En un mensaje emitido en cadena nacional, el mandatario justificó la decisión por el elevado costo del subsidio y el contrabando de carburantes, y sostuvo que el nuevo mecanismo permitirá garantizar el abastecimiento.

“Desde ahora el diésel nos costará lo mismo que nos cuesta comprar afuera”, añadió.

La decisión gubernamental entró en vigor horas después de que el Senado aprobara un acuerdo de financiación de 1.900 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinado a respaldar el programa de estabilización económica y fortalecer las reservas internacionales.

Aunque el acuerdo con el FMI contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles a partir de 2027, el Gobierno decidió adelantar la medida para el diésel, mientras se mantiene por ahora el esquema vigente para la gasolina.

El nuevo esquema sustituye el precio fijo por un mecanismo vinculado al Precio de Paridad de Importación (PPI), que incorpora el costo del combustible importado, transporte, almacenamiento, financiamiento, tributos y otros gastos logísticos.

La medida amenaza con elevar los costos del transporte, la agricultura y otras actividades productivas que dependen del diésel, por lo que transportistas y organizaciones sociales expresaron su rechazo y advirtieron de posibles protestas y bloqueos.

Ante esto, horas después del anuncio presidencial, policías y militares fueron desplegados en puntos de la carretera entre Cochabamba y Oruro (regiones que conectan oriente con occidente del país), entre ellos Suticollo y Parotani, para garantizar la circulación vehicular.

El cambio se produce además mientras permanezca vigente la ampliación por 90 días del estado de excepción aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa, en un contexto marcado por bloqueos anteriores y una prolongada crisis de abastecimiento. NA

Momentos de máxima tensión se vivieron este viernes por la mañana en la frontera entre la Argentina y Bolivia, donde efectivos de Prefectura Naval se enfrentaron con un grupo de personas que intentaba cruzar mercadería por un paso clandestino. El episodio ocurrió en la zona que comunica Aguas Blancas, en Salta, con Bermejo, del lado boliviano.

Según la información preliminar, los incidentes comenzaron durante un procedimiento en el que los efectivos decomisaron mercadería que era trasladada hacia territorio argentino. La situación rápidamente escaló y se produjeron corridas y enfrentamientos. En los videos que comenzaron a circular durante la mañana se escuchan varias detonaciones mientras las personas que se encontraban en el lugar intentaban alejarse del sector. Hasta el momento, no se informó oficialmente quién efectuó los disparos ni en qué circunstancias se produjeron. Tampoco hubo información oficial sobre posibles heridos como consecuencia de los incidentes.

De acuerdo con los primeros datos conocidos, el enfrentamiento se produjo después de que Prefectura interceptara mercadería que intentaba ser trasladada a través de un sector no habilitado de la frontera. La zona de Aguas Blancas y Bermejo, separada por el río Bermejo, tiene un intenso movimiento fronterizo. Además del paso internacional habilitado, existen sectores utilizados para cruzar personas y productos por fuera de los controles formales.

En ese contexto, las fuerzas federales realizan operativos destinados a combatir el contrabando y otros delitos asociados al movimiento irregular a través de la frontera. Aguas Blancas, además, forma parte del área alcanzada por el Plan Güemes, el operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional para reforzar los controles en la frontera norte de Salta y combatir principalmente el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El episodio de este viernes tiene un antecedente reciente en la misma zona. El pasado 27 de agosto se produjeron incidentes en el denominado Paso Camba, en Aguas Blancas, después de otro procedimiento por mercadería. En aquella oportunidad, un grupo de personas se enfrentó con efectivos de Prefectura Naval luego del decomiso de distintos bultos. Hubo piedrazos contra móviles oficiales y se utilizaron balas de goma durante los disturbios. Posteriormente intervino Gendarmería Nacional para ordenar la situación en el sector y las autoridades locales solicitaron el cierre temporal del cruce.

El acuerdo se firmó en La Paz en el marco de la XIII Reunión Plenaria Ordinaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites Paraguayo-Boliviana, que se celebra del 14 al 16 de septiembre en esa ciudad bolivariana.

Se trata de la aprobación del trazado del límite internacional comprendido entre el Hito X “12 de Junio” y el Hito XI “Confluencia de los ríos Negro u Otuquis y Paraguay”, punto trifinio entre Paraguay, Bolivia y Brasil.

Con ello, la extensión total de la frontera paraguayo-boliviana, de aproximadamente 742 kilómetros, de los cuales 704 kilómetros son de frontera terrestre y 38 kilómetros de frontera fluvial, se encontrará aprobada y registrada, lo que significa un paso histórico en las relaciones de ambos países.

El reporte oficial resalta que esta realización constituye la culminación de un proceso histórico de 88 años iniciado después de la Guerra del Chaco, en que el Tratado de Paz, Amistad y Límites, suscrito el 21 de julio de 1938 en Buenos Aires, dispuso que una comisión mixta se aplicara sobre el terreno y amojonara la línea establecida por el Laudo Arbitral del 10 de octubre de 1938.

Conforme a las instrucciones aprobadas el 25 de noviembre. de ese año, la Comisión Mixta inició sus labores el 16 de diciembre de 1938 y, a lo largo de varias décadas, delegados, geodestas, astrónomos, topógrafos y técnicos de ambos países trabajaron para identificar los vértices establecidos por el laudo, abrir las picadas internacionales, determinar coordenadas y erigir los hitos fronterizos.

La decisión adoptada en La Paz reafirma que las fronteras se construyen mediante la diplomacia, la cooperación técnica y la voluntad sostenida de los pueblos hermanos, destaca el informe. NA

El Decreto Supremo 5701 promulgado el 7 de septiembre por el presidente Rodrigo Paz Pereira permite a las refinerías bolivianas comercializar los derivados del petróleo importado para distribuidores mayoristas, grandes consumidores, clientes directos, estaciones de servicio y otros canales de venta.

La medida gubernamental busca sobre todo aumentar la oferta de combustibles, en respuesta a la prolongada crisis de abastecimiento.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia tiene un plazo de hasta cinco días hábiles desde la publicación para establecer las reglas de aplicación, al tiempo que las refinerías nacionales deberán esperar la reglamentación para comenzar a operar bajo el nuevo régimen.

Estos productos quedarán fuera del régimen de subvención estatal, en un giro que abre las refinerías a la participación directa en la importación de la materia prima y la comercialización de combustibles.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia, Christian Morales, explicó al respecto que el Gobierno intenta con ello ampliar los mecanismos disponibles para garantizar el abastecimiento dentro del mercado interno.

En la actualidad, la compañía estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importa combustibles terminados, pero mediante el Decreto Supremo 5701, las propias refinerías podrán importar crudo para procesarlo a nivel interno.

En forma paralela, el Ejecutivo boliviano busca acelerar la importación directa de combustibles al país por parte de empresas privadas.

El anuncio del Gobierno se produce en momentos en que el país enfrenta dificultades para garantizar el suministro regular de gasolina y diésel, en un contexto marcado por la caída de la producción nacional y la escasez de divisas para financiar las importaciones. NA

Las Fuerzas Armadas, la Policía, Defensa Civil y el Ministerio de Salud participan en este comité de crisis junto con otras instituciones, en una estructura de respuesta destinada a concentrar en un mismo frente la atención a las víctimas, sus familias y los vecinos afectados.

Las explosiones dejaron dos personas fallecidas, 14 desaparecidas, más de 80 heridas y decenas de viviendas afectadas.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, se desplazó hasta Viacha para coordinar la respuesta institucional y anunció a los periodistas que se asignará un responsable a cada familia para proporcionar información directa sobre el avance de las operaciones.

La prioridad inmediata es ingresar a las áreas afectadas únicamente cuando los equipos especializados determinen que no existe riesgo por la posible presencia de material peligroso.

Las autoridades coordinan además necesidades de alimentación, transporte, alojamiento y asistencia, mientras que en la Escuela Militar de Música, ubicada al norte del departamento de La Paz, se habilitó alojamiento temporal para personas damnificadas. El comité de crisis también trabaja en la consolidación y verificación de la información sobre fallecidos, heridos y desaparecidos, con el objetivo de contar con registros únicos y actualizados.

Las explosiones ocurrieron la tarde del viernes en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada-2 “Bolívar”, a 35 kilómetros de la ciudad de La Paz, en el departamento homónimo. NA

La Justicia de Bolivia dictó este sábado una segunda prisión preventiva contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo, esta vez en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el juez Douglas Borda resolvió que Cerimedo cumpla seis meses de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz. La decisión se conoció luego de una audiencia virtual realizada durante la jornada.

Cerimedo participó de la audiencia desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, donde se encuentra detenido por otra causa judicial. Ante el magistrado, aseguró que no tiene intenciones de abandonar Bolivia ni de eludir las investigaciones abiertas en su contra.

“Yo quiero terminar este proceso porque me arruinaron la vida”, manifestó durante su intervención virtual, según reconstruyó el diario boliviano El Deber. Además, sostuvo: “Yo estoy en un penal, estoy encerrado, señor juez, por algo que no ocurrió”.

La nueva medida cautelar se produjo luego de que el viernes Cerimedo declarara ante la Justicia boliviana en el expediente por supuesto enriquecimiento ilícito. En esa instancia, el consultor aseguró que sus ingresos provienen de actividades lícitas vinculadas a empresas de comunicación y marketing digital.

Durante la declaración informativa, optó por no responder las más de 200 preguntas que le formularon los investigadores, aunque sí brindó precisiones acerca de su situación económica y volvió a referirse a su vínculo con el presidente boliviano, Rodrigo Paz.

Consultado acerca de sus ingresos durante 2025, Cerimedo respondió: “Cerca de un millón de dólares con actividades fuera de Bolivia”. Al ser interrogado sobre 2026, señaló que sus ganancias fueron similares, tomando como referencia los ingresos generados por sus empresas en el exterior.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, el argentino había señalado también que percibía alrededor de medio millón de dólares mensuales desde 2025 como resultado de sus distintas actividades empresariales vinculadas a la comunicación digital.

Con la resolución de este sábado, Cerimedo acumula dos prisiones preventivas dispuestas por la Justicia boliviana. La otra corresponde a la causa en la que está imputado por la presunta tentativa de femicidio contra su pareja, Nadia Beller.

Esa medida había sido ordenada luego de una extensa audiencia cautelar celebrada en Santa Cruz de la Sierra. Allí, el juez Wilson Espada rechazó los planteos presentados por la defensa y permitió incorporar a la investigación información extraída del teléfono celular del acusado.

El consultor político Fernando Cerimedo escribió una nueva carta desde la cárcel boliviana de Palmasola en respuesta a las declaraciones del presidente de ese país, Rodrigo Paz, quien si bien reconoció el apoyo del consultor, negó que este tuviese funciones oficiales.

En el texto, que el exasesor de Javier Milei redactó porque necesitaba enviarle un mensaje a la prensa, comenzó señalando:

“Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz”.

Luego, el consultor marcó que las mentiras o chismes no constituyen hechos y, sobre su accionar en la gestión del país andino, aclaró:

“Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial”.

Por lo tanto, sostuvo que jamás actuó en nombre de nadie ni tomó decisiones.

“Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario”, agregó. 

Acerca de las acciones ilícitas de las que se lo acusa, afirmó que jamás participó de negociados ni de ningún tipo de acto en su nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien dijo apreciar profundamente.

Cerimedo también se refirió a los problemas con su expareja, Nadia Beller.

“Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo”, expresó.

Para concluir, el consultor aseguró que desea que su situación judicial se resuelva lo antes posible.

“Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno”, finalizó.

El consultor político argentino Fernando Cerimedo escribió una nueva carta desde la cárcel de Palmasola, en Bolivia, en la que respondió a las recientes declaraciones del presidente de ese país, Rodrigo Paz, y negó haber tenido facultades para actuar en nombre del mandatario o de su familia.

El texto fue escrito luego de que Paz reconociera públicamente el apoyo que recibió de Cerimedo, aunque aclarara que el argentino no ocupó ningún cargo ni tuvo funciones oficiales dentro de su administración.

"Reafirmo lo dicho por el presidente Rodrigo Paz", comenzó Cerimedo en la carta, que, según explicó, decidió escribir porque necesitaba enviar "un mensaje a la prensa".

El consultor, quien anteriormente estuvo vinculado políticamente con Javier Milei, sostuvo que "las mentiras o chismes no constituyen hechos" y buscó precisar cuál había sido su participación junto al mandatario boliviano.

"Mi rol como colaborador del presidente no me otorgaba ninguna autorización ni poder para actuar o representar a la familia presidencial", expresó.

En ese sentido, Cerimedo aseguró que nunca tomó decisiones en representación de las autoridades bolivianas. "Jamás actué en nombre de nadie ni tomé decisiones. Nunca hice uso de eso a pesar de las mentiras y difamaciones infundadas que indican lo contrario", señaló.

En otro tramo de la carta, Cerimedo se refirió a las acusaciones que pesan en su contra y rechazó haber intervenido en actividades ilícitas o negociaciones irregulares.

"Jamás participé de negociados ni de ningún tipo de acto en mi nombre y mucho menos en nombre de la esposa del presidente, a quien aprecio profundamente y sé de su honorabilidad, así como la de toda la familia", afirmó.

Las declaraciones se producen mientras el consultor permanece detenido en la cárcel boliviana de Palmasola, en medio de una causa que adquirió repercusión tanto en Bolivia como en la Argentina.

El consultor también hizo referencia en su escrito a Nadia Beller, su expareja, y lamentó que el conflicto personal entre ambos haya adquirido una dimensión política.

"Lamento enormemente que una situación personal que no pude manejar se haya tornado en una cuestión de interés político por aquellos que no quieren sacar a Bolivia del pozo en que los metieron los 20 años del evismo", manifestó.

Cerimedo consideró de esta manera que su situación fue utilizada políticamente y volvió a rechazar las acusaciones difundidas en su contra.

Finalmente, el consultor manifestó su expectativa de que su situación judicial pueda resolverse en el corto plazo y anticipó que buscará responder públicamente a las acusaciones una vez que avance el proceso.

"Pronto la verdad de esta atrocidad saldrá a la luz y aclararé todas las mentiras que se han dedicado a implantar en la sociedad sin ningún sustento y con el único ánimo de dañar al gobierno", concluyó.

La nueva carta se conoce después de que Rodrigo Paz reconociera la colaboración de Cerimedo, pero tomara distancia respecto de cualquier supuesto rol institucional del argentino, al remarcar que no tuvo funciones oficiales dentro del gobierno boliviano.

La Justicia de Bolivia confirmó la prisión preventiva para un hombre y una mujer, los únicos dos detenidos que declararon ayer por el ataque contra Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo.

El juez dictó 120 días de prisión preventiva para el hombre identificado como Róger A. C. de 41 años y para Paola Andrea de 39 años, quien sería la novia de uno de los presuntos sicarios, un ciudadano colombiano apodado “Juancho”, que se encuentra prófugo.

El magistrado envío a ambos a la cárcel de Palmasola, donde Cerimedo está cumpliendo 180 días de prisión preventiva. Si bien estarán en la misma prisión no compartirán el mismo penal.

La Fiscalía acusó a los dos de tentativa de asesinato y de haber participado en la provisión del arma usada en el atentado contra la abogada de 33 años.

Ambos se presentaron ante el juez en el Juzgado de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, hasta donde fueron trasladados bajo custodia policial.

El fiscal Herland Rodríguez indicó que Róger A. C habría sido quien le vendió el arma de fuego a uno de los presuntos autores materiales del hecho, un ciudadano extranjero que es buscado por las autoridades.

En cuanto a la mujer “habría cobijado, habría mantenido el resguardo del arma de fuego utilizada”.

Rodríguez agregó que en los operativos se encontró otra arma de fuego en poder de uno de los acusados, pero aclaró que no se trataría del arma usada en el ataque.

En paralelo, los investigadores analizan otros elementos hallados durante las pesquisas, entre ellos una motocicleta que estaría vinculada con los movimientos de los supuestos autores materiales. (NA).

El periodista Javier Negre afirmó este lunes que el consultor argentino Fernando Cerimedo se desvinculó por completo de La Derecha Diario la semana pasada, días antes de ser detenido en Bolivia. El consultor está acusado de contratar sicarios para asesinar a su expareja, Nadia Beller.

Negre, propietario del portal liberal-libertario, explicó durante una entrevista radial que Cerimedo lo contactó personalmente para aceptar una oferta de compra de sus acciones que le había planteado meses atrás.

“Fernando, desde la semana pasada, llegó a un acuerdo privado de desvinculación total de La Derecha Diario y de mi persona”.

El propietario del medio precisó que las conversaciones para concretar la salida habían comenzado a principios de año debido a la escasa participación del consultor en la gestión cotidiana.

“Le pedí por favor que se saliese del medio de comunicación, porque no tenía incidencia directa ni en la gestión, ni en el management, ni en cargos directivos”.

Según detalló Negre, el acuerdo fue formalizado por escrito el viernes, luego de que la detención demorara los trámites finales. Esta versión fue respaldada por Nadia Beller, quien a través de sus redes sociales sostuvo:

“Yo sí sabía que Fernando había vendido sus acciones como parte del proceso de finiquitar sus empresas para llevar adelante su proceso de divorcio”.

Por otro lado, el periodista español aclaró que la actividad de Cerimedo en la consultoría política era independiente y que el portal no utilizó granjas de bots. Asimismo, sobre la participación del presidente Javier Milei en eventos de la comunidad hispana, aclaró que la empresa organizadora es Latino Wall Street y que el consultor no tenía vinculación directa con dicha iniciativa.

Fernando Cerimedo permanece detenido desde el 19 de agosto. Nadia Beller pidió que el caso no sea utilizado como una herramienta de disputa política ni para atacar a terceros ajenos a los hechos.

El exasesor de Javier Milei, Fernando Cerimedo, habló por primera vez con la prensa este jueves en Bolivia. En una jornada marcada por la tensión, el consultor rompió en llanto y se limitó a expresar su deseo de reencontrarse con sus hijos.

Cerimedo, quien permanece detenido, se presentó en el Palacio de Justicia de Santa Cruz escoltado por fuerzas de seguridad y con el rostro cubierto. La audiencia prevista para la tarde fue suspendida y reprogramada para este viernes, debido a que ni el imputado ni los representantes del Ministerio Público llegaron a la hora de la citación.

Durante el breve contacto con los medios, el exconsultor fue consultado sobre su presunta participación en el ataque contra su expareja, Nadia Beller, de 33 años. Ante las preguntas sobre si él era el autor intelectual del hecho o si había citado a la abogada al hotel donde fue agredida por sicarios, Cerimedo negó las acusaciones mediante gestos corporales, sin pronunciar palabra alguna.

Al ser consultado sobre su relación con el asesor del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y sobre la última comunicación con la víctima, el detenido permaneció en absoluto silencio. Cuando se le brindó la oportunidad de defenderse, se cubrió el rostro con las manos. Antes de ingresar al ascensor, escoltado por un custodio de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, pronunció sus únicas palabras:

“No puedo hablar”

Una vez dentro del ascensor, el consultor se desplomó en el piso y continuó llorando. La justicia boliviana deberá definir en la próxima instancia la solicitud de la fiscalía para que el asesor político cumpla 6 meses de prisión preventiva por el ataque a Beller.

Fernando Cerimedo declaró este jueves ante la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Bolivia, luego de haber sido imputado por “feminicidio en grado de tentativa” en la causa que investiga el ataque de sicarios contra su expareja, la abogada Nadia Beller.

El exconsultor político de Javier Milei se había negado en dos oportunidades a brindar su testimonio, pero finalmente se presentó de manera voluntaria y respondió preguntas vinculadas con su relación con la víctima y con el episodio ocurrido en el hotel Viru Viru.

Durante su declaración, Cerimedo aseguró que conoció a Beller en octubre de 2025, a través de un amigo en común, en el marco de la campaña de Ideas Universidad de Santa Cruz. Según relató, el vínculo comenzó como una amistad y posteriormente la mujer comenzó a quedarse en su departamento de La Paz.

“La conozco desde octubre de 2025. Nos conocimos a través de un amigo común, por la campaña con Ideas Universidad de Santa Cruz”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que entre ambos existía una relación basada en la amistad y el respeto. “En diciembre de 2025 firmé el decreto 5515; ella me hizo observaciones y tomamos un café. Se empezó a quedar en mi departamento en La Paz. Tuvimos una relación más de amistad, con ética y respeto”, manifestó.

En relación con el ataque, Cerimedo negó cualquier participación y aseguró que vio a Beller por última vez el 17 de agosto, cuando ella le comentó que se trasladaría al hotel Viru Viru.

“El día domingo, nos vimos, me dijo que iba al hotel”, relató el exconsultor. Según su versión, al día siguiente tomó un vuelo a primera hora rumbo a La Paz, por lo que sostuvo que no pudo haber intervenido en el ataque.

“Yo me fui a La Paz en el vuelo de las 06:00”, señaló durante su declaración.

La investigación, sin embargo, continúa abierta y todavía resta realizar distintas pericias. Entre ellas se encuentran estudios balísticos, informáticos y de telefonía, mientras que también deberán prestar declaración empleados del hotel y personal de la ambulancia que trasladó a Beller luego del ataque.

La Fiscalía puso especial atención en las comunicaciones telefónicas, los registros del lugar del hecho, fotografías y los movimientos posteriores al episodio.

Mientras avanza la investigación, la Fiscalía solicitó a la jueza que fije una fecha para la audiencia en la que se analizará el pedido de medidas cautelares contra Cerimedo.

Los fiscales Yolanda Aguilera y Herlan Rodríguez Cuevas calificaron el hecho como “feminicidio en grado de tentativa” y solicitaron seis meses de prisión preventiva. La audiencia que debía realizarse este jueves a las 14.30, hora local, fue suspendida y podría ser reprogramada para este viernes 21 al mediodía.

La acusación sostiene que Cerimedo habría actuado como autor intelectual del ataque, al presuntamente planificar el atentado y convencer a Beller de concurrir al hotel bajo la excusa de obtener información de inteligencia relacionada con un supuesto caso de abuso sexual vinculado al expresidente boliviano Evo Morales.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el consultor le habría prometido protección mediante custodios armados y posteriormente habría coordinado el ataque de manera remota, a través de comunicaciones telefónicas, para que terceras personas ejecutaran el hecho.

Los fiscales también argumentaron que existen riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación, al considerar que Cerimedo no tendría domicilio, residencia, familia, negocios o trabajo debidamente acreditados en Bolivia.

Por ese motivo, solicitaron que, en caso de disponerse la detención preventiva, sea trasladado al centro de rehabilitación San Pedro-Chonchocoro, en La Paz, por un plazo de hasta 180 días.

En Bolivia, el delito de feminicidio contempla penas de hasta 30 años de prisión sin derecho a indulto, y la Fiscalía sostiene que por la gravedad de la imputación corresponde aplicar la prisión preventiva.

La causa continuará ahora con las pericias y declaraciones pendientes, mientras la Justicia deberá resolver la situación procesal de Cerimedo y determinar si permanece detenido durante el avance de la investigación.

La votación terminó con 91 votos a favor, 34 en contra y cuatro abstenciones, de un total de 129 diputados, según el informe legislativo.

El resultado convierte la censura en un nuevo foco de tensión entre el Legislativo y el Ejecutivo de Rodrigo Paz Pereira, en un momento en que el Gobierno enfrenta dificultades económicas, problemas de abastecimiento de combustibles y presión política por las medidas adoptadas para estabilizar el país.

El ministro solicitó el lunes la reprogramación de la interpelación mediante una nota enviada al presidente Paz Pereira, para que este gestionara ante la Presidencia de la Asamblea el cambio de fecha de la sesión.

La petición no evitó que los legisladores avanzaran con la votación y agravó el cuadro, por cuanto para varios asambleístas, la ausencia del ministro constituyó una señal de menosprecio a la función fiscalizadora del Parlamento.

La Asamblea puede censurar a un ministro con la mayoría constitucional requerida, pero la destitución no se produce necesariamente de forma mecánica.

La situación quedó condicionada por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

La Ley 1350, aprobada en 2020, establecía que un ministro censurado debía ser destituido inmediatamente por el presidente y quedaba impedido de volver a ocupar un cargo público similar durante al menos tres años.

Sin embargo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 0020/2023 declaró inconstitucionales varios de esos efectos.

El TCP determinó que la designación y destitución de los ministros corresponde al presidente del Estado y también dejó sin efecto la prohibición de que un funcionario censurado pueda volver a ser designado. NA

El vicepresidente de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa, Edmand Lara, aprovechó la sesión de honor por los 201 años de la independencia del país para lanzar un llamado al Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, a reconocer los problemas que enfrenta la nación y adoptar medidas para corregir el rumbo frente a la crisis económica, la escasez de combustibles, la corrupción y la inseguridad.

En uno de los discursos más críticos pronunciados por una alta autoridad del Estado durante las celebraciones patrias, el vicepresidente sostuvo que “amar a Bolivia” también implica reconocer las dificultades que atraviesa el país.

“Hoy enfrentamos una crisis económica que golpea a las familias. Hay escasez de combustibles que paraliza la producción. La corrupción le sigue robando el futuro al pueblo. El narcotráfico avanza y amenaza nuestra seguridad y, mientras tanto, la inseguridad se ha desbordado”, observará.

Lara hizo especial énfasis en la situación de seguridad, en particular en el departamento de Santa Cruz, donde aseguró que la criminalidad se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población.

El vicepresidente advirtió que Bolivia no puede acostumbrarse a la violencia, ni permitir que el crimen organizado gane terreno.

Lara dirigió un mensaje directo al presidente Paz Pereira y al gabinete, instándolos a asumir responsabilidades y atender las demandas ciudadanas.

El discurso tuvo lugar antes del mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa y marcó el inicio de las celebraciones por los 201 años de independencia, en una jornada que también estuvo marcada por el debate sobre los retos económicos y sociales que enfrenta el país (Xinhua/NA).

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, presentó una estrategia orientada a fortalecer la integración regional mediante el desarrollo de corredores viales que conecten el oriente y el norte del país con Brasil y otras naciones vecinas.

Desde el municipio de San Ignacio de Velasco, en el departamento de Santa Cruz (este), el mandatario encabezó la firma de un acuerdo para iniciar los estudios del proyecto carretero San Ignacio de Velasco-Marfil, una obra destinada a vincular esta región boliviana con el estado brasileño de Mato Grosso.

“Cuanto más integremos la patria, menos vamos a depender de los caudillos y jefazos de turno y más vamos a depender del comercio y la economía llevada adelante por los bolivianos”, afirmó Paz Pereira.

Explicó que esta iniciativa forma parte de una política de largo plazo destinada a consolidar a Bolivia como un eje logístico estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico, aprovechando su ubicación geográfica entre Brasil, Chile y Perú, además de su proximidad con Paraguay y la Argentina.

Como parte de esta visión de integración, el mandatario destacó un segundo proyecto de infraestructura en el norte amazónico del país, que busca conectar al departamento de Pando con Brasil a través del futuro puente binacional Guajaramirín-Guayaramerín, cuya conclusión está prevista por las autoridades brasileñas para 2028.

El Gobierno boliviano considera que el fortalecimiento de la infraestructura vial será clave para ampliar las oportunidades comerciales, diversificar la economía nacional y consolidar al país como un nodo logístico de referencia en Sudamérica. NA

El entendimiento aún está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI y al cumplimiento de las acciones previas acordadas entre ambas partes.

“Se espera que el programa respaldado por el FMI ayude a catalizar financiamiento adicional del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros socios para el desarrollo, contribuyendo a un paquete de financiamiento más amplio de al menos cinco mil millones de dólares durante el período del programa”, explicó el FMI en un comunicado.

El acuerdo representa un avance clave en la estrategia del Gobierno para hacer frente a la disminución de las reservas internacionales, la escasez de divisas y las presiones fiscales, al tiempo que marca un acercamiento sin precedentes entre Bolivia y el FMI tras casi dos décadas de una relación distante.

En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que “este acuerdo representa un nuevo reconocimiento al rumbo económico que Bolivia viene implementando para fortalecer la estabilidad macroeconómica, reconstruir las reservas internacionales, reducir las vulnerabilidades fiscales y externas, proteger a los sectores más vulnerables e impulsar un crecimiento sostenible con mayor inversión, producción y generación de empleo”.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, agregó que este programa permitirá la llegada de recursos que tanta falta le hacen al país.

Desde finales de 2025, la administración de Paz Pereira ha impulsado un programa de reformas económicas orientado a restablecer la confianza de los mercados, flexibilizar gradualmente el régimen cambiario, atraer inversiones y recuperar el acceso al financiamiento externo. NA

La norma, firmada por el presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, modifica e incorpora disposiciones al Decreto Supremo 5516, aprobado en enero de este año.

La novedad es que la misma vigencia se aplicará para el precio del GNV (gas natural vehicular), que no estaba contemplado inicialmente, según las modificaciones realizadas al reglamento correspondiente.

La medida busca prolongar el régimen transitorio de precios mientras el país avanza en la reestructuración de su política energética, en un contexto de creciente presión fiscal por el costo de las importaciones de combustibles y de cambios en el régimen cambiario.

Con la nueva norma, la gasolina especial continuará comercializándose a 6,96 bolivianos por litro, mientras que el diésel mantendrá un precio de 9,80 bolivianos, sin modificaciones durante los próximos 12 meses.

La disposición también alcanza al gas natural vehicular (GNV), al gas licuado de petróleo (GLP) y las gasolinas de aviación.

El decreto señala que, una vez concluido el período transitorio, el precio interno de los combustibles se determinará mediante una fórmula que combinará el valor internacional de compra del carburante en dólares, el tipo de cambio promedio del último mes y un denominado “factor de ajuste”, incorporando por primera vez un mecanismo de indexación a las condiciones del mercado internacional.

Según la norma, ese factor de ajuste se obtiene al dividir el valor de 10,4003 entre el tipo de cambio promedio mensual.

En la práctica, ello implica que el Estado continuará absorbiendo parte del costo de los combustibles cuando la cotización oficial del dólar supere ese umbral, manteniendo un componente de subsidio para amortiguar el impacto sobre los consumidores.

La disposición representa un cambio respecto al esquema implementado a finales de 2025, cuando Bolivia comenzó a desmontar gradualmente el sistema de tipo de cambio fijo vigente desde 2011 y avanzó hacia un régimen cambiario más flexible, lo que obligó a redefinir los mecanismos para fijar los precios internos de los combustibles.

El decreto también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a destinar hasta 1.000 millones de dólares a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para cubrir la diferencia entre los costos de importación y el precio de paridad internacional del petróleo, con el objetivo de garantizar el abastecimiento del mercado interno.

La norma establece además que esa cartera de Estado podrá aprobar recursos adicionales, incluso en moneda nacional, si las necesidades financieras de YPFB así lo requieren y cuentan con la certificación del Ministerio de Hidrocarburos o del ente regulador correspondiente.

La decisión forma parte del proceso de reforma del sector energético impulsado por el Gobierno de Paz Pereira, que incluye una nueva legislación para hidrocarburos, electricidad e inversiones y busca reducir las distorsiones generadas por el creciente costo de las subvenciones. NA

Bolivia registró el martes su primera jornada sin bloqueos activos en las carreteras tras casi dos meses de protestas, mientras brigadas estatales avanzan en la limpieza de cuatro rutas estratégicas que aún presentan restricciones parciales por la acumulación de piedras y escombros.

La Administradora Estatal Boliviana de Carreteras (ABC) informó que los cortes de vía fueron levantados en todo el país y que las limitaciones remanentes responden únicamente a trabajos de despeje en tramos de la Red Vial Fundamental que conecta el occidente y el oriente boliviano.

Según la ABC, equipos de maquinaria pesada trabajan junto con el Ministerio de Obras Públicas para habilitar por completo los corredores afectados en los departamentos de Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y La Paz (centro-oeste). Las autoridades prevén restablecer plenamente la circulación vehicular durante la jornada.

El reporte marca un punto de inflexión en una crisis iniciada el 1 de mayo con demandas salariales y reclamos vinculados a la situación económica, pero que posteriormente adquirió un carácter político más amplio.

Sectores movilizados llegaron a exigir la renuncia del presidente y mantuvieron bloqueadas rutas clave para el transporte nacional, provocando pérdidas millonarias. El levantamiento de los bloqueos comenzó a consolidarse después de que organizaciones de productores de coca del Trópico de Cochabamba anunciaran una pausa en sus medidas de presión.

Horas más tarde, representantes de grupos movilizados en la localidad de Yapacaní, en el departamento de Santa Cruz, alcanzaron acuerdos con autoridades regionales para suspender las cortes de ruta. NA

El presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en Bolivia tras más de seis semanas de protestas en su contra, en las que indígenas y cocaleros afines al exmandatario opositor Evo Morales bloquearon rutas.

El dirigente centroderechista había logrado un acuerdo el viernes con la central sindical COB para pacificar el país, pero indígenas de la Federación Túpac Katari y cocaleros de Morales decidieron mantener las medidas de fuerza en las rutas.

“Tomamos la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional”, indicó el jefe de Estado, quien rodeado de su gabinete de ministros denunció que hay “un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

A principios de mayo, obreros, campesinos e indígenas comenzaron una huelga y cortes de rutas para exigir al gobierno solución a la crisis económica, la más grave del país en cuatro décadas, y para rechazar la venta de gasolina de mala calidad.

Tras la falta de acuerdos, todos esos sectores reclamaron la renuncia de Paz y el bloqueo de vías se extendió a todo el país. También se registraron choques con la policía en La Paz, que junto a su vecina El Alto sufre una fuerte carestía de alimentos, medicinas y combustibles.

El gobierno de Paz, que asumió en noviembre tras 20 años de la izquierda en el poder, acusa a Morales de promover las manifestaciones y usar dinero proveniente del tráfico de drogas, mientras que el exmandatario se encuentra oculto en la región de Chapare cocalero, en el centro del país, para evitar una orden de captura por el caso de trata de menor a la que habría embarazado. NA

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó la ley que regula el estado de excepción, en medio de la radicalización de las protestas que llevan 39 días y cuando todavía se registran 93 puntos de bloqueo, incluyendo la mayoría en Cochabamba y La Paz.

“Promulgo esta norma porque está bajo la lógica de defender a las grandes mayorías de aquellos que nos quieren atacar e irrumpir este proceso democrático y constitucional”, dijo Paz en un acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, reportó el diario El Deber.

La nueva ley define el estado de excepción como un régimen jurídico extraordinario y temporal, dispuesto por el Presidente del Estado, destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del país frente a situaciones excepcionales.

La promulgación ocurre en medio de la radicalización de las protestas de algunos sectores que reclaman la renuncia del presidente Paz sin acudir a ninguno de los múltiples llamados al diálogo.

La norma ya había sido aprobada por la Cámara de Senadores y recibió la sanción definitiva de Diputados durante la madrugada del domingo, con lo que completó su trámite legislativo.

Durante el acto de promulgación, Paz sostuvo que el Estado necesita instrumentos para garantizar la seguridad y preservar el orden constitucional frente a la actual crisis.

“De nada sirve desarrollar normas y una visión de desarrollo económico si no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad”, afirmó el mandatario, según el diario La Razón. NA