La Cámara de Diputados bonaerense le dio media sanción al proyecto de ley del legislador del PRO, Martín Endere, que busca crear el Sistema Único Digital de Agrupamientos Industriales (SUDAI). Esta plataforma tiene como objetivo centralizar y digitalizar los trámites administrativos vinculados con la aprobación, modificación y ampliación de parques industriales en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa modifica la Ley 13.744, que regula los agrupamientos industriales bonaerenses, y establece que los procedimientos para obtener autorizaciones deberán realizarse exclusivamente en formato digital. De esta manera, se pretende reducir las demoras, disminuir los costos operativos y eliminar la presentación reiterada de documentación por parte de los interesados.

A través del SUDAI, los organismos de la administración central y los entes descentralizados que intervengan en cada expediente podrán gestionar los trámites de estos espacios productivos. 

Durante su exposición en el recinto, el diputado Martín Endere destacó que el sistema evitará que las personas físicas o jurídicas deban trasladarse hasta La Plata para presentar papeles: “Siendo del interior y de una ciudad industrial como Olavarría, quiero evitar que todas aquellas personas del interior deban venir a la capital bonaerense cada vez que tienen una observación o deban traer una documentación”.

En los fundamentos del proyecto, el legislador señaló que la falta de un sistema compartido entre organismos provinciales y municipios genera actualmente costos innecesarios, dilación en los procesos, pérdida de documentos y problemas de comunicación. Por ello, la propuesta incorpora un sistema de seguimiento y trazabilidad que permitirá a quienes acrediten un interés legítimo consultar el estado de avance de los trámites mediante una página web o aplicación.

El texto aprobado establece que el SUDAI deberá garantizar la interoperabilidad con los sistemas de gestión de los municipios y de la administración pública provincial. Asimismo, el articulado prohíbe expresamente exigir a los interesados documentos que ya obren en poder del Estado o información a la que la administración pueda acceder por medios electrónicos.

La propuesta final incluye modificaciones introducidas por la comisión de Legislación General, que reforzaron la obligación de coordinar el sistema con las distintas jurisdicciones. 

Finalmente, Martín Endere mencionó que esta iniciativa se complementa con otro proyecto de su autoría, aún en tratamiento, que busca regularizar la situación dominial de los parques industriales existentes. “Esto significa, ni más ni menos, que quien tiene radicada su industria en alguno de los parques industriales bonaerenses no pueda obtener la escritura de su parcela. En este sentido, desde el PRO esperamos que este proyecto pueda ser también aprobado u obtener la media sanción durante este año o el próximo, para que pueda seguir facilitando los trámites que deben afrontar los bonaerenses”, concluyó

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires confirmó la convocatoria para la sexta sesión ordinaria del 2026, la cual se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre a las 15 horas. A pocos días del encuentro, la atención se centra en la posible inclusión de la mega ley de apuestas online, una iniciativa redactada por La Cámpora que aún no cuenta con confirmación oficial para el temario.

Previo a la sesión, la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía mantendrá un encuentro clave. De la reunión participará el titular del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasoff, quien responderá consultas sobre el proyecto presentado por el diputado Facundo Tignanelli. La propuesta busca implementar controles más estrictos a las empresas, regular la publicidad y crear fondos destinados a clubes y programas de salud.

Por otro lado, la Comisión de Legislación General se reunirá el lunes con el objetivo de sumar nuevos proyectos al debate, una estrategia similar a la aplicada en septiembre. Entre los temas destacados figuran las propuestas de Facundo Tignanelli para reformar el sistema judicial, las cuales cuentan con el aval de la Suprema Corte. Entre ellas, se incluye una iniciativa para reducir el Tribunal de Casación Penal, modificando la Ley N° 11.982 para que el organismo pase a tener una presidencia y 6 salas de dos miembros cada una, eliminando las sedes de San Martín, Mercedes y Mar del Plata.

Asimismo, se tratará un proyecto para establecer un sistema de presidencias rotativas en todas las Cámaras de Apelación en lo Civil y Comercial y las de Apelación y Garantías de la provincia de Buenos Aires. 

Sobre esta iniciativa, Facundo Tignanelli sostuvo: “La alternancia periódica permite una gestión transparente, fomentar la renovación de discusiones y de fijación de criterios jurídicos y, ante todo, evita una posible concentración de poder en personas singulares. Fundamentalmente, potencia las virtudes del sistema democrático que prima en nuestras instituciones”.

La agenda parlamentaria también contempla dar estado legislativo a la Ley Ema, la prórroga de empresas recuperadas y la propuesta para liberar fondos del inmobiliario rural destinados a combatir los efectos del fenómeno El Niño. Cabe destacar que, a diferencia de lo especulado inicialmente, el Senado no sesionará en la misma jornada, por lo que la actividad legislativa se concentrará exclusivamente en la Cámara baja.

En la última sesión ordinaria, la Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción a una batería de proyectos destinados a reconocer el desempeño de las selecciones nacionales de hockey en el Mundial 2026. En dicho certamen, el equipo femenino, conocido como Las Leonas, se consagró campeón, mientras que el combinado masculino alcanzó el tercer puesto del podio.

Las iniciativas de beneplácito y reconocimiento, que fueron elevadas por las bancadas de Fuerza Patria, UCR-Unión Cívica Radical y Nuevos Aires, destacan los resultados obtenidos en el torneo desarrollado en la ciudad de Amstelveen, Países Bajos. En la final, Las Leonas se impusieron ante la selección local por 3 a 1 en la definición por shoot-outs, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Con este resultado, el equipo alcanzó su tercer título mundial, sumándose a los logrados en Perth 2002 y Rosario 2010.

Por su parte, la selección masculina logró un histórico tercer puesto al vencer a Países Bajos por 2 a 1. 

El diputado del radicalismo Matías Civale impulsó el primer reconocimiento para el equipo femenino, subrayando su lugar en la historia del deporte. “La importancia de este logro trasciende ampliamente el resultado deportivo. Las Leonas se han convertido en uno de los grandes símbolos del deporte argentino y en un ejemplo de esfuerzo, compromiso, perseverancia, trabajo colectivo y superación”, destacó.

En la misma línea, la legisladora del Frente Renovador, Sofía Vannelli, presentó dos iniciativas para destacar la actuación de ambos seleccionados durante la competencia realizada en la segunda quincena de agosto. 

Asimismo, los legisladores Viviana Romano y Fabián Luayza, del bloque Nuevos Aires, presentaron proyectos que resaltaron la labor de los planteles: “El camino de ‘Los Leones’ a lo largo del certamen refleja el esfuerzo, la constancia y la resiliencia del plantel deportivo”. Sobre el equipo femenino, los integrantes del bloque dialoguista añadieron: “Con esta tercera Copa del Mundo, el seleccionado argentino se consolidó en soledad como la segunda potencia más ganadora en la historia de la disciplina, ratificando la vigencia de un modelo deportivo caracterizado por la mística, el trabajo en equipo, la resiliencia y el sentido de pertenencia que trasciende generaciones”.

El plantel de Las Leonas estuvo conformado por Cristina Cosentino, Mercedes Artola, Agustina Forzelani, Valentina Raposo, Sofía Cairo, Sofía Toccalino, Milagros Alastra, Emma Knobl, Agostina Alonso, Juana Castellaro, Victoria Miranda, Victoria Sauze, Eugenia Trinchinetti, Paula Ortíz, María José Granatto, Victoria Granato, Julieta Jankunas, Zoe Díaz, la tandilense Brissa Buggesser y Lara Casas. 

En tanto, el seleccionado masculino fue integrado por Tomás Santiago, Facundo Zárate, Nicolás Keenan, Maico Casella, Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Nehuén Hernando, Tomás Ruiz, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Lucas Martínez, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Ignacio Ibarra, Thomas Habif, Bautista Capurro, Martín Ferreiro y Lucio Méndez Pin.

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó el martes por la tarde la adhesión provincial a la Ley Nacional N°27.797, conocida popularmente como Ley Nicolás. La normativa, sancionada originalmente en 2025, tiene como objetivo principal establecer un marco jurídico e institucional para garantizar una asistencia sanitaria segura y reducir los casos de mala praxis médica.

La iniciativa es el resultado de la lucha impulsada por Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna, un joven deportista que falleció en 2017 tras recibir un diagnóstico equivocado. La ley busca implementar herramientas clave para mejorar la calidad del sistema, tales como la historia clínica digital única y la certificación periódica de los profesionales de la salud.

El proyecto fue impulsado por las senadoras Mónica Macha, de Fuerza Patria, y Betina Riva, de La Libertad Avanza. Tras unificar sus propuestas en comisión, la iniciativa obtuvo la media sanción en la tercera sesión ordinaria del Senado antes de su aprobación definitiva en la Cámara baja.

Durante su intervención, Mónica Macha destacó el proceso de construcción de la ley junto a organizaciones como Por la Salud y por la Vida, de la cual forma parte Gabriela Covelli. Al respecto, la legisladora señaló: “Vamos encontrando muchas madres y padres que, frente a la tragedia de perder un hijo en condiciones evitables, comienzan una instancia de una militancia y una participación enormes para poder avanzar, en principio, en proyectos de ley que puedan cambiar esas realidades”.

Por su parte, la senadora Betina Riva valoró el consenso alcanzado y subrayó la importancia de abordar la problemática de manera integral, incluyendo el bienestar de los trabajadores del sector. Riva afirmó: “Es muy importante, cuando pasan casos como este no centrarse en uno de los dos. Esta es una Ley que va a trabajar sobre los errores evitables, lo que pueden llegar a ser señales de alerta para que cada se trabaje dentro de las instituciones donde puede haber algún error, para que no vuelva a ocurrir”.

En los meses previos, diversos sectores políticos trabajaron en conjunto para lograr este avance. En junio, los diputados Fabián Luayza, Gustavo Cuervo, Viviana Romano y Lucía Iañez mantuvieron encuentros con Gabriela Covelli y Susana D’Agosto para avanzar en la propuesta. Sobre el impacto de la medida, Fabián Luayza concluyó: “La ley busca evitar nuevos casos como el de Nicolás y pone en valor a la salud pública, porque genera los mecanismos para que no vuelvan a ocurrir casos de mala praxis”.

- Historia Clínica Digital Única: Implementación obligatoria, interoperable (permite que cualquier profesional o institución médica pueda consultar tu historial clínico) y encriptada de la historia clínica de cada paciente en todo el territorio nacional, para evitar duplicación de estudios y errores médicos.

- Cultura Justa: Fomento de un sistema que aliente a los profesionales de la salud a reportar fallas y errores de manera transparente, orientándose a prevenir daños futuros y corregir “errores del sistema” antes de sancionar injustamente.

- Certificación Profesional Obligatoria: Exigencia de certificar periódicamente las condiciones físicas, cognitivas y el estado de salud de todos los profesionales de la salud.

- Registro de Eventos Centinela: Creación de un método estandarizado que asegure la investigación de las causas detrás de incidentes graves para evitar que se repitan.

- Protocolos y Auditorías: Establecimiento de protocolos unificados de seguridad clínica y evaluaciones periódicas para las instituciones sanitarias.

La Cámara de Diputados de la Provincia llevará a cabo este martes, a partir de las 15 horas, su quinta sesión ordinaria del año. Bajo la presidencia de Alejandro Dichiara, el cuerpo legislativo abordará una nutrida agenda que incluye proyectos destinados a mitigar el sobreendeudamiento familiar y diversas iniciativas judiciales solicitadas por la Suprema Corte de Justicia.

Uno de los ejes centrales del debate será el paquete de cuatro leyes orientadas a brindar soluciones a los bonaerenses afectados por deudas con bancos y fintech, una problemática que alcanza a más de 2 millones de personas. Las propuestas buscan reglamentar la prevención de prácticas abusivas de cobranza, establecer una instancia prejudicial obligatoria y modificar el procedimiento judicial en la materia.

La postura de los bloques políticos presenta marcadas diferencias. Mientras que el peronismo, sectores dialoguistas y la izquierda despacharon los proyectos en comisiones, desde La Libertad Avanza manifestaron su rechazo total. Al respecto, desde el espacio señalaron: “Se olvidan que esta gestión recibió una inflación de 211% y un índice de pobreza de más de 50%”, cuestionando que se intente responsabilizar al presidente Javier Milei por la situación económica actual.

Por su parte, los bloques del PRO y la UCR + Cambio Federal expresaron reparos sobre el tratamiento exprés de los expedientes, aunque dejaron abierta la posibilidad de acompañar la votación. Desde el radicalismo adelantaron: “Seguramente acompañemos, pero vamos a marcar las coincidencias y diferencias en el recinto”.

Otro punto relevante del temario es la modificación de la ley que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, órgano encargado de dirimir conflictos entre contribuyentes y ARBA. La iniciativa, consensuada por diversos bloques, propone ajustar la tasa de actuación ante dicho organismo, elevando la alícuota del 0,60% al 0,75%. El objetivo es equiparar el régimen remunerativo y previsional de sus miembros con los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se tratará un expediente impulsado por Lucía Iañez (Fuerza Patria) y Valentín Miranda (UCR-Unión Cívica Radical) para implementar una audiencia preliminar obligatoria en los procesos judiciales, una medida solicitada por el miembro de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Soria, para agilizar los juicios orales. También se debatirá un nuevo marco regulatorio para la figura del Abogado del Niño, que incluye requisitos de capacitación y un sistema de sorteo digital.

Finalmente, la sesión podría incluir sobre tablas proyectos con media sanción, como la adhesión a la Ley Nicolás para la seguridad sanitaria, la creación de un sistema de gestión de riesgo ante desastres naturales y normativas para prevenir la violencia contra docentes y trabajadores de la salud.

Las comisiones de Legislación General y de Derechos del Usuario y el Consumidor de la Cámara de Diputados bonaerense avanzaron con cuatro proyectos que buscan amortiguar el sobreendeudamiento de las familias. Se trata de iniciativas que, en principio, se aprobarían este martes en la sesión de la Cámara baja, aunque una de ellas volvió a exhibir las diferencias políticas internas.

El nuevo cruce se dio alrededor de la iniciativa que presentó el diputado Facundo Tignanelli junto al Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, la cual pretende darle respaldo legal a los deudores. Si bien el texto terminó siendo aprobado en comisión, diputados del kicillofismo pusieron reparos a sus alcances y se abstuvieron en la votación.

“Tenemos algunas diferencias en cuanto a la autoridad de aplicación. Estoy convencida de que la protección tiene que ser a través de las oficinas municipales de información al consumidor y en articulación con la Dirección de Defensa del Consumidor, porque entiendo que la Defensoría del Pueblo tiene otras competencias”, expresó la legisladora Ana Luz Balor durante el debate. 

El segundo proyecto de ley incorpora el concepto de sobreendeudamiento a la Ley de los Derechos del Consumidor y Usuarios. El objetivo central es que las prestadoras de dinero brinden información clara al interesado en tomar deuda y ofrezcan la posibilidad de revisar las condiciones del crédito ante el deterioro de la situación económica, tanto general como la del deudor.

La tercera iniciativa busca prohibir las prácticas abusivas de los bancos contra los deudores y prevenir el hostigamiento en los reclamos extrajudiciales de deuda.

Finalmente, se creará el Régimen Judicial de Reestructuración de Deudas de Consumo, que permitirá a los vecinos presentar denuncias en los Juzgados de Familia y de Paz para aligerar la vía legal en los reclamos, sin necesidad de iniciar ningún trámite administrativo previo.

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados de la Provincia se prepara para una jornada clave este viernes a las 16 horas. El cuerpo parlamentario, presidido por la diputada Lucía Iañez, buscará dictaminar una serie de normativas consensuadas entre el oficialismo y la oposición, entre las que destaca la reforma del Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano encargado de resolver conflictos entre contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires.

El tratamiento de esta iniciativa, que cuenta con el respaldo del peronismo, el radicalismo y el PRO, es visto como una continuación de los acuerdos alcanzados en diciembre pasado para la aprobación del endeudamiento. 

El proyecto, presentado el 26 de agosto, propone optimizar el funcionamiento jurisdiccional mediante la ampliación de la estructura del organismo. En concreto, se plantea aumentar de uno a tres la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales, lo que implicaría la creación de 18 nuevos puestos laborales: “Cada vocal será asistido por hasta tres relatores, con título de abogado o contador, teniendo al menos uno de ellos título profesional diferente al de quien asista”.

La normativa también contempla la creación de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación, con una alícuota general del 0,60% sobre la base imponible determinada. La celeridad en el tratamiento responde a un amplio arco de apoyo político, que suma 39 diputados peronistas, 11 del PRO, tres radicales y cinco de Unión y Libertad, quedando a solo cuatro votos de alcanzar los dos tercios necesarios para su aprobación directa.

En la misma sesión, la comisión abordará otros proyectos judiciales de relevancia. Entre ellos, se encuentra la propuesta de Lucía Iañez para establecer la obligatoriedad de una audiencia preliminar en los procesos penales, una medida solicitada por el miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Daniel Soria, para “bajar el cuello de botella” previo a los juicios orales. Según se explicó, la intención es concentrar las posibilidades de acuerdos alternativos en una ventana de tiempo específica antes de fijar la fecha del debate.

Finalmente, el orden del día incluye iniciativas de Maite Alvado, sobre la recusación de magistrados ante manifestaciones de odio o discriminación, y de Ariel Archanco, que busca considerar el amedrentamiento a denunciantes como un peligro de entorpecimiento en casos de violencia de género, restringiendo las excarcelaciones en situaciones de riesgo reiterado.

Tandil dio un paso fundamental en su camino para ser declarada oficialmente como la Capital Provincial del Tenis. El pasado martes, la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados bonaerense, presidida por Marcela Basualdo, aprobó el despacho de la iniciativa presentada por el legislador radical Matías Cívale, la cual busca institucionalizar el reconocimiento a la trayectoria deportiva de la ciudad.

La propuesta destaca que Tandil se ha consolidado durante décadas como un verdadero semillero de talentos, gracias al trabajo sostenido de clubes, entrenadores y escuelas de formación, sumado al acompañamiento de una comunidad que ha convertido a esta disciplina en un pilar de su identidad. Para el diputado Matías Cívale, hablar de la ciudad implica reconocer una parte esencial de la historia del tenis argentino.

El proyecto enumera una extensa lista de figuras surgidas de instituciones locales, entre quienes se encuentran Guillermo Pérez Roldán, Mariana Pérez Roldán, Patricia Tarabini, Graciela Pérez, Franco Davin, Mariano Zabaleta, Juan Mónaco, Diego Junqueira, Máximo González, Sol Larraya Guidi y María Irigoyen. 

Asimismo, se resalta especialmente la carrera de Juan Martín Del Potro como uno de los máximos referentes deportivos de la historia tandilense.

Como parte de los fundamentos, se recordó un hito ocurrido en agosto de 2008, cuando Tandil contaba con cuatro deportistas entre los 100 mejores del ranking ATP: Juan Martín Del Potro (puesto 24), Juan Mónaco (37), Máximo González (79) y Diego Junqueira (97). Al respecto, el legislador señaló: “Cuatro de los once argentinos que integraban el Top 100 eran tandilenses”.

El diputado puso en valor el concepto de la denominada escuela local de tenis, argumentando que los logros alcanzados no son producto de la casualidad, sino de un esfuerzo generacional que involucra a familias, dirigentes y vecinos. Sobre este punto, el legislador enfatizó: “La denominada ‘escuela local de tenis’ no es fruto del azar”.

Tras la aprobación del despacho en la Comisión de Deportes, el proyecto continuará su recorrido legislativo con el objetivo de obtener el reconocimiento formal que, según sus impulsores, la ciudad ha construido a través de su aporte constante al deporte nacional.

El diputado provincial del bloque de Unión y Libertad, Martín Rozas, presentó en las últimas horas un proyecto de declaración para que el Ejecutivo provincial, a cargo de Axel Kicillof, implemente la educación financiera en las currículas de las escuelas bonaerenses. La iniciativa surge ante el creciente sobreendeudamiento y la morosidad familiar que afecta a diversos sectores.

Según advirtió el legislador, la complejidad del sistema económico actual y la expansión masiva de herramientas digitales de pago, crédito y consumo exigen fortalecer las capacidades de los adolescentes para desenvolverse de manera responsable. Al respecto, Rozas señaló que diversos indicadores muestran dificultades significativas en la población para administrar ingresos de esquemas laborales irregulares o utilizar adecuadamente las herramientas de crédito: “Si bien existen valiosas iniciativas y talleres orientados a la inclusión financiera masiva, su abordaje en el ámbito escolar resulta aún fragmentario, optativo o circunscrito a programas temporales“.

El diputado, representante de la Cuarta sección electoral, enfatizó que la alfabetización financiera es hoy una herramienta indispensable para el ejercicio de una ciudadanía plena. En este sentido, sostuvo que la formación debe brindar criterios de prevención frente a riesgos del ecosistema virtual, como las apuestas online, los consumos problemáticos digitales y las estafas electrónicas.

“La falta de una incorporación sistemática en la currícula educativa general limita el desarrollo de competencias esenciales para la vida cotidiana de millones de alumnos bonaerenses, hoy en día, la alfabetización financiera ya no puede ser considerada un saber secundario, sino una herramienta indispensable para el ejercicio de una ciudadanía plena”, declaró Rozas.

Organismos como el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostienen que esta formación contribuye al desarrollo de comportamientos económicos responsables, fomentando el ahorro y el uso seguro de servicios financieros. El proyecto busca que la Dirección General de Cultura y Educación integre estos contenidos de forma progresiva.

“En definitiva, impulsar la efectiva implementación de estos contenidos en el sistema educativo provincial bajo las competencias plenas de la Dirección General de Cultura y Educación, promoviendo prácticas pedagógicas modernas que preparen a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI”, afirmó el diputado.

La Legislatura bonaerense acumula diversas iniciativas sobre el tema desde 2024. Entre ellas, destaca el proyecto de Maricel Etchecoin Moro, que alcanzó media sanción en agosto de 2024. “Queremos darle una herramienta a nuestros jóvenes en el secundario, donde se debe poder hablar de dinero, para que aprendan a administrar tanto los escases, como la abundancia, en los dos siempre hay desafíos”, destacó la autora de la iniciativa.

Otras propuestas incluyen el plan del diputado Carlos Puglelli, presentado originalmente en 2024 y reproducido en 2026, así como los proyectos del radical Valentín Miranda y la senadora del PRO, Aldana Ahumada, quienes han buscado incluir estas temáticas en todos los niveles educativos y en la formación docente. A pesar de los múltiples intentos, la iniciativa aún no ha logrado convertirse en ley.

La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense se reunirá el próximo miércoles 16 de septiembre al mediodía. El objetivo central del encuentro es avanzar en el tratamiento de los múltiples proyectos presentados en los últimos meses que buscan mitigar las apuestas en menores de edad, los cuales permanecen sin resolución en la Legislatura.

Esta será la segunda reunión del año de la comisión, creada en febrero de 2026 para gestionar el cúmulo de expedientes sobre el juego online que se acumularon durante los últimos dos años debido a la falta de consensos entre el oficialismo y la oposición. Según la invitación cursada a los legisladores, el encuentro servirá para “debatir los proyectos de ley vinculados a la temática de prevención del juego de azar problemático, compulsivo o patológico (ludopatía)”.

La comisión está presidida por la diputada Micaela Olivetto, acompañada por Fernando Rovello como vicepresidente y Diego Garciarena como secretario. El cuerpo cuenta además con la participación de los vocales Juan Pablo De Jesús, Marcela Basualdo, Roberto Ramón Vázquez, Lucía Iañez, Jazmín Carrizo y Fabián Luayza. La particularidad de esta convocatoria radica en que se invitó a los autores de las propuestas para “exponer los alcances de sus respectivos proyectos y propiciar un intercambio conjunto”.

Actualmente, la comisión tiene 27 proyectos en condiciones de ser tratados, de los cuales 22 son de ley, 3 de declaración y 2 solicitudes de informes. Entre las iniciativas se destacan la creación de campañas de concientización, la prohibición de publicidades de apuestas dirigidas a menores y la regulación de los casinos online. También se analizarán propuestas para prohibir máquinas de slots que simulen ser entretenimiento infantil y reconocer políticas locales de prevención.

Hasta el momento, la comisión solo había tratado proyectos de declaración, como los referidos a jornadas de prevención en La Plata y la actividad “Jugados contra la Ludopatía” en Trenque Lauquen. Con esta nueva reunión, se busca unificar las propuestas en un solo texto legal que logre el consenso necesario para ser tratado en el recinto.

La Cámara de Diputados bonaerense dio media sanción hoy a un proyecto de ley destinado a reforzar el combate contra actos de discriminación en la Provincia. La iniciativa, impulsada por el vicepresidente de la Cámara, Alexis Guerrera, del Frente Renovador, busca actualizar la Ley Nacional Antidiscriminación vigente desde 1988, permitiendo a la provincia contar con su propia normativa específica en materia de protección de derechos.

Durante el debate en el recinto, Alexis Guerrera brindó un discurso en el que cuestionó a La Libertad Avanza, al señalar que existe “un sector de la política argentina que viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda” y añadió que “lo dicen en sus redes sin sonrojarse, lo dicen a micrófono abierto sin escuchar que posteriormente se retracten”. En ese sentido, el legislador sentenció: “No quiero ser cómplice de esto. Nos puede salir muy caro como sociedad”.

El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, incorpora nuevos ítems para evaluar actos discriminatorios que no estaban contemplados en la norma nacional. Entre ellos se incluyen el color de piel o etnia, el origen nacional y social, la situación migratoria, la lengua, la edad, el estado civil, la responsabilidad familiar, el trabajo, condiciones de discapacidad o salud, el perfil genético, la situación penal y los hábitos personales, sociales o culturales.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la modificación en el ámbito judicial. Ante la dificultad histórica para probar actos de discriminación cometidos por particulares, la ley establece que corresponderá a la parte actora la prueba de los hechos denunciados, mientras que la parte demandada deberá aportar una justificación objetiva y razonable de su conducta.

Sobre este aspecto, Alexis Guerrera expuso: “Todos sabemos lo que ocurre hoy con las denuncias por discriminación. Frente a la violación de estos derechos, los organismos competentes suelen tratarlos como derechos de segunda categoría y se archivan porque nadie tiene la obligación específica de investigarlos, con víctimas a las que se les exige probar lo imposible. El resultado es un círculo perverso: el derecho existe en el papel, pero su vulneración queda impune, y esa impunidad enseña a la sociedad que discriminar no tiene consecuencias”.

Las personas con discapacidad que residen en la provincia de Buenos Aires cuentan, a partir de ahora, con el respaldo de una ley que garantiza el sistema de prestaciones básicas de atención integral. La normativa contempla acciones de prevención, asistencia, promoción y protección con el objetivo de brindar una cobertura completa a sus necesidades y requerimientos específicos.

La sanción establece un marco legal inamovible que obliga de forma estricta tanto a la salud pública como a las obras sociales a proveer una cobertura gratuita y sin interrupciones en todo el territorio bonaerense. El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense convirtió en ley el proyecto de adhesión formal a la Ley Nacional 24.901, sancionada en la década de 1990. Esta formalidad legal representaba una deuda pendiente para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de quienes requieren atención especializada para llevar una vida digna.

El senador Emmanuel Santalla, impulsor de la iniciativa, destacó el impacto positivo de esta medida tras años de reclamos. Al respecto, señaló: "Esta desidia prolongada sometió a miles de personas con discapacidad y a sus familias a situaciones de extrema vulnerabilidad e incertidumbre legal, obligándolas a encarar desgastantes batallas burocráticas y judiciales para acceder a tratamientos médicos indispensables, terapias de rehabilitación, apoyos pedagógicos y asistencia cotidiana".

Tras una lucha sostenida por las personas con discapacidad, sus familias y las organizaciones que las acompañan, la Provincia dio un paso fundamental. La ley no solo consolida la gratuidad irrestricta y el derecho inalienable a las prestaciones esenciales, sino que dispone la creación inmediata de un comité especializado provincial. Este órgano tendrá la función de fiscalizar y garantizar el cumplimiento riguroso de cada cobertura, impidiendo que los efectores de salud y las obras sociales interrumpan, dilaten o nieguen los tratamientos asistenciales.

Con la sanción de esta ley, la Provincia reafirma su compromiso de sostener un Estado presente que garantice la dignidad, la plena inclusión y el desarrollo de cada persona con discapacidad, enviando un mensaje claro sobre la importancia de proteger estos derechos.

La Cámara de Diputados bonaerense convocó a su cuarta sesión ordinaria del año, la cual se llevará a cabo el próximo jueves a las 14 horas. Con un temario cargado de proyectos de ley que fueron despachados por las comisiones durante las últimas semanas, el recinto que conduce Alejandro Dichiara buscará imprimir mayor dinamismo a un año parlamentario que, hasta el momento, ha tenido una baja producción legislativa.

Entre los temas que concentrarán el debate, se encuentran propuestas que cuentan con un fuerte consenso entre el oficialismo y los sectores de la oposición. Entre las iniciativas más relevantes, se destaca el proyecto de Ley Ema, impulsado por Mayra Mendoza, que propone la creación del programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos“. Esta propuesta surge a raíz del caso de Ema Bondaruk, la adolescente que falleció en 2024 tras la difusión no consentida de imágenes íntimas.

El proyecto busca incorporar a la Ley Provincial de Educación N°13.688 contenidos sobre ciudadanía digital, privacidad y uso responsable de tecnologías. Además, establece un esquema de capacitación obligatoria para docentes y directivos. En la misma línea, la diputada Luciana Padulo presentó una iniciativa para regular el uso de la imagen de menores en ámbitos escolares, permitiendo a los padres revocar el consentimiento y estableciendo medidas para prevenir el grooming: “El hecho de incluir en las autorizaciones para el uso de la imagen, elementos de disuasión que impidan el reconocimiento del menor en estos ámbitos, permitirán un avance para frenar prácticas como el grooming”.

Otro punto central de la jornada será la adhesión a la Ley Nacional del Régimen Federal de Empleo Protegido, una propuesta de la senadora Nerina Neumann que busca fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Darío Corrao, titular de la Federación de Talleres Protegidos de la provincia (FETAP), destacó la relevancia de esta medida al señalar que la provincia de Buenos Aires cuenta con 177 de los 263 talleres protegidos de todo el país.

Finalmente, la sesión incluirá un bloque ambiental donde se analizará un proyecto de Luciana Padulo para que los desarrollos inmobiliarios incorporen corredores biológicos. La normativa busca preservar la flora y fauna autóctonas, estableciendo multas equivalentes al 2,5% del valor total del desarrollo para quienes incumplan con las disposiciones de protección ambiental.

El titular del bloque de UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, presentó nuevamente un proyecto de ley para crear en el ámbito provincial los Corredores Educativos Seguros. La iniciativa busca proteger a estudiantes, docentes y no docentes durante sus trayectos diarios.

El expediente se suma a otras propuestas presentadas en la Legislatura por las bancadas del PRO y de La Libertad Avanza, las cuales promueven la articulación con los municipios para fortalecer la seguridad en las inmediaciones de los establecimientos educativos. Sin embargo, estas iniciativas aún no han logrado el acompañamiento del bloque de Fuerza Patria, lo que ha impedido su tratamiento en el recinto.

El proyecto, que cuenta con la firma del diputado radical Matías Civale, tiene como objetivo fortalecer las condiciones de seguridad, accesibilidad y prevención en los ingresos y egresos de las escuelas de gestión estatal y privada. La propuesta prioriza entornos con mayores factores de riesgo, tales como zonas con alta siniestralidad vial, hechos delictivos, deficiencias en la iluminación o áreas rurales de difícil acceso.

“Resulta necesario abordar la problemática desde una perspectiva integral que vincule las políticas de educación, seguridad ciudadana, seguridad vial, transporte, accesibilidad, infraestructura urbana, protección de derechos y participación comunitaria”, manifestó Garciarena.

Garciarena destacó que diversos municipios, como General Pueyrredón, Pinamar, Quilmes, Merlo y Almirante Brown, ya cuentan con programas de corredores escolares, independientemente de la filiación política de sus intendentes. No obstante, advirtió que la falta de una normativa provincial genera disparidades significativas en cuanto a recursos y criterios de aplicación.

“La creación de un régimen provincial permitirá establecer criterios generales, promover la cooperación entre jurisdicciones y sistematizar las experiencias existentes. Al mismo tiempo, el proyecto respeta las competencias propias de los gobiernos municipales, estableciendo que las medidas correspondientes al ámbito local deberán instrumentarse mediante adhesión, coordinación y celebración de convenios”, sostuvo el diputado.

En paralelo, la comisión de Seguridad del Senado bonaerense debatió recientemente el proyecto de la exsenadora del PRO, Aldana Ahumada, para crear el Sistema Provincial de Senderos Escolares Seguros. El cuerpo parlamentario decidió mantener el tema en estudio, luego de que el presidente de la comisión, Sergio Berni, señalara la falta de definiciones y recursos. Por su parte, el senador Adrián Santarelli argumentó que la iniciativa debe ser gestionada por los municipios, al considerar que poseen un mayor conocimiento de las necesidades de cada localidad.

La diputada bonaerense del bloque Fuerza Patria, Cintia Romero, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el objetivo de suspender por el plazo de 10 años los desalojos en villas y asentamientos populares. La iniciativa busca implementar una nueva prórroga del artículo 70 de la Ley N°. 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012, la cual consagra el derecho a una vivienda y un hábitat digno y sustentable.

La normativa vigente prevé en su artículo 70 un mecanismo de suspensión de los desalojos en los barrios populares inscriptos, garantizando que sus habitantes no sean desplazados mientras el Estado provee las soluciones habitacionales correspondientes. Cabe recordar que en 2017 se incorporó el artículo 70 bis, que exceptúa los casos de peligro real e inminente para la integridad física de las personas por factores socio-sanitarios o riesgo de derrumbe, imponiendo la obligación de relocalización y solución habitacional definitiva por parte del Estado.

“Vencida la última prórroga a fines de 2019, la suspensión del artículo 70 perdió su operatividad, desde entonces, la provincia de Buenos Aires carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos, a pesar de que los procesos de integración continúan, en su mayoría, pendientes o inconclusos”, advirtió Romero.

Durante este período, la legisladora señaló que la protección de las familias bonaerenses que habitan los barrios populares se sostuvo casi exclusivamente por el régimen nacional: el artículo 15 de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, prorrogado por 10 años mediante la Ley N° 27.694. 

Sin embargo, Romero sostuvo que la norma nacional resulta insuficiente y, sobre todo, incierta. “Es insuficiente porque sólo alcanza a los barrios incorporados al RENABAP, cuyo relevamiento no coincide exactamente con el universo del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios”, aclaró la diputada.

En los considerandos de la iniciativa, la legisladora por la Segunda sección electoral alegó que “esta vulnerabilidad exige que la Legislatura provincial asegure, en el ámbito de su competencia, un instrumento autónomo y estable”. Respecto al plazo estipulado, Romero argumentó que se establecen 10 años en consonancia con la Ley N° 27.694. “La experiencia previa demostró que los plazos breves generan vacíos de protección y una dependencia innecesaria de los ciclos legislativos, lo cual resulta incompatible con los procesos de Integración socio-urbana”, remarcó.

Finalmente, la diputada destacó que este plazo otorga seguridad jurídica a las familias, previsibilidad a los magistrados y un horizonte temporal adecuado para la ejecución de políticas públicas en la provincia.

Diputados del oficialismo comenzaron a sondear a los distintos sectores de la oposición para convocar a una sesión el 20 de agosto. Con la misión de reactivar la actividad parlamentaria tras el receso invernal obligatorio de dos semanas, la Cámara de Diputados bonaerense inició los preparativos para su primera sesión del segundo semestre, en un año en el que todavía no se concretó ningún hito legislativo relevante.

En lo que va del año, el recinto que conduce Alejandro Dichiara sancionó pocas leyes de renombre, como la reforma jubilatoria especial para los veteranos de Malvinas o la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense. De ahí la celeridad para que la Cámara de Diputados sesione el próximo 20 de agosto, pero todo dependerá de las negociaciones entre bloques. “Se define el lunes o martes”, comunicó un legislador del oficialismo a este medio.

Lo cierto es que, aunque se convoque a sesión, el recinto aún no cuenta con un volumen significativo de proyectos debido al demorado armado de comisiones, que recién tuvo sus primeros movimientos en mayo. Por ende, muy pocas iniciativas recibieron despacho para estar en condiciones de engrosar el orden del día. Esto obliga a tratar proyectos que cuenten con el consenso de gran parte de la oposición, dado que se necesitarán dos tercios de los votos para ser aprobados, o bien apurar las convocatorias de comisiones para alcanzar los tres dictámenes que habiliten la aprobación por mayoría simple.

En caso de que el peronismo opte por esta última opción, las más necesitadas de sesionar son las comisiones de Presupuesto e Impuestos, que analiza toda propuesta que genere un nuevo gasto o modifique las arcas provinciales, y Legislación General, que dictamina todo asunto referente a normas generales. 

De los pocos temas que tuvieron algún paso por comisiones, se destaca el proyecto de la massista Ayelén Rasquetti para que las estaciones de servicio avisen con 72 horas de anticipación los aumentos de nafta. Tanto petroleras como La Libertad Avanza ya se pusieron en pie de guerra contra la propuesta.

Otra temática en auge es la creación de las Policías Municipales, un eje clamado por los intendentes del Conurbano en las reuniones con el gobierno de Axel Kicillof. El peronismo cuenta con iniciativas de Leonardo Moreno y Carlos Puglelli para dotar a los municipios de una fuerza de seguridad exclusiva. Sin embargo, el titular del bloque de senadores peronistas, Sergio Berni, ya avisó que rechaza el contenido de la propuesta.

Finalmente, temas como las reformas electorales, el futuro de las PASO, la Boleta Única de Papel y la ley integral sobre el juego online permanecen sin definiciones concretas, mientras la oposición reclama avanzar con pedidos de informe sobre seguridad y el panorama del IOMA.

Tras concluir las dos semanas de receso por las vacaciones de invierno, la Legislatura bonaerense retomará esta semana la actividad parlamentaria. El cronograma contempla una serie de reuniones de comisión orientadas a avanzar en el tratamiento de los proyectos presentados durante el corriente año.

La Cámara de Diputados concentrará la mayor parte de la actividad con tres encuentros previstos entre el martes y el jueves. El esquema comenzará con la reunión de la comisión de Juventud, presidida por Eva Limone (Fuerza Patria), mientras que el jueves será el turno de las comisiones de Industria y Minería, a cargo de Martín Endere (PRO), y de Mujer, encabezada por Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria).

Por su parte, en el Senado bonaerense, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, se llevarán a cabo dos reuniones. El martes se reunirá la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, mientras que el jueves se convocará a la comisión de Trabajo y Legislación Social, presididas por las senadoras oficialistas Laura Clark y María Rosa Martínez, respectivamente.

Este reinicio de actividades sucede tras un primer semestre marcado por un escaso movimiento legislativo. La demora en la conformación de las comisiones y la realización de apenas cinco sesiones ordinarias entre ambas cámaras dejaron una importante cantidad de proyectos pendientes.

Entre los temas centrales que aparecen en el horizonte figura la discusión de posibles modificaciones al sistema electoral con vistas a los comicios de 2027. La oposición impulsa el tratamiento de iniciativas para implementar la Boleta Única de Papel, mientras que la Junta Electoral bonaerense presentó un anteproyecto para modificar los plazos del calendario electoral.

En ese marco, la presidenta de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado, Malena Galmarini, sostuvo que “el objetivo es que las nuevas reglas electorales queden definidas antes del 31 de diciembre”. 

La agenda legislativa también incluye el tratamiento de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el paquete de proyectos enviado por el gobernador Axel Kicillof. Finalmente, en los últimos días volvió a tomar fuerza dentro de Fuerza Patria la posibilidad de debatir una reforma de la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, una iniciativa que genera diferencias tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.

La diputada de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó nuevamente una iniciativa con el objetivo de que la provincia de Buenos Aires incorpore a sus padrones electorales a los detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. La propuesta busca establecer la categoría de “elector ausente por desaparición forzada”, en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que rigen en la Argentina.

El proyecto propone modificar la Ley Electoral bonaerense para que el Registro Electoral identifique a aquellas personas que cuenten con una sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento, acompañada por una resolución o certificado que reconozca la desaparición forzada. Asimismo, la medida alcanzaría a los casos detectados por la Secretaría de Derechos Humanos u organismos competentes, aun cuando no se hubiera promovido la reconversión judicial de dicha declaración.

“La iniciativa busca institucionalizar en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires y en los centros de votación un reconocimiento permanente a quienes, siendo ciudadanos con derecho al voto, fueron privados de su libertad y de su existencia legal por el accionar estatal represivo”, señaló Vannelli.

De acuerdo con el texto, la identificación de los desaparecidos debería mantenerse de forma permanente en el padrón hasta que se comunique oficialmente el fallecimiento posterior a la identificación de restos. La condición no podrá ser eliminada por el paso del tiempo ni por razones de edad, ya que el padrón pretende funcionar como un “testimonio histórico” para la sociedad y las futuras generaciones.

En cuanto a la implementación durante los comicios, la legisladora propone que el padrón impreso identifique a los desaparecidos mediante un sombreado o resaltado distintivo. Además, se plantea la colocación de cartelería en cada establecimiento de votación con la nómina de las personas ausentes por desaparición forzada correspondientes al distrito o institución electoral.

“La identificación de electores ausentes por desaparición forzada responde a una exigencia ética de reparación histórica. Es un aporte mínimo pero trascendental para que el Estado bonaerense asuma su responsabilidad de ‘asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva’, brindando testimonio de las circunstancias que afectaron a sus ciudadanos”, se indicó.

La diputada destacó que esta medida recupera antecedentes nacionales que permitieron evitar que los formalismos civiles del pasado oculten la verdad histórica. Finalmente, el proyecto subraya que realizar el acto de votar en presencia de los nombres de quienes fueron desaparecidos refuerza el compromiso ciudadano con el Nunca Más y vincula el ejercicio democrático con la defensa de los Derechos Humanos.

El diputado bonaerense del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Matías Civale, advirtió que el debate para habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes no puede limitarse a “una necesidad coyuntural” del oficialismo. Según el legislador, dicha discusión debe formar parte de un análisis más amplio que contemple la modernización del sistema político provincial.

Luego de que el gobernador Axel Kicillof diera su aval para habilitar el debate legislativo sobre este punto, Matías Civale consideró que el tratamiento debe darse en paralelo a otros temas electorales, tales como la revisión de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel, el desdoblamiento electoral, el financiamiento de los partidos políticos y la autonomía municipal.

“La reelección de intendentes no puede discutirse aislada de una reforma política integral. Cuando uno modifica las reglas de juego pensando exclusivamente en una necesidad coyuntural o personal, está mal. Sea quien sea el que gobierne”, declaró Civale.

El secretario general de la UCR bonaerense y vicepresidente de la Cámara baja provincial cuestionó tanto la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias como el intento del oficialismo provincial de centrarse únicamente en la reelección de los jefes comunales. “Pongamos todos los temas sobre la mesa y no sólo aquello que hoy le conviene al gobierno de turno”, sentenció.

Respecto a la Ley Orgánica de las Municipalidades, el diputado remarcó que, si bien requiere una actualización, la discusión no debe circunscribirse solo a derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“La Ley Orgánica tiene más de 60 años y necesita ser modernizada. Nosotros presentamos proyectos sobre autonomía municipal porque creemos que los municipios deben tener más herramientas y más capacidad de decisión. Ahora, si la única reforma que vamos a hacer es para habilitar reelecciones indefinidas, estamos discutiendo mal“, afirmó.

En cuanto a su postura sobre las PASO, Matías Civale subrayó que el sistema trajo reglas claras para la selección de candidatos: “Si vamos a revisar ese sistema, hagámoslo pensando en mejorar las instituciones y no en la coyuntura electoral”.

Cabe recordar que el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario han sostenido que la limitación actual “excluye a los dirigentes que más cercanía tienen con la gente”, calificando de “infrecuente” que no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos. 

La ley que limita las reelecciones fue sancionada en 2016 y, aunque fue modificada en 2021, el escenario actual impide que aquellos que asumieron en 2019 y reeligieron en 2023 puedan presentarse nuevamente en 2027.

La diputada provincial de Fuerza Patria, Margarita Recalde, presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear el Programa de Padrinazgo Bonaerense. La iniciativa busca promover la inclusión de personas con discapacidad en ámbitos de participación comunitaria, tales como clubes de barrio y sociedades de fomento.

El proyecto propone que empresas, pymes y organizaciones brinden asistencia económica o material a aquellas instituciones que deseen construir, adaptar o equipar sus sedes y espacios físicos. De esta manera, se pretende facilitar el acceso a actividades recreativas y deportivas.

“En los clubes se desarrollan diferentes disciplinas sin posibilidad del acceso de personas con discapacidad, pudiendo con recursos económicos y voluntad derribar estas barreras socialmente impuestas. Muchas de estas instituciones elaboran proyectos de inclusión, pero encuentran en lo económico, una limitación”, sostuvo la presidenta de la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.

La propuesta, que ingresó en la Cámara baja, busca fomentar la articulación entre el sector privado y las instituciones civiles a través de un registro provincial bajo la órbita del Organismo Provincial de Contrataciones, cuya dirección ejecutiva está a cargo de María Victoria Anadón. Las empresas que participen de forma voluntaria podrán acceder a beneficios como prioridad en contrataciones con el Estado provincial, mejores posibilidades de acceso a líneas de financiación y una bonificación de hasta un 10% en el pago de impuestos.

Por su parte, los clubes e instituciones sociales que busquen adaptar sus instalaciones deberán solicitar su incorporación al registro, cumpliendo con las pautas y categorías que determine la autoridad de aplicación.

“El espíritu de esta ley es promover un enfoque de derechos humanos, en el que la discapacidad no sea concebida como una limitación individual, sino como una condición social que requiere la intervención activa del Estado para garantizar la equidad y la inclusión”, sintetizó Margarita Recalde.

Cabe recordar que la legisladora fue una de las impulsoras, junto a la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, de la presentación del sello Argentina Valora. Esta distinción reconoce a las empresas que implementan buenas prácticas de inclusión laboral, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en la primera jurisdicción del país en adoptar oficialmente esta iniciativa.