El Gobierno nacional intensificó las negociaciones con distintos bloques de la Cámara de Diputados para avanzar con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas, una iniciativa que endurece las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales y establece nuevas herramientas en materia de defensa y seguridad.

Funcionarios del Ejecutivo mantuvieron una reunión con legisladores del PRO, el MID y el Partido Justicialista, con el objetivo de reunir los apoyos necesarios para conseguir un dictamen favorable. Del encuentro participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

El próximo martes 27 de octubre, a las 16, está previsto un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, donde el oficialismo intentará obtener dictamen para habilitar el tratamiento del proyecto en el recinto.

Sin embargo, los tiempos legislativos representan uno de los principales obstáculos. Aunque el Gobierno consiga las firmas necesarias, existen dudas sobre la posibilidad de convocar a una sesión el miércoles 28 de octubre.

El panorama se complica aún más de cara a noviembre, cuando la discusión del Presupuesto nacional, la visita del papa León XIV y otros compromisos previstos en el calendario podrían dificultar el tratamiento de la iniciativa.

"Esperamos que la semana que viene haya dictamen favorable del proyecto para poder ir al recinto lo antes posible, ya que esta ley es fundamental para ejercer presión para defender nuestros derechos", expresó Ravier en sus redes sociales.

El funcionario aseguró además que la defensa de la soberanía sobre Malvinas constituye una prioridad para el Gobierno nacional.

Uno de los puntos centrales del proyecto es el endurecimiento de las penas por la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.

La iniciativa contempla sanciones de hasta 20 años de prisión para quienes participen o colaboren con estas actividades sin autorización argentina.

Además, propone reemplazar la actual Ley 26.659 y ampliar las restricciones, que dejarían de limitarse a los hidrocarburos para alcanzar cualquier recurso natural, tanto renovable como no renovable.

También establece la creación de un registro público de infractores, cuyos integrantes quedarían inhabilitados para contratar con el Estado y con particulares en la Argentina.

El texto incorpora, asimismo, la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia para los delitos contemplados en la normativa.

Otro de los aspectos relevantes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

Este organismo tendría a su cargo la coordinación de las políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas, cibernéticas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional.

Ante amenazas graves e inminentes, podría disponer medidas excepcionales como restricciones a operaciones financieras y cambiarias, bloqueos temporales de activos, suspensión de contrataciones y limitaciones al comercio exterior.

El proyecto también contempla, como último recurso y bajo protocolos específicos, la posibilidad de autorizar el derribo de aeronaves o el hundimiento de embarcaciones consideradas hostiles.

La iniciativa incluye modificaciones en otras áreas sensibles de la legislación nacional.

Entre ellas, propone prohibir los aportes económicos a partidos y campañas políticas provenientes de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras.

También incorpora figuras penales relacionadas con la revelación de secretos a gobiernos o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y la participación financiada desde el exterior en campañas coordinadas de desinformación destinadas a alterar procesos electorales.

Por otra parte, redefine las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención en cuestiones de seguridad interna frente a determinadas amenazas externas, tanto estatales como no estatales.

Finalmente, incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con mecanismos para inmovilizar bienes y restringir operaciones económicas de personas o entidades incluidas en ese registro.

Con este amplio paquete de modificaciones, el Ejecutivo busca avanzar en una legislación que excede la cuestión específica de Malvinas y alcanza diferentes aspectos de la seguridad y la defensa nacional. El primer desafío será conseguir el dictamen el martes 27, antes de que la agenda parlamentaria reduzca las posibilidades de llevar el proyecto al recinto.

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno nacional, en una votación ajustada que terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones. La iniciativa incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y deberá regresar al Senado para continuar su tratamiento legislativo.

Uno de los aspectos más destacados de la sesión fue el cambio de postura del oficialismo respecto de la normativa que establece límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros. La Libertad Avanza terminó respaldando la restitución de una ley que había intentado derogar mediante el DNU 70/2023.

El capítulo que dispone la derogación del artículo 154 de ese decreto y la restitución de la Ley de Tierras obtuvo un respaldo contundente, con 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.

La medida fue acompañada por La Libertad Avanza, Unión por la Patria, la Unión Cívica Radical, Argentina Federal, Provincias Unidas y distintos bloques provinciales.

En cambio, la votación del proyecto en general resultó mucho más ajustada. Las seis abstenciones, correspondientes a cinco diputados cordobeses y Álvaro González, del PRO, fueron determinantes para que el oficialismo consiguiera la aprobación.

La normativa sancionada en 2011 establece restricciones a la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.

Entre sus principales disposiciones, fija un límite del 30% para la extranjerización de tierras a nivel nacional, provincial y departamental, además de restricciones sobre la superficie que puede adquirir un mismo titular extranjero.

También contempla un tope de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, o su superficie equivalente en otras regiones, y establece limitaciones vinculadas con inmuebles que contienen cuerpos de agua o se encuentran en zonas de frontera.

La restitución de estas disposiciones representa un cambio significativo en la estrategia legislativa del Gobierno, que inicialmente había promovido su eliminación.

El proyecto llegó a Diputados luego de que el Senado modificara la propuesta original y eliminara distintos capítulos, entre ellos los relacionados con la Ley de Manejo del Fuego y la derogación de la Ley de Tierras Rurales.

Frente a las dificultades para conseguir respaldo legislativo y los cuestionamientos de sectores opositores, el oficialismo optó por incorporar expresamente la restitución de la normativa de 2011.

Además de la cuestión vinculada con las tierras rurales, el proyecto aprobado introduce modificaciones en la legislación sobre expropiaciones y desalojos.

Uno de los puntos centrales consiste en restringir las facultades del Estado para declarar la utilidad pública de determinados bienes inmuebles, mediante cambios en la Ley de Expropiaciones.

Asimismo, la iniciativa contempla reformas destinadas a acelerar los procedimientos judiciales de desalojo y facilitar la restitución de propiedades ocupadas irregularmente.

Desde el oficialismo sostienen que estas modificaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y garantizar el respeto al derecho de propiedad.

Sin embargo, distintos sectores de la oposición advirtieron que las reformas podrían limitar herramientas estatales utilizadas para desarrollar políticas públicas y ejecutar determinadas intervenciones sobre bienes privados.

El diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Legislación General, defendió la iniciativa y aseguró que representa un avance en la protección del derecho de propiedad.

"Si hay usurpaciones deja de ser negocio la construcción de viviendas", afirmó durante su intervención.

Por su parte, Diego Giuliano, de Unión por la Patria, cuestionó las contradicciones del oficialismo y recordó que la Ley de Tierras fue impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El legislador también rechazó la interpretación del derecho de propiedad planteada por el Gobierno y sostuvo que su ejercicio debe contemplar el interés social.

"A la Constitución hay que leerla completa, integralmente, no con un ojo tapado", expresó, al señalar que la protección de la propiedad privada debe interpretarse junto con los compromisos internacionales asumidos por el país.

Martín Lousteau, de Provincias Unidas, también cuestionó el cambio de postura del Ejecutivo y advirtió sobre las posibles contradicciones entre las restricciones a la extranjerización de tierras y el programa de ciudadanía por inversión.

En la misma línea, Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, sostuvo que ese mecanismo podría afectar la soberanía nacional.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, consideró que el Gobierno debió retroceder en su intención de eliminar la Ley de Tierras debido a los cuestionamientos institucionales, judiciales y sociales.

Desde Unión por la Patria, Lucía Cámpora también rechazó las modificaciones propuestas a la Ley de Expropiaciones y advirtió que podrían dificultar decisiones estratégicas del Estado, como la recuperación de empresas.

En tanto, la presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, Pamela Verasay, respaldó la iniciativa y llamó a superar la polarización política.

"Un gobierno necesita herramientas para gobernar, pero esas herramientas tienen que estar bien construidas", señaló la legisladora.

Con la aprobación en Diputados, la iniciativa deberá regresar al Senado, donde se resolverá el futuro de las modificaciones introducidas por la Cámara baja.

La Cámara alta podrá aceptar los cambios o insistir con su versión anterior, para lo cual necesitará reunir una mayoría de dos tercios.

De esta manera, el Gobierno consiguió avanzar con una de sus iniciativas vinculadas con la protección de la propiedad privada, aunque debió aceptar modificaciones importantes respecto de su propuesta original.

La restitución de la Ley de Tierras Rurales quedó como uno de los principales resultados políticos de la jornada, luego de que el oficialismo terminara respaldando una normativa que había buscado eliminar desde el inicio de su gestión.

La Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto que habilita a los intendentes bonaerenses a reasignar los fondos de la coparticipación del Impuesto Inmobiliario Rural para financiar obras hídricas. La medida surge en medio de la alarma que genera la previsión de ocurrencia de lluvias de intensidad inusualmente alta como consecuencia del fenómeno de El Niño.

La iniciativa, que establece un mecanismo de financiamiento extraordinario por 180 días, fue impulsada originalmente por el senador Sergio Vargas, del bloque Unión y Libertad. Tras haber obtenido la aprobación en la cámara alta provincial, el visto bueno de la Cámara de Diputados permitió su sanción definitiva.

Durante el debate legislativo, se registraron duros cruces entre los diputados del peronismo y el Gobierno del presidente Javier Milei. Los cuestionamientos se centraron en el freno a la obra pública, que también alcanzó a los trabajos hidráulicos, los cuales presentan actualmente un fuerte retraso ante la emergencia climática. El Plan Maestro del Rio Salado fue señalado como un ejemplo de esta situación, sumado a miles de obras de menor escala que fueron suspendidas.

En este contexto, el diputado peronista Alejandro Acerbo manifestó durante la sesión: “Habría que exigirle a Nación que se aplique el Fondo Hídrico a la totalidad de proyectos que cada intendente sabe que debe afrontar en este período. No deberíamos votar este proyecto hoy, pero lo tenemos que votar porque tenemos a El Niño por delante. Pero la solución está en otro lado”.

Por su parte, la bancada de La Libertad Avanza optó por no responder a las críticas y se limitó a votar a favor de la iniciativa. 

Cabe recordar que, en la jornada previa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anunció que el Gobierno provincial presentará una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por incumplimiento de deberes de funcionario público y malversación de fondos, vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Fondo Hídrico.

La nueva ley autoriza a los intendentes a utilizar el 100% de los fondos coparticipados por el Impuesto Inmobiliario Rural, que habitualmente se destinan a la red de caminos locales, para realizar inversiones que mejoren la capacidad de respuesta ante la emergencia. 

Los recursos podrán aplicarse a trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación o ampliación de alcantarillas, obras de defensa y compra de equipamiento hídrico. La medida es de carácter opcional y entrará en vigencia por 180 días a partir de su publicación en el boletín oficial.

El Gobierno de Javier Milei enfrentó este jueves una nueva jornada de protestas con la realización de la quinta Marcha Federal Universitaria, que reunió a miles de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes y organizaciones sociales y políticas frente al Congreso de la Nación. La movilización estuvo atravesada por los reclamos de financiamiento para las universidades públicas, una disputa judicial por la aplicación de la legislación vigente y una serie de incidentes que alteraron el desarrollo de la convocatoria.

La protesta también coincidió con una jornada de actividad parlamentaria en la que el oficialismo logró evitar el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados, mientras distintos sectores reclamaban la derogación del decreto de desregulación económica.

La principal demanda de la comunidad universitaria fue el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada pese al veto presidencial. Las universidades sostienen que la norma resulta fundamental para garantizar su funcionamiento, actualizar los salarios de docentes y no docentes y recomponer el valor de las becas estudiantiles.

En las últimas horas, la Justicia dispuso la suspensión provisoria de las multas de 100.000 pesos diarios que pesaban sobre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de salarios y becas.

Sin embargo, la decisión no resolvió la controversia de fondo. Mientras el Gobierno mantiene sus objeciones presupuestarias a la aplicación plena de la ley, las autoridades universitarias insisten en que debe cumplirse una norma que superó todas las instancias legislativas.

Desde las 13, miles de manifestantes comenzaron a concentrarse en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron columnas de estudiantes, agrupaciones universitarias, sindicatos, organizaciones sociales y movimientos políticos.

Durante las primeras horas, la movilización se desarrolló sin mayores inconvenientes. Sin embargo, pasadas las 14 se registraron incidentes cuando un grupo de personas se acercó al vallado de seguridad instalado por Gendarmería Nacional sobre la avenida Entre Ríos.

Según los reportes de la jornada, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar piedras hacia los efectivos e intentaron derribar las vallas metálicas. Previamente, un grupo de jubilados autoconvocados había intentado alejarlos del sector para evitar enfrentamientos.

De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, los disturbios dejaron un saldo provisorio de cinco policías heridos y una persona detenida.

Los episodios de violencia modificaron el desarrollo de una convocatoria que hasta ese momento había transcurrido sin incidentes de consideración.

A la tensión se sumaron las condiciones climáticas. Pasadas las 15 comenzó a llover en las inmediaciones del Congreso, mientras continuaban los discursos desde el escenario principal. La combinación de la lluvia y los enfrentamientos provocó que parte de los manifestantes comenzara a retirarse antes de lo previsto.

Más allá de los incidentes, el eje central de la movilización estuvo puesto en la situación presupuestaria de las universidades nacionales y en las consecuencias que, según sus autoridades, genera la falta de actualización de los recursos.

Antes de los enfrentamientos, representantes de la Federación Universitaria y del Consejo Interuniversitario Nacional habían leído un documento consensuado en el que advirtieron sobre el deterioro del sistema de educación superior.

En el texto señalaron que el desfinanciamiento universitario está dando inicio a un proceso de deterioro que podría afectar el desarrollo del país y las oportunidades de las próximas generaciones.

“Estamos hipotecando nuestro futuro”, expresaron los representantes universitarios, quienes también remarcaron la necesidad de respetar las decisiones del Congreso.

“También marchamos en defensa de la democracia, porque en democracia, la ley se cumple”, sostuvieron en uno de los pasajes del documento.

La comunidad universitaria volvió a reclamar una recomposición salarial para docentes y no docentes, mejoras en las becas y recursos suficientes para garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas.

La quinta Marcha Federal Universitaria también se convirtió en un espacio de confluencia de diferentes sectores que cuestionan las políticas del Gobierno nacional.

A los estudiantes y trabajadores universitarios se sumaron organizaciones sindicales, movimientos sociales, agrupaciones políticas y jubilados, que expresaron sus propios reclamos contra las medidas económicas del Ejecutivo.

Entre las consignas que se observaron durante la jornada aparecieron mensajes como “Milei, cumplí la ley”, impulsado por el Frente Sindical Universitario, y “La patria no se vende”.

También hubo banderas referidas a la situación de los jubilados y a la defensa de la soberanía nacional, mientras se escucharon cánticos críticos hacia el Presidente.

En paralelo, distintas organizaciones reclamaron la derogación del DNU 70/2023, una iniciativa que finalmente no logró avanzar en su tratamiento parlamentario durante la jornada.

De esta manera, la quinta Marcha Federal Universitaria volvió a colocar el financiamiento de la educación pública en el centro de la discusión nacional, en un escenario marcado por la confrontación entre el Gobierno, el Congreso y las instituciones universitarias.

Aunque los incidentes frente al Congreso y la lluvia alteraron el desarrollo de la convocatoria, los organizadores ratificaron su reclamo para que el Poder Ejecutivo cumpla con la legislación vigente y garantice los recursos necesarios para el sostenimiento de las universidades públicas.

El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves una victoria parlamentaria luego de que la oposición no lograra reunir el quórum necesario para debatir la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en la Cámara de Diputados. La sesión especial fracasó porque solo se hicieron presentes 121 legisladores, cuando se necesitaban al menos 129 para habilitar el tratamiento.

De esta manera, el Ejecutivo logró preservar una de las principales herramientas de su gestión, mediante la cual impulsó reformas como la derogación de la Ley de Alquileres, la eliminación de los topes a las cuotas de las empresas de medicina prepaga y modificaciones en la regulación de los intereses de las tarjetas de crédito.

La caída de la sesión también impidió avanzar con otras iniciativas previstas en el temario, entre ellas un proyecto para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad y una propuesta destinada a brindar soluciones a las familias que atraviesan situaciones de endeudamiento y mora.

La convocatoria había cobrado impulso después de un fallo de la Corte Suprema que, en la práctica, había dejado sin efecto los controles sobre la compra de tierras por parte de extranjeros. La cuestión estaba vinculada al artículo 154 del DNU, que derogó la Ley de Tierras.

Sin embargo, el máximo tribunal emitió posteriormente una segunda resolución que restableció la vigencia de esos controles, modificando el escenario político y judicial.

En paralelo, el oficialismo consiguió dictamen favorable para un proyecto que busca restituir la Ley de Tierras y derogar específicamente el artículo 154 del decreto. La iniciativa tiene previsto llegar al recinto de la Cámara baja el próximo 21 de octubre.

Aunque dentro de la oposición existían pocas expectativas de alcanzar el quórum, el resultado dejó expuestas las dificultades para reunir los respaldos necesarios y las diferencias entre los distintos espacios políticos.

El bloque peronista que conduce Germán Martínez registró dos ausencias. Una de ellas fue la del fueguino Pablo Tita, vinculado al gobernador Gustavo Melella, en medio de la delicada situación económica y social que atraviesa Tierra del Fuego. La otra correspondió a la diputada Estela Mary Neder.

También llamó la atención la ausencia de María Inés Zigarán, diputada jujeña que había firmado el pedido de sesión, y de su compañero de bloque Jorge Rizzotti. Ambos responden políticamente al gobernador Carlos Sadir, cuya relación con la Casa Rosada ha atravesado diferentes etapas.

A esas bajas se sumaron los tres representantes tucumanos alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo y los dos diputados sanjuaninos vinculados a Marcelo Orrego.

Tampoco participaron Karina Maureira, cercana al gobernador neuquino Rolando Figueroa, ni José Luis Garrido, identificado con el mandatario santacruceño Claudio Vidal.

En Santa Fe, los diputados Gisela Scaglia y José Núñez, alineados con la gestión de Maximiliano Pullaro, tampoco contribuyeron a alcanzar el quórum. Lo mismo ocurrió con el chubutense Carlos Ávila, cercano al gobernador Ignacio Torres.

El espacio Provincias Unidas mostró diferencias internas, con diez diputados dispuestos a acompañar el tratamiento de la derogación y otros ocho que no facilitaron el quórum. En contraste, el gobernador cordobés Martín Llaryora aportó cinco de los seis legisladores de su sector.

Una situación particular se produjo con los representantes de Salta. Mientras Yolanda Vega estuvo ausente con certificado médico, Pablo Outes y Bernardo Biella ocuparon sus bancas. La presencia de ambos fue interpretada como una señal política del gobernador Gustavo Sáenz hacia el Gobierno nacional.

Finalmente, las negociaciones y movimientos de último momento no alcanzaron para modificar el resultado. La oposición quedó a ocho diputados del quórum y el DNU 70/23 continuará vigente, mientras el oficialismo consiguió evitar, al menos por ahora, que su principal decreto de desregulación económica fuera sometido a una votación en la Cámara baja.

Transcurrida la media hora reglamentaria del horario convocado para el inicio de la sesión, se habían sentado en el recinto 121 diputados, faltando apenas ocho para cumplir con el objetivo.

El Gobierno festejó este resultado y valoró las ausencias clave de ocho legisladores de Provincias Unidas (entre ellos la de la presidenta de la bancada, Gisela Scaglia, y los jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, que responden al gobernador Carlos Sadir), los tres tucumanos de Independencia y el misionero “Colo” Vancsik de Argentina Federal.

Los diputados José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Loma Ávila (Provincias Unidas) bajaron al recinto cuando el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, ya había dado por caída la sesión.

Los 121 diputados presentes eran de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, una decena de Provincias Unidas, un grupo de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la Coalición Cívica.

El temario de la sesión también incluía el tratamiento del proyecto de emergencia en Discapacidad y la ley de alivio y regularización de deudas familiares.

La convocatoria se pinchó en la última semana por tres factores concurrentes: el fallo de la Corte Suprema que reflotó la vigencia de la norma que limita la extranjerización (borrando con la mano lo que había firmado semanas atrás cuando le negó legitimidad procesal a excombatientes de Malvinas), la voltereta del oficialismo que busca restituir la Ley de Tierras al incluirla en el dictamen sobre la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y la sesión confirmada para el 21 de octubre con un temario que funcionó como una zanahoria para la oposición dialoguista, con discapacidad y endeudamiento como señuelos.

El giro pragmático del Gobierno, que a fines de 2023 derogó la ley de Tierras y ahora busca resucitarla, obedeció al temor de que la oposición juntara fuerzas en el recinto para tirar abajo el DNU 70/23 completo.

Si ese curso de acción opositor hubiese prosperado, no solamente se habría caído la derogación de la ley de Tierras sino también la de la ley de Alquileres, la de Góndolas, la de Abastecimiento; se habría desmoronado la política de cielos abiertos, se habría revertido la quita de controles a la industria de telecomunicaciones satelitales y habría vuelto el control de precios a las empresas de medicina prepaga.

Por eso la Casa Rosada terminó celebrando el salvataje de la Corte y coronó la tarea con un dictamen que deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70 a través de una ley (de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) que estaba cajoneada desde hace más de dos meses, cuando obtuvo media sanción en el Senado.

Al tomar la palabra durante las expresiones de minoría, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, sostuvo que “este gobierno y los que no dieron quórum no sienten al pueblo argentino”.

“Es nuestra responsabilidad darle la representación política que se merecen en este momento y la esperanza y expectativa de futuro que necesitan”, concluyó.

Por su parte, Pablo Juliano (Provincias Unidas) criticó al oficialismo por hacer “contorsionismo para que evitar que haya quórum”.

“Un montón de diputados decidió no venir y les importó muy poco” la situación de los endeudados, los discapacitados”, subrayó. NA

Por Sebastián Hadida.

En ese sentido se propuso autoinfligirse el mal menor: reponer la Ley de Tierras (que el propio Gobierno derogó a través de un artículo que está siendo revisado por la Justicia hace casi tres años) para quitarle incentivos a los diputados dialoguistas que están pensando en dar quórum al solo efecto de ratificar las restricciones a la extranjerización de tierras.

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General (presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio) fue convocado para el miércoles 14 de octubre a las 16 hs (es decir, el día previo a la sesión opositora) con el propósito de discutir la propuesta de incorporar la Ley de Tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que consiguió media sanción en el Senado hace dos meses.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes de La Libertad Avanza en Diputados, el oficialismo está dispuesto a restituir límites porcentuales a la extranjerización de tierras rurales, pero no a convalidar el tope de 1000 hectáreas en las zonas núcleo del país, como estipula la ley original.

Más allá de plantarse en esa cuestión, la sola idea de poner límites a la extranjerización sólo se explica en función de una lógica de pragmatismo puro y va en sentido contrario al espíritu que imperó en el Gobierno de Javier Milei, que desde un primer momento jugó a fondo para suspender la aplicación de la Ley de Tierras.

Lo concretó a través del decreto 70/23, pero no consiguió el objetivo producto de una medida cautelar ratificada en dos instancias judiciales que dejó en pie la vigencia de la norma.

El Gobierno siguió obsesionado con hacer caer la ley, y lo intentó infructuosamente en el Senado en el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, a través de un capítulo que contenía modificaciones para flexibilizar la venta de tierras a extranjeros.

Tampoco allí lo acompañó el destino. El activismo en redes y la movilización callejera le dio la fuerza a la oposición para voltear ese capítulo en la Cámara alta.

El golpe en el Senado fue colosal y desmoralizador para el oficialismo, a tal punto que ya se había resignado a dejar a la Ley de Tierras en paz.

Ya no había más nada para hacer desde lo político-institucional. Los intentos habían salido mal y se estaba pagando un costo social alto. NA

La Cámara de Diputados comenzará este miércoles 30 de septiembre el debate del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una extensa iniciativa enviada por el Gobierno de Javier Milei al Congreso en medio de las renovadas tensiones con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas.

El proyecto ingresó formalmente a la Cámara baja el 17 de septiembre, bajo el expediente 0010-PE-2026, y fue girado a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto.

Según el cronograma previsto, las tres comisiones se reunirán de manera informativa el miércoles desde las 12, mientras que el oficialismo apunta al martes 6 de octubre para avanzar con la firma de los dictámenes. Si el esquema no sufre modificaciones, el proyecto podría llegar al recinto posteriormente.

Las comisiones involucradas están encabezadas por dirigentes del oficialismo: Carlos Zapata preside Defensa Nacional, Laura Rodríguez Machado conduce Legislación Penal y Juliana Santillán está al frente de Relaciones Exteriores y Culto.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo como una herramienta para fortalecer la defensa de los derechos soberanos argentinos, con especial énfasis en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. El Gobierno sostuvo al anunciarla que se estructura alrededor del castigo a la explotación ilegítima de recursos naturales, la generación de incentivos para que esas actividades cesen y la incorporación de herramientas frente a amenazas externas.

Uno de los puntos centrales es el endurecimiento de las penas por la explotación o cooperación para la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina.

La iniciativa reemplaza el esquema establecido por la Ley 26.659 y extiende las prohibiciones más allá de los hidrocarburos, para alcanzar el aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables.

También contempla la creación de un registro público de infractores, con restricciones para que el Estado y particulares puedan contratar con las personas o empresas incorporadas allí, además de prever el juicio en ausencia para determinados delitos incluidos en la norma.

El proyecto, que consta de 133 artículos, no se limita a la cuestión Malvinas. También introduce modificaciones sobre Defensa Nacional, Inteligencia y Financiamiento de los Partidos Políticos, entre otras áreas.

Entre sus disposiciones aparece la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.

El organismo tendría entre sus funciones la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras consideradas críticas.

Ante determinadas amenazas graves e inminentes, el Consejo podría adoptar medidas urgentes que incluyen restricciones sobre operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones y limitaciones sobre importaciones y exportaciones.

La iniciativa contempla además, como último recurso y bajo un protocolo de actuación, medidas contra aeronaves o buques considerados hostiles.

Otro capítulo establece restricciones para los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.

Además, incorpora figuras vinculadas con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y determinadas acciones financiadas desde el exterior destinadas a interferir en procesos electorales o desarrollar campañas coordinadas de desinformación masiva.

El texto también propone cambios en las funciones de la Defensa Nacional para habilitar su intervención ante determinadas amenazas externas estatales y no estatales, además de incorporar por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La amplitud del proyecto generó cuestionamientos desde distintos sectores opositores, que pusieron el foco especialmente en las facultades que tendría el Poder Ejecutivo, las atribuciones otorgadas en materia de seguridad y defensa y las disposiciones vinculadas con la denominada desinformación.

Uno de los dirigentes que cuestionó con mayor dureza la propuesta fue el diputado nacional de Unión por la Patria Marino, quien calificó la iniciativa como un “caballo de Troya” y sostuvo que el Gobierno utiliza la reivindicación argentina sobre Malvinas para incorporar modificaciones mucho más amplias en materia de seguridad.

El legislador también cuestionó la creación del Consejo de Seguridad Nacional y advirtió sobre las consecuencias que, según su interpretación, podría tener la incorporación del RePET a la legislación.

Además, expresó reparos sobre las figuras penales vinculadas con la manipulación de la opinión pública mediante financiamiento extranjero y sobre las herramientas previstas para congelar bienes de personas o entidades incluidas en determinados registros.

La discusión comenzará formalmente el miércoles en Diputados y el objetivo del oficialismo es acelerar el tratamiento durante los primeros días de octubre, con la intención de conseguir dictamen el martes 6.

El Gobierno nacional incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una serie de modificaciones a la Ley de Emergencia en Discapacidad, en momentos en que la Cámara de Diputados comenzó a discutir la posibilidad de extender por un año la vigencia de la norma, que finaliza el próximo 31 de diciembre.

La iniciativa fue enviada al Congreso por el Ejecutivo y contiene, entre sus artículos 36 y 41, cambios en el régimen de pensiones no contributivas, en el sistema de prestaciones y en la forma de determinar los aranceles que reciben los prestadores.

La incorporación de esos puntos al Presupuesto generó diferencias incluso dentro del oficialismo durante el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda. Según trascendió durante la discusión parlamentaria, legisladores de La Libertad Avanza manifestaron malestar porque los cambios introducidos por el Ejecutivo modificaron el escenario de negociación que mantenían con otros bloques.

Una de las dirigentes que se expresó fue Silvana Giúdici, actualmente integrante del bloque oficialista. La diputada planteó la necesidad de separar la discusión sobre la continuidad de la emergencia del posterior tratamiento del Presupuesto.

La Ley 27.793 declaró la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 y estableció expresamente la posibilidad de prorrogarla durante un año más. La norma fue sancionada en 2025 y promulgada luego de que el Congreso insistiera con dos tercios frente al veto presidencial.

Qué propone cambiar el Presupuesto 2027

El artículo 41 del proyecto presupuestario propone derogar los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793. Entre esos puntos se encuentran disposiciones vinculadas con las pensiones, la cobertura de salud de sus beneficiarios, la transformación de pensiones preexistentes y el esquema de aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas.

Otro de los cambios centrales aparece en el artículo 39, que modifica el sistema previsto por la Ley 24.901. La propuesta establece que la universalidad de las prestaciones no implicará una homogeneidad en los aranceles ni en las modalidades de financiamiento y dispone que el Nomenclador de Prestaciones Básicas deje de contemplar valores universales.

De aprobarse esa redacción, obras sociales, empresas de medicina prepaga y distintas jurisdicciones podrían manejar valores diferentes en su relación con los prestadores. Para las prestaciones financiadas por el Estado nacional, los montos quedarían determinados de manera trimestral por la autoridad nacional correspondiente.

El proyecto también introduce modificaciones sobre las pensiones. El artículo 36 establece que la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral equivaldrá al 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio, mientras que el artículo 37 establece su incompatibilidad con un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado.

La propuesta implica modificar el esquema previsto por la legislación vigente respecto de la posibilidad de compatibilizar determinadas pensiones con ingresos laborales.

El debate ahora queda en manos del Congreso, donde el oficialismo deberá negociar tanto el Presupuesto 2027 como el futuro de la Emergencia en Discapacidad. La discusión se produce, además, cuando Diputados analiza específicamente la posibilidad de utilizar la prórroga de un año contemplada en la propia Ley 27.793.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el emplazamiento a las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto para avanzar con el proyecto de ley que busca prorrogar la Emergencia en Discapacidad durante 2027. La moción obtuvo 249 votos afirmativos y ningún voto negativo, estableciendo un cronograma que incluye una reunión informativa para el 16 de septiembre a las 12, y la búsqueda de dictamen para el 23 de septiembre a la misma hora.

La sesión especial fue abierta tras alcanzar los 135 legisladores presentes, superando los 129 necesarios para habilitar el debate. Durante el plenario, el diputado de Unión por la Patria Juan Marino fundamentó la necesidad del emplazamiento y cuestionó la gestión del secretario nacional de Discapacidad por la falta de respuestas sobre la causa de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“La prórroga daría mejores condiciones para que el Poder Ejecutivo cumpla con los fallos judiciales vinculados con la implementación de la ley”.

Por su parte, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, calificó como innecesaria la intervención del recinto para establecer fechas que, según afirmó, ya estaban siendo trabajadas por la Comisión de Discapacidad. Asimismo, el legislador acusó a sectores de la oposición de utilizar la temática con fines políticos.

En paralelo, el recinto rechazó la posibilidad de tratar sobre tablas el proyecto de prórroga, por lo que la iniciativa deberá seguir el curso administrativo acordado. El debate también abarcó la problemática del endeudamiento familiar, sobre la cual el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), presidido por el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, reclamó una respuesta integral del Congreso al considerar que se trata de un problema nacional.

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo por un monto de 29.970 dólares contra la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. La resolución fue dictada por el juez Cristian Tau Anzoátegui, a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial, ante la demanda de un particular de Bariloche por supuestos incumplimientos en el desarrollo inmobiliario Tajamar, situado en la villa balnearia de Las Grutas.

Al tratarse de una medida cautelar en el fuero civil, la disposición posee un carácter preventivo para resguardar un eventual resultado del juicio. Por lo tanto, no representa una definición de fondo sobre el reclamo ni constituye una condena. Este fallo se suma a una serie de causas que enfrenta la parlamentaria por la comercialización de terrenos, las cuales incluyen demandas civiles y denuncias penales por dificultades en la escrituración, entrega de lotes y provisión de infraestructura.

Anteriormente, Lorena Villaverde ya había sido objeto de otras medidas similares. En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche, Santiago Morán, dispuso el embargo de su dieta parlamentaria y aguinaldo por un monto cercano a los 40.500.000 pesos. Asimismo, en marzo de 2026 se registró otro embargo preventivo superior a los 31.000.000 de pesos, sumado a otros dictados en 2025 próximos a los 50.000.000 de pesos.

Tras conocerse la medida, la legisladora manifestó su sorpresa y aseguró que no fue notificada oficialmente. “Vuelvo a enterarme primero por los medios”, criticó, calificando el accionar como obsesivo y obsceno. 

Villaverde sostuvo que se trata de un proceso civil en trámite y enfatizó: “No existe ninguna sentencia ni condena en mi contra”.

La empresaria defendió su trayectoria de 15 años en el sector inmobiliario y atribuyó las acciones judiciales a una campaña de escarnio mediático, político y violencia institucional. Sobre el proyecto en Las Grutas, concluyó:

Yo, como propietaria de todas esas tierras, me presenté, armé un proyecto, le resolví una cuestión habitacional a muchísima gente y las obras están en marcha y se están terminando.

El diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, calificó como un argumento estúpido la justificación brindada por el presidente Javier Milei, quien atribuyó el aumento de la deuda de las familias a la compra de televisores durante el Mundial. En diálogo con Radio Mitre, el legislador sostuvo que la crisis económica es muy profunda y que los sectores populares se endeudan principalmente para adquirir alimentos.

“Me parece un argumento estúpido. El dato, cuando uno mira y analiza cuál es el nivel de endeudamiento y qué impactos tiene sobre las familias, sobre los sectores populares, es fundamentalmente deuda por alimentos”, señaló.

Para Pichetto, esta situación es producto de un marco de crisis que se agudiza con la pérdida de empleo, el cierre de industrias y comercios, y la caída del poder adquisitivo. En ese sentido, advirtió que las medidas actuales, como la revisión de las paritarias, no serán suficientes para revertir el deterioro socioeconómico.

El diputado también manifestó su preocupación por el clima político y la relación del Gobierno con la prensa. Pichetto se solidarizó con los periodistas que han sido agraviados por la administración nacional y cuestionó la actitud del mandatario. “No es lógico que el Presidente aliente los niveles de agresión, de violencia, sobre determinados sectores: opositores, periodistas, economistas que no opinan igual”, sentenció.

Respecto al armado político de cara a las elecciones presidenciales de 2027, el referente de Encuentro Federal aseguró que el peronismo encontrará un liderazgo claro y un programa económico enfocado en el desarrollo y el crecimiento. Sobre la figura de la expresidenta Cristina Kirchner, respaldó su derecho a recurrir su condena ante organismos internacionales y calificó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos como una pena que “no es de este siglo”.

Al ser consultado sobre si una eventual candidatura de la exmandataria podría beneficiar al oficialismo, Pichetto se mostró escéptico. Citando encuestas recientes en distritos clave como La Matanza, afirmó que la figura de Cristina Kirchner mantiene una intención de voto muy alta, a pesar de las descalificaciones constantes que ha recibido durante el último tiempo.

El Gobierno nacional puso en marcha una estrategia para intentar desactivar la sesión especial convocada por la oposición para el próximo 9 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde se buscará acelerar el tratamiento de distintas iniciativas vinculadas con el creciente endeudamiento de las familias y extender la emergencia en discapacidad.

Como parte de esa estrategia, La Libertad Avanza (LLA) convocó para el miércoles 2 de septiembre a una reunión informativa de la Comisión de Finanzas, con el objetivo de comenzar a analizar los proyectos relacionados con el sobreendeudamiento.

La decisión llegó luego de que distintos espacios opositores demostraran contar, al menos inicialmente, con los respaldos necesarios para alcanzar el quórum y avanzar con el temario propuesto.

La estrategia oficialista apunta especialmente a los diputados vinculados con gobernadores que acompañaron la convocatoria opositora pero mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada. La expectativa es que algunos de esos legisladores consideren innecesaria la sesión especial una vez iniciado el tratamiento de las iniciativas en comisión.

Desde el propio oficialismo reconocieron que la convocatoria busca desactivar la sesión prevista para el 9 de septiembre. “Como siempre, depende de los bloques del medio. Veremos qué pasa”, señaló una fuente de LLA.

La sesión fue impulsada por Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, el Frente de Izquierda y diputados vinculados con distintos gobernadores. El pedido reunió las firmas de 49 legisladores.

Uno de los principales objetivos es emplazar a las comisiones que tienen bajo análisis alrededor de 50 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar. El temario contempla también la extensión por un año de la emergencia en discapacidad.

El emplazamiento resulta clave para la oposición porque permitiría establecer días y horarios de reunión para las comisiones y fijar una fecha límite para la firma de los dictámenes. La reunión informativa convocada por el oficialismo, en cambio, permite iniciar la discusión pero no establece plazos para que las iniciativas lleguen al recinto.

Además, buena parte de los proyectos fueron girados a dos o tres comisiones, por lo que desde la oposición consideran que su tratamiento únicamente en Finanzas no garantiza avances concretos.

El diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano calificó la convocatoria oficialista como una “jugada distractiva” y una “cortina de humo”, al considerar que las diferentes comisiones involucradas deberían trabajar conjuntamente y establecer un cronograma para alcanzar un dictamen.

Su compañero de bloque Esteban Paulón sostuvo, por su parte, que “la única garantía de avanzar hacia un dictamen es ratificando la convocatoria a sesión especial”.

La principal incógnita pasa ahora por el comportamiento de los diputados vinculados con los gobernadores de Misiones, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán, Chubut, Neuquén, Córdoba y Santa Fe.

Algunos legisladores dialoguistas comenzaron a poner en duda su participación en la sesión especial luego de conocerse la convocatoria de Finanzas. Desde los sectores opositores más duros, sin embargo, insisten en que la reunión informativa y el emplazamiento de las comisiones son mecanismos diferentes y aseguran que mantendrán la convocatoria.

En el centro de la discusión se encuentran más de 50 iniciativas que buscan brindar respuestas ante el crecimiento de la mora de las familias con bancos, tarjetas de crédito, entidades financieras y billeteras virtuales.

Entre las propuestas que comenzaron a circular aparecen la condonación de al menos el 50% de los intereses punitorios, la implementación de planes especiales de cuotas y la declaración de una emergencia financiera.

La oposición deberá ahora alcanzar acuerdos entre los diferentes bloques para elaborar una propuesta común que reúna los votos necesarios. Para eso se prevé la conformación de mesas de trabajo con equipos técnicos durante los próximos días.

Desde el Gobierno aseguran estar dispuestos a discutir el problema del endeudamiento, aunque rechazan una intervención generalizada del Estado sobre obligaciones entre privados. Dentro de LLA consideran que cualquier iniciativa debería diferenciar las situaciones de vulnerabilidad económica de aquellas deudas generadas por decisiones particulares de consumo.

Así, la reunión del 2 de septiembre será el primer movimiento de una pulseada legislativa que tendrá su instancia decisiva una semana después. El futuro de la sesión especial dependerá fundamentalmente de que la oposición logre conservar los respaldos de los bloques dialoguistas y alcance el quórum necesario para abrir el recinto.

El jefe de la bancada PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, aseguró que su partido buscará mantener en las elecciones de 2027 los distritos que actualmente gobierna, mientras continúan las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) para conformar un frente electoral.

“Por supuesto que donde gobierna el PRO nosotros no solo queremos reelegir, sino que tenemos los mejores hombres y capacidad de haber demostrado gestión para que sigan gobernando. Eso todavía no está en la mesa, pero entendemos que es así. Lo damos casi por hecho”, expresó Ritondo en declaraciones a radio Rivadavia.

El diputado evitó, sin embargo, establecer una fecha límite para alcanzar un entendimiento con el oficialismo nacional. “Yo no defino fechas. Lo que digo es que me parece que cuanto más claro esté el horizonte político, eso le da más certidumbre a la Argentina de lo que va a pasar el año que viene”, sostuvo.

En ese sentido, confirmó que las conversaciones se encuentran en marcha con la intención de llegar a un entendimiento de cara a los próximos comicios. “Estamos trabajando en esa dirección. No nos pusimos fechas, lógicamente nos pusimos a trabajar para tener un acuerdo importante para el año que viene”, agregó.

Las declaraciones se produjeron luego de la segunda reunión entre dirigentes del PRO y La Libertad Avanza para avanzar en la construcción de un eventual frente electoral para 2027.

Ritondo y el secretario general del PRO a nivel nacional, Fernando de Andreis, fueron recibidos en la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo Menem.

Durante el encuentro, representantes de ambos espacios ratificaron las coincidencias programáticas vinculadas principalmente con el rumbo económico del Gobierno nacional y continuaron las conversaciones sobre una eventual alianza electoral.

Uno de los principales puntos de discusión sigue siendo el futuro de las PASO. Mientras el Gobierno pretende reunir respaldo político para eliminarlas o, al menos, volver a suspenderlas, dentro del PRO existen reparos respecto de esa alternativa.

Pese a esas diferencias, el partido conducido a nivel nacional por el expresidente Mauricio Macri no cerró completamente la puerta a la propuesta y las negociaciones continuarán con la mira puesta en las elecciones generales de 2027.

En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal, una iniciativa que busca incentivar la formalización de ahorros que se encuentran fuera del sistema. Según el oficialismo, el objetivo es dinamizar la economía mediante una relación distinta entre el Estado y quienes producen, trabajan e invierten.

El proyecto, que obtuvo 139 votos positivos, 110 negativos y dos abstenciones, elimina los topes de ingresos y patrimonio que limitaban el acceso al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias administrado por ARCA. La diputada libertaria Laura Rodríguez Machado defendió la medida al señalar:

“La fiscalización debe perseguir la evasión, pero no puede convertir al contribuyente que cumple en un sospechoso permanente”.

Desde la oposición, el diputado Martín Lousteau cuestionó duramente la iniciativa, calificándola como una herramienta que podría facilitar la impunidad. Por su parte, el legislador Ariel Rauschenberger advirtió que el proyecto se aproxima a un blanqueo al limitar la capacidad de control y trazabilidad del organismo recaudador.

En la misma jornada, la Cámara Baja ratificó el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur con 234 votos afirmativos. Este tratado, que contempla aranceles del 0% para las exportaciones nacionales, fue valorado por el diputado Santiago Cafiero como un camino de integración que defiende el trabajo y a las pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se aprobó la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una medida defendida por la diputada Juliana Santillán como una herramienta clave para reducir costos y tiempos en la innovación científica.

Tras meses de un andar errático, con marchas, contramarchas y pasos en falso, finalmente la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) recalará en el recinto de la Cámara de Diputados mañana y, de no mediar sorpresas, terminará con media sanción, antes de su vuelta al Senado.

Las negociaciones entre las distintas áreas del Gobierno y actores de la industria argentina y multinacional en pos de la incorporación del país al sistema internacional de patentes habían comenzado inmediatamente después de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos con Estados Unidos, hecho ocurrido el 5 de febrero en Washington.

A cambio de ciertas condiciones arancelarias preferenciales para el país, la Casa Rosada se comprometió a trabajar rápidamente en los acuerdos legislativos, y se puso como plazo el 30 de abril pasado.

Tan pronto como se conoció esta decisión, se activó con fuerza el lobby de los laboratorios nacionales, representados por CILFA y Cooperala, cuyos argumentos en favor de la defensa de la industria nacional de medicamentos lograron permear en la discusión y fueron tenidos en cuenta por Cancillería y el Ministerio de Economía. (NA).

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará este martes una reunión con los gobernadores del NEA y el NOA para intentar avanzar en un acuerdo que permita implementar una tarifa eléctrica diferencial para las regiones con altas temperaturas.

El encuentro está previsto para las 15.30 en la Casa Rosada y contará también con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. El objetivo será acercar posiciones con los diez mandatarios del Norte Grande, que desde hace años reclaman un alivio en las facturas de electricidad que pagan los usuarios de esas provincias.

La denominada zona cálida contempla un esquema de subsidios para las tarifas eléctricas en los distritos afectados por temperaturas elevadas. Una de las iniciativas presentadas recientemente en el Congreso, impulsada por el bloque justicialista del Senado, establece descuentos de hasta el 50% en las boletas para los sectores de menores ingresos.

La negociación tiene además una fuerte dimensión política, ya que el Gobierno de Javier Milei busca conseguir el respaldo de los gobernadores para avanzar en el Congreso con una modificación del régimen de Zona Fría, que actualmente subsidia las tarifas de gas en distintas regiones del país.

La iniciativa oficial propone mantener los subsidios al gas, aunque con un alcance más reducido, con el objetivo de generar un ahorro para las arcas nacionales de alrededor de $250.000 millones, según las estimaciones del Gobierno correspondientes al año pasado.

El proyecto genera preocupación especialmente en el interior bonaerense, donde intendentes y organizaciones impulsan una campaña de firmas y reclamos para evitar que se reduzcan los beneficios.

Actualmente, unos 1.240.000 hogares de 94 municipios bonaerenses están alcanzados por los descuentos de la Zona Fría. Se trata de aproximadamente el 20% del total de usuarios de la provincia.

De aprobarse los cambios, las facturas de gas de los usuarios que pierdan el beneficio podrían registrar incrementos de entre el 40% y el 100%, de acuerdo con las estimaciones difundidas sobre el impacto de la reforma.

A su vez, el nuevo esquema contempla modificaciones en los subsidios que permanecerían vigentes, por lo que incluso algunas provincias que continúen dentro del régimen de Zona Fría podrían afrontar aumentos en sus tarifas.

En ese escenario, el Gobierno busca articular ambos reclamos: ofrecer una respuesta a las provincias del norte por las altas temperaturas y, al mismo tiempo, obtener respaldo político para avanzar con la reducción de los beneficios de la Zona Fría.

En la Cámara de Diputados comenzó el debate de dos proyectos de ley que tienen como objetivo habilitar la siembra en las áreas aledañas a las rutas nacionales, una práctica que actualmente se encuentra prohibida. Esta iniciativa, que también genera discusiones en la provincia de Buenos Aires, permitiría aprovechar unas 50.000 hectáreas para la producción agropecuaria.

Las propuestas, impulsadas por los diputados Javier Sánchez Wrba (PRO) y Agustina Propato (Unión por la Patria), buscan poner en valor superficies que hoy permanecen sin uso productivo. El esquema contempla la implementación de permisos precarios y onerosos, siempre bajo la condición de garantizar la correcta circulación y el mantenimiento de las rutas. Es fundamental aclarar que los proyectos excluyen de manera expresa la posibilidad de sembrar sobre las banquinas o en las franjas de seguridad vial.

Desde la Fundación Barbechando explicaron que estas propuestas pretenden revertir la prohibición vigente, recordando que “durante años fue una práctica habitual, hasta que una resolución de 2008 dejó sin efecto el régimen que permitía otorgar permisos para la siembra, cultivo y cosecha”.

Respecto a la modalidad de acceso, la propuesta de Javier Sánchez Wrba establece que “los productores frentistas tendrían prioridad para acceder, mediante el pago de un canon, a los permisos de uso productivo de las franjas adyacentes a la calzada -tierras que hoy en día son de dominio público- para poder producir”. En cuanto al destino de los recursos, la Fundación Barbechando señaló que “solo existe una diferencia instrumental: por parte del PRO el destino es el mantenimiento de la Red Vial Nacional mientras que la propuesta de UXP tiene un fin social y cooperativo”.

Sobre el impacto productivo, la entidad detalló: “De acuerdo con una estimación incorporada al proyecto, si se consideraran aproximadamente dos hectáreas adicionales por cada kilómetro lineal en las zonas productivas y se tomara como referencia una Red Vial Nacional de unos 40.000 kilómetros, el universo potencial podría alcanzar unas 50.000 hectáreas que podrían sumarse a los cultivos anuales”.

La Fundación Barbechando recordó que existen jurisdicciones donde se compatibiliza el uso vial con la producción. Un caso mencionado es la Ley 10.342 de 1985 en la provincia de Buenos Aires, que habilita a los municipios a otorgar permisos de uso precario sobre franjas adyacentes a rutas y caminos. Un ejemplo de aplicación es el municipio de 9 de Julio, donde se han registrado experiencias de este tipo.

No obstante, el escenario bonaerense también presenta novedades, ya que existe un proyecto para modificar dicha ley. La diputada de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, propone incluir a las banquinas dentro de los espacios cedibles, siempre que cuenten con autorización previa de la Dirección de Vialidad bonaerense. Cabe recordar que, en febrero de 2024, el municipio de 9 de Julio convocó a una licitación para sembrar entre 300 y 350 hectáreas de banquinas en rutas provinciales, como la ruta 65.

Un proyecto de ley que busca "blindar" a las empresas públicas de la provincia de Buenos Aires frente a eventuales privatizaciones obtuvo este jueves dictamen favorable en la Comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados bonaerense.

La iniciativa, presentada por la diputada de Unión por la Patria Mayte Alvado, propone que cualquier modificación en el control de las empresas estatales deba ser aprobada por una ley con el voto de los dos tercios de los miembros de la Cámara, en lugar de la mayoría simple que exige la normativa vigente.

El despacho recibió el respaldo de ocho legisladores de Unión por la Patria, la UCR, Nuevos Aires, Unión y Libertad y Hechos, mientras que los tres votos en contra correspondieron a representantes de La Libertad Avanza y el PRO, que firmaron un dictamen de minoría.

Además de elevar el requisito de aprobación, el proyecto establece que toda propuesta para reducir la participación estatal deberá estar "razonablemente fundamentada", demostrar la necesidad de ese cambio y respetar el interés público provincial y el bienestar general de la población.

La iniciativa se inscribe en un contexto de fuerte debate político de cara a las elecciones del próximo año. Desde el oficialismo provincial sostienen que, si un espacio liberal o libertario llegara al gobierno bonaerense, podría intentar impulsar un proceso de privatizaciones similar al que promueve el presidente Javier Milei a nivel nacional.

Actualmente, la Provincia mantiene el control de empresas estratégicas como ABSA, encargada del servicio de agua y saneamiento; AUBASA, concesionaria de las autopistas Buenos Aires-La Plata y Ruta 2; y BAGSA, responsable de la distribución de gas natural en pequeñas localidades bonaerenses.

Al fundamentar el proyecto, Alvado sostuvo que "permitir cambios frecuentes e impulsivos en la producción y prestación de estas empresas socava la calidad y accesibilidad de los servicios, además de minar la confianza en las capacidades del Estado provincial".

La legisladora agregó que la estabilidad en la gestión de las empresas públicas resulta clave para planificar inversiones de largo plazo, mejorar la infraestructura y garantizar un acceso equitativo a los servicios esenciales.

Asimismo, defendió la participación del Estado en compañías estratégicas y aseguró que la combinación entre capital público y privado permite prestar bienes y servicios de manera "eficiente y equitativa". Como ejemplo, mencionó el caso de YPF, al considerar que la presencia estatal posibilita supervisar y regular las operaciones para garantizar estándares de calidad y accesibilidad.

El presidente de La Libertad Avanza bonaerense y diputado nacional Sebastián Pareja presentó proyectos para declarar de “interés” la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para los días 8, 9, 10 y 11 de noviembre, con iniciativas que fueron impulsadas también por legisladores libertarios en ambas cámaras de la Legislatura provincial.

Según se informó, las propuestas fueron elevadas en la Cámara de Diputados de la Nación, el Senado bonaerense y la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de expresar el reconocimiento institucional ante la llegada del Sumo Pontífice al país.

La iniciativa nacional destaca la trayectoria de servicio de León XIV a la Iglesia Católica y a la humanidad, su labor misionera junto a los sectores más vulnerables y su compromiso con la evangelización en América Latina.

Al referirse al proyecto, Sebastián Pareja sostuvo que la visita del Papa “merece todos los honores que podamos realizar institucionalmente, tanto a nivel nacional como provincial”. Además, remarcó su vínculo con la región y señaló que el regreso de un Pontífice al país “también va a implicar una gran movilización de miles de argentinos para celebrarlo”.

En ese sentido, el dirigente libertario anticipó que la jornada en Luján, donde se encuentra la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján, será “inolvidable” y destacó la importancia espiritual, histórica y cultural del acontecimiento para millones de argentinos.

Por su parte, el senador bonaerense Matías de Urraza, autor de la propuesta en la Cámara alta provincial, manifestó su entusiasmo por la llegada del Papa y afirmó: “Estamos muy emocionados por la venida del Sumo Pontífice a nuestro país. Nos toca ser anfitriones en Luján y creemos que puede hacernos muy bien como nación y como provincia”.

Además, señaló que mantuvo conversaciones con vecinos de la localidad y aseguró que existe “mucha expectativa” por la visita, al tiempo que expresó su deseo de que el encuentro “llene de bendiciones” al país.

En la Cámara de Diputados bonaerense, la iniciativa fue presentada por el legislador y exsecretario de Culto y Culturas Nahuel Sotelo, en representación del bloque de La Libertad Avanza. El proyecto busca destacar especialmente el paso del Pontífice por Luján, sede de uno de los principales símbolos religiosos de la Argentina.

Sotelo también valoró la decisión del Papa de incluir al país en su agenda internacional y afirmó que “León XIV no tenía ninguna obligación de venir a la Argentina; podría haber elegido cualquier país, Brasil, Ecuador o Colombia”. En esa línea, atribuyó la visita a las gestiones realizadas por la Cancillería argentina y el presidente Javier Milei, quienes, según indicó, invitaron al Pontífice y expresaron la voluntad de recibirlo.