La diputada bonaerense del bloque Fuerza Patria, Cintia Romero, presentó en las últimas horas un proyecto de ley con el objetivo de suspender por el plazo de 10 años los desalojos en villas y asentamientos populares. La iniciativa busca implementar una nueva prórroga del artículo 70 de la Ley N°. 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, sancionada en 2012, la cual consagra el derecho a una vivienda y un hábitat digno y sustentable.

La normativa vigente prevé en su artículo 70 un mecanismo de suspensión de los desalojos en los barrios populares inscriptos, garantizando que sus habitantes no sean desplazados mientras el Estado provee las soluciones habitacionales correspondientes. Cabe recordar que en 2017 se incorporó el artículo 70 bis, que exceptúa los casos de peligro real e inminente para la integridad física de las personas por factores socio-sanitarios o riesgo de derrumbe, imponiendo la obligación de relocalización y solución habitacional definitiva por parte del Estado.

“Vencida la última prórroga a fines de 2019, la suspensión del artículo 70 perdió su operatividad, desde entonces, la provincia de Buenos Aires carece de un instrumento propio de protección contra los desalojos, a pesar de que los procesos de integración continúan, en su mayoría, pendientes o inconclusos”, advirtió Romero.

Durante este período, la legisladora señaló que la protección de las familias bonaerenses que habitan los barrios populares se sostuvo casi exclusivamente por el régimen nacional: el artículo 15 de la Ley N° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, prorrogado por 10 años mediante la Ley N° 27.694. 

Sin embargo, Romero sostuvo que la norma nacional resulta insuficiente y, sobre todo, incierta. “Es insuficiente porque sólo alcanza a los barrios incorporados al RENABAP, cuyo relevamiento no coincide exactamente con el universo del Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios”, aclaró la diputada.

En los considerandos de la iniciativa, la legisladora por la Segunda sección electoral alegó que “esta vulnerabilidad exige que la Legislatura provincial asegure, en el ámbito de su competencia, un instrumento autónomo y estable”. Respecto al plazo estipulado, Romero argumentó que se establecen 10 años en consonancia con la Ley N° 27.694. “La experiencia previa demostró que los plazos breves generan vacíos de protección y una dependencia innecesaria de los ciclos legislativos, lo cual resulta incompatible con los procesos de Integración socio-urbana”, remarcó.

Finalmente, la diputada destacó que este plazo otorga seguridad jurídica a las familias, previsibilidad a los magistrados y un horizonte temporal adecuado para la ejecución de políticas públicas en la provincia.

Diputados del oficialismo comenzaron a sondear a los distintos sectores de la oposición para convocar a una sesión el 20 de agosto. Con la misión de reactivar la actividad parlamentaria tras el receso invernal obligatorio de dos semanas, la Cámara de Diputados bonaerense inició los preparativos para su primera sesión del segundo semestre, en un año en el que todavía no se concretó ningún hito legislativo relevante.

En lo que va del año, el recinto que conduce Alejandro Dichiara sancionó pocas leyes de renombre, como la reforma jubilatoria especial para los veteranos de Malvinas o la permanencia de los beneficios impositivos para el Área Patagónica bonaerense. De ahí la celeridad para que la Cámara de Diputados sesione el próximo 20 de agosto, pero todo dependerá de las negociaciones entre bloques. “Se define el lunes o martes”, comunicó un legislador del oficialismo a este medio.

Lo cierto es que, aunque se convoque a sesión, el recinto aún no cuenta con un volumen significativo de proyectos debido al demorado armado de comisiones, que recién tuvo sus primeros movimientos en mayo. Por ende, muy pocas iniciativas recibieron despacho para estar en condiciones de engrosar el orden del día. Esto obliga a tratar proyectos que cuenten con el consenso de gran parte de la oposición, dado que se necesitarán dos tercios de los votos para ser aprobados, o bien apurar las convocatorias de comisiones para alcanzar los tres dictámenes que habiliten la aprobación por mayoría simple.

En caso de que el peronismo opte por esta última opción, las más necesitadas de sesionar son las comisiones de Presupuesto e Impuestos, que analiza toda propuesta que genere un nuevo gasto o modifique las arcas provinciales, y Legislación General, que dictamina todo asunto referente a normas generales. 

De los pocos temas que tuvieron algún paso por comisiones, se destaca el proyecto de la massista Ayelén Rasquetti para que las estaciones de servicio avisen con 72 horas de anticipación los aumentos de nafta. Tanto petroleras como La Libertad Avanza ya se pusieron en pie de guerra contra la propuesta.

Otra temática en auge es la creación de las Policías Municipales, un eje clamado por los intendentes del Conurbano en las reuniones con el gobierno de Axel Kicillof. El peronismo cuenta con iniciativas de Leonardo Moreno y Carlos Puglelli para dotar a los municipios de una fuerza de seguridad exclusiva. Sin embargo, el titular del bloque de senadores peronistas, Sergio Berni, ya avisó que rechaza el contenido de la propuesta.

Finalmente, temas como las reformas electorales, el futuro de las PASO, la Boleta Única de Papel y la ley integral sobre el juego online permanecen sin definiciones concretas, mientras la oposición reclama avanzar con pedidos de informe sobre seguridad y el panorama del IOMA.

Tras concluir las dos semanas de receso por las vacaciones de invierno, la Legislatura bonaerense retomará esta semana la actividad parlamentaria. El cronograma contempla una serie de reuniones de comisión orientadas a avanzar en el tratamiento de los proyectos presentados durante el corriente año.

La Cámara de Diputados concentrará la mayor parte de la actividad con tres encuentros previstos entre el martes y el jueves. El esquema comenzará con la reunión de la comisión de Juventud, presidida por Eva Limone (Fuerza Patria), mientras que el jueves será el turno de las comisiones de Industria y Minería, a cargo de Martín Endere (PRO), y de Mujer, encabezada por Ayelén Rasquetti (Fuerza Patria).

Por su parte, en el Senado bonaerense, presidido por la vicegobernadora Verónica Magario, se llevarán a cabo dos reuniones. El martes se reunirá la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica, mientras que el jueves se convocará a la comisión de Trabajo y Legislación Social, presididas por las senadoras oficialistas Laura Clark y María Rosa Martínez, respectivamente.

Este reinicio de actividades sucede tras un primer semestre marcado por un escaso movimiento legislativo. La demora en la conformación de las comisiones y la realización de apenas cinco sesiones ordinarias entre ambas cámaras dejaron una importante cantidad de proyectos pendientes.

Entre los temas centrales que aparecen en el horizonte figura la discusión de posibles modificaciones al sistema electoral con vistas a los comicios de 2027. La oposición impulsa el tratamiento de iniciativas para implementar la Boleta Única de Papel, mientras que la Junta Electoral bonaerense presentó un anteproyecto para modificar los plazos del calendario electoral.

En ese marco, la presidenta de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado, Malena Galmarini, sostuvo que “el objetivo es que las nuevas reglas electorales queden definidas antes del 31 de diciembre”. 

La agenda legislativa también incluye el tratamiento de las vacantes en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el paquete de proyectos enviado por el gobernador Axel Kicillof. Finalmente, en los últimos días volvió a tomar fuerza dentro de Fuerza Patria la posibilidad de debatir una reforma de la ley que limita las reelecciones indefinidas de intendentes, una iniciativa que genera diferencias tanto en la oposición como dentro del propio oficialismo.

La diputada de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó nuevamente una iniciativa con el objetivo de que la provincia de Buenos Aires incorpore a sus padrones electorales a los detenidos y desaparecidos durante la última dictadura militar. La propuesta busca establecer la categoría de “elector ausente por desaparición forzada”, en el marco de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que rigen en la Argentina.

El proyecto propone modificar la Ley Electoral bonaerense para que el Registro Electoral identifique a aquellas personas que cuenten con una sentencia de ausencia con presunción de fallecimiento, acompañada por una resolución o certificado que reconozca la desaparición forzada. Asimismo, la medida alcanzaría a los casos detectados por la Secretaría de Derechos Humanos u organismos competentes, aun cuando no se hubiera promovido la reconversión judicial de dicha declaración.

“La iniciativa busca institucionalizar en el padrón electoral de la provincia de Buenos Aires y en los centros de votación un reconocimiento permanente a quienes, siendo ciudadanos con derecho al voto, fueron privados de su libertad y de su existencia legal por el accionar estatal represivo”, señaló Vannelli.

De acuerdo con el texto, la identificación de los desaparecidos debería mantenerse de forma permanente en el padrón hasta que se comunique oficialmente el fallecimiento posterior a la identificación de restos. La condición no podrá ser eliminada por el paso del tiempo ni por razones de edad, ya que el padrón pretende funcionar como un “testimonio histórico” para la sociedad y las futuras generaciones.

En cuanto a la implementación durante los comicios, la legisladora propone que el padrón impreso identifique a los desaparecidos mediante un sombreado o resaltado distintivo. Además, se plantea la colocación de cartelería en cada establecimiento de votación con la nómina de las personas ausentes por desaparición forzada correspondientes al distrito o institución electoral.

“La identificación de electores ausentes por desaparición forzada responde a una exigencia ética de reparación histórica. Es un aporte mínimo pero trascendental para que el Estado bonaerense asuma su responsabilidad de ‘asegurar la verdad a registrar en la memoria colectiva’, brindando testimonio de las circunstancias que afectaron a sus ciudadanos”, se indicó.

La diputada destacó que esta medida recupera antecedentes nacionales que permitieron evitar que los formalismos civiles del pasado oculten la verdad histórica. Finalmente, el proyecto subraya que realizar el acto de votar en presencia de los nombres de quienes fueron desaparecidos refuerza el compromiso ciudadano con el Nunca Más y vincula el ejercicio democrático con la defensa de los Derechos Humanos.

El diputado bonaerense del bloque UCR-Unión Cívica Radical, Matías Civale, advirtió que el debate para habilitar las reelecciones indefinidas de intendentes no puede limitarse a “una necesidad coyuntural” del oficialismo. Según el legislador, dicha discusión debe formar parte de un análisis más amplio que contemple la modernización del sistema político provincial.

Luego de que el gobernador Axel Kicillof diera su aval para habilitar el debate legislativo sobre este punto, Matías Civale consideró que el tratamiento debe darse en paralelo a otros temas electorales, tales como la revisión de las PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel, el desdoblamiento electoral, el financiamiento de los partidos políticos y la autonomía municipal.

“La reelección de intendentes no puede discutirse aislada de una reforma política integral. Cuando uno modifica las reglas de juego pensando exclusivamente en una necesidad coyuntural o personal, está mal. Sea quien sea el que gobierne”, declaró Civale.

El secretario general de la UCR bonaerense y vicepresidente de la Cámara baja provincial cuestionó tanto la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la eliminación de las elecciones primarias como el intento del oficialismo provincial de centrarse únicamente en la reelección de los jefes comunales. “Pongamos todos los temas sobre la mesa y no sólo aquello que hoy le conviene al gobierno de turno”, sentenció.

Respecto a la Ley Orgánica de las Municipalidades, el diputado remarcó que, si bien requiere una actualización, la discusión no debe circunscribirse solo a derogar el límite de dos mandatos consecutivos establecido durante la gestión de María Eugenia Vidal.

“La Ley Orgánica tiene más de 60 años y necesita ser modernizada. Nosotros presentamos proyectos sobre autonomía municipal porque creemos que los municipios deben tener más herramientas y más capacidad de decisión. Ahora, si la única reforma que vamos a hacer es para habilitar reelecciones indefinidas, estamos discutiendo mal“, afirmó.

En cuanto a su postura sobre las PASO, Matías Civale subrayó que el sistema trajo reglas claras para la selección de candidatos: “Si vamos a revisar ese sistema, hagámoslo pensando en mejorar las instituciones y no en la coyuntura electoral”.

Cabe recordar que el gobernador Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario han sostenido que la limitación actual “excluye a los dirigentes que más cercanía tienen con la gente”, calificando de “infrecuente” que no haya posibilidad de que se presenten todos los candidatos. 

La ley que limita las reelecciones fue sancionada en 2016 y, aunque fue modificada en 2021, el escenario actual impide que aquellos que asumieron en 2019 y reeligieron en 2023 puedan presentarse nuevamente en 2027.

La diputada provincial de Fuerza Patria, Margarita Recalde, presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear el Programa de Padrinazgo Bonaerense. La iniciativa busca promover la inclusión de personas con discapacidad en ámbitos de participación comunitaria, tales como clubes de barrio y sociedades de fomento.

El proyecto propone que empresas, pymes y organizaciones brinden asistencia económica o material a aquellas instituciones que deseen construir, adaptar o equipar sus sedes y espacios físicos. De esta manera, se pretende facilitar el acceso a actividades recreativas y deportivas.

“En los clubes se desarrollan diferentes disciplinas sin posibilidad del acceso de personas con discapacidad, pudiendo con recursos económicos y voluntad derribar estas barreras socialmente impuestas. Muchas de estas instituciones elaboran proyectos de inclusión, pero encuentran en lo económico, una limitación”, sostuvo la presidenta de la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad.

La propuesta, que ingresó en la Cámara baja, busca fomentar la articulación entre el sector privado y las instituciones civiles a través de un registro provincial bajo la órbita del Organismo Provincial de Contrataciones, cuya dirección ejecutiva está a cargo de María Victoria Anadón. Las empresas que participen de forma voluntaria podrán acceder a beneficios como prioridad en contrataciones con el Estado provincial, mejores posibilidades de acceso a líneas de financiación y una bonificación de hasta un 10% en el pago de impuestos.

Por su parte, los clubes e instituciones sociales que busquen adaptar sus instalaciones deberán solicitar su incorporación al registro, cumpliendo con las pautas y categorías que determine la autoridad de aplicación.

“El espíritu de esta ley es promover un enfoque de derechos humanos, en el que la discapacidad no sea concebida como una limitación individual, sino como una condición social que requiere la intervención activa del Estado para garantizar la equidad y la inclusión”, sintetizó Margarita Recalde.

Cabe recordar que la legisladora fue una de las impulsoras, junto a la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, de la presentación del sello Argentina Valora. Esta distinción reconoce a las empresas que implementan buenas prácticas de inclusión laboral, convirtiendo a la provincia de Buenos Aires en la primera jurisdicción del país en adoptar oficialmente esta iniciativa.

El titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, presentó el pasado martes un proyecto de ley con el objetivo de arancelar el acceso a la salud y a la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires para aquellos extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

La iniciativa, que busca establecer un régimen de retribuciones por los servicios sanitarios y los estudios de grado en universidades provinciales de gestión estatal, cuenta con el respaldo de gran parte de la bancada libertaria y del titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich.

“La salud pública y la educación universitaria se sostienen con el esfuerzo de los contribuyentes. No resulta justo que personas que se encuentran transitoriamente en el país puedan utilizar gratuitamente estos servicios sin contar con un seguro, sin contribuir a su sostenimiento y sin asumir el costo correspondiente, mientras que en otros países la situación es completamente diferente para los bonaerenses”, sostuvo el impulsor del proyecto.

El diputado Agustín Romo justificó la medida haciendo referencia a críticas recibidas por la Selección Argentina tras el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el legislador expresó: “¿Así que hay extranjeros estudian gratis en el país y se atienden gratis en hospitales públicos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la Provincia”.

El proyecto estipula que los extranjeros con residencia temporaria o transitoria deberán solventar los costos de las prestaciones sanitarias por cuenta propia, mediante un seguro de salud o a través de un tercero obligado. En este sentido, el Ministerio de Salud de la Provincia deberá adecuar el nomenclador arancelario a través del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) para gestionar los cobros.

No obstante, la normativa contempla excepciones: ninguna persona podrá ser rechazada o condicionada en situaciones de emergencia con riesgo inminente de vida. En tales casos, el recupero de los costos se tramitaría una vez estabilizado el paciente.

Respecto al ámbito educativo, instituciones como la Universidad del Sudeste y la Universidad provincial de Ezeiza serán las encargadas de fijar las retribuciones correspondientes. “La Provincia no puede continuar financiando sin límites la formación de personas que no han asumido un compromiso permanente con el país, mientras existen estudiantes bonaerenses que necesitan mejores edificios, más tecnología, becas y condiciones adecuadas para estudiar”, manifestó Romo.

Finalmente, el texto incluye una cláusula de transparencia que obliga al Ministerio de Salud y a las universidades alcanzadas a publicar anualmente informes detallados sobre la cantidad de prestaciones, montos facturados, exenciones otorgadas y el destino final de los recursos recaudados.

En el marco de su tercera sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto que fija por ley los beneficios impositivos destinados al Área Patagónica bonaerense. La iniciativa, presentada por el diputado bonaerense de Fuerza Patria y titular del recinto, Alejandro Dichiara, busca otorgar carácter permanente a las ventajas fiscales que actualmente reciben los distritos de Carmen de Patagones, Villarino, Puán, Tornquist y parte de Saavedra.

Hasta el momento, estos beneficios, que incluyen la exención del pago del impuesto inmobiliario y del impuesto sobre los ingresos brutos, debían ser prorrogados cada cinco años. Con la aprobación de la propuesta, se busca brindar estabilidad a los productores y servicios de la región. 

Al respecto, el legislador sostuvo: "Se busca establecer la permanencia de los beneficios por entender que se trata de una zona naturalmente desventajosa y desigual en su base productiva respecto al resto por lo que se deben generar herramientas que le permitan alcanzar un desarrollo productivo sostenible".

El proyecto establece la modificación de artículos de la Ley Provincial N° 12322 y sus modificatorios. De esta manera, las ventajas para las actividades agropecuarias, comerciales, industriales y de servicios pasarán de ser promocionales a permanentes. Estos alivios fiscales contemplan una exención de entre el 50% y el 100% del Impuesto Inmobiliario urbano y rural, así como de los Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos.

Sobre la importancia de la medida, Alejandro Dichiara manifestó:  "Este tratamiento diferenciado pone a la economía y al derecho tributario al servicio de la Justicia Social, la equidad solo puede alcanzarse desde una concepción solidaria siendo el Estado quien debe procurar el bienes de la población en su conjunto"

Durante el tratamiento en la comisión de Legislación General, el bloque de La Libertad Avanza se posicionó en contra de la normativa. Por su parte, el legislador bonaerense del FIT, Christián “Chipi” Castillo, anunció la abstención de su bancada. “Nos vamos abstener porque no hay una diferenciación por beneficiario. Creemos que los beneficios sobre el Inmobiliario Rural deben ser muy específicas, para no tratar al pequeño productor igual que a los grandes. Estamos a favor que sea permanente, pero no de beneficiar a los grandes productores”, sentenció.

El diputado del bloque UCR + Cambio Federal, Matías Civale, celebró el avance de su proyecto para incorporar al ramal que conecta con Puerto Quequén dentro de la emergencia ferroviaria nacional, luego de que la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia aprobara por mayoría la iniciativa. El expediente expresa su preocupación por la exclusión del tramo dentro del esquema de reorganización del sistema de cargas que promueve el Gobierno nacional.

La iniciativa obtuvo despacho favorable durante la primera reunión del año de la comisión, que estuvo encabezada por el diputado del Frente Renovador, Roberto Vázquez. El planteo del legislador se apoya en la importancia estratégica de la terminal portuaria, por donde salen más de 90 millones de toneladas de granos por año. Según explicó Civale, el deterioro de la infraestructura obliga a trasladar la carga por vía terrestre, lo que aumenta los costos logísticos y profundiza la dependencia del transporte automotor.

“Logramos dictamen favorable en comisión de Transporte para sumarlo a la emergencia ferroviaria. El sudeste bonaerense no puede seguir dependiendo de 300 mil camiones al año que colapsan las rutas”, manifestó.

El proyecto formó parte de un conjunto de iniciativas que recibieron el aval del cuerpo parlamentario. Durante la jornada, los diputados también aprobaron expedientes que cuestionan el cierre de pasos a nivel, la venta de inmuebles ferroviarios y la paralización de obras en distintos ramales, en un contexto de críticas a la política ferroviaria de la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, Roberto Vázquez sostuvo que la comisión buscará recuperar protagonismo legislativo. “Hay que trabajar en el consenso, en el convencimiento, discutir los proyectos y llegar a un acuerdo”, remarcó el titular de la mesa de trabajo. 

Por su parte, Matías Civale confía en que el reclamo avance hacia su tratamiento en el recinto para que la provincia formalice su preocupación por un corredor clave. “Es una cuestión central que merece atención y seguimiento. Hay consenso y vamos por el recinto”, sostuvo.

De cara a los próximos meses, la autoridad legislativa adelantó que el cuerpo también impulsará una agenda propia sobre seguridad vial, incluyendo un proyecto para incorporar una materia obligatoria de educación vial en los últimos años de la escuela secundaria bonaerense.

En el marco de la segunda sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires otorgó media sanción al proyecto presentado por la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Soledad Alonso, que propone crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL). Este organismo tiene como finalidad la prevención y erradicación de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado.

El texto establece que el observatorio funcionará como un espacio de producción y sistematización de información para diseñar políticas públicas eficaces. La propuesta normativa delimita que el organismo tendrá un rol técnico, basado en la recolección, monitoreo y análisis de datos vinculados a situaciones de violencia y acoso laboral.

La legisladora plantea que el observatorio tendrá entre sus funciones centrales la elaboración de diagnósticos sobre esta problemática, a partir de la identificación de patrones, modalidades y contextos en los que se producen las situaciones de acoso. Una vez reunida esa información, el organismo podrá sugerir líneas de acción concretas orientadas a la prevención y erradicación de estas conductas en los lugares de trabajo.

El articulado prevé que el observatorio diseñe programas de difusión, concientización y capacitación dirigidos a sindicatos, empresas y asociaciones empresariales. El objetivo es que estos actores incorporen mecanismos preventivos en sus prácticas cotidianas y en los instrumentos derivados de la negociación colectiva. Asimismo, la entidad brindará asistencia técnica a las organizaciones que requieran orientación en la materia. Cabe destacar que el organismo recibirá información periódica sobre denuncias y sumarios, pero no podrá intervenir en los procesos administrativos o judiciales.

En lo que respecta a su estructura, el observatorio contaría con un Consejo Asesor integrado por representantes de los tres poderes del Estado, miembros de la Defensoría del Pueblo y de asociaciones sindicales. El diseño prevé que los integrantes del Consejo desarrollen sus funciones ad honorem. La iniciativa busca articular el trabajo entre distintas áreas del Estado y los actores sociales.

Soledad Alonso vincula su propuesta con la Ley Nacional 27.580, mediante la cual la Argentina ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta iniciativa forma parte de una agenda que la legisladora impulsa desde hace varios períodos parlamentarios, habiendo tenido antecedentes de tratamiento en 2022 y 2024.

“Resulta fundamental el rol del Estado como garante del cumplimiento de las leyes dentro de su jurisdicción al realizar políticas activas de protección para las y los trabajadores víctimas de violencia y acoso laboral”, se indicó.

Tras la media sanción, la propuesta deberá ser abordada por el Senado bonaerense para continuar su curso legislativo.

La actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de estancamiento que preocupa a diversos sectores.

Según lo expuesto por el diputado provincial de la UCR, Matías Civale, vicepresidente del cuerpo legislativo, en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la falta de consensos básicos entre las fuerzas políticas ha derivado en la postergación de sesiones clave.

El legislador señaló que, más allá de las convocatorias formales, la ausencia de acuerdos dentro del oficialismo provincial y la falta de diálogo con la oposición han bloqueado el tratamiento de expedientes fundamentales para la gestión municipal.

El eje central de la discusión parlamentaria actual gira en torno al Fondo de los Intendentes, una herramienta financiera votada a fines del año pasado que resulta vital para el funcionamiento de los municipios. 

Sin embargo, el diputado explicó que la falta de dictámenes en las comisiones de presupuesto impide que los proyectos avancen. "La verdad es que para que eso ocurra no solo se necesitan acuerdos dentro del oficialismo provincial, sino fundamentalmente con la oposición y esto no está sucediendo", afirmó el legislador, quien se mostró escéptico respecto a la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para sesionar sin dictamen.

Otro de los puntos críticos abordados durante la entrevista fue la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El diputado destacó que la problemática no se limita a una cuestión administrativa o de intermediarios, sino que responde a una deficiencia estructural en la conducción del organismo. Ante las consultas sobre las dificultades que enfrentan los afiliados, especialmente en ciudades como Tandil, el legislador fue contundente al señalar la responsabilidad directa de las autoridades provinciales.

"Acá lo que hay es una mala gestión"

Civale subrayó que, desde la oposición, “se han presentado múltiples proyectos de ley, incluyendo propuestas para otorgar autarquía al instituto, modificar la composición del directorio y agilizar la gestión de los fondos, evitando que dependan directamente del Ministerio de Economía”. No obstante, denunció que el oficialismo ha hecho uso de sus mayorías para impedir el tratamiento de estas iniciativas en el recinto. "IOMA no puede esperar. Hay muchísimas ciudades donde los afiliados deambulan, los fondos no alcanzan y los médicos salen del sistema", remarcó.

Al ser consultado sobre la viabilidad financiera de la obra social, el diputado reconoció que el sistema es solidario y enfrenta presiones inflacionarias, especialmente en el rubro de medicamentos. Sin embargo, rechazó que la crisis sea un fenómeno reciente o atribuible exclusivamente a factores externos de los últimos dos años. Según su análisis, “el deterioro es el resultado de una acumulación de problemas de gestión que requieren una intervención integral y urgente” por parte del gobierno provincial.

“Acá lo que hay es una mala gestión”, expresó el diputado provincial, al tiempo que agregó que “ese es el nombre que define la crisis del IOMA, ya que el problema no se reduce a los intermediarios ni comenzó recientemente con los cambios económicos nacionales, sino que arrastra años de deficiencias estructurales”.

La responsabilidad de esta situación recae en las autoridades del instituto y el gobierno provincial, “quienes han permitido que los afiliados pierdan prestaciones esenciales y que los médicos abandonen el sistema por falta de pago”.

A pesar de que la oposición ha presentado proyectos para darle autarquía al organismo, cambiar el directorio y agilizar el manejo de los fondos, “el oficialismo provincial utiliza su mayoría para impedir el tratamiento de estas soluciones en las comisiones legislativas”.

Finalmente, el legislador se refirió a su reciente designación como secretario general de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, tras alcanzarse una lista de unidad.

Destacó que el objetivo del espacio “es recuperar la vocación de poder y fortalecer la identidad del partido”, enfocándose en representar a la clase media y en consolidar un proyecto nacional basado en gestiones municipales y provinciales eficientes, “que hoy tienen al radicalismo gobernando cinco provincias y más de 500 municipios en todo el país”, concluyó.

La Cámara de Diputados bonaerense comenzó a debatir un proyecto de ley destinado a prevenir el uso de herramientas digitales, incluida la Inteligencia Artificial, en situaciones de acoso y bullying dentro de los establecimientos educativos. La iniciativa surge a raíz del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Moreno que falleció en 2024 tras la difusión no consentida de imágenes íntimas.

El proyecto, denominado Ley Ema, fue presentado con la firma de la diputada Mayra Mendoza, quien trabajó en la propuesta junto a Laura Sánchez, madre de la joven, y organizaciones como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

La normativa propone incorporar el inciso "z bis" a la Ley 13.688 de Educación Provincial para garantizar formación integral sobre el uso responsable de tecnologías, consentimiento, privacidad y ética en el uso de la Inteligencia Artificial. Además, plantea la actualización de guías escolares con protocolos específicos ante la violencia digital y la capacitación obligatoria para el personal docente.

"Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula. Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes", explicó Mendoza.

La diputada agregó: "La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas, estableciendo que lo virtual y lo presencial no son esferas separadas".

Por su parte, Laura Sánchez destacó la necesidad de humanizar lo digital y abordar la violencia con una perspectiva que contemple factores como género, edad y orientación sexual. "Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital. Quiero ser insistente con esto y volver a hablar de la razón humanitaria, la idea del bien", sostuvo la madre de Ema.

En el encuentro estuvieron presentes las diputadas Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto y Maite Alvado; los diputados Alexis Guerrera y Ariel Archanco; el secretario legislativo Gervasio Bozzano y la senadora provincial Mónica Macha.

La expansión de las plataformas de apuestas online y los casinos virtuales entre adolescentes encendió las alarmas en la Legislatura bonaerense, donde un grupo de diputados presentó proyectos orientados a reforzar la prevención de la ludopatía juvenil, especialmente en el ámbito escolar.

Las iniciativas fueron impulsadas por los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, quienes conformaron un espacio de trabajo legislativo para abordar una problemática que, según advierten, crece de la mano del acceso masivo a celulares, billeteras virtuales y plataformas digitales de apuestas.

Uno de los proyectos propone modificar la Ley Provincial 10.670 para incorporar de manera obligatoria programas de prevención de trastornos psicosociales en las escuelas bonaerenses, incluyendo explícitamente a la ludopatía junto con otras problemáticas como los consumos problemáticos y la violencia.

Según explicó Miranda, el fenómeno ya tiene consecuencias concretas dentro de las instituciones educativas.

“La transformación digital eliminó las barreras de tiempo y espacio. Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales, muchas veces sin control parental”, señaló el legislador.

Además, advirtió que la problemática ya se refleja en las aulas a través de situaciones de desatención, ausentismo, endeudamiento entre compañeros y una marcada caída del rendimiento académico.

En paralelo, los legisladores presentaron un pedido de informes para conocer el estado de ejecución del Plan Integral para abordar la ludopatía adolescente, anunciado por la Provincia a mediados de 2024.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre distintos aspectos vinculados a las acciones de control y prevención. Entre ellos, solicitan información acerca de si se concretó el bloqueo de direcciones IP de sitios de apuestas dentro de las escuelas bonaerenses y si se implementaron sistemas biométricos para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego.

También reclaman datos sobre la cantidad de denuncias realizadas contra operadores de juego ilegal y contra influencers o figuras públicas que promocionan apuestas online, además de estadísticas oficiales sobre la participación de menores en estas actividades.

Otro de los puntos incluidos en el pedido apunta a conocer cuáles son los programas de asistencia y acompañamiento disponibles para adolescentes afectados por la ludopatía y para sus familias.

“Necesitamos datos certeros para construir una legislación más justa y adaptada a estos tiempos para proteger a las infancias y adolescencias”, sostuvieron los diputados impulsores de la iniciativa.

El avance de las apuestas online entre jóvenes se ha convertido en una preocupación creciente en distintos puntos de la provincia y también en ciudades como Tandil, donde especialistas en salud mental y educación vienen alertando sobre los riesgos asociados al acceso temprano al juego digital y las consecuencias que puede generar en la vida social, familiar y escolar de los adolescentes.

El radicalismo bonaerense reactivó el reclamo para que los municipios puedan definir por cuenta propia el destino del 100% de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado el año pasado para asistir a las comunas frente a las dificultades financieras que atraviesan.

La iniciativa fue nuevamente puesta sobre la mesa por el diputado provincial Matías Civale, dirigente cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien planteó la necesidad de otorgar mayor autonomía a los gobiernos locales para administrar esos recursos.

“Vamos a trabajar para que los fondos que reciben los intendentes sean de libre disponibilidad. Los municipios son los que están más cerca de los vecinos y hoy atraviesan una situación muy difícil”, sostuvo el legislador.

Actualmente, los municipios pueden decidir el destino del 70% del fondo, mientras que el 30% restante se ejecuta a través de programas provinciales dependientes de las áreas de Infraestructura, Transporte e Instituto Cultural. El planteo de los intendentes apunta a que la totalidad de los recursos pueda ser administrada directamente por cada comuna.

El reclamo es compartido por sectores de la oposición, entre ellos el PRO, y también por jefes comunales del peronismo. Todos coinciden en señalar el impacto de la caída de la coparticipación y de la recaudación propia, sumado al aumento de las demandas sociales y de servicios que deben afrontar los municipios.

El FEFIM fue creado a fines de 2025 como parte de las negociaciones legislativas que habilitaron al gobernador Axel Kicillof a tomar endeudamiento. La norma estableció un piso anual de 250.000 millones de pesos para distribuir entre los municipios bonaerenses. Según se informó, hasta el momento ya fueron transferidos 13.500 millones de pesos.

El planteo cobra especial relevancia a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo a los trabajadores municipales, uno de los compromisos financieros más importantes para las administraciones locales. En ese contexto, desde la Provincia vienen advirtiendo sobre las dificultades para otorgar asistencia extraordinaria más allá de los mecanismos ya existentes.

Civale sostuvo además que “el trabajo legislativo de las próximas semanas deberá estar orientado a construir consensos que permitan fortalecer la gestión local, acompañar al interior bonaerense y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial”.

En paralelo, días atrás el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto de ley para modificar el mecanismo de distribución y ejecución de los fondos. La propuesta también contempla la participación de una comisión bicameral de la Legislatura en el seguimiento de la entrega de los recursos.

Desde Tandil, el debate es seguido de cerca por la administración local, que al igual que otros municipios bonaerenses busca contar con mayores herramientas para afrontar un escenario económico cada vez más complejo.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de ley orientado a fortalecer la inclusión y el acompañamiento integral de las personas con síndrome de Down en territorio bonaerense. La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada en el Senado provincial.

Según se informó, el texto final surgió de la unificación de distintas propuestas presentadas por legisladores de diversos espacios políticos, incorporando aportes de las diputadas Alejandra Lorden, Soledad Alonso y Sabrina Sabat. Desde la Legislatura destacaron que el consenso permitió avanzar en una propuesta “integral” vinculada a derechos, inclusión y accesibilidad.

Entre los principales puntos, el proyecto contempla la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.716 de Diagnóstico Humanizado, que establece protocolos de comunicación y acompañamiento para las familias que reciben un diagnóstico prenatal o neonatal de trisomía 21 o síndrome de Down. Además, prevé campañas de sensibilización social y la creación de una “Semana de Concientización sobre Trisomía 21/síndrome de Down”, en coincidencia con el 21 de marzo.

La iniciativa también incluyó medidas vinculadas a la detección y estimulación temprana, la atención interdisciplinaria, el acceso a la salud física y mental, la inclusión educativa y laboral, y la capacitación permanente de profesionales de distintas áreas.

Durante el debate legislativo, Garciarena sostuvo que el proyecto “tiene como centro a las personas con síndrome de Down, pero también a sus familias, a sus entornos y a quienes acompañan todos los días”. Además, remarcó la necesidad de avanzar hacia políticas públicas basadas en la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación social.

Desde distintos sectores señalaron que la media sanción representa un avance para dejar atrás enfoques meramente asistenciales y consolidar una perspectiva de derechos para las personas con discapacidad.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, presentó un proyecto para solicitar que el ramal ferroviario que conecta al Puerto de Quequén sea incorporado al nuevo esquema de reorganización del sistema ferroviario de cargas impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa del legislador apunta a que la planificación diseñada por la administración de Javier Milei contemple el rol estratégico de la terminal dentro de la red logística del país, especialmente por su vinculación con el transporte de la producción agroindustrial del sudeste provincial.

Al fundamentar el pedido, el diputado sostuvo: "Es fundamental que el Puerto de Quequén sea parte de la estrategia ferroviaria nacional. Su inclusión no solo mejora la competitividad del sistema, sino que integra a toda una región productiva que hoy necesita mejores herramientas logísticas". En ese sentido, remarcó que la conectividad ferroviaria hacia la terminal tiene un impacto directo en distritos del interior como Tandil, Balcarce, Ayacucho, Necochea, Lobería, Benito Juárez y San Cayetano.

"Estamos hablando de localidades que producen, generan empleo y necesitan infraestructura para seguir creciendo. Incluir a Quequén es fortalecer a todo el interior productivo", afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Asimismo, destacó que existen gestiones de intendentes de la región y del Consorcio de Gestión del puerto para recuperar el ramal. "Hay una agenda regional que entiende al tren como una herramienta clave para reducir costos, mejorar la competitividad y potenciar las economías locales", explicó el legislador.

Por último, Matías Civale consideró que la reorganización ferroviaria nacional es una oportunidad para avanzar hacia una planificación más equilibrada: "Necesitamos una logística que integre a todos los nodos productivos. Incluir a Quequén es un paso clave para lograr un desarrollo más federal y sostenible".

El Puerto de Quequén finalizó el mes de abril con sus seis muelles operando en simultáneo, reflejando un fuerte movimiento comercial. Actualmente, se embarcan 22.000 toneladas de maíz hacia Malasia, 30.000 de girasol a España y 24.000 de trigo a Vietnam. Con 14 buques en rada y otros siete anunciados, la terminal vincula a la provincia con 16 países, consolidándose como una de las principales puertas de salida para la producción agroindustrial bonaerense.

 El diputado provincial Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca autorizar la compactación inmediata de motovehículos secuestrados por ruidos molestos. La iniciativa, basada en la experiencia en San Nicolás, fue recogida a nivel local por los referentes del espacio Hechos, quienes trabajan en una ordenanza similar para ser aplicada en el partido de Tandil.

En una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi por la radio de El Eco, el diputado Manuel Passaglia detalló los alcances de una propuesta legislativa que generó un fuerte impacto en la opinión pública. La medida se centró en una problemática recurrente en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires: la proliferación de motos con escapes modificados que alteran la tranquilidad de los vecinos durante la noche.

El legislador fue categórico al definir la política que busca implementar: "Moto que se secuestra con escape libre, moto que se compacta".

El proyecto nació del análisis de los controles policiales y municipales realizados durante los últimos años, donde se detectó que las multas tradicionales no resultaron efectivas para desalentar estas conductas. Según explicó el legislador, el objetivo es dotar a los municipios de una herramienta definitiva para combatir lo que calificó como un "flagelo" que afecta la salud de las personas con autismo, el bienestar de las mascotas y el derecho al descanso de los trabajadores.

Consenso legislativo para la ordenanza contra ruidos molestos

Durante su gestión como intendente de San Nicolás, Passaglia impulsó una ordenanza que permitió la compactación de los vehículos. El diputado recordó que, al inicio de los controles, los infractores se burlaban de las autoridades. "Al principio les hacíamos multas y nos decían que era para recaudar. Después se fue haciendo como una moda donde, mientras más ruido hace la moto, parece que son más machos", relató con preocupación.

Ante la ineficacia de las sanciones económicas, el municipio decidió avanzar primero sobre el secuestro y destrucción de los caños de escape. Sin embargo, al ser elementos de bajo costo y fácil adquisición, los usuarios volvían a colocarlos en pocos días. La solución definitiva llegó con la compactación total de la unidad, incluyendo el escape libre y el resto del vehículo. "Fue la única vez que hubo un quiebre y donde se empezó a solucionar el tema de los ruidos molestos", aseguró el legislador.

El proceso legal descrito por Passaglia se inicia con el operativo de control en la vía pública. Una vez que la moto es secuestrada, la causa pasa a disposición del juez de Faltas, quien tiene la potestad de ordenar la compactación. El diputado subrayó que no hubo reparos legales significativos en su distrito durante los seis años de aplicación, ya que la medida se fundamenta en el respeto hacia el resto de la comunidad.

La problemática de los decibeles excedidos no es ajena a nuestra ciudad. Durante el último fin de semana, se desarrollaron fuertes operativos policiales y de inspectores municipales para intentar mitigar esta situación en diferentes puntos del radio urbano. En este contexto, el legislador confirmó que los referentes locales de su espacio, Juan Manazzoni y el concejal Marcos Nicolini, se encuentran trabajando en la redacción de un proyecto de ordenanza para Tandil.

La intención es no esperar a que la Ley provincial avance en sus tiempos legislativos, sino dar una respuesta inmediata a través del Concejo Deliberante. Passaglia destacó la labor de los dirigentes tandilenses en la búsqueda de soluciones a "problemas reales" de los vecinos. Según el diputado, el video de presentación del proyecto alcanzó más de 15 millones de reproducciones, lo que reflejó la magnitud del descontento social frente a los ruidos molestos en todo el país.

Uno de los puntos más debatidos de la propuesta fue el destino de los vehículos. Ante la consulta de por qué no se optó por la subasta de las unidades para recaudar fondos públicos, Passaglia fue tajante al señalar que se buscó evitar que el mensaje se desvirtuara. "Si las vendés, se toma como algo recaudatorio. Nosotros no queremos sacarle la moto a nadie para ganar plata; queremos que los chicos usen la moto, se diviertan, pero sin joderle la vida al resto de los vecinos", argumentó.

Para el diputado provincial, el eje de la discusión debe ser el respeto. En sus conversaciones con jóvenes a los que se les compactó el vehículo, les manifestó que el límite es el derecho de los demás. "Es cuestión de prioridades: si querés elegir a la familia que labura o al que hace ruido y molesta", sentenció durante la entrevista radial.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Malena Galmarini, ingresó un proyecto de ley para prohibir la publicidad y el sponsoreo de sitios de apuestas en entornos deportivos y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir conductas de juego problemático y preservar la función social de los clubes como instituciones de bien común.

De este modo, la propuesta impulsada por Malena Galmarini establece la prohibición, en un perímetro de 100 metros, del patrocinio en cartelería y la utilización de nombres o marcas comerciales de juegos de azar para identificar instalaciones y predios. Asimismo, la restricción alcanza a las indumentarias de los clubes, impidiendo el uso de logotipos o señas identificatorias de estas empresas.

“El objeto no es prohibir la industria del juego ni su publicidad en términos generales, sino proteger un espacio específico y especialmente sensible: el entorno deportivo comunitario, frecuentado por niñas, niños, adolescentes y familias”, puntualizó la legisladora del Frente Renovador.

El ámbito de aplicación de la norma incluye a polideportivos municipales y estadios de fútbol profesional y amateur. Según precisó la senadora, la exposición a la publicidad en el contexto deportivo funciona como el principal vector de naturalización del juego como práctica cotidiana entre los jóvenes.

En caso de aprobarse, la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Deportes de la provincia, que articulará con los establecimientos en coordinación con la subsecretaría de Defensa del Consumidor y el Organismo provincial de Niñez y Adolescencia. Los municipios estarán a cargo de la fiscalización, mientras que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos colaborará en los aspectos técnicos.

En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé desde apercibimientos hasta penas de entre 500 y 50.000 unidades de multa, que actualmente equivalen a $2215 cada una. Asimismo, el Ejecutivo provincial podrá efectuar la suspensión o revocación de licencias vinculadas a la actividad publicitaria del operador anunciante.

La legisladora indicó que naciones como España, Italia, Países Bajos y Bélgica ya han prohibido el patrocinio de casas de apuestas en equipos deportivos. A nivel nacional, la Unión Argentina de Rugby prohibió por autorregulación el ingreso de estas marcas en sus campeonatos en 2024. Cabe recordar que el massismo ya había llevado esta propuesta al Congreso de la Nación hace dos años, a través de la diputada Micaela Morán.

Actualmente, varios clubes de la Primera División cuentan con casas de apuestas como principales sponsors, siendo los casos más destacados Boca y River. Incluso el campeonato 2024 se disputa bajo el nombre “Torneo Betano”. Ante esta situación, el diputado bonaerense Carlos Puglelli pidió que todos los bloques de la Legislatura lleguen a un acuerdo para redactar un megaproyecto que reúna las principales propuestas contra la ludopatía online.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, se refirió a la jornada de debate sobre reforma política en la que participó y sostuvo la necesidad de avanzar en cambios estructurales en el sistema institucional bonaerense.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que el encuentro fue convocado con el objetivo de realizar un análisis integral sobre posibles modificaciones. “Hoy participé de una jornada que estamos convocando para hacer un análisis sobre reforma política”, señaló.

Según detalló, la actividad se organizó en tres ejes principales: acceso a la información pública, boleta única de papel y el sistema de PASO. En este último punto, Civale tuvo a su cargo la coordinación de una de las mesas, centrada en discutir eventuales cambios en las elecciones primarias.

En su intervención, consideró que el contexto actual resulta propicio para dar este debate. “Creo que es un momento interesante para discutir en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos en un año que no es electoral, una reforma integral al sistema político”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar modificaciones que fortalezcan la autonomía municipal y otorguen mayor previsibilidad a los procesos electorales.

El dirigente también valoró el desarrollo del encuentro y destacó la participación tanto de especialistas como del público. “Creo que fue altamente positiva, no solo por la participación de grandes expositores, sino por la participación de vecinos y gente de la Cámara”, expresó.

Finalmente, Civale planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para avanzar con las iniciativas. “Esperamos que los espacios políticos del oficialismo, como otros espacios de la oposición, acompañen una serie de proyectos que venimos presentando en este sentido”, concluyó.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario donde distintos sectores impulsan debates sobre reformas políticas y electorales, tanto a nivel provincial como nacional.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, ingresó a la Legislatura dos nuevos proyectos de ley orientados a realizar una reforma electoral en el territorio bonaerense. La iniciativa busca garantizar mayor autonomía institucional y mejorar la calidad del proceso democrático en los 135 municipios que integran la provincia.

Por un lado, la propuesta del legislador de UCR + Cambio Federal establece el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. El objetivo es asegurar que los bonaerenses elijan gobernador, legisladores e intendentes en un proceso electoral propio. Según explicó Civale, la medida busca “que la Provincia pueda discutir su propio proyecto político sin quedar subordinada a la dinámica nacional”.

El proyecto para consagrar la reforma electoral fija un calendario estable y previsible que elimina la discrecionalidad en la convocatoria y garantiza plazos claros. “La reforma electoral establece que los comicios generales de la provincia de Buenos Aires deberán llevarse a cabo dentro de los 150 días posteriores al inicio del periodo de sesiones ordinarias, que constitucionalmente ocurre el primer día hábil de marzo. De esta manera, se asegura que la Provincia concluya su proceso como máximo a fines de julio, lo que otorga tiempo y previsibilidad a la transición de gobierno”, remarcó el diputado en los fundamentos de la iniciativa.

En paralelo, el legislador del radicalismo impulsó la creación de un Tribunal Electoral de alzada, que permitirá revisar las decisiones de la Junta Electoral Bonaerense con un criterio técnico, especializado y en plazos abreviados. Matías Civale sostuvo que “son herramientas que fortalecen la institucionalidad y garantizan reglas claras en el sistema electoral bonaerense. Desde la UCR queremos una provincia de Buenos Aires con mayor autonomía, donde los habitantes puedan debatir sus problemas y elegir sus autoridades sin interferencias”.

El dirigente bonaerense planteó que la reforma del sistema electoral es una discusión que debe darse en un año no electoral y convocó a todas las fuerzas políticas a acompañar la propuesta. “Es una oportunidad para mejorar la votación, darle previsibilidad a los ciudadanos y fortalecer la democracia en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

“Defender la autonomía de la provincia de Buenos Aires y de los municipios es clave para construir un modelo que represente verdaderamente a los ciudadanos”, concluyó.

Finalmente, el diputado enmarcó estas iniciativas en una visión de autonomía que también impulsan otros legisladores del radicalismo. La senadora Nerina Neumann propuso una enmienda a la Constitución bonaerense para dotar de mayores atribuciones a los distritos, señalando que el reclamo “se mantiene vigente desde el retorno de la democracia en 1983”. Por su parte, el diputado Diego Garciarena retomó una propuesta para convocar a una Convención Reformadora que defina los alcances de la autonomía municipal y las modificaciones necesarias a los artículos 190° a 197° del texto constitucional.