El diputado del bloque UCR + Cambio Federal, Matías Civale, celebró el avance de su proyecto para incorporar al ramal que conecta con Puerto Quequén dentro de la emergencia ferroviaria nacional, luego de que la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Provincia aprobara por mayoría la iniciativa. El expediente expresa su preocupación por la exclusión del tramo dentro del esquema de reorganización del sistema de cargas que promueve el Gobierno nacional.

La iniciativa obtuvo despacho favorable durante la primera reunión del año de la comisión, que estuvo encabezada por el diputado del Frente Renovador, Roberto Vázquez. El planteo del legislador se apoya en la importancia estratégica de la terminal portuaria, por donde salen más de 90 millones de toneladas de granos por año. Según explicó Civale, el deterioro de la infraestructura obliga a trasladar la carga por vía terrestre, lo que aumenta los costos logísticos y profundiza la dependencia del transporte automotor.

“Logramos dictamen favorable en comisión de Transporte para sumarlo a la emergencia ferroviaria. El sudeste bonaerense no puede seguir dependiendo de 300 mil camiones al año que colapsan las rutas”, manifestó.

El proyecto formó parte de un conjunto de iniciativas que recibieron el aval del cuerpo parlamentario. Durante la jornada, los diputados también aprobaron expedientes que cuestionan el cierre de pasos a nivel, la venta de inmuebles ferroviarios y la paralización de obras en distintos ramales, en un contexto de críticas a la política ferroviaria de la administración de Javier Milei.

Tras la reunión, Roberto Vázquez sostuvo que la comisión buscará recuperar protagonismo legislativo. “Hay que trabajar en el consenso, en el convencimiento, discutir los proyectos y llegar a un acuerdo”, remarcó el titular de la mesa de trabajo. 

Por su parte, Matías Civale confía en que el reclamo avance hacia su tratamiento en el recinto para que la provincia formalice su preocupación por un corredor clave. “Es una cuestión central que merece atención y seguimiento. Hay consenso y vamos por el recinto”, sostuvo.

De cara a los próximos meses, la autoridad legislativa adelantó que el cuerpo también impulsará una agenda propia sobre seguridad vial, incluyendo un proyecto para incorporar una materia obligatoria de educación vial en los últimos años de la escuela secundaria bonaerense.

En el marco de la segunda sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires otorgó media sanción al proyecto presentado por la diputada bonaerense de Fuerza Patria, Soledad Alonso, que propone crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL). Este organismo tiene como finalidad la prevención y erradicación de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como del privado.

El texto establece que el observatorio funcionará como un espacio de producción y sistematización de información para diseñar políticas públicas eficaces. La propuesta normativa delimita que el organismo tendrá un rol técnico, basado en la recolección, monitoreo y análisis de datos vinculados a situaciones de violencia y acoso laboral.

La legisladora plantea que el observatorio tendrá entre sus funciones centrales la elaboración de diagnósticos sobre esta problemática, a partir de la identificación de patrones, modalidades y contextos en los que se producen las situaciones de acoso. Una vez reunida esa información, el organismo podrá sugerir líneas de acción concretas orientadas a la prevención y erradicación de estas conductas en los lugares de trabajo.

El articulado prevé que el observatorio diseñe programas de difusión, concientización y capacitación dirigidos a sindicatos, empresas y asociaciones empresariales. El objetivo es que estos actores incorporen mecanismos preventivos en sus prácticas cotidianas y en los instrumentos derivados de la negociación colectiva. Asimismo, la entidad brindará asistencia técnica a las organizaciones que requieran orientación en la materia. Cabe destacar que el organismo recibirá información periódica sobre denuncias y sumarios, pero no podrá intervenir en los procesos administrativos o judiciales.

En lo que respecta a su estructura, el observatorio contaría con un Consejo Asesor integrado por representantes de los tres poderes del Estado, miembros de la Defensoría del Pueblo y de asociaciones sindicales. El diseño prevé que los integrantes del Consejo desarrollen sus funciones ad honorem. La iniciativa busca articular el trabajo entre distintas áreas del Estado y los actores sociales.

Soledad Alonso vincula su propuesta con la Ley Nacional 27.580, mediante la cual la Argentina ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta iniciativa forma parte de una agenda que la legisladora impulsa desde hace varios períodos parlamentarios, habiendo tenido antecedentes de tratamiento en 2022 y 2024.

“Resulta fundamental el rol del Estado como garante del cumplimiento de las leyes dentro de su jurisdicción al realizar políticas activas de protección para las y los trabajadores víctimas de violencia y acoso laboral”, se indicó.

Tras la media sanción, la propuesta deberá ser abordada por el Senado bonaerense para continuar su curso legislativo.

La actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de estancamiento que preocupa a diversos sectores.

Según lo expuesto por el diputado provincial de la UCR, Matías Civale, vicepresidente del cuerpo legislativo, en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la falta de consensos básicos entre las fuerzas políticas ha derivado en la postergación de sesiones clave.

El legislador señaló que, más allá de las convocatorias formales, la ausencia de acuerdos dentro del oficialismo provincial y la falta de diálogo con la oposición han bloqueado el tratamiento de expedientes fundamentales para la gestión municipal.

El eje central de la discusión parlamentaria actual gira en torno al Fondo de los Intendentes, una herramienta financiera votada a fines del año pasado que resulta vital para el funcionamiento de los municipios. 

Sin embargo, el diputado explicó que la falta de dictámenes en las comisiones de presupuesto impide que los proyectos avancen. "La verdad es que para que eso ocurra no solo se necesitan acuerdos dentro del oficialismo provincial, sino fundamentalmente con la oposición y esto no está sucediendo", afirmó el legislador, quien se mostró escéptico respecto a la posibilidad de alcanzar los dos tercios necesarios para sesionar sin dictamen.

Otro de los puntos críticos abordados durante la entrevista fue la situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). El diputado destacó que la problemática no se limita a una cuestión administrativa o de intermediarios, sino que responde a una deficiencia estructural en la conducción del organismo. Ante las consultas sobre las dificultades que enfrentan los afiliados, especialmente en ciudades como Tandil, el legislador fue contundente al señalar la responsabilidad directa de las autoridades provinciales.

"Acá lo que hay es una mala gestión"

Civale subrayó que, desde la oposición, “se han presentado múltiples proyectos de ley, incluyendo propuestas para otorgar autarquía al instituto, modificar la composición del directorio y agilizar la gestión de los fondos, evitando que dependan directamente del Ministerio de Economía”. No obstante, denunció que el oficialismo ha hecho uso de sus mayorías para impedir el tratamiento de estas iniciativas en el recinto. "IOMA no puede esperar. Hay muchísimas ciudades donde los afiliados deambulan, los fondos no alcanzan y los médicos salen del sistema", remarcó.

Al ser consultado sobre la viabilidad financiera de la obra social, el diputado reconoció que el sistema es solidario y enfrenta presiones inflacionarias, especialmente en el rubro de medicamentos. Sin embargo, rechazó que la crisis sea un fenómeno reciente o atribuible exclusivamente a factores externos de los últimos dos años. Según su análisis, “el deterioro es el resultado de una acumulación de problemas de gestión que requieren una intervención integral y urgente” por parte del gobierno provincial.

“Acá lo que hay es una mala gestión”, expresó el diputado provincial, al tiempo que agregó que “ese es el nombre que define la crisis del IOMA, ya que el problema no se reduce a los intermediarios ni comenzó recientemente con los cambios económicos nacionales, sino que arrastra años de deficiencias estructurales”.

La responsabilidad de esta situación recae en las autoridades del instituto y el gobierno provincial, “quienes han permitido que los afiliados pierdan prestaciones esenciales y que los médicos abandonen el sistema por falta de pago”.

A pesar de que la oposición ha presentado proyectos para darle autarquía al organismo, cambiar el directorio y agilizar el manejo de los fondos, “el oficialismo provincial utiliza su mayoría para impedir el tratamiento de estas soluciones en las comisiones legislativas”.

Finalmente, el legislador se refirió a su reciente designación como secretario general de la Unión Cívica Radical a nivel provincial, tras alcanzarse una lista de unidad.

Destacó que el objetivo del espacio “es recuperar la vocación de poder y fortalecer la identidad del partido”, enfocándose en representar a la clase media y en consolidar un proyecto nacional basado en gestiones municipales y provinciales eficientes, “que hoy tienen al radicalismo gobernando cinco provincias y más de 500 municipios en todo el país”, concluyó.

La Cámara de Diputados bonaerense comenzó a debatir un proyecto de ley destinado a prevenir el uso de herramientas digitales, incluida la Inteligencia Artificial, en situaciones de acoso y bullying dentro de los establecimientos educativos. La iniciativa surge a raíz del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Moreno que falleció en 2024 tras la difusión no consentida de imágenes íntimas.

El proyecto, denominado Ley Ema, fue presentado con la firma de la diputada Mayra Mendoza, quien trabajó en la propuesta junto a Laura Sánchez, madre de la joven, y organizaciones como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.

La normativa propone incorporar el inciso "z bis" a la Ley 13.688 de Educación Provincial para garantizar formación integral sobre el uso responsable de tecnologías, consentimiento, privacidad y ética en el uso de la Inteligencia Artificial. Además, plantea la actualización de guías escolares con protocolos específicos ante la violencia digital y la capacitación obligatoria para el personal docente.

"Con este proyecto, buscamos que la convivencia escolar deje de entenderse solo entre las cuatro paredes del aula. Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes", explicó Mendoza.

La diputada agregó: "La Ley Ema nace del dolor, pero se transforma en lucha y en herramientas legislativas concretas, estableciendo que lo virtual y lo presencial no son esferas separadas".

Por su parte, Laura Sánchez destacó la necesidad de humanizar lo digital y abordar la violencia con una perspectiva que contemple factores como género, edad y orientación sexual. "Tenemos que entender que la vida digital no ocurre aparte de la vida real. Tenemos la vital tarea de humanizar lo digital. Quiero ser insistente con esto y volver a hablar de la razón humanitaria, la idea del bien", sostuvo la madre de Ema.

En el encuentro estuvieron presentes las diputadas Marcela Basualdo, Margarita Recalde, Micaela Olivetto y Maite Alvado; los diputados Alexis Guerrera y Ariel Archanco; el secretario legislativo Gervasio Bozzano y la senadora provincial Mónica Macha.

La expansión de las plataformas de apuestas online y los casinos virtuales entre adolescentes encendió las alarmas en la Legislatura bonaerense, donde un grupo de diputados presentó proyectos orientados a reforzar la prevención de la ludopatía juvenil, especialmente en el ámbito escolar.

Las iniciativas fueron impulsadas por los diputados radicales Valentín Miranda, Alejandra Lorden y Priscila Minnaard, quienes conformaron un espacio de trabajo legislativo para abordar una problemática que, según advierten, crece de la mano del acceso masivo a celulares, billeteras virtuales y plataformas digitales de apuestas.

Uno de los proyectos propone modificar la Ley Provincial 10.670 para incorporar de manera obligatoria programas de prevención de trastornos psicosociales en las escuelas bonaerenses, incluyendo explícitamente a la ludopatía junto con otras problemáticas como los consumos problemáticos y la violencia.

Según explicó Miranda, el fenómeno ya tiene consecuencias concretas dentro de las instituciones educativas.

“La transformación digital eliminó las barreras de tiempo y espacio. Actualmente, los chicos pueden acceder a apuestas deportivas y casinos virtuales desde sus celulares y billeteras virtuales, muchas veces sin control parental”, señaló el legislador.

Además, advirtió que la problemática ya se refleja en las aulas a través de situaciones de desatención, ausentismo, endeudamiento entre compañeros y una marcada caída del rendimiento académico.

En paralelo, los legisladores presentaron un pedido de informes para conocer el estado de ejecución del Plan Integral para abordar la ludopatía adolescente, anunciado por la Provincia a mediados de 2024.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre distintos aspectos vinculados a las acciones de control y prevención. Entre ellos, solicitan información acerca de si se concretó el bloqueo de direcciones IP de sitios de apuestas dentro de las escuelas bonaerenses y si se implementaron sistemas biométricos para impedir el acceso de menores a las plataformas de juego.

También reclaman datos sobre la cantidad de denuncias realizadas contra operadores de juego ilegal y contra influencers o figuras públicas que promocionan apuestas online, además de estadísticas oficiales sobre la participación de menores en estas actividades.

Otro de los puntos incluidos en el pedido apunta a conocer cuáles son los programas de asistencia y acompañamiento disponibles para adolescentes afectados por la ludopatía y para sus familias.

“Necesitamos datos certeros para construir una legislación más justa y adaptada a estos tiempos para proteger a las infancias y adolescencias”, sostuvieron los diputados impulsores de la iniciativa.

El avance de las apuestas online entre jóvenes se ha convertido en una preocupación creciente en distintos puntos de la provincia y también en ciudades como Tandil, donde especialistas en salud mental y educación vienen alertando sobre los riesgos asociados al acceso temprano al juego digital y las consecuencias que puede generar en la vida social, familiar y escolar de los adolescentes.

El radicalismo bonaerense reactivó el reclamo para que los municipios puedan definir por cuenta propia el destino del 100% de los recursos del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado el año pasado para asistir a las comunas frente a las dificultades financieras que atraviesan.

La iniciativa fue nuevamente puesta sobre la mesa por el diputado provincial Matías Civale, dirigente cercano al intendente de Tandil, Miguel Lunghi, quien planteó la necesidad de otorgar mayor autonomía a los gobiernos locales para administrar esos recursos.

“Vamos a trabajar para que los fondos que reciben los intendentes sean de libre disponibilidad. Los municipios son los que están más cerca de los vecinos y hoy atraviesan una situación muy difícil”, sostuvo el legislador.

Actualmente, los municipios pueden decidir el destino del 70% del fondo, mientras que el 30% restante se ejecuta a través de programas provinciales dependientes de las áreas de Infraestructura, Transporte e Instituto Cultural. El planteo de los intendentes apunta a que la totalidad de los recursos pueda ser administrada directamente por cada comuna.

El reclamo es compartido por sectores de la oposición, entre ellos el PRO, y también por jefes comunales del peronismo. Todos coinciden en señalar el impacto de la caída de la coparticipación y de la recaudación propia, sumado al aumento de las demandas sociales y de servicios que deben afrontar los municipios.

El FEFIM fue creado a fines de 2025 como parte de las negociaciones legislativas que habilitaron al gobernador Axel Kicillof a tomar endeudamiento. La norma estableció un piso anual de 250.000 millones de pesos para distribuir entre los municipios bonaerenses. Según se informó, hasta el momento ya fueron transferidos 13.500 millones de pesos.

El planteo cobra especial relevancia a medida que se acerca el pago del medio aguinaldo a los trabajadores municipales, uno de los compromisos financieros más importantes para las administraciones locales. En ese contexto, desde la Provincia vienen advirtiendo sobre las dificultades para otorgar asistencia extraordinaria más allá de los mecanismos ya existentes.

Civale sostuvo además que “el trabajo legislativo de las próximas semanas deberá estar orientado a construir consensos que permitan fortalecer la gestión local, acompañar al interior bonaerense y mejorar la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial”.

En paralelo, días atrás el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal, presentó un proyecto de ley para modificar el mecanismo de distribución y ejecución de los fondos. La propuesta también contempla la participación de una comisión bicameral de la Legislatura en el seguimiento de la entrega de los recursos.

Desde Tandil, el debate es seguido de cerca por la administración local, que al igual que otros municipios bonaerenses busca contar con mayores herramientas para afrontar un escenario económico cada vez más complejo.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de ley orientado a fortalecer la inclusión y el acompañamiento integral de las personas con síndrome de Down en territorio bonaerense. La iniciativa, impulsada por el presidente del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratada en el Senado provincial.

Según se informó, el texto final surgió de la unificación de distintas propuestas presentadas por legisladores de diversos espacios políticos, incorporando aportes de las diputadas Alejandra Lorden, Soledad Alonso y Sabrina Sabat. Desde la Legislatura destacaron que el consenso permitió avanzar en una propuesta “integral” vinculada a derechos, inclusión y accesibilidad.

Entre los principales puntos, el proyecto contempla la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.716 de Diagnóstico Humanizado, que establece protocolos de comunicación y acompañamiento para las familias que reciben un diagnóstico prenatal o neonatal de trisomía 21 o síndrome de Down. Además, prevé campañas de sensibilización social y la creación de una “Semana de Concientización sobre Trisomía 21/síndrome de Down”, en coincidencia con el 21 de marzo.

La iniciativa también incluyó medidas vinculadas a la detección y estimulación temprana, la atención interdisciplinaria, el acceso a la salud física y mental, la inclusión educativa y laboral, y la capacitación permanente de profesionales de distintas áreas.

Durante el debate legislativo, Garciarena sostuvo que el proyecto “tiene como centro a las personas con síndrome de Down, pero también a sus familias, a sus entornos y a quienes acompañan todos los días”. Además, remarcó la necesidad de avanzar hacia políticas públicas basadas en la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación social.

Desde distintos sectores señalaron que la media sanción representa un avance para dejar atrás enfoques meramente asistenciales y consolidar una perspectiva de derechos para las personas con discapacidad.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Matías Civale, presentó un proyecto para solicitar que el ramal ferroviario que conecta al Puerto de Quequén sea incorporado al nuevo esquema de reorganización del sistema ferroviario de cargas impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa del legislador apunta a que la planificación diseñada por la administración de Javier Milei contemple el rol estratégico de la terminal dentro de la red logística del país, especialmente por su vinculación con el transporte de la producción agroindustrial del sudeste provincial.

Al fundamentar el pedido, el diputado sostuvo: "Es fundamental que el Puerto de Quequén sea parte de la estrategia ferroviaria nacional. Su inclusión no solo mejora la competitividad del sistema, sino que integra a toda una región productiva que hoy necesita mejores herramientas logísticas". En ese sentido, remarcó que la conectividad ferroviaria hacia la terminal tiene un impacto directo en distritos del interior como Tandil, Balcarce, Ayacucho, Necochea, Lobería, Benito Juárez y San Cayetano.

"Estamos hablando de localidades que producen, generan empleo y necesitan infraestructura para seguir creciendo. Incluir a Quequén es fortalecer a todo el interior productivo", afirmó el vicepresidente de la Cámara de Diputados. Asimismo, destacó que existen gestiones de intendentes de la región y del Consorcio de Gestión del puerto para recuperar el ramal. "Hay una agenda regional que entiende al tren como una herramienta clave para reducir costos, mejorar la competitividad y potenciar las economías locales", explicó el legislador.

Por último, Matías Civale consideró que la reorganización ferroviaria nacional es una oportunidad para avanzar hacia una planificación más equilibrada: "Necesitamos una logística que integre a todos los nodos productivos. Incluir a Quequén es un paso clave para lograr un desarrollo más federal y sostenible".

El Puerto de Quequén finalizó el mes de abril con sus seis muelles operando en simultáneo, reflejando un fuerte movimiento comercial. Actualmente, se embarcan 22.000 toneladas de maíz hacia Malasia, 30.000 de girasol a España y 24.000 de trigo a Vietnam. Con 14 buques en rada y otros siete anunciados, la terminal vincula a la provincia con 16 países, consolidándose como una de las principales puertas de salida para la producción agroindustrial bonaerense.

 El diputado provincial Manuel Passaglia presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense que busca autorizar la compactación inmediata de motovehículos secuestrados por ruidos molestos. La iniciativa, basada en la experiencia en San Nicolás, fue recogida a nivel local por los referentes del espacio Hechos, quienes trabajan en una ordenanza similar para ser aplicada en el partido de Tandil.

En una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi por la radio de El Eco, el diputado Manuel Passaglia detalló los alcances de una propuesta legislativa que generó un fuerte impacto en la opinión pública. La medida se centró en una problemática recurrente en las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires: la proliferación de motos con escapes modificados que alteran la tranquilidad de los vecinos durante la noche.

El legislador fue categórico al definir la política que busca implementar: "Moto que se secuestra con escape libre, moto que se compacta".

El proyecto nació del análisis de los controles policiales y municipales realizados durante los últimos años, donde se detectó que las multas tradicionales no resultaron efectivas para desalentar estas conductas. Según explicó el legislador, el objetivo es dotar a los municipios de una herramienta definitiva para combatir lo que calificó como un "flagelo" que afecta la salud de las personas con autismo, el bienestar de las mascotas y el derecho al descanso de los trabajadores.

Consenso legislativo para la ordenanza contra ruidos molestos

Durante su gestión como intendente de San Nicolás, Passaglia impulsó una ordenanza que permitió la compactación de los vehículos. El diputado recordó que, al inicio de los controles, los infractores se burlaban de las autoridades. "Al principio les hacíamos multas y nos decían que era para recaudar. Después se fue haciendo como una moda donde, mientras más ruido hace la moto, parece que son más machos", relató con preocupación.

Ante la ineficacia de las sanciones económicas, el municipio decidió avanzar primero sobre el secuestro y destrucción de los caños de escape. Sin embargo, al ser elementos de bajo costo y fácil adquisición, los usuarios volvían a colocarlos en pocos días. La solución definitiva llegó con la compactación total de la unidad, incluyendo el escape libre y el resto del vehículo. "Fue la única vez que hubo un quiebre y donde se empezó a solucionar el tema de los ruidos molestos", aseguró el legislador.

El proceso legal descrito por Passaglia se inicia con el operativo de control en la vía pública. Una vez que la moto es secuestrada, la causa pasa a disposición del juez de Faltas, quien tiene la potestad de ordenar la compactación. El diputado subrayó que no hubo reparos legales significativos en su distrito durante los seis años de aplicación, ya que la medida se fundamenta en el respeto hacia el resto de la comunidad.

La problemática de los decibeles excedidos no es ajena a nuestra ciudad. Durante el último fin de semana, se desarrollaron fuertes operativos policiales y de inspectores municipales para intentar mitigar esta situación en diferentes puntos del radio urbano. En este contexto, el legislador confirmó que los referentes locales de su espacio, Juan Manazzoni y el concejal Marcos Nicolini, se encuentran trabajando en la redacción de un proyecto de ordenanza para Tandil.

La intención es no esperar a que la Ley provincial avance en sus tiempos legislativos, sino dar una respuesta inmediata a través del Concejo Deliberante. Passaglia destacó la labor de los dirigentes tandilenses en la búsqueda de soluciones a "problemas reales" de los vecinos. Según el diputado, el video de presentación del proyecto alcanzó más de 15 millones de reproducciones, lo que reflejó la magnitud del descontento social frente a los ruidos molestos en todo el país.

Uno de los puntos más debatidos de la propuesta fue el destino de los vehículos. Ante la consulta de por qué no se optó por la subasta de las unidades para recaudar fondos públicos, Passaglia fue tajante al señalar que se buscó evitar que el mensaje se desvirtuara. "Si las vendés, se toma como algo recaudatorio. Nosotros no queremos sacarle la moto a nadie para ganar plata; queremos que los chicos usen la moto, se diviertan, pero sin joderle la vida al resto de los vecinos", argumentó.

Para el diputado provincial, el eje de la discusión debe ser el respeto. En sus conversaciones con jóvenes a los que se les compactó el vehículo, les manifestó que el límite es el derecho de los demás. "Es cuestión de prioridades: si querés elegir a la familia que labura o al que hace ruido y molesta", sentenció durante la entrevista radial.

La senadora bonaerense de Fuerza Patria, Malena Galmarini, ingresó un proyecto de ley para prohibir la publicidad y el sponsoreo de sitios de apuestas en entornos deportivos y comunitarios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir conductas de juego problemático y preservar la función social de los clubes como instituciones de bien común.

De este modo, la propuesta impulsada por Malena Galmarini establece la prohibición, en un perímetro de 100 metros, del patrocinio en cartelería y la utilización de nombres o marcas comerciales de juegos de azar para identificar instalaciones y predios. Asimismo, la restricción alcanza a las indumentarias de los clubes, impidiendo el uso de logotipos o señas identificatorias de estas empresas.

“El objeto no es prohibir la industria del juego ni su publicidad en términos generales, sino proteger un espacio específico y especialmente sensible: el entorno deportivo comunitario, frecuentado por niñas, niños, adolescentes y familias”, puntualizó la legisladora del Frente Renovador.

El ámbito de aplicación de la norma incluye a polideportivos municipales y estadios de fútbol profesional y amateur. Según precisó la senadora, la exposición a la publicidad en el contexto deportivo funciona como el principal vector de naturalización del juego como práctica cotidiana entre los jóvenes.

En caso de aprobarse, la autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Deportes de la provincia, que articulará con los establecimientos en coordinación con la subsecretaría de Defensa del Consumidor y el Organismo provincial de Niñez y Adolescencia. Los municipios estarán a cargo de la fiscalización, mientras que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos colaborará en los aspectos técnicos.

En cuanto a las sanciones, el proyecto prevé desde apercibimientos hasta penas de entre 500 y 50.000 unidades de multa, que actualmente equivalen a $2215 cada una. Asimismo, el Ejecutivo provincial podrá efectuar la suspensión o revocación de licencias vinculadas a la actividad publicitaria del operador anunciante.

La legisladora indicó que naciones como España, Italia, Países Bajos y Bélgica ya han prohibido el patrocinio de casas de apuestas en equipos deportivos. A nivel nacional, la Unión Argentina de Rugby prohibió por autorregulación el ingreso de estas marcas en sus campeonatos en 2024. Cabe recordar que el massismo ya había llevado esta propuesta al Congreso de la Nación hace dos años, a través de la diputada Micaela Morán.

Actualmente, varios clubes de la Primera División cuentan con casas de apuestas como principales sponsors, siendo los casos más destacados Boca y River. Incluso el campeonato 2024 se disputa bajo el nombre “Torneo Betano”. Ante esta situación, el diputado bonaerense Carlos Puglelli pidió que todos los bloques de la Legislatura lleguen a un acuerdo para redactar un megaproyecto que reúna las principales propuestas contra la ludopatía online.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, se refirió a la jornada de debate sobre reforma política en la que participó y sostuvo la necesidad de avanzar en cambios estructurales en el sistema institucional bonaerense.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador explicó que el encuentro fue convocado con el objetivo de realizar un análisis integral sobre posibles modificaciones. “Hoy participé de una jornada que estamos convocando para hacer un análisis sobre reforma política”, señaló.

Según detalló, la actividad se organizó en tres ejes principales: acceso a la información pública, boleta única de papel y el sistema de PASO. En este último punto, Civale tuvo a su cargo la coordinación de una de las mesas, centrada en discutir eventuales cambios en las elecciones primarias.

En su intervención, consideró que el contexto actual resulta propicio para dar este debate. “Creo que es un momento interesante para discutir en la provincia de Buenos Aires, ya que estamos en un año que no es electoral, una reforma integral al sistema político”, afirmó. En ese sentido, remarcó la importancia de impulsar modificaciones que fortalezcan la autonomía municipal y otorguen mayor previsibilidad a los procesos electorales.

El dirigente también valoró el desarrollo del encuentro y destacó la participación tanto de especialistas como del público. “Creo que fue altamente positiva, no solo por la participación de grandes expositores, sino por la participación de vecinos y gente de la Cámara”, expresó.

Finalmente, Civale planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos para avanzar con las iniciativas. “Esperamos que los espacios políticos del oficialismo, como otros espacios de la oposición, acompañen una serie de proyectos que venimos presentando en este sentido”, concluyó.

Las declaraciones se enmarcan en un escenario donde distintos sectores impulsan debates sobre reformas políticas y electorales, tanto a nivel provincial como nacional.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Matías Civale, ingresó a la Legislatura dos nuevos proyectos de ley orientados a realizar una reforma electoral en el territorio bonaerense. La iniciativa busca garantizar mayor autonomía institucional y mejorar la calidad del proceso democrático en los 135 municipios que integran la provincia.

Por un lado, la propuesta del legislador de UCR + Cambio Federal establece el desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las nacionales. El objetivo es asegurar que los bonaerenses elijan gobernador, legisladores e intendentes en un proceso electoral propio. Según explicó Civale, la medida busca “que la Provincia pueda discutir su propio proyecto político sin quedar subordinada a la dinámica nacional”.

El proyecto para consagrar la reforma electoral fija un calendario estable y previsible que elimina la discrecionalidad en la convocatoria y garantiza plazos claros. “La reforma electoral establece que los comicios generales de la provincia de Buenos Aires deberán llevarse a cabo dentro de los 150 días posteriores al inicio del periodo de sesiones ordinarias, que constitucionalmente ocurre el primer día hábil de marzo. De esta manera, se asegura que la Provincia concluya su proceso como máximo a fines de julio, lo que otorga tiempo y previsibilidad a la transición de gobierno”, remarcó el diputado en los fundamentos de la iniciativa.

En paralelo, el legislador del radicalismo impulsó la creación de un Tribunal Electoral de alzada, que permitirá revisar las decisiones de la Junta Electoral Bonaerense con un criterio técnico, especializado y en plazos abreviados. Matías Civale sostuvo que “son herramientas que fortalecen la institucionalidad y garantizan reglas claras en el sistema electoral bonaerense. Desde la UCR queremos una provincia de Buenos Aires con mayor autonomía, donde los habitantes puedan debatir sus problemas y elegir sus autoridades sin interferencias”.

El dirigente bonaerense planteó que la reforma del sistema electoral es una discusión que debe darse en un año no electoral y convocó a todas las fuerzas políticas a acompañar la propuesta. “Es una oportunidad para mejorar la votación, darle previsibilidad a los ciudadanos y fortalecer la democracia en la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

“Defender la autonomía de la provincia de Buenos Aires y de los municipios es clave para construir un modelo que represente verdaderamente a los ciudadanos”, concluyó.

Finalmente, el diputado enmarcó estas iniciativas en una visión de autonomía que también impulsan otros legisladores del radicalismo. La senadora Nerina Neumann propuso una enmienda a la Constitución bonaerense para dotar de mayores atribuciones a los distritos, señalando que el reclamo “se mantiene vigente desde el retorno de la democracia en 1983”. Por su parte, el diputado Diego Garciarena retomó una propuesta para convocar a una Convención Reformadora que defina los alcances de la autonomía municipal y las modificaciones necesarias a los artículos 190° a 197° del texto constitucional.

La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Ayelén Rasquetti, presentó un proyecto de ley que busca saldar una deuda histórica en la normativa provincial: la incorporación de licencias por maternidad, paternidad y adopción para los integrantes de los concejos deliberantes. La iniciativa propone modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades, dado que actualmente los concejales no cuentan con estos beneficios, a diferencia de los 138 legisladores provinciales y los trabajadores estatales.

La propuesta contempla que las concejalas puedan acceder a una licencia por maternidad de 90 días con goce íntegro de su dieta. Este período podrá iniciarse hasta 40 días antes de la fecha probable de parto. En casos de nacimientos prematuros o de riesgo, el beneficio se extenderá desde el alta médica del recién nacido, garantizando el cuidado en contextos de vulnerabilidad sanitaria.

Al fundamentar la medida, Rasquetti señaló que estas licencias son fundamentales para el desarrollo infantil. “Las licencias por maternidad, paternidad y adopción resultan fundamentales por su potencial contribución al desarrollo infantil, ya que está demostrado que la estimulación temprana contribuye a generar más conexiones neuronales”, argumentó la legisladora del Frente Renovador.

En cuanto a la licencia por paternidad, el texto establece un plazo de 15 días con goce de haberes. Además, incluye una previsión excepcional: en caso de fallecimiento de la madre durante el parto, el progenitor podrá acceder a una baja de 90 días para garantizar la cobertura institucional ante una situación de extrema gravedad.

El proyecto también reconoce el derecho a licencias por adopción para todos los géneros. De aprobarse, los ediles gozarán de 90 días de licencia desde el momento en que se otorgue la guarda con fines adoptivos. Según Rasquetti, “las políticas de primera infancia son la mejor inversión que puede hacer una sociedad”, vinculando la propuesta con una estrategia de desarrollo social a largo plazo.

Finalmente, la iniciativa busca igualar derechos con los miembros de la Cámara de Diputados, quienes ya cuentan con este régimen. Cabe recordar que esta propuesta se suma a la reforma del sistema de adopción impulsada por el senador provincial Marcelo Feliú y promulgada por el gobernador Axel Kicillof, que redujo los plazos del Poder Judicial de 180 a 90 días para agilizar los procesos en la provincia.

A raíz del tiroteo ocurrido en una escuela del municipio santafesino de San Cristóbal, donde un estudiante perdió la vida, la diputada bonaerense Luciana Padulo volvió a poner en agenda la necesidad de implementar la educación emocional en todos los establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires.

La legisladora del Frente Renovador lamentó el episodio y aseguró que este tipo de enseñanzas para niños y adolescentes funcionan como un método de prevención ante tragedias similares. En diálogo con medios legislativos, Padulo resaltó que la normativa busca que las escuelas cuenten con recursos para legitimar y conversar sobre las emociones de los alumnos, las cuales describió como cada vez más disruptivas y ansiosas. “Esto es una tragedia que podría haber sido prevenida. Si por ahí hubiera estado un poco más involucrado el Estado, que está cada vez más en retroceso respecto a estas cuestiones que aquejan a la comunidad, capaz se hubiese evitado”, DIJO.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, propone modificar los artículos 26, 27 y 28 de la Ley Provincial de Educación 13.688. El objetivo central es desarrollar el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales y la empatía en pos de la protección de la salud mental.

Padulo advirtió sobre el contexto social actual, marcado por la ansiedad y el aislamiento digital. Al referirse a la localidad donde ocurrió el hecho, un pueblo ferroviario de 15 mil habitantes, señaló el impacto del panorama financiero negativo sobre el ánimo social: “Pone a todos de mínima de mal humor, es una combinación explosiva”

La iniciativa no establece lineamientos pedagógicos rígidos, sino que delega en la Dirección General de Cultura y Educación el diseño de un plan específico. Según la diputada, es fundamental que el dispositivo sea transversal y formal para no depender exclusivamente de la voluntad individual de los docentes que actúan cuando ven que a algún chico le pasa algo.

Finalmente, la autora de la propuesta enfatizó que la ley permitiría abordar problemáticas como el bullying, el grooming y el suicidio.

“Si nosotros le diéramos la oportunidad a todos los niños de una cierta edad para que puedan hablar de lo que les pasa y legitimar esas emociones que aparecen, se podría evitar no solo esta tragedia, sino un montón de otras”, concluyó la legisladora de la Quinta sección.

La diputada bonaerense Ayelén Rasquetti presentó un proyecto de ley con el objetivo de crear una bolsa de pasantías unificada destinada a estudiantes y jóvenes profesionales en la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca centralizar la oferta de prácticas y facilitar el acceso a experiencias laborales en el Estado provincial mediante un sistema organizado.

La legisladora del bloque Fuerza Patria planteó que el propósito fundamental consiste en “conjugar la oferta y demanda de servicios necesarios” dentro del sector público bonaerense. Bajo esta premisa, el sistema permitirá vincular a los alumnos universitarios con áreas específicas de la gestión que requieran perfiles técnicos o profesionales determinados.

El proyecto dispone la creación de una autoridad de aplicación que el ejecutivo liderado por Axel Kicillof deberá definir. Este organismo coordinará su funcionamiento con las universidades adherentes y contará con un diseño institucional que incluye la participación de distintos poderes. Según el texto, la entidad estará conducida por un directorio de siete miembros con representación de la conducción provincial, el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia y las instituciones académicas.

La estructura contempla un presidente designado por el gobierno y seis vocales con mandatos de cuatro años, garantizando una conducción mixta. La herramienta central será una plataforma digital donde los postulantes podrán inscribirse y acceder a las propuestas, mientras que el sistema registrará las ofertas bajo criterios que defina la autoridad pertinente.

En los fundamentos de la propuesta, Rasquetti sostuvo que las pasantías permiten a los estudiante “aplicar sus conocimientos en un entorno real, desarrollando habilidades, permitiendo contactos profesionales, acercándolos a una futura trayectoria laboral”, lo cual resulta clave para fortalecer la inserción en el mercado de trabajo.

Esta iniciativa surge en un contexto complejo para el empleo. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la provincia registró una caída sostenida de la actividad, con una pérdida de 4.660 empleadores y más de 90 mil puestos de trabajo registrados en el último período analizado.

El proyecto se complementa con el reciente Régimen Provincial de Promoción de Empleo Joven, que apunta a incorporar al mercado laboral a personas de entre 18 y 25 años. Dicha normativa establece mecanismos como el entrenamiento para el trabajo, con jornadas de entre cuatro y ocho horas diarias por hasta 12 meses, buscando facilitar la transición hacia empleos formales en el sistema productivo.

En el marco de un debate histórico que busca redefinir el rol de los gobiernos locales, ingresaron a la Legislatura bonaerense dos proyectos de ley que proponen una reforma constitucional para dotar de autonomía municipal a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca modificar el Régimen Municipal contemplado en los artículos 190 al 199 de la carta magna provincial. El objetivo central es otorgar a las comunas autonomía política, administrativa, económica, financiera e institucional, reconociéndolas como unidades con capacidad de gestión propia sobre sus recursos y normativas.

Desde los fundamentos de la propuesta, se argumentó que el reconocimiento de la autonomía plena es un reclamo que data de 1983. En este sentido, se destacó que la pandemia de coronavirus en 2020 puso de manifiesto la importancia de los intendentes en áreas críticas como la salud pública, seguridad, producción y control de precios, lo que aceleró la necesidad de descentralizar el poder de decisión.

El proyecto presentado en el Senado por la senadora Nerina Neumann propone un nuevo régimen que incluye la creación de cartas orgánicas, la definición de competencias territoriales y la determinación de recursos propios, considerando a la coparticipación como parte integrante de los ingresos comunales. Según el texto parlamentario, esta medida permitiría que los municipios dejen de ser meras delegaciones administrativas para convertirse en fenómenos sociales e históricos con poder real de gestión.

“Desde el año 1983, con el inicio del período democrático, se reclama el reconocimiento de la autonomía plena de nuestros municipios”

Por otro lado, la propuesta elevada a la Cámara de Diputados por el diputado Diego Garciarena plantea la convocatoria a una Convención Reformadora para ajustar los artículos 190 a 197. Esta postura sostiene que los controles de gestión deben ejercerse desde el seno mismo de los municipios y no exclusivamente desde la capital provincial, garantizando un conocimiento directo del territorio donde se adoptan las decisiones.

“Los tiempos actuales exigen mayor poder de decisión de los gobiernos municipales, como así también mayor responsabilidad de gestión”

Entre los puntos destacados de la reforma, se establece que la administración de los servicios locales seguirá a cargo de un departamento ejecutivo y uno deliberativo. Asimismo, se busca que las municipalidades tengan facultades para votar su presupuesto, dictar ordenanzas y recaudar contribuciones, siempre bajo un esquema de responsabilidad directa de los funcionarios por el cumplimiento de sus deberes.

Diputados bonaerenses del bloque PRO presentaron un proyecto de ley para crear el Programa de Prevención, Reconocimiento y Actuación ante la Anafilaxia en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. La propuesta, que contó con el acompañamiento de los legisladores Martín Endere y Rita Sallaberry, persiguió el objetivo de fortalecer la respuesta del sistema sanitario y de las instituciones civiles ante emergencias alérgicas.

La iniciativa, bautizada como Ley André, definió a la anafilaxia como una reacción alérgica severa, inesperada y de evolución rápida que pudo provocar la muerte si no se actuó con celeridad. En ese sentido, los autores del proyecto remarcaron que la administración inmediata de adrenalina constituyó el tratamiento de primera línea para revertir estos cuadros y evitar complicaciones graves.

El programa contempla la aplicación de protocolos en diversos ámbitos institucionales donde la detección temprana resultó determinante, tales como establecimientos educativos, clubes deportivos, asociaciones culturales y colonias de vacaciones. En lo que respecta al sistema educativo, tanto las instituciones de gestión pública como privada debieron garantizar capacitaciones específicas para su personal directivo, docente y nodocente sobre el reconocimiento clínico de la reacción y el uso de dispositivos de adrenalina.

El proyecto de ley encontró parte de su fundamento en un caso ocurrido en la ciudad de Pergamino durante diciembre de 2025, cuando un niño de seis años llamado André sufrió una reacción anafiláctica grave. En aquel momento, los médicos administraron la medicación necesaria para estabilizarlo y, tres días después, el menor fue derivado a un centro especializado en la ciudad de Rosario, donde se confirmó el diagnóstico de shock anafiláctico.

A partir de esa experiencia personal, la madre del niño, Gisela Raimundo, inició una serie de acciones de concientización. La mujer, quien se desempeñó como terapeuta ocupacional, visibilizó la necesidad de que los entornos cotidianos contaran con protocolos claros de actuación ante emergencias de este tipo.

Según lo estipulado en el articulado, la autoridad de aplicación quedará a cargo de un organismo designado por el gobierno provincial. Dicho ente tendrá la responsabilidad de elaborar un Protocolo Provincial de Actuación ante Anafilaxia, que será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones alcanzadas por la normativa.

Finalmente, la propuesta legislativa invita a los municipios bonaerenses a adherir a la norma y a desarrollar programas complementarios en sus distritos. En caso de ser aprobada, el gobernador contará con un plazo de 180 días para reglamentar su implementación y asignar las partidas presupuestarias correspondientes para garantizar su funcionamiento.

El diputado bonaerense y titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, ingresó a la Legislatura la Ley Joaquín, que busca establecer medidas obligatorias de seguridad para la instalación y mantenimiento de arcos deportivos y juegos recreativos en espacios públicos y privados, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la integridad física de niños, niñas y adolescentes en la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa surge a partir de un hecho trágico que conmovió a la sociedad, la muerte de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció luego de que un arco de fútbol sin fijación se desplomara sobre su cuerpo durante una actividad recreativa, una situación que, según remarca el legislador en los fundamentos del proyecto, es absolutamente evitable con controles y normas adecuadas.

En los argumentos que acompañan la propuesta, Tignanelli advierte que el caso de Joaquín no constituye un episodio aislado, sino que forma parte de una sucesión de accidentes graves ocurridos en distintas provincias del país desde 2007, muchos de ellos con consecuencias fatales, todos vinculados a la falta de anclaje, mantenimiento o supervisión de arcos deportivos utilizados por menores de edad en contextos recreativos.

En tanto, el diputado Tignanelli fundamenta la propuesta en la ausencia de una normativa nacional que regule de manera integral la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y otros dispositivos similares, y señala como antecedente experiencias internacionales, como las regulaciones vigentes en Francia y las normas de la Unión Europea, que establecen requisitos de seguridad para prevenir lesiones y muertes en ámbitos deportivos.

Desde esa perspectiva, el titular de la bancada peronista en la Cámara de Diputados bonaerense sostuvo que “es responsabilidad del Estado garantizar que los espacios de juego y recreación sean entornos seguros”, al tiempo que remarcó que la protección de la infancia exige políticas preventivas que actúen antes de que ocurran hechos irreparables, una premisa que atraviesa todo el proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados bonaerense.

En cuanto al contenido normativo, la Ley Joaquín que impulsa Tignanelli desde su banca en Diputados establece como objeto principal la obligatoriedad de medidas de seguridad para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados, con el fin de prevenir accidentes y proteger a niños, niñas y adolescentes.

Entre las medidas concretas, el articulado ingresado a la Legislatura bonaerense dispone la exigencia de anclajes, sistemas de contrapeso o sujeción permanente para arcos de más de 20 kilos, la incorporación de protecciones acolchonadas en pisos, columnas y paredes, y la correcta disposición de los elementos removibles cuando no estén en uso, en línea con las recomendaciones técnicas de profesionales matriculados.

Al mismo tiempo, la iniciativa de Tignanelli fija un esquema de control y supervisión periódica, a cargo de profesionales habilitados, que deberán emitir certificaciones técnicas que acrediten el cumplimiento de las condiciones de seguridad, las cuales deberán exhibirse de manera visible en los establecimientos alcanzados por la Ley Joaquín.

Finalmente, el proyecto asigna a los municipios de la provincia el rol de autoridad de aplicación, con facultades para fiscalizar, sancionar incumplimientos, promover campañas de concientización y coordinar acciones con instituciones educativas y deportivas, además de establecer un plazo máximo de adecuación de las instalaciones, consolidando así un marco legal orientado a evitar nuevas tragedias como la que dio origen a la Ley Joaquín.

Tras arribar a un acuerdo con la oposición “dialoguista”, el oficialismo convocará a su primera sesión en el período extraordinario para el jueves de la semana próxima con un tema por demás sensible: la reforma del régimen penal juvenil y, con ella, la baja de la edad de punibilidad de los menores en conflicto con la ley.

Si bien los libertarios pretendían insistir con el proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo en 2024, que fijaba el piso de imputabilidad en 13 años, finalmente se acordó avanzar con el dictamen que se suscribió en mayo del año pasado y que, a instancias de las bancadas dialoguistas, contempla reducir a 14 el mínimo de punibilidad.

“Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, admitieron en el oficialismo luego de que Pro y la UCR advirtieran que solo votarían el dictamen acordado en mayo, pero que nunca llegó a debatirse en el recinto.

El acuerdo se selló durante una reunión convocada este mediodía por el presidente de la Cámara, Martín Menem, con los jefes de bloque de la oposición. Allí se definió que el martes próximo se constituirán las comisiones correspondientes para, al día siguiente, ratificar el dictamen que se firmó el año pasado pero que perdió estado parlamentario en diciembre. La hoja de ruta se completará el jueves 12, con la sesión convocada en el recinto.

El oficialismo se muestra confiado. “Ya tenemos asegurados 136 votos para arrancar la sesión ”, deslizó un encumbrado miembro de la bancada. En efecto, salvo un sector de Unión por la Patria y la izquierda, el resto de los bloques se anticipó predispuesto a acompañar la iniciativa, con lo cual es altamente probable que sea convertida en ley por el Senado antes de la finalización del período extraordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que la condena máxima que podrá recibir un menor será de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad únicamente se aplicaría como último recurso, por lo que la prioridad a la hora de impartir el castigo serán las penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado.

Durante la reunión con el oficialismo, los bloques provinciales plantearon la necesidad de que la Nación costeara los mayores gastos que insumirá el nuevo régimen en las provincias. Los libertarios acordaron incluir en el texto una cláusula que habilitaría a celebrar convenios entre la Nación y los Estados subnacionales a medida que éstos adhieran al nuevo sistema para afrontar esos costos.

Además de Menem, participaron del encuentro Gabriel Bornoroni y Silvana Giudici por LLA; Germán Martínez, por Unión por la Patria; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; Cristian Ritondo, de Pro; Alberto Arrúa, de Innovación Federal; Pamela Verasay, de la UCR; Miryam Bregman y Romina del Pla; del FIT; Miguel Angel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; Oscar Zago, del MID; Claudio Álvarez, de País Federal; Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo, y José Luis Garrido, de Por Santa Cruz.

El martes, en la sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, el dirigente radical Matías Civale se convirtió en vicepresidente del cuerpo parlamentario. Este será un rol que ostentará durante todo el período legislativo y que servirá para que la Unión Cívica Radical (UCR) cuente con participación en el esquema de autoridades.

Tras finalizar su etapa como presidente del bloque Somos Buenos Aires y pasar al bloque UCR – Cambio Federal, Civale asumió su nueva responsabilidad destacando el compromiso de seguir aportando desde ese lugar a una Provincia más equitativa y con mejores oportunidades.

“Es un orgullo y una enorme responsabilidad que asumo con el convencimiento de que desde aquí puedo seguir trabajando para que los bonaerenses vivan mejor”, declaró el tandilense.

En esa misma línea, Civale aseguró que buscará “llevar la voz del interior productivo a la agenda provincial, fortaleciendo el rol de los municipios y promoviendo una mayor autonomía local”. Señaló que “este mandato implica defender una mirada del interior que muchas veces no es escuchada”.

Además, adelantó que durante su estadía en su banca impulsará una agenda legislativa vinculada a “la autonomía municipal, la regionalización y la mejora de estructuras que hoy no funcionan adecuadamente, como el sistema de salud de IOMA”.

“El objetivo es que varios de estos proyectos puedan convertirse en ley y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses. Es necesaria una vocación de diálogo y construcción de consensos en una etapa clave para la Provincia”, concluyó Civale.

- Presidente: Alejandro Dichiara

- Vicepresidente 1°: Alexis Guerrera

- Vicepresidente: Agustín Forchieri

- Vicepresidente: Juan Esteban Osaba

- Vicepresidente: Mariano Cascallares

- Vicepresidente: Matías Civale

- Vicepresidente: Blanca Alessi

- Secretario Legislativo: Gervasio Bozzano

- Secretario Administrativo: Miguel De Lisi

- Secretario de Desarrollo Institucional: Martín Alaniz

- Secretario de Participación Ciudadana: Sergio Errecalde

- Prosecretario Legislativo: Diego Di Salvo

- Prosecretario Administrativo: David Alcalá

- Prosecretario de Participación Ciudadana: Lucas Yacob

- Prosecretario de Desarrollo Institucional: Lucas Marino Aguirre