En la última sesión del Concejo Deliberante ingresó para su tratamiento un proyecto de resolución que solicita al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires la reparación del acceso a la localidad de Azucena. La iniciativa, impulsada por el bloque Juntos - UCR, busca dar respuesta al reclamo de los vecinos en cuanto al deterioro que actualmente presenta la traza.

A través del texto propuesto y presentado por la concejal Andrea Pezzi planteó que el camino presenta roturas, baches y tramos con pérdida total de asfalto, lo que genera riesgos para la circulación y afecta la vida social, educativa y productiva de la comunidad rural.

Asimismo, destacó que la Provincia implementa programas destinados a financiar obras de mejora en caminos rurales, por lo que solicitó la incorporación de este tramo.

La autora del proyecto explicó a este Diario que la propuesta se suma a los pedidos que oportunamente presentaron los habitantes de Azucena y recordó que gestiones similares permitieron avanzar en la reparación de accesos a Gardey y María Ignacia (Vela). “Las obras no dependen del Municipio; esta es la herramienta que tenemos para acompañar el reclamo de las comunidades”, afirmó.

El proyecto  

El proyecto de resolución parte del “avanzado estado de deterioro” de la cinta asfáltica que constituye el acceso a la localidad de Estación Azucena, en el Partido de Tandil y se basa en una serie de considerandos.

En ese sentido, señala que el acceso resulta “fundamental” para garantizar la conectividad y el desarrollo de la vida social, educativa y productiva de los habitantes de Azucena y detalla que el pavimento presenta “roturas, baches y tramos con pérdida total de asfalto”, lo que representa un “riesgo” para la circulación y un “obstáculo” para el arraigo rural.

En tanto, indica que la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario, implementó programas como el plan de Mejora de Caminos Rurales y el plan estratégico integral de Caminos Rurales destinados a “financiar obras de reparación, mejora y mantenimiento de caminos que favorezcan la producción, el transporte y el acceso a servicios básicos en el ámbito rural” y que el Partido de Tandil “históricamente” fue incluido en diversas etapas de estos programas, por lo que resulta “procedente solicitar la incorporación del acceso a Estación Azucena, si es que no se encuentra contemplado”.

Entonces, el proyecto de resolución en su artículo primero establece: “Diríjase al Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires solicitando que se evalúe la inclusión de la traza de ingreso a la localidad de Estación Azucena dentro del Plan de Mejora de Caminos Rurales y/o del Plan Estratégico Integral de Caminos Rurales, a fin de proceder a su reparación y reasfaltado”.

Una herramienta

En diálogo telefónico con El Eco de Tandil, la concejal del bloque Juntos - UCR Andrea Pezzi enmarcó el surgimiento de la iniciativa en respuesta a las demandas de los vecinos de la localidad -que ya acumula dos expedientes de solicitudes anteriores- para instar a la Provincia a que avancen en una mejora, ya que se trata de obras que no dependen del Municipio.

Asimismo, hizo referencia a experiencias anteriores que derivaron en intervenciones en los accesos a localidades como Gardey y María Ignacia (Vela), por lo que estas iniciativas buscan interpelar al Gobierno provincial para que asuma su responsabilidad en el mantenimiento de las rutas.

Además, Pezzi agregó que el proyecto de resolución será remitido a la dependencia bonaerense junto con el pedido realizado oportunamente por los vecinos, que fue el “disparador para generar este pedido junto con todos los otros que tenemos”, en alusión a casos como el acceso a Fulton, a El Gallo y Don Bosco, entre otros.

“Estos pedidos son una modalidad de las comunidades y tratamos de utilizar las herramientas disponibles para poder acompañar, escucharlas y trabajar sobre eso”, resaltó.

Sobre el planteo, la concejal contó que los habitantes de la pequeña localidad rural presentaron su demanda a través de distintos medios en pos de obtener una respuesta de las autoridades. Los concejales tomaron nota e impulsaron un proyecto de resolución en virtud del estado que presenta el camino de acceso al pueblo.

“Como casi todos los accesos, tiene un tramo de asfalto y que con el tiempo y la falta de mantenimiento provocó el deterioro y la pérdida de material”, describió Pezzi.

A más detalles, indicó que en el caso de Azucena el tramo de asfalto es “importante” y que también presenta “muchos baches que trataron de cubrir”, pero los arreglos provisorios, la circulación y el paso del tiempo, provocaron nuevos baches.

Si bien evaluó algunas opciones de intervención, aclaró que las obras no dependen del Municipio sino que son “todas de la Provincia”, y comparó lo sucedido en el ingreso a la localidad de Gardey durante su gestión como delegada.

“Las herramientas que tenemos son a través de este proyecto de resolución, que se hizo con Gardey, con Fulton, con Azucena, como se hizo también con Vela”, para “poder gestionar y darle una mano al Ejecutivo y que la Provincia y también Nación, que tiene una parte que le corresponde porque cada camino provincial se une con una ruta nacional, puedan darle respuesta a los vecinos”.

El concejal de Juntos y presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, Matías Tringler, manifestó su preocupación por las complicaciones con que se encuentran los afiliados al PAMI a la hora de acceder a los remedios que antiguamente estaban cubiertos por esa obra social y señaló: “hemos escuchado a gente que dice que no toma más la medicación, o que la toma día por medio”.

En su paso de ayer por “Tandil Despierta”, por ECO TV y la 104.1 FM, el médico y expresidente del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) de Tandil comentó que, por ese motivo, la Comisión que encabeza mantuvo hace algunas semanas un encuentro con el director del PAMI en este Partido, Martiniano Corbetta; se refirió además al “eterno problema” por la cobertura que no ofrece el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y planteó su inquietud ante la falta de cumplimiento, por parte del Estado nacional, de la Ley que establece el envío de métodos anticonceptivos a los Municipios y las Regiones Sanitarias de la Provincia.  

En diálogo con este Multimedios, Tringler contó que en la Comisión que preside reciben diversas consultas por parte de los afiliados al PAMI, en las que expresan su desconcierto frente al recorte en el acceso a distintas medicaciones y prestaciones.

"Nos llega, primero, preocupación y también mucha incertidumbre de parte de muchos afiliados porque la comunicación, sobre todo con ellos, es muy difícil, no existe", dijo Tringler.

Y afirmó que esto se agrava debido al “aumento descomunal” en los precios de los remedios registrados en los últimos meses. 

“Lo primero que pasa es que la gente ve que no puede acceder a algunos medicamentos a los que antes accedía, no los puede comprar; se trata de medicamentos que -hay que reconocerlo- han tenido un aumento descomunal”, señaló el edil radical y ejemplificó que “hoy un antibiótico para una angina te mueve la economía mensual: ronda los 15.000, 20.000 pesos”. 

“Y me refiero a los antiinflamatorios, a cosas básicas; ni hablemos de tratamientos crónicos, que son incomprables", indicó.

“Lo primero que ve el afiliado es que se redujo el vademécum de 3.000 principios activos -tipos de drogas distintas- a 2.000”, dijo Tringler.

“Y luego –continuó- hubo algunos que pasaron a lo que se llama ‘venta libre’ o que no necesita la cobertura, entonces también quedaron afuera de los descuentos de PAMI”. 

Cambios en un subsidio

En el encuentro que se realizó el lunes 14 de octubre, Martiniano Corbetta les explicó a los integrantes de la Comisión de Salud “que lo primero que hubo es un recorte en la cantidad de drogas, analizado por auditorías y demás", señaló Tringler.

Además, los anotició sobre los cambios implementados en torno a la percepción de un subsidio social, en el que –según les manifestó el titular del PAMI- se encontraron diversas irregularidades.

“La gente que no podía acceder a sus medicamentos tenía un subsidio social, para el que la persona tenía que cumplir con ciertos requisitos. Martiniano explicó que era una declaración jurada que mucho no se comprobaba, que en esas cuestiones encontraron irregularidades y que, por eso, se pasó todo directamente a fojas cero”, dijo Tringler. 

Y recomendó a los beneficiarios del PAMI que, si observan un recorte en alguno de los beneficios que antes sí percibían, “se acerquen a la agencia de Tandil para ver si cumplen con los requisitos para tener el subsidio social". En la ciudad, el organismo funciona en calle Pinto Nro. 869.

El concejal y presidente del SISP hasta diciembre de 2023 consideró que la falta de comunicación es una de las “barreras de accesibilidad” que buscan evitar la bajada de fondos públicos hacia la población.

“No digo que sea ahora así en PAMI, pero sí es una lógica en general: cuanto más fácil te lo hago, más subsidios tengo que aportar; cuantas más barreras te pongo, menos costos tengo”, aseguró. 

“No lo digo específicamente por PAMI, pero eso existe", reiteró.

Y envió un mensaje hacia la población de Tandil: “A la gente que realmente esté con mucha dificultad -hemos escuchado gente que dice que no toma más la medicación o que la toma día por medio– le decimos que por favor no haga eso, que vaya con la problemática puntual a la agencia de PAMI, que ahí los van a recibir”.

Para cerrar este tema, Tringler expresó que “lo que nos ha dejado Martiniano es que se analiza caso por caso y que, si sus principios activos quedaron fuera del vademécum, pueden recibir las opciones para que lo converse con su médico”. 

“Y que si quedaron afuera del subsidio que tenían y corresponde que ese subsidio continúe, lo tiene que subsanar la agencia en ese momento", completó.

Vale recordar que, a comienzos de septiembre, los jubilados tandilenses comenzaron a manifestarse en la ciudad en reclamo por la Ley de Movilidad Jubilatoria y exigiendo la restitución de los medicamentos que el PAMI dejó de entregar de forma gratuita.

El “eterno problema” del IOMA

Por otro lado, el concejal de Juntos se refirió a la problemática que enfrentan los afiliados al IOMA, “un eterno problema que no parece tener una solución”, según definió. 

“Hoy en día se van haciendo parches y no terminamos con la solución de fondo”, sostuvo Tringler. 

Y aseguró que “hemos tenido infinidad de reuniones, escuchando a usuarios de la obra social, escuchando a la gente de la 23 de Diciembre, que es la gerenciadora; he participado en reuniones con autoridades y, la verdad, es que no termina de buscarse la solución de fondo que tiene que ver con una cuestión económica, del Ministerio de Economía, de aportar lo que tiene que aportar y de gestionar mejor la obra social”.

Los afiliados a la obra social del Estado provincial –muchos de los cuales están agrupados en Autoconvocados Emergencia IOMA Tandil- vienen denunciando desde hace tiempo la falta de cobertura de distintos medicamentos y prácticas de salud, demoras en la realización de trámites y en el acceso a prótesis y otros materiales fundamentales. 

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El concejal radical Matías Tringler se refirió también al cese en el envío por parte del Estado nacional, desde marzo pasado, de anticonceptivos hormonales y preservativos a los centros de salud municipales.

En diálogo con El Eco Multimedios, Tringler destacó en ese sentido que en la próxima sesión deliberativa de este jueves la mayoría de los ediles votará a favor de una iniciativa que solicita que el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, brinde detalles sobre esta problemática que afecta, especialmente, a personas de bajos recursos y a adolescentes.

“Entendemos que no es simplemente una decisión política; hay una Ley creada en 2002, que sigue vigente, y los fondos no aparecen”, señaló el edil al respecto y contó que, para paliar esta interrupción en el envío de los anticonceptivos y no dejar sin este tipo de insumo a los tandilenses que lo necesitan, “el Sistema Integrado de Salud Pública tuvo que invertir más de 12 millones de pesos hasta la fecha”.

El presidente de la Comisión de Salud del Concejo Deliberante explicó asimismo que los representantes de la cartera sanitaria de Nación con los que ha mantenido contacto "me han comentado que lo están resolviendo, que es una cuestión administrativa y que no es una decisión política. Pero el tiempo pasa y no hay soluciones".

"Si la decisión política pasa por eso (dejar de enviar pastillas y preservativos) tienen que ver de cambiar una Ley porque, si no, están incumpliendo una Ley", insistió. 

Tringler detalló además que la población más afectada por esta carencia son “las personas sin obra social, generalmente usuarios de los centros de salud de los barrios” y, en cuanto al rango etario, no dudó en afirmar que el grupo más perjudicado son los adolescentes.

El presidente del bloque Juntos – UCR Mario Civalleri respondió a los cuestionamientos de la oposición y salió a defender el proyecto que elevó el Departamento Ejecutivo para la venta del predio ubicado en Santamarina 450.

En principio, se enfocó en las observaciones que expuso el concejal Juan Manazzoni (PRO) sobre las desprolijidades que detectó en el expediente y que demandaron que su regreso al Ejecutivo para su revisión, y a los cuestionamientos por parte del edil Federico Sánchez Chopa (Acción Tandilense – La Libertad Avanza) sobre el destino que se pretende dar a los más de 4 millones de dólares que podrían ingresar por la venta del lote.

Como se informó, con los recursos obtenidos la gestión de Miguel Lunghi proyecta la creación de una planta de pavimentación y la inversión en infraestructura para la generación de suelo urbano, retomando dos iniciativas en las que había apostado para el desprendimiento del espacio donde funcionaba Vialidad. 

En diálogo con el ciclo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), el exjefe de Gabinete sentó posicionamiento en tono del rol del Estado, respaldó la “expertise suficiente” del Centro de Martilleros para tasar el inmueble y descartó que este tema sea un impedimento.

Asimismo, sostuvo que los concejales “tenemos la obligación ante la ciudadanía de despojarnos del interés político partidario para pensar en cuestiones que sean buenas para la ciudad” y llamó a discutir si el proyecto es “bueno o no para la ciudad". 

En esa línea, garantizó que “nuestra misión es seguir dialogando” y que “todos acompañen”, por lo que “voy a hacer todos los esfuerzos para hacerlo en estos términos, pidiendo que pongamos el caballo delante del carro. Discutir si debe tener o no informe del contador es subalterno a lo principal. Lo honesto intelectualmente es si estamos dispuestos a discutir el proyecto global”.

Debate público, pero también político 

En el inicio de la entrevista con El Eco Multimedios, el concejal trazó los principales lineamientos de la iniciativa impulsada por el Gobierno de Miguel Lunghi, un tema “muy importante” como es la venta del inmueble para instalar en la agenda del “debate público, porque está dirigido a la ciudadanía en muchos sentidos, y político”.

Entre los argumentos, defendió que el Municipio considera que en este momento, de “dificultades para la obtención de financiamiento para obra pública”, disponer de un inmueble que hoy tiene un uso “bastante limitado”, permitiría abordar algunos proyectos claves para la ciudad.

Por un lado, el armado de una “especie de empresa pavimentadora municipal”, como le gusta definirla, y por otro, la obtención de financiamiento para el desarrollo de infraestructura urbana.

Planta de pavimentación

Con una inversión cercana a los 2 millones de dólares, aproximadamente la mitad de lo que fija la tasación del predio, el Gobierno podría armar un equipo “muy potente” para afrontar la demanda en materia de pavimentación urbana, una de las cuestiones que representa una “deuda” de la gestión.

Al exponer algunos números, Civalleri mencionó que Tandil tiene unas dos mil cuadras con pavimento. De ese total, aproximadamente 1.150 cuentan con pavimento negro (flexible), 600 con hormigón y alrededor de 200 con granitullo. “Y tiene pendiente 3.900”, remató.

De esas cuadras no pavimentadas, existe un porcentaje que cuenta con la densidad o los servicios básicos para avanzar en una mejora de infraestructura. “Y lo vemos en la demanda de barrios que han crecido”, dijo y argumentó que resulta “difícil dar respuesta porque el costo es alto para el Municipio”.

En detalle, implica una inversión de entre 80 y 90 millones de pesos por cuadra, mientras que “el costo para la ejecución pública rondaría los 50 millones”, comparó en caso de disponer de esos elementos en debate.

Generación de suelo urbano

El otro proyecto apunta a la generación de suelo urbano. Para la administración comunal, esos dos millones de dólares restantes podrían invertirse en la generación de infraestructura (gas, cloacas, agua, energía eléctrica, cordón cuneta y arenado) para aproximadamente 700 lotes.

“Es un destino que está dirigido a cuestiones que son muy importantes, caras y difíciles de afrontar de otra manera, y que están dirigidas a muchos barrios”, valoró el exsecretario de Obras Públicas.

En definitiva, objetivos de relevancia que resultan de un proyecto que debería formar parte de un “debate amplio”, que incluya la mirada del conjunto de los tandilenses y que implicaría “cambiar capital de lugar porque el pavimento y la infraestructura urbana son capitales sociales”.

Cuestionamientos de la oposición 

-¿Cómo tomó los cuestionamientos de la oposición en torno al proyecto?

-Vi lo que dijo (Federico) Sánchez Chopa y creo que asumió rápidamente el rol de libertario, a pesar que se presentó en sociedad como un espacio vecinalista, y le pegó fuerte el tema del Estado ausente. Nosotros tenemos una mirada diferente. Creemos que ese Estado ausente que tanto se proclama a nivel nacional termina haciendo que empiecen a rebalsar necesidades y gastos sobre otros niveles del Estado. Lo vemos en la atención de la salud pública o seguridad. Y nosotros somos un Gobierno sensible a esas necesidades. No tenemos una mirada de Estado ausente. Ahora me pregunto si a esta gente le tocara gobernar a nivel local, cuando se presentan estas demandas, qué le dirían a la gente. Creo que hay algunas cuestiones que son difíciles de soslayar. Un costo de esas características tiene una incidencia de 4 millones por lote, que no es fácil afrontarlo sin el auxilio del Estado.

-¿Y la posibilidad de juntarse entre los vecinos para pagarlo entre todos?

-Buena parte de la infraestructura básica todos la hemos pagado porque es tan grande el universo de demanda que es difícil de resolver. Pero el tema de la pavimentación, por eso en 2008 generamos un fondo exclusivo, es tan oneroso frente a los otros servicios que vimos la necesidad de instrumentar algún otro mecanismos más virtuoso que permitiera avanzar. Porque si no la posibilidad de acceder al asfalto estaría prácticamente reservada para sectores más pudientes y habría pilas de lugares donde no llegaría. Esta visión que tenemos es diferente. Por eso digo que no sólo forma parte de la política, sino que también pretendemos un involucramiento en la opinión de los vecinos.

-¿Qué pasa con las otras observaciones? 

-El expediente tiene una fundamentación desde el punto de vista urbanístico. Si el predio sale a la venta tendría los indicadores de la zona central, la más valiosa en esos términos. Y lo que se planteó fueron algunas observaciones muy particulares. Respecto de la tasación, no pongo en duda lo que hizo el Centro de Martilleros. El Banco Provincia tuvo un equipo de tasación para algunas cuestiones puntuales, vinculadas básicamente a créditos que otorgaba el propio banco, pero no era que trabajaran en eso. Lo que nosotros veíamos es que además tiene una tarifa que para el Municipio era costosa. Y en ese mecanismo de ahorro se hizo un acuerdo muy bueno con el Centro de Martilleros. Hay que ser claros en esto. Las demás observaciones son cuestiones menores, salvables, muchas de ellas se obviaron cuando votamos la ordenanza del Centro de Convenciones. 

-Estos cuestionamientos surgieron de sectores que no habían acompañado el expediente anterior.

-Eso es verdad también y hemos notado que a algunos se les nubla la mirada a la hora de aprobar cuestiones que promueve el Gobierno. A veces se mezcla la cuestión política.

-¿Cuesta mucho hacer las cosas bien, completas?

-La dinámica de funcionamiento del Departamento Ejecutivo es muy intensa y es cierto que tal vez hay veces que no atiende minuciosamente cosas que para los concejales, que tenemos más tiempo para mirar, se nos ocurre observarlas. Pero nunca evitó modificar esas cosas.

En medio de críticas entre concejales de los distintos bloques en torno a la toma del predio en el barrio La Movediza, el lunes próximo el oficialismo local presentará en el Concejo Deliberante un proyecto de Resolución dirigido al subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja, solicitando que revise la medida de diciembre pasado que incluye al terreno ocupado en Piccirilli al 1100 en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y, por lo tanto, lo exime del desalojo.

Entrevistado por El Eco Multimedios, el presidente del bloque Juntos - UCR en el deliberativo local, Mario Civalleri, contó los alcances del proyecto de Resolución que presentará en el Concejo, ratificó la postura del Ejecutivo a favor de la desocupación del predio y le respondió a sus pares de La Libertad Avanza (LLA), Federico Sánchez Chopa, y de Unión por la Patria, Nicolás Carrillo. 

“Vamos a presentar un proyecto de Resolución dirigido a la Subsecretaría de Integración Socio Urbana a cargo de Sebastián Pareja para que revise esa Resolución, a nuestro criterio ilegal, del 6 de diciembre”, contó ayer Mario Civalleri ante el micrófono de “La Mañana de El Eco”, por ECO TV y la 104.1 FM.

La norma mencionada es la Resolución 254/2023 de la entonces Secretaría de Integración Socio Urbana del exMinisterio de Desarrollo Social que, a pocos días de finalizarse el Gobierno de Alberto Fernández, incluyó al predio propiedad de Daniel Moauro en el Renabap, con lo cual sus ocupantes no pueden ser desalojados compulsivamente.

“Cuando asume este nuevo Gobierno, que nos ha dado cátedra en materia de derechos a la propiedad privada, nos encontramos con que un funcionario, actualmente a cargo de esa Subsecretaría -Sebastián Pareja- le informa al tribunal que interviene en el tema que esa Resolución está vigente y la vuelve a fundamentar”, dijo Civalleri en referencia a la medida emitida por el armador político del Presidente Javier Milei en la Provincia el último 6 de julio. 

Y agregó: “nos encontramos con la curiosa situación de que un funcionario de un Gobierno que como punto 1 del Pacto de Mayo rescata la inviolabilidad de la propiedad privada, ratifica una Resolución que lo que está haciendo justamente es violarla".

En ese marco, el edil radical se preguntó: “un Gobierno al que no le ha temblado el pulso para tomar la decisión de suspender cosas mucho más dolorosas, como por ejemplo el subsidio al transporte que está judicializado a lo largo y lo ancho del país y que lastima el bolsillo de la gente, ¿no puede cambiar una Resolución que es irregular e ilegal?”

“Nosotros vamos a ir por la positiva”, aseguró Civalleri y se expidió sobre el proyecto de Resolución que en este momento está siendo revisado por el área de Legales y que será presentado el próximo lunes ante el Concejo. 

“Después cada bloque decidirá; en la próxima sesión del Concejo Deliberante se someterá a votación y veremos cuáles son los argumentos de uno y otro lado y quién está en cada lugar”, expresó. 

“Lo que todos dicen querer es que se desaloje y se respete la propiedad privada así que, para que eso ocurra, lo que tenemos que lograr es que el señor Pareja revise esa Resolución y que finalmente termine modificándola o derogándola, con ajuste a los términos de lo que la propia Ley o la propia Justicia han planteado”, agregó.

“Fue impecable” la labor de Marcieri

El martes pasado, la secretaria de Protección Ciudadana del Municipio, Alejandra Marcieri, tildó de “situación realmente incoherente” la decisión del Gobierno libertario de prolongar una medida emitida con anterioridad por el Ejecutivo a cargo del bloque Unión por la Patria.

Sus declaraciones le valieron la fuerte crítica del concejal de LLA, Federico Sánchez Chopa, quien las enmarcó en “una clara intención de pegarle al Gobierno nacional” y sostuvo que, a la gestión de Miguel Lunghi, “le ha pasado una toma por las narices y no tomaron ningún recaudo”.

Ayer Civalleri defendió, “en todos los términos, los dichos de Alejandra Marcieri” y valoró que la labor de la funcionaria –que durante los primeros meses de la toma y por un largo período estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat- fue “impecable”.

“La verdad que suena bastante ridículo que precisamente una persona que trabajó muchísimo sobre el tema sea acusada de mirar para el costado”, resaltó.

También dijo lamentar “mucho las declaraciones de Sánchez Chopa, que además ha sido funcionario de nuestro Gobierno”, y consideró que "lo hizo por desconocimiento y no por mala fe, porque si supiera de toda la intervención del Municipio, no lo diría". 

“Con Federico tengo algunas coincidencias porque él se manifiesta en contra de la usurpación y en contra de la violación de la propiedad privada, que es un concepto al que nosotros obviamente adherimos”, expresó Civalleri.

Y declaró: “después veremos si Sánchez Chopa y (la concejal de LLA) Luján Fiego acompañan (el proyecto de Resolución) porque como él dice que no son libertarios… por ahí lo acompañan, porque no le deben nada a nadie”.

“Carrillo es parte del problema”

En la entrevista de ayer, Civalleri también apuntó contra el concejal Nicolás Carrillo (Unión por la Patria), que días atrás vinculó la existencia de tomas en el partido a un fracaso de la política en general. 

“Me molestan las declaraciones altisonantes de Marcieri que, como declaraciones, son llamativas”, había dicho Carrillo a este Multimedios. 

“Decir que son todos extranjeros y que hay que desalojarlos, pero estas gobernando vos. ¿Cuántos años estuviste en Desarrollo Social? Ahora estás en Seguridad y no resolviste el tema”, había indicado el referente peronista.

En este plano, Civalleri consideró que “Carrillo forma parte un poco del problema”. 

“Creo que él tiene una mirada muy particular del tema y, más allá de que también se declara a favor del derecho a la propiedad privada, entiendo que es una verdad de Perogrullo”, sostuvo el radical.

“Por un lado dice eso, pone el guiño para la derecha pero después dobla a la izquierda a los dos minutos”, ironizó.

El presidente del bloque Juntos argumentó además que el Ejecutivo comunal tiene “vocación de generación de suelo urbano” y ejemplificó con la intención de poner en venta el predio ubicado en Avenida Santamarina 450, el que –según señaló- tendrá “un destino espectacular” ya que, de acuerdo a lo explicado oficialmente, el producido por la venta se destinará, por un lado, al montaje de una Planta de Pavimentación Municipal y, por el otro, a la adquisición de macizos de tierra para generar lotes con servicios para la comunidad local.

Asimismo, Civalleri recalcó que “buena parte de lo que hoy incluye la Ley de Hábitat tiene que ver con algunas medidas individuales que hace unos años este Gobierno local puso en marcha a través del Plan Familia, incorporando a organizaciones de la comunidad para poder desarrollar urbanizaciones”. 

“El mecanismo de la toma no funciona”

Finalmente, el edil se mantuvo muy firme en la postura del gobierno lunghista: el desalojo compulsivo de los ocupantes de Piccirilli al 1100.

“Acá hay que pensar que la Justicia intervino desde el primer momento, que en dos ocasiones ordenó el desalojo y que por distintos motivos no prosperó”, señaló Civalleri. 

Y continuó: “en algunos momentos hubo motivos políticos, como por ejemplo el armado de una mesa de diálogo donde se intentó 'seducir' al propietario con una promesa de compra o cosa parecida, situación que después no prosperó”.

Cabe recordar que la toma comenzó en febrero de 2023, cuando un grupo de mujeres con dificultades para el acceso a la vivienda se asentó en el predio con unas pocas pertenencias.

Con el paso del tiempo se fue incrementando la cantidad de familias que llegaron al macizo. Según el último relevamiento, ordenado por el poder Judicial y realizado por la comisaría Segunda, en este momento hay más de 144 familias viviendo en la toma.

“No solo queremos resolver el problema de esa toma; nosotros queremos dar una señal, como la hemos dado a lo largo de todos estos años, de que el mecanismo de la toma no funciona”, aseguró Civalleri y se refirió al posible desalojo. 

“Obviamente lo haremos en el marco de respetar y de ayudar a las familias que en estos momentos están haciendo la ocupación”, adelantó. 

Y dijo que “esto, el Gobierno siempre lo ha hecho pero nosotros tenemos una responsabilidad trascendental como Gobierno, que es decirle a la comunidad de los tandilenses que nosotros nos vamos a manifestar siempre en contra de este tipo de situaciones”.

Para terminar, remarcó que “no vamos a dejar nunca de asistir, como lo hemos hecho en cada momento, a las personas (que viven en el terreno) y sobre todo a los más vulnerables, como lo son los niños”.

Atento al estado de abandono de diversos edificios dentro del ejido urbano de la ciudad y al peligro para la seguridad y la salud pública que generan, además de contribuir al deterioro del entorno urbano, el bloque de concejales Juntos - UCR, presentó un proyecto de ordenanza que busca atender esta problemática.

En términos generales, el objetivo está puesto en generar un marco normativo “claro y específico” frente a las dificultades que generan los inmuebles que se encuentran en este estado.

La propuesta fue presentada durante la última sesión del Concejo Deliberante por el presidente de la bancada, Mario Civalleri.

El proyecto de ordenanza establece, en su artículo primero, la obligatoriedad de que “todos los edificios en estado de abandono dentro del ejido urbano cuenten con el cerramiento correspondiente, conforme a las especificaciones técnicas establecidas en la presente ordenanza”.

En el artículo segundo fija que se considera edificio en estado de abandono aquel que presente signos evidentes de desuso, deterioro, falta de mantenimiento y/o esté deshabitado por un período superior a seis meses consecutivos, sin actividad constructiva o comercial visible, en el que se facilite el ingreso desde la vía pública.

Luego, agrega que el cerramiento deberá cumplir con las siguientes condiciones: “cercas de al menos dos metros de altura, construidas con materiales resistentes y seguros; portones o accesos cerrados con mecanismos que impidan el ingreso no autorizado; otro tipo de infraestructura que garantice el no acceso al inmueble, con previa aceptación de la autoridad de aplicación; y el mantenimiento regular para garantizar su efectividad y buen estado”.

Más artículos 

Los propietarios de los edificios en estado de abandono, según lo establece el artículo cuarto, dispondrán de un plazo de hasta 90 días a partir de la intimación realizada por la autoridad de aplicación para proceder al cerramiento correspondiente”, mientras que la autoridad de aplicación determinará el plazo específico para realizar el cerramiento en función de la complejidad que presente”.

En quinto lugar indica que el incumplimiento de la presente ordenanza será sancionado con multas que irán de entre uno y hasta dos salarios correspondientes a la Categoría 4 del Agrupamiento Administrativo del Escalafón Municipal vigente al momento de la cancelación de la infracción. 

En caso de persistir el incumplimiento, la Municipalidad “podrá proceder al cerramiento de oficio, cargando los costos al propietario a través de la Tasa Retributiva de Servicios y con multas que irán de dos a cuatro salarios correspondientes a la Categoría 4”.

Asimismo, se contemplarán excepciones a la obligación de cerramiento en casos justificados por razones de interés público, proyectos de urbanización o planes de desarrollo urbano aprobados por la Municipalidad, aclara el artículo sexto, mientras que en el séptimo agrega que la autoridad de aplicación, a través de los medios que crea conveniente, diseñará un canal de denuncias anónimas con el fin de notificar al Departamento Ejecutivo la existencia de edificios en estado de abandono que resulten un potencial problema de seguridad, sanidad, entre otros.

Argumentos 

La propuesta desarrollada por la bancada presidida por Mario Civalleri plantea que “es deber del Municipio velar por la seguridad y el bienestar de sus habitantes” y que los edificios en estado de abandono “pueden ser foco de insalubridad”, ya que “suelen acumular residuos y escombros, propiciando la proliferación de plagas y roedores y representando un riesgo sanitario para la sociedad”.

Además, estas construcciones son “frecuentemente utilizados para actividades ilícitas, tales como la venta y consumo de drogas, robos y vandalismo, poniendo en peligro la seguridad de los vecinos y deteriorando la calidad de vida en los barrios afectados”.

La falta de cerramiento “facilita la ocupación ilegal, generando conflictos legales y sociales y dificultando la recuperación de los inmuebles por parte de sus legítimos propietarios”, mientras que los inmuebles en estado de abandono generan un “impacto visual negativo, desalentando inversiones y afectando el valor de las propiedades vecinas”.

Asimismo, “implementar cerramientos adecuados no solo previene el acceso no autorizado y los problemas asociados, sino que también promueve el mantenimiento y la responsabilidad por parte de los propietarios, incentivando la recuperación y reutilización de los inmuebles”, y remata que “es necesario establecer un marco normativo claro y específico para abordar esta problemática”.

A falta de dos semanas para que se celebren las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, el presidente del Concejo Deliberante y precandidato a primer concejal por la UCR, Juan Pablo Frolik, destacó que están trabajando para ganar en las urnas y que en la interna se vive un clima “de respeto”.

“Miedo no le tenemos a nada. Se está trabajando para ganar las PASO y las generales”, manifestó Frolik durante el espacio del desayuno en La Mañana de El Eco, por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Vale recordar que, semanas atrás, el propio presidente del HCD se había mostrado confiado de cara a las Primarias y había declarado que “para nosotros, el gran desafío en Tandil es ganarle a La Cámpora en las Generales de octubre”.

No obstante, este lunes refirió que “las dos instancias son muy difíciles” y señaló que “en todas las elecciones tengo mis dudas, pero siempre con las esperanzas de ganar”.

En cuanto a la interna de Juntos, sostuvo que hoy reina el respeto y que algunos conceptos que se esgrimieron tiempo atrás ya se dejaron de lado.

“Hay un clima de respeto, sobre todo en este último tiempo. Hubo algunos conceptos duros que, a medida que transcurrió la campaña, los mismos que lo dijeron se dieron cuenta de que eran poco creíbles”, expresó y agregó: “Se dijo en una primera ocasión y se dejó de decir porque no había un convencimiento de que era real. No se repite, entonces no se cree en eso conceptos”.

Finalmente, Frolik expresó su preocupación por la eventual baja concurrencia de los ciudadanos a sufragar: “Me preocupa que vaya poca gente a votar. No creo que sea bueno, espero que no pase. Pero hay que reconocer que se han cometido errores que hacen que la gente tenga poco incentivo en hacerlo”.

Ante la necesidad de poner en valor los ramales del tren de carga en la zona de influencia del Puerto Quequén por su “importancia económica, productiva y social”, el bloque de concejales de Juntos presentó en la última sesión un proyecto de resolución en sintonía con el nuevo impulso que tomaron las gestiones conjuntas y con un enfoque regional para restituir el servicio.

La bancada presidida por Mario Civalleri fijó postura y decidió acompañar las acciones que pusieron en marcha en Tandil hace casi dos semanas un grupo de jefes comunales de la región, legisladores provinciales, representantes de distintas dependencias del Estado, integrantes de asociaciones y funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación.

En términos generales, la iniciativa busca fortalecer las líneas de acción acordadas durante el encuentro, dirigiéndose a la administración bonaerense y a la cartera de Transporte nacional y enviando copias a los distritos con influencia en el tema para que tomen acciones similares.

El proyecto de resolución presentado sobre tablas al cierre del último encuentro legislativo se dirige al gobernador Axel Kicillof para solicitar, según el artículo primero, que “tenga a bien intervenir en la concreción de recuperación del de los ramales ferroviarios de la zona de influencia del Puerto Quequén”.

En el artículo segundo pide a la Secretaría de Transporte de la Nación “tenga a bien realizar un estudio que determine la factibilidad técnica y económica de la puesta en valor de los ramales del tren de carga en la zona de influencia del Puerto Quequén”.

Luego, de acuerdo al artículo tercero, requiere al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que “ponga a disposición del desarrollo de esta iniciativa los estudios y relevamientos que ha desarrollado sobre la infraestructura ferroviaria existente del hinterland del Puerto Quequén”.

Y, por último, envía copias a las cámaras de Senadores y Diputados de la provincia y a los Concejos Deliberantes de los partidos de Lobería, Azul, Ayacucho, General Guido, Benito Juárez, Tres Arroyos, San Cayetano, General Alvarado, Rauch, Necochea. 

Entre los puntos que sustenta la iniciativa, el bloque Juntos citó la reunión que se celebró el 19 de mayo pasado en Tandil de la que participaron representantes de los municipios de Lobería, Azul, Balcarce, Ayacucho, General Guido, Benito Juárez, Tres Arroyos, San Cayetano, General Alvarado, Rauch y Necochea.

También estuvieron presentes integrantes de la Sociedad Rural de San Cayetano, de Tandil, de Balcarce, de Lobería, de Necochea, de Rauch, de Guido, de Mar Chiquita, de Ayacucho, de Mar del Plata, de la Asociación de Productores de Benito Juárez, de González Chaves, de Trenes Argentinos Cargas, legisladores provinciales, de la CGT Regional Necochea, de Carbap, del INTA, entre otros.

En ese marco, todos los actores presentes coincidieron en la importancia de la reactivación del tren de carga ya que “impulsaría al desarrollo económico y logístico del Puerto Quequén y su área de influencia, generando nuevas oportunidades comerciales y potenciando el progreso de la región”.

Y agrega que se trata de una demanda que lleva más de dos décadas y que “todos los presentes coincidieron en acompañar los procesos necesarios para hacer realidad este viejo anhelo”.

Por otro lado, indica que “se conoció la potencialidad del INTA en analizar con datos certeros la producción del hinterland del Puerto Quequén a través de representantes de su área agro-logística a través del Centro Regional Buenos Aires Sur”.

Y teniendo en consideración el “potencial productivo de la región del hinterland (superficies cosechadas, kilómetros de recorridos, etc.), es necesario mejorar la infraestructura en logística, en donde el tren de carga es central”.