La caída de menor de 4 años de uno de los juegos infantiles ubicado en el Parque Soñado de los Niños, en el circuito del Lago, volvió a encender las alarmas frente a un episodio que ya tuvo otros antecedentes en la misma estructura.

Haciéndose eco de esta circunstancia, el bloque de concejales de Integrar presentó un pedido de informes por medio del cual solicita el retiro de la estructura que imita a un robot.

En el mismo proyecto de resolución, y con miras a obtener un diagnóstico de situación, pide al Ejecutivo que brinde precisiones sobre la cantidad de juegos instalados en los distintos espacios públicos de la ciudad, sus características y las normas que cumplen.

La bancada integrada por los concejales Nilda Fernández y Mauricio D’Alessandro presentará la propuesta el lunes para que se inicie su tratamiento legislativo.

El proyecto de resolución

El texto del proyecto de resolución, en el artículo primero, establece que el Concejo Deliberante “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para proceder al retiro del juego infantil denominado ‘robot’, ubicado en el Paseo de los Niños en la zona del Lago del Fuerte”.

En el artículo segundo, solicita información sobre “la cantidad de juegos infantiles existentes en los parques y paseos públicos de la ciudad; sus características, precisando la edad de los niños a los cuales están destinados; y las medidas de seguridad que poseen dichos elementos y si cumplen con las normas de seguridad apropiadas (Normas Iram, Iso o la que corresponda)”.

Los argumentos

Entre los argumentos, el texto de la resolución tiene como punto de partida el accidente ocurrido el jueves por la tarde, en el que un niño sufrió graves heridas que determinaron su traslado al Hospital Interzonal Materno Infantil de Mar del Plata, donde fue intervenido quirúrgicamente por una fractura de cráneo.

Y agrega que esta situación “ya se produjo anteriormente, lo cual denota el riesgo que presenta este juego infantil denominado ‘robot’” y cita que en el Parque Soñado de los Niños se lleva adelante un proceso de reforma, por lo que considera “oportuno” el retiro del elemento “para prevenir futuros accidentes (incluso con un desenlace fatal)”.

En tanto, justificó que el planteo que realiza la bancada “no resulta descabellado ni oportunista, ya que el propio director de Espacios Verdes Públicos manifestó que el retiro del juego está ‘siendo evaluado’”, y cita una nota periodística.

Además, “el mantenimiento de este estado de situación redundaría en una responsabilidad del Estado municipal en caso de ocurrencia de otro suceso dañoso, el cual debiera evitarse por la seguridad de la población”.

Por último, considera que “resulta pertinente conocer el estado actual del resto de los juegos infantiles existentes en los parques y paseos públicos de la ciudad, en cuanto a su seguridad”.

El concejal del bloque Integrar, Mauricio D’Alessandro, compartió su mirada sobre la exposición que realizó la máxima autoridad de la ciudad, destacando el reconocimiento a las víctimas del Covid-19 y a la sociedad en su conjunto por el “esfuerzo descomunal” para superar este complejo contexto. “Fue un discurso temporizador y acorde a las circunstancias”, definió.

Sobre la visión a futuro que planteó para el próximo año de gestión, el segundo de su quinto mandato, el edil señaló el trabajo conjunto que propuso el Intendente y el agradecimiento al presidente de la bancada opositora, Rogelio Iparraguirre (Frente de Todos), por las gestiones ante el Gobierno nacional para conseguir fondos que permitan la construcción de una cisterna que garantice el abastecimiento de agua a los vecinos de La Movediza.

Pese a que se trata de un año electoral, D’Alessandro alertó que no hubo referencias en este sentido y consideró que “no hizo política en este discurso”.

Como cierre de una semana de intensas negociaciones, el Concejo Deliberante sesionó ayer al mediodía y aprobó, por unanimidad, el Régimen Contravencional de Emergencia Sanitaria Tandil (Covid-19), una herramienta propuesta por el Departamento Ejecutivo que prevé sanciones para los casos en los que se transgredan las normas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia por el coronavirus.

En un tratamiento exprés, que fue posible gracias a las discusiones que tuvieron lugar durante los últimos siete días, oficialismo y oposición coincidieron en dotar a la administración de Miguel Lunghi de un esquema que establece multas para quienes incumplan las reglas que rigen durante la emergencia sanitaria. Tras su promulgación, se publicará en el Boletín Oficial y se prevé su entrada en vigencia a partir de hoy.

En una sesión sin debate, los oradores fueron los presidentes de los tres espacios políticos. Sin extenderse demasiado, expusieron sus miradas en torno a la propuesta, con especial hincapié en las negociaciones que permitieron avanzar en la redacción de un texto consensuado. Para finalizar, se sumó la voz del concejal Luciano Grasso (Juntos por el Cambio), quien aportó una reflexión basada en la importancia de la salud mental durante este contexto.

En ese sentido, la oposición realizó un repaso sobre las sugerencias que finalmente quedaron reflejadas en el documento aprobado. En detalle, se incorporó el encuadre normativo nacional, provincial y municipal vigente para que el régimen tenga sustento jurídico, se definieron los sujetos a los cuales alcanza a la vez que se eliminó el artículo cuarto, apartado tercero, que planteaba multas para los comercios que incumplieran con el uso de aplicaciones móviles y demás herramientas tecnológicas dispuestas por la autoridad de aplicación.

La ordenanza tiene como objeto establecer un régimen contravencional aplicable en el Partido de Tandil “a las conductas típicas que en la misma se establecen y en virtud de las normas obligatorias y vigentes dispuestas por el Estado nacional, provincial y municipal en razón del coronavirus y que se verifiquen ocurridas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada”.

La autoridad de aplicación de este régimen “excepcional” y “de emergencia” será el Departamento Ejecutivo, a través de las dependencias con competencia técnica y funcional en la materia. En efecto, como autoridad de juzgamiento serán competentes los Juzgados de Faltas municipales y será aplicable en forma supletoria el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.

Trabajo, debate y acuerdo

El encuentro legislativo comenzó con la exposición del Mario Civalleri. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio realizó un repaso sobre el debate que se inició hace una semana luego de la convocatoria que realizó el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, para exponer los principales lineamientos de un proyecto con el que pretendían atender una de las problemáticas actuales frente al contexto sanitario actual.

Destacó la actitud del arco opositor que compartió la idea “sin caer en falsos debates” y en pos de “tutelar un bien mayor, que es el bienestar general y de la salud pública”.

En su argumentación, se enfocó en estas “conductas individuales” que “ponen en riesgo la salud de otros y repercuten en un marco global”, y que, en este momento, “vuelven a poner en jaque el sistema de salud y la capacidad de respuesta de los vecinos”.

“Es imperioso en ese caso que asumamos que debemos hacernos cargo de una situación que tiene que ser controlada en todo sentido”, justificó el concejal del oficialismo.

A ese planteo, sumó la importancia de sostener la estructura económica de la ciudad, la cual atravesó circunstancias complejas durante la fase más estricta de la cuarentena.

Bajo ese esquema, la propuesta del Ejecutivo busca poner “blanco sobre negro” y atender a ambos universos: las actividades habilitadas y las no habilitadas y que “ponen en jaque a todo un andamiaje sanitario y económico”.

En su lectura política, Civalleri apuntó que hubo que recorrer un proceso de “diálogo fuerte” entre los bloques y con el Ejecutivo para lograr la mejor norma posible.

“Lo que estamos diciendo con esta ordenanza es que sigamos cuidándonos y promoviendo culturas responsables en el tratamiento de una situación que escapa a la lógica de vida a la que estamos acostumbrados”, reflexionó y destacó el mensaje de unidad que se brinda a la sociedad.

Celebró el acuerdo y aprovechó la oportunidad para valorar que el Gobierno resignó “temas importantes” para avanzar.

Por último, Civalleri deseó que la norma “se use poco” y que tenga la “suficiente fuerza para disuadir a la población, que es un momento de cautela y cuidado y que lo que está en juego es la salud de nuestros vecinos”.

Cómo llevarlo a la práctica

El segundo orador fue el titular del bloque del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, que volvió sobre las cuestiones centrales que lograron modificarse e hizo una mención especial en las conductas de la sociedad frente a los ejemplos que se observan a diario. “No sabemos en qué lugar de nuestra historia la sociedad ha ido perdiendo su carácter comunitario”, sostuvo.

Pero además reclamó diálogo al Ejecutivo para abordar aspectos vinculados a la capacidad para controlar estas actividades tipificadas en la ordenanza. “La norma es importante pero si no hay posibilidad de llevarla a la práctica es papel pintado”, alertó y dijo que “debe haber un plan, queremos que nos cuenten cómo se hará y qué le vamos a comunicar a los vecinos de Tandil”.

En primer término, consideró importante dotar al Municipio de una herramienta “de carácter punible que tenga la función de prevenir las conductas que están prohibidas y lo que no se logre persuadir, le caiga un castigo”.

En el proceso de negociación, Iparraguirre reconoció la postura “receptiva” que mostró el Ejecutivo y “lo celebro porque hemos sido muy críticos de la actitud contraria”.

Entre los puntos observados y que finalmente quedaron reflejados en el documento, señaló que carecía del marco normativo y fue considerado para que la norma tenga fortaleza desde lo jurídico, y tampoco estaba definido el sujeto alcanzado y ahora “tenemos mayor claridad y los vecinos sabrán de quiénes estamos hablando”.

El otro punto era la aplicación móvil, que directamente se removió del articulado. “A la aplicación le falta desarrollo; queremos que se mejore y tienen nuestro acompañamiento para hacerlo”, agregó.

“La salud estaba en juego”

“Querer es poder y nosotros estábamos de acuerdo y teníamos necesidad de tener esta norma para que el Ejecutivo pudiera hacer uso de ella”, valoró Nilda Fernández, del bloque Integrar.

En su alocución, destacó el trabajo “contrarreloj” durante siete días, en medio de reuniones y un intercambio que calificó de “muy bueno”.

“Fuimos escuchados por el Ejecutivo, me llena de satisfacción porque con el aporte de todos pudimos enriquecer esta ordenanza”, elogió.

A raíz de las sugerencias, algunas de las cuales tuvieron coincidencia con las del Frente de Todos, se cambió el destino de lo recaudado por las multas, que será invertido en el Sistema Integrado de Salud Pública específicamente y se creó un registro que contemple a los infractores.

“Estoy convencida que la ordenanza es buena porque la salud de la población estaba en juego”, opinó y llamó a generar una fuerte campaña de comunicación para difundir los alcances de la ordenanza para que “todos tomen conocimiento de esta situación”.

El texto definitivo de la ordenanza

El objeto de la ordenanza es instituir un régimen contravencional aplicable en el Partido de Tandil “a las conductas típicas que en la misma se establecen y en virtud de las normas obligatorias y vigentes dispuestas por el Estado nacional, provincial y municipal en razón del coronavirus y que se verifiquen ocurridas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada”.

Los sujetos alcanzados, según el artículo tercero, son “toda persona humana y/o jurídica, residente o no en el Partido de Tandil, que incurra en una o más conductas típicas de las definidas en los artículos siguientes”.

El artículo cuarto establece que las conductas típicas que se definen en el marco de la ordenanza serán sancionadas de conformidad con las disposiciones establecidas (sanciones de multa y/o clausura del establecimiento), que se verán agravadas en caso de verificarse reincidencia del infractor.

El primer inciso refiere que, ante el incumplimiento de aislamiento obligatorio, la persona será sancionada con multa de entre cinco y 30 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).

Los que organicen o realicen reuniones no permitidas serán sancionados con multas de entre 20 y 100 SMVM, lo mismo para quien difunda su celebración con ostensible propósito de convocar mayor concurrencia.

En tanto, cuando alguna de las actividades descriptas en el párrafo anterior se lleven a cabo en un inmueble de propiedad privada, el propietario será sancionado con la misma pena establecida para el organizador.

Si el organizador y el dueño es la misma persona, “la multa aplicable será de entre 35 y 100 SMVM”.

Ante el incumplimiento de las medidas de prevención establecidas para las actividades económicas, deportivas, artísticas, culturales, religiosas, sociales y de carácter análogo se aplicará una multa de entre 10 y 30 SMVM y clausura de hasta 60 días.

Y para los incumplimiento a las medidas de prevención y protocolos sanitarios y de funcionamiento para el desarrollo de la actividad comercial en restaurantes y bares y/o cualquier otra actividad similar permitida se multará con entre cinco y 50 SMVM y la clausura de hasta 90 días.

Las multas se graduarán en función del Salario Mínimo Vital y Móvil municipal de referencia), equivaliendo cada unidad a un salario bruto correspondiente a un trabajador municipal ingresante de agrupamiento administrativo, categoría 4, régimen de 30 horas semanales.

Más artículos

De acuerdo al artículo sexto, el Ejecutivo, a través de las dependencias con competencia, “designará a los agentes responsables de constatar las infracciones”, que “podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando ello resulte necesario”.

En caso de constatar la infracción, se labrará el acta correspondiente, que será remitida dentro de las 48 horas, a la Justicia de Faltas para su tratamiento.

En el siguiente punto, indica que los agentes podrán clausurar preventivamente aquellos establecimientos, locales, comercios o inmuebles en general en los que se haya detectado la infracción.

En cuanto a las denuncias, de acuerdo a lo que refleja el artículo séptimo, podrán ser verbales o por escrito “ante cualquiera de las dependencias responsables de la constatación o por los mecanismos dispuestos por la autoridad pública”.

“Las denuncias cuyo origen respondan a trascendidos o rumores, de los cuales el denunciante no pueda dar certeza de su existencia, no obligarán a la autoridad de aplicación ni a las dependencias o agentes responsables de su constatación, a verificar las mismas”, agregó.

Para el juzgamiento de las infracciones dispuestas tendrán competencia los Juzgados de Faltas municipales

En el artículo décimo señala que el producido de las multas será destinado al financiamiento del Sistema Integrado de Salud Pública, mientras que en el decimoprimero crea el Registro del Régimen Contravencional de Emergencia Sanitaria Tandil en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a los fines de “inscribir a las personas que posean condena firme como consecuencia de alguna de las conductas tipificadas y expedir los informes que las áreas municipales pertinentes requieran”.

En la sesión de hoy, el bloque de concejales de Integrar presentará un proyecto de ordenanza para eximir del pago de dos de las tres tasas que gravan la factura de energía eléctrica a los sectores de hotelería y gastronomía. El proyecto surgió luego de la protesta de la asociación que nuclea al rubro por el corte del servicio a siete locales gastronómicos y los cuestionamientos al plan de pagos en 6 u 8 cuotas ofrecido por la Usina.

En plena crisis socioeconómica agravada por la pandemia, los concejales Nilda Fernández y Mauricio D’Alessandro se hicieron eco de los reclamos de la Asociación de Hoteles, Bares, Restaurantes y afines y señalaron que la ciudad “se encuentra en Estadio Rojo, lo cual implica una restricción mayor de circulación de personas y de la actividad comercial, en especial respecto al rubro gastronómico, el cual sólo puede atender al público en lugares abiertos y hasta las 17; y aquellos locales que no cuenten con espacios al aire libre sólo pueden trabajar mediante la modalidad ‘para llevar’ o ‘a domicilio’”.

En tanto, destacaron que “a pesar de esta realidad, la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM ha procedido al corte del suministro de energía eléctrica en algunos locales del rubro gastronómico, aunque luego procedió a la rápida reconexión”.

También manifestaron que “en muchos casos los comerciantes están acumulando deuda por el servicio eléctrico y si bien pueden acceder a planes de pago implementados por la concesionaria del servicio público, cuando puedan retomar la actividad se les hará sumamente oneroso el pago de las facturas atrasadas incluidas en dichos planes de pago y las nuevas facturas con el consumo de ese momento”.

Ante esta compleja situación, aseguraron que “resulta pertinente aliviar la carga tributaria incluida en las facturas del servicio eléctrico; eximiendo a los sectores económicos más afectados por las restricciones impuestas (turismo y afines y gastronomía) del pago de las tasas municipales incluidas en dicha facturación; como así también de los intereses que se le cobran a los usuarios sobre los importes en concepto de las mencionadas tasas”.

En esa línea, indicaron que las tasas municipales “representan el 17,57 por ciento del valor del consumo registrado por los contribuyentes categorizados como ‘1Gc Servicio General Comercial’ tanto ‘Bajo Consumo’ como ‘Alto Consumo’, según información publicada por la propia empresa prestataria”.

Fundamentos y medidas previas

La propuesta de Integrar se funda en la situación socioeconómica suscitada a partir de la declaración como pandemia del coronavirus, que provocó la decisión del Estado nacional de establecer el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio desde el día 20 de marzo pasado.

Para el espacio, en todo el territorio nacional “el ASPO provoca serios perjuicios a diversos sectores económicos que han visto paralizadas sus actividades, no perciben ingresos y deben afrontar distintas obligaciones que componen su costo fijo”.

En los considerandos, el bloque repasó la emergencia sanitaria que decretó la Provincia, con las restricciones a la circulación y a las actividades económicas; además de la sanción de la Ordenanza 16.866 que estableció el estado de emergencia sanitaria en el partido de Tandil, que se extendió hasta el 31 de diciembre por la Ordenanza 16.970.

Además, recordó las medidas tributarias adoptadas para paliar la situación de las pymes, como la suspensión de la aplicación de mínimos para los contribuyentes de la Tasa Unificada de Actividades Económicas de Régimen General y de la aplicación de recargos.

En simultáneo, marcó que los sectores más afectados por las restricciones son el alojamiento, hotelería, camping y turismo aventura. “En ese sentido, mediante la Ordenanza 16.940 se determinó, hasta el 30 de septiembre de 2020, la suspensión de la aplicación de los mínimos de la Tasa Unificada de Actividades Económicas y tributos asociados, prevista en la Ordenanza 16.867, correspondientes al Régimen General, para los rubros cuyo desarrollo resulta imposibilitado en razón de las medidas tomadas por el Estado municipal, en consonancia con lo establecido con el Estado nacional y provincial, en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19), la emergencia sanitaria y al aislamiento social, preventivo y obligatorio”, indicó.

En tanto, la norma también previó la eximición del pago de las tasas Retributiva de Servicios; por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal; de Servicios Sanitarios y tributos asociados de las mismas, a los inmuebles que estén afectados a actividades económicas, con inscripción en la Tasa Unificada de Actividades Económicas, cuyo ejercicio se encuentra suspendido por las medidas administrativas municipales, provinciales o nacionales, por los períodos correspondientes a las cuotas 7, 8 y 9 del ejercicio 2020.

En tanto, consignó que la Ordenanza 16.941 dispuso la exención del pago de las tasas mencionadas a los contribuyentes cuyos inmuebles estén afectados a los servicios de alojamiento, hotelería, camping y turismo aventura (contribuyentes directos el Importe Adicional Destinado al fondo Especial para Turismo, del artículo 97 Bis, inciso 1.a., de la Ordenanza Fiscal vigente), con inscripción en la Tasa Unificada de Actividades Económicas, por los períodos correspondientes a las cuotas 7, 8 y 9 del ejercicio fiscal 2020”.

Por último, el bloque opositor expuso que el sector turístico “es uno de los pilares e impronta fundamentales de la economía y de la cultura de la ciudad”.

No se afecta al Fondo de Ayuda Solidaria

Cabe aclarar que Integrar propone que los hoteles y restaurantes no paguen el porcentaje que se aplica a partir de lo establecido en las ordenanzas 2.505 y 5.791 y sus modificatorias, aunque antiene el concepto por el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), afectado a brindar cobertura de alta complejidad a vecinos que no tienen obra social y a aparatología que demande el Sistema Integrado de Salud Pública.

En el artículo 1, el proyecto de ordenanza promueve la eximición del pago de las tasas municipales establecidas por la Ordenanza 2505 y sus modificatorias y Ordenanza 5791 y modificatorias devengadas durante el período fiscal 2020 y que están incluidas en las facturas del servicio eléctrico emitidas por la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM a los contribuyentes que revisten en la categoría  “1Gc Servicio General Comercial Bajo o Alto Consumo” y que estén inscriptos en la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE) en el rubro “servicios de hotelería y restaurantes”.

En tanto, deja afuera de la medida a los sub rubros “Provisión de comidas preparadas para empresas”; “Preparación y venta de comidas para llevar n.c.p.”, “Preparación y venta de pizzas y empanadas para llevar”; “Preparación y venta de carnes asadas y pollos para llevar”; “Servicios de expendio de comidas y bebidas realizado a través de camiones de comida o carros gastronómicos (Food Trucks)”; “Servicios de expendio de comidas y bebidas realizado a través de camiones de comida o carros gastronómicos (Food Trucks) con ingresos menores a 645.151, 61 pesos anuales”.

Por otro lado, en el artículo segundo exime a los mismos rubros del pago de intereses compensatorios y/o moratorios producidos por el incumplimiento en el pago de las facturas del servicio eléctrico emitidas por la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM, respecto del importe adeudado en concepto de tasas municipales establecidas por la Ordenanza 2505 y sus modificatorias y Ordenanza 5791 y modificatorias devengadas durante el período fiscal 2020 y que están incluidas en las obligaciones señaladas.

Por último, deja en facultad del Departamento Ejecutivo la reglamentación de la ordenanza que tomará estado legislativo en la sesión de hoy.

El bloque de concejales de Integrar presentó ayer un proyecto de resolución que busca la intermediación del Legislativo en el conflicto que mantienen el Círculo Médico de Tandil y IOMA, situación que derivó en que miles de afiliados tandilenses se quedaran sin cobertura en especialidades como traumatología y obstetricia.

Desde Integrar, bloque que componen Nilda Fernández y Mauricio D’Alessandro, expresaron “preocupación respecto al corte de servicio de traumatología y obstetricia que sufren los afiliados del IOMA en nuestra ciudad, a partir de la falta de respuesta satisfactoria a los reclamos efectuados por los profesionales de nuestra ciudad respecto a la actualización de nomenclador, de aranceles y del pago de deuda que mantiene el instituto actualmente”.

Por otra parte, señalaron que buscan instar a la apertura de una mesa de diálogo y negociación ante la posibilidad cierta de que el corte de atención se amplíe hacia otras especialidades.

La resolución, que podría tratarse en la sesión del próximo jueves, en el artículo primero expresa que el pedido al Legislativo “dirigirse al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), expresando la preocupación de este Cuerpo Deliberativo ante el corte del servicio médico en las especialidades traumatología y obstetricia que sufren sus afiliados”.

En segundo término, pretende “instar al mencionado instituto a la instauración de instancias de negociación tendientes a la solución de los reclamos efectuados por el Círculo Médico de Tandil, en relación a la actualización de los aranceles por las prestaciones que realizan, pago de deudas y la reestructuración del nomenclador de prácticas; ante la posibilidad cierta de que el corte de servicios se extienda a otras especialidades”.

Los fundamentos

En los considerandos, Integrar señaló que el “conflicto provoca una lesión al derecho inalienable a la salud de los afiliados a la obra social provincial, ya que actualmente algunas especialidades médicas (traumatología, obstetricia) no están atendiendo a los pacientes por decisión de los propios profesionales; medida que podría extenderse hacia otras especialidades”.

Enfatizó que “hasta el momento, el Círculo Médico ha efectuado reclamos tendientes a la actualización de los aranceles por las prestaciones que realizan, pago de deudas y la reestructuración del nomenclador de prácticas, sin que haya habida respuesta por parte del IOMA”.

Por último, los concejales señalaron que “esta situación es recurrente, pero en el último año se ha profundizado la gravedad de la situación”.

El concejal de Integrar Mauricio D’Alessandro analizó la decisión del Gobierno municipal de implementar un sistema de semáforos para definir el nivel de actividad de la ciudad, de acuerdo a parámetros vinculados a la capacidad operativa del sistema de salud.

En diálogo con “Informadísimas” (Eco TV y 104.1 de El Eco Multimedios), el abogado indicó que recibió la noticia con “prudencia” aunque también con “alegría”, teniendo en cuenta las diversas realidades que existen en la provincia.

En cuanto a la repercusión que cobró la actitud del Intendente en los medios nacionales, consideró que “es algo tan novedoso que sorprende, pero es algo bien simple; es cambiar protocolos de fases que se aplican en lugares extraños a la idiosincrasia y a la realidad socioeconómica tandilense y aplicar semáforos, que es un sistema mucho más complejo, que exige muchas más variables, y en definitiva, para nosotros va a representar un avance”.

En ese sentido, resaltó que el decreto municipal, “que poca gente parece haber leído”, expresa que “hay mucho interés en la salud, que es más importante que la economía y que, incluso, se subordina a la economía, pero dentro de lo que son los protocolos para una ciudad que tiene una realidad absolutamente diferente”.

Los cruces

En cuanto a la posibilidad de que Tandil sufra represalias políticas o económicas, tal como declaró el jefe de Gabinete provincial, consideró que “yo no creo. Para mí fue un exabrupto. Fue un maleducado (Carlos) Bianco ayer (por el lunes). Creo que producto de su inexperiencia, porque es una persona que se maneja correctamente, pero se ve que perdió los estribos”.

Y evaluó que “es imposible que quiera castigar a los tandilenses por lo que hace su jefe comunal. Además, porque la plata no es de ellos, es de todos los tandilenses como de todos los bonaerenses”.

En esa línea, cuestionó “cómo les va a decir a los que están pagando los impuestos para pagar sus sueldos que los va a castigar por lo que piensa el jefe comunal. Después, respecto del tema legal, el decreto es bien claro, no dice que a partir de ahora vamos a privilegiar la economía por sobre la salud. Dice miremos cuántas camas tenemos usadas, miremos cuántos muertos tenemos en Tandil, miremos cómo es la disponibilidad de empleados del sector salud para saber cómo estamos en condiciones de enfrentar la pandemia y usemos un sistema más fino que el de las fases”.

En tanto, resaltó que las fases permitían a los ciudadanos ir a los bares, restaurantes y cervecerías, con un 50 por ciento de ocupación, y no habilitaban los gimnasios con un 25 por ciento.

Entonces, sostuvo que el sistema provincial “es descabellado”, al tiempo que resaltó que el Gobernador y el jefe de Gabinete tienen 135 distritos a cargo.

Sin consecuencias legales

En cuanto a las advertencias sobre posibles consecuencias legales que lanzó el jefe de Gabinete provincial, D’Alessandro señaló que “para que haya alguna responsabilidad legal, lo primero que tendría que haber es decretos que sean legales. Estos decretos de limitaciones de garantías de derechos individuales, de la libertad de trabajar, de transitar, de asociarse, de ambular, es válido del 20 de marzo, pero las sucesivas prórrogas fueron perdiendo legitimidad”.

El letrado argumentó que “bien dice la Constitución Nacional que para limitar libertades individuales es necesaria la intervención del Congreso de la Nación y que decrete el Estado de Sitio, cosa que no sólo no está decretada sino que aún con Estado de Sitio la gente puede elegir irse a vivir al exterior, es decir, no someterse a la potestad del Poder Ejecutivo, y en este caso ni siquiera está permitido salir al exterior porque están cerradas las fronteras”.

Por eso, precisó que “si fuera por la legitimidad del decreto de las cuarentenas, es imposible que un juez lo aplique, porque cualquiera que se quiera defender lo va a hacer diciendo ‘señores, estos DNU no son legítimos, no son constitucionales”.

Es más, añadió que cuando se plantean los procesos judiciales por incumplimiento de la cuarentena, que la Fiscalía Federal de Tandil tiene 3500 casos, se podrán defender con ese argumento.

El bloque de concejales de Integrar presentó un pedido al Departamento Ejecutivo para que tome medidas tendientes a acortar los tiempos de diagnóstico de Covid-19, en momentos en que el número de casos positivos está en ascenso y hay demoras en los resultados de los hisopados que se remiten al Instituto Nacional de Epidemiología “Doctor Juan H. Jara” de Mar del Plata. Al mismo tiempo, durante los últimos días, el Laboratorio de Ciencias Veterinarias-Civetan confirmó que los procesos para la adquisición de reactivos llevan algunos días y que está en condiciones de procesar unas 25 muestras diarias para el Sistema Integrado de Salud Pública.

En principio, el primer artículo del proyecto de comunicación, que tomó estado legislativo el último jueves, expresó que el Legislativo “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para proceder a la instrumentación de las medidas administrativas para la compra de insumos necesarios para la realización de pruebas de detección del virus Covid-19 a realizarse en el Centro de Investigación Veterinaria de la Unicen, en virtud del convenio existente, con la finalidad de evitar posibles demoras en los test por falta de elementos”.

En tanto, el segundo artículo le solicita que “a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para proceder a la suscripción de convenios con los distintos laboratorios existentes en nuestra ciudad para la realización de pruebas de detección del virus Covid-19”.

Emergencia Sanitaria

Los concejales de Integrar fundamentaron que el aumento de los contagios en la ciudad amerita una rápida detección de la enfermedad, “para lo cual se requiere de la disponibilidad de los materiales necesarios para la realización de pruebas”.

Reflejó que el Municipio suscribió un convenio con la Unicen para concretar los test respectivos en el Laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias  y Centro de Investigación Veterinaria (Civetan), a través del cual la casa de estudios proveería los insumos que abona el Municipio.

En tanto, tal como informó este Diario, los legisladores marcaron que “se ha producido un retraso en la provisión de dichos insumos”, que tuvo su origen en las demoras del Municipio para confirmar la extensión del convenio y en los procesos de compra que debe cumplir la universidad pública, con concursos de precios y otras formalidades.

Desde Integrar, recordaron que “la Ordenanza 16.866 que declaró la emergencia sanitaria en nuestro distrito, autorizó la ampliación de partidas presupuestarias para afrontar la contingencia, como así también se procedió a la desafectación de fondos con la misma finalidad (arts. 7, 8 y 9)”.

Por ese motivo, expusieron que “resulta pertinente la instrumentación desde el propio Estado municipal del procedimiento administrativo para la compra de los elementos necesarios; a fin de evitar demoras en la realización de las pruebas sanitarias”.

En tanto, señalaron que “por el mismo motivo, también se solicita que se arbitren los medios pertinentes para suscribir convenios con los laboratorios privados existentes para la realización de los referidos test”.

La extensión del acuerdo

En la sesión del 13 de agosto, el Legislativo había convalidado dos convenios firmados por el intendente Miguel Lunghi y el rector de la Unicen Roberto Tassara para la extensión, por cuatro meses, del acuerdo con el Laboratorio de Virología de la Facultad de Veterinaria que procesa las muestras de Covid-19 y, por tres meses, con el Pladema, para el desarrollo y mantenimiento de la aplicación que asiste al diagnóstico y seguimiento de pacientes.

“Esto tiene que ver con el plan de abordaje y de enfrentamiento de esta pandemia por parte del Municipio de Tandil”, expresó por entonces el presidente de la Comisión de Salud Luciano Grasso.

“Esto tiene que ver con las distintas acciones estratégicas que se vienen desarrollando en relación a la pandemia. Sabemos que una de las principales acciones tiene que ver con tratar de evitar los contagios y por eso, las distintas actividades que se han desarrollado en relación al cumplimiento del aislamiento y ahora del distanciamiento social obligatorio”, dijo.

Grasso consideró como “una de las acciones fundamentales” que se realiza en Tandil y tiende a evitar la propagación del virus “el rastreo, testeo oportuno y aislamiento”.

“Estos dos convenios claramente nos ubican en una ventaja comparativa en relación a los otros municipios, tanto en lo que tiene que ver con poder tener un testeo oportuno y rápido, y en ese sentido la inversión de 1,5 millones de pesos en este acuerdo con el Laboratorio de Virología de la Universidad y esto nos da la posibilidad de tener gran parte de los testeos que se realizan con resultados diarios en Tandil. Sabemos muy bien que una parte de los testeos se sigue haciendo en el instituto INE Jara de Mar del Plata”, expuso.

El concejal detalló que hasta mediados de agosto se habían concretado unos 400 testeos, pero el número creció de manera exponencial a partir del brote que se registró en la ciudad. “En ese sentido, lo que estamos aprobando es la continuidad de este convenio por cuatro meses más”, refirió.

De este modo, el Legislativo convalidó el acuerdo para que el SISP siga enviando muestras al Laboratorio de Virología. En las semanas siguientes, en pleno brote, el equipo de virólogas procesó gran cantidad de muestras, lo que llevó a que se terminaran los insumos. Tras concretar la compra, por estos días aguardan la recepción de los reactivos.

La concejal Nilda Fernández, una de las voces que más reclamó que el secretario de Protección Ciudadana brindara informes ante el Legislativo, compartió sus impresiones sobre el encuentro que se extendió por unas tres horas. Como balance, resaltó que mantuvieron una conversación madura, donde los legisladores pudieron obtener información de primera mano sobre las políticas del área. Además, consideró que Atilio Della Maggiora “entendió perfectamente” que la ordenanza establece que debe subir cada tres meses y que quedó “saldada” la discusión, por lo cual confía en que respetará el canal de diálogo que se restableció el último miércoles.

La referente de Integrar contó que en el principio del encuentro le preguntaron los motivos por los cuales demoró un año para dar informes al Concejo y se escudó en el trabajo que generó la pandemia. “Lo más importante era que nosotros necesitábamos información y si él como secretario venía a la Comisión de Derechos Humanos y nos planteaba que estaba desbordado de trabajo y no podía hacer el informe pero estaba dispuesto a responder algunas preguntas, nosotros no hubiésemos tenido ningún inconveniente”, sostuvo y recalcó la importancia de mantener el diálogo.

Agregó que “somos conscientes de lo que está pasando, de la situación que estamos viviendo, pero consideramos que no había voluntad de subir al Concejo Deliberante para hablar con nosotros. Nunca le pedimos que nos traiga un Power Point, que esté dos horas explicando, ni mucho menos; le pedíamos que suba, que haga su informe y después le hacíamos preguntas, y así fue la reunión”.

Resumió que “fue una reunión buena” y evaluó que el funcionario entendió que tiene que cumplir con la ordenanza que, incluso, votó otra conformación. “Yo no estaba cuando se creó la Secretaría de Protección Ciudadana”, resaltó y aclaró que “tiene que cumplir como todos los funcionarios y máxime él que está alcanzado por esta ordenanza”.

No aflojar en los controles

Nilda Fernández explicó que “había muchas cosas para charlar porque había habido marchas y contramarchas en los controles, en cuestiones que no se ponían de acuerdo los funcionarios al principio” e indicó que ante las preguntas de los concejales, “nos respondieron absolutamente todo”.

Además, reseñó que en este momento unas cien personas trabajan en los tres puestos sanitarios ubicados en las rutas, a quienes voluntarios de Cruz Roja les preparan las comidas, con una dieta balanceada, en las instalaciones que cedió Apymet.

La legisladora valoró que Protección Ciudadana y la Cooperativa Vial estudiaron los más de treinta caminos de tierra por los que se puede ingresar a Tandil y determinaron cerrar 26 accesos de 36, con la maquinaria de la entidad.

En cuanto a los conflictos que se suscitan, expuso que “sabemos que hay gente que entra a la ciudad con mentiras y que circula con un permiso y que viene a hacer otra cosa. Esto lo tenemos clarísimo y sabemos que dentro de todo, en Tandil está bastante contenido este tema”.

En ese aspecto, pidió que “no nos relajemos en este momento, sigamos siendo estrictos con los controles” y marcó que “ellos nos plantean que hay una realidad, que no se puede controlar absolutamente todo porque a veces saben que están mintiendo cuando entran con un certificado, pero si no lo pueden comprobar, los tienen que dejar pasar. Tiene que ver con lo legal, entonces eso no lo pueden manejar”.

Por otra parte, reconoció que “las cosas se están haciendo bien”, en relación a la cantidad de semanas que la ciudad se mantuvo en Fase 5. En resumen, marcó que “no es un colador, como dicen algunos que entra gente por todos lados, y tampoco es verdad que no dejan pasar a nadie”.

La concejal reiteró que “son cuestiones que necesitamos estar informados porque nos preguntan. Tampoco puede ser que nos tengamos que enterar por los medios de comunicación. Me parece que estos espacios de diálogo los tenemos que mantener, porque son sanos y democráticos”.

Nueva plataforma

Por otra parte, informó que les adelantaron que en 15 días van a tener una nueva plataforma que conecte el Sistema Integrado de Salud con Protección Ciudadana.

“Hay mucha gente que viene al médico a Tandil, mucha gente que tiene turnos y mucha gente que presenta los certificados con los turnos y no viene al médico. Eso también lo han podido comprobar. Si están conectados con los médicos y el Sistema Integrado de Salud, directamente pueden saber si es real o no el certificado”, aclaró.

Contrato “leonino”

En relación al convenio con FiberCorp por la extensión de la fibra óptica e instalación y mantenimiento de las cámaras, informó que lo están renegociando desde el año pasado. “No nos pudieron dar más detalles hasta la semana que viene, que seguramente van a cerrar esto y lo van a elevar al Concejo Deliberante para que tomemos conocimiento. También es verdad que durante todo el 2020 no han pagado las cuotas”, informó.

Desde su óptica, con cuotas que superan los 73 mil dólares mensuales, “es impagable, es leonino ese contrato. No se puede pagar y mucho menos en esta época de pandemia”.

Otra de las consultas de la concejal fue por el estado de la construcción y están esperando que la Secretaría de Economía libere una orden para continuar con la obra, que se encuentra en estado avanzado.

A futuro

Por otra parte, la referente de Integrar contó que “quedamos comprometidos para fijar una fecha para visitar el Centro de Monitoreo porque han incorporado nueva tecnología” y señaló que la presidenta de la comisión se encargará de coordinar.

“También quedamos en que por ahí, mientras dure esta pandemia que sabemos que están trabajando muy fuerte, podemos espaciar y hacer cada 4 ó 5 meses estos informes , y podemos levantar un teléfono también y ponernos de acuerdo”, alentó.

Desde su óptica, el funcionario “tiene que venir al Concejo Deliberante y creo que lo entendió perfectamente porque fue lo primero que le planteé. Esto no es una rivalidad, no es un capricho que tenga que venir a dar explicaciones. Me parece buenísimo que hayamos podido saldar esto, que haya entendido cómo es la situación y la realidad, y que nosotros tenemos que estar informados. Espero que se haya saldado esto y no tengamos que estar dentro de 6 meses otra vez diciendo que suba al Concejo Deliberante”.

Por último, afirmó que es su intención “mantener la vía institucional” y sostuvo que es “fundamental” la participación de los funcionarios del Ejecutivo en las comisiones.

En simultánea, el bloque Integrar presentó otro proyecto de resolución por medio del cual le solicita al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires la reapertura de su oficina de atención al público en Tandil.

“En los últimos días se incrementó el número de reclamos que recibimos por parte de la gente que no encuentran respuesta de la oficina del IPS Tandil, ya que permanece cerrada desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio el 20 de marzo”, indicaron desde la bancada integrada por los concejales Nilda Fernández y Mauricio D’Alessandro.

Los reclamos más recurrentes apuntan a que ciertos trámites requieren la atención personalizada y que no puede resolverse mediante la vía virtual implementada por el organismo como alternativa para paliar la situación, explicaron.

“Nos parece que, mientras transitamos por la Fase 5 y las oficinas paulatinamente han comenzado con la atención presencial, el IPS no puede ser la excepción ya que realiza trámites tan sensibles como jubilaciones, pensiones, etc.”, insistieron y remarcaron que, luego de más de 100 días sin actividad, “los vecinos merecen una respuesta”.

El bloque Integrar presentó ayer un proyecto de decreto por medio del cual convoca al secretario de Protección Ciudadana, Atilio Maggiora, a que brinde el informe que trimestralmente está obligado a realizar en los términos de la ordenanza 13.843 y advirtió que, de persistir con el incumplimiento, “lo citaremos de otra manera”.

La propuesta fue presentada sobre tablas por la concejal Nilda Fernández, que en duros términos cuestionó la actitud del funcionario público y reclamó su presencia en el primer piso de la municipalidad, más aún en medio del contexto actual de emergencia sanitaria, el rol que cumple el personal de las áreas que dependen de esa estructura y los hechos que trascendieron en las últimas semanas sobre personas provenientes de Almirante Brown.

“El secretario tiene la obligación, por ordenanza, de asistir al Concejo Deliberante a dar explicaciones cada tres meses. En agosto hace un año que no se digna a subir a hablar con los concejales y dar las explicaciones que tiene que dar”, expuso la compañera de bloque de Mauricio D’Alessandro.

Para marcar una diferencia con la actitud del titular de la dependencia, Fernández hizo referencia en el recinto a las reuniones que semanalmente mantienen los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Salud con el presidente y vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Gastón Morando y Matías Tringler, en el marco de la emergencia sanitaria.

“No es necesario citarlos sino que siempre están dispuestos”, destacó, y mencionó también la predisposición del secretario de Economía, Claudio Biset, y el de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Vivienda, Luciano Lafosse, de responder ante el tratamiento de determinados temas que demandan la explicación de los responsables.

“El único secretario que está alcanzado por ordenanza y tiene obligación de subir al Concejo y no lo hace”, enfatizó la edil desde su banca apuntando nuevamente al funcionario público.

La citación se realizó en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades que, entre los deberes del Ejecutivo, señala “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno o sea llamado por decreto del cuerpo, con una antelación de cinco días para suministrar informes”.

“La falta de concurrencia del intendente o secretarios cuando haya sido requerida su presencia por decreto o la negativa de ellos a suministrar la información solicitada será considerada falta grave”, agrega la normativa.

En consecuencia, la concejal de la oposición advirtió que, “si el secretario no sube, lo citaremos de otra forma”.

El artículo sexto de la ordenanza 13.843 que regula el sistema integrado de Protección Ciudadana establece que “trimestralmente el Departamento Ejecutivo presentará, por escrito de manera personal a través del responsable del área, a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante, un informe del estado del Sistema de Protección Ciudadana y simultáneamente lo publicará en el sitio web oficial del Municipio”.

El proyecto de decreto

En detalle, el documento que tomó estado legislativo, en el artículo primero cita al secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora en los términos del artículo 108, inciso siete, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, para que brinde explicaciones referentes a “motivos por los cuales incumple con la obligación establecida en el artículo 6to. de la ordenanza 13.843; el estado de situación en los controles sanitarios ubicados en los accesos a la ciudad”, en cuanto al personal afectado, protocolo de actuación, autorizaciones de ingreso ante casos dudosos.

Además, pide que informe “si existe un registro de personas foráneas que poseen alojamientos vacacionales y/o casas de fin de semana en la ciudad, idéntica información respecto a titulares de campos aledaños a Tandil; controles efectuados respecto a las personas que ingresan a nuestra ciudad; controles realizados en alojamientos y locales de gastronomía; todo otro asunto que fuera considerado relevante por los concejales”.

Los argumentos del proyecto

El proyecto de decreto toma como punto de partida el artículo 108, inciso siete, de la Ley Orgánica de las Municipalidades que establece como deber del Departamento Ejecutivo “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno, o sea llamado por decreto del cuerpo, con una antelación de cinco días para suministrar informes”, y el artículo 134 del reglamento interno del Concejo Deliberante.

Y plantea como argumento que, en el marco de esa normativa que faculta al Deliberativo a  citar a los secretarios del Ejecutivo a brindar informes, el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora “incumple con lo establecido por la ordenanza 13.843 referente a su obligación de brindar -personalmente- informes trimestrales  referidos al estado del sistema” de seguridad implementado.

Para la bancada, esta circunstancia recobra especial importancia en función del contexto actual y la vigencia de la emergencia sanitaria decretada por la pandemia del Covid-19. En ese marco, se implementaron puestos sanitarios en los accesos a la ciudad bajo el control de efectivos policiales y personal municipal de áreas dependiente de Protección Ciudadana.

“Estos controles resultan esenciales para mantener a la localidad libre de contagio, registrándose más de 70 días en los cuales no se han detectado casos de contagio”, cita el proyecto presentado.

En efecto, resulta “imprescindible” conocer los distintos aspectos relativos al “control de ingreso de personas foráneas, procedimientos que se realizan, y protocolos de actuación ante casos puntuales que pueden generar debates que luego se hacen públicos y provocan confusión y preocupación a los vecinos”.

En ese sentido, el documento señala, a modo de ejemplo, que “en los últimos días se suscitaron denuncias por parte de personal afectado a los controles respecto al ingreso de personas proveniente de la zona del AMBA (en la cual hay circulación comunitaria del virus), circunstancia no aclarada satisfactoriamente por los funcionarios responsables”.

Y además suma que, a partir de la Fase 5 de distanciamiento social preventivo y obligatorio, se avanzó en la apertura de “bares, cafetería, restaurant y todo tipo de local gastronómico, para lo cual se dispuso un protocolo de actuación, como así también para los lugares de alojamiento (hoteles, cabañas, etc.)”.

Como argumento para sustentar el pedido también cita que la declaración de emergencia sanitaria dispuesta por ordenanza 16.866 incluyó la autorización para la desafectación de fondos disponibles y modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal vigente, aspectos que “realza la necesidad de contar con la información necesaria”.

El bloque de concejales de Integrar le reclamó al Departamento Ejecutivo que realice gestiones para resolver los peligros para el tránsito que genera la polémica rotonda de la Ruta Nacional 226 y Reforma Universitaria, escenario de decenas de vuelcos de camiones desde que se inauguró, hace 8 años. Mientras se define un proyecto para modificar la traza o se evalúa concretar las obras, instó a solicitar que se coloque un cartel de señalización que advierta sobre la peligrosidad del distribuidor.

A partir del último vuelco, ocurrido el lunes pasado, y ante la preocupación por los accidentes que se reiteran en el acceso al Campus, la bancada que conforman Nilda Fernández y Mauricio D’Alessandro presentó un proyecto de comunicación que tomará estado legislativo mañana.

En el artículo primero, la iniciativa expresa que el Concejo Deliberante “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para solicitarle a la Dirección Nacional de Vialidad la realización de obras de ensanche y modificación del peralte existente en la Ruta Nacional 226 en su intersección con Reforma Universitaria, como medida necesaria para la prevención de accidentes de tránsito”.

En tanto, el segundo artículo establece que el Legislativo “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, solicite a la mencionada dirección la colocación de carteles indicadores con la leyenda ‘rotonda peligrosa’ o de similar tenor en inmediaciones del referido cruce”.

Vuelcos reiterados

A pesar de ser relativamente nueva, la rotonda ubicada en Ruta Nacional 226 y Reforma Universitaria es conocida por la frecuencia de los accidentes de tránsito, protagonizados principalmente por vehículos de gran porte.

En ese sentido, los concejales citaron el último incidente vial, que se registró el lunes pasado y que involucró a un camión que circulaba en sentido Balcarce-Tandil. El equipo, que transportaba alpiste, se tumbó en pleno distribuidor.

Como consecuencia del vuelco, la carga que llevaba la unidad de gran porte se derramó sobre la banquina, del mismo modo que ocurrió en decenas de ocasiones desde la inauguración de la rotonda, en 2011. Por fortuna, no hubo heridos. Tampoco se interrumpió el tránsito debido a que el alpiste cayó sobre el pasto.

“Preocupante”

 En los considerandos, los ediles de Integrar advirtieron que “la situación se torna preocupante, atento a la frecuencia habitual de los vuelcos registrada en un sector de alto tránsito de vehículos”.

En ese sentido, remarcaron que “las características de la traza de la vía nacional contribuye al acaecimiento de los incidentes de tránsito, ya que el peralte de la ruta es inverso al adecuado, pues el borde interior posee una altura mayor que el exterior; circunstancia notable en la mitad de la calzada correspondiente al sentido de circulación sudeste-noroeste”.

Sumado a eso, repararon en que “la calzada es angosta, con lo cual dificulta –aún más- la circulación de los vehículos pesados y constituye otro elemento que coadyuva a la posibilidad de nuevos accidentes”.

Por ese motivo, expresaron que “concomitantemente, surge pertinente la colocación de carteles indicadores respecto de la peligrosidad de la rotonda”.

En la última sesión legislativa, el bloque de concejales de Integrar realizó un pedido al Departamento Ejecutivo para que resuelva los problemas que acarrea el ingreso de los proveedores de mercaderías que arriban a la ciudad. En concreto, solicitó crear un espacio para el trasbordo de cargas y de no ser posible, colocar cabinas sanitizantes para evitar los riesgos que generan las personas autorizadas para entrar a la ciudad.

Desde Buenos Aires y en cuarentena tras la confirmación de que su esposa Mariana Gallego contrajo Covid-19, el concejal Mauricio D’Alessandro expuso que el proyecto de comunicación, que tomó estado legislativo, propone  la “creación de un polo logístico” y fundamentó que “como consecuencia de la emergencia de la pandemia, hay dificultades para el ingreso de mercadería a Tandil”.

A través del sistema remoto dispuesto por el Legislativo para que pueda ser parte de las sesiones, agregó que “la propuesta es crear un polo de transferencia, donde los camiones que llegan desde otros lugares del país y la provincia depositen mercadería que pueda ser trasladada posteriormente, con las medidas de seguridad, a la ciudad”.

En el artículo primero, la iniciativa expresa que el Concejo Deliberante “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para implementar una Zona Franca de trasbordo de mercadería que deba ingresarse a nuestra ciudad, implementado un protocolo de actuación que garantice el menor contacto posible entre el transportista foráneo con las personas afectadas a las tareas de carga y descarga que habitan nuestra localidad”.

En segundo lugar, propone que “en caso de imposible cumplimiento de las medidas solicitadas en el artículo anterior, el Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo disponga la colocación de cabinas sanitizantes y toda otra medida necesaria para minimizar el riesgo de ingreso y circulación comunitaria del coronavirus (Covid-19) en esta ciudad”.

Los argumentos

La idea partió tras considerar los puestos de control sanitario que funcionan en los diferentes accesos por ruta a Tandil, que fueron dispuestos por el artículo 10 de la Ordenanza 16.866 a partir de la Declaración de Emergencia Sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

En tanto, el bloque remarcó que actualmente esta ciudad se encuentra en la Fase 5, lo que implicó permisos para ampliar las actividades económicas con respecto a las excepciones previstas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).

“Esta situación sanitaria constituye una realidad dinámica, en constante evolución, que amerita continuar con las medidas preventivas para mitigar la propagación del virus; so pena de volver a un contexto más restrictivo, con los consiguientes perjuicios que ello acarrearía (económicos, emocionales, de salud mental, etc.)”, consideraron.

En esa línea, definieron como “fundamental” el enorme esfuerzo que se realiza en los controles sanitarios, limitando el ingreso a Tandil de todos aquellos que no presentan motivos de fuerza mayor o realizan actividades esenciales.

Pese a ello, expusieron que “los controles impuestos no deben provocar el desabastecimiento de mercaderías esenciales para mantener viva la actividad económica local”.

Ante esa situación, expresaron que “resulta necesario implementar una zona de transferencia que garantice el ingreso de mercaderías y/o insumos requeridos; o establecer medidas más estrictas respecto a las personas afectadas al transporte de carga que quieran ingresar a nuestra ciudad, como así también sobre los automotores afectados a dicha actividad”.

Por último, frente a una negativa del Ejecutivo sustentada en cuestiones presupuestarias, brindó un plan alternativo y pidió que “ante la imposibilidad de llevar adelante lo propuesto, resultará necesario la colocación de cabinas sanitizantes y/u otras alternativas, de forma tal, de mantener ‘blindada’ a nuestra localidad del ingreso del virus y su propagación comunitaria”.

El Concejo Deliberante atendió la realidad de los jardines maternales privados de la ciudad, que enfrentan una difícil situación por la suspensión de clases y la deserción de los alumnos, que van desde los 45 días a los 2 años. Sobre tablas y por unanimidad, aprobó una resolución impulsada por el Bloque Integrar para solicitarle al Ministerio de Educación alguna medida de apoyo tendiente a solventar los salarios de los docentes. La pérdida de ingresos está ligada a la merma en la matrícula que ya superaría el 50 por ciento.

A partir de la resolución, el Legislativo acordó dirigirse al Ministerio de Educación de la Nación para que “arbitre los medios pertinentes para instituir un régimen de ayuda económica a los establecimientos educativos de gestión privada del Nivel Inicial que atienden a los menores desde los 45 días, incluyéndolos dentro del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción u otro plan de similares características, mientras se encuentre vigente la emergencia sanitaria por coronavirus dispuesta por DNU 260/20”.

En el encuentro legislativo, Nilda Fernández explicó que recibieron una nota de representantes de jardines maternales que plantearon la crítica situación que enfrentan ante la reducción del número de alumnos. Además, señaló que referentes del sector se reunieron con el jefe de Gabinete Oscar Teruggi, pero “sabemos que el Municipio no le puede dar respuesta a todo”.

En ese sentido, el concejal del Frente de Todos Rogelio Iparraguirre expuso que el Gobierno nacional incluyó a los colegios privados de todos los niveles educativos en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y confirmó que ya fue publicado el decreto en el Boletín Oficial, con el número 747/2020.

En cuanto a las demoras del Gobierno nacional para brindar algún tipo de ayuda, el legislador señaló que en principio se iba a otorgar un subsidio a través del sistema educativo, pero ante las demoras, el 12 de mayo, salió la resolución para que los colegios privados ingresen al ATP, por el cual el Estado nacional paga el 50 por ciento de los salarios a los trabajadores de las empresas que acceden.

Realidad “crítica”

Entre los fundamentos del proyecto, Integrar mencionó que los jardines maternales y establecimientos de Nivel Inicial de gestión privada se han visto afectados por la política de aislamiento social y hasta el momento no han sido beneficiados con medidas paliativas.

Destacaron que estas instituciones “han visto mermada su matrícula habitual”, debido a la suspensión de las actividades educativas y peligra su sostenimiento ante la deserción de los alumnos, ya que no se trata de un nivel educativo que no es obligatorio.

Los legisladores marcaron que “ante la incertidumbre respecto de la fecha de reanudación de las clases, la situación en estos centros educacionales se torna sumamente crítica, poniendo en riesgo la continuidad de los mismos y la fuente laboral de 500 docentes y a 2400 alumnos aproximadamente”.

Además, reseñaron que propietarios y representantes legales de los establecimientos educativos se han dirigido al Concejo para solicitar medidas tendientes a paliar la situación.

En tanto, la Ley 27064 reconoce a los establecimientos de referencia como integrantes del sistema pedagógico, ubicándolos dentro del Nivel Inicial y sometiéndolos a la supervisión estatal, encomendando al Ministerio de Educación y a cada una de las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones la tarea de contralor.

Por ese motivo, analizaron que “resulta pertinente solicitar al Ministerio de Educación de la Nación que arbitre las medidas tendientes a implementar un régimen de ayuda económica a los jardines maternales y otros establecimientos de Nivel Inicial de gestión privada -debidamente registrados- que atiendan a la educación de los menores desde los 45 días mientras dure la emergencia sanitaria por Covid-19 dispuesta por el Estado nacional”.

El contexto

La resolución legislativa se basó en situación socioeconómica suscitada a partir de la declaración de la pandemia del coronavirus, que provocó la decisión del Estado nacional de establecer el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio, desde el día 20 de marzo.

En tanto, consideraron que la cuarentena decretada en todo el territorio nacional provoca serios perjuicios a diversos sectores económicos que han visto paralizadas sus actividades, no perciben ingresos y deben afrontar distintas obligaciones que componen su costo fijo.

Además, destacó que el Estado ha debido implementar mecanismos de ayuda para paliar las situaciones que se presentan a través de subsidios, diferimientos de pago de las obligaciones tributarias, pagos complementarios al salario, etc. Así,  mediante el decreto 332/20 instituyó el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción.

Los concejales de Integrar presentaron un proyecto de comunicación para pedirle al Departamento Ejecutivo que gestione ante el Ministerio de Seguridad para que Tandil no pierda la Departamental de Policía, que sería unificada con la de Azul, al decir de declaraciones periodísticas. El bloque argumentó que la resolución adoptada por Sergio Berni “supone una lesión en materia de prevención y persecución del delito y un resentimiento del servicio de seguridad”.

El artículo primero de la iniciativa establece que el Concejo Deliberante “vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, arbitre los medios pertinentes para manifestarle al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la preocupación del Gobierno municipal ante la posible disolución de la Jefatura Departamental Tandil de Policía, ya que supone una lesión en materia de prevención y persecución del delito, y un resentimiento del servicio de seguridad en nuestra ciudad ante la falta de un organismo de control y coordinación de esfuerzos y recursos presente en el campo de acción; solicitándole –asimismo- la suspensión de la medida de cierre prevista”.

En segundo término, también pide que “se comunique con los municipios de Rauch, Ayacucho y Benito Juárez solicitando la manifestación de voluntad en idéntico sentido”.

Los concejales Nilda Fernández y Mauricio D‘Alessandro expresaron preocupación por las declaraciones periodísticas que realizó el ministro Berni, el viernes pasado, en su visita a Olavarría. En esa oportunidad, en diálogo con el portal En Línea Noticias, el funcionario expuso que la unificación de la dependencia de Tandil con la Departamental de Azul “no se está pensando sino que ya se ha materializado”.

Además, el ministro expuso que “ya se han hecho las divisiones de las secciones dentro de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver más con una coincidencia y superposición de los Departamentos Judiciales que tiene la provincia para ejercer de manera más fluida por sobretodo la tarea administrativa que tiene la policía”.

Los ediles de Integrar señalaron que en su visita a esta ciudad, que se concretó el jueves 23, el ministro no manifestó su decisión, que desde su óptica “resentiría el servicio de seguridad en nuestra ciudad”.

Los argumentos

En los considerandos del proyecto, Integrar expuso que la Jefatura Departamental de Policía es un órgano de “suma importancia para la seguridad ciudadana”, teniendo en cuenta que él artículo 28 de la Ley 13.482 le asigna -entre otras- la función de “controlar el normal funcionamiento de las policías comunales y de distrito existentes en el ámbito de su jurisdicción, y el cumplimiento de los planes de seguridad de las policías comunales diseñados por los señores intendentes, sin interferir en las órdenes de servicio emitidas por éste”.

Además, citó como otras misiones, que debe “coordinar el accionar de las policías de distrito entre sí, y con las policías comunales”; “elaborar y presentar un plan anual de prevención de delitos, faltas y/o contravenciones”; “organizar y conducir el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) para la atención de contingencias y en apoyo de las policías de distrito, y de las policías de seguridad comunal”; “identificar la problemática de la jurisdicción; en especial, factores de riesgo, situaciones de conflictividad social y áreas de mayor vulnerabilidad”; y “coordinar con la Subsecretaría de Participación Comunitaria el trabajo entre la departamental y los foros de seguridad en todos sus niveles”.

Sumado a las funciones, expuso que de la Departamental dependen la Jefatura de Seguridad Distrital, la Policía de Seguridad Comunal y los Comandos de Patrulla, que tienen a su cargo la prevención del delito, así como toda tarea tendiente a hacer cesar la comisión de un delito o sus consecuencias posteriores, recibir denuncias, efectuar vigilancias, etc.

En el territorio

“La supresión de la Jefatura Departamental Tandil supondría un retroceso en materia de seguridad para nuestro distrito y los partidos de Rauch, Ayacucho y Benito Juárez”, agregó Integrar en los considerandos.

Y consignó que “la formulación de planes de trabajo requiere el conocimiento del campo de acción, lo cual permitirá una formulación posible, eficaz y exenta de expresiones de buena voluntad; a la vez que requerirá de una coordinación adecuada”.

Por otra parte, destacó que uno de los principios de la Ley 13482 es la descentralización y desconcentración operativa de la Policía, teniendo en cuenta “índices criminológicos y la frecuencia delictiva” (artículo 7).

En cuanto a la situación local, sostuvo que “en nuestra ciudad se registra una constante demanda de mayores medidas de seguridad por parte de los vecinos, verificándose una mayor comisión de delitos en algunas zonas puntuales (Cerro Leones, La Movediza, barrio Maggiori, zona rural, etc.)”.

El Departamento Judicial

Al analizar los dichos de Berni, el bloque  consideró que “el argumento de estructurar la Policía con un organigrama coincidente con la organización judicial deviene insuficiente e inadecuado en nuestro Departamento Judicial, en donde Tandil cuenta con la mayor cantidad de habitantes y por ende, mayor conflictividad”.

En tanto, puso en relieve que “justamente el Departamento Judicial Azul es el que mayor descentralización ha observado, siendo nuestra ciudad junto con Olavarría designada sede de numerosos órganos judiciales de primera instancia en los diversos fueros (Civil y Comercial, Penal, Familia, Laboral, etc.)”; y reseñó que “específicamente en el ámbito penal, Tandil cuenta con un Tribunal Criminal, un Juzgado Correccional, 2 Juzgados de Garantías, 1 Juzgado de Garantías del Joven y varias Unidades Fiscales Descentralizadas y Defensorías Descentralizadas”.

Por tanto, el bloque entendió que “resulta pertinente expresar nuestra preocupación al respecto; como así también comprometer a los distintos municipios afectados a manifestarse en sentido coincidente al propuesto, de forma tal de que la autoridad actuante visualice la problemática y deje sin efecto la decisión adoptada” y señaló que es “imprescindible la participación del Departamento Ejecutivo en pos de gestionar la permanencia de la Jefatura Departamental, atento el rol que tiene el señor Intendente en materia de seguridad”.

En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, el Concejo Deliberante volverá a sesionar para avanzar con el tratamiento y eventual aprobación de una serie de iniciativas vinculadas al contexto actual.

En principio, existe acuerdo entre las fuerzas políticas de llevar adelante un encuentro legislativo, cumpliendo con las restricciones y medidas preventivas correspondientes, pero aún no definieron la fecha de la convocatoria.

Por el momento, el Frente de Todos presentó tres proyectos de ordenanza que buscan responder a la preocupación de los titulares de los comercios de los rubros no esenciales durante la cuarentena en cuanto al pago de los servicios y los alquileres.

El bloque de Juntos por el Cambio impulsará una serie de propuestas vinculadas al escenario actual, además de los expedientes que podría elevar el Ejecutivo.

Para el presidente de la bancada oficialista, Mario Civalleri, resulta “bastante complicado” desarrollar un encuentro la semana entrante en función de los plazos para estudiar las iniciativas. “Los proyecto del Frente de Todos ingresaron el viernes, con lo cual ningún concejal los conoce. El lunes se distribuirán a las comisiones y los iremos viendo”, repasó.

Lo cierto es que el lunes pasado, la presidencia del cuerpo legislativo retomó las funciones con actividad limitada y con personal reducido, para habilitar la recepción de proyectos de ordenanza y expedientes al cumplirse un mes de las restricciones implementadas por el Estado municipal, provincial y nacional.

En ese marco, el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y los máximos representantes de los bloques políticos, Mario Civalleri (Juntos por el Cambio), Rogelio Iparraguirre (Frente de Todos) y Nilda Fernández (Integrar), volvieron a reunir la Comisión de Labor Parlamentaria para avanzar en cuestiones relativas al funcionamiento del Departamento Legislativo en el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio.

En ese ámbito, que coincidió luego con una reunión con comerciantes que transmitieron su preocupación ante el contexto actual, acordaron implantar un mecanismo para que los expedientes que se presenten no deban tomar estado legislativo tras su ingreso en una sesión “y sean directamente asignados a la comisión legislativa que corresponda, como se hace durante los períodos de sesiones extraordinarias”, explicó Frolik.

La iniciativa busca evitar la acumulación de expedientes, que los asuntos puedan desenvolverse lo más rápido posible, aún en el marco de restricciones de contacto social que rigen en la actualidad, y que las comisiones se sigan reuniendo de manera remota con miras a una eventual sesión prevista para la semana entrante.

“Preparar el escenario”

En diálogo con El Eco de Tandil, el presidente del bloque Juntos por el Cambio, Mario Civalleri, ratificó la decisión de retomar la actividad respetando las disposiciones vigentes y anticipó que trabajan en una serie de iniciativas vinculadas a la emergencia sanitaria, que serían presentadas este lunes para que tomen estado legislativo.

En principio, repasó el avance que se logró la semana pasada a partir de la reunión en Presidencia y las decisiones que se acordaron en materia de trámites legislativos, como “preparando el escenario para una sesión, posiblemente, de manera presencial”.

Para llevar a cabo el encuentro, se podría utilizar un espacio alternativo como el Salón Blanco o en el mismo recinto, “utilizando el sector de la barra para cumplir con la distancia prudencial y poder funcionar”.

El concejal del oficialismo evitó adelantar una fecha en que se llevará a cabo la sesión y lo limitó al tratamiento de los temas en comisión para que puedan alcanzar un dictamen.

“Antes se tiene que dar un debate en comisión de cada propuesta”, dijo y opinó que demandará algunos días para volver a sesionar. “Existe predisposición y decisión de avanzar en ese sentido”, aseguró y aclaró que “acordamos concentrar aquellos temas que tengan relación con la pandemia o con la situación económica vinculada a la pandemia”.

Volver a sesionar

Por su parte, el presidente del bloque del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, que había insistido con la necesidad de retomar la actividad legislativa en coincidencia con otros concejales, repasó que  “resolvimos en Labor Parlamentaria un mecanismo para que los proyectos tomen estado legislativo, con una interpretación de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.

Este avance fue “importante” dado que permitió “acelerar los tiempos y como los proyectos tienen que ver con esta situación que estamos atravesando no tenía sentido seguir dilatando los tiempos”.

Y acordamos “tener una sesión, que podría ser este jueves”, respetando los protocolos sanitarios vigentes en el marco de la pandemia.

De llegar con los tiempos, la expectativa de la bancada opositora es darle tratamiento a una serie de iniciativas presentadas recientemente que contienen medidas para afrontar el esquema actual para los comercios no esenciales que desde hace un mes se encuentran sin actividad.

Las propuestas están vinculadas con los alquileres y el pago de las facturas de luz, con un esquema que incluye a la Usina Municipal y Popular de Tandil SEM, y se sumarán otros dos.

Líneas de acción propuestas

En principio, una de las iniciativas apunta a que, a través de la Oficina Municipal de Atención al Inquilino, se puedan rubricar acuerdos de refinanciamiento de los alquileres de mayo, junio y julio entre los comerciantes y los titulares del inmueble, con un programa de incentivo para los dueños, como un elemento más a los lineamientos que expuso el decreto presidencial que prohíbe los desalojos, extiende los vencimientos de contratos y prohíbe los aumentos en los valores en tanto dure la emergencia sanitaria en Argentina

Como otra herramienta inmediata, instó al Ejecutivo comunal que “arbitre ante la Usina una prórroga por tres meses (mayo, junio y julio) en el pago de la energía eléctrica a “todos los sectores industriales y comerciales que desde el 20 de marzo no estuvieron eximidos de las medidas” implementadas por el Estado nacional, y la cuotificación en 24 pagos sin punitorios a partir de agosto.

“Es decir, no regalarles el consumo de luz sino postergarles el cobro y refinanciárselos en 24 cuotas”, enfatizó Iparraguirre sobre el proyecto de resolución que persigue como objetivo brindar “oxígeno financiero” en estos rubros, dado que “lo central es que puedan los salarios, porque si no tienen que cerrar y va a quedar gente desocupada en la calle”.

Otra de las propuestas establece la creación de un fondo de asistencia para espacios culturales y artistas locales con recursos asignados en el presupuesto para actividades incluidas en el calendario que, por el escenario actual, no se llevarían a cabo.

Y por último citó el proyecto de ordenanza para creación de la Mesa Promotora del Mercado Municipal de Productores Locales.

Una sesión en mayo

Para finalizar, el concejal del bloque Integrar, Mauricio D’Alessandro, indicó que se trataba de manera virtual en los encuentros de comisión y que se evaluó la posibilidad de trasladar esta herramienta para los encuentros legislativos.

“La idea era no sesionar durante todo abril y tratar de llevar adelante algún encuentro en mayo”, repasó y agregó que “estamos enmarcados en una pandemia donde los Ejecutivos son los que llevan adelante la crisis”.

Desde el arco opositor celebraron la iniciativa de analizar actualizaciones al FAS. La concejal del Frente de Todos, Silvia Nosei, fue precisa en destacar la “herramienta maravillosa” que permitió atender “un montón de circunstancias especialmente cuando personas sin obra social deben hacerse un tratamiento de alta complejidad, cirugías o colocarse prótesis”.

Reconoció que el paso de los años obligó a generar excepciones para la utilización de los fondos remanentes y que resulta necesario “ajustar” el texto a la realidad actual.

Para la discusión, los concejales que integran la bancada pretenden que se garantice el acceso a la ordenanza y que “no haya una sola persona que, por falta de información, no sea atendida cuando es merecedora de la herramienta”.

Además de propiciar reuniones con el equipo de salud del espacio político para definir la propuesta, Nosei adelantó que harán especial hincapié en la importancia de generar espacios de capacitación para los profesionales médicos y administrativos, y de difusión para que se cumpla con esta premisa y así evitar “ese largo peregrinar que muchas veces se da”.

Desde esta perspectiva se insistirá para que “se priorice lo humano” a lo largo del abordaje que se inicia.

Preservar la herramienta

La concejal del bloque Integrar, Nilda Fernández, celebró la convocatoria a discutir la herramienta ante la necesidad de incorporar “algunas modificaciones” dado que “no estábamos respetando” el texto vigente.

La referencia alude a los pedidos de autorización que pasaron por el Concejo para que el Ejecutivo haga uso de los recursos subejecutados con miras a la realización de proyectos en materia sanitaria.

En esa línea, advirtió que la tarea demandará “un tiempo” y deseó que las propuestas que presente la oposición sean tenidas en cuenta, se alcance un consenso y que el texto actualizado se apruebe por unanimidad. “No tiene por qué haber diferencias en estas cuestiones básicas que son para mejorar la calidad de vida de la gente”, sostuvo.

Más allá de los años que tiene la ordenanza, reconoció que el FAS es una herramienta “muy importante” por medio de la cual se permitió brindar respuesta a los vecinos ante necesidades concretas. “Hay que cuidarla mucho”, enfatizó.

En ese sentido, observó el incremento de la recaudación pero también de la demanda, que en los últimos dos años se triplicó, de acuerdo a los números expuestos durante la reunión del jueves por directivos del Sistema de Salud.

“Si bien es cierto que el ingreso es muy importante, también lo es el egreso porque la mayoría de los insumos o prácticas están dolarizadas”, alertó la edil.

En cuanto a la discusión que se viene, aseguró que la postura es mantener este instrumento, que podría incorporar la posibilidad de adquisición de aparatología como alternativa de uso de los fondos.

De todos modos, Fernández ratificó que la premisa es que se mantenga la modalidad establecida ante cada trámite llegue al Concejo Deliberante como órgano de contralor.

En función de las “reiteradas quejas” de los peatones por la ocupación de las veredas en la esquina de Pinto y Rodríguez, el bloque de concejales de Integrar elevó un pedido de informes que tiene por objetivo conocer el estado de ejecución y avance del proyecto de construcción del Paseo del Banco en el edificio donde funcionó el Banco Comercial.

En medio de lentos avances ligados a los vaivenes de la economía del país, en agosto de 2018 los responsables del proyecto ordenaron la instalación de andamios que protegen la fachada del inmueble declarado como patrimonio histórico.

Desde entonces, se multiplicaron los reclamos de los vecinos por las complicaciones que ocasionan las estructuras que rodean la propiedad.

En ese marco, la bancada que integran Mauricio D’Alessandro y Nilda Fernández, propusieron un proyecto de comunicación por medio del cual se solicita al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, información sobre distintitos puntos referidos al proyecto.

La iniciativa se presentó días atrás e ingresó a la Comisión de Obras Públicas y Urbanización, que preside Mario Civalleri (Juntos por el Cambio), donde se espera por su tratamiento.

El articulado

En principio, y tal cual el articulado de la iniciativa, Integrar pretende información sobre “la persona propietaria de la obra de remodelación del edificio ubicado en la intersección de las calles General Pinto y General Rodríguez denominado Paseo del Banco y profesional responsable de la misma” y también “si se ha presentado y obtenido el correspondiente permiso de obra que prescribe el Código de Edificación (artículo 1)”.

En otro apartado, se piden precisiones “si se ha dado inicio a la obra y cuál es el estado de situación de la misma” y “si en su caso se ha declarado a la obra como paralizada; y en consecuencia se ha intimado al propietario al retiro de la valla de protección hasta la línea municipal, tal como prescribe el artículo 1.1.5.2. del Código de Edificación”.

En tanto, se pretenden detalles para saber “si se ha otorgado el aval de Intervención Conforme que prevé el Capítulo XI.13 del Título 2 Normativa Reglamentaria del Plan de Ordenamiento Territorial” y si se realizaron inspecciones en la obra tendientes a verificar el cumplimiento de la normativa respecto a la preservación del bien catalogado como de valor arquitectónico, incluido en el anexo 5 del Plan de Ordenamiento Territorial.

Los fundamentos

Entre los considerandos, la propuesta se basa en que la obra se encuentra “visiblemente paralizada” y después se enfoca en los andamios que se colocaron en agosto de 2018 “para la concreción de los trabajos y/o la protección de los peatones sobre las veredas del mencionado edificio”.

Explicaron que la estructura metálica “abarca aproximadamente un 70 por ciento de la superficie de la vereda de ambas arterias”, y que además se trata de una esquina céntrica, la cual resulta ser un punto neurálgico de concentración vehicular y de peatones.

Y alertaron que “este dispositivo no sólo ocasiona trastornos para los transeúntes, si no también supone un peligro para los peatones, quienes en ocasiones frecuentes deben bajar a la calzada debido al estrecho margen de paso que queda y que imposibilita que dos o más personas puedan transitar por ese sector”.

Entre los considerandos remarcaron que para la realización de las tareas se requiere la obtención del correspondiente permiso de obra, conforme la prevé el Código de Edificación, que además establece que “cuando los trabajos permanezcan paralizados por un plazo mayor a ciento ochenta (180) días corridos por causa no atribuible a la Municipalidad, y previa verificación, el DOP comunicará al propietario y profesionales intervinientes la declaración de ‘obra paralizada’, siempre que éstos no lo hubieran comunicado por escrito”.

Y, en consecuencia, debe producirse el retiro de las estructuras. “Cuando una obra sea declarada como paralizada, el DOP intimará al propietario al retiro de la valla de protección hasta la línea municipal, como asimismo la construcción del contrapiso de vereda reglamentaria, y su adecuado mantenimiento, y la adopción de otras medidas de seguridad, ejecutando la Municipalidad los trabajos necesarios con cargo al propietario en caso de incumplimiento”.

El valor histórico

En tanto, también hicieron referencia a que el edificio donde funcionó el Banco Comercial se encuentra incluido en el anexo 5 del Plan de Ordenamiento Territorial “Bienes Patrimoniales Catalogados”, por lo cual goza de un régimen de preservación especial, el que -entre otras cosas- impone para esta categoría  “la prohibición expresa de demoler, total o parcialmente, modificar, ampliar o refaccionar los edificios y sitios incluidos en el listado, y la realización de trabajos de mantenimiento, restitución, rehabilitación y/o puesta en valor, incluyendo éstos hasta la aplicación de pinturas, que afecten las características naturales y/u originales de los mismos, sin autorización previa de la autoridad de aplicación”.

En tanto, que para los edificios e inmuebles de valor histórico y arquitectónico, el capítulo XI.3 indica que la protección establecida se aplica a “edificios e inmuebles de valor arquitectónico: sobre las fachadas y techumbres visibles desde el espacio libre público y desde el espacio privado con accesibilidad pública”.

“La responsabilidad primaria respecto de la conservación y preservación de los solares de interés arquitectónico y/o histórico recae sobre los titulares del dominio de los bienes inmuebles protegidos y se mantiene vigente aun cuando el bien fuera objeto de transmisión por cualquier causa jurídica; sin embargo, esto no exime de responsabilidad al Estado Municipal en cuanto al contralor respecto de la observancia de la normativa”, indicaron.

El bloque de concejales de Integrar presentó un proyecto de ordenanza con el objetivo de incentivar a los propietarios de inmuebles, sobre todo de locales comerciales del centro, a que mantengan las fachadas y veredas en buen estado. La propuesta, que tomó estado legislativo en octubre de 2019, volvió a cobrar actualidad a partir de las quejas por los inconvenientes que ocasiona la falta de conservación de edificios emblemáticos y de otros que están desocupados, que además le restan atractivo al centro de Tandil.

A raíz de una publicación de este Diario en la sección Con el Oído Agudo, Integrar informó que está pendiente la discusión de estado herramienta. En la nota se detallaba que la situación económica recesiva se refleja a las claras en el centro de la ciudad con locales vacíos, en algunos casos, y otros abiertos pero sin gente o con muy poca, en la mayoría.

En ese contexto, planteaba la inquietud de qué va a pasar con el shopping donde estaba el exBanco Comercial. Además, reseñaba que colocaron hace años andamios que afean la esquina, que reducen el ancho de la vereda en un 70 por ciento y que pueden ocasionar accidentes porque los transeúntes, en determinadas ocasiones, deben bajar a la calle para dejar paso a quienes vienen de frente.

Como conclusión, cuestionó las acciones que pudieran encarar el Intendente y los concejales, teniendo en cuenta que la esquina de Rodríguez y Pinto es una de las más importantes y transitadas de la ciudad.

La herramienta

Tras tomar nota del comentario, desde Integrar enviaron el proyecto en danza en el Legislativo, que el 5 de noviembre se giró al Departamento Ejecutivo para que tomara vistas y emitiera opinión de las áreas pertinentes.

La iniciativa tomó la Ordenanza 6466 y su modificatoria, la 8168, donde el Estado municipal tipificó como infracción al “Cuidado y Estética al Medioambiente” la falta de conservación de pastos naturales en terrenos privados, existan o no paredones en la línea municipal.

En esa norma se determinaba que verificada la infracción por un funcionario de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, se impondrá al titular del inmueble un recargo del ciento por ciento en la Tasa Retributiva de Servicios.

Si bien la Ordenanza 6466 y su modificatoria figuraban en el digesto, luego desde el bloque comprobaron que había sido derogada. De todos modos, señalaron que la iniciativa legislativa que impulsaron no queda desvirtuada y que podría tomar forma como una ordenanza nueva, en lugar de una modificación de las citadas.

Por otra parte, en los considerandos explicaron que la Ordenanza Fiscal vigente, en su artículo 74, establece  el hecho imponible para la “Tasa por Servicios Especiales de Limpieza e Higiene” y además, la Ordenanza Impositiva fija el valor del metro cuadrado para la limpieza de terrenos baldíos, “por lo cual se propone tomar ese valor como referencia para determinar la alícuota por este nuevo servicio, incrementándola en un 50 por ciento”.

Como otro argumento, marcaron que “dada la existencia de inmuebles destinados a locales comerciales que se encuentran desocupados y que presentan un estado visual antiestético para una ciudad que presume ser turística y que tiene al turismo como una fuente generadora de recursos, resulta pertinente tipificar a la falta de conservación de frentes, fachadas y veredas como infracción al Cuidado y Estética al Medioambiente”.

Evaluaron que “ante dicha situación, y previa intimación al vecino frentista titular del inmueble, surge necesaria la intervención del Municipio para revertir el estado de presunto abandono”.

Por último, el bloque reseñó que la nueva norma implicará una modificación en la Ordenanza Fiscal e Impositiva con el objetivo de incluir la infracción que proponen agregar y su respectiva alícuota.

El articulado

En principio, el proyecto de ordenanza establece que “todos los inmuebles ubicados en la planta urbana de Tandil destinados a uso comercial que estén desocupados y posean o no cartel de venta o alquiler y cuyo frente, fachada y/o vereda no sean mantenidos en estético estado de conservación serán considerados en infracción al ‘Cuidado y Estética al Medioambiente’”.

En el artículo segundo, señala que “verificada la existencia de la infracción por la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento, se intimará al titular del dominio, poseedor o tenedor a título de dueño del inmueble para que en un plazo de 30 días proceda a subsanar la infracción, bajo apercibimiento de realizarla el Municipio a su costa y proceder al recargo de hasta un ciento por ciento de la Tasa Retributiva de Servicio, no pudiendo dicho recargo ser inferior a 100 pesos”.

Por otra parte, agrega al artículo 74 de la Ordenanza Fiscal otro inciso (el e), en concepto de “servicios de limpieza de frentes y fachadas de inmuebles destinados a locales comerciales”.

Por último, incorpora al artículo 7 de la Ordenanza Impositiva otro párrafo: “La alícuota determinada en el párrafo anterior se incrementará en un 50 por ciento por servicios de limpieza de frentes y fachadas de inmuebles destinados a locales comerciales”.

Luego de que los concejales del bloque Integrar realizaran un pedido de informes sobre el llamado a licitación para la finalización del Espacio Nido que se construye en La Movediza, desde el Ejecutivo municipal informaron a El Eco de Tandil que hace más de 60 días se le rescindió el contrato a ZYA SA, la empresa que había sido adjudicada inicialmente, por incumplimientos en los plazos de obra.

Cabe recordar que en 2017, la obra había sido adjudicada a la empresa ZYA SA, por más de 6,5 millones de pesos, en el marco de la urbanización integral del barrio La Movediza. Los concejales del bloque opositor reclaman detalles sobre el cumplimiento del primer contrato y el estado de ejecución del proyecto.

Ahora, Integrar observó publicado en este Diario, en la página 6 del ejemplar del 17 de mayo pasado, el llamado a la licitación pública 18-01-2019 para la “Finalización de la Obra Espacio Nido La Movediza”, con un presupuesto oficial que asciende a la suma de 8.703.256,10 pesos.

Asimismo, hay que destacar que la misma empresa fue la que tuvo serios incumplimientos en la construcción de las piletas climatizadas en el Centro de Educación Física 42, por lo cual también se le rescindió el contrato.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Obras Públicas Roberto Guadagna explicó que “el contrato que dio origen a esa licitación fue rescindido oportunamente, hace 60 días o más, con todo un andamiaje legal a partir del apartamiento del contrato en términos de los plazos establecidos y de las curvas de inversiones que fueron documentadas, registradas en respectivas órdenes de servicio a la empresa en su momento”.

“El final de eso fue que era insoluble el contrato en los términos acordados inicialmente. También la empresa reclamaba redeterminaciones (de precios), que por otra parte son lógicas a la luz del desplazamiento de precios en el contexto de devaluación, y eso no pudo ser salvado porque la obra tenía atrasos y la curva de inversión real de la obra no era compatible con la obra efectivamente ejecutada”, manifestó.

En cuanto al avance de obra, señaló que no supera el 40 por ciento y que si bien visualmente parece elevada, le faltan los componentes más importantes, cerramientos, cubiertas y toda la infraestructura de servicios, que es lo que tienen alta valorización.

Entonces, al consultar a la Dirección de Asuntos Legales, se recomendó rescindir el contrato y efectivamente así se hizo.

Explicó que tardó en salir la nueva licitación hasta que la Dirección de Asuntos Legales “liberó los fondos, es decir, dejó de tener devengados esos fondos en ese contrato para poder llamar a una nueva licitación, hablo en términos técnicos administrativos, y seguidamente se llamó a  licitación que se abre el 6 de junio para la finalización del edificio sin perjuicio que el expediente inicial sigue en Asuntos Legales a efecto de iniciar las garantías, las cauciones”.

En cuanto al valor de la nueva licitación de más de 8 millones de pesos, fundamentó que es “elevado en términos nominales de dinero, pero en términos de contexto inflacionario es parte de todas las redeterminaciones de precios que hemos tenido con las empresas. Hubo una devaluación del 120 por ciento el año pasado, y un contexto inflacionario alto, con una inflación interanual a esta altura del orden del 55 por ciento”.

Respecto a los 8 millones, indicó que siempre todas las diferencias fueron redeterminaciones de precios, porque “no teníamos otra alternativa, siempre los adicionales corresponden al Municipio”.

“A ZYA SA se le abonaron los certificados de obras ejecutadas. Lo que tiene percibido es el avance de obra medido en coincidencia con el plan de trabajo, que oportunamente dio lugar a los certificados y las órdenes de pago, pero no el monto total porque la obra no está terminada, no se anticipa dinero”, aseguró.

Por otra parte, Asuntos Legales activará las cauciones del contrato y evaluará el alcance que tiene en cuanto a lo sancionatorio.

“En un determinado plazo, la obra tenía que tener un avance. El mismo es directamente vinculable a la curva de inversión, cuando eso no ocurrió y la empresa pidió una redeterminación de precios por el faltante de obra a cobrar, fue insalvable porque era obra no ejecutada por los tiempos técnicos y por el atraso de la empresa. En ese devenir, se tornó insalvable”, indicó.

Respecto al plazo para finalizar lo que resta del proyecto, indicó que es de 6 meses corridos.

La urbanización

En cuanto al resto de la urbanización integral de los barrios La Movediza, El Tropezón y Maggiori, Guadagna explicó que ahora se está trabajando en la construcción de veredas en un formato de varias licitaciones de distinto tamaño para avanzar en varios frentes simultáneamente que ya se están ejecutando.

Además, se avanza con al playón deportivo de Maggiori. Después del Espacio Nido, se realizarán las 200 conexiones intralotes de gas y por último, será el turno de la señalización.

El bloque de concejales de Integrar presentó, en la última sesión legislativa, una nota para reclamar por 25 proyectos de ordenanza y pedidos de informes que, desde febrero de 2018, no tuvieron respuestas del Departamento Ejecutivo. El pedido se cursó a través del presidente del Legislativo Juan Pablo Frolik, a quien encomendaron para gestionar en las oficinas de la planta baja.

“Quiero hacerle entrega de una nota del Bloque Integrar que tiene que ver con proyectos que hemos presentado y han sido elevados al Departamento Ejecutivo, algunos aprobados en sesión, desde febrero de 2018 y no hemos tenido respuesta aún”, expresó Nilda Fernández sobre el final de la primera sesión ordinaria de abril.

En esa línea, la expresidenta del Deliberativo aclaró que “son 25 proyectos que tenemos y el Departamento Ejecutivo no nos ha respondido”.

Por otro lado, le recordó al presidente Frolik que “no se está cumpliendo con la Ordenanza 9495 que tiene que ver con el FAS (Fondo de Ayuda Solidaria), en lo referente al artículo 6 bis que determina claramente que bimestralmente deben ser elevados al Concejo Deliberante los ingresos y los egresos del FAS”.

El pedido

La nota, que está dirigida a Frolik, expresa que “atento a la demora producida por el Departamento Ejecutivo en evacuar las consultas que le requiere este cuerpo deliberativo en la sustanciación de los diversos asuntos presentados por este bloque de concejales, solicitamos a usted que efectúe las gestiones pertinentes a fin de acelerar la tramitación de los expedientes” que incluyeron en una planilla anexa.

Por otro lado, fundamentaron el pedido a partir de “la creencia en que la dilación de los asuntos entorpece la buena marcha del Gobierno municipal (del cual es parte este Concejo) y la necesidad de dotar de transparencia y eficacia al mismo”.

Las propuestas pendientes

En la nómina de los proyectos de Integrar se encuentra un pedido de limpieza y desmalezamiento del exPOliclínico Ferroviario, que fue presentado el 6 de febrero del año pasado, se trató en la Comisión de Obras Públicas y pasó al Ejecutivo.

El 16 de marzo del año pasado entregaron un pedido de informes sobre la situación dominial de lotes de María Ignacia (Vela), que la Comisión de Interpretación elevó, cinco días después, al Ejecutivo. Ese mismo día tomó estado legislativo la propuesta para crear una delegación en Villa Italia, que se trató en la misma comisión y fue remitida el 5 de abril.

El 8 de mayo de 2018 aportaron un proyecto para avanzar con mejoras en Rosales al 200, que se trató en la Comisión de Obras Públicas y el 17 de mayo se derivó al Ejecutivo.

En tanto, el 23 de agosto de 2018 agregaron un pedido de informes por la aplicación de la Ordenanza 9740, que se trató en la Comisión de Salud y el 27 del mismo mes pasó al Ejecutivo. En la misma fecha, con otro proyecto de comunicación, requirieron datos sobre los casos de mordeduras de perros que registra el Sistema Integrado de Salud Pública, con igual trámite que el anterior.

En septiembre del año pasado, Integrar sumó otros cinco proyectos. El 12 de ese mes, planteó la colocación de cámaras en estaciones de servicios, la incorporación de los colectivos accesibles al transporte público y la implementación del programa SOS Rural, que se elevaron al Ejecutivo el 21 de noviembre, 1 de octubre y 20 de septiembre, respectivamente. Al día siguiente, en la sesión, presentaron las propuestas para la creación de un banco social de materiales y un programa de capacitación laboral, que se trataron en las comisiones de Obras Públicas y Salud, para el primer caso, y de Producción, en el segundo, y terminaron en el Ejecutivo el 26 de septiembre y el 9 de octubre.

El 11 de octubre incorporaron otros tres proyectos: un pedido de informes por la infraestructura del Hospital, que se informe al turista sobre el estacionamiento medido y otra solicitud de datos sobre la plataforma digital Destino Tandil, que fueron remitidos a la planta baja de la Municipalidad, el 26 de octubre y los dos últimos, el 15 de noviembre. Al día siguiente, en la sesión legislativa, presentaron otra ordenanza sobre el mamógrafo en los barrios que está en el Ejecutivo desde el 26 de octubre pasado.

El 8 de noviembre sumaron la propuesta para crear un “corredor de las infancias”, que se trató en Salud y el 20 de ese mes bajó a las oficinas del Gabinete. Además, el 22 de noviembre pidieron nominar una calle “Ara San Juan”, se trató en Obras Públicas y Cultura, y el 27 se mandó al Ejecutivo.

El 5 de diciembre del año pasado pidieron informes sobre la situación del HIV Sida, que pasó por la Comisión de Salud y dos días después de Navidad llegó al Ejecutivo. El 12 de ese mes anexaron proyectos por los desagües en Lavalle al 1600, el pedido de informes por la licitación del Castillo Morisco y una inquietud por posibles incendios en el Tandil Brilla. Todos bajaron el 26 de diciembre y aún no tuvieron respuestas.

Además, el 4 de enero de este año reclamaron informes por la instalación de un supermercado en avenida Alvear, que fue aprobado en sesión. Diez días después, solicitaron información sobre la flota de vehículos del Municipio y el 11 de febrero fue al Ejecutivo.

Por último, el 25 de enero pasado, Integrar pidió informes sobre los actos de vandalismo que se registraron en el nuevo predio de la Dirección de Vialidad. El tema se trató en la Comisión de Obras Públicas y se encuentra en poder del Ejecutivo desde el 11 de marzo.