Con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los organismos judiciales y las fuerzas de seguridad, se desarrolló en Azul el primer taller interinstitucional de co-creación, una iniciativa destinada a mejorar la integración tecnológica y el intercambio de información en el sistema penal bonaerense.

El encuentro se realizó el martes en la sede del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Azul y reunió a representantes del Ministerio Público Fiscal, funcionarios judiciales de distintos departamentos de la provincia de Buenos Aires y autoridades vinculadas al desarrollo de herramientas tecnológicas para la seguridad.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital de la Procuración General, encabezada por Patricio Moyano Peña, y se enmarcó en las acciones impulsadas por la Mesa Interinstitucional de Articulación Tecnológica (MIAT).

La apertura estuvo a cargo del fiscal general del Departamento Judicial Azul, Marcelo Sobrino, y contó con la participación de representantes de las Fiscalías de Cámara de Azul, Bahía Blanca y Trenque Lauquen.

También asistieron Emilio Irisarri, prosecretario con funciones de colaboración en la Unidad Central de Control de Gestión de la Dirección General de Policía Judicial, y María Constanza Gutiérrez Eguía, oficial 2da. que desempeña tareas en esa misma dependencia.

Por parte del área de Seguridad participaron Mauricio Idiart, subsecretario de Tecnologías Aplicadas a la Seguridad, y Eliana Jaquenod, directora provincial de Innovación Tecnológica.

Uno de los principales ejes del taller fue identificar las dificultades que aparecen en el trabajo cotidiano entre el personal judicial y policial, particularmente en aquellas tareas que requieren utilizar sistemas informáticos, compartir documentación y registrar información vinculada con investigaciones penales.

La propuesta consistió en analizar situaciones concretas que se presentan durante los procedimientos judiciales, con el propósito de detectar oportunidades de mejora en los circuitos de trabajo y avanzar hacia una utilización más eficiente de las herramientas digitales disponibles.

En ese sentido, se hizo especial hincapié en el SIMP Penal y el SID, dos sistemas utilizados en las tareas de investigación y en la gestión de información entre los organismos involucrados.

La integración de estas plataformas resulta relevante para facilitar la circulación de datos, evitar inconvenientes en los registros y mejorar la articulación entre las distintas dependencias que intervienen en una investigación penal.

Desde la organización destacaron que el encuentro permitió abrir un espacio de diálogo entre los participantes, intercambiar experiencias y analizar las necesidades de cada área, a partir de los problemas que enfrentan diariamente los agentes judiciales y el personal policial.

Otro de los objetivos de la jornada fue promover una mayor articulación entre los distintos departamentos judiciales bonaerenses, de manera que las experiencias compartidas puedan contribuir al desarrollo de procedimientos más eficientes y criterios comunes en la utilización de las plataformas digitales.

El taller permitió reunir aportes que servirán como insumos para optimizar las herramientas tecnológicas existentes y revisar los circuitos de trabajo asociados a la investigación penal.

Asimismo, se destacó la importancia de avanzar hacia un registro de datos más preciso en el SIMP Penal, aspecto considerado fundamental para mejorar la calidad de la información disponible y facilitar su utilización por parte de los organismos intervinientes.

De esta manera, el primer encuentro representó un avance en el fortalecimiento del trabajo en red entre los departamentos judiciales y las áreas de Seguridad, con la intención de consolidar una coordinación tecnológica más eficiente en el sistema penal de la provincia de Buenos Aires.

La trágica madrugada del 20 de julio de 2025 continúa su derrotero procesal en torno a la eventual responsabilidad penal del joven acusado de provocar el siniestro de dejó como saldo la muerte del estudiante Iván González.

Como oportunamente se detalló, en el kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, a la altura de La Blanqueada, un violento choque frontal entre una Ford Ranger y una Volkswagen Saveiro se cobró la vida de Iván González (21) que viajaba acompañado por Jeremías Aguilar Belsito, quien resultó herido. Un tercer vehículo también se vio involucrado en el siniestro.

El conductor de la camioneta, Ignacio Clemente (33), fue señalado desde el inicio de la investigación como responsable del hecho. Las pericias posteriores ordenadas por el Ministerio Público confirmaron que manejaba con alcohol en sangre y a exceso de velocidad, circunstancias que agravaron la imputación, circunstancia igualmente discutida por la defensa del acusado.

Tal se consignó, el 15 de diciembre de 2025, Clemente se presentó de manera espontánea en la comisaría Primera. Allí quedó detenido por orden del juez Alberto Moragas, acusado de “homicidio culposo y lesiones culposas agravadas”. Al día siguiente, la defensa oficial solicitó la eximición de prisión, pero el pedido fue rechazado.  A la par, el particular damnificado celebró la detención pero disintió en la carátula optada por el fiscal, señalando que según su mirada en representación de la familia de la víctima, el delito debía –debe- contemplar la figura del dolo eventual, lo que implicaría una eventual pena más gravosa.

En medio de las posturas encontradas y la tensión comunitaria que generó el caso, este Diario pudo confirmar que días pasados el fiscal Luis Piotti pidió la prisión preventiva para el imputado, solicitud que fue convalidada por el Juzgado de Garantías.

A la par, el mismo Juzgado tomó nota del pedido de la defensa para dictar la morigeración de dicha prisión (ergo, arresto domiciliario) y no hubo objeciones del Ministerio Público, por lo que el juez avaló la medida. Empero, el abogado de la familia de González rechazó dicha decisión, lo cual mereció que todo el expediente, con sus entuertos a cuestas queden en manos de la Cámara de Apelaciones, quien en plena feria judicial podría resolver el asunto.

A saber, por un lado, los camaristas tienen la apelación del defensor oficial Diego Araujo respecto a la prisión preventiva. A la par, la apelación del letrado Gastón Argeri por la morigeración concedida por el juzgado en primera instancia.

Cabe consignar que hasta no se resuelva ambas situaciones, Clemente continúa detenido en la Unidad Penitenciaria de Barker.

•             Fecha: madrugada del 20 de julio de 2025.

•             Lugar: kilómetro 169 de la Ruta Nacional 226, Tandil.

•             Vehículos involucrados:

•             Una Ford Ranger conducida por Ignacio Clemente (33).

•             Un Volkswagen Saveiro conducido por Iván González (21).

•             Un tercer vehículo también participó en el siniestro.

•             Consecuencia: Iván González falleció en el acto; su acompañante resultó herido.

•             Tras meses de investigación, la fiscalía reunió pruebas suficientes para imputar a Clemente.

•             Se le atribuyen los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, agravados por:

•             Conducción bajo efectos del alcohol.

•             Exceso de velocidad.

•             La familia y allegados de González se mantuvieron movilizados reclamando justicia durante el proceso.

•             El 15 de diciembre de 2025, Clemente se presentó espontáneamente en la comisaría Primera.

•             Quedó detenido e imputado formalmente.

•             Días pasados se le dictó la prisión preventiva y a la par de la concedió la morigeración. Asunto que deberá resolver la Cámara.

La Justicia rechazó el pedido del dueño del lote tomado en La Movediza para que se lleve a cabo el desalojo de los vecinos que ocupan el lugar. A través de una resolución, el Juez de Garantías José Alberto Moragas determinó “no hacer lugar por prematuro a la ejecución del desalojo”.

Como argumento al fallo, el juez consideró que “la ejecución del desalojo ordenado por la Alzada Dptal. sin que haya adquirido firmeza, no solo podría acarrear un perjuicio irreparable para el hipotético supuesto en que se confirmara la vigencia del acto administrativo que incorporó el terreno al Renabap, con la eventual responsabilidad estatal, sino que también, a juicio del suscripto, atentaría contra el objeto que se pretendió tutelar con la aprobación del citado protocolo, en consonancia con la normativa internacional, procurando evitar la vulneración de derechos humanos básicos, y particularmente en ocupaciones tan masivas como la presente, por lo que entiendo conveniente aguardar a que la misma adquiera firmeza para su ejecución”.

Cabe recordar, a través de su abogado Alejandro Dufau, el propietario del terreno ocupado –Daniel Moauro- solicitó a la Justicia que se ejecute el desalojo. 

Lo hizo a raíz de considerar que el recurso de queja que la Defensoría interpuso a Casación luego de que la Cámara haya determinado ilegítima la incorporación del predio al Renabap, no supone la suspensión de la mencionada medida. 

De acuerdo a lo que plantearon entonces en diálogo con El Eco de Tandil, si el juez rechazase el pedido –tal como ocurrió-, de parte de la familia propietaria apelarían la resolución.

La Defensoría Oficial había presentado un recurso de queja ante Casación luego de que la Cámara haya considerado “ilegítima e irregular” la incorporación del predio al Renabap. 

“El recurso de queja que había presentado en su momento la Defensoría no tiene efecto suspensivo de la medida cautelar de ejecución del desalojo, por lo que podría llevarse adelante”, consideró la defensa de Daniel Moauro para pedir por el desalojo. 

Además, aclaró entonces el mencionado Dufau, existe un antecedente en este mismo sentido. La propia Cámara, el 20 de febrero pasado estableció que un recurso de queja no anula una medida cautelar como un desalojo. Pese al antecedente, la solicitud del propietario fue rechazada.

Para rechazar la “solicitud de ejecución de desalojo y restitución del inmueble”, Moragas consideró que el antecedente mencionado “no puede ser concebido como una respuesta lineal  y universal, sino que debe atenderse en cada caso conforme a las características que ofrezca el litigio en particular, y con especial interés en los desalojos de grupos de personas en situación de vulnerabilidad”.

Además, agregó el juez en la resolución, “la suspensión del desalojo dispuesta oportunamente obedeció a la introducción de un nuevo elemento de análisis como es la Resolución del  27 de octubre de 2023 de la Dirección de Acceso al Suelo Urbano del entonces Ministerio de Desarrollo Social donde queda afectado el predio objeto del litigio al Renabap”.

Tal decisión, sostuvo “modificó sustancialmente la interpretación de los hechos, en particular para los ocupantes, siendo que además fue ratificada posteriormente por la nueva administración nacional”, en referencia a la resolución firmada por el actual subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, uno de los principales armadores políticos de La Libertad Avanza en territorio bonaerense.

En virtud de “la carencia de efectivos policiales para impedir nuevos ingresos al predio”, -de acuerdo a lo planteado por la Policía Departamental- “se produjo la creciente incorporación de ocupantes y construcciones precarias alcanzando a la fecha una cifra que supera con holgura las cien familias, conforme surge de los informes glosados a la presente incidencia”, precisó la resolución.

En dichos términos, Moragas consideró que el desalojo “sin que haya adquirido firmeza no solo podría acarrear un perjuicio irreparable para el hipotético supuesto en que se confirmara la vigencia del acto administrativo que incorporó el terreno al Renabap, con la eventual responsabilidad estatal, sino que también, a juicio del suscripto, atentaría contra el objeto que se pretendió tutelar con la aprobación del citado protocolo, en consonancia con la normativa internacional, procurando evitar la vulneración de derechos humanos básicos, y particularmente en ocupaciones tan masivas como la presente, por lo que entiendo conveniente aguardar a que la misma adquiera firmeza para su ejecución”.