynet, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu), la entidad bonaerense que otorga los fondos para concretar la iniciativa.

Durante el martes por la mañana, la funcionaria provincial, trabajadores y referentes de la cooperativa de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), investigadores del Observatorio Social de la Facultad de Humanas de la Unicen y vecinos del barrio llevaron a cabo una asamblea. 

En el encuentro pusieron en común las precisiones de la obra que comenzará la semana próxima y supondrá un trabajo de dos meses, con la ocupación de 11 cooperativistas. Las vecinas participantes destacaron lo que significaron para la barriada las mejoras habitacionales que concluyeron en junio pasado, así como el aporte a la calidad de vida cotidiana de proyectar contar con conexiones eléctricas formales.

“La Opisu claramente da respuesta a demandas históricas de los vecinos. Y sabemos que la demanda es muy grande, sobre todo en las instalaciones eléctricas domiciliarias, que representa mayor seguridad para los vecinos y para sus familias. Aunque queda mucho por hacer”, sumó Meynet.

“Estamos haciendo una asamblea para dar inicio formal a una obra fundamental en estos tiempos que es de mejorar las conexiones intradomiciliarias eléctricas que van a venir a mejorar la vida de estos vecinos. Son vecinos que hace años que no tenían acceso a la luz. Hace muy poquito el Municipio pudo abrir las calles y con eso se pudo hacer la extensión del tendido eléctrico. Y hoy ya tienen las condiciones para poder tener luz formal en su hogar”, comentó Paula Alonso, del MTE.

La cooperativista subrayó la importancia de las conexiones formales, en particular durante la temporada invernal. “Los vecinos no tienen acceso a los servicios seguros,  muchas veces en condiciones precarias. Calefaccionarse en un invierno como este con estufas eléctricas, no solamente impacta en la boleta de luz sino en la seguridad. Se viene a mejorar la vivienda, la vida, pero también la seguridad de esas familias”, sumó.

De parte del MTE agradecieron el financiamiento aportado por el Opisu. Al respecto, plantearon “que la Provincia esté sosteniendo esta clase de obras es muy importante en este contexto donde a contra cara tenemos un gobierno nacional que viene a retirarse, que dice que el Estado no sirve, que viene a abandonar a un montón de familias que viven en condiciones precarias. Pero también que viene a imponer políticas deshumanizantes donde no importa si te morís de hambre o te morís de frío, como es en nuestros barrios, y sostener este tipo de políticas me parece que es algo a destacar. Es un pequeño granito que va a ayudar a que mejore la calidad de vida de un montón de familias en el barrio”.

Otro de los trabajadores implicados expresó que la idea de la iniciativa es “que sea el puntapié para algo más grande, que no se quede solamente en esas 15 instalaciones de electricidad y se proyecten mejoras de núcleos húmedos y demás que definen la calidad de nuestros barrios”.

Los reclamos de los vecinos en Tarraubella, señalaron en el marco de la asamblea realizada, llevan décadas. Finalmente en junio pasado los integrantes de la cooperativa de construcción del MTE concluyeron importantes mejoras en las viviendas del complejo. Se realizaron instalaciones y conexiones seguras a los servicios básicos, se colocaron techos y puertas, así como cocinas y baños completos.

“Un día yo estaba en el trabajo y me llamaron para contarme que estaban poniendo el cartel de la obra. Pensé que era imposible, pero no, lo estaban poniendo. Al fin había llegado eso que tanto buscábamos, no solamente yo, sino un montón de familias que hace años que buscan lo mismo”, contó Sofía.

La joven de 24 años vivió casi toda su vida en el edificio Tarraubella. Junto a su hija fue una de las vecinas que participó en la jornada en la que el sábado pasado se celebró la concreción de la primera etapa de mejoras para el barrio.

“Me pone muy contenta. No solo por el logro para nuestra casa, sino porque cambió mucho el barrio. Se abrió una calle, se hicieron las cloacas y cada casa ahora tiene agua. Cambió la vista, y el ambiente también”, destacó.

La vecina contó de los riesgos que existían antes de que se finalicen las obras, por los pozos y su peligro de rebalse, por las instalaciones precarias y otros. También hizo mención a que se colocó un portón en la entrada, lo que les permite saber quién ingresa al edificio.

Claudia tiene 47 años y hace casi dos décadas que vive en uno de los departamentos del complejo. “Empezaba a llover y se largaba primero adentro que afuera. Contarlo ahora causa gracia, pero es triste. El techo me cambió la vida. Y ahora nos bañamos con agua caliente”, dijo con alegría.

Por su parte Brenda tiene 28 años y es madre de 4 hijos chicos. Junto a su pareja hace 4 años que viven en el edificio. “Hasta que salió la obra, hemos pasado varios momentos feos, como que se vuelen las chapas o los vidrios. Pero un día llegó el MTE, nos dieron el sí para hacer las obras y la verdad que fue algo muy hermoso”, celebró.

Las vecinas remarcaron la importancia de haber conformado un consorcio, a partir del cual mediante votaciones deciden cambios para el lugar, realizan jornadas de limpieza y colectan fondos comunes para hacer frente a los servicios públicos.

“Que todos sepan que los sueños se cumplen alguna vez y que sigan luchando por sus cosas. Y también que hay muchos barrios populares que están en busca de mejoras habitacionales y podemos decirles que no se rindan, que por más que haya piedras  siempre en algún momento va a salir el sol y se va a poder hacer la mejora de cada uno de los barrios populares de Tandil”, concluyeron. 

Una jornada de celebración se vivió el pasado sábado 1 de junio en el edificio Tarraubella, ya que se concretó la primera de las etapas de mejoras para el barrio. Tras casi 9 meses de trabajo, en una obra que ejecutó la cooperativa de construcción del MTE de Tandil, los departamentos del complejo ya cuentan con instalaciones y conexiones seguras a los servicios básicos, nuevo techo y puertas, así como cocinas y baños completos. Los vecinos transmitieron su alegría por una iniciativa que les “cambió la vida”, según compartieron.

“Me pone muy contenta, no solo por el logro para nuestra vivienda, sino también porque cambió mucho el barrio. Se abrió una calle, se hicieron las cloacas y cada casa ahora tiene agua. Porque capaz que antes, en otro momento, llegaba el verano y no sabías si iba a poder tener agua. Nos cambió mucho la vista y el ambiente. Porque si bien más de una vez salimos en la tapa de los diarios por un problema, hoy salimos por algo lindo, por una renovación. Y esperamos que siga pasando, que se logren la segunda etapa y la tercera”, expresó Sofía, una joven de 24 años que se crio y vive en el lugar.

El Eco de Tandil dialogó con Paula Alonso-integrante de la cooperativa de construcción del MTE Tandil-, con Paz Rey –trabajadora social del Centro Comunitario de Villa Aguirre- y además de la mencionada Sofía, con Carolina y Brenda, también vecinas del edificio. Todas coincidieron en el aporte que las obras generaron a la calidad de vida del barrio, y destacaron que a raíz de la iniciativa se generó también un consorcio que mejoró las relaciones entre los habitantes.

Fue en el año 2020 cuando la Mesa Barrial de Villa Aguirre presentó a la Defensoría del Pueblo y a la Defensoría Pública un pedido de intervención por la precaria situación del complejo en el que viven 12 familias, y del predio circundante donde lo hacen otras 20. Así se logró la inscripción en el Registro Provincial de Villas y Asentamientos y se pudo avanzar en un proyecto de mejoras habitacionales.

La Subsecretaría bonaerense de Hábitat de la Comunidad brindó un financiamiento de 100 millones de pesos que más allá de la inflación sostenida, la cooperativa de construcción del MTE gestionó para poder concretar a tiempo el trabajo asumido. Y el sábado pasado lo celebraron.

“Lo del sábado fue muy emocionante, muy a flor de piel. Fue una jornada de celebración de todas las conquistas conseguidas, donde la esperanza se convirtió en la realidad de poder vivir mejor. También de visibilización de la lucha de los vecinos, porque esta es una experiencia muy importante de la comunidad organizada de Tandil. Pero también de visibilizar nuestro trabajo como cooperativa, en un contexto donde somos sujetos de constantes ataques”, expresó Paula Alonso, del MTE.

La referente de la organización recordó que además de las conexiones seguras se cambió la cubierta del techo que estaba en peligro de derrumbe, se hicieron los baños y cocinas completos en cada departamento, se instalaron termotanques que permiten a los vecinos contar con agua caliente y hasta se colocaron puertas.

Alonso contó que de la jornada del sábado participó la directora provincial de Intervenciones Complementarias, Érica Osterrieth, quien “tomó la palabra y respondió que había un compromiso de la Provincia para que la obra continúe”. 

En ese sentido, desde la cooperativa se encuentran a la espera de la firma del convenio que les permita avanzar en la segunda etapa – cambio de pisos, pinturas y mejoras en los espacios comunes-, así como en la tercera sobre la que proyectan trabajar en las viviendas ubicadas en el predio circundante. “Estamos haciendo todo lo posible. Siguiendo, luchando y organizándonos con los vecinos para que el Estado, tanto provincial como municipal, estén presentes”, sumó Alonso.

Por su parte Paz Rey, trabajadora social del Centro Comunitario de Villa Aguirre, manifestó que para la institución, “es una alegría que vecinos y vecinas puedan vivir mejor. Y para la Mesa Barrial, acompañar ese proceso es un logro también, de que la coordinación entre las distintas instituciones y organizaciones del barrio da resultados y permite mejoras concretas en la calidad de vida de la población”.

La historia del complejo Tarraubella se remonta a comienzos de la década del 90’. Surgió como un proyecto inmobiliario para cerca de 200 familias, pero más allá de los avances realizados, la obra se frenó. Tras un extenso litigio, la Justicia falló a favor de las familias inscriptas. Pese a que se ordenó el resarcimiento económico, los condenados no declararon bienes a su nombre, por lo que los damnificados –hasta la fecha- no obtuvieron respuesta. 

El edificio y el predio que lo rodea fueron ocupados por una treintena de familias. Y luego de años de trabajo conjunto entre la Mesa Barrial de Villa Aguirre, organizaciones sociales, el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas, la Defensoría Pública y la Defensoría Bonaerense, se logró la inscripción del barrio en el Registro Provincial de Villas y Asentamientos. 

Eso posibilitó que la Subsecretaría bonaerense de Hábitat de la Comunidad financie con 100 millones de pesos las obras de mejoras. Pese a la devaluación, con dicho presupuesto la cooperativa de construcción pudo llevar a cabo la primera etapa planificada.

Consultada por la situación del lugar con respecto al proceso legal que lo atravesó, Paula Alonso señaló que el predio se encuentra a la fecha regularizado tanto por la Ley de Villas y Asentamientos como por la de Barrios Populares.

Remarcó a su vez que durante el conflicto original, por el abandono de la obra de parte de la empresa “ahí el que falló fue el Estado y la Justicia”. Instó a que tanto los vecinos propietarios originales como los actuales residentes –algunos con casi 30 años en el lugar- “tienen derecho a tener un lugar digno donde vivir”.

Los comedores comunitarios que pertenecen a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se movilizaron al Municipio en reclamo por la “compleja” situación de los establecimientos.

En concreto plantearon que ni el gobierno nacional ni el provincial se encuentran haciendo entrega de alimentos para sostener los espacios. En Tandil, compartieron, la UTEP cuenta con alrededor de 40 merenderos y comedores que brindan asistencia a unas 400 familias de la ciudad.

Los presentes volvieron a poner en agenda el proyecto de ordenanza presentado recientemente por el concejal Nicolás Carrillo, a partir del cual se propuso registrar al conjunto de los comedores de la ciudad. 

“Estamos solicitando primero el reconocimiento de una red que hace años que viene sosteniendo en los barrios la demanda de alimentos con un Estado que, por más que pueda intentarlo, no llega a todos”, sostuvo Walter Martín, referente de la UTEP.

“Hay toda una red y no puede depender de la voluntad del gobierno de turno, no puede depender del humor que pueda tener el Intendente o no. Tiene que estar institucionalizada, tiene que estar escrito, tiene que estar previsto cómo se van a manejar esos espacios, dónde van a salir los recursos, quién los va a sostener”, agregó.

En el mismo sentido, Martín planteó que más allá de que los comedores tengan principalmente una función en cuanto a asistir la demanda alimentaria, también lo hacen con problemáticas como violencia de género, consumos problemáticos y otros.

“Son espacios contenedores, son espacios que están las 24 horas a disposición de la gente. En la pandemia los CIC se cerraban y desaparecieron del barrio, y lo que quedaron fueron estos espacios que llevaban alimentos, medicamentos, les hacían los mandados a la gente que estaba con COVID”, destacó.

Tal como fue anunciada, la jornada comenzó pasadas las 9:30. Fueron parte el Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie, y Patria Grande. Los presentes llevaron a cabo una asamblea en la cual compartieron la realidad de los diferentes barrios. A su vez, invitaron a los ediles a participar para conocer de primera mano las problemáticas que atraviesan los comedores.

“Invitamos a los concejales a que bajen. Le vamos a plantear lo que pasa en todos lados, y le vamos a pedir que con la misma urgencia que se reúnen para solucionar los problemas de Albanese, se reúnan para solucionar los problemas de la gente del barrio”, sostuvo Martín.

Desde la creación del Fondo de Integración Socio Urbana –que en parte se financió con el impuesto a las grandes fortunas-, la Cooperativa de Construcción del MTE y la cooperativa El Laurel del Movimiento Evita concretaron obras para más de 1000 familias de barrios populares de Tandil, como La Movediza 1, Los Charitos, Villa Gaucho y La Unión. 

Sin embargo en el último tiempo se interrumpió el financiamiento, muchas de las iniciativas se encuentran pausadas, y alrededor de 60 trabajadores –muchas mujeres-de la ciudad se quedaron sin empleo. “Hoy estamos en un momento de mucha angustia e incertidumbre”, compartieron ante El Eco de Tandil.

Si bien el proyecto de Ley Ómnibus incluía la posibilidad de eliminar el conjunto de fondos entre los que se encuentra el de Integración Socio Urbana, tras el fracaso de la iniciativa desde el Ejecutivo Nacional se deslizó que se podría avanzar con la propuesta a través de un decreto. Las cooperativas, transmitieron, no cuentan con información oficial, ni les fue comunicado hasta el momento el futuro del programa. “Básicamente peligra el Fondo y eso significa que no va a haber continuidad para las obras”, precisaron.

Sin notificaciones sobre los próximos desembolsos, algunos de los proyectos iniciados cuentan con un avance de más del 60 por ciento. Se trata de trabajos realizados en barrios muchas veces postergados por los diferentes niveles del Estado. A su vez, la iniciativa supone la formación de oficio de los cooperativistas, la inserción en el mercado laboral, y estabilidad brindada por una remuneración regular.

Las políticas de integración sociourbana, compartieron los trabajadores “vienen a traer servicios esenciales, y esto significa poder abrir una canilla y poder tener  agua, poder prender la luz y no tener riesgo eléctrico, que no haya riesgo de incendio”.

En el marco de cada obra, agregaron los trabajadores, debían certificar diferentes grados de avance para contar con los desembolsos. Además de presentar facturas, estos controles incluían reuniones virtuales, auditorías y otras formas de chequeo del destino de los fondos. 

Por lo tanto, más allá del aporte social y laboral, el programa permitió el desarrollo y la formalización de cooperativas locales como y de todo el país. A su vez destacaron que los beneficiarios al momento en la ciudad fueron más de 1000 familias de 5 de los 10 barrios populares tandilenses. 

En ese sentido, sumaron, las obras aportaron a “la economía de Tandil, porque todo este financiamiento que viene es tanto para los barrio y para los trabajadores, como para el mercado interno, porque todo lo que consumimos y compramos queda en la ciudad. Queda en proveedores locales”.

Los cooperativistas señalaron también que “los vecinos pueden ver las obras que hicimos”, y remarcaron que el Fondo de Integración Socio Urbana permitió “ayudar a mejorar la infraestructura de la ciudad, porque una manguera que alimentaba a 20 vecinos, ahora son 20 instalaciones con tanques de reserva propio que le dan alivio a la red, y lo mismo con lo que sería el servicio de luz. De la Usina también están muy conformes, en el sentido de que ya hay vecinos que no están todos enganchados a un solo medidor, sino que cada uno tiene su pilar”.

“Nosotras al entrar acá éramos en su mayoría compañeras que veníamos por ahí de merendero o de comedores, de huertas y se nos ofreció una capacitación laboral hermosa. Los vecinos estaban contentísimos del trabajo que estábamos haciendo”, compartió Milagros.

“Cuando entré a la obra venía con una situación económica muy compleja, me había quedado sin alquiler, no había conseguido otro y tuve que hacerme un departamento en la casa de mi mamá. Obviamente llevó muchísima plata, por más sencillo que sea, y era todo prestado. Y yo literalmente pagué toda esa casita que pude hacer con la plata que pude ganar acá en la cooperativa, en la obra que estábamos haciendo”, relató.

La joven es una de las integrantes de la Cooperativa El Laurel y los proyectos realizados con el Fondo de Integración Socio  Urbana le permitieron capacitarse en el oficio de la construcción. “Nos pasaba que para empezar a trabajar, cortábamos una manguera y ahí dejábamos sin agua a toda la cuadra”, contó sobre lo que significó para el barrio pasar de tener una conexión general a conexiones intradomiciliarias.

“Con la capacitación que pudimos obtener las compañeras, fue un cambio importantísimo en el ingreso. Pudimos dignificar la calidad de vida que llevábamos”, sumó. Sin embargo tal realidad se complicó tras el cese de las obras. “Fue un golpe al bolsillo”, sostuvo, para luego  agregar que al momento en el que se encontraba el proyecto en marcha, beneficiaba a la economía local. “Una hormigonera se compraba acá, era todo consumo local. Nosotros mismos podíamos decir de ir al mercado y elegir la marca que querés y no la que podés”, planteó.

La cooperativista destacó que proyectaban sumar más mujeres a las capacitaciones, que les permitieron no sólo poder trabajar sino realizar arreglos en sus propios hogares. “Es como que cerraron muchísimas oportunidades a lo que veníamos aprendiendo, la esperanza que teníamos de continuar”, concluyó.

A diez meses del inicio de la ocupación en el lote de calle Piccirilli al 1000, el predio fue incorporado al Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), atendiendo la solicitud que a comienzos de noviembre pasado habían elevado autoridades del Gobierno Nacional.

La resolución aleja la posibilidad de que se concrete el desalojo -a la fecha en pausa-dictado por la Justicia, y la noticia provocó “mucha impotencia” en la familia Moauro, titular del terreno en conflicto y propietaria de un vivero en el lote adyacente.

“Ahí teníamos nuestro pozo de agua, y entonces perdimos algo que es vital para producir como lo venimos haciendo desde hace más de 35 años que es la disponibilidad de agua. Teníamos pensado armar nuevamente invernáculos e invertir y ahora no lo podemos hacer porque esta gente robó nuestro espacio donde producimos”, lamentó Agustín Moauro en diálogo con El Eco de Tandil.

La incorporación del predio se formalizó a partir de la resolución 254/2023 de la Secretaría de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social, fechada el pasado 6 de diciembre. El texto fue firmado por la ex funcionario Fernanda Miño, responsable de la mencionada Secretaría. Desde el primer día de diciembre, Miño tenía aceptada la renuncia a su cargo, la cual se hizo efectiva a partir del 10 del corriente con el recambio de autoridades.

En el Mapa de Barrios Populares, que puede consultarse online, figura a la fecha el predio de calle Piccirilli como parte del Registro. El propio Agustín Moauro facilitó capturas de pantalla en las que se comprueba que por lo menos hasta principios de noviembre las manzanas ocupadas no integraban el Renabap.

“Acá es lo que estamos viendo, es como que estamos en un partido y estuvieron acomodando el arco para que entre la pelota y la pelota no entraba. Y a último momento lo acomodaron bien y entró la pelota, pero a su vez, ataron al referí. El referí es el doctor Moragas. Es decir, que quedó el juez atado. Atado de manos, no puede hacer nada”, había expresado por su parte Daniel Moauro a El Eco Multimedios en referencia a José Alberto Moragas, juez a cargo de la causa iniciada tras la ocupación.

Consultados por lo que en concreto supone la medida, el propietario de los lotes afirmó que significa “que no los podés desalojar, no se puede hacer desalojo. Salvo que la Justicia tenga la valentía, tenga el coraje de hacerlo de igual. En todo esto se ve que es todo ilegal. Son todas maniobras arteras para quedarse con la tierra. No tiene otra explicación lógica”.

Cabe recordar, a comienzos de febrero pasado, un grupo de 15 mujeres se instaló en el lote de calle Piccirilli al 1000 en el barrio de La Movediza, alegando complejas dificultades para acceder a una vivienda. La situación escaló, y un gran número de familias -actualmente, más de 60- se sumaron a la ocupación.

Tras la presentación de la familia Moauro como propietarios se inició una causa penal -la cual quedó a cargo del juez José Alberto Moragas, delJuzgado de Garantías 1,- y la Justicia determinó la prohibición de innovar -de seguir construyendo- así como de abrir calles internas para la circulación policial.

Tras el pedido del Fiscal se dictaminó el desalojo, el cual fue pospuesto en reiteradas ocasiones. En el lapso de estos meses se conformaron diferentes grupos dentro de las familias ocupantes, hubo marchas a la Municipalidad, dos censos, y hasta las mujeres que habían iniciado la toma decidieron retirarse de manera voluntaria.

Incluso se había avanzado con una negociación con participación de organismos provinciales para concretar un loteo y la generación de lotes con servicios en el lugar, pero la misma quedó trunca luego de que las autoridades locales se desvincularan de la mesa de diálogo.

A principios de noviembre la Justicia volvió a suspender el desalojo, a raíz de que la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había informado que el predio en cuestión estaba identificado como parte del Renabap, y que sería incorporado al Registro, algo que finalmente se confirmó.

“En primera instancia nosotros estamos en contacto con los concejales de Tandil. Estamos comunicándonos con cada uno para comunicarle de primera línea lo que está sucediendo, ya que no es algo que perjudica únicamente a los dueños, que en este caso es nuestra familia, perjudica a todo el barrio. Yo hablo con los vecinos y siempre estoy en comunicación con ellos y las cosas que me dicen que sucede en todo el día, los ruidos, los martillazos, la gente tomando alcohol. El otro día también vi cámaras de seguridad donde un vecino muestra que se les sentaban todos a tomar vino porque había sombra en ese espacio, en la vereda de él, en la puerta de él”, lamentó Moauro ante El Eco Multimedios, sumando que por la situación también bajó el valor de las propiedades en el barrio.

“No está de más decir que es donde nosotros producimos todo lo que con nuestra empresa familiar hemos hecho, que venimos haciendo hace más de 30 años”, concluyeron los propietarios.

Los vecinos del predio usurpado en Piccirilli al 1000, en el barrio La Movediza, manifestaron su disgusto por la situación y ratificaron que se sienten “desamparados” ante los hechos de inseguridad y violencia con los que conviven a diario desde hace casi nueve meses, sobre todo tras el inesperado giro que tomó estos días la causa judicial con la segunda suspensión del desalojo. 

En comunicación telefónica con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM) Ana, una de las frentistas que vive en la zona adyacente, se refirió a la reciente suspensión provisoria del desahucio y señaló que “estamos muy indignados, es una desilusión terrible y esto es muy injusto”.

Asimismo, recordó que “estos terrenos tienen dueños y  desde el primer momento dijeron que si aparecía el dueño se iban, es todo mentira, están tomando algo que no es de ellos y si hay problemas con la titularidad, como dijeron, lo tiene que resolver el Municipio con el dueño, no son quienes para juzgar eso”. 

En rigor, más de 20 familias se retiraron pacíficamente del macizo hace un mes, reconociendo la legitimidad de los propietarios, que luego de meses de negociación desistieron de conformar un convenio urbanístico con el Estado para dotar las tierras de infraestructura y generar lotes con servicios. Así, frente al inminente desalojo compulsivo, se fueron por sus propios medios para no generar más inconvenientes. 

Complicaciones cotidianas 

No obstante, la mayor parte de las personas que forman parte de la ocupación decidió permanecer en el lugar hasta las últimas consecuencias -son un núcleo de alrededor de 64 agrupamientos- y se generaron algunos roces con los vecinos y la policía. Desde el inicio de la problemática, hubo sectores diferenciados en el predio: quienes optaron por un despliegue pacífico, y otros que se mostraron más intransigentes ante las intervenciones institucionales. 

Por su parte José, otro vecino del área lindante a Piccirilli y Misiones, afirmó: “Es imposible vivir de esta manera”, y graficó que viven con miedo. “El dueño nos preocupa, sí, pero también el tema de la seguridad. Por qué tenemos que tener gente que no conocemos como vecinos, de noche se emborrachan, se apuñalan, no podemos salir a la calle con nuestros hijos, esa es la realidad”, detalló.

A la par, la mujer expuso que pese a la medida cautelar que impedía innovar en el predio, cerca de medio centenar de grupos se instalaron en el lugar y levantaron sus casillas, e inclusive empezaron a construir. En el mismo sentido, enfatizó que se sienten solos y  desamparados ante el accionar de los ocupas, que en diversas ocasiones es violento.  

“El viernes un vecino fue aprehendido por esta gente y lo golpearon, vino la policía pero quedó todo ahí. No podemos dejar solas las casas, ni los perros están tranquilos”, indicó. 

Cuestionamientos

En tanto, el vecino también arremetió contra las dependencias de la Universidad Nacional del Centro –que intervinieron en el proceso de negociación para encontrar una salida pacífica- y del Estado, al cuestionar  la postura de “ceder” espacios que no les pertenecen. En concreto, los actores universitarios y los agentes estatales de los diferentes organismos nacionales, provinciales y locales  que relevaron a los ocupantes y las condiciones de vida en el lugar, se inclinaron por pensar soluciones habitacionales y convocar a toda la dirigencia a tomar decisiones políticas para afrontar la problemática, en un nivel de análisis superior por fuera de la dicotomía usurpación versus propiedad privada. 

Además, apuntó contra el sorpresivo pedido de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano de la Nación, que frenó momentáneamente la expulsión por la vía policial, argumentando que el terreno en disputa forma parte del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y debe ser reconocido como tal.

“Es fácil hablar diciendo que hay que darles algo. Tienen más derechos los delincuentes que nosotros. Lo llaman un barrio popular cuando nosotros compramos nuestros terrenos con esfuerzo. ¿Quién respalda a los vecinos que pagamos nuestros terrenos e impuestos”, inquirió José. 

Enojado, el hombre lanzó que si todos los que están a favor cedieran “un pedacito” del terreno e sus casas, el problema se solucionaría, pero nadie lo hace. “Viene la universidad y dice ‘pobrecitos’, hay que ayudarlos. Que los ayuden, porque es fácil hablar del otro, lo difícil es vivirlo día a día”, cerró.