La presidenta del bloque Integrar, Nilda Fernández, presentó un proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo que busca echar luz sobre el manejo de los fondos y la presunta contratación de empleados de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales para cumplir tareas en el Centro IDEB Tandil. En el final de la sesión, la expresidenta del Legislativo ventiló una sugestiva comunicación que mantuvo con Marcela Petrantonio, quien encabeza la secretaría y también la asociación civil.

Los cuestionamientos de la oposición devinieron tras reclamar durante largos meses la ejecución de los 4,5 millones de pesos que el Departamento Ejecutivo destinó a un programa que fue anunciado como una herramienta para asistir a las pymes que no accedieron a subsidios provinciales y nacionales durante la pandemia de Covid-19.

Mientras el Frente de Todos presentó un pedido de información a través de la ordenanza de transparencia, Integrar optó por avanzar por otra vía institucional, a través del Concejo Deliberante, y consiguió el apoyo de la primera mimoría legislativa.

“Quiero agradecer al bloque del Frente de Todos, porque en realidad cuando se lo comenté al presidente Rogelio Iparraguirre, me dijo que me acompañaban en este pedido de informes, porque va en consonancia justamente con un pedido que presentaron al Departamento Ejecutivo hace muy pocas horas”, expresó Nilda Fernández.

Sin embargo, la concejal se mostró molesta con sus pares de Juntos por el Cambio y se los hizo saber en el recinto. “Me llama poderosamente la atención que el bloque oficialista no nos acompañe con el tratamiento sobre tablas de este proyecto, por eso no voy a pedir tablas y lo voy a pasar directamente para que tome estado legislativo, pero quiero decir algunas cuestiones que a mí me hacen mucho ruido”, anticipó.

Marcó que el tema tuvo “mucha trascendencia” y ventiló que “hace poquitas horas, la señora secretaria de Desarrollo Productivo, Marcela Petrantonio, me llamó por teléfono para ofrecerme ser revisora de cuentas del IDEB. Por supuesto, le respondí que no me parecía que era momento para esto y le manifesté también que iba a hacer este pedido de informes; a lo que ella me responde que no tiene ningún inconveniente en contestarlo porque todo lo que está a la vista en el IDEB es muy transparente. Por eso vuelvo a reiterar, me llama poderosamente la atención la decisión el bloque oficialista, sinceramente”.

Además, le pidió al presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik que el proyecto “sea tratado cuanto antes. Sabemos perfectamente que (los funcionarios del Ejecutivo) tienen la obligación de venir a darnos explicaciones, pero a mí también me gustan las devoluciones por escrito. Por eso hago este pedido y cuando pase a comisión, estará abierto para que todos los bloques puedan hacer alguna intervención en esto”.

Para cerrar, expresó que “me suena muy raro todo esto y vuelvo a tener muchas más dudas que certezas, a pesar de las explicaciones que dio en su momento la secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de este Municipio”.

Las dudas

El proyecto de comunicación le reclama al Departamento Ejecutivo que, a través del área que encabeza Marcela Petrantonio, informe sobre la “orden de pago a empleados municipales pertenecientes a la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, detallando motivos, cantidad abonada y contratos respaldatorios con misiones, funciones y tareas específicas de los mismos”.

En segundo lugar, solicita el “acta aprobatoria de la reunión de comisión directiva del Centro IDEB Tandil, tomando conocimiento y prestando conformidad para efectuar dichas contrataciones”.

Por último, solicita que “en su carácter de Unidad de Vinculación Tecnológica con el Mincyt (Ministerio de Ciencia y Tecnología), explicitar si recibió fondos destinados a la municipalidad de Las Flores, enumerando monto dinerario, con fecha de ingreso y fecha de egreso de dichos peculios”.

Los fundamentos

En los considerandos, Integrar destacó que “el Centro IDEB Tandil, creado a mediados del año 1997 bajo la forma de asociación civil sin fines de lucro, con amplia y notoria participación en la comunidad tandilense, se halla conformado por la Municipalidad de Tandil, la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires (Unicen), la Sociedad Rural de Tandil, la Cámara Empresaria de Tandil, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Tandil (Apymet), la Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Técnica 2 Ingeniero Felipe Senillosa y la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria 1 Dr. Ramón Santamarina”.

Agregó que la entidad “posee su propio estatuto, siendo además su comisión directiva presidida por quien se encuentre circunstancialmente ejerciendo la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Institucionales del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tandil”.

Integrar repasó que el IDEB tiene como función principal asistir y acompañar las demandas de aquellas empresas locales que requieran su servicio de apoyo, para el desarrollo de sus proyectos, con el propósito de mejorar sus actividades productivas y/o comerciales.

También consignó que “recibe fondos, entre otros, asignados por partida presupuestaria del Presupuesto de Gastos vigente, a través de un porcentaje de lo recaudado en las arcas municipales, por medio de la Tasa Unificada a la Actividad Económica (TUAE)”.

En esa línea,             señaló que “el Centro IDEB Tandil ha sido reconocido y por ende alcanzó el estatus de Unidad de Vinculación Tecnológica con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación”.

Por último, fundamentó el pedido de informes del Concejo en la necesidad de “transparentar su funcionamiento, el manejo de los fondos y demás”, al tiempo que reclamó que las respuestas se remitan por escrito y también de manera presencial.

El IDEB aseguró que ya ejecutó los

4,5 millones asignados en pandemia

A través de un comunicado, la Agencia de Desarrollo Territorial –nombre de fantasía del IDEB- informó que el 8 de julio recibió del Municipio un subsidio de 2 millones de pesos que “se distribuyó en un total de micropréstamos (8 empresas) a tres y seis meses de gracia, a tasa cero, para empresas que no hayan tenido ningún tipo de ayuda nacional o provincial y en carácter de aportes no reembolsables a diversos emprendimientos de la ciudad”.

También explicó que “durante el mes de septiembre se recibió otro aporte del Municipio por 2,5 millones de pesos, continuando con el acompañamiento desde la inserción laboral, el microcrédito o aportes no reembolsables a numerosos emprendimientos y empresas”.

Tras aclarar cuestiones vinculadas al funcionamiento y al espíritu de la asociación civil sin fines de lucro pública-privada, anunciaron que “está en proceso de aprobación el apoyo del Foncap (fondos de Nación). En este caso serían 2 millones de pesos en un primer desembolso que como micropréstamos llegarían a proyectos de la ciudad de Tandil, a una tasa de interés del 24 por ciento” y señalaron que también aguardan una respuesta de la Conami (Comisión Nacional de Micropréstamos) para obtener otra fuente de financiamiento.

En el párrafo final, desde el IDEB manifestaron que deben darse a conocer los proyectos en los que trabajan “para quitar cualquier halo de dudas en el manejo de los fondos de nuestra querida institución –sobre todo en lo que tiene que ver con fondos públicos- y colocarnos a disposición de las autoridades para lo que requieran, en concordancia con el rol de la asociación desde hace más de veinte años”.

La nota, que tiene firmas responsables por la Unicen, Cámara Empresaria, Sociedad Rural, Apymet, las cooperadoras de las escuelas Técnica 2 y Granja, el Concejo Deliberante y el Municipio, también refleja que en noviembre la universidad comenzará un proceso de seguimiento a las empresas que se vincularon con el IDEB para identificar dimensiones de colaboración que mejoren la calidad de sus productos y servicios, aspectos de mercado o de gestión interna.

Como otra de sus acciones, anticiparon que presentaron un proyecto tendiente a lograr la empleabilidad de estudiantes de la Escuela Técnica en alianza con la Unicen, para responder a las demandas del Cluster Quesero y con la colaboración del Municipio.

El funcionamiento de los puestos de control sanitarios que se implementaron desde el inicio de la emergencia sanitaria decretada en Tandil, estará en el eje de las consultas del bloque de concejales Integrar, que buscará aclarar inquietudes en torno a este y otros temas durante el informe de gestión que esperan que el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, brinde en los próximos días.

Mientras aguardan por la confirmación de la fecha en la que el funcionario se presente ante el Concejo Deliberante tal cual lo establece la ordenanza 13.843, la edil Nilda Fernández sostuvo que “son varias las cuestiones que tenemos que consultar al secretario cuando suba al Concejo Deliberante y se digne a hablar con los concejales”.

En diálogo con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), aseguró que “tiene que entender que tenemos que saber porque tenemos que darle respuestas a la sociedad que nos eligió”.

“Queremos saber detalles sobre el modo en que entran y salen personas de Tandil porque no todos los casos son iguales”, alertó.

La compañera de bancada de Mauricio D’Alessandro insistió con el proyecto de decreto por medio del cual convoca al funcionario del Ejecutivo a que brinde el informe que trimestralmente está obligado a realizar en los términos de la ordenanza 13.843.

El artículo sexto de la normativa que regula el sistema integrado de Protección Ciudadana establece que “trimestralmente el Departamento Ejecutivo presentará, por escrito de manera personal a través del responsable del área, a la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante, un informe del estado del Sistema de Protección Ciudadana y simultáneamente lo publicará en el sitio web oficial del Municipio”.

“Suben todos los secretarios”

“Si en agosto del año pasado vino por última vez, en noviembre debió subir y no lo hizo”, renegó Fernández, que consideró que los concejales del oficialismo “opinan lo mismo pero entiendo su postura de querer hablar primero para que suba”.

“Pero además suben todos los secretarios”, insistió, y se respaldó en la Ley Orgánica de las Municipalidades que, entre los deberes del Ejecutivo, señala “concurrir personalmente, o por intermedio del secretario, a las sesiones del Concejo cuando lo juzgue oportuno o sea llamado por decreto del cuerpo, con una antelación de cinco días para suministrar informes”.

En el caso de Protección Ciudadana se suma la ordenanza que dio creación al sistema y que fija la presentación trimestral del titular del área.

Pandemia, informes y más

En otro pasaje de la entrevista radial respondió a las declaraciones que días atrás realizó Della Maggiora, en la que se excusó de no asistir con el repaso de su gestión. “Son mañanas completas las que se debaten en el Concejo, no se tratan de exponer la información y nada más. Y no me niego a hacerlo, pero en estos momentos no tengo los tiempos para ese encuentro”, expresó.

En respuesta, la concejal de la oposición sostuvo que, independientemente de la pandemia, pasó por alto dos encuentros previos, y achacó que “se debaten mañanas enteras porque sube con una presentación y piensa que está dando clases a los chicos de la  facultad”.

Así, simplificó el mecanismo al remarcar que “necesitamos los informes por escrito, después los analizamos y planteamos preguntas que le podemos hacer”. Sin embargo, Della Maggiora “elige otras formas porque a lo mejor le gusta venir al Concejo Deliberante, mostrar el Power Point y estar toda la mañana”.

Inquietudes que buscan respuesta

Entre los puntos que esperan profundizar, la concejal hizo referencia a “cuestiones internas” de funcionamiento de la secretaría y la ejecución del presupuesto, pero también aspectos relacionados a los operativos de control sanitarios implementados desde el inicio de la emergencia en los accesos a la ciudad.

A modo de ejemplo, citó lo sucedido con el ingreso de los supuestos tenistas que tenían previsto cumplir con una estadía en un hotel y la “controversia” que suscitó el caso entre funcionarios del Ejecutivo.

“Ese tipo de cuestiones que no quedaron claras y que actualmente ocurren”, advirtió y expuso el caso de un matrimonio que llegó a Tandil por un control médico “y estuvo retenido desde las 10.30 hasta las 12.30 porque el turno era a las 13”, situación que describió como “descabellada” y que “no tiene asidero cuando son personas mayores”.

Asimismo, compartió la experiencia de vecinos que venían de Mar del Plata de “reprogramar una cirugía cardiovascular” y el día del temporal que se registró hace dos semanas en la ciudad “estuvieron tres horas varados en la ruta porque no había nadie que los acompañara hasta el domicilio”.

En este caso, Fernández ratificó que “sabían perfectamente que tenía que hacer la cuarentena” por provenir de una ciudad con brote epidémico activo, según lo dispuso el Sistema Integrado de Salud Pública. “Después de tres horas los dejaron pasar, llegaron a su casa, cumplieron con los 14 días de aislamiento y nunca nadie levantó un teléfono para certificar esto”, aseguró.

“Queremos saber por qué pasan estas cosas”, reconoció y dijo que respetan la tarea de los voluntarios, “pero la gente que no deja pasar es porque tiene orden de no hacerlo” y cuestionó la diferencia en los criterios.

Otro de los puntos que podría concentrar la discusión con el funcionario podría ser el estado de situación del contrato en dólares con Fibercorp para la extensión de la fibra óptica necesaria para la red de vigilancia del Centro de Monitoreo.

Si bien declaró que desconoce si el Ejecutivo logró avances en este sentido en cuanto a las tratativas para congelar el precio ante la escalada del dólar, será otra de las consultas que incluso podría focalizar la bancada del Frente de Todos.

A partir de la negativa del Departamento Ejecutivo a los concejales que solicitaron visitar el Centro de Monitoreo, el Bloque Integrar presentó un proyecto para modificar la Ordenanza 13843 que creó el Sistema de Protección Ciudadana. La propuesta plantea incorporar un inciso, en el artículo 3, para garantizar el acceso a cualquier persona que lo requiera, con los resguardos del caso, y con un registro obligatorio.

El objetivo del espacio político es que a partir de la normativa que le dio nacimiento al Centro de Monitoreo, se incluya una disposición que garantice la publicidad. Aclararon que no se pretende poner en riesgo la seguridad de las personas, pero en otros distritos las bases de videovigilancia son públicas y hasta se organizan visitas guiadas.

La inquietud la planteó Nilda Fernández, quien junto a otros ediles, intentó recorrer el Centro de Monitoreo, a partir de escuchar quejas de los vecinos por el funcionamiento de las cámaras. Sin embargo, y a pesar de su cargo de concejal electa, chocó con la férrea negativa del Ejecutivo.

Entre los argumentos que esgrimió Integrar, manifestó que para este año, de acuerdo con el Presupuesto, la Secretaría de Protección Ciudadana tiene autorizadas erogaciones por un monto superior a los 172 millones de pesos, de los cuales el Centro de Monitoreo representa casi la mitad con 82 millones de pesos.

El artículo

La modificación que impulsa el bloque se basa en el artículo 3 de la Ordenanza 13843 que regula las “características del servicio”. En concreto, agrega el inciso “g” que establece como otra de sus características que sea “público” y señala que “se permitirá el acceso de toda persona, sin que esto afecte lo determinado en el inciso “d”; para lo cual se llevará un registro de ingreso debidamente foliado y rubricado”.

En tanto, el punto “d” determina que “debe mantener en reserva los datos, identidad y/o imágenes relativos a personas físicas y automóviles y no suministrará los mismos a ningún particular, sino sólo a requerimiento judicial, de la justicia de faltas o por interés periodístico o de la opinión pública”.

Los fundamentos

En los considerandos del proyecto, Integrar señaló que la dependencia municipal “tiene por objeto el monitoreo de la vía pública a fin de prevenir la comisión de delitos y de colaborar con la tarea judicial en pos del esclarecimiento de los hechos ilícitos”, pero advirtió que “persiste un halo de misterio, ya que se encuentra restringido el acceso a toda persona” y consignó que “el propio secretario de Protección Ciudadana, Dr. Atilio Della Maggiora, manifestó que es criterio del área preservar el secreto del funcionamiento”.

En consonancia, citó la Ordenanza 15931 que persigue garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en el partido de Tandil, mientras que exceptúa “información de carácter reservada o confidencial, por razones de seguridad. La reserva en ningún caso podrá alcanzar a la información necesaria para evaluar la definición de las políticas de seguridad; ni de aquella otra cuya divulgación no represente un riesgo real e identificable de perjuicio significativo para un interés legítimo vinculado a tales políticas”.

“Tener acceso público al Centro de Monitoreo no supone una infracción a la normativa vigente; antes bien significa un refuerzo o fortalecimiento del sistema republicano y democrático al brindar conocimiento sobre información pública y fomentar la participación ciudadana”, fundamentó.

Por otro lado, rechazó que el libre acceso comprometa la seguridad. En contraposición, indicó que “permite adquirir conocimiento cabal del funcionamiento del sistema de seguridad implementado, cantidad de cámaras de videovigilancia instaladas, su eficacia, el grado de mantenimiento del sistema, entre otros puntos” y frente a los argumentos del Ejecutivo, marcó que “la ubicación de cada cámara es un dato que se obtiene de la verificación en la vía pública sin necesidad de acceder al Centro de Monitoreo”.

No cumplen la ordenanza

Integrar cuestionó que “toda esta información pública no se encuentra disponible no sólo porque el Centro de Monitoreo se encuentra cerrado con ‘7 llaves’, sino porque –además- el secretario de Protección Ciudadana incumple con la presentación ante este Concejo Deliberante de los informes trimestrales y semestrales que establece el artículo 6 de la Ordenanza 13843”.

Y agregó que “la restricción implementada no sólo es aplicable al vecino tandilense, sino a sus representantes, los concejales que circunstancialmente ejercemos su representación, y también a los integrantes del Foro de Seguridad que son vecinos comprometidos con la temática en cuestión”.

Para sumar más datos, informó que en diversos municipios de la provincia de Buenos Aires no solamente se permite el acceso al público sino que se implementan visitas guiadas para los vecinos, instituciones y alumnos de los establecimientos educativos para difundir la tarea que se realiza.

Por último, el bloque reseñó que “en el Presupuesto de Gastos del presente ejercicio fiscal, la Secretaría de Protección Ciudadana tiene autorizadas las erogaciones por un monto de 172.755.112,63 pesos, de los cuales el Centro de Monitoreo representa casi la mitad de dicha suma (82.054.021,89 pesos) sin que se cuente con información precisa sobre su eficacia; y es una obligación de este cuerpo velar por el correcto y eficaz uso de los fondos públicos”.

El bloque de concejales de Integrar presentó un proyecto de comunicación a partir del llamado a licitación para la finalización del Espacio Nido de La Movediza, obra que había sido adjudicada a la firma ZYA SA. Si bien solicitaron el tratamiento sobre tablas, el bloque oficialista se opuso y la iniciativa tomó estado legislativo.

En octubre de 2017, el área de Prensa del Municipio informó la adjudicación de la construcción del edificio de 460 metros cuadrados, en el marco de la urbanización especial, a la empresa ZYA SA, por un monto aproximado de 6,5 millones de pesos. En tanto, en marzo del año pasado, comunicó que la obra estaba próxima a arrancar y que estaría lista en 90 días.

Ahora, Integrar observó publicado en este Diario, en la página 6 del ejemplar del 17 de mayo pasado, el llamado a la licitación pública 18-01-2019 para la “Finalización de la Obra Espacio Nido La Movediza”, con un presupuesto oficial que asciende a la suma de 8.703.256,10 pesos.

Los interrogantes

A partir de esta nueva convocatoria, los concejales Nilda Fernández, Mauricio D’Alessandro y Gustavo Ballent impulsaron el proyecto de comunicación dirigido al Departamento Ejecutivo para que responda varios interrogantes, como los motivos por los cuales se abrió otra convocatoria para la misma obra y los antecedentes de la adjudicación efectuada en la Licitación 34/17 a la empresa ZYA SA, con el detalle de los oferentes invitados, ofertas presentadas, etc.

Además, requirieron conocer si la firma adjudicataria cumplió con todas las obligaciones contractuales contraídas y en caso contrario, las sanciones impuestas. “En especial”, solicitaron certezas sobre la presentación de la garantía de cumplimiento de contrato, especificando la naturaleza y el monto de ese seguro.

Integrar también pretende saber si se rescindió el contrato, el estado de avance de construcción del edificio Nido y el plazo estimado para la obra.

Por otra parte, consultaron si se han realizado pagos a la empresa adjudicataria y en caso afirmativo, que el Ejecutivo informe las fechas y montos de las órdenes emitidas.

Por último, solicitaron la confirmación sobre el cumplimiento por parte de la adjudicataria de las obligaciones laborales y previsionales respecto al personal contratado.

Velar por los fondos públicos

En los considerandos, Integrar mencionó que la obra “ya fue objeto de la Licitación Pública 34/17 adjudicada a la empresa ZYA SA y en dicho expediente se emitió una Orden de Compra de fecha 25/10/17 por un monto de 6.510.379 pesos”.

Por otra parte, marcó que “habiendo transcurrido un lapso considerable de tiempo (casi 2 años desde la adjudicación), no sólo no se completó la obra sino que debe volver a convocarse a licitación para culminar los trabajos por un monto dinerario considerable”.

Además, recalcó que es “una obligación” del cuerpo deliberativo “velar por la correcta administración de los dineros públicos” y advirtió que “en virtud de lo determinado en el artículo 30 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, podría caberle al Municipio una responsabilidad por el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales respecto al personal contratado por la adjudicataria para la realización de las obras”.

El proyecto

De acuerdo con la información que brindó el Municipio de Tandil en sus notas de prensa, el edificio Nido estará ubicado en un predio lindero al Cai Matter, con una superficie de más de 460 metros cuadrados, que incluirá un amplio Salón de Usos Múltiples, aulas y oficinas.

En ese espacio el Municipio implementará actividades educativas y formativas, recreativas, de capacitación y promoción, complementando el desarrollo de la infraestructura con el desarrollo social y comunitario.

Entre las propuestas que se desarrollarán en ese lugar, se dictarán diferentes cursos y capacitaciones, en las que el Municipio ya viene trabajando con la Fundación Pachacamac, a lo que se sumarán otros proyectos de formación, integración, desarrollo e inserción laboral.

Según los partes de prensa, la obra, financiada por el Gobierno nacional en el marco de la urbanización integral del barrio, “estará a cargo de la empresa ZYA SA, ganadora de la licitación pública, y demandará una inversión aproximada de 6.500.000 de pesos”.

En tanto, en marzo de 2018, se informaba que avanzaban las obras de otra etapa de la urbanización de La Movediza, que “son la construcción del Espacio Nido y del playón polideportivo, en la manzana comprendida entre las calles Azucena, Iraola y los pasajes Los Tulipanes y Los Pensamientos, junto al existente Jardín Maternal CAI Mater y donde ya también se edifica el Jardín de Infantes 927”.

“Se espera que la obra, que demanda una inversión superior a los 6.600.000 de pesos y está a cargo de la empresa ZYA SA, esté terminada en unos tres meses”, informaba el Departamento Ejecutivo en marzo del año pasado.

Cabe resaltar que la sede de la institución del nivel inicial también quedó inconclusa y que el Municipio se hará cargo de financiar lo que resta para proceder a la inauguración.

La concejal del bloque Integrar Nilda Fernández propuso la creación de las ferias francas en Tandil, para fomentar la agricultura familiar, la producción artesanal y los microemprendimientos. El proyecto de ordenanza, que ya tomó estado legislativo y se tratará en comisiones, regula el funcionamiento de puestos móviles o fijos que serán destinados en forma exclusiva a la venta minorista, pero además establece los requisitos para feriantes y prohíbe la intervención de intermediarios.

La iniciativa está fundada en la necesidad de crear fuentes de trabajo y de brindar un espacio para dar respuestas a los requerimientos comerciales de agricultores familiares y microemprendedores y que puedan vender en forma directa a los consumidores.

Además, Nilda Fernández señaló como “imprescindible apoyar desde el Estado municipal el desarrollo de la economía social, generando un marco inclusivo”.

En relación a las ferias francas, auguró que traerán la oportunidad de nuevas fuentes de ingresos para el productor y su núcleo familiar, y suponen una manera de dignificar a la persona a partir del trabajo. Como ventaja adicional, ofrecerán nuevas oportunidades a los pequeños productores sin recursos para iniciar un circuito de comercialización.

Desde el punto de vista del consumidor, también traerá beneficios con la reducción en el costo final del producto que surge de eliminar la cadena de intermediación. “No es de soslayar, asimismo, que para muchas personas (en especial aquellas de bajos recursos como desocupados, cuentapropistas y jubilados y pensionados) el consumo de alimentos representa un porcentaje relevante de sus gastos en relación a sus ingresos”, reseñó en los considerandos de la normativa que puso a consideración del Legislativo.

Por otra parte, la comercialización directa garantiza el derecho a la información clara, veraz y detallada que posee el consumidor (artículo 4  de la Ley 24240), teniendo en cuenta que el productor puede dar detalles precisos de su producto, cómo usarlo y sus características, entre otros datos.

“Dada la actual situación socioeconómica, consideramos imprescindible la existencia de estos ámbitos de comercialización tanto para los pequeños productores como para el consumidor, por los beneficios ya reseñados”, concluyó la expresidenta del Concejo.

Productores y mercadería

La iniciativa define a las ferias francas como el conjunto de puestos móviles o fijos que funcionan en espacios públicos o privados cedidos por la Provincia, el Municipio o particulares, destinados exclusivamente a la venta minorista de productos alimenticios, frutihortícolas, de granja, panificados, regionales y productos alimenticios elaborados artesanalmente por los pequeños y medianos productores que cuenten con la autorización municipal respectiva, excluyendo aquellos productos alimenticios que por su naturaleza necesiten refrigeración.

Además, establece que los feriantes deben comercializar en forma directa con el consumidor y podrán ser personas físicas, el agricultor y su núcleo familiar –encuadrados en la Ley 27118 de Agricultura Familiar- y las cooperativas de trabajo.

La implementación

La concejal de Integrar consideró que la Secretaría de Desarrollo Local es el área pertinente para la aplicación de la ordenanza, quien debería crear y mantener un registro de feriantes, establecer lugares y fechas de realización de las ferias, sancionar un reglamento de funcionamiento y otros aspectos que posibiliten la realización de la actividad y el acceso de productores y consumidores a este canal de comercialización.

En el articulado establece que Desarrollo Local deberá crear y llevar actualizado un Registro de Feriantes, en donde se asentarán los datos personales y los productos a comercializar.

Además, tendrá que expedir un permiso de feriante, con prioridad a personas que tengan una residencia mínima de dos años en Tandil, y asignará los espacios dentro de la feria.

La secretaría también determinará la ubicación de las ferias francas, priorizando las zonas de mayor densidad demográfica, las más alejadas del centro y considerando las que generen menores molestias a los residentes de la barriada. Sumado a esto, confeccionará un calendario de funcionamiento, con circuitos que abarquen toda la ciudad y para no afectar la actividad comercial de una zona específica.

Por último, tendrá que sancionar un reglamento interno de funcionamiento de las ferias francas.

Los controles

Por otra parte, el proyecto contempla que la Dirección de Bromatología aplique sus facultades de control respecto a las condiciones sanitarias de producción y manipulación de los alimentos que se ofrezcan, conforme a la normativa vigente.

En este aspecto, el área municipal determinará las obligaciones que deberán observar los feriantes en materia sanitaria, de higiene y de manipulación de alimentos, y también se encargará del contralor.

Beneficios impositivos

Los feriantes deberán cumplir con las normas nacionales y provinciales, pero además estarán inscriptos como contribuyentes de la Tasa Unificada de Actividades Económicas (TUAE).

En este aspecto, prevé una reducción impositiva para fomentar esta actividad comercial, aunque como compensación los feriantes deberán encargarse de la limpieza de los espacios y la recolección de residuos.