La Cámara de Diputados tendrá como principal tema de su agenda en los primeros días de agosto el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal que enviará el Gobierno, con el objetivo de que se que sumen contribuyentes para incorporar los dólares que están fuera del sistema financiero.

Tras las vacaciones de invierno, la Libertad Avanza buscará acuerdos con los bloques dialoguistas de la UCR, el PRO; Innovación Federal y otros bloques provinciales para que respalden esa iniciativa, como lo hicieron cuando se aprobó en diciembre.

Esas negociaciones las encararán el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los presidentes de las comisiones de Presupuesto, y de Legislación Penal, que conducen Bertie Benegas Lynch y Laura Rodriguez Machado.

El oficialismo buscará primero tratar este proyecto entre el oficialismo y los bloques dialoguistas previo al debate de la comisión, dado que sin el apoyo de los aliados la Libertad Avanza no podrá avanzar con la iniciativa de este proyecto.

La Libertad Avanza tiene 95 legisladores, con lo cual necesita 34 para llegar a 129 y así abrir el recinto y sancionar el proyecto.

En ese contexto, el oficialismo necesita el apoyo de los  legisladores de Innovación Federal, de Fuerzas del Cambio,  de Producción y Trabajo,  de La Nequinidad, que tienen en total 36 legisladores.

No descartan tratar de sumar por lo menos 4 de Provincias Unidas que hasta diciembre militaban en el PRO.

Detalles

El proyecto que busca aprobar el Gobierno para lograr el objetivo que tenía la ley sancionada en las sesiones extraordinarias que haya un blanqueo de los dólares “guardados en el colchón” dado que persiste la desconfianza de algunos sectores de incorporarlo en el sistema financiero.

Se estima que aún quedan sin declarar unos 170 mil millones de dólares, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, la LLA va a proponer que todos puedan acceder al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que hasta ahora sólo se permitía a aquéllos que tengan un ingreso anual de mil millones y $10.000 millones en patrimonio.

Otro punto clave que la ley fija es que habrá revisiones de ARCA cuando haya discrepancias de más del 15% entre los ingresos y bienes declarados, pero en el nuevo proyecto ese piso se elevará al 30 %.

Peronismo

Unión por la Patria también quiere discutir cambios en el proyecto pero sólo enfocados a los contribuyentes “políticamente expuestos” para prohibir que los funcionarios públicos y sus familiares se beneficien de este régimen de declaración simplificada.

Estas propuestas surgieron cuando se desató el escándalo por el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, que utilizó la ley de Inocencia Fiscal para rectificar su declaración jurada.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria, Eduardo Valdes, establece que los funcionarios  de todos los poderes del Estado no podrán utilizar el régimen simplificado de ganancias. (NA).

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires convirtió este lunes en ley el proyecto que amplía el Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas, incorporando a más de 400 veteranos que hasta ahora no estaban alcanzados por el beneficio.

La iniciativa, impulsada por los senadores oficialistas María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, ya contaba con media sanción desde el año pasado, pero debió volver a ser tratada tras las modificaciones introducidas a partir de los cuestionamientos del Centro Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim).

La norma busca incluir a aquellos excombatientes que, luego de la guerra de 1982, dejaron las Fuerzas Armadas entre 1983 y 1985 debido a lesiones u otras causas, pero que no fueron reubicados en cargos estatales y, por ese motivo, habían quedado fuera del régimen previsional especial.

Durante el debate, el diputado Héctor Gay sostuvo que la ley representa una "reparación histórica" para unos 400 ciudadanos que combatieron en Malvinas y posteriormente solicitaron la baja. La iniciativa fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de 66 de los 92 legisladores presentes, mientras un grupo de veteranos seguía la sesión desde las tribunas.

Por su parte, el legislador radical Diego Garciarena calificó la votación como "un acto de justicia" que permite ordenar una situación que llevaba años sin resolverse. En tanto, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, remarcó que la causa Malvinas y la defensa de la soberanía nacional constituyen una "lucha permanente" para el peronismo.

La versión original establecía que los beneficiarios debían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) para acceder a una jubilación equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la provincia de Buenos Aires, además del cobro del 100% de los subsidios previstos por la Ley 13.659.

Sin embargo, tras las observaciones formuladas por el Cecim, el texto incorporó una serie de restricciones destinadas a evitar que el régimen pudiera beneficiar a personas cuestionadas por su actuación durante la última dictadura o por su desempeño militar.

Entre los nuevos requisitos, quienes soliciten incorporarse al régimen deberán acreditar que su retiro o baja —voluntaria u obligatoria— no obedeció a causas de rebeldía ni a condenas dictadas por tribunales comunes o federales equivalentes a una destitución militar.

Además, la ley establece que no podrán percibir simultáneamente otra prestación previsional otorgada por el Instituto de Ayuda Financiera de las Fuerzas Armadas y excluye expresamente a quienes hayan sido procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, así como a los militares que hayan incumplido sus deberes durante la Guerra de Malvinas.

La Justicia federal avanza en una investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la Obra Social de los Peones Rurales y Estibadores de la República Argentina (Osprera), entidad que se encuentra bajo intervención desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. La causa se centra en el desvío de fondos multimillonarios hacia una empresa sospechada de ser una cáscara vacía, cuyo principal accionista es Sergio Aguirre, socio formal del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El juez Sebastián Casanello ordenó la declaración indagatoria de Aguirre, quien deberá presentarse en los tribunales el 13 de agosto a las 12 del mediodía. Junto a él, también fueron convocados los interventores de la obra social, en el marco de una pesquisa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán.

Según la investigación, los interventores de Osprera habrían desviado al menos 260 millones de pesos a cuentas de la firma HTech Innovation, propiedad de Aguirre. El fiscal Marijuán sostiene que en estas maniobras habría tenido una injerencia fundamental Eduardo Lule Menem, primo de Martín Menem y actual subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia.

De acuerdo con el expediente, la primera interventora, Virginia Montero, fue quien inició la contratación con la firma de Aguirre, mientras que su sucesor, Marcelo Petroni, renovó el vínculo. La empresa, que había sido inscripta ante el Estado en abril de 2024, facturó un total de 262 millones de pesos exclusivamente a la obra social.

El juez Casanello, al aceptar los pedidos de indagatoria, dictó un embargo de 920 millones de pesos sobre los bienes de todos los acusados. En su resolución, el magistrado señaló:

Debe señalarse que el caso presentado por la fiscalía supone un actuar interesado por parte de quien cumplía funciones públicas y un obrar infiel que generó pérdidas a unos y ganancias indebidas a otros.

Los imputados deberán responder ante la Justicia por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta. La investigación busca determinar la responsabilidad de los funcionarios y empresarios en el manejo de los fondos de los trabajadores rurales.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el acuerdo impulsado por el Gobierno nacional para cancelar una deuda de USD 171 millones con los fondos Bainbridge y Attestor, dos de los acreedores que aún mantenían litigios abiertos contra la Argentina por el default de 2001. La iniciativa recibió el respaldo del oficialismo, sus aliados habituales y sectores del centro político, mientras que el peronismo encabezó el rechazo.

Con la sanción de Diputados, el proyecto quedó convertido en ley, ya que contaba con la aprobación previa del Senado. La sesión se desarrolló en un clima de tensión política, marcado además por las discusiones vinculadas al caso del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según explicó el Gobierno, el acuerdo permitirá poner fin a las demandas que ambos fondos mantenían contra el país y evitará posibles embargos sobre activos argentinos. Además, implica el cierre de los procesos de búsqueda de bienes, conocidos como “discovery”, que los acreedores utilizaban para intentar garantizar el cobro de sus reclamos.

Desde la administración nacional destacaron que la negociación logró una reducción superior al 30 por ciento respecto de los montos originalmente reclamados. El procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, detalló durante el debate parlamentario que Attestor redujo su demanda de USD 160 millones a USD 104 millones, mientras que Bainbridge pasó de reclamar USD 96 millones a USD 67 millones.

“Lo que se está haciendo es pagar menos”, sostuvo Amerio al defender la conveniencia de la operación para las finanzas públicas.

Durante la discusión legislativa, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, de La Libertad Avanza, respaldó el acuerdo y aseguró que, “después de 25 años”, la Argentina tiene la oportunidad de comenzar a cerrar una de las consecuencias pendientes del default internacional.

En contraposición, la diputada Vanesa Siley, referente del kirchnerismo, cuestionó duramente la iniciativa y acusó al Gobierno de resolver el conflicto financiero “a costa del hambre de la gente”. Además, sostuvo que el entendimiento con los acreedores implicará una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y una profundización de la recesión económica.

Con la aprobación definitiva de la norma, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos frentes judiciales vinculados al default de 2001 y reducir la exposición del Estado argentino a nuevos reclamos internacionales.

Al cabo de un concurrido plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, la iniciativa recibió 61 firmas, incluyendo las de los aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal, y se encamina a ser votado en la sesión que el oficialismo tiene prevista para el próximo miércoles.

Durante el debate no hubo oradores del oficialismo, ya que primó el apuro por acortar los tiempos para firmar el dictamen, y la reunión terminó siendo un concierto de críticas opositoras.

Solamente el diputado Eduardo Falcone marcó como positivo el Súper RIGI y destacó la incorporación al proyecto de dos propuestas del MID: el plan de desarrollo de proveedores locales y los incentivos a la inversión en investigación y desarrollo.

En su intervención, el legislador desarrollista señaló que el oficialismo aceptó incorporar una cláusula que promueve la participación de empresas nacionales en los proyectos alcanzados por el régimen.

“Solicitamos incorporar una cláusula de desarrollo de proveedores locales similar a la prevista en el RIGI, que exige que el plan de negocios contemple una inversión de al menos el 20 por ciento del total del proyecto en proveedores locales. Ese pedido fue aceptado por el Gobierno y quedó expresamente incluido en el dictamen”, afirmó.

Además, ponderó que el proyecto establece que “las inversiones en investigación y desarrollo serán computadas al doble de su valor dentro del compromiso de inversión exigido a los beneficiarios del régimen”.

El presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, tildó de “infantil” el argumento de que las exenciones fiscales están justificadas porque de todos modos se orientan a proyectos que no existen en la Argentina, y que cualquier nuevo proyecto de gran escala va a tener impacto en términos de recaudación.

Al respecto, el santafesino cuestionó la invocada teoría del “derrame” que supuestamente generaría este Súper RIGI y puso en duda que vaya a cumplir con los objetivos declamados en materia de empleo y desarrollo económico.

“Estamos convencidos de que hacen falta inversiones. Creemos en la transferencia tecnológica, en la formación de los trabajadores, en la creación de puestos de trabajo; queremos proveedores locales. Esta ley no lo va a conseguir”, apuntó.

Para Martínez, “va a generar una asimetría cada vez más fuerte entre aquellos sectores económicos (alcanzados por el Súper RIGI) y el resto, que ni siquiera van a segunda velocidad, sino a una tercera, cuarta o quinta”.

“Le terminan regalando a la nueva oligarquía de las tecnologías y la inteligencia artificial todos los elementos para que hagan lo que quieran en el territorio argentino”, alertó. NA

Tras las explicaciones brindadas por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, sobre su situación patrimonial, diversos sectores de la oposición han iniciado un proceso formal para avanzar con una moción de censura. La iniciativa, impulsada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, busca exigir responsabilidades políticas al funcionario nacional.

La moción de censura es una herramienta institucional prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, diseñada exclusivamente para el jefe de gabinete. A diferencia de un juicio político, este mecanismo no requiere probar la comisión de un delito o un mal desempeño, sino que funciona como una instancia de rendición de cuentas ante el Congreso.

El procedimiento consta de dos etapas fundamentales. En primer lugar, se requiere una interpelación, donde el funcionario debe comparecer ante la cámara que solicitó la citación para responder preguntas de los legisladores. A diferencia de los informes de gestión habituales, en esta instancia el jefe de gabinete no recibe las preguntas con antelación, permitiendo una dinámica de consulta libre sujeta al temario del llamado.

Tras la rendición de cuentas, la cámara que activó la citación debe votar la remoción del cargo, proceso que requiere una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros. Para que la destitución sea efectiva, la medida debe ser ratificada posteriormente por la otra cámara legislativa.

Un grupo de 31 diputados pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT) ha convocado a una sesión especial para el 23 de junio a las 14. El objetivo es tratar proyectos vinculados al patrimonio del funcionario, incluyendo pedidos de informes y la citación para la moción de censura.

Para habilitar el recinto, se requiere la presencia de 129 diputados. Dado que los proyectos no cuentan con dictamen de comisión, el tratamiento sobre tablas exigiría una mayoría especial de dos tercios. De no alcanzar ese número, el debate deberá trasladarse a las comisiones correspondientes para su discusión previa.

Con cierto consenso entre los distintos sectores del oficialismo, la Cámara de Diputados bonaerense resolvió suspender las dos sesiones programadas para este lunes y reprogramarlas para el próximo jueves 11 de junio. La medida fue oficializada mediante resoluciones firmadas por las autoridades del cuerpo.

De acuerdo con lo establecido, la sesión especial en la que se iba a analizar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) fue convocada para las 13 horas, mientras que la sesión ordinaria se realizará una hora más tarde, a las 14.

Según la comunicación oficial, la postergación responde a la necesidad de “continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”. Si bien la sesión ordinaria no incluía proyectos de gran relevancia política, el principal foco de atención estaba puesto en el debate sobre el funcionamiento de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.

La convocatoria a la sesión especial había sido impulsada por distintos bloques opositores, que reunieron las firmas necesarias en el marco del artículo 23 del Reglamento Interno. El pedido contó con el respaldo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica, UCR, Espacio Abierto-Hechos y Unión y Libertad.

Entre las iniciativas previstas figuraba una solicitud para que el presidente de IOMA, Homero Giles, concurra al recinto a brindar explicaciones sobre la situación y el funcionamiento del organismo. Además, se pretendía debatir un proyecto que reclama medidas para normalizar la prestación de la obra social y otro que propone la creación de una comisión bicameral destinada al saneamiento, seguimiento y control del instituto.

La decisión de suspender la sesión provocó malestar en los bloques opositores, que buscaban instalar el debate sobre la situación de IOMA y sostenían que contaban con los 47 legisladores necesarios para alcanzar el quórum y poner en marcha la sesión especial.

De esta manera, la discusión quedó aplazada hasta el jueves, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el funcionamiento de la obra social provincial y de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura bonaerense.

La posibilidad de que el Congreso de la Nación fuera escenario de la despedida pública de Carlos “Indio” Solari, fallecido este viernes a los 77 años, quedó descartada luego de una evaluación realizada por las autoridades nacionales. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien señaló que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones necesarias para recibir un evento de semejante magnitud.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el dirigente riojano explicó que se realizaron consultas con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las áreas técnicas competentes para analizar la viabilidad de un homenaje en el Congreso.

“Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, indicó Menem.

La decisión se conoció pocas horas después de la muerte del cantante, una figura central en la historia del rock argentino y referente cultural de varias generaciones. Ante la repercusión nacional que provocó su fallecimiento, habían surgido versiones sobre la posibilidad de organizar una despedida pública en el Congreso.

No obstante, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que el Gobierno nacional mantiene su disposición para colaborar con la familia del artista en la búsqueda de un espacio alternativo.

“Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, expresó.

Al comienzo de su mensaje, Menem también dedicó unas palabras de reconocimiento al músico y manifestó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, sostuvo.

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país. Considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina, dejó una huella imborrable a través de su trayectoria con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de su posterior carrera solista, construyendo un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras.

Por Sebastián Hadida

Ahora deberá administrar los tiempos y el ritmo de tratamiento con sentido de oportunidad y cálculo político, con el Mundial de fútbol a la vuelta de la esquina.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo ya había remitido al Senado el proyecto de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la iniciativa para regular los juegos de azar en línea.

La iniciativa para regular la gestión de intereses (lobby) será tratada en un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General, pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

A nadie se le escapa que el oficialismo controla ambas comisiones, con Nicolás Mayoraz en la conducción de la comisión cabecera, y Santiago Santurio en la de Legislación General.

En cuanto al proyecto de “Super RIGI”, que establece suculentos beneficios fiscales a grandes inversiones en industrias energéticas y de la economía del conocimiento, la comisión de Presupuesto y Hacienda será cabecera, mientras que Industria (presidida por el aliado José Luis Garrido) y posiblemente Ciencia y Tecnología (Martín Yeza del PRO) se acoplarán en modalidad de plenario.

La de Presupuesto, acaso la más importante, es presidida por el ultra oficialista Bertie Benegas Lynch, quien podrá marcar el pulso del debate a su propio tempo.

En el caso de la ley de prevención de la ludopatía digital, que ingresó por el Senado, ya tiene designados los tres giros de comisión: Legislación General, Salud, y Justicia y Asuntos Penales.

Las tres tienen como titulares a integrantes de La Libertad Avanza, que son Nadia Márquez (Legislación General), Ivanna Arrascaeta (Salud) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales).

El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos probablemente reciba tratamiento en la comisión de Salud, que como se mencionó arriba es controlada por el oficialismo.

De esta manera, el Gobierno se garantiza el manejo de los tiempos y de las formas del debate en cada uno de los cuatro proyectos del último paquete de leyes anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En cuanto a la viabilidad política, los números juegan a favor del oficialismo, especialmente en las leyes que ingresaron por la Cámara de Diputados: la “ley de lobby” y la de “Súper RIGI”.

Más allá de que la oposición dura se pronuncie en contra, el oficialismo podrá construir una cómoda mayoría con sus habituales aliados, quienes ya le dieron los votos cuando se trató el primer RIGI en la Ley Bases.

En el caso de la ley contra la ludopatía se abre un escenario más incierto, porque la media sanción que obtuvo la ley del 2024 con 139 votos a favor de prohibir la publicidad de juegos de azar, sumado a las abstenciones del PRO y la UCR, dejan un panorama mucho más brumoso sobre cómo actuará la oposición y los sectores dialoguistas frente a una ley más moderada que no se mete con el corazón del negocio de las apuestas online.

La ley de Etiquetado Frontal fue una conquista del Congreso en el año 2021 que fue posible gracias a la correlación de fuerzas que había en aquel momento, muy diferente a la actual.

En el Senado, la ley obtuvo 64 votos a favor y apenas tres en contra, con la particularidad de que hasta los legisladores del PRO y de la UCR votaron a favor.

En Diputados, también el resultado fue abrumador, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

En este caso, la UCR votó mayoritariamente a favor de la ley, mientras que el PRO se dividió entre las abstenciones y los votos en contra.

Si bien hubo una renovación muy fuerte de las caras de los legisladores nacionales, especialmente en la Cámara de Diputados, no va a ser demasiado fácil para el PRO y la UCR justificar un cambio de 180 grados en las posturas que tuvieron hace cinco años cuando el tema se trató en el Congreso.

El Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, producirá inevitablemente un amesetamiento de la actividad, aunque el oficialismo se propone no paralizar el trabajo de las comisiones.

O en todo caso, deberá elegir qué proyectos agilizar durante ese período, y cuáles ponerle un freno hasta la finalización del evento deportivo.

De ser así, se produciría un quiebre respecto de la tendencia histórica en el Congreso, que suele entrar en un parate casi total en el mes que dura la máxima competencia internacional a nivel selecciones.

Antes del Mundial, posiblemente el 4 de junio, se realizaría una sesión en el Senado para tratar pliegos judiciales, la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares de deuda pendiente de los canjes y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. NA

El Gobierno planteó proyectos ante la legislatura.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto del Gobierno de Javier Milei que recorta los subsidios al gas natural para las denominadas Zonas Frías, una medida que tendrá impacto directo en ciudades como Tandil, incorporadas al régimen en la ampliación aprobada en 2021.

La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, luego de intensas negociaciones del oficialismo con gobernadores del norte del país, a quienes se les prometieron compensaciones mediante subsidios a la energía eléctrica en las denominadas “zonas cálidas”. El Gobierno estima que la reforma permitirá un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos.

Actualmente, los usuarios residenciales de Tandil acceden a descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas por formar parte del régimen de Zona Fría.

Con la modificación aprobada en Diputados, ese beneficio dejaría de otorgarse automáticamente por ubicación geográfica y pasaría a estar limitado exclusivamente a los hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.

Podrán acceder al subsidio los hogares con ingresos mensuales de hasta tres Canastas Básicas Totales para un “hogar 2” del INDEC, lo que actualmente equivale a aproximadamente 4,4 millones de pesos para una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores.

También conservarán el beneficio, sin importar el nivel de ingresos, los hogares que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o con una Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra de Malvinas. En los casos de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la inclusión quedará sujeta a una evaluación de la Secretaría de Energía.

El proyecto restringe la bonificación de hasta el 50 por ciento de la tarifa de gas a las regiones históricamente alcanzadas por el régimen: la Patagonia, Malargüe, en la provincia de Mendoza, y la región de la Puna.

En cambio, las provincias y ciudades incorporadas a partir de la ampliación de 2021 —entre ellas gran parte de la provincia de Buenos Aires y Tandil— quedarán sujetas al nuevo criterio socioeconómico.

La iniciativa también establece que el subsidio se calculará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, lo que podría reducir aún más el monto del descuento.

Además, prorroga hasta 2045 el régimen de promoción para inversiones en energías renovables e incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde continuará el tratamiento legislativo y se espera una fuerte discusión entre las provincias afectadas por la reducción del beneficio.

De convertirse en ley, miles de hogares de Tandil podrían dejar de recibir los descuentos automáticos que actualmente alivian el costo de las facturas de gas durante los meses de bajas temperaturas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar un conjunto de leyes y disposiciones consideradas en desuso o superadas por el paso del tiempo.

La iniciativa obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratada en el Senado. Según explicó Sturzenegger, el objetivo es derogar normas dictadas desde 1864 hasta la actualidad que, a criterio del Gobierno, perdieron utilidad práctica, fueron reemplazadas por nuevas tecnologías o estaban dirigidas a organismos y empresas estatales que ya no existen.

Entre las disposiciones que quedarían sin efecto figuran la ley que establecía el denominado “carnet de mochilero”, regulaciones sobre el control de palomas mensajeras, la autorización para el funcionamiento de la televisión color y una norma impulsada por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX que otorgaba un premio a quienes descubrieran minas de carbón.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron que el proyecto también contempla la derogación de leyes de mayor relevancia, como las vinculadas a la promoción de la producción pública de medicamentos y la que otorgaba al Instituto Geográfico Militar la exclusividad en la validación de mapas del territorio argentino.

La sesión comenzó a las 10.23 con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y representantes provinciales, lo que permitió alcanzar el quórum con 129 legisladores presentes.

Además de debatir la “Ley Hojarasca”, el oficialismo logró impedir que prosperara la convocatoria impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el crecimiento de su patrimonio.

También se buscaba citar a los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello por presuntos incumplimientos relacionados con la ley de financiamiento universitario.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó interrumpir la sesión para dar tratamiento a esos temas. Tras un extenso debate reglamentario, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó la votación, que terminó con 131 votos en contra y 111 a favor, frustrando así la iniciativa opositora.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, sostuvo la diputada Cecilia Moreau. Por su parte, Esteban Paulón aseguró que la oposición insistirá con el pedido: “Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”.

La interpelación constituye el paso previo a una eventual moción de censura, mecanismo incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y que nunca fue utilizado. Para prosperar, requiere el respaldo de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso.

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) con ayuda de sus aliados buscarán este miércoles aprobar el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría y elimina el fondo compensador eléctrico, entre otros puntos, lo que impactaría de lleno en las tarifas de gas y luz que pagan los usuarios.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para este miércoles, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

En principio, hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores para dar con el quórum. Luego, en tanto, se abrirá un interrogante sobre su aprobación. Desde el oficialismo confían en tener los votos para que el proyecto se apruebe de manera general y pase al Senado. Pero después podría sufrir algún rechazo en particular, cuando se discutan los artículos polémicos.

De hecho, en las últimas horas el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, dijo que “es una locura” sacar esa provincia del beneficio de zona fría y alertó que la medida “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”. Se trata de unos 680.000 hogares de 13 departamentos de ese territorio.

"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria", expresó. Además, detalló que más de la mitad de los cordobeses serían afectados por la medida, que podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno.

También el Gobierno de San Luis advirtió sobre el fuerte impacto económico que podría generar la modificación (hasta 40 mil pesos por factura de aumento, sin impuestos) y le envió una nota formal a diputados y senadores nacionales que representan a esa provincia para expresar la preocupación.

Cabe recordar que el Gobierno de Axel Kicillof anunció que irá a la Justicia si se avanza con ese proyecto de ley que, además, elimina el fondo compensador que ayuda a las cooperativas eléctricas del interior.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son 1.200.000 de hogares bonaerenses de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Pero también hay otros 680.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Más allá del rol de la UCR mendocina (el gobernador Alfredo Cornejo es cercano a Javier Milei), habrá que ver qué hacen los habituales aliados del Gobierno, como son las provincias de San Juan, San Luis y Santa Cruz, ya que tienen el desafío de no chocar con la gestión libertaria, pero a su vez defender a sus usuarios. A eso se suma si los representantes del PRO de los distritos afectados votan con el Gobierno o toman distancia.

Por Sebastián Hadida.

Esa es la lectura que se impone en el campamento de La Libertad Avanza, donde se congratulan por haber esperado que primero muevan las negras para después ejecutar una jugada audaz para anular la sesión opositora.

En efecto, pocas horas después de que la oposición pidiera una sesión para las 11 del miércoles -con pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni- el bloque libertario, con Gabriel Bornoroni a la cabeza, solicitó abrir el recinto a las 10.

Y como hay un solo recinto de sesiones en la Cámara de Diputados, y ambas convocatorias se pisan, ganará la que primero consiga el quórum correspondiente.

Esto significa que el pleno se reunirá en primer turno para tratar la agenda del Gobierno, y solo si hipotéticamente fracasara el quórum de esa sesión, la oposición tendrá la oportunidad de probar un rato más tarde si tiene los 129 diputados para habilitar el tratamiento de temas propios en el recinto.

“Ellos habían convocado para el jueves de la semana pasada, pero vieron que no les daba el cuero y lo pasaron para este miércoles a las 11. Nosotros estuvimos pillos porque pedimos sesión una hora antes”, describió un diputado libertario a la Agencia Noticias Argentinas sobre la sucesión de hechos que decantaron en este escenario con la cancha inclinada para el oficialismo.

Para llegar al quórum, el oficialismo contará con la ayuda del elenco de aliados habituales como el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID, Elijo Catamarca e Independencia: la cuenta supera las 129 voluntades necesarias para habilitar la sesión.

Así las cosas, La Libertad Avanza podrá fijar las reglas de la partida y jugar con sus propias cartas, con una oposición que estará a la defensiva.

La sesión cumplirá con un doble objetivo: mostrar iniciativa propia y musculatura legislativa, por un lado, y por el otro bloquear la sesión pedida por la oposición con el tema Adorni como punta de lanza, un tema que impacta de lleno sobre la línea de flotación del Gobierno.

Acosado por sus propios demonios, con internas a cielo abierto, la Casa Rosada necesita recuperar el control de la agenda y dejar atrás el “affaire Adorni”, un tema sigue teniendo pregnancia en la opinión pública, y que le “empantanó” la gestión, como bien interpretó la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Con esa imperiosa necesidad como telón de fondo fue que el oficialismo presentó el pedido de sesión especial para este miércoles con un repertorio que incluye la “ley Hojarasca”, una depuración del digesto jurídico con la eliminación de más de 70 normas que quedaron obsoletas, y la reducción del régimen de subsidios por “zona fría” para usuarios de gas.

El proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes ya estaba listo con dictamen de comisión, pero no apareció en el temario de la sesión.

En cambio, sí figuran la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas. NA

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron un triunfo esperado al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en más de 80 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el miércoles 20, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo durante varias horas y con la presencia de Carmen Tettamanti, secretaria de Energía. Allí se justificó la necesidad de recortar el beneficio se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y más de 80 del territorio bonaerense.

El dictamen de mayoría consiguió 46 firmas en total, correspondientes a LLA, la UCR, el Pro, el MID, pero también representantes de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. Y también fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

En el debate, la diputada nacional Jimena López, sostuvo que “el manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, y alertó sobre el impacto directo que estos cambios tendrán en la economía cotidiana de las familias bonaerenses. “Las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”, cerró.

Más allá del dictamen de mayoría, como viene informando Agencia DIB, será clave en el reciento el voto de diputados de provincias que hace cinco años se sumaron al beneficio que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

La oposición bonaerense se abroqueló en la Cámara de Diputados para exigir la interpelación del titular de IOMA en medio de una nueva crisis por la atención. En las últimas horas, la UCR + Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica volvieron a unificar posiciones en la legislatura provincial para reclamar que el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles, brinde explicaciones respecto de la situación institucional, financiera, administrativa y prestacional de la obra social.

La iniciativa fue presentada por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, y contó con el acompañamiento de los legisladores Silvina Vaccarezza y Matías Civale, además del titular de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, y los referentes del PRO, Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello. En los fundamentos del proyecto, los diputados sostuvieron que "en los últimos años se han multiplicado los reclamos vinculados a demoras en autorizaciones, interrupción de prestaciones, falta de cobertura de medicamentos de alto costo, incumplimientos en servicios de acompañamiento terapéutico, conflictos con prestadores y demoras en pagos a profesionales y centros de salud".

Al mismo tiempo, los legisladores advirtieron que existen cuestionamientos respecto de los mecanismos de contratación, auditoría y administración de los recursos. Remarcaron que la reiteración de estas denuncias expone un cuadro estructural que requiere explicaciones públicas por parte de las máximas autoridades. El pedido se presentó en paralelo a una nueva escalada del conflicto con los prestadores, quienes este miércoles realizaron una manifestación en La Plata para denunciar atrasos en los pagos.

A ese escenario se sumó la decisión de la Agremiación Médica Platense (AMP) de suspender por 48 horas la atención a afiliados desde este jueves a la medianoche, en reclamo por una deuda acumulada de prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026. "Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades, hemos agotado todas las instancias de diálogo. Es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes", remarcó el titular de la AMP, el doctor Gastón Quintans.

Frente a este panorama, los legisladores consideraron imprescindible que Homero Giles comparezca ante la Cámara de Diputados. Señalaron que "la situación de IOMA no puede naturalizarse" y que "la gravedad de los hechos denunciados, la dimensión social de la problemática y la necesidad de garantizar transparencia en la administración de los recursos públicos justifican plenamente la convocatoria" del funcionario al recinto.

Por su parte, Diego Garciarena manifestó en sus redes sociales: "La situación de IOMA no es un problema administrativo: es una vulneración concreta del derecho a la salud". El legislador insistió en que "los bonaerenses merecen respuestas".

Cabe señalar que el pedido de interpelación surgió luego de que la crisis sumara un nuevo capítulo con el paro de la AMP, que reclama una deuda de más de 1.190.897.751 pesos. En este marco, Garciarena volvió a impulsar un proyecto para otorgarle autarquía financiera y administrativa al IOMA, proponiendo que el gobierno transfiera los fondos antes del día 15 de cada mes, sin que el dinero pase previamente por la Tesorería provincial.

Una Tesla Cybertruck apareció en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y generó un fuerte revuelo político en las últimas horas. El vehículo, caracterizado por su diseño futurista y su alto valor de mercado, fue adjudicado al diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar, quien asumió su banca en diciembre de 2023 y tiene mandato hasta 2027.

La aparición de la camioneta no pasó desapercibida debido a su elevado costo. En Argentina, una unidad de este modelo puede rondar entre los 250 mil y 300 mil dólares, según las versiones disponibles actualmente en el mercado. Ante la repercusión, el propio legislador de La Libertad Avanza confirmó la propiedad del rodado a través de sus redes sociales.

“A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”

escribió Manuel Quintar junto a una fotografía del vehículo. Sin embargo, la situación escaló cuando trascendió que el presidente de la cámara baja, Martín Menem, le habría ordenado retirar la unidad del predio del Congreso.

La polémica también se instaló por el contraste con la declaración jurada del legislador. De acuerdo a la información conocida, el patrimonio registrado de Manuel Quintar incluía un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota. La imagen del vehículo estacionado en la sede legislativa circuló rápidamente, abriendo diversos cuestionamientos sobre el patrimonio del representante jujeño.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores. Se trata de un tributo que en 2025 representó el 9,2 por ciento de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: dos por ciento para inmuebles y 1,2 por ciento para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

"No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo", sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA.

El legislador agregó además que "ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política". La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Por su parte, Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: "Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional".

El escenario en la Legislatura, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo. Ninguna de las dos cámaras ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el dos de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre el gobernador y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del oficialismo: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento. Con las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera de cara a la carrera electoral del próximo año.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartó este miércoles la posibilidad de presentar su renuncia y aseguró que seguirá al frente de su función, en respuesta a cuestionamientos de legisladores opositores durante su exposición en la Cámara de Diputados.

“Por el contrario, estoy acá dando la cara”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre una eventual dimisión, en el marco de una sesión en la que brindó su informe de gestión.

El planteo había sido impulsado por el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, quien cuestionó con dureza al jefe de Gabinete y le reclamó que deje el cargo. “Encarnás una nueva defraudación. ¿Qué está esperando para renunciar?”, lanzó el legislador.

Lejos de tomar ese pedido, Adorni fue enfático al ratificar su continuidad. “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no”, afirmó.

Además, en el segundo tramo de su intervención, destacó el respaldo presidencial y defendió su rol dentro del Gobierno. “El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”, expresó.

La exposición se dio en un clima de fuerte tensión política, con cruces entre oficialismo y oposición, en medio de cuestionamientos a la gestión nacional.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, se refirió a la jornada de debate sobre reforma política en la que participó y sostuvo la necesidad de avanzar en cambios estructurales en el sistema institucional bonaerense.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que el encuentro fue convocado con el objetivo de realizar un análisis integral sobre posibles modificaciones. “Hoy participé de una jornada que estamos convocando para hacer un análisis sobre reforma política”, señaló.

Según detalló, la actividad se organizó en tres ejes principales: acceso a la información pública, boleta única de papel y el sistema de PASO. En este último punto, Civale tuvo a su cargo la coordinación de una de las mesas, centrada en discutir eventuales cambios en las elecciones primarias.

En su intervención, consideró que el contexto actual resulta propicio para dar este debate. “Creo que es un momento interesante para discutir en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos en un año que no es electoral, una reforma integral al sistema político”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar modificaciones que fortalezcan la autonomía municipal y otorguen mayor previsibilidad a los procesos electorales.

El dirigente también valoró el desarrollo del encuentro y destacó la participación tanto de especialistas como del público. “Creo que fue altamente positiva, no solo por la participación de grandes expositores, sino por la participación de vecinos y gente de la Cámara”, expresó.

Finalmente, Civale planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para avanzar con las iniciativas. “Esperamos que los espacios políticos del oficialismo, como otros espacios de la oposición, acompañen una serie de proyectos que venimos presentando en este sentido”, concluyó.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario donde distintos sectores impulsan debates sobre reformas políticas y electorales, tanto a nivel provincial como nacional.

La oposición en la Cámara de Diputados busca recuperar la agenda legislativa y reflota una serie de proyectos destinados a abordar la problemática del sobreendeudamiento con tarjetas de crédito. En un momento donde los niveles de morosidad alcanzaron cifras récord, la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se reunirá este miércoles a las diez para iniciar el debate.

El espacio, presidido por el diputado Hugo Yasky, analizará casi una veintena de iniciativas que proponen herramientas para paliar la crisis financiera de los hogares. Entre las medidas principales se destacan la condonación mínima del 50% de los intereses punitorios, la creación de planes de cuotas y hasta la declaración de la emergencia financiera por más de un año. Otros textos sugieren plazos de gracia de 60 días para iniciar los pagos e instancias de mediación obligatoria para deudores de buena fe.

Los fundamentos de los proyectos coinciden en señalar el impacto de la situación económica actual. Se mencionan factores como el estancamiento con inflación, la devaluación y el aumento de los servicios públicos como los principales motores del endeudamiento. Según datos del Banco Central, procesados por la consultora 1816, la irregularidad en el pago de préstamos por parte de las familias es la más alta desde 2004, con un crecimiento sostenido durante los últimos 16 meses.

Un informe de la consultora EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, reveló que la mora en las entidades bancarias alcanzó el 11,2% en febrero, una cifra que se cuadruplicó en apenas un año y medio. Esta tendencia afecta tanto a bancos tradicionales como a billeteras virtuales y otras entidades financieras no bancarias.

Para la primera jornada de debate están invitados especialistas como Luci Cavallero, socióloga e investigadora del Conicet; Ariadna Ciammarello, de la oficina de Derechos Consumidores y Usuarios de Rosario; Arturo Pozzali, defensor adjunto del pueblo de CABA; y Pedro Buzzetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores.

Pese al impulso opositor, el avance de las leyes no está garantizado. El oficialismo y sus aliados mantienen la mayoría en la comisión y los proyectos también deben pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda, conducida por representantes que priorizan la agenda del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la oposición se ilusiona tras haber conseguido 125 votos en la última sesión para empujar debates complejos.

En paralelo, el interbloque Unidos, que preside Gisela Scaglia, también busca retomar el tratamiento de Ficha Limpia, el proyecto que impide candidaturas a personas condenadas por delitos graves, sumando presión sobre la agenda de la Cámara Baja.