El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartó este miércoles la posibilidad de presentar su renuncia y aseguró que seguirá al frente de su función, en respuesta a cuestionamientos de legisladores opositores durante su exposición en la Cámara de Diputados.

“Por el contrario, estoy acá dando la cara”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre una eventual dimisión, en el marco de una sesión en la que brindó su informe de gestión.

El planteo había sido impulsado por el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, quien cuestionó con dureza al jefe de Gabinete y le reclamó que deje el cargo. “Encarnás una nueva defraudación. ¿Qué está esperando para renunciar?”, lanzó el legislador.

Lejos de tomar ese pedido, Adorni fue enfático al ratificar su continuidad. “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no”, afirmó.

Además, en el segundo tramo de su intervención, destacó el respaldo presidencial y defendió su rol dentro del Gobierno. “El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”, expresó.

La exposición se dio en un clima de fuerte tensión política, con cruces entre oficialismo y oposición, en medio de cuestionamientos a la gestión nacional.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, se refirió a la jornada de debate sobre reforma política en la que participó y sostuvo la necesidad de avanzar en cambios estructurales en el sistema institucional bonaerense.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que el encuentro fue convocado con el objetivo de realizar un análisis integral sobre posibles modificaciones. “Hoy participé de una jornada que estamos convocando para hacer un análisis sobre reforma política”, señaló.

Según detalló, la actividad se organizó en tres ejes principales: acceso a la información pública, boleta única de papel y el sistema de PASO. En este último punto, Civale tuvo a su cargo la coordinación de una de las mesas, centrada en discutir eventuales cambios en las elecciones primarias.

En su intervención, consideró que el contexto actual resulta propicio para dar este debate. “Creo que es un momento interesante para discutir en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos en un año que no es electoral, una reforma integral al sistema político”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar modificaciones que fortalezcan la autonomía municipal y otorguen mayor previsibilidad a los procesos electorales.

El dirigente también valoró el desarrollo del encuentro y destacó la participación tanto de especialistas como del público. “Creo que fue altamente positiva, no solo por la participación de grandes expositores, sino por la participación de vecinos y gente de la Cámara”, expresó.

Finalmente, Civale planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para avanzar con las iniciativas. “Esperamos que los espacios políticos del oficialismo, como otros espacios de la oposición, acompañen una serie de proyectos que venimos presentando en este sentido”, concluyó.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario donde distintos sectores impulsan debates sobre reformas políticas y electorales, tanto a nivel provincial como nacional.

La oposición en la Cámara de Diputados busca recuperar la agenda legislativa y reflota una serie de proyectos destinados a abordar la problemática del sobreendeudamiento con tarjetas de crédito. En un momento donde los niveles de morosidad alcanzaron cifras récord, la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se reunirá este miércoles a las diez para iniciar el debate.

El espacio, presidido por el diputado Hugo Yasky, analizará casi una veintena de iniciativas que proponen herramientas para paliar la crisis financiera de los hogares. Entre las medidas principales se destacan la condonación mínima del 50% de los intereses punitorios, la creación de planes de cuotas y hasta la declaración de la emergencia financiera por más de un año. Otros textos sugieren plazos de gracia de 60 días para iniciar los pagos e instancias de mediación obligatoria para deudores de buena fe.

Los fundamentos de los proyectos coinciden en señalar el impacto de la situación económica actual. Se mencionan factores como el estancamiento con inflación, la devaluación y el aumento de los servicios públicos como los principales motores del endeudamiento. Según datos del Banco Central, procesados por la consultora 1816, la irregularidad en el pago de préstamos por parte de las familias es la más alta desde 2004, con un crecimiento sostenido durante los últimos 16 meses.

Un informe de la consultora EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, reveló que la mora en las entidades bancarias alcanzó el 11,2% en febrero, una cifra que se cuadruplicó en apenas un año y medio. Esta tendencia afecta tanto a bancos tradicionales como a billeteras virtuales y otras entidades financieras no bancarias.

Para la primera jornada de debate están invitados especialistas como Luci Cavallero, socióloga e investigadora del Conicet; Ariadna Ciammarello, de la oficina de Derechos Consumidores y Usuarios de Rosario; Arturo Pozzali, defensor adjunto del pueblo de CABA; y Pedro Buzzetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores.

Pese al impulso opositor, el avance de las leyes no está garantizado. El oficialismo y sus aliados mantienen la mayoría en la comisión y los proyectos también deben pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda, conducida por representantes que priorizan la agenda del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la oposición se ilusiona tras haber conseguido 125 votos en la última sesión para empujar debates complejos.

En paralelo, el interbloque Unidos, que preside Gisela Scaglia, también busca retomar el tratamiento de Ficha Limpia, el proyecto que impide candidaturas a personas condenadas por delitos graves, sumando presión sobre la agenda de la Cámara Baja.

En una sesión clave para la agenda del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que contó con el apoyo de las provincias mineras y bloques aliados, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

El proyecto busca acotar la protección vigente sobre el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, fundamentalmente vinculados a la minería. Además de La Libertad Avanza, acompañaron la propuesta el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, y legisladores de otros espacios como Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y Encuentro Federal.

Incluso, el oficialismo sumó el respaldo de dos diputados de Unión por la Patria pertenecientes a San Juan, Cristian Andino y Jorge Chica. Por el contrario, la mayoría de este último bloque, junto a la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, rechazaron la medida advirtiendo sobre posibles riesgos ambientales y la futura judicialización de la norma por considerarla regresiva.

Hasta el momento, la normativa sancionada en 2010 otorgaba una protección total sobre el ambiente glaciar por ser una reserva estratégica de recursos hídricos. Con la nueva modificación, la tutela regirá "hasta tanto" las provincias realicen estudios técnicos que comprueben qué áreas cumplen efectivamente con una función hídrica y cuáles no.

Aquellas zonas que no sean verificadas como reservas de agua podrán ser retiradas del inventario del Ianigla, quedando habilitadas para el desarrollo de actividades productivas que hasta ahora estaban prohibidas. Según estimaciones oficiales, esta reforma permitiría destrabar inversiones por un total de US$ 20.000 millones en proyectos mineros en todo el país, otorgando a las provincias un mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales.

De esta manera, la LLA junto a los bloques dialoguistas podrá convertir este miércoles en ley las modificaciones a la ley de Glaciares, como el Gobierno se había comprometido ante los mandatarios de la mesa del Cobre.

El proyecto de ley de Glaciares busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

El dictamen mayoritario reunió 37 firmas de las 66 que conforman estos dos organismos asesores, según informó el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de 27 de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 la Unión Cívica Radical, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Elijo Catamarca.

Los radicales que firmaron el despacho fueron Pamela Verasay y Diogenes González, de Innovación Federal Yamila Ruíz y Alberto Arrúa de Innovación Federal, Carlos Jaime Quiroga de Producción y Trabajo y Fernanda Ávila de Elijo Catamarca.

El diputado señaló que el despacho de mayoría tuvo 18 firmas en Recursos Naturales y de 19 firmas en Asuntos Constitucionales.

En tanto, Unión por la Patria anticipó que presentará su propio despacho de minoría, Provincias Unidas impulsó un dictamen con cinco firmas, y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también impulsará su propia propuesta.

Provincias Unidas se encuentra dividida en esta votación, ya que se estima que 15 legisladores votarán en contra y 7 lo harán a favor, entre quienes se encuentran los santafesinos ex PRO, Gisela Scaglia, José Núñez, y el rionegrino Sergio Capozzo.

Los legisladores de PU que se oponen y presentaron dictamen son María Inés Zigaran, Pablo Farias, Juan Brugge, Carolina Basualdo, y Pablo Juliano.

La reunión se inició con una fuerte polémica, ya que desde la oposición reclamaron que no exponga el secretario de Minería, Luis Lucero, por haber sido abogado de mineras, aunque La Libertad Avanza y sus aliados no aceptaron ese reclamo y el funcionario habló en el plenario de comisiones.

En la primera etapa de la reunión expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y el secretario de Minería, Luis Lucero, quienes rechazaron que la minería pueda afectar las reservas de agua y señalaron que esa actividad puede realizarse “cuidando el medio ambiente”.

También expusieron la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, y la ministra de Energía y Medio Ambiente, Jimena Latorrre, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem, y el subsecretario de Política de Minería, José Caeiro.

También lo hicieron los ministros de Minería y de Producción de San Juan, Gustavo Fernández y el secretario de Gestión Ambiental de San Juan, Roberto Moreno, y el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo. NA

En una muestra más de la distancia política que mantiene con Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel conversó con representantes de la Iglesia Católica a exponer su posición -reconocida adversa- al proyecto para bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años que impulsa el Ejecutivo.

La convocatoria fue puntualmente a representantes de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y de Cáritas, y se produjo luego de que la cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto, según informó hoy el diario Clarín.

En el encuentro, los representantes del episcopado dejaron clara su posición de rechazo al proyecto, porque consideran que no hará disminuir el delito entre los menores. Y reclamaron un enforque de la problemática más centrado en la contención social.

Se trata de un tema espinoso para el Gobierno, que incluyó el proyecto en extraordinarias y busca avanzar en Senadores en la semana entrante, que expone además la distancia de Milei con la CEA, a la que no recibe hace dos años.

Los miembros de Pastoral Social y Cáritas expusieron en el encuentro los ejes de la “ Carta Abierta a los Legisladores Nacionales ”, un documento en el que plantean que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil.

También subrayan que “los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos ”.

Días pasados, durante una visita a La Rioja con ocasión de la fiesta de La Chaya, la vicepresidente se reunió con el obispo provincial -y titular de la Pastoral Social, Dante Braida-, y por primera vez visitó la tumba de una víctima de la dictadura: la del beato monseñor Enrique Angelelli.

Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.

El texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.

Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”.

Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.

En torno a la iniciativa, el artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795) busca que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.

Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

A su vez, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.

Por otro lado, en relación a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios, consideró este viernes que el proyecto del Gobierno “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”.

En ese marco, planteó la necesidad de “el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”.

“Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, anunció.

La movilización realizada en la ciudad esta tarde en contra la reforma laboral que se debate en Diputados, reunió a vecinos docentes, jubilados y jóvenes que expresaron su preocupación por el impacto social y económico que significaría la sanción del proyecto. Con consignas, carteles y testimonios, la protesta se convirtió en un espacio donde distintas generaciones coincidieron en advertir sobre lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Entre los manifestantes estuvo Alicia, una vecina de 82 años que, pese a no estar jubilada, decidió participar pensando en el futuro de los más jóvenes. “Lo que está haciendo este gobierno es retroceder más de 100 años”, afirmó con firmeza. Con la experiencia de haber atravesado distintas crisis, agregó: “Ya lo viví muchas veces y no aprendemos nunca... me da mucha pena que sigan votando estas cosas”. Para Alicia, la historia demuestra que “Todos los derechos se consiguen con luchas; de otra manera es imposible”, y cerró con un llamado a la solidaridad: “Pensemos un poco más en el prójimo y dejemos el individualismo de lado”.

El sector educativo también tuvo una presencia destacada. Lucía, docente y madre de dos hijos que asisten a una escuela pública, cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En su relato puso el acento en la realidad de los jubilados: “Mi mamá es jubilada, gana la mínima. La tengo que ayudar. Su situación es desesperante”, sostuvo, señalando que su caso refleja el de muchos hogares.

Docentes del programa Fines sumaron su voz y manifestaron inquietud por el futuro de los estudiantes adultos. En particular, advirtieron sobre un punto del proyecto que consideran sensible: “Imaginémonos lo que va a ser que las indemnizaciones, según esta ley, van a ser pagadas por el fondo de los jubilados. Es decir, los abuelos van a estar pagando las indemnizaciones de sus nietos”, expresaron, planteando su preocupación por el impacto en el sistema previsional.

La juventud también estuvo representada. Matías, profesor de Juegos Dramáticos graduado este mismo día de la universidad pública, dirigió un mensaje a los legisladores: “Hay que escuchar un poco más la calle; no siempre los discursos son de un solo lado”. Además, defendió el valor del estudio y el trabajo frente a ciertos prejuicios: “Se corre el mensaje que dicen que no queremos laburar... haber trabajado igual y tener la posibilidad de haberme recibido es una manera de demostrar lo que me dio la universidad pública y quiero devolverselo acá en la calle marchando”, señaló, con su cartel de recibido en las manos y las secuelas del festejo aún en su ropa y cabello.

En el cierre de la jornada, Miguel, otro de los vecinos sintetizó el sentimiento compartido por muchos de los presentes al definir el proyecto como un “retroceso para el trabajador” respecto de conquistas históricas. Al evocar la tradición obrera local, recordó: “En la calle también estuvieron los picapedreros; hay que acordarse que acá en 1910 se hizo la huelga grande”. Y explicó su presencia con una frase que se repitió entre los manifestantes: “Salir es trascender”.

Con el peronismo dividido en el voto y la ayuda de aliados, el oficialismo de Diputados consiguió aprobar con media sanción el proyecto de ley que ratifica el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea, a través de 203 votos positivos, 42 negativos y cuatro abstenciones.

Este acuerdo permitirá bajar aranceles de más del 90% a las exportaciones y recortar las barreras de acceso para bienes industriales de Europa. La iniciativa fue incorporada a la agenda de sesiones extraordinarias luego de la firma del acuerdo comercial el 17 de enero en Asunción.

El oficialismo sumó los respaldos del PRO, la UCR y Provincias Unidas, entre otros bloques dialoguistas, pero la sorpresa es que además captó 43 votos de Unión por la Patria, incluido el del jefe del bloque, Germán Martínez.

Esta cantidad superó a los 38 votos peronistas (La Cámpora, el kirchnerismo y el graboisismo) que se volcó por el rechazo a la iniciativa, en tanto que los cuatro restantes se dividieron.

La iniciativa consta de 5.000 páginas traducidas en varios idiomas y apunta a ratificar legislativamente el entendimiento que suprime aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur y recorta las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos de Europa.

El tratado comercial aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Ese proceso podría demorar hasta dos años, aunque también existe la versión de que la Comisión Europea podría aplicar el tratado comercial de manera provisoria hasta que sea convalidado o rechazado por el Tribunal de Justicia.

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

La Cámara de Diputados aprobó por  una amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad y ahora el debate se traslada al Senado.

La iniciativa fue sancionada por 149 a favor contra 100 votos en contra del peronismo y la izquierda, Elijo Catamarca, y Defendamos Córdoba.

La iniciativa fue respaldada por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, e Independencia.

Los diputados del Frente Renovador estaban a favor de la baja de la imputabilidad de 16 a 14 años, pero votaron en contra de la iniciativa, aunque uno de los principales referentes, Ramiro Gutiérrez, aclaró que lo hizo a favor en la discusión en particular.

Ahora la iniciativa será tratada por el Senado y es posible que se trate en una sesión a celebrarse el 26 de febrero, según informaron fuentes parlamentarias del Senado.

Por primera vez desde la restauración de la democracia llega al recinto de sesiones el debate sobre la edad de imputabilidad que, si se aprueba en el Senado, se reducirá de 16 a 14 años.

La propuesta impulsada por la Libertad Avanza plantea una reforma de una ley de la dictadura y tendrá un nuevo régimen especial para los menores, ya que propone desde sanciones menores hasta 15 años de cárcel para aquellos graves delitos.

Con esta ley no se podrá establecer la pena perpetua y se fija que los menores tendrán que tener una prisión, es un lugar especial, pero separado de los adultos criminales.

Uno de los temas que generó mayor debate fue el financiamiento, e incluso el diputado Maximiliano Ferraro, planteó una propuesta para establecer un mecanismo directo, pero fue rechazado por el oficialismo que insistió con su propuesta de la firma de convenios entre Nación y Provincias.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo incluye un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a tres años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo. NA

El Gobierno logró un triunfo contundente en el Senado al aprobar por 42 contra 30 votos, el proyecto de modernización laboral, una de las principales iniciativas que el oficialismo propone para, desde su visión, favorecer la creación de nuevos empleos. Ahora, la norma será girada a la Cámara de Diputados y el oficialismo aspira a poder votar esa iniciativa antes del 27 de febrero.

El Gobierno de Javier Milei cosechó 42 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el radicalismo, el PRO, Independencia, Frente Social de la Concordia, Despierta Chubut, Primero los Salteños, Provincias Unidas, Frente Cívico, y la Neuquinidad.

El proyecto se votó con el respaldo de los 20 legisladores de la LLA, 10 de la UCR, 3 del PRO, 2 del Frente de la Concordia Social, 2 de Provincias Unidas, y 1 del Frente Cívico, 1 de Independencia, 1 de Despierta Chubut, 1 La Neuquinidad, Y 1 Primero los Salteños

De esta manera, el oficialismo recibió el apoyo de los gobernadores de Salta Gustavo Sáenz, de Tucumán Osvaldo Jaldo, de Chubut Ignacio Torres, de Neuquén Rolando Figueroa, de Corrientes Juan Pablo Valdes, de Córdoba, Martín Llayorda, y de  Misiones, Hugo Passalacqua.

Por su parte, los 30 votos de rechazo a la ley fueron aportados por el interbloque del peronismo conformado por el bloque Justicialista, Convicción Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que reunió 28 a los que sumaron dos legisladores de Santa Cruz.

En el último tramo asistieron a la sesión la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo "Lule Menem", y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la aprobación del Presupuesto 2026 en diciembre último, la reforma laboral es una de las leyes más importantes que el Gobierno aspira a sancionar luego de la ley Bases aprobada en el 2024.

La sesión comenzó a las 11.13 con la presencia de 38 senadores que fueron aportados por la LLA, la UCR, el PRO,  Provincias Unidas, Frente Cívico, y otros bloques provinciales.

La votación en general se dio a la 1.20 y el debate en particular finalizó a pocos minutos de las 4.

El proyecto que promueve el oficialismo contempla incentivos para promover el ingreso al empleo formal con la baja de impuestos, topes a las indemnizaciones y el armado, habilita los convenios por empresa, crea el banco de horas, y establece límites al derecho de huelga en los servicios esenciales.

En la discusión en particular, el oficialismo no aceptó las modificaciones propuestas por diferentes senadores peronistas.

En el caso del capítulo XIV donde figuraba el artículo referido a mantener el aporte obligatorio a los gremios y empresas, el senador del PRO, Martín Goerling Lara, propuso volver a la propuesta del Gobierno para que esos aportes sean voluntarios.

En esa votación el oficialismo consiguió 40 votos, en lugar de 42, como obtuvo en las votaciones de los anteriores capítulos.

A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad como un anexo a la ley, ya que no pudo incluirlo como proyecto aparte debido a que este tema no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias.

A lo largo de toda la jornada y tras el pedido del PRO de que se incluyan las billeteras virtuales, el oficialismo y sus aliados mantuvieron la decisión de autorizar solo a las entidades bancarias para pagar los sueldos y señalaron que, si una billetera virtual quiere tener esa posibilidad, deberá adecuarse a las normas del Banco Central, según fuentes a la Agencia NA.

También se votó que se mantenga el sistema de aportes que hacen los afiliados a los gremios y allí se dispuso que no habrá ningún plazo para su vigencia, pero sí un tope del 2%.

Esa misma medida se aplicará a las cámaras que reciben aportes obligatorios de las empresas que tendrán un tope del 0,5%.

En el tema del Instituto Nacional del Cine (INCAA) se decidió que se mantendrá hasta el 2028 el sistema de financiamiento que tiene actualmente con el 10% del precio de las entradas de cine, 10% de la venta/alquiler de videos (físicos o digitales) y 25% de la recaudación del ENACOM hasta el 2028 y luego se mantendrá con partidas del Presupuesto Nacional,

En el cierre del debate, la presidenta de la bancada de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas opositoras y defendió fervientemente el proyecto de modernización laboral.

La legisladora sostuvo que el esquema actual es parte de una "legislación obsoleta" que mantiene al país "anclado en el pasado".

Para Bullrich, la clave del crecimiento no reside en la expansión del Estado, sino en la dinamización del sector privado.

Desde la oposición, el presidente del interbloque José Mayans, el jefe del bloque Justicialista, encabezó el rechazo opositor al proyecto de modernización laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, denunció que es "inconstitucional" y aseguró que "va a fracasar".

"Este proyecto así como está redactado es inconstitucional porque viola el artículo 14 bis de la Constitución y también el Pacto de San José de Costa Rica. Se tocan 41 leyes, esto no se puede tratar en un día", resaltó.

Durante su discurso, el legislador formoseño vaticinó el naufragio de la iniciativa y lanzó duras críticas al rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El debate fue abierto por el senador libertario, Juan Cruz Godoy, quien aseguró que en este proyecto se incorporaron "detalles" para que el trabajador “se ponga de acuerdo con el empleador”.

Afirmó que esta propuesta busca solucionar "el miedo que tienen los empleadores a contratar por los riesgos de litigios laborales".

Por la oposición, el senador peronista Mariano Recalde, indicó que esta norma “no está pensada para generar trabajo” y que “no es la primera que se hace en 50 años”. Asimismo, se refirió al acuerdo entre el empleado y el empleador para fraccionar las vacaciones y aseguró que “todos se quieren ir 14 días”.

“Esta ley vuelve a la redacción de 1929. ¡Qué moderno! Sólo quiere dejar afuera el derecho de las 8 horas de trabajo a un montón de trabajadores.  Ustedes aborrecen la justicia social y la paz también", concluyó.

La senadora radical Carolina Losada afirmó que con la ley de modernización laboral “va a haber más inversión, más empresas y mejores jubilaciones”.

“Con este proyecto va a haber más inversión y más empresas. Y si aumentamos la cantidad de gente que está en blanco, va a aumentar también la masa de dinero para mejorar las jubilaciones. Todo esto gracias a un marco razonable y para muchos lo razonable está lejos de lo que uno está acostumbrado a hablar”, indicó.

A lo largo del debate, uno de los puntos más cuestionados fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que financiará los despidos y será solventado con el aporte del 1 % de las contribuciones de las grandes empresas que derivan a la Anses, y del 2,5% de las Pymes.

Incluso la senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, que adelantó su aprobación, en general se manifestó en contra de la creación del FAL.

A lo largo de quince horas que se extendió la sesión expusieron 32 senadores en la discusión en general y 10 jefes de bloque en el cierre del debate, que fue cerrado por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich.

El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, y será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves. La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento.

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

Por Sebastián Hadida.

 Justamente las firmas de diputados que le dan volumen a la iniciativa del exdirector general de Aduanas conforman el ‘lado B’ del proyecto e insinúan una búsqueda de articulación política que está recién dando sus primeras puntadas, y que no se sabe cómo podría decantar.

Además de los mencionados, estamparon su firma en el proyecto la cordobesa Natalia de la Sota, que conforma un monobloque peronista en la Cámara baja, y los representantes de Unión por la Patria Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.

Fuentes cercanas a De la Sota aclararon que la adhesión al proyecto de Michel “no tiene ninguna otra intención que acompañar” esa iniciativa, y que ella no está pensando en ningún “armado transversal”.

En cuanto a los firmantes que pertenecen a Unión por la Patria, se trata de diputados cuyos intereses “federales” no siempre encuentran cauce en el propio bloque, controlado por el kirchnerismo, que prioriza otros ejes de discusión.

“Varios de esos firmantes tienen aspiraciones locales y necesitan refrendarlo con una agenda parlamentaria que exprese los intereses de sus provincias. No quieren estar sujetos a la rosca desgastante de Cristina, Máximo, Axel. Este es un grupo que tiene vasos comunicantes con los gobernadores dialoguistas”, señalaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias vinculadas a uno de los diputados que fogonea este diálogo.

Según indicaron, la idea es “trabajar en el ámbito parlamentario en consensos parlamentarios más allá de las fronteras de los bloques, que a veces delimitan o imponen determinados cercos, e impiden que se puedan tratar ciertos temas que no encuentran síntesis adentro y sí por afuera”.

Al respecto, indicaron que el kirchnerismo, que controla la bancada de UxP, por lo general no tiene en su horizonte de prioridades la “agenda federal”, lo que explicaría la necesidad de buscar otras sociedades políticas, sin necesidad de romper los bloques actuales, a priori.

“Después se verá cómo irá decantando, se irá viendo. Esta no es una única iniciativa (la de Michel), se irá laburando en ese esquema”, anticiparon.

Las fuentes consultadas remarcaron que “cuando no hay posibilidades de lograr síntesis adentro del bloque sobre determinados temas, hay que buscarlo afuera”.

“La única manera de darle una disputa al Gobierno de Milei es agrandar, nunca achicar. Hay que ir por más porque con lo que tenemos no alcanza. ¿Cómo se darán después las unidades de acuerdo? Veremos”, sumaron.

Aclararon, sin embargo, que esta búsqueda de nuevas sociedades estratégicas no va a derivar en el corto plazo en un nuevo desprendimiento del bloque de Unión por la Patria ni en reacomodamientos de otras bancadas como la de Encuentro Federal.

Está claro que Pichetto y Massot quedaron heridos por las condiciones que impusieron los gobernadores de Provincias Unidas para quitarle al oriundo de Río Negro la conducción del nuevo interbloque.

En ese contexto de disconformidad, es entendible que los dos diputados sobrevivientes de Encuentro Federal paren las antenas y estén abiertos a participar de esquemas de asociación con otros sectores de la Cámara baja.

La cruzada que hace tiempo inició Pichetto contra la apertura indiscriminada a las importaciones chinas, que destruye la competencia nacional y el trabajo argentino, es el caballito de batalla perfecto que le permite al ex senador recorrer el camino de regreso a la narrativa peronista, después de años de exilio voluntario.

En su derrotero de alejamiento de su partido político, llegó al punto de aceptar ser candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el líder de centroderecha que hasta la irrupción de Javier Milei personificó la contracara del peronismo a nivel nacional.

Al comenzar el mandato de La Libertad Avanza (LLA), Pichetto junto a sus pares de Encuentro Federal Nicolás Massot, Emilio Monzó y Oscar Agost Carreño se ubicaron en un espacio de oposición dialoguista, que con el paso del tiempo fue acentuando el perfil de confrontación con el Gobierno.

Durante varios años, Michel fue asesor de Pichetto en los tiempos en que éste último fungía como senador nacional del peronismo. NA

La postura de Pagano refleja los disimiles caminos que tomaron los siete diputados que ingresaron en 2023 pero que, por diferentes motivos. se fueron de la bancada de la Libertad Avanza (LLA).

Solo la cordobesa Cecilia Ibañez volvió a las filas de LLA, mientras que Carlos D’Alessandro renunció para asumir una banca provincial y el resto se distribuyó en cuatro bancadas del cuerpo legislativo.

Pagano, que hoy tiene un perfil opositor al Gobierno, señaló que decidió mantener el monobloque “Coherencia” para sostener su “independencia política”.

“A mí no me interesa unirme a un bloque, y nos ofrecieron hasta volver a LLA, si no hay un proyecto político detrás que sustente esa adhesión. Prefiero seguir como monobloque y hacer política con la independencia de defender las ideas que considero son las que promoví en la campaña de 2023”, destacó.

Puntualizó que “desde que se fue Carlos D’Alessando, que era el jefe del bloque Coherencia, cada diputado acordó seguir con sus cuestiones políticas. En la primera sesión no se vio reflejado el cambio porque no se llegó con la notificación administrativa” y por eso ella figuró como parte de País Federal.

En los últimos meses, la periodista y diputada había conformado Coherencia junto a Carlos D’Alessandro, el formoseño Gerardo González y la mendocina Lourdes Arrieta, y luego un interbloque con el MID que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Ahora Arrieta forma parte de Provincias Unidas, el MID del interbloque de las Fuerzas del Cambio junto al PRO, la UCR y Por Santa Cruz, y el reemplazante de D’Alessandro, Claudio Álvarez y Gerardo González, forman parte del bloque País Federal.

Pero además los exlibertarios votaron en forma diferente el Presupuesto, ya que Pagano se inclinó por el rechazo, Arrieta se abstuvo, Zago, Alvarez y Falcone lo hicieron a favor y González estuvo ausente.

Sobre este punto, Pagano dijo que votó en contra del Presupuesto porque lo consideró un “mamarracho”.

Pagano señaló que “todos tomamos decisiones políticas diferentes” y señaló que el cambio de nombre para que el bloque Coherencia se llame País Federal “fue una fallida movida de D’Alessando, que antes de irse creyó que podía sumar a Coherencia al bloque de los gobernadores del norte, algo que jamás fue mi plan”.

Al ser consultada sobre si esa decisión no la afectará para integrar las comisiones, señaló que “con la conformación actual del Congreso los lugares en las comisiones son irrelevantes. Por empezar la mayoría y las más importantes las va a presidir, y por ende manejar, el oficialismo”. NA

La bajara producción representa un escenario de extrema polarización donde el oficialismo operó en minoría y la oposición logró imponer su propia agenda de emergencia.

El informe de cierre de año revela un dato contundente: de las pocas normas que lograron ver la luz, ninguna fue un proyecto impulsado originalmente por el Poder Ejecutivo durante las ordinarias, es decir, entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre.

De las once leyes aprobadas, ocho fueron iniciativas opositoras (como el Financiamiento Universitario, aumentos a jubilaciones y la Ley Nicolás) y tres fueron acuerdos internacionales pendientes de la gestión anterior.

Solo las dos aprobadas en extraordinarias el viernes fueron impulsadas por el oficialismo: el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia fiscal.

El presidente Javier Milei recurrió a su facultad de veto en siete oportunidades. Sin embargo, en un desafío a la autoridad presidencial, el Congreso logró insistir y revertir tres de esos vetos, sosteniendo las leyes a pesar de la negativa de la Casa Rosada.

La oposición utilizó una herramienta técnica poco frecuente para forzar el debate: los emplazamientos a comisión. Mientras que históricamente el máximo anual era de tres, en 2025 se registraron 20, lo que obligó al oficialismo a tratar temas que prefería evitar.

Por primera vez en años, el Congreso mostró sus dientes ante el Ejecutivo al rechazar cuatro decretos de facultades delegadas y un DNU, limitando el margen de maniobra del Presidente.

En tanto, un informe de Directorio Legislativo mostró que de las 22 sesiones realizadas, la mitad fueron especiales, evidenciando la falta de acuerdos para establecer una agenda parlamentaria común.

A pesar de este panorama de debilidad numérica, el oficialismo confía en que la nueva composición del Congreso tras las recientes elecciones de octubre (que ya permitió la aprobación del Presupuesto 2026 este viernes) cambie la dinámica de “defensa” a una de “ataque”, permitiendo al Gobierno recuperar la iniciativa legislativa en 2026. NA

En las últimas horas, el gobierno definió la estrategia para la pelea más importante de este fin de año político: no introducirá cambios en el proyecto de Presupuesto 2026 que aprobó la cámara de Diputados pese a que eso significa renunciar a la derogación de la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario, por que objetivo es aprobar la ley este viernes.

Hasta ahora, se barajaba la posibilidad de reintroducir el Capítulo 11 del proyecto, que contenía la derogación de las leyes para las universidades y la discapacidad, o de trabajar su aplicación mediante el retoque de otros artículos, pero en las últimas horas la Casa Rosada optó por avanzar con el proyecto tal como está.

Una primera razón se vincula con la dificultad de conseguir los votos para sostener la anulación de esas iniciativas: desde la UCR y el PRO advirtieron que no apoyarían, y también había serias dudas con los legisladores que responden a los gobernadores dialoguistas. El otro motivo tiene que ver con el calendario: aún suponiendo que La Libertad Avanza pudiese modificar el proyecto en Senadores, eso obligaba a volver a tratarlo en Diputados lo que estiraba los tiempos de la discusión probablemente más allá de fin de año.

Tanto Javier Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, no quieren dilatar el debate porque el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos piden que Argentina funcione con un presupuesto aprobado, algo que hasta ahora no ocurrió con esta gestión. El proyecto contiene, en ese sentido, una autorización para la toma de deuda pública que es relevante de cara al vencimiento de US$ 4.200 millones que debe afrontar gobierno el 9 de enero.

Por otra parte, sectores opositores vinculados a los gobernadores indican que antes de votar la reforma laboral pospuesta para febrero, quieren asegurar los recursos para sus provincias este año, lo que implica tener el presupuesto aprobado y sin vetos del Presidente.

La estrategia obligará a Caputo a aplicar medidas adicionales para sostener el superávit fiscal, ya que el gobierno aduce que la aplicación de las dos normas lo compromete. “Nosotros tenemos una regla de oro, que es el superávit fiscal, nos tendremos que acomodar para no caer en déficit, eso se va a arreglar pero no va a ser mediante este presupuesto, sino mediante otros instrumentos”, dijo Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, el viernes.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.

La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se mostró “contento” por el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso nacional “un presupuesto con equilibrio fiscal, ”algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió".

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, subrayó el cordobés, quien aseguró que este presupuesto echa por tierra con el “impuesto inflacionario” al que gobiernos anteriores tenía acostumbrada a la población.

“Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió.

Para Bornoroni, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”.

“Vamos a tener una vida ordenada si nosotros tenemos un presupuesto ordenado. Es una manda que en este Congreso históricamente debimos haber tenido”, cuestionó.

“El presidente con ese equilibrio fiscal nos da la pauta de cómo deberíamos ir caminando hacia una Argentina grande”, destacó el diputado libertario.

Según dijo, con esta Ley de Presupuesto para el 2026 “en definitiva el Estado empieza a gastar lo que tiene y deja vivir a los argentinos no poniéndole cada día un poquito más de impuesto con este impuesto inflacionario”.

“Vamos a tener la posibilidad desde el Congreso de controlar los gastos del Estado porque va a haber claridad en qué va a estar gastando el Estado, cómo lo va a gastar y hacia donde va a direccionar el gasto siempre con equilibrio fiscal”, continuó.

“Estamos dejando atrás la decadencia que históricamente le metió la mano en los bolsillos a la gente”

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó que su espacio político presentaría un dictamen propio para la Ley de Presupuesto 2026, como también para la ley de Inocencia Fiscal y para la Ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El santafesino informó que la propuesta del peronismo incorpora el financiamiento a las universidades nacionales tal cual se había votado en el Congreso, en la ley vetada por Milei y posteriormente insistida con más de dos tercios por la oposición.

También contempla los fondos vinculadas a las leyes vetadas e insistidas de emergencia en Discapacidad y en Pediatría (Hospital Garrahan)

“Queremos posicionarnos claramente en contra del artículo 30 que plantea entre otras cosas la derogación del artículo 9 de la ley de financiamiento educativo”, señaló Martínez sobre el compromiso de destinar el 6% del PBI a la educación.

En cuanto a las universidades, además de lo establecido en la Ley de Emergencia, el jefe del principal bloque opositor reveló que el proyecto de UP incluye fondos para las universidades por 7.3 billones de pesos para el ejercicio 2026, en lugar de los 4.8 billones de pesos que anunció el Gobierno de Milei.

El diputado kirchnerista remarcó que el proyecto de su fuerza política promueve un “sistema de becas acorde a lo que necesita la Argentina”, incluyendo una actualización de las becas Progresar.

También resaltó que la iniciativa garantiza el respeto a la paritaria docente y no docente en todos los niveles, y la garantía de fondos para la ley de educación ambiental y para las escuelas técnicas (rechazo a la eliminación del artículo 52 de la norma específica).

En tanto, la propuesta del peronismo garantiza el crecimiento gradual de la inversión en Ciencia y Tecnología que votó el Congreso en 2021, como también el Fondo Nacional para la Defensa aprobado por el Congreso entre el 2019 y el 2020.

En otro orden, Martínez puntualizó que el proyecto establece la continuidad del régimen diferencial de zona fría para consumo de gas, y la extensión del régimen de promoción de energías renovables.

“Proponemos que tengamos automaticidad en el incremento de las asignaciones familiares cuando el gobierno quiere eliminarlo”, ponderó.

Asimismo indicó que la iniciativa de UP recupera el incremento de los haberes jubilatorios que el Gobierno “quitó en el traspaso de una fórmula (previsional) a otra”, y además “actualiza el monto de 70 mil pesos del bono” que la gestión del Frente de Todos había establecido en esa cifra entre octubre y noviembre del 2023.

A su vez, reclamó “recuperar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que es clave para las provincias”.

También consideró fundamental que las provincias argentinas recuperen un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y una distribución mucho más ordenada de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

“Hay que terminar con esta discrecionalidad y este escándalo. Los ATN fueron creados con una concepción . Hay que terminar con esa idea y que los ATN lleguen a todas las provincias y no solamente a las que garanticen algunos votos”, recriminó el santafesino.

Otro aspecto que contempla el proyecto de Unión por la Patria es la reposición del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires, un tema que para La Libertad Avanza solo busca beneficiar a la gestión de Axel Kicillof.

El presidente de la bancada peronista destacó que el proyecto opositor garantiza los recursos necesarios para el INVAP y para toda la industria aeroespacial y satelital argentina.

Lo mismo respecto de los fondos para la ejecución de la Ley de Bosques Nativos, la ley de Manejo de Fuego, y la Ley de Alto Rendimiento Deportivo (financiamiento del ENARD).

“Nosotros nunca nos vamos a rendir. Vamos a expresar estas ideas con la convicción y la fortaleza necesaria. Nosotros necesitamos brindarle a los argentinos una alternativa clara que deje evidencia” que no hay un solo camino, como pretende el Gobierno nacional.

A su turno, el diputado Itai Hagman argumentó las razones del rechazo de Unión por la Patria a la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria, aduciendo que “el mayor ajuste de la historia” del cual se vanagloria Milei no sirvió para estabilizar ni para reparar los desequilibrios de la economía.

“Esta ley solo logra perpetuar esta lógica de ajuste permanente que hemos vivido en estos dos años”, consideró el economista y referente del Frente Patria Grande (agrupación liderada por Juan Grabois).

Para Hagman, “es una ley fiscal ridícula”, que además “no se aplica en ningún país del mundo”.

“Es absolutamente rígida. Es totalmente procíclica. Obliga al Estado a ajustar en momentos de crisis económica”, cuestionó.

También recordó que en el proyecto de Presupuesto para el 2025, que el Gobierno terminó retirando, se preveía un crecimiento económico que no fue tal ya que durante este año el Estado ejecutó un ajuste equivalente al 1.1% del PBI.

Pese a que en la iniciativa presupuestaria del Gobierno proyecta el fin del ajuste, Hagman pronosticó que el Gobierno volverá a ajustar producto de la pérdida de capacidad recaudatoria.

“Esta ley no le da ningún poder al Congreso, le da niveles discrecionalidad al Gobierno absolutamente extremos y solo beneficia a los que vienen a timbear a la Argentina”, fustigó..

Para Hagman, “el único gasto que esta garantizando es el pago a los acreedores” ya que no están garantizados los pagos a jubilaciones y universidades, entre otros sectores castigados por la política del Gobierno.

El diputado opositor ratificó el rechazo al proyecto del oficialismo pero aclaró que el peronismo presentó un esquema alternativo de regla fiscal.

“Es una regla que se emparenta con la experiencia internacional, con lo que hacen la gran mayoría de los países del mundo.  La  regla fiscal que proponemos funciona  como  un  fondo  anticíclico  que  obliga  al  Estado  a ahorrar en momentos de bonanza y a amortiguar los momentos de crisis”, explicó.

Además, Hagman acotó que el proyecto opositor incluye una regla para la sostenibilidad de la deuda externa, al plantear que “las crisis recurrentes” de Argentina no son por razones únicamente fiscales sino por desequilibrios de deuda.

La propuesta establece un límite al endeudamiento en moneda extranjera del Estado y del Banco Central y plazos mínimos para la entrada y salida de capitales.

Además incluye un plazo de permanencia para capitales especulativos, buscando reducir la volatilidad del mercado cambiario y estabilizar la economía

La iniciativa redactada por Hagman incluye mecanismos de control por parte del Congreso y una cláusula de escape para eventos extraordinarios, asegurando la flexibilidad necesaria en situaciones críticas.

“La lógica del ajuste permanente no garantiza la estabilidad macroeconómica tal como estamos viendo y además genera un costo productivo y social que para nosotros es absolutamente inaceptable”, concluyó el diputado de Unión por la Patria.

Con la experiencia de cuatro años en la Cámara de Diputados de la Nación, Rogelio Iparraguirre se prepara para iniciar una nueva etapa en Tandil, ya que el 10 de diciembre asumirá formalmente como concejal. Ese mismo día cerrará un ciclo legislativo en la cámara baja, con un “balance muy positivo y un aprendizaje muy importante”, resumió.

Invitado al espacio del desayuno del ciclo televisivo Tandil Despierta (EcoTV y 104.1 Tandil FM), reflexionó sobre el final de su etapa como diputado nacional por Buenos Aires y su inminente regreso al Concejo Deliberante.

El legislador expresó su satisfacción por la labor realizada y el cúmulo de experiencia adquirido. “Vuelvo muy contento, verdaderamente muy conforme, sabiendo que hemos podido estar a la altura de las circunstancias”, afirmó y agregó que “acumulé una experiencia invaluable que no imaginaba tener”.

Valoró la posibilidad de trabajar cuatro años con personas con “muchísima experiencia”, que además fueron “muy generosas a la hora de compartir conocimientos”, aunque reconoció haber conocido también la “miseria humana” de algunos actores de la política.

El legislador tandilense dimensionó el esfuerzo personal y familiar con una cifra: “Hicimos 263 mil kilómetros. Cinco vueltas a la Tierra”, precisó. Esta labor no solo implicó el traslado frecuente entre Tandil y Capital Federal, sino también a La Plata, donde impulsó gestiones por proyectos para la ciudad.

La conformación de un equipo de trabajo en la Cámara de Diputados fue otro de los puntos que destacó de su mandato, una especie de “Jenga” que les permitió “jugar en todos los campos en los que nos tocó desarrollarnos”.

Entre esos espacios, citó la labor en la Comisión de Agricultura, en la que Iparraguirre desarrolló una actividad “muy intensa”. El diputado había comenzado a estudiar el sector agroindustrial, clave para la economía de Tandil, años antes de asumir su banca.

Este paso por el ámbito de la cámara baja le permitió profundizar sus conocimientos, participar en congresos nacionales sobre maíz, semillas y lechería, y recorrer diversas provincias con economías regionales.

“Trabajé muy bien con colegas de otros espacios políticos y esa es otra de las cosas que me traigo del balance”, y que sumó como una enseñanza fundamental al mencionar la importancia de “construir vínculos y relaciones desde el trabajo". En esa dinámica, dijo, se plantea "un objetivo claro, pero por más prioritario y urgente que a uno le parezca, hay que entender que no necesariamente al resto de los actores les va a parecer lo mismo”.

Entonces, lejos de resignar posturas, apostó por una visión que apunte a “bajar un poco el entusiasmo para entender a los otros”. A partir de ahí, “saber leer los tiempos; hay que ser un poco más paciente, hay que cultivar la paciencia. Aprendí mucho de eso y vuelvo contento también”, reflexionó.

“Al servicio de mi ciudad”

Tras un diagnóstico general de su mandato, Iparraguirre se enfocó en el trabajo realizado. Durante sus dos primeros años, asumió un rol marcadamente de gestión, aprovechando el “lugar circunstancial” que le otorgaba ser diputado nacional para impulsar obras y proyectos para Tandil.

“Me puse al servicio de mi ciudad y con una consigna muy clara: todo aquello que pudiera gestionarse para Tandil, hacerlo sin especular un segundo sobre si le convenía más a uno o a otro”, sentenció.

En ese sentido, señalo que “no hubo” dependencia nacional o provincial que “no hayamos recorrido”, modalidad que le valió la “fama de tipo intenso”, que incluso reconoció el gobernador Axel Kicillof en un acto en Tandil.

“Tenés que tener el proyecto y la carpeta, pero ese es apenas el comienzo”, sentenció para repasar entre los resultados de esa labor, la concreción de la iluminación de la rotonda de las rutas 226 y 30, la construcción de cisternas, las viviendas municipales y el impulso al Parque Ambiental, entre otras iniciativas.

Sin embargo, la segunda parte de su mandato encontró un escenario diferente, con un cambio en el Gobierno nacional a partir de la asunción de Javier Milei y una provincia que afronta una situación de “enorme complejidad económica y financiera”.

-Además, las relaciones entre kirchnerismo y el espacio que responde al Gobernador no estaban en el mejor momento…

-Es cierto, no es el caso de las relaciones de trabajo que he construido con el Gobernador y con todo su equipo donde al día de hoy seguimos trabajando. Casi todos los días hay un mensaje o una gestión con un ministro. Siempre fue muy claro lo que era trabajo para Tandil. Así como lo hicimos con el Intendente, cómo no voy a hacerlo con mi Gobernador, por más que existan diferencias.

Sinsabores de la tarea legislativa 

El recorrido de un proyecto de ley, desde una buena idea hasta su aprobación, fue otro de los aprendizajes de la tarea en Diputados, lo que Iparraguirre describió como “un calvario”, en el que “se cruzan intereses y cosas que no tienen que ver con la propuesta”.

Esta dificultad la ejemplificó con dos iniciativas que lo tuvieron como principal impulsor y que, a pesar de los esfuerzos, no lograron convertirse en ley. La más destacada fue la propuesta de ley de prevención y abordaje integral de las ludopatías y apuestas online, que logró media sanción, pero finalmente “se cayó”.

Se trató de un marco normativo para abordar una problemática “enorme” que, según el diputado, “no para de desbordar por el lado de los pibes” y que además es el reflejo de una sociedad donde “los adultos hemos infantilizado y ‘gamificado’ la relación con el dinero y con los modos de hacer dinero y las ideas de éxito”, en un contexto de “aislamiento y fragmentación”.

El proyecto de ley sobre ludopatía tuvo un recorrido “espectacular”, que permitió sortear “dificultades muy grandes” en la Cámara de Diputados, donde fue girado a seis comisiones, “algo completamente inaudito”. Sin embargo, observó que esta maniobra terminó fortaleciendo la iniciativa. “Le terminamos dando una legitimidad muy grande al proyecto”, subrayó.

La propuesta era integral: modificaba artículos del Código Penal para las apuestas ilegales, otorgaba atribuciones al Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) para “bajar sitios” y establecía control biométrico para el ingreso, prohibía el uso de tarjetas de crédito y las opciones binarias, limitaba el monto diario de apuestas y “prohibía en todo tipo, forma y color la publicidad de apuestas online, especialmente, en el mundo del fútbol”.

Aprobado en la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, el proyecto pasó al Senado, pero no fue tratado durante el período legislativo, por lo que cayó el 30 de noviembre al cumplirse los dos años de vigencia parlamentaria de una media sanción.

Iparraguirre no ocultó su “bronca” e “impotencia” ante esta situación, y reflexionó sobre “la capacidad que tienen otros de manejar tiempos para que algo no se logre”.

Mencionó intereses vinculados a “un mundo ilegal muy grande que mueve miles de millones de dólares”, como lo demuestran las cifras de inversión en publicidad de las casas de apuestas, que pasaron de “630 millones de pesos en 2022 a 39 mil millones en 2024” solo de una de estas plataformas, ejemplificó ante El Eco Multimedios.

“Es un sinsabor con el que me voy porque me parece una injusticia lo que pasó”, lamentó el diputado.

Otra iniciativa en la que puso gran esfuerzo y que no prosperó fue la reforma de la Ley del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard), que proponía un “salto cualitativo histórico para el deporte” y que contaba con el acompañamiento de federaciones, el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina del Deporte.

“Soy un convencido que el deporte es una de las mejores herramientas para reconstruir comunidad, espacios de encuentro, identidades, autoestimas y vínculos reales”, actuando como una “contracara” del aislamiento que promueven las problemáticas como la ludopatía. “Es el desafío de la época”, concluyó.

El  presidente de la Cámara de Diputados, el riojano Martín Menem, fue reelecto este miércoles por amplia mayoría con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, y la abstención de Unión por la Patria y la izquierda.

Secundarán a Menem como vicepresidenta primera Cecilia Moreau (UxP) y Luis Petri como vicepresidente segundo. La vicepresidencia tercera quedó en medio de una polémica ya que es reclamada por los interbloques Unidos y otro que conormaron el PRO, UCR, Adelante Buenos Aires y por Santa Cruz, dado que ambos tienen 22 legisladores cada uno.

Pese a la queja de la jefa del interbloque Unidos, Gisela Scaglia, hubo acuerdo entre LLA y los bloques aliados para postergar esta decisión.

La elección del presidente de la cámara comenzó cerca de las 15 luego de la jura de los 127 legisladores.

La elección de Menem fue respaldada por LLA, Unidos, Innovación Federal, Coalición Cívica, PRO, la UCR, Producción y Trabajo, MID, Independencia, Elijo Catamarca y los monobloques de Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz.

Al abrir el debate sobre la designación de autoridades, el presidente de bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, propuso la reelección de Menem al sostener que “es el dirigente indicado para llevar adelante las reformas" que impulsa el Gobierno.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, German Martínez, cuestionó la gestión de Menem porque “funcionó mas como jefe de bloque que como presidente de la Cámara de Diputados”, y dijo que pese a que no acompañarán su reelección dijo que esperaba que se mejore “la relación” entre las fuerzas políticas

Por su parte, la presidente del interbloque Unidos,Scaglia, acompañó la elección de Martín Menem y pidió que “haya diálogo” entre las fuerzas políticas y pidió que le reconozcan la vicepresidencia tercera.