Tras las explicaciones brindadas por el jefe de gabinete, Manuel Adorni, sobre su situación patrimonial, diversos sectores de la oposición han iniciado un proceso formal para avanzar con una moción de censura. La iniciativa, impulsada tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, busca exigir responsabilidades políticas al funcionario nacional.

La moción de censura es una herramienta institucional prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, diseñada exclusivamente para el jefe de gabinete. A diferencia de un juicio político, este mecanismo no requiere probar la comisión de un delito o un mal desempeño, sino que funciona como una instancia de rendición de cuentas ante el Congreso.

El procedimiento consta de dos etapas fundamentales. En primer lugar, se requiere una interpelación, donde el funcionario debe comparecer ante la cámara que solicitó la citación para responder preguntas de los legisladores. A diferencia de los informes de gestión habituales, en esta instancia el jefe de gabinete no recibe las preguntas con antelación, permitiendo una dinámica de consulta libre sujeta al temario del llamado.

Tras la rendición de cuentas, la cámara que activó la citación debe votar la remoción del cargo, proceso que requiere una mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de sus miembros. Para que la destitución sea efectiva, la medida debe ser ratificada posteriormente por la otra cámara legislativa.

Un grupo de 31 diputados pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda (FIT) ha convocado a una sesión especial para el 23 de junio a las 14. El objetivo es tratar proyectos vinculados al patrimonio del funcionario, incluyendo pedidos de informes y la citación para la moción de censura.

Para habilitar el recinto, se requiere la presencia de 129 diputados. Dado que los proyectos no cuentan con dictamen de comisión, el tratamiento sobre tablas exigiría una mayoría especial de dos tercios. De no alcanzar ese número, el debate deberá trasladarse a las comisiones correspondientes para su discusión previa.

Con cierto consenso entre los distintos sectores del oficialismo, la Cámara de Diputados bonaerense resolvió suspender las dos sesiones programadas para este lunes y reprogramarlas para el próximo jueves 11 de junio. La medida fue oficializada mediante resoluciones firmadas por las autoridades del cuerpo.

De acuerdo con lo establecido, la sesión especial en la que se iba a analizar la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) fue convocada para las 13 horas, mientras que la sesión ordinaria se realizará una hora más tarde, a las 14.

Según la comunicación oficial, la postergación responde a la necesidad de “continuar el análisis de los temas y dar previsibilidad, conforme al Reglamento Interno”. Si bien la sesión ordinaria no incluía proyectos de gran relevancia política, el principal foco de atención estaba puesto en el debate sobre el funcionamiento de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.

La convocatoria a la sesión especial había sido impulsada por distintos bloques opositores, que reunieron las firmas necesarias en el marco del artículo 23 del Reglamento Interno. El pedido contó con el respaldo de legisladores del PRO, La Libertad Avanza, UCR + Cambio Federal, Coalición Cívica, UCR, Espacio Abierto-Hechos y Unión y Libertad.

Entre las iniciativas previstas figuraba una solicitud para que el presidente de IOMA, Homero Giles, concurra al recinto a brindar explicaciones sobre la situación y el funcionamiento del organismo. Además, se pretendía debatir un proyecto que reclama medidas para normalizar la prestación de la obra social y otro que propone la creación de una comisión bicameral destinada al saneamiento, seguimiento y control del instituto.

La decisión de suspender la sesión provocó malestar en los bloques opositores, que buscaban instalar el debate sobre la situación de IOMA y sostenían que contaban con los 47 legisladores necesarios para alcanzar el quórum y poner en marcha la sesión especial.

De esta manera, la discusión quedó aplazada hasta el jueves, en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre el funcionamiento de la obra social provincial y de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura bonaerense.

La posibilidad de que el Congreso de la Nación fuera escenario de la despedida pública de Carlos “Indio” Solari, fallecido este viernes a los 77 años, quedó descartada luego de una evaluación realizada por las autoridades nacionales. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien señaló que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones necesarias para recibir un evento de semejante magnitud.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el dirigente riojano explicó que se realizaron consultas con el Ministerio de Seguridad de la Nación y con las áreas técnicas competentes para analizar la viabilidad de un homenaje en el Congreso.

“Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, indicó Menem.

La decisión se conoció pocas horas después de la muerte del cantante, una figura central en la historia del rock argentino y referente cultural de varias generaciones. Ante la repercusión nacional que provocó su fallecimiento, habían surgido versiones sobre la posibilidad de organizar una despedida pública en el Congreso.

No obstante, el titular de la Cámara de Diputados aseguró que el Gobierno nacional mantiene su disposición para colaborar con la familia del artista en la búsqueda de un espacio alternativo.

“Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina y donde puedan garantizarse todas las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”, expresó.

Al comienzo de su mensaje, Menem también dedicó unas palabras de reconocimiento al músico y manifestó sus condolencias a familiares, amigos y seguidores.

“Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida”, sostuvo.

La muerte del Indio Solari generó una profunda conmoción en todo el país. Considerado una de las figuras más influyentes de la música argentina, dejó una huella imborrable a través de su trayectoria con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de su posterior carrera solista, construyendo un fenómeno cultural que trascendió generaciones y fronteras.

Por Sebastián Hadida

Ahora deberá administrar los tiempos y el ritmo de tratamiento con sentido de oportunidad y cálculo político, con el Mundial de fútbol a la vuelta de la esquina.

La semana pasada, el Poder Ejecutivo ya había remitido al Senado el proyecto de derogación de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos y la iniciativa para regular los juegos de azar en línea.

La iniciativa para regular la gestión de intereses (lobby) será tratada en un plenario de comisiones integrado por Asuntos Constitucionales y Legislación General, pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas.

A nadie se le escapa que el oficialismo controla ambas comisiones, con Nicolás Mayoraz en la conducción de la comisión cabecera, y Santiago Santurio en la de Legislación General.

En cuanto al proyecto de “Super RIGI”, que establece suculentos beneficios fiscales a grandes inversiones en industrias energéticas y de la economía del conocimiento, la comisión de Presupuesto y Hacienda será cabecera, mientras que Industria (presidida por el aliado José Luis Garrido) y posiblemente Ciencia y Tecnología (Martín Yeza del PRO) se acoplarán en modalidad de plenario.

La de Presupuesto, acaso la más importante, es presidida por el ultra oficialista Bertie Benegas Lynch, quien podrá marcar el pulso del debate a su propio tempo.

En el caso de la ley de prevención de la ludopatía digital, que ingresó por el Senado, ya tiene designados los tres giros de comisión: Legislación General, Salud, y Justicia y Asuntos Penales.

Las tres tienen como titulares a integrantes de La Libertad Avanza, que son Nadia Márquez (Legislación General), Ivanna Arrascaeta (Salud) y Gonzalo Guzmán Coraita (Justicia y Asuntos Penales).

El proyecto para derogar la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos probablemente reciba tratamiento en la comisión de Salud, que como se mencionó arriba es controlada por el oficialismo.

De esta manera, el Gobierno se garantiza el manejo de los tiempos y de las formas del debate en cada uno de los cuatro proyectos del último paquete de leyes anunciado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En cuanto a la viabilidad política, los números juegan a favor del oficialismo, especialmente en las leyes que ingresaron por la Cámara de Diputados: la “ley de lobby” y la de “Súper RIGI”.

Más allá de que la oposición dura se pronuncie en contra, el oficialismo podrá construir una cómoda mayoría con sus habituales aliados, quienes ya le dieron los votos cuando se trató el primer RIGI en la Ley Bases.

En el caso de la ley contra la ludopatía se abre un escenario más incierto, porque la media sanción que obtuvo la ley del 2024 con 139 votos a favor de prohibir la publicidad de juegos de azar, sumado a las abstenciones del PRO y la UCR, dejan un panorama mucho más brumoso sobre cómo actuará la oposición y los sectores dialoguistas frente a una ley más moderada que no se mete con el corazón del negocio de las apuestas online.

La ley de Etiquetado Frontal fue una conquista del Congreso en el año 2021 que fue posible gracias a la correlación de fuerzas que había en aquel momento, muy diferente a la actual.

En el Senado, la ley obtuvo 64 votos a favor y apenas tres en contra, con la particularidad de que hasta los legisladores del PRO y de la UCR votaron a favor.

En Diputados, también el resultado fue abrumador, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones.

En este caso, la UCR votó mayoritariamente a favor de la ley, mientras que el PRO se dividió entre las abstenciones y los votos en contra.

Si bien hubo una renovación muy fuerte de las caras de los legisladores nacionales, especialmente en la Cámara de Diputados, no va a ser demasiado fácil para el PRO y la UCR justificar un cambio de 180 grados en las posturas que tuvieron hace cinco años cuando el tema se trató en el Congreso.

El Mundial de fútbol, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, producirá inevitablemente un amesetamiento de la actividad, aunque el oficialismo se propone no paralizar el trabajo de las comisiones.

O en todo caso, deberá elegir qué proyectos agilizar durante ese período, y cuáles ponerle un freno hasta la finalización del evento deportivo.

De ser así, se produciría un quiebre respecto de la tendencia histórica en el Congreso, que suele entrar en un parate casi total en el mes que dura la máxima competencia internacional a nivel selecciones.

Antes del Mundial, posiblemente el 4 de junio, se realizaría una sesión en el Senado para tratar pliegos judiciales, la aprobación de un plan de pago a dos fondos buitre por 171 millones de dólares de deuda pendiente de los canjes y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. NA

El Gobierno planteó proyectos ante la legislatura.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó este miércoles media sanción al proyecto del Gobierno de Javier Milei que recorta los subsidios al gas natural para las denominadas Zonas Frías, una medida que tendrá impacto directo en ciudades como Tandil, incorporadas al régimen en la ampliación aprobada en 2021.

La votación terminó con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones, luego de intensas negociaciones del oficialismo con gobernadores del norte del país, a quienes se les prometieron compensaciones mediante subsidios a la energía eléctrica en las denominadas “zonas cálidas”. El Gobierno estima que la reforma permitirá un ahorro fiscal de 272.099 millones de pesos.

Actualmente, los usuarios residenciales de Tandil acceden a descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en las facturas de gas por formar parte del régimen de Zona Fría.

Con la modificación aprobada en Diputados, ese beneficio dejaría de otorgarse automáticamente por ubicación geográfica y pasaría a estar limitado exclusivamente a los hogares incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Decreto 943/2025.

Podrán acceder al subsidio los hogares con ingresos mensuales de hasta tres Canastas Básicas Totales para un “hogar 2” del INDEC, lo que actualmente equivale a aproximadamente 4,4 millones de pesos para una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores.

También conservarán el beneficio, sin importar el nivel de ingresos, los hogares que cuenten con un integrante con Certificado de Vivienda Familiar del ReNaBaP o con una Pensión Vitalicia para Veteranos de la Guerra de Malvinas. En los casos de personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), la inclusión quedará sujeta a una evaluación de la Secretaría de Energía.

El proyecto restringe la bonificación de hasta el 50 por ciento de la tarifa de gas a las regiones históricamente alcanzadas por el régimen: la Patagonia, Malargüe, en la provincia de Mendoza, y la región de la Puna.

En cambio, las provincias y ciudades incorporadas a partir de la ampliación de 2021 —entre ellas gran parte de la provincia de Buenos Aires y Tandil— quedarán sujetas al nuevo criterio socioeconómico.

La iniciativa también establece que el subsidio se calculará únicamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa, lo que podría reducir aún más el monto del descuento.

Además, prorroga hasta 2045 el régimen de promoción para inversiones en energías renovables e incorpora un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas mantienen con CAMMESA.

Tras obtener media sanción en Diputados, el proyecto será girado al Senado, donde continuará el tratamiento legislativo y se espera una fuerte discusión entre las provincias afectadas por la reducción del beneficio.

De convertirse en ley, miles de hogares de Tandil podrían dejar de recibir los descuentos automáticos que actualmente alivian el costo de las facturas de gas durante los meses de bajas temperaturas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la denominada “Ley Hojarasca”, un proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar un conjunto de leyes y disposiciones consideradas en desuso o superadas por el paso del tiempo.

La iniciativa obtuvo 138 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones, por lo que ahora deberá ser tratada en el Senado. Según explicó Sturzenegger, el objetivo es derogar normas dictadas desde 1864 hasta la actualidad que, a criterio del Gobierno, perdieron utilidad práctica, fueron reemplazadas por nuevas tecnologías o estaban dirigidas a organismos y empresas estatales que ya no existen.

Entre las disposiciones que quedarían sin efecto figuran la ley que establecía el denominado “carnet de mochilero”, regulaciones sobre el control de palomas mensajeras, la autorización para el funcionamiento de la televisión color y una norma impulsada por Domingo Faustino Sarmiento en el siglo XIX que otorgaba un premio a quienes descubrieran minas de carbón.

Sin embargo, desde la oposición advirtieron que el proyecto también contempla la derogación de leyes de mayor relevancia, como las vinculadas a la promoción de la producción pública de medicamentos y la que otorgaba al Instituto Geográfico Militar la exclusividad en la validación de mapas del territorio argentino.

La sesión comenzó a las 10.23 con el respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, el MID y representantes provinciales, lo que permitió alcanzar el quórum con 129 legisladores presentes.

Además de debatir la “Ley Hojarasca”, el oficialismo logró impedir que prosperara la convocatoria impulsada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el crecimiento de su patrimonio.

También se buscaba citar a los ministros Luis Caputo y Sandra Pettovello por presuntos incumplimientos relacionados con la ley de financiamiento universitario.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, solicitó interrumpir la sesión para dar tratamiento a esos temas. Tras un extenso debate reglamentario, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, habilitó la votación, que terminó con 131 votos en contra y 111 a favor, frustrando así la iniciativa opositora.

“La Justicia tiene que investigar, pero el jefe de Gabinete tiene que darle explicaciones a los argentinos”, sostuvo la diputada Cecilia Moreau. Por su parte, Esteban Paulón aseguró que la oposición insistirá con el pedido: “Hoy, mañana o el miércoles que viene va a haber una convocatoria de sesión. Adorni va a tener que explicar sus bienes”.

La interpelación constituye el paso previo a una eventual moción de censura, mecanismo incorporado a la Constitución Nacional en la reforma de 1994 y que nunca fue utilizado. Para prosperar, requiere el respaldo de dos tercios de los miembros de ambas cámaras del Congreso.

Los diputados de La Libertad Avanza (LLA) con ayuda de sus aliados buscarán este miércoles aprobar el proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría y elimina el fondo compensador eléctrico, entre otros puntos, lo que impactaría de lleno en las tarifas de gas y luz que pagan los usuarios.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para este miércoles, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

En principio, hay un compromiso del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR y MID), de Innovación Federal, Independencia y Producción y Trabajo de aportar legisladores para dar con el quórum. Luego, en tanto, se abrirá un interrogante sobre su aprobación. Desde el oficialismo confían en tener los votos para que el proyecto se apruebe de manera general y pase al Senado. Pero después podría sufrir algún rechazo en particular, cuando se discutan los artículos polémicos.

De hecho, en las últimas horas el gobernador de Córdoba Martín Llaryora, dijo que “es una locura” sacar esa provincia del beneficio de zona fría y alertó que la medida “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”. Se trata de unos 680.000 hogares de 13 departamentos de ese territorio.

"Defendemos a Córdoba y a cada familia que necesita este acompañamiento para atravesar el invierno. El Régimen de Zona Fría no es un privilegio, sino una herramienta de justicia territorial y equidad tarifaria", expresó. Además, detalló que más de la mitad de los cordobeses serían afectados por la medida, que podría implicar aumentos en el costo del gas de entre el 42% y el 100%, con especial incidencia durante los meses de invierno.

También el Gobierno de San Luis advirtió sobre el fuerte impacto económico que podría generar la modificación (hasta 40 mil pesos por factura de aumento, sin impuestos) y le envió una nota formal a diputados y senadores nacionales que representan a esa provincia para expresar la preocupación.

Cabe recordar que el Gobierno de Axel Kicillof anunció que irá a la Justicia si se avanza con ese proyecto de ley que, además, elimina el fondo compensador que ayuda a las cooperativas eléctricas del interior.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, en la actualidad son 1.200.000 de hogares bonaerenses de 95 municipios que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, el 20% del total de hogares del territorio. Pero también hay otros 680.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Más allá del rol de la UCR mendocina (el gobernador Alfredo Cornejo es cercano a Javier Milei), habrá que ver qué hacen los habituales aliados del Gobierno, como son las provincias de San Juan, San Luis y Santa Cruz, ya que tienen el desafío de no chocar con la gestión libertaria, pero a su vez defender a sus usuarios. A eso se suma si los representantes del PRO de los distritos afectados votan con el Gobierno o toman distancia.

Por Sebastián Hadida.

Esa es la lectura que se impone en el campamento de La Libertad Avanza, donde se congratulan por haber esperado que primero muevan las negras para después ejecutar una jugada audaz para anular la sesión opositora.

En efecto, pocas horas después de que la oposición pidiera una sesión para las 11 del miércoles -con pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni- el bloque libertario, con Gabriel Bornoroni a la cabeza, solicitó abrir el recinto a las 10.

Y como hay un solo recinto de sesiones en la Cámara de Diputados, y ambas convocatorias se pisan, ganará la que primero consiga el quórum correspondiente.

Esto significa que el pleno se reunirá en primer turno para tratar la agenda del Gobierno, y solo si hipotéticamente fracasara el quórum de esa sesión, la oposición tendrá la oportunidad de probar un rato más tarde si tiene los 129 diputados para habilitar el tratamiento de temas propios en el recinto.

“Ellos habían convocado para el jueves de la semana pasada, pero vieron que no les daba el cuero y lo pasaron para este miércoles a las 11. Nosotros estuvimos pillos porque pedimos sesión una hora antes”, describió un diputado libertario a la Agencia Noticias Argentinas sobre la sucesión de hechos que decantaron en este escenario con la cancha inclinada para el oficialismo.

Para llegar al quórum, el oficialismo contará con la ayuda del elenco de aliados habituales como el PRO, la UCR, Innovación Federal, el MID, Elijo Catamarca e Independencia: la cuenta supera las 129 voluntades necesarias para habilitar la sesión.

Así las cosas, La Libertad Avanza podrá fijar las reglas de la partida y jugar con sus propias cartas, con una oposición que estará a la defensiva.

La sesión cumplirá con un doble objetivo: mostrar iniciativa propia y musculatura legislativa, por un lado, y por el otro bloquear la sesión pedida por la oposición con el tema Adorni como punta de lanza, un tema que impacta de lleno sobre la línea de flotación del Gobierno.

Acosado por sus propios demonios, con internas a cielo abierto, la Casa Rosada necesita recuperar el control de la agenda y dejar atrás el “affaire Adorni”, un tema sigue teniendo pregnancia en la opinión pública, y que le “empantanó” la gestión, como bien interpretó la jefa de senadores de LLA, Patricia Bullrich.

Con esa imperiosa necesidad como telón de fondo fue que el oficialismo presentó el pedido de sesión especial para este miércoles con un repertorio que incluye la “ley Hojarasca”, una depuración del digesto jurídico con la eliminación de más de 70 normas que quedaron obsoletas, y la reducción del régimen de subsidios por “zona fría” para usuarios de gas.

El proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes ya estaba listo con dictamen de comisión, pero no apareció en el temario de la sesión.

En cambio, sí figuran la aprobación de una serie de tratados y convenios internacionales, y la entrega de la medalla de honor a veteranos de Malvinas. NA

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron un triunfo esperado al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en más de 80 municipios bonaerenses.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo a principio de mes y tuvo un tratamiento exprés, ya que solo con una reunión se pasó la firma y quedó así habilitado para su debate en el recinto. En el oficialismo buscarán incluirlo en el temario de una sesión prevista para el miércoles 20, donde también están en agenda el acuerdo sobre Patentes y la Ley de Hojarasca.

El plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y Presupuesto y Hacienda se llevó a cabo durante varias horas y con la presencia de Carmen Tettamanti, secretaria de Energía. Allí se justificó la necesidad de recortar el beneficio se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y más de 80 del territorio bonaerense.

El dictamen de mayoría consiguió 46 firmas en total, correspondientes a LLA, la UCR, el Pro, el MID, pero también representantes de Salta, Misiones, Tucumán, San Juan y Catamarca. Por su parte, el bloque de Unión por la Patria presentó un dictamen alternativo con 31 firmas. Y también fue con un despacho de minoría Provincias Unidas, con 4 firmas.

En el debate, la diputada nacional Jimena López, sostuvo que “el manejo de los servicios básicos no puede quedar a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, ya que estos constituyen un derecho fundamental para la ciudadanía”, y alertó sobre el impacto directo que estos cambios tendrán en la economía cotidiana de las familias bonaerenses. “Las tarifas de los servicios monopólicos operados por empresas privadas deben ser justas y razonables”, cerró.

Más allá del dictamen de mayoría, como viene informando Agencia DIB, será clave en el reciento el voto de diputados de provincias que hace cinco años se sumaron al beneficio que otorga descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

El proyecto de la administración libertaria propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía al municipio de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Es decir, quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Como informó Agencia DIB, más allá de unos 800.000 hogares que perderían los descuentos en la provincia de Buenos Aires, también hay otros 600.000 en Córdoba, 500.000 en Santa Fe y 400.000 en Mendoza, lo que hace que los legisladores de allí jueguen un rol clave.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Azul; Balcarce; Baradero; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Cañuelas; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Colón; Coronel Rosales; Coronel Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Daireaux; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Las Heras; Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte; General Rodríguez; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Marcos Paz; Mercedes; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Puan; Ramallo; Rauch; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; San Nicolás; San Pedro; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Tordillo; Tornquist; Trenque Lauquen; Tres Arroyos; Tres Lomas y Villarino.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata (General Pueyrredon), una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, y Bahía Blanca. Y completan la lista las costeras Necochea; La Costa; Pinamar y Villa Gesell.

La oposición bonaerense se abroqueló en la Cámara de Diputados para exigir la interpelación del titular de IOMA en medio de una nueva crisis por la atención. En las últimas horas, la UCR + Cambio Federal, el PRO y la Coalición Cívica volvieron a unificar posiciones en la legislatura provincial para reclamar que el titular del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles, brinde explicaciones respecto de la situación institucional, financiera, administrativa y prestacional de la obra social.

La iniciativa fue presentada por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, y contó con el acompañamiento de los legisladores Silvina Vaccarezza y Matías Civale, además del titular de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, y los referentes del PRO, Alejandro Rabinovich y Fernando Rovello. En los fundamentos del proyecto, los diputados sostuvieron que "en los últimos años se han multiplicado los reclamos vinculados a demoras en autorizaciones, interrupción de prestaciones, falta de cobertura de medicamentos de alto costo, incumplimientos en servicios de acompañamiento terapéutico, conflictos con prestadores y demoras en pagos a profesionales y centros de salud".

Al mismo tiempo, los legisladores advirtieron que existen cuestionamientos respecto de los mecanismos de contratación, auditoría y administración de los recursos. Remarcaron que la reiteración de estas denuncias expone un cuadro estructural que requiere explicaciones públicas por parte de las máximas autoridades. El pedido se presentó en paralelo a una nueva escalada del conflicto con los prestadores, quienes este miércoles realizaron una manifestación en La Plata para denunciar atrasos en los pagos.

A ese escenario se sumó la decisión de la Agremiación Médica Platense (AMP) de suspender por 48 horas la atención a afiliados desde este jueves a la medianoche, en reclamo por una deuda acumulada de prestaciones de enero, febrero y marzo de 2026. "Llegamos a esta situación límite producto de la impericia de parte de las autoridades, hemos agotado todas las instancias de diálogo. Es inadmisible que un profesional perciba sus haberes recién a fin de mes", remarcó el titular de la AMP, el doctor Gastón Quintans.

Frente a este panorama, los legisladores consideraron imprescindible que Homero Giles comparezca ante la Cámara de Diputados. Señalaron que "la situación de IOMA no puede naturalizarse" y que "la gravedad de los hechos denunciados, la dimensión social de la problemática y la necesidad de garantizar transparencia en la administración de los recursos públicos justifican plenamente la convocatoria" del funcionario al recinto.

Por su parte, Diego Garciarena manifestó en sus redes sociales: "La situación de IOMA no es un problema administrativo: es una vulneración concreta del derecho a la salud". El legislador insistió en que "los bonaerenses merecen respuestas".

Cabe señalar que el pedido de interpelación surgió luego de que la crisis sumara un nuevo capítulo con el paro de la AMP, que reclama una deuda de más de 1.190.897.751 pesos. En este marco, Garciarena volvió a impulsar un proyecto para otorgarle autarquía financiera y administrativa al IOMA, proponiendo que el gobierno transfiera los fondos antes del día 15 de cada mes, sin que el dinero pase previamente por la Tesorería provincial.

Una Tesla Cybertruck apareció en el estacionamiento de la Cámara de Diputados y generó un fuerte revuelo político en las últimas horas. El vehículo, caracterizado por su diseño futurista y su alto valor de mercado, fue adjudicado al diputado nacional por Jujuy Manuel Quintar, quien asumió su banca en diciembre de 2023 y tiene mandato hasta 2027.

La aparición de la camioneta no pasó desapercibida debido a su elevado costo. En Argentina, una unidad de este modelo puede rondar entre los 250 mil y 300 mil dólares, según las versiones disponibles actualmente en el mercado. Ante la repercusión, el propio legislador de La Libertad Avanza confirmó la propiedad del rodado a través de sus redes sociales.

“A mi nombre, con la mía... pronto toda la info de los radikukas con la nuestra”

escribió Manuel Quintar junto a una fotografía del vehículo. Sin embargo, la situación escaló cuando trascendió que el presidente de la cámara baja, Martín Menem, le habría ordenado retirar la unidad del predio del Congreso.

La polémica también se instaló por el contraste con la declaración jurada del legislador. De acuerdo a la información conocida, el patrimonio registrado de Manuel Quintar incluía un Mercedes, una KTM 1000, una Husqvarna, una Amarok y una Toyota. La imagen del vehículo estacionado en la sede legislativa circuló rápidamente, abriendo diversos cuestionamientos sobre el patrimonio del representante jujeño.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires presentó este miércoles un proyecto de ley para eliminar el Impuesto de Sellos sobre la transferencia de dominio de bienes inmuebles y vehículos automotores. Se trata de un tributo que en 2025 representó el 9,2 por ciento de la recaudación tributaria propia bonaerense y aportó 1,28 billones de pesos a las arcas de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).

La iniciativa, que lleva la firma de todos los diputados del bloque, apunta a modificar el artículo 256 del Código Fiscal (Ley N° 10.397) y derogar las alícuotas vigentes: dos por ciento para inmuebles y 1,2 por ciento para automotores. De prosperar, los bonaerenses quedarían eximidos de ese costo al momento de escriturar una propiedad o transferir un vehículo, lo que según los impulsores del proyecto redundaría en una mayor formalización patrimonial y un efecto expansivo sobre la actividad de escribanos, martilleros y empresas del sector.

"No se puede castigar a una familia que ahorró toda su vida para comprar una casa o a un trabajador que necesita un auto. El Impuesto de Sellos es una malformación impositiva y nosotros presentamos este proyecto para eliminarlo", sostuvo Juanes Osaba, vicepresidente de la Cámara de Diputados de LLA.

El legislador agregó además que "ese dinero que le saca el Estado a los bonaerenses tiene que estar en el bolsillo de las familias, no financiando el déficit de la Política". La presentación tiene una lectura política explícita: LLA busca presionar al gobierno de Axel Kicillof en el terreno legislativo, al colocar sobre la mesa un proyecto de rebaja impositiva que obliga al oficialismo provincial a tomar posición.

Por su parte, Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, enmarcó la propuesta en una estrategia más amplia: "Esta iniciativa forma parte de una discusión mucho más profunda que venimos dando como espacio político: redefinir el rol del Estado provincial y aliviar la presión sobre quienes trabajan, producen y ahorran. Y esa discusión implica traer a la Provincia de Buenos Aires las transformaciones que impulsa Javier Milei a nivel nacional".

El escenario en la Legislatura, no obstante, complica cualquier avance en el corto plazo. Ninguna de las dos cámaras ha iniciado sus sesiones ordinarias pese a que el período abrió formalmente el dos de marzo, y las comisiones de trabajo aún no están conformadas. Hasta la fecha, el Poder Legislativo bonaerense realizó apenas dos sesiones en todo el año, ninguna de carácter ordinario.

Esa parálisis, atribuida en parte a la disputa interna entre el gobernador y el sector de Cristina Kirchner, también traba los propios proyectos del oficialismo: la ley de producción pública de medicamentos y las modificaciones a la Ley de Seguridad Pública permanecen sin tratamiento. Con las comisiones sin integrarse, el proyecto libertario sobre el Impuesto de Sellos engrosará por ahora una lista de expedientes en espera de cara a la carrera electoral del próximo año.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, descartó este miércoles la posibilidad de presentar su renuncia y aseguró que seguirá al frente de su función, en respuesta a cuestionamientos de legisladores opositores durante su exposición en la Cámara de Diputados.

“Por el contrario, estoy acá dando la cara”, sostuvo el funcionario al ser consultado sobre una eventual dimisión, en el marco de una sesión en la que brindó su informe de gestión.

El planteo había sido impulsado por el diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, quien cuestionó con dureza al jefe de Gabinete y le reclamó que deje el cargo. “Encarnás una nueva defraudación. ¿Qué está esperando para renunciar?”, lanzó el legislador.

Lejos de tomar ese pedido, Adorni fue enfático al ratificar su continuidad. “Respecto a la pregunta acerca de si voy a presentar la renuncia o si voy a continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles en claro que no”, afirmó.

Además, en el segundo tramo de su intervención, destacó el respaldo presidencial y defendió su rol dentro del Gobierno. “El Presidente me confió el honor y la responsabilidad de coordinar el Gabinete más reformista de la historia. Es para mí un orgullo estar adelante de esta tarea”, expresó.

La exposición se dio en un clima de fuerte tensión política, con cruces entre oficialismo y oposición, en medio de cuestionamientos a la gestión nacional.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, se refirió a la jornada de debate sobre reforma política en la que participó y sostuvo la necesidad de avanzar en cambios estructurales en el sistema institucional bonaerense.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que el encuentro fue convocado con el objetivo de realizar un análisis integral sobre posibles modificaciones. “Hoy participé de una jornada que estamos convocando para hacer un análisis sobre reforma política”, señaló.

Según detalló, la actividad se organizó en tres ejes principales: acceso a la información pública, boleta única de papel y el sistema de PASO. En este último punto, Civale tuvo a su cargo la coordinación de una de las mesas, centrada en discutir eventuales cambios en las elecciones primarias.

En su intervención, consideró que el contexto actual resulta propicio para dar este debate. “Creo que es un momento interesante para discutir en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos en un año que no es electoral, una reforma integral al sistema político”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar modificaciones que fortalezcan la autonomía municipal y otorguen mayor previsibilidad a los procesos electorales.

El dirigente también valoró el desarrollo del encuentro y destacó la participación tanto de especialistas como del público. “Creo que fue altamente positiva, no solo por la participación de grandes expositores, sino por la participación de vecinos y gente de la Cámara”, expresó.

Finalmente, Civale planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para avanzar con las iniciativas. “Esperamos que los espacios políticos del oficialismo, como otros espacios de la oposición, acompañen una serie de proyectos que venimos presentando en este sentido”, concluyó.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario donde distintos sectores impulsan debates sobre reformas políticas y electorales, tanto a nivel provincial como nacional.

La oposición en la Cámara de Diputados busca recuperar la agenda legislativa y reflota una serie de proyectos destinados a abordar la problemática del sobreendeudamiento con tarjetas de crédito. En un momento donde los niveles de morosidad alcanzaron cifras récord, la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se reunirá este miércoles a las diez para iniciar el debate.

El espacio, presidido por el diputado Hugo Yasky, analizará casi una veintena de iniciativas que proponen herramientas para paliar la crisis financiera de los hogares. Entre las medidas principales se destacan la condonación mínima del 50% de los intereses punitorios, la creación de planes de cuotas y hasta la declaración de la emergencia financiera por más de un año. Otros textos sugieren plazos de gracia de 60 días para iniciar los pagos e instancias de mediación obligatoria para deudores de buena fe.

Los fundamentos de los proyectos coinciden en señalar el impacto de la situación económica actual. Se mencionan factores como el estancamiento con inflación, la devaluación y el aumento de los servicios públicos como los principales motores del endeudamiento. Según datos del Banco Central, procesados por la consultora 1816, la irregularidad en el pago de préstamos por parte de las familias es la más alta desde 2004, con un crecimiento sostenido durante los últimos 16 meses.

Un informe de la consultora EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, reveló que la mora en las entidades bancarias alcanzó el 11,2% en febrero, una cifra que se cuadruplicó en apenas un año y medio. Esta tendencia afecta tanto a bancos tradicionales como a billeteras virtuales y otras entidades financieras no bancarias.

Para la primera jornada de debate están invitados especialistas como Luci Cavallero, socióloga e investigadora del Conicet; Ariadna Ciammarello, de la oficina de Derechos Consumidores y Usuarios de Rosario; Arturo Pozzali, defensor adjunto del pueblo de CABA; y Pedro Buzzetti, presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores.

Pese al impulso opositor, el avance de las leyes no está garantizado. El oficialismo y sus aliados mantienen la mayoría en la comisión y los proyectos también deben pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda, conducida por representantes que priorizan la agenda del Poder Ejecutivo. Sin embargo, la oposición se ilusiona tras haber conseguido 125 votos en la última sesión para empujar debates complejos.

En paralelo, el interbloque Unidos, que preside Gisela Scaglia, también busca retomar el tratamiento de Ficha Limpia, el proyecto que impide candidaturas a personas condenadas por delitos graves, sumando presión sobre la agenda de la Cámara Baja.

En una sesión clave para la agenda del presidente Javier Milei, la Cámara de Diputados aprobó la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa, que contó con el apoyo de las provincias mineras y bloques aliados, obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

El proyecto busca acotar la protección vigente sobre el área glaciar y periglacial para permitir la instalación de nuevos proyectos productivos, fundamentalmente vinculados a la minería. Además de La Libertad Avanza, acompañaron la propuesta el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, y legisladores de otros espacios como Adelante Buenos Aires, Por Santa Cruz y Encuentro Federal.

Incluso, el oficialismo sumó el respaldo de dos diputados de Unión por la Patria pertenecientes a San Juan, Cristian Andino y Jorge Chica. Por el contrario, la mayoría de este último bloque, junto a la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, rechazaron la medida advirtiendo sobre posibles riesgos ambientales y la futura judicialización de la norma por considerarla regresiva.

Hasta el momento, la normativa sancionada en 2010 otorgaba una protección total sobre el ambiente glaciar por ser una reserva estratégica de recursos hídricos. Con la nueva modificación, la tutela regirá "hasta tanto" las provincias realicen estudios técnicos que comprueben qué áreas cumplen efectivamente con una función hídrica y cuáles no.

Aquellas zonas que no sean verificadas como reservas de agua podrán ser retiradas del inventario del Ianigla, quedando habilitadas para el desarrollo de actividades productivas que hasta ahora estaban prohibidas. Según estimaciones oficiales, esta reforma permitiría destrabar inversiones por un total de US$ 20.000 millones en proyectos mineros en todo el país, otorgando a las provincias un mayor poder de decisión sobre sus recursos naturales.

De esta manera, la LLA junto a los bloques dialoguistas podrá convertir este miércoles en ley las modificaciones a la ley de Glaciares, como el Gobierno se había comprometido ante los mandatarios de la mesa del Cobre.

El proyecto de ley de Glaciares busca redefinir cuáles son las zonas protegidas y en áreas periglaciares las que se pueden permitir tareas de exploración y explotación para captar inversiones mineras.

El dictamen mayoritario reunió 37 firmas de las 66 que conforman estos dos organismos asesores, según informó el presidente de la comisión de Recursos Naturales, José Peluc.

El dictamen de mayoría contó con el respaldo de 27 de La Libertad Avanza, 4 del Pro, 2 la Unión Cívica Radical, 2 de Innovación Federal, 1 de Producción y Trabajo y 1 de Elijo Catamarca.

Los radicales que firmaron el despacho fueron Pamela Verasay y Diogenes González, de Innovación Federal Yamila Ruíz y Alberto Arrúa de Innovación Federal, Carlos Jaime Quiroga de Producción y Trabajo y Fernanda Ávila de Elijo Catamarca.

El diputado señaló que el despacho de mayoría tuvo 18 firmas en Recursos Naturales y de 19 firmas en Asuntos Constitucionales.

En tanto, Unión por la Patria anticipó que presentará su propio despacho de minoría, Provincias Unidas impulsó un dictamen con cinco firmas, y el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, también impulsará su propia propuesta.

Provincias Unidas se encuentra dividida en esta votación, ya que se estima que 15 legisladores votarán en contra y 7 lo harán a favor, entre quienes se encuentran los santafesinos ex PRO, Gisela Scaglia, José Núñez, y el rionegrino Sergio Capozzo.

Los legisladores de PU que se oponen y presentaron dictamen son María Inés Zigaran, Pablo Farias, Juan Brugge, Carolina Basualdo, y Pablo Juliano.

La reunión se inició con una fuerte polémica, ya que desde la oposición reclamaron que no exponga el secretario de Minería, Luis Lucero, por haber sido abogado de mineras, aunque La Libertad Avanza y sus aliados no aceptaron ese reclamo y el funcionario habló en el plenario de comisiones.

En la primera etapa de la reunión expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego y el secretario de Minería, Luis Lucero, quienes rechazaron que la minería pueda afectar las reservas de agua y señalaron que esa actividad puede realizarse “cuidando el medio ambiente”.

También expusieron la ministra de Minería de Catamarca, Teresita Regalado, el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez, y la ministra de Energía y Medio Ambiente, Jimena Latorrre, y el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem, y el subsecretario de Política de Minería, José Caeiro.

También lo hicieron los ministros de Minería y de Producción de San Juan, Gustavo Fernández y el secretario de Gestión Ambiental de San Juan, Roberto Moreno, y el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo. NA

En una muestra más de la distancia política que mantiene con Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel conversó con representantes de la Iglesia Católica a exponer su posición -reconocida adversa- al proyecto para bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años que impulsa el Ejecutivo.

La convocatoria fue puntualmente a representantes de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal y de Cáritas, y se produjo luego de que la cámara de Diputados le diera media sanción al proyecto, según informó hoy el diario Clarín.

En el encuentro, los representantes del episcopado dejaron clara su posición de rechazo al proyecto, porque consideran que no hará disminuir el delito entre los menores. Y reclamaron un enforque de la problemática más centrado en la contención social.

Se trata de un tema espinoso para el Gobierno, que incluyó el proyecto en extraordinarias y busca avanzar en Senadores en la semana entrante, que expone además la distancia de Milei con la CEA, a la que no recibe hace dos años.

Los miembros de Pastoral Social y Cáritas expusieron en el encuentro los ejes de la “ Carta Abierta a los Legisladores Nacionales ”, un documento en el que plantean que la respuesta penal temprana no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil.

También subrayan que “los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro aún no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos ”.

Días pasados, durante una visita a La Rioja con ocasión de la fiesta de La Chaya, la vicepresidente se reunió con el obispo provincial -y titular de la Pastoral Social, Dante Braida-, y por primera vez visitó la tumba de una víctima de la dictadura: la del beato monseñor Enrique Angelelli.

Tras la sanción del proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados, el Gobierno pretende que en la primera semana de marzo, bajo sesiones ordinarias, se apruebe la nueva ley de financiamiento universitario. El texto, que ingresó a la Cámara baja el jueves último, busca reformular la normativa 27.795, que tuvo insistencia opositora, con un ajuste por inflación para gastos, suba salarial en tramos y refuerzo para hospitales escuela.

El texto se trabajó en despachos de Balcarce 50 e intervinieron en su redacción la Secretaría Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy, y la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro Álvarez.

Precisamente, Álvarez, uno de los principales referentes de la agrupación libertaria Las Fuerzas del Cielo, estuvo en la Casa Rosada un día previo a la presentación del proyecto en el Congeso. Se trata de un dirigente de confianza para el asesor presidencial Santiago Caputo.

En la Casa Rosada hay optimismo en torno a la iniciativa. En el entorno de Javier Milei creen que será sancionada gracias a los aliados cuando el Congreso retome su trabajo tras el periodo de sesiones extraordinarias, junto con otros proyectos que también consideran relevantes como la reforma tributaria que “ordena el sistema de impuestos”.

Los cambios en el sistema previsional no serán discutidos este año por los menos. En el Gobierno evalúan que para implementar modificaciones primero se debe fortalecer un mercado laboral con trabajadores formales, en blanco, que aporten al sistema. Calculan que, con la ley sancionada el jueves, eso sucederá en los próximos años.

En torno a la iniciativa, el artículo 3° (que sustituye el art. 3° de la 27.795) busca que la actualización de los gastos de funcionamiento confluya con la inflación observada (IPC-INDEC) por encima del 14,3%, que es “el valor promedio anual utilizado para la confección del proyecto de Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2026”.

Es decir, si la inflación efectiva supera ese 14,3%, el crédito para las actividades 14 (Funcionamiento), 15 (Hospitales Universitarios) y 16 (Ciencia y Técnica en Universidades) del Programa 26 se ajustará para preservar el incremento real.

A su vez, el artículo 4° dispone un refuerzo específico para el sistema de salud universitario: “Increméntase en la suma de $80.072.460.000 el crédito presupuestario de la Actividad Presupuestaria 15 ‘Asistencia Financiera a Hospitales Universitarios’… con el fin de financiar el funcionamiento del sistema de salud universitario”.

Por otro lado, en relación a las remuneraciones, el artículo 5° fija una recomposición 2025 paga en 2026 para docentes y no docentes, con tres incrementos del 4,1% cada uno (marzo, julio y septiembre), calculados sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025—en total, 12,3%—y ordena al Ejecutivo convocar paritarias obligatorias al mes de sancionada la ley, con periodicidad no mayor a tres meses. “Dicha convocatoria deberá ser abarcativa del personal docente y no docente”, expresa la norma.

Pablo Perazzi, secretario general de Feduba, uno de los gremios que agrupa a los docentes universitarios, consideró este viernes que el proyecto del Gobierno “consolida el ajuste sobre nuestros salarios”.

En ese marco, planteó la necesidad de “el pleno cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, porque así lo dispuso el Parlamento, así lo dispuso el pueblo argentino en las calles y así lo ratificó además el juez Martín Cormick”.

“Lanzaremos paros que impidan la naturalización de una situación que es, a todas luces, injusta e ilegal”, anunció.

La movilización realizada en la ciudad esta tarde en contra la reforma laboral que se debate en Diputados, reunió a vecinos docentes, jubilados y jóvenes que expresaron su preocupación por el impacto social y económico que significaría la sanción del proyecto. Con consignas, carteles y testimonios, la protesta se convirtió en un espacio donde distintas generaciones coincidieron en advertir sobre lo que consideran un retroceso en materia de derechos laborales.

Entre los manifestantes estuvo Alicia, una vecina de 82 años que, pese a no estar jubilada, decidió participar pensando en el futuro de los más jóvenes. “Lo que está haciendo este gobierno es retroceder más de 100 años”, afirmó con firmeza. Con la experiencia de haber atravesado distintas crisis, agregó: “Ya lo viví muchas veces y no aprendemos nunca... me da mucha pena que sigan votando estas cosas”. Para Alicia, la historia demuestra que “Todos los derechos se consiguen con luchas; de otra manera es imposible”, y cerró con un llamado a la solidaridad: “Pensemos un poco más en el prójimo y dejemos el individualismo de lado”.

El sector educativo también tuvo una presencia destacada. Lucía, docente y madre de dos hijos que asisten a una escuela pública, cuestionó la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En su relato puso el acento en la realidad de los jubilados: “Mi mamá es jubilada, gana la mínima. La tengo que ayudar. Su situación es desesperante”, sostuvo, señalando que su caso refleja el de muchos hogares.

Docentes del programa Fines sumaron su voz y manifestaron inquietud por el futuro de los estudiantes adultos. En particular, advirtieron sobre un punto del proyecto que consideran sensible: “Imaginémonos lo que va a ser que las indemnizaciones, según esta ley, van a ser pagadas por el fondo de los jubilados. Es decir, los abuelos van a estar pagando las indemnizaciones de sus nietos”, expresaron, planteando su preocupación por el impacto en el sistema previsional.

La juventud también estuvo representada. Matías, profesor de Juegos Dramáticos graduado este mismo día de la universidad pública, dirigió un mensaje a los legisladores: “Hay que escuchar un poco más la calle; no siempre los discursos son de un solo lado”. Además, defendió el valor del estudio y el trabajo frente a ciertos prejuicios: “Se corre el mensaje que dicen que no queremos laburar... haber trabajado igual y tener la posibilidad de haberme recibido es una manera de demostrar lo que me dio la universidad pública y quiero devolverselo acá en la calle marchando”, señaló, con su cartel de recibido en las manos y las secuelas del festejo aún en su ropa y cabello.

En el cierre de la jornada, Miguel, otro de los vecinos sintetizó el sentimiento compartido por muchos de los presentes al definir el proyecto como un “retroceso para el trabajador” respecto de conquistas históricas. Al evocar la tradición obrera local, recordó: “En la calle también estuvieron los picapedreros; hay que acordarse que acá en 1910 se hizo la huelga grande”. Y explicó su presencia con una frase que se repitió entre los manifestantes: “Salir es trascender”.