El extitular de PAMI Tandil y exconcejal de la ciudad Facundo Llano consideró ayer que “son los peores años de este Gobierno” municipal, se diferenció en diversos aspectos de los ediles del bloque Unión por la Patria (UxP) y se mostró contrario a la toma que desde febrero de 2023 lleva adelante un grupo de vecinos en un terreno del barrio La Movediza.

“La dirigencia política y los funcionarios de Tandil no pueden permitir que exista una toma de esa envergadura en el partido de Tandil”, fue su postura tajante.

El exjefe regional de Anses Tandil y referente del peronismo local pasó ayer por Tandil Despierta, por ECO TV y la 104.1 FM, y dejó varias definiciones.

En primer lugar, mostró sus diferencias con los ediles del bloque peronista. “En la actualidad tengo algunas discrepancias con las decisiones que se están tomando a nivel de mi bloque de concejales”, aseguró.

Y agregó: “votar con el intendente no está mal, lo que me parece es que hay que ver qué, cómo y para qué”.

Para ejemplificar, se refirió a los temas sobre los que –consideró- el bloque de UxP podría haber marcado distancia con el oficialismo: “el presupuesto, los superpoderes para un intendente, la distribución de la imposición de las distintas tasas, los fondos afectados, la creación de nuevos fondos y el destino de los mismos”, empezó y continuó: “pasando por el boleto de colectivo, que ha sido una bandera histórica del peronismo, y que últimamente se ha dejado de lado”.

“Me parece que no todo tiene que verse con clave electoral y que además tampoco implica el éxito”, sostuvo y dijo que “muchas veces también hay que ver el precio del éxito. Creo que nosotros, en ese sentido, tenemos que tener una posición superadora a la gestión actual”.

En este punto, quien fuera concejal local durante dos períodos alternados -2005/2009 y 2015/2019- habló específicamente sobre el proyecto del Gobierno comunal que encabeza Miguel Ángel Lunghi para vender el predio ubicado en Avenida Santamarina Nro. 450, donde estuvo la Dirección de Servicios municipal, y el del macizo donde funcionó la Dirección de Vialidad -en Avenida Fleming- para, entre otras cuestiones, generar suelo urbano.

“Si nosotros tenemos que decirle que sí al intendente y votar o vender dos ‘joyas de la corona’ como son Vialidad y el Corralón para generar suelo urbano es porque la gestión de políticas públicas fracasó, tanto del Ejecutivo como de la oposición”, consideró Llano.

“Creo que nosotros, como oposición y como un espacio dentro del peronismo y del campo nacional y popular, tenemos que construir una alternativa sólida que atraiga a la sociedad, pero con principios claros”, aseguró. 

Y analizó que “obviamente receptando cada uno de los logros que ha tenido esta gestión después de 20 años; nadie puede discutirlo, pero vislumbrando un poquito más, en otra escala, que Tandil la va a tener en breve".

Contra la toma de terrenos

Sobre la actual gestión de Miguel Lunghi, Llano opinó que "son los peores años de este Gobierno y nosotros no nos podemos quedar en el furgón de cola de los peores años de un Gobierno que tiene que modificarse, que tiene que mejorar”. 

“Tandil tiene grandes desafíos a futuro -destacó-; Tandil tiene una escala de problemas a los cuales nosotros, como sociedad y como dirigentes políticos, tenemos que sentarnos en una mesa y resolver”.

“La toma es uno de esos”, se refirió sin dudar sobre la ocupación de un predio ubicado en Piccirilli al 1100, en el barrio La Movediza, que es propiedad de la familia Moauro.

Y señaló también que “las cuestiones que están ocurriendo en materia de seguridad es uno de esos” problemas.

“Menciono la toma porque se actuó tardísimo a nivel Ejecutivo, a nivel Legislativo y a nivel poderes de Tandil”, indicó Llano y sostuvo que “eso no pudo haber prosperado nunca. La dirigencia política y los funcionarios de Tandil no pueden permitir que exista una toma de esa envergadura en el partido de Tandil”.

“Nosotros lo tenemos que resolver en nuestra ciudad, no podemos permitir eso para nuestra ciudad. (La toma) fija un precedente grave; una moto quemada un fin de semana no es casualidad”, señaló en referencia al episodio vivido en Avenida del Valle e Yrigoyen el último domingo a la madrugada. 

Se trata de acciones –aseguró- “a donde no tenemos que ir y eso hay que plantearlo, cueste lo que cueste. Y para eso tenemos la responsabilidad política que tenemos”.

Volviendo al tema de la toma, Llano se diferenció de algunos ediles de su partido que de alguna manera justificaron la ocupación del terreno bajo el argumento de la crisis habitacional y de la falta de acceso al suelo urbano que aqueja a innumerables vecinos de la ciudad.

"Yo no estoy de acuerdo y lo he manifestado; lo he manifestado en privado y lo he manifestado en público. Y he escrito al respecto", mencionó el exedil peronista.

E instó a "toda la comunidad de Tandil" a "cerrar filas para que estas cosas no sucedan. La responsabilidad del dirigente está en ver más allá de la actualidad".

"Tenemos que ver lo que se nos puede venir y lo que en definitiva tenemos en nuestras narices, más allá de lo que opinen algunos compañeros desde el Concejo. Lo mismo en materia de desarrollo urbano y de generación de suelo urbano", afirmó.

Sobre internas en el peronismo

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que el PJ cierre filas en torno a un candidato, dando por terminadas las internas, Llano sostuvo entre risas que "la unidad en el peronismo es muy complicada”. 

De todas maneras consideró que "puede haber" unidad. "El peronismo en Tandil tiene que ser la base electoral de algo más grande que conlleve la participación del resto de la ciudadanía; por ende, indefectiblemente tiene que haber una unidad", comentó.

En lo relativo a las pugnas que se observan dentro del PJ nivel nacional, dijo que “hoy estamos viendo disputas de estructura, disputas de partidos políticos que en realidad no le interesan a la sociedad y estamos viendo disputas con el gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof), que es nuestro Gobernador en teoría”.

“Eso tampoco contribuye a vincular al peronismo con la sociedad, que es lo que nosotros tenemos que tener como objetivo para poder ofrecerle a la sociedad alternativas de Gobierno”, concluyó.

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El abogado Facundo Llano fue titular de PAMI en la ciudad entre junio de 2020 y el 9 de diciembre de 2023, día en que presentó su renuncia ante el organismo.

Entrevistado por El Eco Multimedios, Llano agradeció a los vecinos de la ciudad que le manifiestan su cariño toda vez que pueden, consideró que el ente nacional que se encarga de las prestaciones de salud para jubilados y pensionados es "la universidad en lo que respecta a gestión pública” y destacó que su sucesor, Martiniano Corbetta, "ha tenido la deferencia de llamarme para tomar un café para conversar” e interiorizarse en las cuestiones relativas a la gestión en más de una oportunidad.

Tal como lo había anunciado, el concejal del Frente de Todos (FdT), Nicolás Carrillo, presentó el último viernes un proyecto de ordenanza para crear el Registro Municipal de Apoyo para Comedores barriales, comunitarios y merenderos en el partido de Tandil.

La iniciativa, ingresada en el Concejo Deliberante junto al resto del bloque del FdT, busca, entre otras cuestiones, relevar la cantidad de comedores y merenderos que funcionan en forma permanente en el partido, reconocer la labor que realizan las organizaciones sociales locales que llevan adelante dicha tarea y dotar de recursos a quienes ya tienen la función de contener la problemática de la vulnerabilidad alimentaria en la ciudad y la zona.

En el texto, presentado horas después de mantener un encuentro con las organizaciones sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular de Tandil (UTEP), Carrillo destacó “la urgente necesidad de conocer y registrar los comedores barriales comunitarios y merenderos del partido de Tandil”. 

De acuerdo a la normativa, la autoridad de aplicación sería la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, que tendría a su cargo las acciones necesarias para la verificación en el territorio de los datos informados por estos espacios de contención barrial a los fines de obtener su alta de inscripción en el Registro.

En la mencionada Secretaría, los comedores y merenderos inscriptos deberían acordar, en una mesa de diálogo, la provisión por parte del Estado de alimentos y otros insumos y equipamiento necesarios para su funcionamiento, como asimismo un reglamento periódico de funcionamiento.

En el proyecto quedaron establecidos además los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro. Se señaló, asimismo, que quedarán excluidos los comedores escolares y otros efectores dependientes de establecimientos educativos o jardines comunitarios.

El miércoles pasado, luego de un encuentro entre concejales de todos los bloques y representantes de la UTEP, Carrillo había adelantado la pronta presentación de esta iniciativa, que tenía entre sus objetivos centrales la eliminación de “todas las suspicacias y desconfianzas que se han construido al respecto” de la asistencia que el Estado brinda a los comedores comunitarios. 

Los detalles

En el proyecto, el edil del FdT consideró que los comedores y merenderos “aseguran una red de contención no solo alimentaria sino social en la detección y contención de diversas problemáticas sociales en la comunidad” y que, por lo tanto, “es imprescindible” que “tengan el reconocimiento del Estado siéndoles asegurados los insumos necesarios para el cumplimiento de su función”.

“Hoy en día y ante la crisis económica y social que se agudiza, en la discusión de las políticas públicas locales es de suma importancia y de real significación que los comedores barriales, comunitarios y los merenderos sean un actor esencial en la red de las acciones sociales planificadas y previstas”, indicó Carrillo.

Y remarcó que, entre los propósitos principales, se encuentra el abordaje de la asistencia alimentaria de manera más efectiva y articulada; la elaboración de un diagnóstico común de los problemas alimentarios que existen en diferentes sectores de la ciudad y la consolidación de una red de gestión de la seguridad alimentaria que articule los recursos del Estado nacional, provincial y local con la capacidad de las organizaciones locales a los efectos de maximizar los recursos.

Para finalizar, en el proyecto quedó explicitado que se entenderá por comedor barrial y/o comunitario “a todo aquel espacio físico que brinda asistencia alimentaria gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social al menos 3 días a la semana, elaborando alimentos y sirviendo una comida principal (almuerzo y/o cena), complementada en su caso con desayuno y/o merienda; sin perjuicio de la modalidad de entrega de viandas”.

Merendero comunitario –se agregó- se denomina "a todo aquel espacio físico que brinda asistencia alimentaria gratuita a personas en situación de vulnerabilidad social, elaborando alimentos y sirviendo principalmente desayuno y/o merienda, y/o copa de leche; sin perjuicio de la modalidad de entrega de viandas”.

Vale recordar que el miércoles pasado, concejales de los distintos bloques encabezados por el presidente del Cuerpo, Juan Pablo Frolik, recibieron a representantes de la UTEP para dialogar sobre la situación de emergencia alimentaria en la que se hallan los comedores y merenderos de la ciudad luego de que el Estado nacional dejara de abastecerlos de alimentos.

Los resultados de las últimas elecciones trazaron un nuevo escenario político a nivel local que se expresa en un Concejo Deliberante dividido en 5 bloques. En ese marco, el espacio de Unión por la Patria definió que Federico Martínez sea el presidente de la bancada que también integran Darío Méndez, Nélida Sereno, Nicolás Carrillo y Noelia Domenighini.

“Me lo propuso Darío (Méndez), en consenso con todos los compañeros. Estoy con muchas expectativas, y vamos a trabajar. Entendemos que va a ser un año en donde tenemos que poner mucho diálogo y consenso”, expresó Martínez en comunicación con El Eco de Tandil.

“Sabemos que va a ser un año de mucha discusión porque hay 5 bloques en el Concejo, y nosotros somos el primero de la oposición en términos de cantidad de integrantes”, agregó, en referencia a un Legislativo en el que el oficialismo local -el bloque de Juntos- no cuenta con la misma cantidad de bancas que en el período anterior, luego de la separación del nicolinismo y la irrupción de dos ediles de Acción Tandilense (electos por la boleta de La Libertad Avanza). 

Cabe recordar, Federico Martínez resultó electo por Unión por la Patria tras haber encabezado la lista que llevó a Rogelio Iparraguirre como candidato a Intendente. Su llegada al recinto supone un paso más en una trayectoria que comenzó en el ámbito de la educación como profesor y director, que lo llevó en los últimos años a ser el jefe de la UDAI de Anses y hasta conformar su propio espacio político, Ahora Tandil.

“Es una responsabilidad linda. Me lo tomo con el mismo compromiso con el que asumí todas las responsabilidades que he tomado hasta el momento. Tanto como docente, director de escuela, en el Consejo escolar y como jefe de la UDAI. Así que con todo el compromiso, con todas las ganas y obviamente siempre pensando y trabajando para mejorar la calidad de vida a los vecinos y las vecinas de Tandil”, aseguró Martínez.

“En la próxima sesión se va a hacer el anuncio pero hasta el día jueves el presidente es Darío Méndez”, precisó el concejal, quien adelantó que ya definieron las comisiones que integrarán cada uno de los ediles del bloque, y en su caso presidirá la de Cultura y Educación, además de formar parte de la de Deporte y la de Turismo.

Unión por la Patria tendrá además la presidencia de la comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad -a cargo de Nicolás Carrillo- y la de Deportes -a cargo de Darío Méndez-.

La primera tarea a la que se abocará el Concejo Deliberante recientemente conformado será la de tratar el Presupuesto 2024, que el Ejecutivo elevó en las últimas horas a los diferentes bloques.

“El presupuesto llegó ayer, ya lo estamos mirando, y lo estamos evaluando”, indicó Martínez, quien agregó que analiza el texto “acompañado por la experiencia que tienen los concejales que ya estaban en sus bancas como Nicolás Carrillo, Darío Méndez y Nélida Sereno. También Severiano Mon, que venía trabajando hace mucho tiempo en el Concejo Deliberante”, aseguró.

Sin emitir valoraciones de antemano, el edil planteó que “a priori vemos que es un presupuesto elevado”, y en ese sentido dijo que contemplan y entienden la situación económica del país y la inflación. “Pero hay que verlo detalladamente, no vamos a hacer ningún juicio de valor hasta el momento en el que lo podamos estudiar bien”, sumó.

El concejal enmarcó el debate por el presupuesto en la coyuntura política y económica a nivel nacional y planteó que “el que viene va a ser un año complicado no solamente para el país sino para la ciudad de Tandil. Pero la gente eligió. Trataremos de hacer las cosas de la mejor manera, acompañando lo que haya que acompañar y discutiendo aquellas que vemos que pueden llegar a perjudicar o realmente no son beneficiosas para nuestros vecinos o para nuestra ciudad”.

La concejal del Frente de Todos, Guadalupe Garriz presentó junto a su bloque un pedido de informe al Ejecutivo para que explique la situación de las vacunas contra el Covid-19 que llegaron a la ciudad con fecha de vencimiento expirada, pero que fueron autorizadas por ANMAT para su uso.

Un lote de vacunas contra el Covid-19 llegó a la ciudad con fecha de caducidad vencida. Dicho lote llegó con una documentación de la ANMAT en el que se prorroga esta fecha y se autoriza a aplicar las vacunas, ya que, a diferencia del comienzo de la pandemia, diversos estudios han demostrado que el vencimiento de las mismas se puede prolongar. Esta información no fue comunicada a las personas que se acercaron a vacunarse, por el contrario, se les negó la vacunación objetando que se encontraban expiradas..

“Al comienzo de la circulación de las vacunas, los períodos de vencimiento eran absolutamente estrictos y cortos, eso se fue prorrogando a causa de los estudios realizados. Se fue evaluando que fuera posible que las vacunas no caducaran en esas fechas, por eso salió la ANMAT con esa documentación, que respalda los distintos lotes que inicialmente tenían una fecha que se prorroga, el tema fue ese, porque entendemos que no son momentos para generar información que no corresponde”, declaró la concejal en comunicación con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM y Eco tv).

Garriz explicó que el pedido de informe se realizó luego de que se conociera que algunas personas se acercaron a vacunarse y fueron informadas, desde el vacunatorio local, la imposibilidad de aplicarles la vacuna debido a que el lote estaba vencido. 

La edil señaló que, según la información que recibieron, dichas vacunas tenían una fecha de vencimiento original, pero la misma fue prorrogada por la ANMAT, informándose de esto mediante un documento adjunto al lote. Es por esto que se cuestiona la decisión de no aplicar las vacunas, ya que éstas se encontraban en perfectas condiciones para ser utilizadas.

Desde el Bloque Frente de Todos, además del pedido de acceso a la información pública, se presentó un proyecto de comunicación para poder darle ese mismo tratamiento en la Comisión de Salud y Desarrollo Social. 

“Son como las dos vías formales en las que podemos avanzar, porque las discusiones en mi tarea legislativa son en el Concejo Deliberante. No es lo que me pueda decir tal o cual en una conversación telefónica.”

Las consultas y el pedido de informe se hicieron específicamente al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) quien debe responder por escrito en un plazo de 15 días hábiles, aunque se les otorga una prórroga de otros 15 días en caso de no poder reunir la información conforme lo regido en el marco de la ordenanza que provee el acceso a la información pública. 

“Nos pasa un montón de veces que hacemos pedidos de informe y no son respondidos. Esto es una realidad y es algo que es un problema. Me ha pasado con un montón de temas, nuevamente renuevo mis esperanzas cada vez que hago un pedido de información”, añadió Garriz. 

Además del pedido específico respecto al número de lote y un esclarecimiento de lo sucedido, la concejal dijo que interesa saber el porcentaje de población que cuenta actualmente con el cuarto y quinto refuerzo de vacuna contra el Covid-19, como así también la forma en la que se está testeando a la población, si es que lo hacen acorde a los protocolos recientes enviados por el Ministerio de Salud y el porcentaje de aumento de casos, ya que en función de eso, se evaluará reforzar la información y el incentivo a que las personas se vacunen, dado que en este momento ya muchos dejaron de aplicarse dosis de refuerzo.

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, Darío Méndez, presentó ayer dos proyectos de comunicación, en los cuales le solicitó al Departamento Ejecutivo, acceso a la información pública y respuestas concretas al pedido que se hizo en referencia a la instalación de la nueva luminaria en el Estadio Municipal General San Martín; y al mismo tiempo, el pedido para que el Municipio reglamente la ordenanza de Regulación de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, la cual fue aprobada por el Concejo Deliberante hace ya seis meses. 

“El 2 de agosto pasado, cuestionamos y pedimos un informe para saber si se había cumplido con los requerimientos de la licitación pública, con lo que tiene que ver con la potencia de las luces y con la cantidad de reflectores. Ha pasado ya el tiempo necesario, entonces intimamos al Poder Ejecutivo de acuerdo a la ordenanza vigente para que nos conteste; si ya no lo hacen, estamos habilitados a ir a la Justicia según lo que dicta la ordenanza”, anticipó Méndez. 

El presidente del bloque de concejales del Frente de Todos redactó el proyecto y lo envió al Ejecutivo, en el marco de la Ordenanza 15.931/17, solicitando el acceso a la información pública relacionada con la obra realizada en el Estadio Municipal San Martín. 

En cuanto al pedido, Méndez expresó que “tenemos el temor de que se convierta en una nueva pileta del CEF 42, que en su momento se hizo un adelanto financiero a una empresa, y después las obras no estaban y ese dinero se perdió. Sería bueno también saber cómo va todo ese trámite, si se logró recuperar ese dinero o no. Después, digamos, un derrotero que tardó muchos años y después terminaron esa obra, inaugurándose con el doble de costo y con el doble de tiempo y mal”.

Méndez añadió que “a su vez, nosotros tememos que esta nueva obra de luminaria tenga el mismo derrotero. A simple vista, uno entiende que hay menos reflectores de los que estaban pautados en la licitación, nos llama la atención si realmente hay algo que tenga que esconder con respecto a esto, por lo que, realizamos nuevamente esta intimación para que nos sea respondida en tiempo y forma la información necesaria”.

La misma suerte

Además, en su presentación de ayer, el edil del Frente de Todos solicitó que se reglamente la Ordenanza 17.961 de regulación, generación, separación en origen, transporte, tratamiento y disposición final de los distintos residuos sólidos urbanos, la cual fue aprobada en el Concejo Deliberante el 23 de marzo de este 2023. 

“No está llevándose adelante ninguno de los ítems que estaba planteado en esta ordenanza. Entonces también estamos solicitando al Poder Ejecutivo que la reglamente porque tememos, como tantas otras ordenanzas, que aprueba el Concejo Deliberante, que después el Ejecutivo no las promulgue y al no promulgarlas, no se pueden llevar adelante, como es el caso de tutorías deportivas o el observatorio vial”, afirmó Méndez.

El concejal Méndez, en la misma línea, señaló que “no queremos que corra la misma suerte que las ordenanzas que cito, porque recordamos que fue una ordenanza que fue muy debatida, muy trabajada, con diferentes puntos de vista. Entonces, si realmente se pretendía llevar una ordenanza, como desde Ejecutivo se planteaba en ese momento, que se venía trabajando en el marco del Acuerdo del Bicentenario, si no se reglamenta, es solamente un título de declamaciones y después, a la hora de los hechos no hay nada concreto”.

Cabe destacar que entre sus objetivos principales, la ordenanza busca reducir la generación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y lograr en el partido de Tandil un adecuado manejo de los residuos domiciliarios. A su vez, minimizar los impactos negativos de los RSU, erradicar la generación y desarrollo de basurales y microbasurales a cielo abierto, fomentar la separación en origen. 

En este contexto, también es importante destacar que es necesaria su reglamentación, en el marco de la proximidad a alcanzar el límite de operatividad del Relleno Sanitario del partido de Tandil.

Ayer, el Concejo Deliberante resolvió un amplio orden del día y sancionó proyectos en el marco de una extensa sesión del período ordinario. Entre los temas, aprobó la incorporación de las cámaras privadas para ampliar la red pública de monitoreo a instancias de dos iniciativas impulsadas por la Secretaría de Protección Ciudadana y por el Frente de Todos para la creación de un programa de participación ciudadana en el sistema público.

Sin embargo, el encuentro legislativo avanzó  por otros asuntos que marcaron la agenda de los últimos meses, entre ellos el marco regulatorio de los contenedores en la vía pública, los ruidos molestos, políticas en materia de salud mental y el nuevo cuadro tarifario del transporte de colectivos, que a partir del lunes será un 30 por ciento más caro.

El encuentro legislativo comenzó minutos después de las 10 con la entrega de una distinción a los autores del libro “Tandil: Más de 200 años de historia. Las poblaciones indígenas y su entorno (1600-1823)”, Eduardo “Tony” Ferrer”, José María Araya, Julieta Nicolao y Maximiliano Zuccarino, que fue declarado de interés cultural y educativo por el cuerpo.

Además, reconocieron al autor Diego Ricardo Ibáñez Roca cuya novela “Amores polifónicos” fue declarada de interés cultural.

Al abocarse al orden del día, el primer punto en debate fue la integración y enlace de las cámaras particulares al sistema de cámaras que el Estado controla a través del centro de monitoreo con el objetivo de ampliar y fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir el delito.

El proyecto había sido elevado por la Secretaría de Protección Ciudadana y fue abordado en comisiones, donde recibió aportes de todos los bloques parlamentarios.

Las cámaras de particulares podrán ser anexadas al sistema público previo acuerdo de los propietarios, a quienes se les garantizará confidencialidad de la información.

Se espera que la ampliación de la red de cámaras redunde en una mayor tasa de esclarecimiento de delitos, al brindar a los investigadores judiciales nuevas fuentes de imágenes de prueba.

La votación fue en general y en particular a pedido del Frente de Todos, que expresó su desacuerdo en los artículos 4 y 5 vinculados a la obligatoriedad de la participación.

El debate

El primero en pronunciarse fue el concejal de Juntos, Marcos Badillo, que aclaró que se trataron en conjunto dos iniciativas, la primera referida a un proyecto presentado el año pasado por el Frente de Todos que planteaba la creación del registro voluntario de cámaras de videovigilancia, y la segunda elevada por la Secretaría de Protección Ciudadana que incorpore al sistema público dispositivos de privados.

Luego, compartió su mirada sobre el concepto sobre seguridad ciudadana, que incorpora un nuevo partícipe en referencia al Estado municipal, además del nacional y provincial.

Destacó la importancia de la participación en relación al rol para crear políticas con perspectiva local. “No todos los municipios tienen las mismas realidades”, dijo y repasó las acciones impulsadas por el Gobierno de Miguel Lunghi, desde la creación de Secretaría de Protección Ciudadana hasta el desarrollo y fortalecimiento de la red de monitoreo.

Luego de un pormenorizado repaso sobre el trabajo realizado y de los alcances de la normativa en debate, consideró que “vamos a tener una gran participación del sector privado” para fortalecer el enfoque propuesto.

La postura del Frente de Todos

La concejal del Frente de Todos, Guadalupe Garriz, pidió la palabra para expresar algunos aspectos complementarios, las modificaciones realizadas en el proyecto elaborado sobre la base de ambas iniciativas y planteó la importancia que tendría la aprobación de la iniciativa presentada por la bancada el año pasado a la luz de la propuesta del Ejecutivo para contar esa información como base.

“Hoy estamos avanzando en una norma que tendrá que reunir primero la información, que no tenemos conocimiento de los lugares donde hay dispositivos privados que captan”, remarcó.

A modo de crítica, puntualizó sobre el problema que genera la obligatoriedad que contempla la norma en tratamiento y la observación realizada por la bancada respecto de quienes están exigidos a participar del programa como condición para obtener la habilitación. 

Así, Garriz insistió en que la forma “más adecuada” hubiese sido una incorporación voluntaria al programa, y celebró el avance y el aporte en materia de seguridad y prevención. 

Por esa razón, la concejal solicitó una votación en general y en particular, discriminando los artículos 4 y 5 referidos a la obligatoriedad.

El uso de la herramienta

Desde la bancada PRO – MID, Juan Manazzoni anticipó el acompañamiento de la propuesta y el acuerdo en términos generales, con reparos respecto a la obligación de invertir en equipamiento.

Repasó las reuniones con el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, y el rápido acuerdo alcanzado para modificar la redacción del artículo 4.

“Esperemos que las herramientas se usen y que los vecinos se entusiasmen y decidan sumarse a esta iniciativa”, deseó.

La ordenanza de ruidos molestos, sus modificaciones y aprobación

Antes de cerrar la primera hora de sesión, los concejales se abocaron al tratamiento del proyecto referido a los ruidos molestos impulsado por la bancada PRO – MID, que fue aprobado por unanimidad luego de alcanzar un texto consensuado.

La propuesta mejora el marco normativo vigente y prohíbe la circulación en Tandil de motos y vehículos con caño de escape abierto o con música a altos niveles, y, ante el incumplimiento, prevé la retención del vehículo infractor, se decomise el escape adulterado para su destrucción y se elabore una infracción. En otra instancia, detalla los requisitos para poder retirar las motos y vehículos infraccionados y secuestrados, e incorpora la posibilidad de sumar material fílmico como soporte. 

Enseguida, Manazzoni pidió la palabra para referirse a la iniciativa presentada en abril pasado. Primero, trazó el contexto que obligó a mejorar el marco regulatorio vigente y deseó que “pronto podamos contar con esta herramienta” tras su reglamentación para colaborar en el “combate de este flagelo que le complica la vida a los tandilenses”.

Recursos y ajustes 

Luego se pronunció Darío Méndez. El presidente de la bancada del Frente de Todos adelantó el acompañamiento de la iniciativa, reconoció que la problemática “creció” y que, “más allá de los esfuerzos, no se ha podido solucionar”, a pasar de las leyes que otorgan herramientas para su abordaje.

A propósito del tema, el concejal aprovechó la oportunidad para recordar el aporte realizado con la propuesta de creación de un picódromo para contener esta actividad y sumar un nuevo enfoque al tema. “Y que no sólo sea la cuestión punitiva sino de brindar alternativas”, resaltó.

Y marcó una cuestión que detectó de la lectura del proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2023 vinculada a la Dirección de Control Urbano Vehicular, dependiente de la Secretaría de Protección Ciudadana.

Méndez apuntó que en este ejercicio, el área que dirige Walter Villarruel tuvo 146 millones de pesos disponibles, mientras que para 2023 se prevén 133 millones. “Hay un ajuste”, alertó.

Al ahondar en su análisis, expuso el porcentaje de participación dentro de la secretaría a cargo de Atilio Della Maggiora, que este año fue un 21,8 por ciento dentro de la masa presupuestaria total, mientras que en 2023 “será de un 10,3 por ciento”.

“Espero que eso no se vea reflejado en menores controles porque justamente no es lo que estamos necesitando”, sentenció.

Más aportes

Por su parte, Marcos Badillo se refirió al trabajo en la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales y también al aporte del director de Control Urbano Vehicular, Walter Villarruel, y el juez de Faltas Pedro Olivetto, en el tema.

En esa tarea, acordaron eliminar la medición de los decibeles, circunstancia que contempla la normativa nacional, pero consideraron necesario incorporar un mecanismo de actuación posterior a la infracción. Por ese motivo, el Municipio contará con un dispositivo homologado por el INTI a utilizar en cada control.

Programa Recicla más, un aporte a la gestión de residuos

El proyecto para la creación del programa Recicla más fue otro de los temas que sumó distintas miradas al debate, pero que finalmente salió con el voto de la totalidad de los integrantes del cuerpo legislativo.

Sobre la propuesta presentada, el concejal de Juntos, Mario Civalleri, explicó que busca generar un incentivo para “incrementar en forma sostenida la recuperación de materiales reciclables a través de la red de Puntos Limpios”, con un reconocimiento a los contribuyentes a través de la Tasa Retributiva de Servicios.

Destacó que esta acción apunta a mejorar el proceso de recuperación de materiales reciclables que concentra entre cinco y seis toneladas diarias “de un total de entre 130 y 150 toneladas de residuos sólidos urbanos que producimos en la ciudad”.

“Es una política pública innovadora que puede replicarse”, celebró Civalleri.

Seguidamente, su par del Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, adelantó los votos de la bancada opositora, pero trazó algunas consideraciones en torno al tema, destacando que “cualquier progreso” en función de una gestión de residuos que “mejore lo actual, será bienvenido”.

Citó el trabajo de la cooperativa de recuperadores y abonó la idea de “premiar” a aquellos que ya realizan una tarea en el circuito informal de los residuos, y agregó que “una familia tipo tiene cerca de 12 kilos reciclables al mes, no sería significativo el incentivo”.

En respuesta, Civalleri se mostró de acuerdo en que “no sólo hay” que premiar al ciudadano que contribuye con el traslado de recuperables a los Puntos Limpios sino también a las cooperativas, pero aclaró que el Municipio “tiene otras vías de apoyo” para esos sectores.

Y, por otro lado, señaló que el objetivo de la propuesta “no es que la transacción económica sea brutalmente interesante”, sino convertirse en un “puntapié” en el tema.

Proyectos en materia de salud y de movilidad urbana 

En materia de salud, los concejales crearon la guía virtual de establecimientos para adultos mayores, un Registro Poblacional de Tumores Malignos, convenios con el Ministerio de Salud bonaerense para el ingreso de profesionales a las residencias y una estrategia local integral para la prevención del suicidio.

Sobre el último punto, aprobado por mayoría, el concejal de Juntos, Juan Salceda, repasó sus alcances y dijo que es “muy abarcativo y ambicioso”, pero que le dará a la ciudad “una política seria, que se rige con los estándares y consensos  internacionales para abordar esta patología”.

Por su parte, Guadalupe Gárriz, del Frente de Todos, realizó una extensa exposición basada en las políticas en materia de salud mental del Municipio, lanzó cuestionamientos sobre las falencias del proyecto y aprovechó para referirse al “colapso” del sistema, poniendo el foco en el enfoque comunitario y de prevención.

“Estamos muy complicados para abordar una cuestión preventiva con esta realidad”, cerró.

Salceda replicó el plateo de su par del bloque opositor y señaló que “las críticas existen; cualquiera que trabajó en salud sabe que es imposible contener la demanda”, por lo que rechazó los argumentos vinculados a “quejas, demoras, profesionales que sienten que su remuneración no es adecuada porque eso pasó y va a seguir pasando lamentablemente” para rechazar el proyecto.

Los contenedores

Luego, el texto elaborado en conjunto por los concejales María Haydeé Condino y Nicolás Carrillo respecto a la regulación del servicio de volquetes, contenedores y pallets logró el acompañamiento de todos los integrantes del Concejo Deliberante.

“Son las nuevas normas”, dijo la concejal de Juntos, que destacó que “hemos encontrado este texto como lo mejor que hemos podido hacer. Las ordenanzas no son estáticas, se pueden modificar”.

Carrillo se refirió al recorrido de la ordenanza, los siniestros viales con estas estructuras como protagonistas y celebró el resultado alcanzado en pos de mejorar la movilidad urbana y evitar los incidentes.

A su vez, consideró “central” que “no puede haber un Estado omnipresente”, por lo que valoró el espacio para la participación ciudadana en estos procesos.

El boleto de colectivos, un 30 por ciento más caro

Promediando el encuentro, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el pedido de aumento del boleto de colectivo solicitado por la Cámara de Transporte que ronda el 30 por ciento, por lo que la tarifa plana será de 88,84 pesos a partir del lunes.

El presidente de la Comisión de Transporte, Cristian Cisneros, realizó un repaso sobre las razones que fundamentan la decisión de avanzar en el ajuste, en el marco de una escalada inflacionaria para evitar el desfinanciamiento del sistema, minimizando el impacto en el bolsillo de los usuarios.

El intercambio avanzó después entre algunas consideraciones entre oficialismo y oposición vinculados a una discusión que pone al servicio en el centro de la escena, la necesidad de realizar un estudio de costos y de generar un espacio para seguir la escala de acuerdo al contexto.

El Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio 2023, junto con la modificación de las ordenanzas fiscal e impositiva, marca el ritmo de la agenda de fin de año del Concejo Deliberante. En ese contexto, los concejales de los tres bloques políticos se encuentran abocados al estudio y análisis de los capítulos de la voluminosa propuesta elevada hace unos días por el Ejecutivo, con miras a la última sesión del año.

A poco más de dos semanas del encuentro legislativo, el presidente de la bancada del Frente de Todos, Darío Méndez, repasó los números globales y analizó los principales aspectos que surgen de la ordenanza madre que refleja la expresión de las políticas del Gobierno de Miguel Lunghi para el último año del quinto mandato.

“Estamos leyendo todo el presupuesto”, dijo el concejal de la bancada opositora a El Eco Multimedios. En simultáneo, detuvo su análisis en los datos que se desprenden del Rafam, el sistema de administración financiera del Municipio, respecto a la inversión financiera equivalente a más de 1.600 millones de pesos.

A partir de esa circunstancia, y respaldándose en la ordenanza de acceso a información pública, el edil presentó una nota dirigida al jefe de Gabinete Oscar Teruggi para conocer más sobre los recursos del Gobierno municipal. “Los tandilenses nos merecemos una explicación de por qué decidieron dejar la plata en un banco y no hacer inversiones en salud, educación o en los trabajadores del Municipio”, alertó Méndez.

El Presupuesto y su crecimiento

Al volver sobre el cálculo de recursos para el año entrante, que la semana pasada elevó el Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía y Administración, el concejal observó como primer punto el crecimiento con respecto a la proyección de este ejercicio en curso.

El incremento es “de casi un 120 por ciento con respecto a 2022”, alertó y marcó que superó la inflación proyectada. “Cuando discutíamos el presupuesto de este año decíamos que esos 8 mil millones no iban a ser reales”, planteó y recordó la cifra calculada por entonces, más cercana a los 10 mil millones “y fue lo que estimamos que será efectivamente”.

Bajo esa mirada, consideró que el cálculo de los 18 mil “superará los 20 mil millones” en los hechos.

Respecto del direccionamiento de los recursos, señaló que un 30 por ciento se destina al Sistema Integrado de Salud Pública, e instó al Ejecutivo a abordar la discusión con los privados, especialmente ante la respuesta que brinda el sistema público.

“No nos olvidemos que los dos prestadores privados sacaron las guardias pediátricas y eso recae en el Hospital de Niños”, recordó.

Otra de las áreas con mayor presupuesto es la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, que pone el acento en proyectos de pavimentación, repavimentación, bacheo, cordón cuneta, con más de 300 millones, con miras a mejorar la trama urbana vial.

Las tasas y el ajuste del ciento por ciento 

Asimismo, Méndez apuntó hacia otro de los aspectos que suelen generar mayor resistencia y cruces en el debate: la actualización tributaria.

Según la elevación, en 2023 las tasas Retributiva de Servicios, la de Servicios Sanitarios, la Red Vial y patentes municipalizadas aumentarán un 75 por ciento, para no “distorsionar” la previsibilidad macroeconómica del país.

En ese caso, el concejal advirtió que el aumento de tasas suele ubicarse “por encima de lo que necesita para funcionar el Municipio” e indicó que en esta oportunidad el ajuste es del “ciento por ciento y no del 75 por ciento” como plantea el Gobierno.

En su explicación, el concejal expuso que “aumentan un 50 por ciento en el primer bimestre y calculan las demás subas sobre esa base y no al 1 de enero. La cuenta es sencilla. Les decimos a los vecinos que calculen cuánto pagaban el último día de diciembre de un año y al año siguiente. Cuando saquen esa cuenta verán que será del ciento por ciento”.

En esta oportunidad, la suba escalonada propuesta establece un 50 por ciento de incremento en el primer bimestre; y un 10 por ciento por bimestre sobre los valores de diciembre de 2022, a partir de marzo.

“Uno de los principales problemas de los argentinos es la inflación y si el Estado municipal ajusta del modo que lo hace, está fomentando esa inflación. Y cuando ve que para el cálculo de recursos necesita mucho menos porque está escondiendo lo que va a recaudar, entendemos que no tendría que haber un aumento de ese nivel”, analizó el concejal.

“No hubo un gran desarrollo local”

En su lectura sobre los números de la administración comunal, alertó sobre el registro de casi 1.600 millones de pesos de activos financieros que “no lo vemos reflejado en el presupuesto del año entrante, más aún a favor de nuestros argumentos”.

Al fijar postura, planteó que “si nos ponemos a ver los últimos tres años del Gobierno de (Miguel) Lunghi, es muy poco lo que se ha hecho. Cuando se separan los proyectos financiados por el Gobierno nacional y provincial, no hubo un gran desarrollo en términos locales. Y este año en particular hay cosas que no se han hecho, como el predio Carrasco, el hito del Bicentenario”, ambos con partidas presupuestarias para 2023.

“Estamos acostumbrados que los años no electorales no se gasta la totalidad del dinero y en los electorales se vuelca todo a la gestión”, cuestionó Méndez que evaluó los números del actual ejercicio y dijo que un “presupuesto de 8 mil millones de pesos, con 1.500 millones guardados, quiere decir que sobró plata o aumentaron las tasas por encima de lo que se necesitaba para funcionar”.

Información sobre los plazos fijos

El presidente del bloque del Frente de Todos solicitó al Municipio que brinde información sobre una inversión financiera equivalente a más de 1.600 millones de pesos, tal cual se desprende de la información del Sistema Rafam 2022.

El motivo es “para saber si realmente el Municipio tiene más de 1.600 millones en activos financieros y, en caso de ser así, saber de cuánto es la rentabilidad y en qué banco se encuentra el plazo fijo”.

“Es muchísimo dinero que no está invertido en la ciudad y los tandilenses recién nos estamos enterando que el Gobierno municipal cuenta con todos estos recursos”, alertó Méndez.

Según lo expresado, la información del sistema Rafam 2022 explica que el Municipio cuenta con una  inversión financiera de los recursos económicos equivalente a 1.633.097.814,79 pesos.

A partir de este detalle, la bancada opositora solicitó información para conocer qué tipo de inversión financiera realiza el Ejecutivo con estos recursos; de cuánto es la rentabilidad financiera y en qué banco se encuentra el dinero; y si el monto representa el acumulado de la inversión financiera del ejercicio 2022 o también cuenta con recursos de ejercicios anteriores. 

Para Méndez, esta situación demuestra que “el aumento de tasas que llevó adelante el Gobierno de Lunghi estuvo mal, tendría que haber sido mucho menor”.

“Hoy vemos que, según lo que se desprende del Rafam, hay dinero que le sobra y es por aumento de tasas desmedido”, aseguró el concejal, que agregó que “teniendo en cuenta que al Gobierno municipal le sobró dinero, es significativo que todos esos recursos se encuentren en activos financieros y no en inversión real”. 

Finalmente, solicitó al Ejecutivo que responda a la brevedad el pedido de informe sobre los 1.600 millones de pesos en inversiones financieras ya que “los tandilenses nos merecemos una explicación de por qué decidieron dejar la plata en un banco y no hacer inversiones en salud, educación, mejores sueldos para los trabajadores municipales, mejoramiento del asfalto, construcción de vivienda o promoción del empleo local”.

El expediente que fija la permuta de tierra para ampliar el relleno sanitario e incorpora medidas para el tratamiento integral de los residuos elevado la semana pasada por el Gobierno comunal, derivó ayer en un primer intercambio con los integrantes de las comisiones de Interpretación y Asuntos Legales, Economía y Producción y Medioambiente del Concejo Deliberante.

El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, subió al primer piso de la Municipalidad acompañado por el subsecretario de Coordinación y Proyectos, Pablo Civalleri, el director de Medioambiente, Héctor Creparula, y la coordinadora de Proyectos Urbanos Especiales, Marina Santos.

Reunidos en el recinto, mantuvo un extenso diálogo con los concejales Mario Civalleri, María Haydée Condino, Rosana Florit, Sofía López de Armentía y Guillermina Cadona, de Juntos; con Nélida Sereno, Nicolás Carrillo y Juan Arrizabalaga, del Frente de Todos; y con Juan Manazzoni, Juana Echezarreta y Natalia Chacón, del bloque PRO–MID.

La reunión fue extensa y entregó momentos de tenso debate, en medio de posturas firmes y algunas consideraciones que entregó la oposición en un primer acercamiento conjunto sobre la idea que propone la administración comunal para afrontar la actual y futura disposición final de los residuos sólidos urbanos.

La encendida discusión se basa en los elementos que incorpora el expediente –de casi 200 páginas-, en especial si se considera que la permuta y la asignación de indicadores al macizo que obtendrá el privado requiere dos tercios de los votos para lograr su aprobación, es decir, el aval de 13 concejales, mientras que la carta de intención, mayoría simple.

La nota representa un primer paso en el trámite y abre un paréntesis de 60 días para que se mantenga la reserva con el privado del predio contiguo al actual, donde se encuentra el relleno sanitario mientras se llevan adelante los estudios de impacto ambiental.

La oposición hizo consideraciones. El Frente de Todos puso reparos en cuanto a la premura por habitar las negociaciones cuando hace tiempo que el relleno sanitario se encuentra al límite de su capacidad. El PRO, en tanto, se enfocó en el expediente y demandó que se rectifiquen los errores detectados. “Aún queda mucho por conversar”, adelantó el concejal del PRO, Juan Manazzoni.

Uno de los puntos que le generó "ruido” fue la propuesta para otorgar indicadores urbanísticos al predio que pasará a manos del privado. En ese sentido, cuestionaron que las medidas de las parcelas para uso industrial parecen creadas a medida del beneficiario y que chocan con la letra del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), que tiene jerarquía de ley provincial. 

La primera consideración

En diálogo con El Eco de Tandil, Manazzoni consideró que en esta instancia del debate, el acompañamiento de la propuesta elevada por el Ejecutivo resulta difícil a partir de una serie de observaciones detectadas en el análisis del expediente.

En ese sentido, planteó dos observaciones concretas vinculadas a la documentación anexada, que resultan centrales para poder avanzar en la propuesta que pretende impulsar el Gobierno para extender la vida útil del relleno sanitario.

En principio, detectó incongruencias en las fechas de la carta de intención con reserva de permuta, donde las partes involucradas manifiestan la voluntad de intercambiar los macizos de tierra.

La nota tiene firma del intendente Miguel Lunghi con fecha del 7 de octubre. En detalle, la carta de intención cierra: “En prueba de conformidad, de común acuerdo y previa lectura, se suscriben dos ejemplares del mismo tenor y a un único efecto, en la ciudad de Tandil, a los siete días del mes de octubre de 2022”.

Sin embargo, el sello final y al comienzo del texto "señala que el poder que la dueña del lote confiere en favor del señor (Luciano) Carranza fue elaborado ante escribano público el 7 de noviembre, es decir, un mes después”.

Para el concejal, en ese punto se desencadena un dilema ya que la carta de intención tiene una validez de 60 días, por lo que modifica el plazo para que el Concejo se expida y habilite al Ejecutivo a avanzar con las instancias administrativas correspondientes para generar la permuta.

“Pero después reconocen que hubo un error de tipeo. Entonces, si la carta fue hecha el 7 de noviembre, vence el 7 de enero, entonces no entendemos tanto apuro” para dar tratamiento al expediente, sentenció Manazzoni.

Cuestionó la labor de la Secretaría de Legal y Técnica, área encargada de observar los documentos que firma el Intendente y condicionó el avance del tema a la rectificación de la fecha “porque es un error administrativo y político”, a la vez que criticó la urgencia de la administración comunal basada en la vigencia de la carta de intención.

Sin tasación oficial

En segundo lugar, Manazzoni alertó sobre la falta de una tasación oficial, requisito incluido en la Ley Orgánica de las Municipalidades para los desprendimientos del patrimonio público.

“Si no hay una tasación oficial, no podemos salir a votar esto”, se quejó el concejal, que señaló que, en caso de resolverse estos dos puntos, “seguramente podremos avanzar con la cuestión”.

Si bien consideró que los funcionarios minimizaron las cuestiones objetadas por la bancada, Manazzoni defendió la postura aunque consideró que los errores pueden corregirse, “pero no dejan de ser graves”.

El proyecto y los plazos

En términos generales, es “entendible” y “lógico” el planteo que realiza la gestión de Miguel Lunghi para sumar tierras para extender el relleno sanitario, pero llamó a “afinar” algunas cuestiones vinculadas al tema de los indicadores urbanísticos que el Concejo otorgaría para el macizo de tierra ubicado frente al barrio Arco Iris donde hace unos años pensó el nuevo estadio.

“Tenemos tiempo hasta el 7 de enero para que llegue al recinto como corresponda”, resaltó y valoró la apertura al diálogo con los responsables de las áreas técnicas del Ejecutivo. “Tenemos voluntad que, si hacemos bien los papeles, estamos para que Tandil salga adelante; no estamos en contra de la cuestión de fondo”, resaltó. 

A poco más de cinco meses para la celebración de los 200 años de la ciudad, el Hito Urbano pensado para conmemorar el bicentenario de Tandil, vuelve a quedar en el centro de la escena.

Días atrás, y respaldándose en los alcances de la ordenanza de acceso a la información pública, el bloque de concejales del Frente de Todos demandó al Departamento Ejecutivo detalles relativos a la construcción, fechas de obras, criterios de selección de proyectos y fundamentalmente los costos para la ejecución del “Hito Urbano y tratamiento del espacio público adyacente”, a emplazarse en el sector ubicado en la intersección de Espora y Primera Junta - Franklin.

“Entendemos que es muy importante poder saber qué es lo que efectivamente se va a realizar y qué fondos se van a requerir”, justificó la edil Guadalupe Gárriz, que agregó que “necesitamos claridad respecto de lo que se llevará adelante”.

Y reconoció que “si bien sabemos los resultados del concurso, nos enteramos a través de los medios que se incorporarán ideas al proyecto ganador”, por tal motivo enfatizó que existe un decreto que determina que la obra será llevada adelante por el propio Municipio y que, en función de ello, crea una partida presupuestaria. Sin embargo, “no está especificado el monto para tal fin”.

Los interrogantes del proyecto

En ese sentido, resaltó que el Municipio, a través de un concurso y luego con la firma de un convenio en enero de 2022 con el Colegio de Arquitectos del Distrito VIII de la provincia de Buenos Aires, “se comprometió a la realización de un monumento - hito urbano por el bicentenario de la ciudad”.

El pedido busca precisiones en cuanto a los costos, no sólo del concurso, sino también de la obra en general, como así también dar con la información pública de cuál será la fecha de finalización y cuándo la inauguración.

Respecto de la solicitud del bloque del Frente de Todos, Gárriz indicó que los datos requeridos son para entender “de qué manera se ejecutará, quién lo llevará adelante y qué monto se va a destinar, sobre todo porque estamos a menos de cinco meses del bicentenario de la ciudad. Muchos interrogantes, y pocas respuestas concretas para los vecinos”, aseguró Gárriz. 

De acuerdo al artículo tercero del decreto municipal 2771/2022, los egresos de dinero a producirse se imputarán a la partida creada a tal fin.

En este caso, el bloque que preside Darío Méndez enumeró una serie de interrogantes: “¿A cuánto dinero alcanza lo presupuestado? ¿Se prevén modificaciones de dicho presupuesto?”.

Además, en las bases del concurso realizado se expresa que “la Municipalidad podrá contratar a los autores para la realización del proyecto correspondiente”.

En este caso, “el monto abonado en concepto de premio será imputado como pago a cuenta de los honorarios que correspondieren por dicha tarea profesional”, por lo tanto, “¿se prevé que la realización del Hito Urbano sea llevado a cabo por los arquitectos responsables del proyecto ganador elegido por el jurado? En caso contrario, ¿cuáles fueron los criterios por los cuales se decidió dicha adjudicación?”.

El concurso dio como ganador el proyecto que tiene como responsables a los arquitectos Gonzalo Pérez y Fernando Urquiola. En el pedido de informes también se solicita que se adjunten los planos de la obra, como así también dar a conocer si se prevé la modificación de dichos planos, y en el caso de que se prevean modificaciones, los concejales del Frente de Todos solicitaron los planos del proyecto a realizarse finalmente.

El documento que fue enviado al jefe de gabinete municipal, Oscar Teruggi, consta de seis puntos donde los concejales argumentan el pedido para acceder a la información pública, reglamentada en la ordenanza 15.931/17.

De acuerdo al artículo 11 de dicha ordenanza, toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente, deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.

“La información es transparencia también. Apelamos a la voluntad y a lo que le dicta la norma que esos informes sean respondidos. Evitemos desprolijidades, atropellos, porque pueden y deben evitarse”, reclamó Gárriz.

Qué se hará, plazos y costos

En diálogo con El Eco Multimedios, Gárriz valoró la importancia de contar con información precisa sobre lo que se pretende construir en uno de los principales accesos a la ciudad, en función de algunas modificaciones que trascendieron en las últimas semanas.

Tras contextualizar el proceso desde el concurso hasta la firma del convenio con el Colegio Arquitectos, alertó que “hubo tres proyectos finalistas y una mención”, y finalmente la selección del ganador, mientras que la obra la llevará adelante el Municipio.

A partir de ese enfoque, y en función de “informaciones respecto de algunas propuestas que no estaban explicitadas en el proyecto ganador, es que solicitamos información para saber finalmente qué es lo que se va a hacer, de qué manera, con qué plazos y con qué costos”.

La concejal no obvió el monto asignado para la ejecución de las tareas, con una partida presupuestaria de 20 millones de pesos incluida en el presupuesto, que generó “varias conversaciones y algunas inquietudes”, sumado al pedido de 50 millones al gobernador Axel Kicillof en el marco de una visita a la ciudad.

A modo de crítica, planteó que “debería haberse trabajado distinto”, en especial por la “apropiación de la comunidad de ese espacio”.

“El hito tiene que tener sentido y tiene que ser significativo, más allá de que pueda ser una puerta de acceso a la ciudad, para los ciudadanos. En ese sentido, se podría haber trabajado de otra manera”, resaltó.

Desprolijidades

A las quejas sobre la falta de participación, agregó que el 25 de marzo, “cuando convalidamos el convenio, se estaba cerrando el concurso”, por lo que “lo hicimos con plazo vencidos”.

El punto alude a un cuestionamiento al Ejecutivo realizado en otras oportunidades por la oposición. “Necesitamos que sea revertido, justamente porque no somos una escribanía, no es que se avanzan con algunas cosas y después pasan por el Concejo para que se convaliden”, objetó Gárriz.

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó un pedido de informes al Ejecutivo con el fin de tomar conocimiento de la información relativa a la construcción, fechas de obras, criterios de selección de proyectos y, fundamentalmente, los costos para la construcción del “Hito Urbano y Tratamiento del Espacio Público Adyacente” en el sector ubicado en la intersección de calles Primera Junta/Franklin y avenida Espora.

“Entendemos que es muy importante poder saber qué es lo que efectivamente se va a realizar y qué fondos se van a requerir. Necesitamos claridad respecto de lo que se llevará adelante. Si bien sabemos los resultados del concurso, nos enteramos a través de los medios que se incorporarán ideas al proyecto ganador. Existe un decreto que determina que la obra será llevada adelante por el propio Municipio y, en función de ello, crea una partida presupuestaria. Sin embargo, no está especificado el monto para tal fin”, señaló la edil Guadalupe Gárriz en referencia al pedido de informes.

El Municipio de Tandil se comprometió a través de un concurso, y luego con la firma de un convenio en enero de 2022 con el Colegio de Arquitectos del distrito 8 de la Provincia de Buenos Aires, a la realización de un Monumento/Hito Urbano por el bicentenario de la ciudad. El pedido busca precisiones en cuanto a los costos, no solo del concurso, sino también de la obra en general, además de dar con la información pública de cuál será la fecha de finalización y cuándo la inauguración.

Al respecto de la solicitud del bloque del Frente de Todos, Gárriz indicó que “solicitamos información para entender de qué manera se ejecutará, quien lo llevará adelante, y qué monto se le va a destinar, sobre todo porque estamos a menos de seis meses del bicentenario de nuestra querida ciudad. Muchos interrogantes, y pocas respuestas concretas para nuestros vecinos y vecinas”.

De acuerdo al Artículo 3° del Decreto Municipal N°2771/2022, los egresos de dinero a producirse se imputarán a la partida creada a tal fin. En este caso el bloque que preside Darío Méndez se preguntó: “¿A cuánto dinero alcanza lo presupuestado? ¿Se prevén modificaciones de dicho presupuesto? Además, en las bases del concurso realizado se expresa que, ‘la Municipalidad podrá contratar al autor/autores para la realización del proyecto correspondiente. En este caso el monto abonado en concepto de premio será imputado como pago a cuenta de los honorarios que correspondieren por dicha tarea profesional’ por lo tanto ¿se prevé que la realización del Hito Urbano sea llevado a cabo por los arquitectos responsables del proyecto ganador elegido por el jurado? En caso contrario ¿Cuáles fueron los criterios por los cuales se decidió dicha adjudicación?”

El concurso dio como ganador el proyecto que tiene como responsables a los arquitectos Gonzalo Pérez y Fernando Urquiola. En el pedido de informes también se solicita que se adjunten los planos de la obra, como así también dar a conocer si se prevé la modificación de dichos planos, y en el caso de que se prevean modificaciones, los concejales del Frente de Todos solicitaron los planos del proyecto a realizarse finalmente.

El documento que fue enviado al jefe de Gabinete municipal, Oscar Teruggi, consta de seis puntos donde los Concejales argumentan el pedido para acceder a la información pública, reglamentada en la Ordenanza 15.931/17. De acuerdo al artículo 11 de dicha ordenanza, toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente, deberá ser satisfecha en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.