Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró ayer de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.

Detrás del nombre con que el proyecto fue bautizado, existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.

Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha, y presentó una iniciativa en 2024, que por no haberse tratado perdió estado parlamentario: en este segundo intento va por la revancha.

Con el dictamen de mayoría ya validado, la intención del oficialismo es tratarla durante una sesión a principios de mayo, luego de la esperada presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el informe de gestión del 29 de abril.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las normas que se buscan derogar se clasifican en seis grupos.

Se encuentran aquellas que se pretenden suprimir por haberse cumplido su objeto, aquellas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, aquellas que suponen trámites inútiles, otras regulaciones que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores, normas que definen obligaciones para instituciones que ya no existen, y aquellas que crean organismos con financiamiento público.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el objetivo de la iniciativa para barrer “legislación obsoleta” es “el ordenamiento normativo”.

“Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa”, indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales “se contabilizan más de un millón de normas”.

“Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano”, señaló.

También enfatizó que existe un “costo fuerte” para la administración pública porque “hay un problema de aplicación” de leyes que perdieron sentido práctico y que ya no son ejecutables.

Además apuntó que “hay organismos y estructuras que se crearon a partir de esas leyes que ya no cumplen ninguna función”.

A su entender, “este ordenamiento normativo es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige y para la certezas de los órganos de la administración para saber qué normas aplicar”.

Cacace aclaró que el de La Libertad Avanza no es el primer gobierno que se dedica a depurar el digesto jurídico, ya que es una tarea que encaró la gestión de Carlos Menem, que continuó Fernando de la Rúa y que retomaron años después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, planteó además que es “extraño que en este momento del país estemos discutiendo la hojarasca”.

Si bien reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar decenas de normas que quedaron obsoletas, como la ley de azotes, o el pago del impuesto a los sellos por la conscripción, advirtió que hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.

“Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador massista.

“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.

Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizados con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.

También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos”, y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.

Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de Unión por la Patria son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.

Sin dudas, uno de los puntos que más controversia durante el debate fue la intención del Gobierno de derogar la ley 11.380 que autoriza al Banco Nación a otorgar préstamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios a ese tipo de entidades.

Al tomar la palabra, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que “solamente con un termo en la cabeza se puede levantar la mano para aprobar una ley de este tipo”.

“Ante todo es una muestra de autoritarismo total hacer estas modificaciones sin consultas mediante”, siguió, y agregó que “esta ley lejos está de tener una implicancia menor” ya que “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”, entre otros sectores. (NA).

Un heterogéneo grupo de diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentó un proyecto de ley que busca actualizar y ampliar el régimen de licencias por parentalidad y paternidad desde un paradigma de corresponsabilidad familiar en la organización de las tareas de cuidado ante nacimientos y adopciones, con el objetivo de dar respuesta a las transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas en el mundo del trabajo.

El cambio más importante que propone es ampliar las licencias para progenitores no gestantes a 30 días corridos desde el nacimiento, todo un salto respecto de los apenas dos días que otorga la desactualizada ley de Contratos de Trabajo de 1974.

Para amortiguar los efectos de la transición hacia el nuevo régimen, la iniciativa establece que durante los primeros dos años contados desde la entrada en vigencia de la ley la licencia por paternidad sea de 20 días y no de 30.

“La previsión de una cláusula transitoria de implementación refleja un criterio de gradualidad responsable, que permite acompasar la ampliación de derechos con la sostenibilidad del sistema”, se subraya en el proyecto al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Por otra parte, la norma propuesta crea una licencia adicional compartida de 20 días a repartirse entre los dos progenitores para que puedan utilizar de manera continua o discontinua durante los primeros 12 meses de vida del recién nacido.

“La ampliación de la licencia para el progenitor no gestante y la creación de una licencia parental compartida constituyen instrumentos concretos para promover una participación más equitativa en las tareas de cuidado desde el inicio de la vida”, indica el proyecto, que exige un mínimo de tres meses de antigüedad para trabajadores en relación de dependencia a los fines de acceder al régimen de licencias.

En tanto, se establece que las personas adoptantes también tengan 30 días corridos de licencia laboral, que empiezan a contar desde la notificación fehaciente de la resolución judicial que otorga la guarda de adopción.

Por otro lado, para supuestos especiales (como nacimientos múltiples, nacimientos prematuros y/o internación neonatal, o discapacidad o enfermedad crónica del recién nacido) se agrega una licencia adicional de cinco días.

Otro cambio sustancial es que se crean asignaciones parentales (gestantes, no gestantes y adopción) por la misma cantidad de días para monotributistas y autónomos, un universo cada vez más grande dentro del mundo del trabajo que históricamente estuvo excluido de este tipo de prestaciones.

“Esta inclusión constituye un avance significativo en términos de equidad, considerando la creciente heterogeneidad del mercado de trabajo y la necesidad de garantizar pisos mínimos de protección social con independencia de la modalidad de inserción laboral”, destaca el proyecto, que garantiza el salario mínimo vital y móvil neto durante todo el tiempo en que dure la licencia del trabajador independiente.

El requisito para acceder a este beneficio es no mantener deudas con los organismos de recaudación y una antigüedad no menor a 18 meses en el régimen previo a la solicitud de la licencia.

El espíritu de la reforma, basado en la corresponsabilidad familiar en la organización de las tareas de cuidado durante el embarazo, el parto y la primera infancia, busca dejar atrás el viejo paradigma basado únicamente en “la protección de la maternidad”, que responde a “una concepción histórica que ya no refleja la realidad de las dinámicas familiares contemporáneas”.

En las últimas décadas, y pese a las condiciones de asimetría, desigualdad en el trato y brechas salariales injustas, la mujer se incorporó al mundo del trabajo a la par del hombre, ya sea por motivos culturales vinculados a la necesidad de independencia económica y de realización profesional, o por necesidad económica asociada a que un solo sueldo ya no alcanza para afrontar los gastos de un hogar.

De esta manera, quedó anacrónica la imagen del hombre como “padre de familia” proveedor económico y la mujer en su rol complementario como responsable de las tareas de cuidado.

La iniciativa es encabezada por Vanesa Siley (Unión por la Patria) y lleva además las firmas de Nicolás Massot (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Sergio Palazzo (Unión por la Patria), Kelly Olmos (Unión por la Patria), Mario Manrique (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Marina Salzmann (Unión por la Patria). (NA).

El diputado nacional Nicolás Massot definió a la gestión de Javier Milei como un “gobierno amoral”, cuestionó la falta de autocrítica frente a presuntos hechos de corrupción y aseguró que la continuidad de funcionarios deslegitimados “expone al propio Presidente”. Además, criticó la política económica basada en la “mano invisible del mercado” y planteó la necesidad de construir una alternativa política de centro con una hoja de ruta común.

Massot sostuvo que observa “dos puntos de justificación de los recurrentes hechos de corrupción explícitos” y remarcó que, frente a los escándalos, “nunca hay una autocrítica ni una condena”. 

En ese sentido, señaló: “Milei no cumplió hasta ahora en nada con esto de que decía que le iba a cortar la mano a los corruptos”. Según el legislador, el oficialismo apela a relativizar las denuncias comparándolas con gestiones anteriores. “Lo justifican diciendo que antes estábamos peor, como si hubiera grados de corrupción tolerables”, afirmó por Splendid AM 990.

El diputado vinculó esta actitud con un “doble discurso” entre la prédica ética del Gobierno y su práctica política. “Ninguno de los comportamientos tiene criterios absolutos de ética pública. Es muy diferente a lo que pregonó el gobierno antes de empezar su gestión”, sostuvo, y agregó que la idea de la “moral como política de Estado” mencionada por el Presidente “no resiste el menor análisis”.

Consultado por la situación del jefe de Gabinete, Massot consideró que el caso dejó de ser un problema individual y pasó a involucrar directamente al mandatario. “Hoy ya dejó de tratarse de Adorni y se trata del propio Presidente. El que está exponiéndose al no tomar la decisión que el 70% mínimo de los argentinos espera es él”, afirmó. En esa línea, aseguró que “no tiene ningún sentido tener un jefe de gabinete que está totalmente deslegitimado”, y agregó: “No puede encabezar una reunión ni convocar a nadie externo; está anulado”.

En materia económica, el legislador cuestionó la estrategia oficial y advirtió sobre el impacto social del ajuste. “El costo que ha pagado la sociedad por una ansiada baja de la inflación es altísimo en términos de actividad y empleo”, señaló.

Y criticó la ausencia de una política industrial y el exceso de confianza en el mercado. (NA).

La Cámara de Diputados realizó ayer una reunión informativa en la que expusieron integrantes de Madres del Dolor y de otras organizaciones de víctimas de siniestros viales, en el marco del debate sobre la media sanción del Senado del proyecto que endurece penas por ese tipo de delitos.

La comisión de Legislación Penal, que conduce Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza) pretende avanzar dentro de dos semanas con la firma del dictamen para llevar la iniciativa al recinto de la Cámara baja.

La primera oradora del debate fue Vivian Perrone, una de las fundadores de Madres del Dolor, quien señaló que las muertes por siniestros viales “son todos hechos evitables”, en tanto que advirtió que “siempre son los más vulnerables los que pierden la vida”.

“Para quienes deciden conducir con exceso de velocidad, después de haber ingerido alcohol o estupefacientes, o utilizar el celular mientras conducen, ¿cuáles son las consecuencias para ellos? Prácticamente nada”, lamentó.

Al respecto, recordó que con la normativa vigente la pena mínima para homicidios culposos es de tres años en suspenso, por lo que configuran delitos excarcelables.

Perrone denunció que el 90% de los casos reciben esas penas mínimas, y reclamó elevar las penas para evitar que los autores de los delitos puedan cumplir condenas sin cárcel efectiva.

“Los familiares de víctimas muchas veces dicen: ‘Queremos caratular a nuestras causas como homicidio simple con dolo, pero para que eso suceda, uno tiene que demostrar que al conductor se le representó que podía matar y no le importó. ¿Cómo hacés?”, se preguntó.

A su turno, Silvia González, referente de la Fundación Estrellas Amarillas, relató la pérdida de su hijo de siete años en el 2003, cuando fue atropellado por un vehículo conducido muy por encima de la velocidad permitida por “un puntero político muy conocido” de La Pampa.

“Venía totalmente alcoholizado, con marihuana, tenía una camioneta sin frenos, no tenía licencia ni seguro… Todos agravantes”, relató, y agregó que el autor del delito se dio a la fuga.

“No puedo concebir que a la persona que mató a mi hijo, con siete agravantes, le dieran 3 años de prisión en suspenso”, afirmó.

También habló de la desproporción entre esa carga de pena con los ocho años de prisión en que su provincia le adjudican a quienes son hallados culpables de “robar una vaca”, condena que se extiende a 14 años “si rompe un alambrado”.

¿Una vaca vale más que una vida humana?”, se preguntó la representante de Estrellas Amarillas.

María Luján Rey, titular del Observatorio de Víctimas del Congreso, reclamó “dejar de hablar de accidentes viales” porque “le quita responsabilidad al hecho”.

“Podemos decir ‘siniestros viales’, ‘hechos viales’… El solo hecho de hablar de accidentes hace que todo esto que estamos hablando sea en vano. Nosotros estamos hablando de cosas que pueden prevenirse, los accidentes son otra cosa. Por eso pido evitar hablar de accidentes, porque es confuso”, enfatizó la exdiputada nacional del PRO.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Senado el 18 de septiembre de 2025, a partir de la amalgama de proyectos presentados por Anabel Fernández Sagasti (Justicialista), María Victoria Huala (PRO) y Beatriz Ávila (Independencia).

El proyecto endurece las penas por impericias e irresponsabilidad en la conducción de un vehículo y establece que en el caso de la lesión grave o muerte de la víctima se aumenta la pena mínima de 3 a 4 años y la máxima de 6 a 8 años, aunque puede llegar a los 12 años cuando concurran tres o más agravantes.

La inhabilitación, en tanto, para conducir será por el doble del tiempo de la condena.

Se incorporan como agravantes de este delito consumir medicamentos que afecten la aptitud para manejar o tomar alcohol, no tener habilitación para conducir, exceso de la velocidad del 30%, utilizar celulares o pasar un paso ferroviario sin estar habilitado. (NA).

La Cámara de Diputados reanudará su actividad desde la próxima semana con la constitución de 18 comisiones, aunque el oficialismo mantendrá el control de los principales organismos asesores para impulsar su agenda parlamentaria.

Las comisiones son claves para poder sancionar las leyes, ya que son las encargadas de estudiar y emitir los dictámenes que se tratan en el recinto de sesiones, y por eso es central tener las presidencias para definir los temas que se abordarán.

En diciembre se armaron nueve comisiones -denominadas de gestión- que quedaron en manos de la Libertad Avanza y ahora sumara otras cuatro sustanciales para la LLA.

Fuentes legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que entre el martes, miércoles y jueves se constituirán 18 comisiones, de las cuales nueve serán para el peronismo, cuatro para La Libertad Avanza, tres para Fuerzas del Cambio -integrado por el PRO, UCR, MID y Por Santa Cruz- y dos para el Interbloque Unidos (Encuentro Federal, Provincias Unidas, y Coalición Cívica).

De todos modos, los organismos que le corresponderán al peronismo son aquellos que “teóricamente” no marcan agenda, aunque a veces puede surgir algún tema que empiece a tener impacto público, como sucedió el año pasado con discapacidad.

La Libertad Avanza tiene las presidencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal, Justicia, Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Mercosur, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo, y Familia, Juventudes y Niñez.

Ahora el oficialismo sumará a las comisiones de Legislación General-donde se mantendría en el cargo Santiago Santurio-, Discapacidad, Energía y Combustibles y Acción Social y Salud Pública.

Para las fuerzas opositoras quedarán las presidencias de las comisiones de Agricultura, Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Comercio; de las Personas Mayores; Industria; Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social, Educación; y Población y Desarrollo Humano; Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Hasta se supo que la comisión de Educación la mantendrá el macrista y exministro Alejandro Finocchiaro, y que Provincias Unidas aspiraba a la presidencia de Agricultura, ya que los diputados de ese bloque son de las provincias vinculadas al agro como Santa Fe y Córdoba.

La agenda

Martes 17

Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Legislación General, Comercio; de las Personas Mayores; Industria; y Economía.

Miércoles 18

Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social y Salud Pública; Educación; Población y Desarrollo Humano; y Energía y Combustibles.

Jueves 19

Mujeres y Diversidad; Discapacidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. (NA).

El proyecto de reforma penal juvenil ingresó este lunes a la Cámara de Diputados, y será tratado en comisión el miércoles y se debatirá en el recinto el jueves. La iniciativa es la misma que tuvo dictamen en 2025, con la salvedad que el Gobierno nacional incluyó en la redacción el mecanismo de compensación de fondos entre la Nación y las provincias para su financiamiento.

El proyecto, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas "socioeducativas y penas alternativas", y de deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua. En paralelo, pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.

Por otra parte, los adolescentes de 14 años, o más, que comentan delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con condenas máximas de 15 años, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.

Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, además de tener libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.

Desde el Ejecutivo Nacional, indicaron que esta iniciativa busca terminar con la llamada “puerta giratoria” de la permanente entrada y salida de los menores a la delincuencia y condenar delitos cometidos por jóvenes de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).

El oficialismo definió ayer una comprimida hoja de ruta para la semana que viene, y que incluye una doble sesión el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre para aprobar los proyectos de Presupuesto 2026, la Ley de Inocencia Fiscal y la ley de Compromiso Nacional por la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El derrotero comenzará el lunes próximo con las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que volverán a estar encabezadas por el libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch, y de Legislación Penal, donde reeditará la presidencia la bullrichista Laura Rodríguez Machado, respectivamente.

El martes próximo, en tanto, está previsto la firma de los dictámenes de los tres proyectos, de manera tal de dejarlos listos para ser aprobados en el recinto el miércoles y jueves, supo la Agencia Noticias Argentinas de varios diputados nacionales opositores que ayer participaron de reuniones en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Ayer, a su vez, hubo un desfile de diputados opositores en la oficina del jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, donde se les fue informando por separado la cantidad de representantes que el oficialismo tiene reservado para cada uno de los bloques.

“Bornoroni se está reuniendo con cada bloque por separado y ninguno sabe qué negocia con el otro”, graficaron altas fuentes parlamentarias de la oposición en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, disconformes con la política de distribución de lugares en las comisiones.

Rabioso, un diputado del Frente de Izquierda se quejó porque excluyeron a esa fuerza política de comisiones clave como Presupuesto, Legislación Penal y Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente.

Solamente le garantizaron una silla (que ocupará Néstor Pitrola) en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se trabajará la reforma laboral no antes de la segunda quincena de enero.

El oficialismo aplica un criterio numérico estricto vinculado al sistema de reparto proporcional D’Hont, que lleva a que La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UxP) se repartan entre ambos más del 70% de los lugares disponibles en las comisiones y obliga el resto de las fuerzas a estar a los codos peleándose por las migajas restantes e implorándole a Menem y Bornoroni para que tengan una deferencia hacia ellos en detrimento de los demás.

La Comisión de Legislación Penal tratará de inmediato la Ley de Inocencia Fiscal, pero también será el ámbito donde se discutirá la reforma del Código Penal que impulsó Patricia Bullrich durante su reciente gestión como ministra de Seguridad.

En tanto, las Comisiones de Legislación del Trabajo y Asuntos Constitucionales deberán constituirse para recibir el debate de la reforma de modernización laboral, que comenzará su recorrido en el Senado y desembarcará en Diputados a fines de enero o febrero.

La comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente será cabecera del debate para la reforma de la ley de Glaciares, que tiene como motor el entendimiento entre Nación y las provincias cordilleranas para generar un régimen más atractivo para captar inversiones y explotar los recursos mineros y energéticos. (NA).

Tras cuatro años en la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Rogelio Iparraguirre publicó en su cuenta oficial de X un extenso mensaje de despedida en el que realizó un balance de su labor, agradeció a su entorno personal y político, y destacó los principales proyectos tratados durante su período.

“Cerramos una etapa que se inició cuatro años atrás cuando tuve el orgullo de ser electo Diputado Nacional”, expresó Iparraguirre, al tiempo que subrayó la importancia del acompañamiento familiar a lo largo de su gestión. En ese marco, dedicó un especial agradecimiento a su familia, a quienes definió como “un pilar permanente” por el amor, el acompañamiento y la paciencia durante estos años de intensa actividad política.

Además, valoró el trabajo de su equipo, al destacar que apostaron “sin especulaciones” a una forma de hacer política “sin estridencias, con humildad y, sobre todo, con mucho trabajo”. En su mensaje agradeció a su entorno más cercano “por ser tan buenos compañeros y personas”.

Iparraguirre también expresó su reconocimiento a sus compañeros de militancia y a la organización política en la que milita desde hace más de 15 años. En ese sentido, agradeció el respaldo de Máximo Kirchner y de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por la confianza brindada durante su trayectoria.

Finalmente, extendió su reconocimiento a sus compañeros y compañeras de bloque, a quienes definió como un espacio de aprendizaje colectivo. “Aprendí mucho de ese espacio que es un bloque y agradezco la generosidad de las voces más experimentadas por su paciencia y capacidad de compartir conocimiento”, señaló.

Durante su mandato, Rogelio Iparraguirre participó en el tratamiento de diversas iniciativas de impacto social, sanitario y cultural. Entre ellas destacó la sanción del régimen de prevención de la ludopatía online y la prohibición de la publicidad de juegos de apuestas, aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de noviembre de 2024.

También tuvo intervención en el proyecto de modificación de la Ley 26.573 para dotar de autarquía y financiamiento al ENARD, orientado a fortalecer la planificación del deporte de mediano y alto rendimiento, que obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Deportes, Presupuesto y Hacienda, y Comunicaciones e Informática.

En materia de salud, se aprobó el alivio fiscal para trabajadores del sistema sanitario, que establece la exención del Impuesto a las Ganancias para ingresos que excedan cuatro guardias mensuales en servicios de emergencias. Esta medida fue sancionada de manera definitiva el 19 de abril de 2023.

Otro de los proyectos relevantes fue la declaración del Monte Calvario de Tandil como Monumento Histórico Nacional, sancionada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre de 2023, con el objetivo de preservar el patrimonio local, mantener la historia y resguardar la memoria colectiva.

En el plano ambiental y productivo, incluyó el proyecto de ley para el tratamiento y uso agronómico del estiércol y purines de tambo, destinado a reducir el impacto ambiental y a promover la reutilización de residuos de la producción láctea como insumo.

“Durante este período también realizamos innumerables gestiones para Tandil junto al gobierno provincial y nacional, con el objetivode seguir trabajando en el crecimiento de nuestra ciudad”, concluyó.

Desde el 10 de diciembre Tandil dejará de contar un representante en la Cámara de Diputados de la Nación. Rogelio Iparraguirre, finalizará su período para el cuál había sido electo en 2021.

De esta manera, se romperá un período de 10 años con varios representantes de Tandil en la Cámara de Diputados de la Nación.

Desde el retorno de la democracia, en 1983, durante 11 años no hubo legisladores nacionales nacidos en Tandil: entre 1992 y 1999, entre 2007 y 2009 y entre 2013 y 2015.

Cuando en 1983 volvió la democracia, Juan Carlos Pugliese fue electo diputado nacional por la UCR y cumplió durante 8 años el cargo, teniendo como responsabilidad además ser el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación.

También comenzó en 1983 su labor como legislador nacional, Francisco Vistalli, aunque su trabajo fue hasta 1985. Representaba al Partido Justicialista.

Entre 1985-1987 y entre 1991-1992, Luis María Macaya, hizo lo propio, también por el peronismo.

Luego de Macaya y durante un período de 7 años, Tandil no contó con representantes en la Cámara de Diputados nacional. Coincide ese extenso trecho con el gobierno de Carlos Saúl Menem.

En 1999 llegó por el PJ a la legislatura nacional Nora Chiachio , puesto que ocupó hasta 2007. Durante dos períodos no hubo otro oriundo de la ciudad hasta que Roberto Mouilleron ingresó en la cámara baja hasta 2013. El exfuncionario provincial respondía al peronismo por el sector de Sergio Massa.

Pasaron después dos años para que se inaugure el período más extenso de una década completa. En 2015 ingresó Diego Bossio hasta 2019. Bossio había ingresado por el Frente para la Victoria pero que luego conformo el Bloque Justicialista. 

En 2017 lo hizo Carlos Fernández, por la UCR dentro de Cambiemos, hasta 2021. 

En 2019, Alejandro "Topo" Rodríguez, por Consenso Federal -que tenía como máximo referente a Roberto Lavagna- hasta 2023. 

Y ahora, como se mencionó, entre 2021 y 2025, Rogelio Iparraguirre, por el Frente de Todos.

El listado completo

Juan Carlos Pugliese > 1983 - 1991 Francisco Vistalli > 1983 - 1985Luis María Macaya > 1985-1987 / 1991-1992Nora Chiachio > 1999 - 2003 / 2003 - 2007Roberto Mouilleron > 2009 - 2013Diego Bossio > 2015 - 2019Carlos Fernández > 2017 - 2021Alejandro "Topo" Rodríguez > 2019 - 2023Rogelio Iparraguirre > 2021 - 2025  

El presidente Javier Milei participó este martes, en el Congreso de la Nación, del acto de jura de los diputados nacionales electos durante la elección del 26 de octubre. 

La sesión fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y contó con la presencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; y otros legisladores, funcionarios e invitados especiales.

La Libertad Avanza (LLA) espera  esta semana sumar más diputados a las filas libertarias con su meta de alcanzar en diciembre un centenar de legisladores propios, y así encarar con mayor fortaleza la segunda etapa de la gestión de Javier Milei, de cara a las sesiones extraordinarias donde el principal tema será el Presupuesto 2026.

En cambio, las autoridades del bloque peronista, que encabeza German Martínez, tiene el desafío de contener a sus legisladores para evitar una fractura tras la derrota electoral y nadie descarta la posibilidad de armar en el futuro un interbloque donde convivan las diferentes vertientes como el Frente Renovador, la Cámpora, el Frente Cívico de Santiago del Estero y los provinciales.

El oficialismo avanzó esta semana en su estrategia de agrandar su bloque tras la crisis con el PRO, cuyo líder Mauricio Macri, quien se pronunció a favor de un candidato propio en el 2027, cuestionó la decisión de Milei de designar como jefe de Gabinete a Manuel Adorni en lugar de Guillermo Francos, lo que impidió armar un interbloque.

La estrategia diseñada en Casa de Gobierno por la mesa política que conduce Karina Milei y que llevan adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, es agrandar un bloque para alcanzar un centenar de diputados lo que le permitirá ser primera minoría  en el cuerpo y tener el control de las presidencias de las principales comisiones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Para el oficialismo es central volver a controlar la Cámara de Diputados que perdió en manos de la oposición en marzo de este año que logró manejar la agenda parlamentaria para votar leyes rechazadas por el Gobierno, como la emergencia en discapacidad, aumento en las Universidades y para el Garrahan.

La Libertad Avanza desde la elección sumo seis legisladores a costa de la sangría del PRO con lo cual pasó a tener hasta diciembre de 37 a 43 y con la nueva composición tiene hasta hoy 88 legisladores propios, y espera esta semana sumar otros dos o tres más.

Uno de los diputados del PRO que está analizando pegar el salto al bloque violeta es el santafesino Alejandro Bongiovanni, quien es sus redes se presenta como “liberal desde siempre#” y añade: “Diputado desde 2023 y hasta 2027. Abogado (UNR), Magister en Derecho y Economía (Di Tella) y en Economía y Ciencia Política (Eseade)”.

La Libertad Avanza también aguarda una definición de Silvia Lospennato, ya que si renuncia a su banca para asumir como diputada porteña, asumirá Lorena Petrovich, una dirigente cercana a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Hasta ahora se pasaron  Damián Arabia, Silvana Guidici, Belen Avico y Patricia Vázquez con mandato hasta el 2027 y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet, y Laura Rodríguez Machado.

También el oficialismo espera poder avanzar con las negociaciones con la diputada santafesina Véronica Razzini, otra exlegisladora del PRO que formó Futuro Y Libertad.

En el oficialismo no se descartan poder volver a sumar a algunos exlibertarios que se fueron de la Libertad Avanza, pero por ahora según supo NA, por lo menos los dos legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, están más cerca de acordar alguna alianza con Encuentro Federal.

De todos modos para sancionar el Presupuesto y las leyes laboral y tributaria deberá alcanzar acuerdos con los gobernadores dialoguistas ya que con la UCR, Liga del Interior, y PRO suman unos 115 diputados con lo cual le faltan 14 para alcanzar el quórum para sesionar y votar esos proyectos.

Por lo pronto, Adorni  y Santilli ya mantuvieron los primeros encuentros con los gobernadores  de Chubut, Ignacio Torres, y de Catamarca, Raúl Jalil, y hoy se reunirán con los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de San Juan, Marcelo Orrego.

Peronismo

La bancada peronista -que preside Germán Martínez-, mantuvo su primera reunión el martes donde ya se perciben las tensiones entre los diferentes grupos que conforman el arco peronista y, en ese contexto, nadie descarta que en el futuro la unidad se podría mantener con un interbloque, como sucedió en el Senado.

Fuentes parlamentarias señalaron a Noticias Argentinas que se trató de reunión de catarsis por la derrota en la mayoría de los distritos, pero que no se vislumbra una división ya que todos se verían perjudicados en la distribución de comisiones.

De todas maneras aún es una incógnita que harán los seis santiagueños que responden a Gerardo Zamora que están en el bloque desde el 2019 pero históricamente formaron bloque aparte.

Por lo pronto, por ahora el Frente Renovador se mantendrá en el bloque hasta abril que no descarta formar su propia bancada con los diez integrantes que responden a Sergio Massa.

También hay un compromiso Victoria Tolosa Paz -con llegada a Axel Kicillof- que lidera un grupo de diputados federales se mantenerse en el bloque.

En tanto, el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo mantendrá su bloque Independencia que tendrá dos diputadas, pese a la alianza que hicieron con el sector de Juan Manzur. (NA).

 En el marco de la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, el diputado nacional Rogelio Iparraguirre cuestionó la decisión del Gobierno de Javier Milei de intentar derogar la Ley 27.637, que amplió el régimen de Zonas Frías y benefició a más de 90 municipios bonaerenses, entre ellos Tandil. De la comisión participaron como invitados intendentes, defensores del pueblo y del consumidor y concejales de las zonas afectadas.

El legislador tandilense participó del debate sobre el artículo 72 del proyecto de Presupuesto 2026, donde el oficialismo propone eliminar la ampliación del régimen, una medida que impactará de manera directa sobre millones de usuarios residenciales en todo el país. “La eliminación de la Zona Fría no solo es injusta: es profundamente regresiva. Afecta a millones de argentinos que necesitan este beneficio para poder calefaccionar sus hogares durante el invierno”, afirmó Iparraguirre durante su intervención. Y advirtió: “Esta decisión busca maximizar la renta y el beneficio en pocas manos, en detrimento de los usuarios comunes. No es una reforma técnica, es una definición política que desconoce las realidades del interior del país”.

La Ley de Zona Fría fue sancionada en 2002 y ampliada en 2021 con el impulso del diputado Máximo Kirchner junto a otros bloques, incorporando a más de tres millones de argentinos y argentinas al beneficio. El régimen utiliza zonas bioambientales definidas por ENARGAS para determinar qué regiones reciben compensaciones tarifarias financiadas a través del Fondo Fiduciario del artículo 75 de la Ley 25.565. Gracias a este mecanismo, los hogares de las zonas alcanzadas pagan el 70% del cuadro tarifario, lo que equivale a un descuento del 30% en las facturas de gas, que asciende al 50% para beneficiarios de planes sociales e instituciones de bien público. Actualmente, 4,2 millones de usuarios acceden a este beneficio, y el 72% reside en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Asimismo, y según los datos presentados en la comisión, en una vivienda ubicada en zonas frías se consumen en promedio 1.052 metros cúbicos de gas por año, un 94% más que en zonas no frías. Y casi la mitad de ese consumo se destina exclusivamente a calefaccionar el hogar. En lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, solo el 20% de los municipios accede a la Zona Fría, lo que evidencia que se trata de una política focalizada y no universal.

Iparraguirre recordó además que en ciudades como Tandil, donde las bajas temperaturas demandan un mayor consumo energético, este régimen representa un alivio fundamental para los hogares. “El propio régimen se financia a través del Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas, es decir, lo solventamos entre todos los argentinos con un mecanismo transparente. Decir que hay que eliminarlo para ahorrar es lisa y llanamente mentira”, advirtió el legislador tandilense.

Iparraguirre también recordó que el intento de eliminar el régimen no es nuevo. Durante el debate de la Ley Bases en 2024, el Gobierno ya había puesto sobre la mesa la eliminación del Fondo Fiduciario que sostiene el sistema. Además, explicó que el financiamiento de la Zona Fría no proviene de recursos estatales directos, sino de un esquema solidario en el que todos los usuarios de gas por redes —cerca de nueve millones— aportan un pequeño recargo en sus facturas, que este año aumentó de 6,60% a 6,80%. El artículo 70 del proyecto oficial propone además fijar un tope del 7,5%, modificando el diseño original del fondo.

“Esperamos tener la holgura necesaria para frenar esta medida en la Comisión de Presupuesto. No vamos a permitir que se avance sobre un derecho que beneficia a millones de familias argentinas, especialmente en el interior del país”, sostuvo el diputado. Y concluyó: “Eliminar este régimen sería un retroceso enorme. Lo que necesitamos es fortalecer políticas federales que reconozcan nuestras realidades climáticas, no debilitarlas”.

El diputado nacional y ex candidato de La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, renunció a la titularidad de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Este hecho sucedió luego de que el funcionario libertario le presentara su declinación a la candidatura de las próximas elecciones legislativas de octubre, al presidente Javier Milei y éste se las aceptara.

Espert decidió “dar un paso al costado por la Argentina” y según Milei, demostró que fue un acto “maravilloso” porque dejó demostrado que “no son lo mismo”: “Antepuso el país a una situación personal”, remarcó el mandatario.

“En estas elecciones la Argentina tiene, una vez más, la oportunidad de dar vuelta la página de su triste historia. Desde que el Presidente asumió está llevando adelante ese cambio con el esfuerzo y acompañamiento de la mayoría de los argentinos”, indicó Espert.

Por otra parte, dejó en claro que esta “es una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas” en referencia al kirchnerismo y, puntualmente, a los candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Juan Grabois.

En la misma línea, calificó de “despiadado” el juicio mediático que recibió hacia su persona y al que “no se seguirá prestando”: “A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar”.

También, señaló que “demostraré su inocencia” ante la Justicia, y lo hará “sin fueros ni privilegios” y les solicitó a sus compañeros de LLA “que no se dejen psicopatear” porque les dará explicaciones “en su debido momento y en donde corresponda”.

“El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país. Deseo que los argentinos vivamos como nos merecemos. Por eso no puedo permitir que el proyecto de país que emprendimos con tanto esfuerzo, se desmorone”, concluyó.

El debate del Presupuesto 2026 y de la regulación de los DNU monopolizarán esta semana la agenda parlamentaria en la Cámara Diputados, en un escenario de fuerte enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición.

Si bien la oposición tenía aspiraciones de convocar a una sesión para el próximo miércoles, decidieron postergar una semana su objetivo de sesionar, porque aún existen diferencias sobre el temario.

Fuentes parlamentarias también señalaron que aún existen diferencias sobre las iniciativas que llevarán al recinto de sesiones, dado que la intención de Unión por la Patria, un sector de Democracia para Siempre y de  Encuentro Federal quieren votar un emplazamiento para que las comisiones traten los pedidos de interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y aprobar una moción de censura.

Hay diputados radicales y provinciales que no quieren impulsar el desplazamiento de Francos ya que sostienen que sería perder al funcionario más dialoguista del Gobierno Nacional, aunque critican el decreto donde se estableció no se aplicará la ley hasta que el Congreso Nacional diga cual serán las partidas que se reducirán para aplicar esa ley.

A eso se suma que aún no están los votos para insistir con la ley que establece la Coparticipación Federal de los ATN, ya que se rechazó el veto en el Senado, pero que en diputados se aprobó por 142 votos contra 90, con lo cual no alcanzó los dos tercios de los votos.

En este escenario, la oposición buscará centrarse en los debates de la ley de DNU que se debatirá el martes a las 14 y donde los bloques del peronismo, radicales, y provinciales tienen los votos para emitir dictamen favorable al proyecto sancionado por el Senado.

En ese contexto, los bloques opositores buscarán avanzar el martes en el dictamen sobre la ley que restringe el uso de los DNUs, ya que establece que si no se ratifican en un plazo de 90 días quedan derogados y si una cámara lo rechaza también pierden vigencia, pero no los efectos jurídicos.

Otro tema que concentrará la atención de los legisladores será la apertura de la ronda de consultas sobre el Presupuesto 2026-que preside José Luis Espert, ya que concurrirá el miércoles a las 13 el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Pero el tema clave que concentrará la atención de los diputados será la comisión de Presupuesto, donde la semana pasada no hubo acuerdo sobre los funcionarios que quiere convocar la oposición que reclaman la presencia de Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Biasuli.

La semana pasada la oposición advirtió que si La Libertad Avanza se resiste a invitar a la comisión de Caputo, y a Biasuli, buscarán aprobar un emplazamiento en la próxima sesión para establecer el cronograma de trabajo y la fecha del dictamen.

Otro punto que genera tensión es la asistencia financiera de Estados Unidos a la Argentina que podría implementarse a través de un swap, que es un acuerdo entre bancos centrales, y que la oposición quiere que se debata en el Congreso pero el  Gobierno señala que no hace falta, ya que tampoco se hizo cuando se utilizó el mismo sistema con China.

Por lo pronto, en la primera reunión  Guberman se referirá a los datos macroeconómicos del Gobierno sobre inflación, dólar, recaudación, y gastos, que son rechazados por la oposición.

El oficialismo también buscará invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre con la esperanza de, tras el recambio, tener una mayor cantidad de legisladores para mejorar las tratativas con los bloques dialoguistas y gobernadores.

Pero en forma independiente del resultado de la elección donde podría mejorar la cantidad de legisladores que tenga su bloque desde el 10 de diciembre, LLA necesitará enhebrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas para emitir el dictamen de mayoría y lograr su aprobación en el recinto de sesiones.

Si se trata previo a la elección como quieren los opositores, la LLA deberá enhebrar acuerdos con la mayoría de los bloques para tener dictamen de mayoría ya que tiene solo tiene 6 de los 49 miembros, y el peronismo con la izquierda suman 21 voluntades.

Datos del Presupuesto

El proyecto de Presupuesto que se pondrá en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de 1423 a diciembre de 2026, y se proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones, y 11 % de importaciones.

También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual espera tener un superávit primario de 2 billones de pesos.

También contempla como aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, pero desde la oposición señalan que no alcanza para compensar los atrasos que tiene en esos sectores, y reclaman que se vuelve a aplicar la ley de financiamiento educativo que contempla que el 6% del PBI se aplique a ese área.

Se trata del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17 en las de salud, y del 5 en los recursos derivados al pago de pensiones, mientras que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

En el proyecto girado en 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos, pero las Universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en este punto no hubo acuerdo entre oficialismo y oposición. (NA).

La Cámara de Diputados abrirá esta semana la discusión del Presupuesto 2026, en la cual el Gobierno Nacional tiene escenario muy complejo ya que afrontará una fuerte discusión con la oposición, que rechazan las metas macroeconómicas del oficialismo y piden mayores recursos para educación, salud, jubilados y Obras Públicas

La discusión se dará en medio de la crisis financiera que afrontar la gestión de Javier Milei por las tensiones en el mercado cambiario debido al incremento dólar que se produce desde hace más de un mes, y por lo que el Gobierno debió vender más de 1.000 millones dólares en los últimos dos días.

A eso se suma que el oficialismo perdió la iniciativa en el Congreso Nacional este año y ya le rechazaron el veto a la ley de Discapacidad y sucederá lo mismo en los próximos días cuando el Senado deje firme las leyes de Universidades y emergencia del Garrahan.

En ese contexto se empezará a discutir este miércoles a las 13 la ley de gastos y recursos para 2026 en la comisión de Presupuesto, que preside el diputado libertario y candidato a su reelección, José Luis Espert, quien convocó a una reunión para armar un diagrama de trabajo.

Los bloques opositores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, y Democracia para Siempre, ya tienen decidido reclamar la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien nunca concurrió al Congreso Nacional desde que asumió ese cargo en diciembre del 2023.

La oposición reclamará no solo la presencia de Caputo, sino del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para que explique como se hará para mantener las reservas del BCRA tras haber vendido 1000 millones de dólares en dos días y como se llegará a tener un dólar de 1423 a diciembre del próximo año cuando en la actualidad ya superó los 1500 pesos.

Desde el oficialismo no aceptarán los pedidos de citar a  Caputo y Bausili y ofrecerán, como el año pasado, la presencia de otros miembros del equipo económico como los secretarios de Hacienda, Jorge Guberman, y de Finanzas Pablo Quirno, podrían sumar al secretario de Política Económica, José Luis Daza, informaron fuentes parlamentarias.

También buscarán invitar a varios funcionarios para tratar de estirar las reuniones informativas hasta conocer los resultados de la elección de octubre, con la esperanza que tras el recambio tener una mayor cantidad de legisladores para encarar mejorar las tratativas con los bloques dialoguistas y gobernadores.

El primer problema que afronta la Libertad Avanza es que los opositores buscarán votar un emplazamiento en el recinto de sesiones para que el 20 de noviembre como fecha tope se emita dictamen y se discuta previo al recambio parlamentario del 9 de diciembre.

La oposición no quiere que suceda lo mismo que el año pasado cuando el oficialismo suspendió el 19 de Noviembre la discusión del Presupuesto, cuando al día siguiente vencía el plazo para emitir dictamen.

Pero en forma independiente del resultado de la elección donde podría mejorar la cantidad de legisladores que tenga su bloque desde el 10 de diciembre, la Libertad Avanza necesitará enhebrar acuerdos con los gobernadores dialoguistas para emitir el dictamen de mayoría y lograr su aprobación en el recinto de sesiones.

Si se trata previo a la elección como quieren los opositores deberá enhebrar acuerdos con la mayoría de los bloques para tener dictamen de mayoría ya que solo tiene 6 de los 49 miembros, y el peronismo con la izquierda suman 21 voluntades.

No será una discusión fácil porque la oposición no solo cuestiona los datos macroeconómicos establecidos por el Gobierno de que en 2026 la inflación será del 10,1%, el crecimiento del 5%, y el dólar se ubicará a 1423 pesos, sino por los reclamos de aumentos para diferentes áreas sensibles como educación, ciencia, salud y jubilados.

A eso se suma el reclamo de los gobernadores, que piden más aumento de partidas en concepto de coparticipación como en el caso del impuesto a los combustibles y los ATN y la realización de obras públicas.

El presidente Javier Milei anticipó aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, pero desde la oposición señalan que no alcanza para compensar los atrasos que tiene en esos sectores, y reclaman que se vuelve a aplicar la ley de financiamiento educativo que contempla que el 6% del PBI se aplique a esa área.

Milei anunció aumentos del 5% en las partidas destinadas a jubilados, del 17 en las de salud, y del 5 en los recursos derivados al pago de pensiones, mientras que se aumentarán a 4,8 billones los recursos para Universidades.

En el proyecto girado en el 2024, el Gobierno contemplaba recursos por 3,6 billones de pesos, pero las Universidades solicitaron 7,2 billones de pesos, y en este punto no hubo acuerdo entre oficialismo y opositores.

Datos del presupuesto

El proyecto enviado al Congreso estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos y los recursos 148,2 billones de pesos, con un superávit de 2 billones de pesos.

En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7  billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública. (NA).

El Senado rechazó el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue por 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros representantes provinciales.

Tras romper con los gobernadores a finales de junio pasado en una reunión en el CFI y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno volvió a tender puentes en los últimos días con los líderes provinciales. 

En el horizonte, la Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación entre los Estados provinciales y la Nación. 

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez puso en alerta a la población por un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de eliminar el régimen de Zona Fría que aplica descuentos sobre la tarifa de gas a usuarios que habitan en ciudades donde se han comprobado temperaturas bajas, como en el caso de Tandil, Azul, Olavarría, Mar del Plata y muchas más lejanas. El dirigente tandilense, quien ya tuvo un primera abordaje del proyecto de Presupuesto 2026 que este lunes ingresó a la Cámara de Diputados, se manifestó en contra de la decisión de eliminar la normativa que impulsó y promovió tras años de lucha por parte de la comunidad local.

“A partir del artículo 72 del proyecto de presupuesto el Gobierno libertario propone eliminar totalmente cualquier descuento para los hogares que consumen gas por red en las Zonas Frías, que incluye a Tandil, Mar del Plata, Necochea, Olavarría y a muchas ciudades más”, dijo “Topo” Rodríguez y agregó que “los fundamentos no están expuestos, pero esto viene a ratificar que el intento del Estado libertario por eliminar los descuentos al gas ha estado siempre presente”.

El director del Instituto Consenso Federal advirtió que “en esta oportunidad el paso que se ha dado es realmente riesgoso para los descuentos, porque por primera vez se incluye en un proyecto de ley”. Del mismo modo, aclaró que “lo que elimina de cuajo es la ampliación de la Zona Fría, que es lo que se aprobó en junio de 2021 por la Ley 27.637, que incluye a buena parte del sur de la provincia de Buenos Aires y a otras ciudades en otras provincias”.

“Topo” Rodríguez repasó que “cuando en su momento se aprobó la extensión del beneficio para nuestra zona, se hizo sobre la base cierta de que efectivamente son zonas frías y que el descuento se paga con el aporte de los propios usuarios. Evidentemente aquí hay un avance muy fuerte del Gobierno de Milei que intenta ahora de manera decisiva eliminarlo y lo pone en serio riesgo a ese descuento”.

Ahora, con una ley

Si bien el actual Gobierno nacional había intentado recortar beneficios a usuarios de gas por Zona Fría, hasta ahora lo había hecho por decreto que no prosperaron por inconstitucionales.

“La única forma de cambiar la Ley de Zona Fría es con otra ley. Este proyecto de presupuesto en su artículo 72 propone cambiar la ley, en particular, derogar el artículo que extendió el descuento para Tandil”, señaló sobre el cambio de estrategia de Nación y manifestó que “ahora queda una alternativa que es que los diputados y senadores no le voten ese artículo a Milei”, pero destacó que para que eso ocurra “también es importante que la ciudadanía se manifieste en octubre eligiendo diputados nacionales”.

En ese sentido, expresó que “quizás mi opinión es minoritaria en Tandil porque en Tandil un 62 por ciento de los electores votaron a Milei, entonces quiero ser muy respetuoso pero deseo que Milei pierda la elección y que los diputados opositores a Milei ocupen las bancas del Congreso de la Nación y rechacen esta aberración. Pero reitero, quizá yo tenga un pensamiento minoritario porque el 62 por ciento de los tandilenses votaron a Milei en noviembre de 2023”.

Si bien el proyecto de Presupuesto ya tiene estado parlamentario, el exdiputado nacional explicó que el Congreso no está obligado a tratarlo con la actual conformación ni con la que resultará de las elecciones, con el recambio del próximo 10 diciembre.  En tanto, será el Gobierno el que decida cuándo lo pone a consideración.

“Puede ocurrir lo que vino sucediendo en los dos últimos años, que el Gobierno para hacer más sencillo y ocultar el ajuste, directamente decida no tratarlo. Si no se tratara, quedará vigente”, dijo e insistió en que “uno tiene que estar preparado para la eventualidad de que sí se trate, que sería lo normal, para que la mayoría de los diputados y de los senadores rechace el artículo 72 del proyecto de ley de presupuesto que le quita a Tandil y a buena parte de la provincia de Buenos Aires legítimos descuentos por Zona Fría para los usuarios residenciales de gas”.

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“Es regresivo, negativo y dañino

para la sociedad argentina”

Consultado por una primera opinión sobre el Presupuesto 2026, Alejandro “Topo” Rodríguez reconoció que “tengo una posición radicalmente distinta a todo lo que se está diciendo en las últimas horas. Creo que es un presupuesto regresivo, negativo y dañino para la sociedad argentina” y apuntó que “aumenta el ajuste: el superávit fiscal de 2025 está previsto el 1,6 por ciento del PBI y para 2026 está previsto el 2,2 por ciento del PBI. Y ese ajuste se va a hacer sobre las partidas más sensibles de la economía, no sobre los gastos vinculados a los intereses de la deuda u otros objetos que no tienen que ver con lo social”.

En segundo término, el director del Instituto Consenso Federal manifestó que “el Gobierno anuncia, como si fuese una gran noticia, que va a aumentar el 5 por ciento las jubilaciones. Lo que el Gobierno no dice es que solo en 2024 redujo la ejecución del gasto jubilatorio en 15 por ciento. En términos reales, sólo en 2024, sin contar lo que va transcurrido de 2025, redujo el gasto jubilatorio en 15 por ciento. Que ahora anuncie que en 2026 las jubilaciones van a aumentar un 5 por ciento es una pésima noticia que reafirma que el ajuste sigue recayendo sobre la espalda de los más débiles y de los que menos ganan en la Argentina”.

Por otra parte, evaluó que “Milei, con el presupuesto que ha presentado, confiesa que no tiene capacidad de generar ingreso de dólares a la Argentina, porque en 2025 el déficit comercial proyectado es de 2.447 millones de dólares y para 2026 lo va a más que duplicar, con un déficit comercial previsto de 5.751 millones de dólares”.

Sobre el indicador acerca de la deferencia entre las divisas que ingresan y las que salen del país, reflejó que evidencia que “en 2026 van a salir muchos más dólares de los que van a ingresar, en una situación que empeora de manera gravísima el déficit comercial ya vigente durante este año”.

En vísperas a otra movilización federal de las casas de altos estudio, “Topo” calificó como “una de las grandes mentiras del presidente Milei el supuesto aumento al presupuesto universitario y al de educación en general”.

En ese aspecto, amplió que “el anuncio del Gobierno nacional es que hay un aumento del 8 por ciento en educación y que le asigna a las universidades nacionales 4,6 billones de pesos, pero las universidades para funcionar normalmente van a necesitar unos 7 billones 250 mil millones. Si lo que el presidente Milei anuncia como gran noticia, como gran logro, es que va a haber 4,6 billones para las universidades hay que decirle que hay que casi duplicar ese presupuesto. Así que para las universidades nacionales hay muy malas noticias en el Presupuesto 2026”.

Diputados de la oposición realizarán una sesión este miércoles, donde buscarán a volver a dar un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei, con el rechazo a los vetos de las leyes de Emergencia del hospital pediátrico Garrahan y los aumentos de recursos para las universidades.

La sesión fue convocada para las 13:00 por Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre, que aseguran tener los números para el quórum y para poder insistir con las leyes sobre el Garrahan y las Universidades.

Tras la derrota del oficialismo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, la oposición se encuentra más afilada y confiada en que podrá triunfar en este nuevo objetivo que se ha propuesto, que es el de rechazar los dos vetos presidenciales.

Los legisladores están confiados en que tienen los votos para insistir con la ley para otorgar financiamiento al Hospital Pediátrico Garrahan y de Universidades que se sancionaron con una amplia mayoría.

Además la sesión especial se realizará en medio de una marcha que se realizará al Congreso de organizaciones sociales y estudiantiles a favor de la insistencia de estas leyes rechazadas por el Gobierno, con el argumento que afectan el equilibrio fiscal.

De todas maneras, los dos temas centrales de esa sesión es el rechazo a los vetos de las leyes de Emergencia del hospital Garrahan y de Universidades, que se votaron con una amplia mayoría.

En primer lugar, se deberá habilitar con los dos tercios el tratamiento sobre tablas de las dos leyes y allí se podrá medir si los opositores tienen un margen holgado para insistir con esas normas.

En el caso de la emergencia pediátrica, en la Cámara de Diputados se aprobó con 159 votos positivos contra 67 negativos y 4 abstenciones, por lo que superó los dos tercios.

Los opositores creen que ese número crecerá porque estima que los 4 que se abstuvieron podrían modificar su voto e inclinarse a favor de la ley como los chubutenses Ana Clara Romero y Jorge Ávila que responden al gobernador Ignacio Torres, y  los del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone, y la exlibertaria Marcela Pagano.

También podrían inclinar su balanza a favor de la ley los cuatro misioneros que responden al líder del Frente de la Concordia, Carlos Rovira, y sumar otros ausentes de Unión por la Patria y Democracia para Siempre.

La ley de Emergencia Pediátrica obliga al Gobierno a transferir los recursos para financiar al Garrahan, y establece que deberá haber una recomposición de los salarios del personal de salud que los eleve a los valores que se percibían en noviembre de 2023.

En cambio, la ley para otorgar mayores recursos a las Universidades se aprobó con una amplia mayoría de 158 votos, 75 en contra y 5 abstenciones, pero le faltó un voto para llegar a los dos tercios.

Los opositores miran la postura que tendrían los cinco que se abstuvieron ya que confían en que se revertirá el voto de los chubutenses Ávila y Ana Clara Romero y que se sumen a favor de la ley  Falcone y Zago del MID, y Pagano.

Esta ley establece que los sueldos de los docentes y no docentes tendrá que tener una recomposición para compensar la diferencia entre la inflación desde diciembre de 2023 y los aumentos otorgados en este año y medio, y fija que en forma progresiva el financiamiento de las Universidades debe alcanzar el 1,5 del PBI.

De esta manera, si la Cámara de Diputados insiste con la sanción, solo quedará el tratamiento en el Senado y allí también estarán asegurados los votos para rechazar los vetos del presidente Milei.

Interpelaciones

Los bloques opositores quieren aprobar las interpelaciones del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del ministro de Salud, Mario Lugones, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que expliquen las denuncias sobre supuestas coimas para el pago de medicamentos en materia de discapacidad, que aparecieron en unos audios del extitular de ese organismo, Diego Spagnuolo.

Para poder avanzar en las interpelaciones se necesitan los dos tercios ya que esas iniciativas no se trataron en la comisión de Asuntos Constitucionales -que preside el libertario Nicolás Mayoraz- con lo cual sino alcanzan esa mayoría agravada buscarán emplazar a ese organismo parlamentario.

DNU

Los bloques armaron un extenso temario donde también buscan emplazar a la comisiones para avanzar en una ley que regula los DNUs, que es perjudicial para el Gobierno Nacional ya que con el rechazo de una sola cámara pierde vigencia esa norma.

La ley 26.122 aprobada en el 2006 a instancias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fija que si no se trata o es respaldada por una sola cámara ese DNU queda ratificado y solo se puede anular con el aval de Diputados y Senadores.

Ahora, con el impulso del peronismo en el Senado, se aprobó un proyecto para que si en el plazo de 90 días ese DNU no es tratado, quede derogado y, si lo rechaza una sola cámara, también pierde su vigencia.

Los diputados también quieren derogar los DNU 62/2025 que limitó la ley de identidad de género ya que impide las operaciones a los menores trans, 61/25 sobre el estatuto de la Policía Federal y los decretos delegados 445/25, sobre transformación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados en el Registro de Armas, y 396/25 sobre la transformación del INA. (Por Silvia Rajcher/NA).

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Itai Hagman encabezará la lista de diputados de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en la provincia de Buenos Aires hará lo propio el exministro de Defensa Jorge Taiana.

Según indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes partidarias, la fuerza que se referencia en la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el titular del PJ bonaerense Máximo Kirchner y el referente del Frente Renovador, Sergio Massa, arribó a un acuerdo para que Taiana sea el encargado de representar al espacio en Provincia.

En territorio porteño, el referente de Patria Grande estará al frente de la nómina para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Hagman, economista y dirigente cercano al referente de UTEP, Juan Grabois, buscará renovar su banca en la Cámara baja, tras haber sido electo en 2019 como parte de la coalición oficialista.

La integración del actual diputado nacional en la cabeza de la lista de Fuerza Patria es un gesto para el espacio de Grabois, quien venía protagonizando cortocircuitos con la cúpula de la alianza peronista por el rol que ocupa Massa en el espacio opositor al presidente Javier Milei.

En la Cámara Alta, el que se encamina a liderar la boleta para renovar su banca de senador es el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde, quien enfrentaría a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata en la lista libertaria. (NA).

La Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable a un proyecto para que el Gobierno Nacional informe sobre los controles a los laboratorios involucrados en el fentanilo contaminado, la cantidad de muertos ocasionados por este opioide y las alertas sanitarias activadas por el Ministerio de Salud y la Anmat.

Las preguntas están plasmadas en un despacho de la comisión de Acción Social y Salud Pública respaldados por todos los bloques políticos donde se piden informes al Gobierno Nacional sobre las medidas adoptadas para evitar esta crisis sanitaria que provocó casi un centenar de muertos a las personas inoculadas con esta droga adulterada.

La decisión se adoptó en una reunión de la comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el diputado peronista Pablo Yedlin, donde se alcanzó un consenso en base a los proyectos presentados por los diputados del PRO Silvana Giudici, del peronismo, Victoria Tolosa Paz, y del socialismo Mónica Fein, de Democracia para Siempre Manuel Aguirre.

La reunión se realizó un día después del encuentro que mantuvieron diputados del PRO con familiares de las víctimas que habrían fallecido por haber sido tratados con fentanilo producido en los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, de acuerdo a la investigación que realiza el juez Ernesto Kreplak.

Las muertes por fentanilo contaminado alcanzan 96 víctimas y hay temor de que la cifra aumente con el curso de la investigación luego de que, en las últimas horas, circularan diversos números debido a las dudas en relación a alguno de los casos registrados.

Al abrir la reunión, Yedlin dijo que la “la historia de los organismos de control de medicamentos en el mundo habitualmente tiene que ver a partir de escándalos y situaciones gravísimas con medicamentos”, a la vez que recordó que en la década del 90 se produjo una contaminación de propóleo con muertes y que por eso “se creó la Anmat”.

“Me atrevo a decir que esta es la peor situación de intoxicación medicamentosa en la Argentina desde la creación de la Anmat, por eso queremos que ese organismo nos de explicaciones”, indicó.

Por su parte, el diputado de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, afirmó que la cifra de casi un centenar de muertos por el fentanilo contaminado es “superior a los fallecidos en la tragedia de Once y la voladura de la AMIA”.

“Nadie investiga, no hay un solo responsable en la cadena de compra y distribución, ni en los permisos otorgados al laboratorio que provee esta droga”, agregó.

Además, dijo: “Hay un silencio atroz que todavía no podemos dilucidar si es por complicidad o inaptitud por parte de los organismos de control y del propio ministro de Salud. Mientras tanto, el ministro Federico Sturzenegger dice que debe haber menos control, que no deben existir controles por parte del Estado”. (NA).