Tras la reciente resolución del Juzgado de Faltas vinculada a la propiedad ubicada en Alem 925, desde el Municipio, calificaron la situación como un escenario “no deseado” tanto desde la perspectiva patrimonial como desde el impacto urbano.

Fuentes del Ejecutivo señalaron a este Diario que la pérdida del bien representó un “hecho lamentable” para la ciudad, especialmente para los vecinos que le otorgaban un “valor histórico y simbólico” a la edificación de Alem al 900.

En paralelo, “como corresponde en un Estado de derecho, el Municipio debe actuar en el marco de las resoluciones judiciales vigentes”, explicaron desde la comuna.

En ese sentido, indicaron que la medida habilitó “la continuidad parcial de los trabajos en el predio de Alem y España”, donde una empresa construye una nueva sucursal de Mostaza, “estableciendo condiciones específicas respecto de la fachada patrimonial remanente y de los sectores en los que se podrá intervenir”.

El Gobierno local confirmó que se permitirá avanzar con las tareas en las parcelas 15 y 16, cuyos permisos de demolición se encontraban aprobados. Por el contrario, en la parcela 17, donde se ubica el fragmento patrimonial, el trámite administrativo deberá ser actualizado y reiniciado.

La firma constructora tendrá que “relevar el sector de la fachada” que se logró salvar e incluirlo de forma explícita en los planos del nuevo proyecto “para poder avanzar con las obras”.

En esta nueva etapa, las áreas técnicas municipales asumirán un rol de control permanente sobre las intervenciones previstas. El foco principal de la vigilancia estará puesto en la estructura que sobrevivió a la obra, mientras que no se autorizará ninguna modificación en el esquema actual de apuntalamiento hasta que no se presenten las garantías técnicas necesarias que aseguren la integridad del remanente.

“Paralelamente, las áreas técnicas municipales continuarán controlando y supervisando cada una de las intervenciones previstas, particularmente aquellas vinculadas a la estabilidad y resistencia de la fachada, antes de autorizar cualquier modificación en el esquema actual de apuntalamiento”, cerraron.

La Justicia de Faltas dictó una resolución en torno al conflicto suscitado por la destrucción parcial de la fachada ubicada en Alem 925, un bien catalogado con protección patrimonial. En las últimas horas, emitió una resolución para mantener la prohibición de innovar sobre la estructura apuntalada del inmueble y dispuso que deberá “conservarse y adecuarse” e incorporarse al desarrollo inmobiliario como un elemento patrimonial protegido, “respetando fielmente su diseño original, materiales, proporciones, ritmos y lenguaje arquitectónico”.

La resolución del Juzgado de Faltas 2, a cargo de Vicente Pedro Oliveto, señaló que la intervención deberá ejecutarse bajo un proyecto ejecutivo aprobado por la Comisión Permanente de Defensa del Patrimonio Cultural y Natural del Partido de Tandil, “bajo supervisión técnica de las áreas municipales competentes y a exclusivo costo de la infractora”.

Según el texto al que accedió El Eco de Tandil, la preservación e integración ordenadas constituyeron una medida reparatoria, de carácter “obligatorio y ejemplificador”, la cual no podrá ser reemplazada por ningún tipo de compensación económica. Esta decisión se fundamentó en informes técnicos que acreditaron la viabilidad de consolidar estructuralmente la fachada y recomponer sus materiales de manera segura.

A diferencia de las disposiciones preliminares que sugerían una reconstrucción total, el magistrado interviniente adecuó la manda judicial para privilegiar la conservación del remanente auténtico.

En este sentido, el fallo determinó que no se admitirán modificaciones que excedan las estrictamente necesarias para su preservación. Para garantizar la seguridad del sector, se dispuso que la paralización de la obra en la parcela 17 se mantendrá vigente hasta que se cumpla de forma efectiva con lo resuelto, incluyendo la colocación de un cerco divisorio con la parcela lindera.

El debate por las calles de adoquín y granitullo sigue instalado en la agenda pública, con la obra de Sarmiento entre 4 de Abril y Alsina inconclusa en el centro de un conflicto que divide aguas en torno al patrimonio y al estado de deterior de los trazados urbanos históricos.

Como se informó, una medida precautelar ordenada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul frenó el volcado del hormigón cuando faltaban unos cuarenta metros para terminar la cuadra, en dirección a Alsina. Ayer, el área de Legales del Municipio ultimaba detalles para contestar la demanda, mientras que la abogada que patrocina a la Asamblea Vecinal preservacionista no cesaba en la presentación de ampliaciones de denuncias y material fotográfico.

En paralelo, trascendió que vecinos afectados por la abrupta interrupción del plan de repavimentación en marcha se entrevistaron ayer con la defensora del Pueblo, Paula Lafourcade, quien también es parte del expediente judicial en reclamo por la destrucción del patrimonio.

Mientras el expediente judicial suma fojas, el Concejo Deliberante aguarda una resolución, aunque mantiene en tratamiento en comisión tres proyectos: uno presentado por Hechos para incluir todas las cuadras de adoquín y granitullo como bienes patrimoniales catalogados en el PDT; otro de Fuerza Patria que impulsa una comisión para emitir opinión sobre bienes históricos, y otro aportado por tres instituciones -Punto Verde Tandi, Asamblea Barrios de Piedra y Asamblea del Barrio La Estación- para proteger todas las calzadas de estos materiales.

En ese marco, el concejal Federico Sánchez Chopa, del bloque Acción Tandilense-La Libertad Avanza, reconoció que la medida judicial “dificultó un poco, sobre todo a los vecinos de esa zona”, y explicó que el freno se dio cuando los adoquines ya habían sido levantados, quedando unos metros para terminar el asfalto.

“Genera una complicación importante porque los adoquines ya se habían levantado, frenaron el tema de poner el hormigón en la calle y eso dificultó muchísimo no solo por el tránsito —que los vecinos estaban esperando que ya a principios de marzo iban a poder utilizar la calle sin problemas— sino que además las lluvias ocasionaron otro conflicto en la zona”, describió.

El corte de la calle sumará otro conflicto con el inicio de clases, cuando se incrementa el caudal de tránsito en distintos sectores de la ciudad y sobre todo en el centro. Alrededor de la Plaza del Tanque y cuadras aledañas hay tres colegios con numerosa matrícula, entre ellos Polivalente con parte de su edificio sobre la arteria cerrada a la circulación.

El edil aclaró que desde el Concejo Deliberante se autorizó el plan de pavimentación elevado por el Departamento Ejecutivo, en el marco de un paquete de cuadras entre las que estaban incluidas las cercanas a la Plaza del Tanque.

“Nosotros lo que definimos es si el proceso licitatorio de la empresa es correcto; se hace un registro de oposición, se presentan en distintos medios de la ciudad y se publica ese registro de oposición. No hubo registro de oposición y después, cuando empezaron a levantar los adoquines, ahí es donde se genera este conflicto y, a través de la cautelar, se produce esto”, sostuvo en diálogo con Último Bondi (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).

Sin embargo, consideró positivo que la situación haya reabierto el debate sobre patrimonio. Recordó que en 2005 se protegieron los adoquines y granitullos de la ciudad, aunque en 2009 esa ordenanza fue derogada y quedaron preservadas únicamente las cuadras que rodean la Plaza Independencia.

“Ahora volvemos a poner en discusión esta temática. Está bueno que no solo nosotros como concejales sino muchas instituciones, asociaciones o gente interesada en el patrimonio de la ciudad puedan volcar sus opiniones y que nos permita tener una visión mucho más amplia de lo que hoy existe como reglamentación”, expresó.

Sánchez Chopa también hizo referencia a la Comisión de Patrimonio, que dio opinión afirmativa para el levantamiento del adoquinado de las cuadras del barrio de la Plaza del Tanque.

“Hay una comisión creada hace muchos años, que no sabíamos de su funcionamiento ni de su existencia. Fue la directora de Patrimonio quien planteó en una nota mediática que forma parte de la misma y fue esta comisión la que definió que ese adoquinado se podía levantar”, señaló.

Sobre su funcionamiento actual, agregó que “es una ordenanza muy vieja que habría que modificarla” y evaluó que el proyecto presentado por Fuerza Patria para crear una mesa similar “se puede utilizar como base para poder hacer las modificaciones pertinentes”.

Para el concejal, el eje debe estar en encontrar un equilibrio entre preservación y calidad de vida: “Tenemos que actualizar la ciudad de Tandil. Son cuadras que no están en condiciones. No existe en el Municipio -o existe poco- personal capacitado y formado para poder mejorar la transitabilidad de estos lugares. También tenemos que entender que necesitamos darle mejor calidad de vida a los ciudadanos protegiendo el patrimonio. En ese equilibrio es donde muchos actores tenemos que opinar”.

Más allá del debate patrimonial, el edil fue categórico respecto a la situación puntual de Sarmiento. “Quiero dejar en claro que esta obra es totalmente necesario poder terminar al menos hasta la esquina de Sarmiento y Alsina, que no puede quedar así con la cuadra a medio asfaltar y no es lógico volver para atrás con el empedrado de media cuadra”, afirmó.

Y cerró con una definición que sintetizó su postura: “Lleguemos hasta ese badén y rediscutamos todo el resto, pero no puede quedar así porque los vecinos necesitan -cualquiera que quiera ir por Sarmiento o los que viven ahí- utilizar esa calle”.

En el marco de la causa iniciada por la demolición de una fachada patrimonial en calle Alem, el Municipio y la empresa constructora mantienen reuniones para arribar a una solución conjunta. El Juzgado de Faltas N°2 determinó que la Comisión de Patrimonio sea el ámbito en el que se establezcan los pasos a seguir. Si bien desde al Comuna se mantiene la posición de que se reconstruya lo demolido, también se analizan otras opciones posibles.

Tras recientes encuentros, quedó definido que las partes vuelvan a encontrarse. En las conversaciones intervienen tanto funcionarios de Obras Públicas como integrantes de Patrimonio municipal junto a la empresa constructora y sus representantes legales. Cabe recordar, la fachada patrimonial fue demolida en el marco de trabajos para la instalación de una nueva sucursal de la cadena Mostaza en la ciudad.

De acuerdo a información a la que accedió El Eco de Tandil, las audiencias no arrojaron a la fecha mayores avances, por lo que la obra en cuestión continuará paralizada. Tras la determinación judicial, el Municipio apuntaló lo que quedaba de la fachada demolida.

En el marco de las reuniones surgió el reconocimiento por parte de la empresa de la responsabilidad en el derrumbe, aunque se analiza la aplicación de una multa o la posible conservación de otro bien patrimonial histórico local. La constructora cuentan con informes técnicos que determinarían la inviabilidad de la reconstrucción. El objetivo de la empresa es poder retomar los trabajos en la obra, en función de resguardar lo invertido y acelerar el proceso que lleve a la apertura del local proyectado.

Fue el pasado miércoles 7 de enero cuando se hizo público el caso de la fachada patrimonial demolida en Alem 925. La estructura integra el lote en el cual se avanzaron con tareas de movimientos de suelo para la futura instalación de un local de la cadena Mostaza.

Tras registrar la demolición de la fachada protegida por patrimonio, el Municipio calificó el hecho como “una negligencia” y paralizó la obra. La constructora a cargo de la iniciativa comercial había presentado a la Comuna un pedido para descatalogar la propiedad de los bienes inmobiliarios resguardados. El Eco tomó contacto con trabajadores vinculados al movimiento de suelo en la obra, quienes habían manifestado que la fachada sí corría peligro de derrumbe, y que se trataba de una estructura intervenida por raíces y otras complicaciones que dificultaban su recuperación

Sin embargo, la Comisión de Patrimonio –integrada por representantes del Ejecutivo pero también por profesionales del área y por representantes de la Unicen-, elaboró un informe en el cual rechazó el pedido de los constructores, y determinaba una serie de recomendaciones a los desarrolladores.

La alteración previa de la fachada “amerita sanciones, pero no anula su capacidad de recuperación”,  y “puede ser preservada con seguridad”, señalaron desde la Comisión de Patrimonio con respecto a uno de los puntos centrales del caso.

"La propiedad no corría peligro derrumbe", aseguró Victoria Bianchi coordinadora de Patrimonio, en diálogo con El Eco de Tandil unos días después del hecho. “Esto tiene que marcar un antes y un después. Una de las medidas que esperamos es la reconstrucción de la fachada”, agregó entonces la funcionaria.

Organizaciones vecinales de Tandil profundizaron su lucha contra la eliminación de los históricos adoquines del ejido urbano. Luego de que la Municipalidad de Tandil iniciara obras de repavimentación en la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre 4 de Abril y Alsina, las asociaciones civiles Punto Verde, la Asamblea del Barrio de la Estación y Barrios de Piedra se movilizaron para exigir la preservación de lo que denominan el "suelo histórico".

Ayer, tras una solicitud de intervención urgente, mantuvieron una reunión en la Defensoría del Pueblo de Tandil. Además, autorizaron el debate en comisiones del proyecto de ordenanza “Protección Integral del Suelo Histórico de Tandil con adoquines y granitullos”, ante la confirmación de que deberán aguardar hasta marzo para hacer uso de la Banca 21.

En paralelo, el martes ingresaron a la Municipalidad el petitorio dirigido al intendente Miguel Lunghi para que detenga las obras en Sarmiento entre Santamarina y 4 de Abril, con la junta de firmas y opiniones de ciudadanos sobre la decisión de repavimentar en lugar de reparar el adoquinado.

En paralelo, adelantaron que el próximo viernes 13 de febrero, a las 19, realizarán una manifestación en la Plaza del Tanque, para conmemorar el “funeral del adoquinado” de la arteria, con el objetivo de despedir las históricas piezas de granito retiras y sepultadas bajo el asfalto y visibilizar su rechazo a lo que consideran una destrucción del legado de los antiguos trabajadores de la piedra.

En el plano institucional, la Defensoría del Pueblo de Tandil escuchó ayer el reclamo de los referentes de las asociaciones civiles. La reunión comenzó a las 13.30 y la condujo la doctora Paula Lafourcade, titular del organismo.

En el encuentro, la abogada anticipó que pedirá informes a Vialidad sobre el avance de las obras en la zona Plaza del Tanque y se comprometió a emitir una recomendación al Ejecutivo para que detenga las obras hasta tanto el Poder Legislativo zanje el debate sobre la protección patrimonial del granitullo.

Por otra parte, el organismo de contralor les anticipó a los peticionantes que exigirá un inventario de todas las calles con adoquines y granitullo que todavía se conservan en el partido de Tandil para garantizar su resguardo a futuro.

Como otro punto, la doctora Lafourcade consideró importante generar una comisión de asesoramiento en conservación del patrimonio, de la cual deberían formar parte tanto la Defensoría como las agrupaciones movilizadas, los colegios profesionales (arquitectos e ingenieros), la Unicen y otras instituciones.

Además, la defensora le pidió a la historiadora Patricia Gavazza, presidenta de la Asamblea del Barrio de la Estación, que le envíe los proyectos que ha venido presentando la institución para preservar la zona y que no se tuvieron en cuenta por parte del Municipio.

Sobre la posibilidad de avanzar con una medida cautelar para paralizar la obra, desde el organismo se excusaron porque no existe una ordenanza de preservación del adoquinado (salvo en las cuadras que rodean la Plaza Independencia), pero además debido a que desconocían el alcance total del programa de pavimentación.

Tras la reunión, desde las organizaciones señalaron que la Defensoría se comprometió a emitir una recomendación al Ejecutivo para que detenga las obras hasta tanto el Poder Legislativo zanje el debate sobre la protección patrimonial del granitullo.

Tres proyectos en danza

La preocupación de los vecinos radica en que esta "obra millonaria" ya adjudicada se extienda a otras arterias similares. Por este motivo, el debate se trasladó al Concejo Deliberante, donde actualmente conviven tres proyectos de ordenanza diferentes. Uno de ellos fue impulsado por las organizaciones civiles, mientras que los dos restantes pertenecen a los bloques de concejales de Hechos-Alternativa Tandil y Fuerza Patria.

En ese sentido, aunque inicialmente habían solicitado el uso de la Banca 21 -recién será posible en marzo tras la apertura del período de sesiones ordinarias-, las asociaciones aceptaron que su propuesta sea tratada de forma inmediata en las comisiones internas del cuerpo legislativo. El objetivo es lograr una normativa que declare al granitullo como patrimonio histórico, cultural y arquitectónico, evitando que el criterio de “quitar en lugar de arreglar” se transforme en la regla para el casco antiguo de Tandil.

Desde las agrupaciones defensoras del patrimonio señalaron que el adoquinado no es solo una cuestión estética, sino de ingeniería urbana inteligente. Argumentaron que la piedra posee una durabilidad superior al asfalto y representa un ejemplo de economía circular, dado que el costo ambiental de su extracción fue pagado hace más de un siglo por los picapedreros de las sierras.

Por su parte, el intendente Miguel Lunghi y sus funcionarios sostuvieron que las cuadras intervenidas no estaban protegidas por el Plan de Desarrollo Territorial de 2005. Sin embargo, los manifestantes insistieron en que el Municipio debe capacitar a trabajadores en el oficio del bacheo de empedrado en lugar de optar por la “obsolescencia programada” de los derivados del petróleo.

El proyecto de ordenanza presentado por Punto Verde Tandil, Asamblea Barrio de La Estación y Asamblea Barrios de Pie busca declarar al empedrado de granito (adoquines y granitullos) como Patrimonio Cultural, Histórico y Urbanístico de Tandil. La iniciativa fundamenta su importancia en la Ley Provincial 10.419 y en la tradición del artesanado picapedrero local, estableciendo una prohibición general para su remoción o sustitución por materiales asfálticos. El objetivo central es preservar la fisonomía original de las calles del casco urbano y zonas históricas para las generaciones futuras.

Para garantizar su cumplimiento, la norma propone la creación de un Registro Municipal de Calles de Valor Patrimonial, que será público y georreferenciado. Y contempla que en caso de obras de servicios públicos que obliguen a levantar el empedrado, el Municipio deberá asegurar la recuperación de las piezas originales y su posterior reposición artesanal, en un proceso que respete las técnicas constructivas históricas, utilizando una cama de arena y suelo en lugar de pavimentación moderna.

Un aspecto innovador del proyecto es la regulación de las excepciones, que solo se permitirán por "fuerza mayor" técnica o sanitaria debidamente justificada, descartando razones de conveniencia económica. En tales casos, las piezas removidas no podrán ir a depósitos municipales genéricos, sino que deberán ser inventariadas y custodiadas en museos específicos, como el Museo de los Picapedreros. Además, se garantiza la trazabilidad ciudadana mediante un registro online que permitirá a los vecinos seguir el destino de cada adoquín.

Finalmente, la propuesta contempla una dimensión social y educativa al fomentar la creación de un programa de formación en el "Oficio de Adoquinador y Picapedrero". Esto busca profesionalizar la mano de obra necesaria para las reparaciones artesanales, protegiendo no solo el material físico, sino también el saber técnico tradicional de la región. El incumplimiento de estas normas, especialmente la sustitución por asfalto, derivará en severas sanciones administrativas y económicas.

Un nuevo capítulo se sumó a la situación en torno a la casa patrimonial de la cual parte de su fachada fue demolida en el marco de trabajos de construcción en el lugar. El Juzgado de Faltas N°2 –a cargo de Vicente Pedro Oliveto-, fue designado en la causa y elevó un oficio en el cual resolvió mantener la paralización de la obra. También pidió al Municipio que evalúe el estado del frente del edificio, que adjunte documentación al respecto, y que disponga de medidas de seguridad y apuntalamiento en el caso de que correspondan.

Desde la Comuna transmitieron que “la posición del Municipio desde el área de Patrimonio es dejar sentado que la restauración es posible”. Además, remarcaron que el patrimonio arquitectónico no pierde su valor como tal en el caso de una posible reconstrucción, por lo que se solicitarán acciones tendientes en ese sentido.

Las diferentes áreas del gobierno local involucradas en el tema trabajaron en los últimos días en lo solicitado por la Justicia, reunieron la documentación requerida, y preveían responder el oficio durante la semana en curso.

Cabe recordar, como parte de la Comisión de Patrimonio, el Municipio ya estableció un primer dictamen sobre las acciones a tomar en la obra en construcción de Alem al 900 para preservar la fachada patrimonial. Tal como se informó en El Eco de Tandil, dicho acta indicaba que el frente de la propiedad no corría peligro de derrumbe.

El Juzgado de Faltas N°2 envió un oficio en el cual resolvió mantener con la paralización de los trabajos en el lugar por infracción al art 1.1.1.1. del Código de Edificación. En paralelo dio intervención inmediata a las áreas de Obras Privadas, Obras Públicas y Patrimonio a fin de que evalúen el estado del frente edilicio existente.

Fue el pasado miércoles 7 de enero cuando se hizo público el caso de la fachada patrimonial demolida en Alem 925. La estructura integra el lote en el cual se avanzaron con tareas de movimientos de suelo para la futura instalación de un local de la cadena Mostaza.

Tras registrar la demolición de la fachada protegida por patrimonio, el Municipio calificó el hecho como “una negligencia” y paralizó la obra. La constructora a cargo de la iniciativa comercial había presentado a la Comuna un pedido para descatalogar la propiedad de los bienes inmobiliarios resguardados. El Eco tomó contacto con trabajadores vinculados al movimiento de suelo en la obra, quienes habían manifestado que la fachada sí corría peligro de derrumbe, y que se trataba de una estructura intervenida por raíces y otras complicaciones que dificultaban su recuperación

Sin embargo, la Comisión de Patrimonio –integrada por representantes del Ejecutivo pero también por profesionales del área y por representantes de la Unicen-, elaboró un informe en el cual rechazó el pedido de los constructores, y determinaba una serie de recomendaciones a los desarrolladores.

La alteración previa de la fachada “amerita sanciones, pero no anula su capacidad de recuperación”,  y “puede ser preservada con seguridad”, señalaron desde la Comisión de Patrimonio con respecto a uno de los puntos centrales del caso.

"La propiedad no corría peligro derrumbe", aseguró Victoria Bianchi coordinadora de Patrimonio, en diálogo con El Eco de Tandil unos días después del hecho. “Esto tiene que marcar un antes y un después. Una de las medidas que esperamos es la reconstrucción de la fachada”, agregó entonces la funcionaria.

La Comisión recomendó también una inspección técnica - ocular, solicitar la intervención de un segundo peritaje imparcial, rebatir la solicitud de desafectación y demolición hasta contar con estudios instrumentados concluyentes, requerir al solicitante un proyecto ejecutivo con alternativas de preservación, aplicar medidas cautelares sobre el inmueble y sanciones por intervenciones no autorizadas y evaluar alternativas de conservación y mantenimiento.

La Municipalidad de Tandil, a través del área de Patrimonio Cultura y Archivo Histórico, sentó su postura frente a la reciente demolición de la fachada una propiedad protegida ubicada en Alem al 900. En diálogo con El Eco, la coordinadora del área, Victoria Bianchi, dio cuenta del pormenorizado trabajo técnico que se realizó para intentar salvaguardar el bien y refutó los argumentos de trabajadores vinculados a la obra, quienes habían señalado que la estructura presentaba peligro de derrumbe.

"La propiedad no corría peligro derrumbe", aseguró Bianchi, quien sumó que “esto tiene que marcar un antes y un después. Una de las medidas que esperamos es la reconstrucción de la fachada”. 

Cabe recordar, tras la paralización de la obra, la causa ingresó al Juzgado de Faltas N°2, a cargo de Vicente Pedro Oliveto. El Eco de Tandil accedió al acta de la Comisión de Patrimonio, con las observaciones y recomendaciones realizadas a la empresa constructora.

De acuerdo a lo informado por la coordinadora, en la mencionada Comisión -integrada tanto por representantes del Municipio como también de la Unicen, el Colegio de Arquitectos y otros- recibieron un informe presentado por un ingeniero civil contratado por la constructora. 

En dicho documento, indicó, se argumentaba que la única solución viable para el predio era la demolición total, aduciendo una supuesta inestabilidad estructural que ponía en riesgo la vía pública. 

"Nosotros analizamos ese informe que, en ningún momento, manifestaba desperfectos a nivel estructural que permitiesen la caída de la fachada por sí sola", explicó Bianchi, quien destacó que el rigor con el que se trabajó buscaba justamente evitar una pérdida irreparable para el acervo local.

Ante la falta de coincidencias entre la postura de la empresa y la visión municipal, la Comisión solicitó una segunda opinión profesional. Dicho estudio coincidió con el diagnóstico oficial: la estructura era sólida. Según el dictamen técnico, lo que el informe privado señalaba como deterioro grave era, en realidad, vegetación invasiva y los efectos del vandalismo tras años de falta de mantenimiento por parte de sus propietarios.

Desde el Área de Patrimonio subrayaron que el cuidado de los bienes protegidos corresponde, en primera instancia, a los propietarios de los mismos. No obstante, en este caso, sostuvo que el municipio intervino activamente a través de la Comisión haciendo observaciones preventivas. 

En ese sentido marcó que el dictamen, emitido el 9 de diciembre pasado, puntualizaba cada uno de los argumentos técnicos para rechazar la desafectación y la demolición de la fachada, proponiendo en su lugar una integración armónica del frente histórico con el nuevo desarrollo gastronómico.

La funcionaria fue tajante al diferenciar el proceso de demolición del interior de la casa —el cual sí fue autorizado debido a su avanzado estado de deterioro— de la destrucción de la fachada. 

"Se permitió demoler el 70 por ciento de la superficie, pero pedimos mantener la fachada, que representa un estilo arquitectónico único en el partido de Tandil", señaló. Para la Comisión, la caída de los muros no fue un accidente ni producto del paso del tiempo, sino el resultado de una acción deliberada que ignoró las pautas de apuntalamiento necesarias para una obra de tal magnitud.

A pesar de que los responsables del proyecto fueron notificados de las sugerencias y restricciones impuestas por el Ejecutivo y la Comisión de Patrimonio, la obra avanzó sobre el frente protegido. 

Según Bianchi, el día que se retiró la resolución de la oficina de Patrimonio, la firma quedó legalmente al tanto de que la continuidad del proyecto gastronómico estaba supeditada al respeto de la fachada histórica. El incumplimiento de estas directivas es lo que ahora motiva la búsqueda de "medidas ejemplificadoras".

El acta de la Comisión de Patrimonio

A través de un acta, la Comisión de Patrimonio se expidió el 9 de diciembre pasado sobre la situación en torno a la fachada de la propiedad patrimonial ubicada en Alem al 900. Fue luego del informe técnico elevado por la empresa constructora, en el que se solicitaba la desafectación del inmueble del régimen de protección municipal, por el supuesto peligro de derrumbe que presentaba.

El Eco de Tandil accedió al acta que, entre otros aspectos y con mayores precisiones, marca que:

-La sola inspección visual no constituye diagnóstico estructural definitivo ni habilita directamente la opción demolición, por lo que la normativa exige agotar primero estudios instrumentados los cuales no constaban en el expediente.

-Los “colapsos parciales, filtraciones y pérdidas de pisos”, son patologías frecuentes en inmuebles de tal antigüedad y demandan intervenciones de emergencia.

-La alteración previa de la fachada “amerita sanciones, pero no anula su capacidad de recuperación”,  y “puede ser preservada con seguridad”.

-Sobre los riesgos para la seguridad pública, la Comisión expuso compartir la preocupación pero “la respuesta técnica correcta no es la demolición inmediata, es la implementación de medidas de seguridad”.

Como parte de las alternativas “basadas en la seguridad del propio informe”, recomendó el cierre perimetral, la señalización y el apuntalamiento inicial, así como también estudios técnicos complementarios.

Propuso una conservación de la fachada con posible reconstrucción interior,  pero también una conservación mínima que incluya la consolidación de muros, el refuerzo y la estabilización. Además, sugirió la posibilidad de integrar el emprendimiento gastronómico dentro del esquema de preservación. La documentación y el rescate, explica el acta es una instancia “excepcional y jamás puede tomarse como punto de partida”.

En cuanto a las recomendaciones administrativas y procedimentales, el acta de la Comisión de Patrimonio propuso una inspección técnica - ocular, solicitar la intervención de un segundo peritaje imparcial, rebatir la solicitud de desafectación y demolición hasta contar con estudios instrumentados concluyentes, requerir al solicitante un proyecto ejecutivo con alternativas de preservación, aplicar medidas cautelares sobre el inmueble y sanciones por intervenciones no autorizadas y evaluar alternativas de conservación y mantenimiento. 

La destrucción de parte de la estructura protegida por normativa patrimonial generó repercusiones en la ciudad. El inmueble, ubicado en Alem 925, se encuentra inscripto como Bien Patrimonial en el Anexo 5 del Plan de Desarrollo Territorial y su fachada está alcanzada por un régimen de preservación.

El caso tomó estado público a partir de la decisión del Municipio de paralizar los trabajos de demolición de la obra donde se construirá una casa de comidas rápidas. Y, en consecuencia, labró las actas correspondientes, que fueron elevadas al Juzgado de Faltas para que determine la forma en que deberá repararse el daño ocasionado.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó a El Eco de Tandil los detalles del proceso que terminó con la pérdida de una parte del frente de la propiedad protegida por su singular arquitectura y consideró que se trató de una “negligencia” por parte de los responsables del proyecto. 

El hecho fue detectado ayer, cuando un funcionario advirtió que la maquinaria estaba operando sobre una estructura que, según lo dictaminado previamente, debía ser preservada. 

La propiedad había estado bajo la lupa de la dependencia comunal debido a una solicitud de demolición que contaba con el respaldo de un informe técnico privado. A más datos, el secretario indicó a este Diario que un ingeniero había planteado que la fachada se encontraba en mal estado, “sin capacidad de sostenerse”, y que recomendaba la demolición.

Fue entonces que, tras una inspección ocular realizada por técnicos del área municipal, se determinó que la situación difería a la planteada. “Previamente al tratamiento por la Comisión de Patrimonio, se evaluó que la fachada no revestía condiciones de inestabilidad, pero que sí había que hacer trabajos de apuntalamiento y de refuerzos en la estructura con el objetivo de preservar el patrimonio”, detalló Lafosse.

Si bien la parte trasera de la vivienda presentaba un “estado de deterioro muy grande” que hacía “altamente costosa” su recuperación, el valor simbólico y arquitectónico residía en su frente. “Estaba definido como bien patrimonial, pero no el nivel de protección que tenía que tener”, reconoció.

El  proceso administrativo

Después de esa evaluación, el expediente llegó a la Comisión de Patrimonio Histórico que determinó que la fachada debía mantenerse.

El predio involucrado consta de tres parcelas. Dos de ellas, las más cercanas a la intersección con la avenida España, contaban con los “expedientes aprobados” y los trabajos allí no presentaban irregularidades. El conflicto surgió en la tercera parcela, donde se ubicaba el bien catalogado.

En cuanto a los incumplimientos, Lafosse señaló que la empresa avanzó sobre una parcela para la cual no existía una autorización final de demolición. “Había un expediente que se estaba tratando, pero no estaba aprobada la demolición de todo el sector trasero”, precisó. Por eso, “cuando estaban haciendo los trabajos de demolición, la fachada se cayó”.

Al momento de la llegada del personal de Obras Privadas, la fachada ya se encontraba parcialmente derribada, lo que derivó en la intervención mediante la paralización de las tareas en ese sector y la confección de actas de infracción.

“En esa parcela no había permiso, pero si un expediente iniciado que tenía un dictamen de la comisión de patrimonio que pedía preservar la fachada, pero no había terminado de aprobarse", insistió.

Tras la paralización de la obra, el expediente fue elevado al Juzgado de Faltas, que será el responsable de  resolver las eventuales sanciones que corresponden al caso.

Entre las alternativas, Lafosse repasó que podría llegar a exigir “la remediación de toda la fachada”, además del “mantenimiento de lo que quedó en pie y su apuntalamiento”, y la posibilidad de una sanción económica.

La singularidad de la fachada

La propiedad destruida se encontraba incluida en el catálogo de bienes patrimoniales. A más precisiones, cabe indicar que la sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda son diversos, entre los que se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción -como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucedió en el exBanco Comercial o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

En el caso del inmueble de Alem 925, la Comisión de Patrimonio Histórico había sido específica al definir que el valor residía en la singularidad de su frente.

En ese sentido, Lafosse ratificó que “existen distintas jerarquías” para incluir un bien a preservar y aclaró que “la Comisión de Patrimonio dictaminó que, como toda la parte posterior estaba deteriorada, lo que había que preservar era la fachada”.

La vivienda poseía un interés arquitectónico. “Tenía unos arcos de medio punto con detalles que parecían mosaicos, aunque en realidad eran ladrillos pintados de distintos colores”, describió el funcionario para considerar que “se intentó preservar fue la singularidad de la fachada”.

“Era un bien patrimonial”

“En este caso era un bien patrimonial”, opinó sobre lo ocurrido con la propiedad de Alem al 900 en comparación con otros casos, como la demolición de la iglesia Luterana ubicada en Santamarina al 800, que no se encontraba catalogada. Por eso, consideró que “es más una negligencia que se da”.

“Cuanto menos es negligencia”, insistió Lafosse, dejando en claro que la empresa no tomó los recaudos necesarios para respetar las restricciones vigentes. “Se habían hecho los tramites y advertido sobre la necesidad de preservar esa fachada, que no fue respetada por la empresa encargada de la demolición”, remató.

Un antiguo K’ero ceremonial de la civilización tiwanacota, con más de dos milenios de historia, fue restituido oficialmente a Bolivia en la ciudad italiana de Turín, comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores del país andino.

El acto, fruto de meses de negociaciones diplomáticas, marca un nuevo capítulo en la política boliviana de recuperación de bienes patrimoniales dispersos en el extranjero.

La ceremonia de entrega se desarrolló en una institución cultural de Turín y contó con la presencia de la ministra de Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, quien subrayó la relevancia histórica y simbólica de este acontecimiento.

“Hoy es un día muy importante para todos los bolivianos y bolivianas, porque regresa a nuestras manos el K’ero tiahuanacota, una pieza patrimonial de alto valor para nuestra soberanía cultural”,declaró Sosa al recibir la pieza.

Según un comunicado de la Cancillería boliviana, el K’ero, un vaso ceremonial utilizado en rituales religiosos, destaca por su delicada manufactura en cerámica y por las decoraciones que retratan escenas cotidianas y símbolos espirituales de la cultura tiwanacota.

Estas piezas, elaboradas en pares para representar la dualidad hombre-mujer, simbolizaban la complementariedad de la vida, un principio central en la cosmovisión andina.

Las gestiones para la restitución comenzaron en junio de 2024, cuando Bolivia abrió un proceso de diálogo con autoridades culturales y diplomáticas italianas.

Tras la verificación de la autenticidad del objeto y el cumplimiento de los procedimientos legales, ambas partes acordaron su devolución.

La pieza será trasladada a Bolivia en los próximos días y entregada al Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, institución encargada de su preservación y eventual exhibición pública.

Para las autoridades bolivianas, el retorno del K’ero no solo implica la recuperación de un objeto arqueológico, sino también la restitución de un fragmento de identidad histórica.

La civilización tiwanacota floreció entre los años 500 aC y 1200 dC en el altiplano andino y es considerada una de las culturas más influyentes de Sudamérica prehispánica.

Su centro urbano, Tiwanaku, cercano al lago Titicaca, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2000. (Xinhua-NA).

La declaración jurada patrimonial de Javier Milei, presentada ante la Oficina Anticorrupción, revela detalles significativos sobre el patrimonio del presidente y cómo se incrementó durante 2023.

En el documento, Milei incluye bienes inmuebles, automotores y depósitos de dinero, además de créditos y deudas. La presentación cumple con los requerimientos de la ley para cargos de responsabilidad pública y ofrece una radiografía completa de sus finanzas personales a diciembre de 2023, cuando recién asumía como presidente.

En cuanto a los bienes inmuebles, Milei declara una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este inmueble, adquirido en el año 2000, tiene una superficie de 100 metros cuadrados y, según la valuación actual (a precio fiscal), alcanza un valor de $13.657.100. Este bien es destinado a fines personales y es de titularidad exclusiva del candidato.

La declaración patrimonial de Milei incluye también dos vehículos: un Mercedes Benz Sprinter modelo 2015 y un Peugeot RCZ de 2013. Ambos automóviles presentan un valor combinado de $26.523.500, siendo el Mercedes el de mayor valuación.

Respecto a los activos financieros, Milei posee depósitos en caja de ahorro en pesos y en dólares, sumando aproximadamente $8.382.668 en pesos y unos 65.000 dólares al cierre del período. A estos montos se agrega una tenencia en efectivo de otros 20.000 dólares.

La evolución de su patrimonio evidencia un incremento notable. Al inicio del período, sus bienes sumaban $21.101.634,54, mientras que al cierre ascienden a $125.640.891,45. Este aumento refleja la diferencia de valuación de los bienes, así como ingresos derivados de su trabajo y otras rentas, los cuales alcanzan los $22.021.827,07 después de gastos. Cabe aclarar que los cálculos se realizan al valor del dólar oficial, que en diciembre de 2023 se ubicaba en $847.

La sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en el año 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda fueron y son diversos, y entre estos se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción –como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total, y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucede en el exBanco Comercial, o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

Dentro del detalle del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), se resaltó: 14 de julio 540

La sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en el año 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda fueron y son diversos, y entre estos se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción –como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total, y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucede en el exBanco Comercial, o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

Dentro del detalle del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), se resaltó: Sarmiento 635 - Casa de la familia Gastañaga

La Ley Bases y el Paquete Fiscal siguen tratándose en las comisiones del Senado y el Gobierno tiene que hacer frente a los reclamos sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo, Ganancias, las facultades delegadas, la desactivación de la moratoria previsional y las privatizaciones, entre otras cuestiones, en pos de obtener dictámenes de comisiones que permitan debatir y votar la ley en el recinto. No obstante, el Senado puede rechazar capítulos que tendrán que regresar a la Cámara baja para continuar las vías legislativas correspondientes. 

El extenso paquete normativo propone modificaciones de diversa índole, con gran impacto en todos los sectores de la población.  Por ejemplo, las modificaciones en el monotributo, las moratorias, la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias y los grandes beneficios a inversiones que superen a los 200 millones de dólares.

Conversamos con Marcos Provasi, contador público y docente universitario, para entender mejor el panorama que se cierne a partir de los eventuales cambios que impondría la nueva ley. 

-¿Qué cambiaría, de aprobarse la ley, con los monotribustistas? ¿Desaparece el monotributo social?

-Tenemos un debate todavía en el Senado, hay cuestiones que van a impactar en la vida cotidiana de los monotributistas, empleados en relación de dependencia y autónomos, que son quienes tienen un negocio o prestan servicio. Hay actualizaciones del monotributo que van a impactar en el aumento de las escalas, lo que hoy se puede facturar -en ventas hasta 17 millones de pesos y 12 millones en servicios- va a pasar a un máximo anual de 68 millones, que es un incremento considerable que se venía reclamando. De la mano de eso también aumentan los importes a pagar mensualmente; la categoría A paga 12 mil pesos de monotributo con un límite de facturación hoy de 2.100.000 pesos. La nueva ley propone un límite de 6.4000.000 pesos y los contribuyentes pagarían 26 mil pesos de monotributo. Esa persona está en una categoría inicial y si puede aumentar su facturación le va a venir bárbaro, o el que está en una categoría intermedia D o E van a abajar a la A y va a pagar un monto similar. El que no puede aumentar su facturación va a pagar un monto más alto, entonces hay que analizar cada caso particular. Hay aspectos muy positivos y otros que pueden ser negativos para el contribuyente 

En el caso de los monotributistas sociales, que son un sector vulnerable, es un primer paso para entrar en la regularización de su vida fiscal y hoy se ve afectado porque pagan una cuota de 3.220 pesos y van a pasar a pagar 26.600 pesos. El monotributo social tiene exenciones: paga la mitad del componente de obra social, eso se eliminaría y pagaría la categoría A completa

Tiene grandes implicancias para quienes no facturan con regularidad, que usan el monotributo cuando hacen changas o trabajos puntuales, entonces pagar ese importe les implicaría pagar un costo adicional alto. Se acordó un impasse de 90 días desde la aprobación de la ley para buscar una solución, que no está claro cuál sería, pero una posibilidad es crear una categoría inferior a la A con un monto menor, es una posibilidad concreta para que quienes aportan al monotributo social no quedan afuera del sistema. 

-El proyecto plantea también la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, es decir, hay trabajadores que volverían a pagar el impuesto.

-En ese tema hay cierta resistencia porque recordemos que en octubre del año pasado por decreto se dejó de retener en el sueldo de los empleados de hasta 15 salarios mínimo, vital y móvil (SMVM), que se va actualizando y hoy son más de 3 millones y medio de pesos. 

Se restituye la cuarta categoría para un soltero que cobra en mano un millón y medio de pesos, o una persona casada con hijos con 2.500.000 volvería a pagar el impuesto. Estos números hay que tomarlos con prudencia porque está en debate, los gobernadores de la Patagonia criticaron que el piso quedó bajo. El punto a favor en estos cambios es que esos sueldos se van a ir actualizando por inflación, entonces el punto partida para muchos ha quedado bajo, se pretendían montos superiores. Va a haber cambios para los autónomos y el responsable inscripto -los que tienen un comercio o prestan un servicio en forma independiente-, que a veces se ve perjudicados porque tiene menores deducciones que el empleado en relación de dependencia. Con estas modificaciones se trata de equiparar esta situación, pero igualmente sigue estando en desventaja, porque más allá de que se actualizaron las deducciones, empieza a pagar el impuesto con una ganancia neta inferior al trabajador en relación de dependencia

-Esto genera resistencia porque el costo de vida ha aumentado y aunque son salarios por encima de la media, no representan un número holgado. 

-Es un tema que genera debate porque se había incrementado bastante el piso (15 SMVM/3,5 millons de pesos)) y algunos decían que era mucho, pero bajarlo a un millón y medio, con el costo de vida, el costo de los alquileres, el empleado va a tener una retención en el sueldo que vuelve a generar ruido, entonces sigue el debate. El proyecto de ley inicial se ajustó y creo que va a seguir la discusión 

En cuanto a bienes personales ¿qué cambios se proponen? Porque parecería que cuanto más tenés menos pagas. ¿Cuál sería la ecuación?

-Ahí también tenemos otro cambio de paradigma. Es un impuesto que ha ido cambiando en los últimos años con los distintos gobiernos y hoy pasamos de tener un mínimo no imponible -a partir de cuánto se empieza a pagar un impuesto- para el año 20223 de 27 millones de pesos, y se propone que ese mínimo aumente a 100 millones de pesos. Tanto los contribuyentes como los profesionales nos encontramos complicadosporque el impuesto vence el mes que viene y no sabemos con qué escala o monto mínimo liquidarlo. 

El aumento es considerable, de 27 a 1000 millones, lo que se propone además es ir bajando las escalas en los próximos años y que el impuesto tienda a desaparecer. Si se opta por pagar cinco años de manera anticipada ahí hay una cuestión de recaudación fiscal, de poder adelantarlo, pero como siempre en Argentina la estabilidad fiscal que se ofrece después puede cambiar y surgen nuevas cuestiones. Es un tema que cada contribuyente tendrá que analizar con su asesor contable y ver si le conviene o no

Por el lado del aumento de las escalas es un aumento considerable. Con la inflación tan alta, aunque no es el común de la gente, una persona con un vehículo nuevo queda en el umbral de pagar bienes personales. La actualización es necesaria, pero el monto quizás ha sido más de lo que se preveía que podía ser, el aumento fue más de los esperado por algunos.

-El capítulo que contiene el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) también genera controversia porque hay quienes dicen que favorecería a los capitales concentrados. ¿Sería beneficioso para la ciudadanía?

-Hay bastante controversia con esto porque propone beneficios fiscales, impositivos, aduaneros, de tipo e cambio, para inversiones superiores  a 200 millones de dólares. La controversia principal es cómo equipararlos para que no genere un perjuicio para las pymes, en ese punto no está demasiado claro qué se puede modificar y es un tema que se va a seguir tratando.  Hay escenarios que requieren incentivos fiscales, pero hay que pensar en no perjudicar al pequeño y mediano empresario de nuestro país.

-Desde su rol profesional, ¿qué recomendaciones puede hacer al contribuyente en estos tiempos convulsionados?

-Este es un momento del año en el que hay más consultas  por liquidaciones de ganancia, bienes personales, y  aparecen las dudas de qué pasa con esto. Otro tema de consulta son las moratorias, los blanqueos que se proponen en contribuyentes que tienen deudas con AFIP y deben evaluar la conveniencia de entrar a las moratorias de quita de intereses a las deudas.

Los contribuyentes están pensado en regularizar frente a la AFIP sus deudas y la consulta es cómo hacer para pagarlas si se incrementa la cuota. Desde el lado profesional tenemos que acompañar, asesorar y brindar tranquila ofreciendo la mejor alternativa posible para la personsa. Es un momento de incertidumbre y la verdad es que se está haciendo largo el debate en el Congreso, necesitamos certezas. 

La sanción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) en el año 2005 incluyó el Anexo 5, donde se especifican todos los inmuebles públicos y privados protegidos.

Los criterios de salvaguarda fueron y son diversos, y entre estos se encuentran las características de fachadas, el oficio que se utilizó en la construcción –como la Casa de Piedra de Rodríguez entre España y Mitre-, e incluso porque en dichos espacios sucedió algún acontecimiento histórico significativo o porque pertenecieron a vecinos que realizaron aportes a la ciudad.

Algunas de estas propiedades cuentan con protección total, y otras con resguardo parcial. En estos últimos casos se permiten modificaciones respetando su fachada, como sucede en el exBanco Comercial, o como pasó con un edificio ubicado sobre calle Paz.

Dentro del detalle del Plan de Desarrollo Territorial (PDT), se resaltó: "Casas Particulares  - Casa de Blanco Villegas - Avenida Colón 1369"