El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, presentó un proyecto para solicitar que el ramal ferroviario que conecta al Puerto de Quequén sea incorporado al nuevo esquema de reorganización del sistema ferroviario de cargas impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa del legislador apunta a que la planificación diseñada por la administración de Javier Milei contemple el rol estratégico de la terminal dentro de la red logística del país, especialmente por su vinculación con el transporte de la producción agroindustrial del sudeste provincial.

Al fundamentar el pedido, el diputado sostuvo: "Es fundamental que el Puerto de Quequén sea parte de la estrategia ferroviaria nacional. Su inclusión no solo mejora la competitividad del sistema, sino que integra a toda una región productiva que hoy necesita mejores herramientas logísticas". En ese sentido, remarcó que la conectividad ferroviaria hacia la terminal tiene un impacto directo en distritos del interior como Tandil, Balcarce, Ayacucho, Necochea, Lobería, Benito Juárez y San Cayetano.

"Estamos hablando de localidades que producen, generan empleo y necesitan infraestructura para seguir creciendo. Incluir a Quequén es fortalecer a todo el interior productivo", afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Asimismo, destacó que existen gestiones de intendentes de la región y del Consorcio de Gestión del puerto para recuperar el ramal. "Hay una agenda regional que entiende al tren como una herramienta clave para reducir costos, mejorar la competitividad y potenciar las economías locales", explicó el legislador.

Por último, Matías Civale consideró que la reorganización ferroviaria nacional es una oportunidad para avanzar hacia una planificación más equilibrada: "Necesitamos una logística que integre a todos los nodos productivos. Incluir a Quequén es un paso clave para lograr un desarrollo más federal y sostenible".

El Puerto de Quequén finalizó el mes de abril con sus seis muelles operando en simultáneo, reflejando un fuerte movimiento comercial. Actualmente, se embarcan 22.000 toneladas de maíz hacia Malasia, 30.000 de girasol a España y 24.000 de trigo a Vietnam. Con 14 buques en rada y otros siete anunciados, la terminal vincula a la provincia con 16 países, consolidándose como una de las principales puertas de salida para la producción agroindustrial bonaerense.

 El diputado provincial Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca autorizar la compactación inmediata de motovehículos secuestrados por ruidos molestos. La iniciativa, basada en la experiencia en San Nicolás, fue recogida a nivel local por los referentes del espacio Hechos, quienes trabajan en una ordenanza similar para ser aplicada en el partido de Tandil.

En una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi por la radio de El Eco, el diputado Manuel Passaglia detalló los alcances de una propuesta legislativa que generó un fuerte impacto en la opinión pública. La medida se centró en una problemática recurrente en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires: la proliferación de motos con escapes modificados que alteran la tranquilidad de los vecinos durante la noche.

El legislador fue categórico al definir la política que busca implementar: "Moto que se secuestra con escape libre, moto que se compacta".

El proyecto nació del análisis de los controles policiales y municipales realizados durante los últimos años, donde se detectó que las multas tradicionales no resultaron efectivas para desalentar estas conductas. Según explicó el legislador, el objetivo es dotar a los municipios de una herramienta definitiva para combatir lo que calificó como un "flagelo" que afecta la salud de las personas con autismo, el bienestar de las mascotas y el derecho al descanso de los trabajadores.

Consenso legislativo para la ordenanza contra ruidos molestos

Durante su gestión como intendente de San Nicolás, Passaglia impulsó una ordenanza que permitió la compactación de los vehículos. El diputado recordó que, al inicio de los controles, los infractores se burlaban de las autoridades. "Al principio les hacíamos multas y nos decían que era para recaudar. Después se fue haciendo como una moda donde, mientras más ruido hace la moto, parece que son más machos", relató con preocupación.

Ante la ineficacia de las sanciones económicas, el municipio decidió avanzar primero sobre el secuestro y destrucción de los caños de escape. Sin embargo, al ser elementos de bajo costo y fácil adquisición, los usuarios volvían a colocarlos en pocos días. La solución definitiva llegó con la compactación total de la unidad, incluyendo el escape libre y el resto del vehículo. "Fue la única vez que hubo un quiebre y donde se empezó a solucionar el tema de los ruidos molestos", aseguró el legislador.

El proceso legal descrito por Passaglia se inicia con el operativo de control en la vía pública. Una vez que la moto es secuestrada, la causa pasa a disposición del juez de Faltas, quien tiene la potestad de ordenar la compactación. El diputado subrayó que no hubo reparos legales significativos en su distrito durante los seis años de aplicación, ya que la medida se fundamenta en el respeto hacia el resto de la comunidad.

La problemática de los decibeles excedidos no es ajena a nuestra ciudad. Durante el último fin de semana, se desarrollaron fuertes operativos policiales y de inspectores municipales para intentar mitigar esta situación en diferentes puntos del radio urbano. En este contexto, el legislador confirmó que los referentes locales de su espacio, Juan Manazzoni y el concejal Marcos Nicolini, se encuentran trabajando en la redacción de un proyecto de ordenanza para Tandil.

La intención es no esperar a que la Ley provincial avance en sus tiempos legislativos, sino dar una respuesta inmediata a través del Concejo Deliberante. Passaglia destacó la labor de los dirigentes tandilenses en la búsqueda de soluciones a "problemas reales" de los vecinos. Según el diputado, el video de presentación del proyecto alcanzó más de 15 millones de reproducciones, lo que reflejó la magnitud del descontento social frente a los ruidos molestos en todo el país.

Uno de los puntos más debatidos de la propuesta fue el destino de los vehículos. Ante la consulta de por qué no se optó por la subasta de las unidades para recaudar fondos públicos, Passaglia fue tajante al señalar que se buscó evitar que el mensaje se desvirtuara. "Si las vendés, se toma como algo recaudatorio. Nosotros no queremos sacarle la moto a nadie para ganar plata; queremos que los chicos usen la moto, se diviertan, pero sin joderle la vida al resto de los vecinos", argumentó.

Para el diputado provincial, el eje de la discusión debe ser el respeto. En sus conversaciones con jóvenes a los que se les compactó el vehículo, les manifestó que el límite es el derecho de los demás. "Es cuestión de prioridades: si querés elegir a la familia que labura o al que hace ruido y molesta", sentenció durante la entrevista radial.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Malena Galmarini, ingresó un proyecto de ley para prohibir la publicidad y el sponsoreo de sitios de apuestas en entornos deportivos y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir conductas de juego problemático y preservar la función social de los clubes como instituciones de bien común.

De este modo, la propuesta impulsada por Malena Galmarini establece la prohibición, en un perímetro de 100 metros, del patrocinio en cartelería y la utilización de nombres o marcas comerciales de juegos de azar para identificar instalaciones y predios. Asimismo, la restricción alcanza a las indumentarias de los clubes, impidiendo el uso de logotipos o señas identificatorias de estas empresas.

“El objeto no es prohibir la industria del juego ni su publicidad en términos generales, sino proteger un espacio específico y especialmente sensible: el entorno deportivo comunitario, frecuentado por niñas, niños, adolescentes y familias”, puntualizó la legisladora del Frente Renovador.

El ámbito de aplicación de la norma incluye a polideportivos municipales y estadios de fútbol profesional y amateur. Según precisó la senadora, la exposición a la publicidad en el contexto deportivo funciona como el principal vector de naturalización del juego como práctica cotidiana entre los jóvenes.

En caso de aprobarse, la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Deportes de la provincia, que articulará con los establecimientos en coordinación con la subsecretaría de Defensa del Consumidor y el Organismo provincial de Niñez y Adolescencia. Los municipios estarán a cargo de la fiscalización, mientras que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos colaborará en los aspectos técnicos.

En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé desde apercibimientos hasta penas de entre 500 y 50.000 unidades de multa, que actualmente equivalen a $2215 cada una. Asimismo, el Ejecutivo provincial podrá efectuar la suspensión o revocación de licencias vinculadas a la actividad publicitaria del operador anunciante.

La legisladora indicó que naciones como España, Italia, Países Bajos y Bélgica ya han prohibido el patrocinio de casas de apuestas en equipos deportivos. A nivel nacional, la Unión Argentina de Rugby prohibió por autorregulación el ingreso de estas marcas en sus campeonatos en 2024. Cabe recordar que el massismo ya había llevado esta propuesta al Congreso de la Nación hace dos años, a través de la diputada Micaela Morán.

Actualmente, varios clubes de la Primera División cuentan con casas de apuestas como principales sponsors, siendo los casos más destacados Boca y River. Incluso el campeonato 2024 se disputa bajo el nombre “Torneo Betano”. Ante esta situación, el diputado bonaerense Carlos Puglelli pidió que todos los bloques de la Legislatura lleguen a un acuerdo para redactar un megaproyecto que reúna las principales propuestas contra la ludopatía online.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, se refirió a la jornada de debate sobre reforma política en la que participó y sostuvo la necesidad de avanzar en cambios estructurales en el sistema institucional bonaerense.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que el encuentro fue convocado con el objetivo de realizar un análisis integral sobre posibles modificaciones. “Hoy participé de una jornada que estamos convocando para hacer un análisis sobre reforma política”, señaló.

Según detalló, la actividad se organizó en tres ejes principales: acceso a la información pública, boleta única de papel y el sistema de PASO. En este último punto, Civale tuvo a su cargo la coordinación de una de las mesas, centrada en discutir eventuales cambios en las elecciones primarias.

En su intervención, consideró que el contexto actual resulta propicio para dar este debate. “Creo que es un momento interesante para discutir en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos en un año que no es electoral, una reforma integral al sistema político”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar modificaciones que fortalezcan la autonomía municipal y otorguen mayor previsibilidad a los procesos electorales.

El dirigente también valoró el desarrollo del encuentro y destacó la participación tanto de especialistas como del público. “Creo que fue altamente positiva, no solo por la participación de grandes expositores, sino por la participación de vecinos y gente de la Cámara”, expresó.

Finalmente, Civale planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para avanzar con las iniciativas. “Esperamos que los espacios políticos del oficialismo, como otros espacios de la oposición, acompañen una serie de proyectos que venimos presentando en este sentido”, concluyó.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario donde distintos sectores impulsan debates sobre reformas políticas y electorales, tanto a nivel provincial como nacional.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, ingresó a la Legislatura dos nuevos proyectos de ley orientados a realizar una reforma electoral en el territorio bonaerense. La iniciativa busca garantizar mayor autonomía institucional y mejorar la calidad del proceso democrático en los 135 municipios que integran la provincia.

Por un lado, la propuesta del legislador de UCR + Cambio Federal establece el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. El objetivo es asegurar que los bonaerenses elijan gobernador, legisladores e intendentes en un proceso electoral propio. Según explicó Civale, la medida busca “que la Provincia pueda discutir su propio proyecto político sin quedar subordinada a la dinámica nacional”.

El proyecto para consagrar la reforma electoral fija un calendario estable y previsible que elimina la discrecionalidad en la convocatoria y garantiza plazos claros. “La reforma electoral establece que los comicios generales de la provincia de Buenos Aires deberán llevarse a cabo dentro de los 150 días posteriores al inicio del periodo de sesiones ordinarias, que constitucionalmente ocurre el primer día hábil de marzo. De esta manera, se asegura que la Provincia concluya su proceso como máximo a fines de julio, lo que otorga tiempo y previsibilidad a la transición de gobierno”, remarcó el diputado en los fundamentos de la iniciativa.

En paralelo, el legislador del radicalismo impulsó la creación de un Tribunal Electoral de alzada, que permitirá revisar las decisiones de la Junta Electoral Bonaerense con un criterio técnico, especializado y en plazos abreviados. Matías Civale sostuvo que “son herramientas que fortalecen la institucionalidad y garantizan reglas claras en el sistema electoral bonaerense. Desde la UCR queremos una provincia de Buenos Aires con mayor autonomía, donde los habitantes puedan debatir sus problemas y elegir sus autoridades sin interferencias”.

El dirigente bonaerense planteó que la reforma del sistema electoral es una discusión que debe darse en un año no electoral y convocó a todas las fuerzas políticas a acompañar la propuesta. “Es una oportunidad para mejorar la votación, darle previsibilidad a los ciudadanos y fortalecer la democracia en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

“Defender la autonomía de la provincia de Buenos Aires y de los municipios es clave para construir un modelo que represente verdaderamente a los ciudadanos”, concluyó.

Finalmente, el diputado enmarcó estas iniciativas en una visión de autonomía que también impulsan otros legisladores del radicalismo. La senadora Nerina Neumann propuso una enmienda a la Constitución bonaerense para dotar de mayores atribuciones a los distritos, señalando que el reclamo “se mantiene vigente desde el retorno de la democracia en 1983”. Por su parte, el diputado Diego Garciarena retomó una propuesta para convocar a una Convención Reformadora que defina los alcances de la autonomía municipal y las modificaciones necesarias a los artículos 190° a 197° del texto constitucional.

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley que busca saldar una deuda histórica en la normativa provincial: la incorporación de licencias por maternidad, paternidad y adopción para los integrantes de los concejos deliberantes. La iniciativa propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, dado que actualmente los concejales no cuentan con estos beneficios, a diferencia de los 138 legisladores provinciales y los trabajadores estatales.

La propuesta contempla que las concejalas puedan acceder a una licencia por maternidad de 90 días con goce íntegro de su dieta. Este período podrá iniciarse hasta 40 días antes de la fecha probable de parto. En casos de nacimientos prematuros o de riesgo, el beneficio se extenderá desde el alta médica del recién nacido, garantizando el cuidado en contextos de vulnerabilidad sanitaria.

Al fundamentar la medida, Rasquetti señaló que estas licencias son fundamentales para el desarrollo infantil. “Las licencias por maternidad, paternidad y adopción resultan fundamentales por su potencial contribución al desarrollo infantil, ya que está demostrado que la estimulación temprana contribuye a generar más conexiones neuronales”, argumentó la legisladora del Frente Renovador.

En cuanto a la licencia por paternidad, el texto establece un plazo de 15 días con goce de haberes. Además, incluye una previsión excepcional: en caso de fallecimiento de la madre durante el parto, el progenitor podrá acceder a una baja de 90 días para garantizar la cobertura institucional ante una situación de extrema gravedad.

El proyecto también reconoce el derecho a licencias por adopción para todos los géneros. De aprobarse, los ediles gozarán de 90 días de licencia desde el momento en que se otorgue la guarda con fines adoptivos. Según Rasquetti, “las políticas de primera infancia son la mejor inversión que puede hacer una sociedad”, vinculando la propuesta con una estrategia de desarrollo social a largo plazo.

Finalmente, la iniciativa busca igualar derechos con los miembros de la Cámara de Diputados, quienes ya cuentan con este régimen. Cabe recordar que esta propuesta se suma a la reforma del sistema de adopción impulsada por el senador provincial Marcelo Feliú y promulgada por el gobernador Axel Kicillof, que redujo los plazos del Poder Judicial de 180 a 90 días para agilizar los procesos en la provincia.

A raíz del tiroteo ocurrido en una escuela del municipio santafesino de San Cristóbal, donde un estudiante perdió la vida, la diputada bonaerense Luciana Padulo volvió a poner en agenda la necesidad de implementar la educación emocional en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

La legisladora del Frente Renovador lamentó el episodio y aseguró que este tipo de enseñanzas para niños y adolescentes funcionan como un método de prevención ante tragedias similares. En diálogo con medios legislativos, Padulo resaltó que la normativa busca que las escuelas cuenten con recursos para legitimar y conversar sobre las emociones de los alumnos, las cuales describió como cada vez más disruptivas y ansiosas. “Esto es una tragedia que podría haber sido prevenida. Si por ahí hubiera estado un poco más involucrado el Estado, que está cada vez más en retroceso respecto a estas cuestiones que aquejan a la comunidad, capaz se hubiese evitado”, DIJO.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. El objetivo central es desarrollar el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales y la empatía en pos de la protección de la salud mental.

Padulo advirtió sobre el contexto social actual, marcado por la ansiedad y el aislamiento digital. Al referirse a la localidad donde ocurrió el hecho, un pueblo ferroviario de 15 mil habitantes, señaló el impacto del panorama financiero negativo sobre el ánimo social: “Pone a todos de mínima de mal humor, es una combinación explosiva”

La iniciativa no establece lineamientos pedagógicos rígidos, sino que delega en la Dirección General de Cultura y Educación el diseño de un plan específico. Según la diputada, es fundamental que el dispositivo sea transversal y formal para no depender exclusivamente de la voluntad individual de los docentes que actúan cuando ven que a algún chico le pasa algo.

Finalmente, la autora de la propuesta enfatizó que la ley permitiría abordar problemáticas como el bullying, el grooming y el suicidio.

“Si nosotros le diéramos la oportunidad a todos los niños de una cierta edad para que puedan hablar de lo que les pasa y legitimar esas emociones que aparecen, se podría evitar no solo esta tragedia, sino un montón de otras”, concluyó la legisladora de la Quinta sección.

La diputada bonaerense Ayelén Rasquetti presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear una bolsa de pasantías unificada destinada a estudiantes y jóvenes profesionales en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca centralizar la oferta de prácticas y facilitar el acceso a experiencias laborales en el Estado provincial mediante un sistema organizado.

La legisladora del bloque Fuerza Patria planteó que el propósito fundamental consiste en “conjugar la oferta y demanda de servicios necesarios” dentro del sector público bonaerense. Bajo esta premisa, el sistema permitirá vincular a los alumnos universitarios con áreas específicas de la gestión que requieran perfiles técnicos o profesionales determinados.

El proyecto dispone la creación de una autoridad de aplicación que el ejecutivo liderado por Axel Kicillof deberá definir. Este organismo coordinará su funcionamiento con las universidades adherentes y contará con un diseño institucional que incluye la participación de distintos poderes. Según el texto, la entidad estará conducida por un directorio de siete miembros con representación de la conducción provincial, el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia y las instituciones académicas.

La estructura contempla un presidente designado por el gobierno y seis vocales con mandatos de cuatro años, garantizando una conducción mixta. La herramienta central será una plataforma digital donde los postulantes podrán inscribirse y acceder a las propuestas, mientras que el sistema registrará las ofertas bajo criterios que defina la autoridad pertinente.

En los fundamentos de la propuesta, Rasquetti sostuvo que las pasantías permiten a los estudiante “aplicar sus conocimientos en un entorno real, desarrollando habilidades, permitiendo contactos profesionales, acercándolos a una futura trayectoria laboral”, lo cual resulta clave para fortalecer la inserción en el mercado de trabajo.

Esta iniciativa surge en un contexto complejo para el empleo. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia registró una caída sostenida de la actividad, con una pérdida de 4.660 empleadores y más de 90 mil puestos de trabajo registrados en el último período analizado.

El proyecto se complementa con el reciente Régimen Provincial de Promoción de Empleo Joven, que apunta a incorporar al mercado laboral a personas de entre 18 y 25 años. Dicha normativa establece mecanismos como el entrenamiento para el trabajo, con jornadas de entre cuatro y ocho horas diarias por hasta 12 meses, buscando facilitar la transición hacia empleos formales en el sistema productivo.

En el marco de un debate histórico que busca redefinir el rol de los gobiernos locales, ingresaron a la Legislatura bonaerense dos proyectos de ley que proponen una reforma constitucional para dotar de autonomía municipal a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca modificar el Régimen Municipal contemplado en los artículos 190 al 199 de la carta magna provincial. El objetivo central es otorgar a las comunas autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional, reconociéndolas como unidades con capacidad de gestión propia sobre sus recursos y normativas.

Desde los fundamentos de la propuesta, se argumentó que el reconocimiento de la autonomía plena es un reclamo que data de 1983. En este sentido, se destacó que la pandemia de coronavirus en 2020 puso de manifiesto la importancia de los intendentes en áreas críticas como la salud pública, seguridad, producción y control de precios, lo que aceleró la necesidad de descentralizar el poder de decisión.

El proyecto presentado en el Senado por la senadora Nerina Neumann propone un nuevo régimen que incluye la creación de cartas orgánicas, la definición de competencias territoriales y la determinación de recursos propios, considerando a la coparticipación como parte integrante de los ingresos comunales. Según el texto parlamentario, esta medida permitiría que los municipios dejen de ser meras delegaciones administrativas para convertirse en fenómenos sociales e históricos con poder real de gestión.

“Desde el año 1983, con el inicio del período democrático, se reclama el reconocimiento de la autonomía plena de nuestros municipios”

Por otro lado, la propuesta elevada a la Cámara de Diputados por el diputado Diego Garciarena plantea la convocatoria a una Convención Reformadora para ajustar los artículos 190 a 197. Esta postura sostiene que los controles de gestión deben ejercerse desde el seno mismo de los municipios y no exclusivamente desde la capital provincial, garantizando un conocimiento directo del territorio donde se adoptan las decisiones.

“Los tiempos actuales exigen mayor poder de decisión de los gobiernos municipales, como así también mayor responsabilidad de gestión”

Entre los puntos destacados de la reforma, se establece que la administración de los servicios locales seguirá a cargo de un departamento ejecutivo y uno deliberativo. Asimismo, se busca que las municipalidades tengan facultades para votar su presupuesto, dictar ordenanzas y recaudar contribuciones, siempre bajo un esquema de responsabilidad directa de los funcionarios por el cumplimiento de sus deberes.

Diputados bonaerenses del bloque PRO presentaron un proyecto de ley para crear el Programa de Prevención, Reconocimiento y Actuación ante la Anafilaxia en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La propuesta, que contó con el acompañamiento de los legisladores Martín Endere y Rita Sallaberry, persiguió el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema sanitario y de las instituciones civiles ante emergencias alérgicas.

La iniciativa, bautizada como Ley André, definió a la anafilaxia como una reacción alérgica severa, inesperada y de evolución rápida que pudo provocar la muerte si no se actuó con celeridad. En ese sentido, los autores del proyecto remarcaron que la administración inmediata de adrenalina constituyó el tratamiento de primera línea para revertir estos cuadros y evitar complicaciones graves.

El programa contempla la aplicación de protocolos en diversos ámbitos institucionales donde la detección temprana resultó determinante, tales como establecimientos educativos, clubes deportivos, asociaciones culturales y colonias de vacaciones. En lo que respecta al sistema educativo, tanto las instituciones de gestión pública como privada debieron garantizar capacitaciones específicas para su personal directivo, docente y nodocente sobre el reconocimiento clínico de la reacción y el uso de dispositivos de adrenalina.

El proyecto de ley encontró parte de su fundamento en un caso ocurrido en la ciudad de Pergamino durante diciembre de 2025, cuando un niño de seis años llamado André sufrió una reacción anafiláctica grave. En aquel momento, los médicos administraron la medicación necesaria para estabilizarlo y, tres días después, el menor fue derivado a un centro especializado en la ciudad de Rosario, donde se confirmó el diagnóstico de shock anafiláctico.

A partir de esa experiencia personal, la madre del niño, Gisela Raimundo, inició una serie de acciones de concientización. La mujer, quien se desempeñó como terapeuta ocupacional, visibilizó la necesidad de que los entornos cotidianos contaran con protocolos claros de actuación ante emergencias de este tipo.

Según lo estipulado en el articulado, la autoridad de aplicación quedará a cargo de un organismo designado por el gobierno provincial. Dicho ente tendrá la responsabilidad de elaborar un Protocolo Provincial de Actuación ante Anafilaxia, que será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones alcanzadas por la normativa.

Finalmente, la propuesta legislativa invita a los municipios bonaerenses a adherir a la norma y a desarrollar programas complementarios en sus distritos. En caso de ser aprobada, el gobernador contará con un plazo de 180 días para reglamentar su implementación y asignar las partidas presupuestarias correspondientes para garantizar su funcionamiento.

El diputado bonaerense y titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, ingresó a la Legislatura la Ley Joaquín, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge a partir de un hecho trágico que conmovió a la sociedad, la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció luego de que un arco de fútbol sin fijación se desplomara sobre su cuerpo durante una actividad recreativa, una situación que, según remarca el legislador en los fundamentos del proyecto, es absolutamente evitable con controles y normas adecuadas.

En los argumentos que acompañan la propuesta, Tignanelli advierte que el caso de Joaquín no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una sucesión de accidentes graves ocurridos en distintas provincias del país desde 2007, muchos de ellos con consecuencias fatales, todos vinculados a la falta de anclaje, mantenimiento o supervisión de arcos deportivos utilizados por menores de edad en contextos recreativos.

En tanto, el diputado Tignanelli fundamenta la propuesta en la ausencia de una normativa nacional que regule de manera integral la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y otros dispositivos similares, y señala como antecedente experiencias internacionales, como las regulaciones vigentes en Francia y las normas de la Unión Europea, que establecen requisitos de seguridad para prevenir lesiones y muertes en ámbitos deportivos.

Desde esa perspectiva, el titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados bonaerense sostuvo que “es responsabilidad del Estado garantizar que los espacios de juego y recreación sean entornos seguros”, al tiempo que remarcó que la protección de la infancia exige políticas preventivas que actúen antes de que ocurran hechos irreparables, una premisa que atraviesa todo el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense.

En cuanto al contenido normativo, la Ley Joaquín que impulsa Tignanelli desde su banca en Diputados establece como objeto principal la obligatoriedad de medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados, con el fin de prevenir accidentes y proteger a niños, niñas y adolescentes.

Entre las medidas concretas, el articulado ingresado a la Legislatura bonaerense dispone la exigencia de anclajes, sistemas de contrapeso o sujeción permanente para arcos de más de 20 kilos, la incorporación de protecciones acolchonadas en pisos, columnas y paredes, y la correcta disposición de los elementos removibles cuando no estén en uso, en línea con las recomendaciones técnicas de profesionales matriculados.

Al mismo tiempo, la iniciativa de Tignanelli fija un esquema de control y supervisión periódica, a cargo de profesionales habilitados, que deberán emitir certificaciones técnicas que acrediten el cumplimiento de las condiciones de seguridad, las cuales deberán exhibirse de manera visible en los establecimientos alcanzados por la Ley Joaquín.

Finalmente, el proyecto asigna a los municipios de la provincia el rol de autoridad de aplicación, con facultades para fiscalizar, sancionar incumplimientos, promover campañas de concientización y coordinar acciones con instituciones educativas y deportivas, además de establecer un plazo máximo de adecuación de las instalaciones, consolidando así un marco legal orientado a evitar nuevas tragedias como la que dio origen a la Ley Joaquín.

Tras arribar a un acuerdo con la oposición “dialoguista”, el oficialismo convocará a su primera sesión en el período extraordinario para el jueves de la semana próxima con un tema por demás sensible: la reforma del régimen penal juvenil y, con ella, la baja de la edad de punibilidad de los menores en conflicto con la ley.

Si bien los libertarios pretendían insistir con el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo en 2024, que fijaba el piso de imputabilidad en 13 años, finalmente se acordó avanzar con el dictamen que se suscribió en mayo del año pasado y que, a instancias de las bancadas dialoguistas, contempla reducir a 14 el mínimo de punibilidad.

“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, admitieron en el oficialismo luego de que Pro y la UCR advirtieran que solo votarían el dictamen acordado en mayo, pero que nunca llegó a debatirse en el recinto.

El acuerdo se selló durante una reunión convocada este mediodía por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los jefes de bloque de la oposición. Allí se definió que el martes próximo se constituirán las comisiones correspondientes para, al día siguiente, ratificar el dictamen que se firmó el año pasado pero que perdió estado parlamentario en diciembre. La hoja de ruta se completará el jueves 12, con la sesión convocada en el recinto.

El oficialismo se muestra confiado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión ”, deslizó un encumbrado miembro de la bancada. En efecto, salvo un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques se anticipó predispuesto a acompañar la iniciativa, con lo cual es altamente probable que sea convertida en ley por el Senado antes de la finalización del período extraordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que la condena máxima que podrá recibir un menor será de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad únicamente se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad a la hora de impartir el castigo serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Durante la reunión con el oficialismo, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que la Nación costeara los mayores gastos que insumirá el nuevo régimen en las provincias. Los libertarios acordaron incluir en el texto una cláusula que habilitaría a celebrar convenios entre la Nación y los Estados subnacionales a medida que éstos adhieran al nuevo sistema para afrontar esos costos.

Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, de Pro; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

El martes, en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, el dirigente radical Matías Civale se convirtió en vicepresidente del cuerpo parlamentario. Este será un rol que ostentará durante todo el período legislativo y que servirá para que la Unión Cívica Radical (UCR) cuente con participación en el esquema de autoridades.

Tras finalizar su etapa como presidente del bloque Somos Buenos Aires y pasar al bloque UCR – Cambio Federal, Civale asumió su nueva responsabilidad destacando el compromiso de seguir aportando desde ese lugar a una Provincia más equitativa y con mejores oportunidades.

“Es un orgullo y una enorme responsabilidad que asumo con el convencimiento de que desde aquí puedo seguir trabajando para que los bonaerenses vivan mejor”, declaró el tandilense.

En esa misma línea, Civale aseguró que buscará “llevar la voz del interior productivo a la agenda provincial, fortaleciendo el rol de los municipios y promoviendo una mayor autonomía local”. Señaló que “este mandato implica defender una mirada del interior que muchas veces no es escuchada”.

Además, adelantó que durante su estadía en su banca impulsará una agenda legislativa vinculada a “la autonomía municipal, la regionalización y la mejora de estructuras que hoy no funcionan adecuadamente, como el sistema de salud de IOMA”.

“El objetivo es que varios de estos proyectos puedan convertirse en ley y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Es necesaria una vocación de diálogo y construcción de consensos en una etapa clave para la Provincia”, concluyó Civale.

- Presidente: Alejandro Dichiara

- Vicepresidente 1°: Alexis Guerrera

- Vicepresidente: Agustín Forchieri

- Vicepresidente: Juan Esteban Osaba

- Vicepresidente: Mariano Cascallares

- Vicepresidente: Matías Civale

- Vicepresidente: Blanca Alessi

- Secretario Legislativo: Gervasio Bozzano

- Secretario Administrativo: Miguel De Lisi

- Secretario de Desarrollo Institucional: Martín Alaniz

- Secretario de Participación Ciudadana: Sergio Errecalde

- Prosecretario Legislativo: Diego Di Salvo

- Prosecretario Administrativo: David Alcalá

- Prosecretario de Participación Ciudadana: Lucas Yacob

- Prosecretario de Desarrollo Institucional: Lucas Marino Aguirre

El diputado Alejandro Dichiara -exintendente de Monte Hermoso- fue elegido como nuevo presidente de la cámara Baja bonaerense, cargo que ya había ejercido en el período 2024, en lo que resultó una reedición de un pacto interno en el peronismo que reserva la vicepresidencia primera del cuerpo para el massista Alexis Guerrera.

Dichiara fue elegido con 84 votos y en el primer agradecimiento tras su jura agradeció “Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, al gobernador Axel Kicillof y al campañero Sergio Massa”, en ese orden, en medio de aplausos de los concurrentes.

El nuevo presidente adelantó, al asumir, que después de su período al frente del cuerpo “seguramente se reeditará” el pacto con el massismo para intercalar sus representantes al frente del cuerpo, que hasta hoy condujo Alexis Guerrera, que fue a su vez ministro de Massa e intendente de General Pinto. “Es un placer muy grande intercambiar la cámara con vos, amigo Alexis Guerrera”, le dedicó. La idea es queen 2027, luego del finalizado el período de Dichiara, vuelva a asumir Guerrera.

Dichiara no esquivó en tema más candente de la coyuntura política bonaerense: “ayer el gobernador nos pidió que votemos la ley de financiamiento”, dijo. Y aseguró que el bloque de UxP va a “tratar de buscar todos los consensos para que esa ley. “ Quédese tranquilo señor gobernador que acá hay muchísimas ganas de acompañar”.

Dichiara y Guerrera son dos representantes del equema de poder que conduce la cámara pero también el bloque de diputados de UxP, alineados con Cristina y Máximo Kirchner y Sergio Massa. El esquema de alternancia volvió a relegar al kicillofismo de los puestos de conducción de la Cámara, pese a que la victoria electoral del 7 de septiembre había alentado la posibilidad de impulsar a un nombre propio para la presidencia del cuerpo, lugar para el que pujó Mariano Cascallares.

La elección de autoridades se dio en un contexto de fricción interna en el peronismo con el tratamiento del endeudamiento como telón de fondo. Fuentes del Movimiento Derecho al Futuro habían dicho a DIB que Kicillof prioriza la aprobación del endeudamiento a la puja por los lugares de poder parlamentario.

La nueva conducción de la cámara asumirá el miércoles 10, por lo que la sesión extraordinaria, en la que se intentará aprobar el pedido de endeudamiento por algo más de 3.600 millones de dólares que viene formulando Kicillof la presidirá Guerrera.

Como vicerpesidente primero juró, en ese marco, Guerrera. En el resto de las vicepresidencias asumieron Agustín Forchieri, de PRO -que dejaría la presidencia de su bancada-; a Juan Esteban Osaba, de La Libertad Avanza, a Mariano Cascallares, hasta ahora intendente de Almirante Brown.

En el resto de los cargos renovaron su mandato Gervasio Bossano como secretario administrativo y a Miguel De Lisi como secretario administrativo. Como secretario de Desarrollo Institucional, sigue Martín Alanis. Como Secretario de Participación Ciudadana se votó a Sergio Errecalde (UP).

El Pro Secretario Legislativo será Diego Di Salvo (UP). Y el prosecretario Administrativo: David Alcalá, de la misma fuerza. Durante la sesion preparatorio juraron también los diputados y diputadas electos el 7 de septiembre.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense prohibir la venta, expendio o suministro a menores de edad de bebidas energizantes en la provincia de Buenos Aires, debido a las consecuencias que provocan en la salud este tipo de productos que tienen componentes estimulantes del sistema nervioso central.

Así se desprende de una iniciativa de la diputada, Maité Alvado, que apunta a modificar la Ley 11.748 para avanzar en prohibiciones para los menores de edad de bebidas energizantes, como Monster, Red Bull, Speed y Amper. “Muchos adolescentes los consumen antes de hacer actividad física o para mantenerse despiertos, desconociendo que su uso excesivo puede causar arritmias, ansiedad o trastornos del sueño”, sostuvo.

En los fundamentos, la legisladora explicó que la medida apunta a “proteger la salud de la población adolescente, que suele consumir este tipo de bebidas sin conocer los efectos adversos que pueden provocar en el organismo”.

En ese sentido, Alvado advirtió que, a diferencia de las bebidas alcohólicas, las energizantes no cuentan con una regulación específica que restrinja su acceso a menores, pese a que contienen altas concentraciones de cafeína y otras sustancias que pueden alterar el ritmo cardíaco, la presión arterial y el sistema nervioso.

Bebidas energizantes en la mira

En Argentina se toman unos 125 millones de latas de bebidas energizantes al año y su consumo excesivo puede provocar un aumento de la presión arterial, taquicardia, arritmia cardíaca, irritabilidad, angustia y depresión, entre otros. A base de agua y aditivos, la mayoría de ellas, sin importar la marca, tiene una alta concentración de cafeína como estimulante.

La composición de las bebidas energéticas es variada y, en muchos casos, poco transparente. Además de la cafeína, que puede oscilar entre 75 y 260 miligramos por lata de 355 a 473 mililitros, estos productos suelen contener grandes cantidades de azúcar -de 30 a 70 gramos por porción, lo que equivale a hasta 15 cucharaditas- y una mezcla de otros estimulantes como taurina, ginseng, guaraná y ginkgo.

De acuerdo con el proyecto, se entiende por bebidas energizantes “aquellas que se promocionan o comercializan con la finalidad de producir estímulo, energía o mayor rendimiento físico o mental, y que contienen cafeína, taurina, guaraná, ginseng, glucuronolactona o cualquier otra sustancia con efectos similares”.

El proyecto incorporara la prohibición de venta en todos los establecimientos comerciales de la provincia y establece multas, clausuras temporales o definitivas y el decomiso de los productos en infracción en caso de incumplimiento. Además, prevé la obligación de exhibir cartelería visible que indique que “se encuentra prohibida la venta de bebidas energizantes a menores de 18 años”. 

La comisión de Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Diputados de la Provincia se reunirá el próximo martes para dar inicio al tratamiento del paquete de leyes clave que Axel Kicillof elevó para 2026 y que buscará aprobar, como pretende el gobernador, antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

El temario incluye en los puntos 6, 7 y 8 la ley de Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento provincial por hasta US$ 3.035 millones. Los tres proyectos constituyen el “paquete fiscal” que Kicillof busca sancionar antes de fin de año, momento de recambio de la Legislatura.

Si el debate en comisión fluye, el oficialismo buscará llevar al recinto los proyectos el miércoles 26 de noviembre o a más tardar, una semana después, el 3 de diciembre. Con los tiempos justos, la gran batalla parece estar en encontrar un acuerdo en dentro del peronismo, ya que muchos intendentes (y legisladores) que responden al kirchnerismo piden incluir un fondo fijo para sus municipios y no atado al endeudamiento que proyecta la Provincia.

Pero desde los bloques opositores anticiparon que pondrán condiciones para negociar la aprobación. Entre los reclamos, además de la revisión del fondo de inversión municipal, aparecen modificaciones en las escalas de Ingresos Brutos, ajustes al Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, y hay dudas sobre el pedido de endeudamiento.

Cabe recordar que el Gobierno provincial contempla en las leyes que presentó para el ejercicio 2026 gastos por 43 billones de pesos, un superávit económico de 0,5 puntos, el fortalecimiento de la inversión en obra pública, no incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos y solicita un financiamiento de más de 3.000 millones de dólares para afrontar pagos de deudas. Por el lado del sector productivo estiman inversiones de 60.000 millones de pesos.

A diferencia de los proyectos, la ley de leyes obliga al Gobierno a reunir los dos tercios de los votos en ambos recintos: 31 manos en el Senado y 62 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo que reúne 21 senadores requiere de al menos diez manos más de las propias, mientras que en la baja de 25 voluntades.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia Buenos Aires  podría tratarse el proyecto de ley que se presentó a mediados de año para condonar las deudas del Fondo Covid que acarrean los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires.

En el primer lugar del orden del día de la sesión del miércoles figura el proyecto que lleva la firma los diputados radicales Diego Garciarena y Valentin Miranda, los kirchneristas Berenice Latorre y Juan de Jesús, y el ritondista del PRO, Matías Ranzini. Una normativa que pone en apriete a Kicillof.

La iniciativa, establece la condonación del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la contención fiscal”, también llamado Fondo Covid, y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”, que fue creado en 2023 con el objetivo de coadyuvar a los gobiernos municipales para el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los estatales. El monto que debería perdonar el Gobierno provincial es de unos $7.900 millones.

La presencia de esta propuesta en el orden del día, responde a que este texto parlamentario sería una de las tantas monedas de cambio que estaría pidiendo la oposición para debatir la ley de leyes. “Si no lo contemplan en el Presupuesto, vamos a tener que tratar el proyecto para condonar las deudas”, confió a un medio provincial el diputado Garciarena, uno de los autores de la ley.

Vale recordar que el pedido para condonarle las deudas a 135 municipios se conecta directamente con el Presupuesto 2026, incluso antes de que este último fuera enviado a la Legislatura. 

La aprobación del Presupuesto 2026 obliga al Gobierno bonaerense a reunir los dos tercios de los votos en ambos recintos: 31 manos en el Senado y 61 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo requiere 10 voluntades más de las propias, mientras que en la baja, de 34. En este contexto, Kicillof necesita obligatoriamente negociar con la oposición para alcanzar la mayoría especial.

La comisión de Servicios Públicos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio despacho favorable al proyecto de ley del legislador Carlos Puglelli, que incentiva a las empresas de telecomunicaciones a que remuevan el cableado eléctrico aéreo de la vía pública que se encuentre en desuso, cortado o suelto.

En ese sentido, la normativa obliga a las empresas que corten el cableado en desuso, que se intensificó con el desarrollo de las redes de telecomunicaciones y de trasmisión de datos, en las que las nuevas tecnologías como la fibra óptica o el 5G dejaron obsoleto gran parte del tendido eléctrico tradicional de las ciudades.

“Los tendidos en desuso no solo implican un riesgo físico sino que también simbolizan una forma de contaminación visual que degrada el entorno urbano y desincentiva la inversión en zonas afectadas”, alegó el legislador del Frente Renovador en los considerandos de su texto.

Frente a esta situación, Puglelli propone crear un régimen que imponga a las firmas prestadoras de telecomunicaciones la obligación de remover el cableado eléctrico en desuso en un plazo perentorio. Además, de identificar el tendido activo, con el propósito de facilitar el control y la fiscalización por parte del Estado bonaerense.

Según explicó el diputado bonaerense, el régimen se inspira en antecedentes normativos exitosos como la Ley “Chao Cables” de la República de Chile, las leyes locales N° 27.078, de telecomunicaciones y la N° 1.877, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estas experiencias demuestran que es posible compatibilizar el crecimiento tecnológico con el respeto al espacio público y la mejora de la calidad de vida urbana”, subrayó el legislador oriundo de San Andrés de Giles.

Cabe destacar que, el texto de Puglelli contempla también un régimen de incentivos fiscales para aquellas empresas de telecomunicaciones que reciclen o reutilicen el material removido, promoviendo la economía circular y la gestión sustentable de residuos tecnológicos.

Vale precisar que, los legisladores de la comisión de Servicios Públicos dieron también despacho favorable al proyecto que instituye el 21 de junio como el “Día de  concientización y prevención de accidentes por inhalación de monóxido de carbono”.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense se reunió este martes para tratar una batería de proyectos, entre los que se destacó la propuesta que busca incluir la educación emocional en el nivel inicial, primario y secundario en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, la cual tuvo despacho favorable.

De esta manera, la iniciativa impulsada por la diputada massista Luciana Padulo quedó en condiciones de ser debatido en la próxima sesión ordinaria de la Cámara baja, puesto que ya recibió el visto bueno de las tres comisiones en que fue tratado el expediente.

El proyecto, busca modificar varios artículos de la Ley provincial de Educación 13.688 para incluir la enseñanza emocional en los contenidos curriculares con el objetivo de “desarrollar el autoconocimiento, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y la empatía, en pos de la protección de la salud mental”.

En detalle, Padulo planteó la incorporación de la educación emocional en los niveles inicial, primario y secundario. “Al potenciar la inteligencia emocional, se pueden mejorar habilidades académicas, reducir conflictos interpersonales y promover un ambiente de aprendizaje positivo y motivador”, subrayó en los fundamentos del proyecto.

En los fundamentos del proyecto, Padulo remarcó la necesidad de adaptar el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires a las realidades actuales, donde los dispositivos tecnológicos y el acceso a internet exponen a los jóvenes a situaciones de riesgo como el bullying y el sexting.

De esta manera, la legisladora de Unión por la Patria propuso añadir a los objetivos de la educación primaria y secundaria la promoción de la educación emocional “a efectos de desarrollar el autoconocimiento, la autorregulación emocional, las habilidades sociales y la empatía”.

Vale aclarar que, este precepto fue presentado por Padulo en agosto de 2023 y hasta había recibido despacho de la comisión de Educación y de Salud. Sin embargo, en noviembre de 2024 el cuerpo de Legislación General decidió posponer su debate para unificar este texto con otros de igual tenor. Ante la falta de tratamiento, la propuesta perdió estado parlamentario y este año volvió a ser presentada.

Por otra parte, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja emitió despacho favorable al proyecto del senador Emmanuel González Santalla, que tiene como objeto capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de los niveles obligatorios del Sistema Educativo sobre discapacidades, neurodiversidades y/o diversidades congnitiva, el cual cuenta con media sanción de la Cámara alta.

El proyecto “Geoparque Tandilia y los picapedreros” ingresó a la Legislatura Bonaerense. Se trata de una iniciativa  impulsada por vecinos que integran la Asamblea Barrios de Piedra y otras organizaciones, y que como punto principal promueve declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación al predio de las Cavas de Cerro Leones para crear en el lugar un Parque Público Provincial de carácter educativo, histórico y ambiental.

“Este proyecto es de cada ciudadana y ciudadano que valora y agradece la naturaleza y la historia a la que pertenecemos, es bueno para los Barrios de Piedra, es bueno para Tandil, es bueno para la Provincia y el país. Permitirá, sin duda, compensar en parte por lo mucho que se extrajo dejando gran parte de los cerros destruidos, contribuirá a un proceso de desarrollo desde abajo para los barrios de piedra y la ciudad, y constituirá un ámbito magnífico de investigación, educación y recreación. Por eso, se convoca a cada tandilense a apoyar la iniciativa y a los legisladores provinciales a acompañarla con su firma”, expresaron desde la Asamblea Barrios de Piedra.

El proyecto fue iniciado como trámite parlamentario por la diputada Noelia Saavedra –del bloque Unión por la Patria-, y contó con el apoyo del concejal Nicolás Carrillo. Se trata de una iniciativa de años de trabajo e investigación ambiental e histórica, que tuvo como momento clave la primera presentación de la propuesta en la Fiesta Popular del Picapedrero 2024.

“Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble cono­cido como ‘Cavas de Cerro Leones´”, señala la iniciativa que establece además que el lugar pase a ser Reserva Natural Integral. El inmueble, continúa el tercer artículo del proyecto, será destinado a la creación del mencionado Geoparque “orientado a revalorizar el patrimonio natural, Histórico y cultural de dicho predio a través de la realización de actividades de cuidado del am­biente, educativas, culturales, recreativas y de producción popular, impulsando asimis­mo las regulaciones necesarias para la seguridad, salubridad y cuidado ambiental del predio”.

Lo presentado propone además que el Ejecutivo municipal sea quien determine la autoridad de aplicación de la legislación, así como también crear un Comité de Gestión conformado por áreas provinciales, la Asamblea Barrios de Piedra con el apoyo de Extensión de la Unicen, y organizaciones de la sociedad civil con personería jurídica.

El proyecto ingresado a la Legislatura Bonaerense elabora sus fundamentos a partir de una historización de Cerro Leones, desde fines del siglo XIX al presente. Recupera el significado histórico que tiene el lugar para Tandil, la Provincia y el país y por ser cuna de uno de los complejos serranos más antiguos del territorio nacional. Además hace mención a la importancia del trabajo de los pioneros picapedreros tanto en el aporte a obras como la del Congreso de la Nación, así como también en su protagonismo en luchas sindicales que lograron derechos laborales que perduran.

“Por todo ello preservar Cerro Leones resulta relevante para posibilitar la profundización, tanto de estudios geológicos y ambientales, como arqueológicos y antropológicos, históricos y geográficos. El Parque permitirá implementar una gestión favorable a la protección del suelo y las cuencas hídricas como también mantener la cobertura natural de la ladera oeste, poco antropizada en la actualidad, lo cual contribuirá a la preservación de la cuenca en su cabecera”, indica el proyecto.

Por su parte desde la Asamblea Barrios de Piedra, manifestaron que “naturaleza, trabajo, historia y cultura extraordinaria merecen ocupar un lugar destacado en el presente y el futuro a través de un Parque Público con finalidades educativas, culturales y recreativas. Es un proyecto que pretende sumar voluntades, reparar la invisibilización de la historia de sus pobladores originarios e inmigrantes, de los picapedreros, sus luchas, sus familias, de las instituciones que crearon y su aporte a Tandil”.

Plantearon además que “el proyecto se basa en el reconocimiento de los Cerros Movediza, Cerro Leones y aledaños como geositios valiosísimos con pasivos mineros abandonados que requieren la compensación del daño ambiental. Siendo los sitios donde se impulsó una actividad artesanal que a principios de siglo concentró al menos un cuarto de la población de Tandil y del que salieron adoquines, granitullos y todo tipo de productos del trabajo en piedra que aportaron a obras públicas en Buenos Aires y otros puntos del país, es una injusticia notable que no dejaron en esos barrios ni una calle adoquinada”.

En el mismo sentido recordaron que el “Sendero de Amistad y los picapedreros” es parte central de la iniciativa del Geoparque y que el mismo fue aprobado recientemente a nivel municipal. Por tal motivo agradecieron a las autoridades municipales, así como al concejal Nicolás Carrillo y a Alberto Linares por su aporte al proyecto presentado por la diputada Saavedra.