El senador bonaerense Sergio Vargas, integrante del bloque libertario dialoguista, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear un dispositivo de salud mental específico para el personal de las fuerzas de seguridad. La iniciativa surge ante el aumento exponencial de casos de suicidio que sacude a la provincia de Buenos Aires. 

Según fundamentó el legislador, "esta ausencia de políticas específicas no solo impacta en la vida personal de los agentes, sino que también repercute directamente en la calidad del servicio de seguridad que el Estado brinda a la ciudadanía".

En el último tiempo, se han vuelto habituales los episodios donde integrantes de las fuerzas deciden quitarse la vida. El trasfondo de estos casos suele estar marcado por hogares con dificultades económicas, salarios insuficientes y una sobrecarga de horas de servicio extra para cubrir gastos básicos.

 Al respecto, Sergio Vargas describió: "Durante años, quienes integran estas instituciones desempeñaron sus funciones en contextos de alta exigencia emocional, exposición a situaciones traumáticas y presión operativa constante, enfrentando lo que técnicamente se denomina riesgo psicosocial crítico".

El senador por la Sexta sección electoral advirtió que la provincia está perdiendo agentes no solo por el accionar del crimen organizado, sino por el desgaste postraumático y la carencia de una red institucional efectiva. "Se están perdiendo agentes no solo a manos del crimen organizado, sino a causa del desgaste postraumático y la falta de una red de contención institucional efectiva", señaló, agregando que "estos padecimientos permanecen muchas veces invisibilizados o silenciados por temor a sanciones".

El proyecto propone la creación del Programa Integral de Salud Mental para el personal de las fuerzas de seguridad y penitenciaria, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad bonaerense y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El dispositivo será obligatorio para los efectivos en actividad y podrá extenderse a retirados y familiares directos.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es resolver la pérdida de ingresos que sufren los agentes al manifestar problemas psicológicos. Actualmente, cuando se retira el armamento de forma preventiva, el uniformado deja de percibir las horas de Policía Adicional o las compensaciones por recargo de servicio. Sobre este nudo crítico, el senador explicó: "El resultado de esta ecuación es trágico pero previsible: el uniformado oculta su depresión y su estrés para no sufrir un recorte drástico en su salario, conviviendo con su arma reglamentaria hasta que es demasiado tarde".

Para revertir esta situación, el legislador consideró que "consagrar normativamente la intangibilidad de la remuneración regular no es un privilegio, es una medida de salvataje directo para que el efectivo pierda el miedo a pedir ayuda". 

Asimismo, sostuvo que "Al reconocer la necesidad de generar condiciones laborales saludables, promover el autocuidado y asegurar procesos de reinserción progresiva para aquellos agentes que atraviesen situaciones de padecimiento mental, se evita toda forma de discriminación o sanción encubierta".

Finalmente, el programa establece que las autoridades deberán elevar un informe anual con datos estadísticos sobre el estado de los agentes. En sus palabras de cierre, Sergio Vargas enfatizó: "Resulta necesario desarticular una cultura institucional que históricamente desalentó la expresión del malestar psíquico, promoviendo en cambio condiciones que favorezcan el cuidado, el acompañamiento y la detección temprana, cuidar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos es una obligación ética y política del Estado".

Ante la creciente preocupación por las pintadas que advierten sobre posibles tiroteos y casos de alumnos que asisten con armas a los establecimientos, senadores bonaerenses de la oposición elevaron pedidos de informes dirigidos a la gestión del gobernador Axel Kicillof. Las iniciativas buscan conocer las medidas de prevención, la existencia de protocolos de actuación y la magnitud de las denuncias registradas en el territorio provincial.

La senadora de La Libertad Avanza (LLA), Analía Balaudo, ingresó un proyecto para que el Ejecutivo fortalezca las acciones de abordaje y garantice entornos seguros para toda la comunidad educativa. Al respecto, la legisladora sostuvo: "No podemos naturalizar este tipo de amenazas ni relativizar hechos que alteran la paz escolar y generan temor real en toda la comunidad educativa. La escuela tiene que ser un ámbito de formación, contención y convivencia, no un espacio atravesado por el miedo y la incertidumbre".

Analía Balaudo advirtió que estas situaciones no deben ser consideradas simples bromas, ya que afectan la vida cotidiana de las instituciones. En los fundamentos de su propuesta, remarcó que "la convivencia escolar no constituye una cuestión accesoria dentro del sistema educativo, sino una condición indispensable para asegurar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un marco de respeto, orden y seguridad".

Asimismo, la legisladora hizo hincapié en la situación de los docentes que enfrentan contextos de hostigamiento y violencia física. "La gravedad del problema exige responsabilidad, intervención temprana y una mirada integral. Hace falta fortalecer herramientas de prevención y acompañamiento, con participación de las autoridades educativas, los equipos profesionales y las áreas competentes en niñez y salud mental", puntualizó, agregando que "no puede hablarse de educación de calidad cuando la figura docente carece de respaldo, protección o autoridad".

Por su parte, el senador y titular de la bancada de HECHOS – UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, también solicitó que el Gobierno "explique qué hizo, qué protocolo activó y qué medidas tomó". El legislador pidió precisiones sobre la existencia de un sistema de alerta temprana y el número de actuaciones judiciales registradas desde el primero de marzo hasta la actualidad. "Las amenazas en escuelas de La Plata y la Provincia exigen respuestas concretas. Las familias necesitan certeza, no silencio", sentenció.

Según datos del Ministerio Público Fiscal, en los últimos días se radicaron más de 1.000 denuncias en toda la provincia vinculadas a mensajes de posibles tiroteos o fotos de alumnos armados. El informe detalla que La Plata registró 90 reportes, Moreno cerca de 70 y La Matanza superó los 200 casos.

En este contexto, gremios del Frente de Unidad Docente Bonaerense mantuvieron una reunión con autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Seguridad para demandar acciones urgentes. "El abordaje del impacto de la cultura digital en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en la vida cotidiana como en las aulas, es una responsabilidad social que excede a las escuelas", manifestaron desde el sector sindical.

El senador Sergio Vargas, titular de la bancada de los libertarios dialoguistas, impulsó una reforma integral de la Ley de Coparticipación municipal. La iniciativa del bloque Unión y Libertad busca actualizar una normativa que rige desde hace casi 40 años y define el reparto de recursos para los 135 distritos bonaerenses.

En declaraciones al medio Diputados Bonaerenses, Sergio Vargas explicó los alcances de la propuesta: "Presentamos un nuevo proyecto de coparticipación. Es bastante novedoso y revolucionario, lo ha preparado gente muy técnica. Es importante reformar una ley de 1987, modificamos los tipos de coeficientes para el CUD para ponderar a los municipios por otros factores, como las escuelas".

El proyecto estipula que las comunas pasen a recibir el 21% del total de ingresos que percibe la Provincia por impuestos sobre los Ingresos Brutos no descentralizados, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal. Cabe destacar que, actualmente, la ley vigente establece un 16,14%.

La distribución se basaría en cuatro factores fundamentales: un 60% entre todas las municipalidades, un 30% para distritos con establecimientos de salud, un 5% para servicios de seguridad y otro 5% para instituciones educativas.

Al respecto, Sergio Vargas alegó que "hoy en día, los Estados municipales atienden un conjunto súper amplio de demandas, relacionadas a educación, formal y no formal, seguridad, proximidad, medioambiente, reciclado, limpieza, seguridad, prevención del delito, tránsito, muy disímiles a las consideradas hace casi 40 años cuando se aprobó la Ley que hoy regula el mecanismo bajo el que reciben fondos coparticipables desde Provincia".

La normativa también contempla que el 2% de la explotación de casinos y juegos de azar se destine al municipio anfitrión, mientras que un 21% se reparta por coeficientes generales. Además, propone una cláusula de coparticipación automática para todo fondo nacional sin destino específico que llegue a la Provincia.

"Dejamos de castigar a los municipios que tiene una buena performance de recaudación, para alentar a la eficiencia recaudatoria", precisó el legislador. Según sus estimaciones, la reforma aumentaría las transferencias en un 31,2% respecto a los valores actuales.

“Nuestra propuesta amplía la base coparticipable, sometiendo a debate en formato de proyecto de ley como es que se van a repartir los recursos públicos”, sostuvo Sergio Vargas. "Al ampliar la base coparticipable los 135 municipios de la provincia ganan, porque son más los fondos que se afectan para distribuir. Y como consecuencia lógica, son menos los recursos que el Poder Ejecutivo provincial tiene para distribuir discrecionalmente", concluyó.

La senadora bonaerense del bloque Unión Cívica Radical (UCR), Nerina Neumann, presentó un proyecto de ley que busca modificar el régimen vigente de venta de bebidas alcohólicas en todo el territorio provincial. La iniciativa apunta a establecer un nuevo esquema horario más amplio, junto con un sistema flexible que habilite a los municipios y al Ejecutivo provincial a fijar restricciones según cada contexto local.

La propuesta pretende modificar la Ley Nº 11.825, que regula la comercialización de alcohol en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de ordenar criterios y corregir las distorsiones que, según la autora, generó la aplicación de la normativa actual. En ese marco, el articulado establece una franja general de venta entre las ocho y las 24 horas, en lugar del esquema vigente que permite la actividad entre las diez y las 21.

En defensa de su planteo, Neumann señaló las dificultades que enfrentan los comerciantes y los consumidores bajo el régimen vigente, al advertir que las restricciones horarias no contemplan las dinámicas reales del consumo ni las particularidades de cada región. Al respecto, la legisladora oriunda de Bahía Blanca sostuvo que la normativa actual genera inequidades entre distintos tipos de comercios y afecta de forma directa a quienes operan dentro de la legalidad.

"La legislación vigente ha demostrado ser un fracaso rotundo en la lucha contra el consumo problemático de alcohol con medidas administrativas, que además traen injusticia para los comerciantes responsables", manifestó.

La dirigente radical apuntó contra el funcionamiento del Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y explicó que el esquema actual perjudica especialmente a supermercados y autoservicios, que tienen bloqueada la venta después de las 21. Según precisó la legisladora, esta situación desplaza la demanda hacia otros canales de venta que operan por fuera de los controles formales.

A su vez, la iniciativa contempla el impacto de las restricciones sobre los habitantes de zonas rurales y los adultos mayores, quienes suelen concentrar sus compras en horarios matutinos. El texto también pone el foco en los inconvenientes que genera el horario de cierre para rubros como vinotecas, bodegas o rotiserías.

"Debemos buscar un horario marco más amplio que conste en la Ley, pero paralelamente permitir que tanto el Ejecutivo provincial como los municipios puedan generar normativas complementarias de mayor restricción teniendo en cuenta la época del año, los rubros o costumbres locales", sostuvo Neumann.

Otro de los ejes centrales del proyecto se vincula con la incorporación de nuevas modalidades de comercialización, en particular aquellas que operan a través de plataformas digitales. La iniciativa modifica el artículo seis de la normativa para incluir como responsables a quienes distribuyen o venden bebidas mediante aplicaciones, páginas web o redes sociales. 

"Desde la informalidad, aplicaciones o perfiles en redes sociales obtienen ventajas, por eso es necesario incorporar explícitamente a los responsables de estas herramientas virtuales como sujetos alcanzados por la ley", declaró la senadora.

Finalmente, la impulsora del proyecto planteó que el Gobierno bonaerense debe avanzar con políticas públicas más integrales en lugar de sostener un esquema que impacta sobre los sectores que cumplen la ley. "Desde el Estado debemos evaluar y poner en marcha de forma urgente herramientas concretas de prevención de consumos problemáticos, como así también de contención y recuperación", concluyó.

El senador bonaerense del PRO, Marcelo “Chuby” Leguizamón, ingresó un proyecto en la Legislatura para crear el “Régimen Provincial de Dato Único”, que busca agilizar los trámites en el Estado y superar un “modelo burocrático obsoleto, fragmentado y redundante, que hace décadas funciona a contramano de las necesidades de la sociedad”.

En rigor, el Régimen de Dato Único propone que ninguna jurisdicción estatal pueda requerirles a personas humanas o jurídicas información o documentos que ya hayan sido presentados en otra dependencia del Estado provincial o municipal. Con esto, el legislador opositor busca promover la simplificación  administrativa, la interoperabilidad y el principio de no redundancia.

“En la Provincia de Buenos Aires, cada persona atraviesa diariamente situaciones que  revelan  un  problema  estructural:  la  repetición  constante  de  información  y documentación que ya está en poder del propio Estado. Lo que debería ser un trámite sencillo se convierte, en la práctica, en un ´peregrinaje´ entre oficinas que exigen copias, formularios y certificaciones que ellas mismas emitieron o que podrían obtener internamente con una simple consulta”, relató Leguizamón.

En este sentido, los datos que no se podrán requerir son, por ejemplo, fotocopias, constancias o certificados tales como DNI y datos de identidad, CUIT, CUIL o CDI; domicilio real o legal, partidas y actas del Registro Civil, habilitaciones, permisos y antecedentes administrativos; o información registral de automotores, personas jurídicas y bienes.

Con esta propuesta, órganos, entes, empresas,  sociedades,  agencias  y  organismos  centralizados,  descentralizados, autárquicos y desconcentrados del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial bonaerense se abstendrán de solicitar información que ya se encuentre en poder del Estado. Para ello, deberá consultarla a través de los mecanismos de interoperabilidad.

Este mecanismo será el Sistema Provincial de Interoperabilidad Administrativa (SPIA), que es creado por el proyecto de Leguizamón y que está destinado a permitir el intercambio seguro, automático y verificable de datos entre organismos públicos, garantizando la seguridad informática y cifrado de extremo a extremo; la trazabilidad de cada consulta; el registro de accesos; la autenticación fuerte de autoridades y la verificación de finalidad legítima para cada consulta.

“Esta repetición innecesaria no es un error aislado, es un síntoma de una lógica estatal que, por inercia, termina trasladando a los ciudadanos la carga del desorden administrativo, generando demoras, costos de tiempo, frustración y una pérdida de confianza que erosiona la legitimidad institucional. El desafío central de este proyecto es invertir esa dinámica y devolverle al Estado su verdadera función: facilitar, simplificar y acompañar”, destacó el autor de la iniciativa.

En caso de que un agente público no acate esta normativa, podría ser sancionado bajo apercibimiento, suspensión, multa, responsabilidad patrimonial por daños o demoras, o un sumario administrativo, mientras que la reiteración podría constituir una falta grave. En tanto, todo individuo tendrá derecho a no presentar documentos ya obrados en el Estado, exigir que el organismo consulte la información internamente, presentar quejas ante incumplimientos, y acceder al registro de trazabilidad para ver quién consultó sus datos y con qué fin.

“Este proyecto busca devolverle tiempo a la gente. El tiempo es el recurso más escaso y más valioso de todas las personas; y un Estado que hace perder tiempo es un Estado que se aleja de su razón de ser. El Régimen de Dato Único apunta exactamente a lo contrario: reducir los obstáculos, eliminar la redundancia, agilizar la gestión y transformar el vínculo entre el ciudadano y la administración. Es una reforma silenciosa pero gigantesca, que tendrá impacto en la vida de millones de bonaerenses, día a día, trámite a trámite”, sentenció Leguizamón.

La Cámara alta de la provincia de Buenos Aires le dio media sanción a un proyecto que establece la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios como sanción para quienes cometan infracciones de tránsito. La iniciativa fue presentada por el senador del bloque UCR + Cambio Federal, Ariel Bordaisco, y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados bonaerense.

“Las infracciones de tránsito no son solamente números o estadísticas, son una vida rota, una familia destruida, una comunidad dolida. Por eso proponemos una pena que también permita que el infractor recapacite”, sostuvo el senador oriundo de Mar del Plata y enfatizó que el trabajo comunitario puede reducir los niveles de reincidencia y promover la rehabilitación.

La propuesta legislativa busca modificar el artículo 39 bis de la Ley 13.927 de Tránsito, al incorporar el trabajo comunitario como una sanción complementaria o alternativa a las tradicionales multas económicas y a la inhabilitación para conducir. El proyecto prevé que los infractores cumplan entre 2 y 20 horas de tareas, en horarios que no interfieran con sus actividades laborales o educativas.

El texto aprobado contempla que los jueces de faltas serán los encargados de determinar el tipo de tareas, el lugar y la duración de la sanción, teniendo en cuenta las características del hecho, los antecedentes del infractor y los posibles efectos reparadores. Las tareas deberán realizarse en instituciones de bien público o en organismos estatales de los municipios o la Provincia.

En los casos más graves, cuando la infracción haya puesto en riesgo la vida o la salud de terceros, el proyecto establece que el trabajo comunitario se deberá cumplir en centros de rehabilitación psicofísica para víctimas de siniestros viales. La intención es que los infractores tomen conciencia directa del impacto de su conducta.

La sanción de trabajo comunitario también podrá ser solicitada por la persona acusada al momento de su notificación o en audiencia, y su otorgamiento quedará a criterio del juez. El incumplimiento de la medida cuadruplicará el monto de la multa correspondiente, según estipula el articulado de la norma.

Desde el entorno del senador radical indicaron que la propuesta busca generar una política pública de prevención, rehabilitación y conciencia vial. “El castigo económico muchas veces no logra el efecto deseado. Necesitamos sanciones que impliquen un aprendizaje concreto y que sirvan también para reparar el daño causado”, explicó Bordaisco.

La propuesta se inspira en la experiencia de otras provincias como Mendoza, en la que este tipo de medidas ya se encuentran vigentes, y responde a una demanda social creciente por mejorar la seguridad vial y disminuir la siniestralidad en rutas y calles bonaerenses. “Queremos que el infractor conecte con su error, colabore con la comunidad y aprenda de sus consecuencias”, concluyó el legislador radical.Trabajo comunitario

La iniciativa establece que el trabajo comunitario consistirá en tareas no remuneradas en actividades de interés social, educativo o de utilidad pública. Los jueces podrán determinar su aplicación de oficio o a pedido del infractor, siempre que se evalúe que puede generar un cambio de conducta y conciencia sobre las normas de tránsito.

Además, el proyecto contempla que el cumplimiento de las horas de trabajo comunitario pueda redimir días de la sanción de inhabilitación para conducir. De esta manera, se promueve una lógica restaurativa, que combine castigo con posibilidad de reinserción.

La autoridad de aplicación deberá coordinar con los municipios la implementación, fiscalización y ejecución de las sanciones, mediante convenios que aseguren la asignación de tareas útiles y acordes a los fines pedagógicos de la norma. Varios distritos bonaerenses ya aplican este tipo de medidas por ordenanza.

Por último, Bordaisco destacó que “el objetivo no es castigar por castigar, sino lograr una transformación real en la actitud del conductor. Estas sanciones tienen valor educativo, social y humano”. De obtener sanción definitiva, la norma incorporaría una herramienta inédita en el Código de Tránsito provincial.

Tras la postergación de los nombramientos para Tandil a finales del mes pasado (el 28 de mayo) finalmente anoche se aprobaron los pliegos por lo cual habrá tres jueces a ocupar distintas dependencias locales.

En efecto, el Senado bonaerense analizó 93 pliegos judiciales propuestos por el Ejecutivo de los que ya había acordado el mes pasado con más de un centenar.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la provincia de Buenos Aires se reunió en el Salón Dorado del Palacio Legislativo para analizar 93 pliegos de antecedentes remitidos por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de cubrir vacantes en el Poder Judicial provincial.

La reunión fue presidida por el senador Emmanuel González Santalla y contó con la presencia de los senadores Marcelo Daletto, Gustavo Soos, Gabriela Demaría, Amira Curi, Luis Omar Vivona, Sergio Raúl Vargas, Alejandro Daniel Rabinovich, Marcelo Leguizamón Brown y Juan Manuel Rico Zini. En tanto, de manera virtual, estuvieron Alex Campbell y Sofia Vannelli.

Durante la jornada, se evaluaron las propuestas para ocupar distintos cargos judiciales, incluyendo jueces de primera instancia, fiscales, defensores oficiales y otros puestos clave en el sistema judicial provincial.

Este procedimiento forma parte del circuito constitucional de designaciones, en el que el Senado tiene la atribución de prestar acuerdo a las propuestas realizadas por el Poder Ejecutivo.

En lo que respecta al interés tandilense, al menos de la comunidad judicial, versaba sobre la posibilidad de designaciones de pliegos precisamente con destino en organismos locales.

La aprobación de anoche será para tres cargos. Un juez para el Tribunal Criminal 1, con el pliego del doctor Martín Oscar Viceconte. Un magistrado para el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, con el pliego del doctor Sebastián Manual Sarde; y un juez para integrar el Tribunal de Trabajo, con el pliego del doctor Gustavo Adrián Iacaruso.

Como oportunamente se consignó, Tandil adolece de cargos sensibles en lo que concierne al funcionamiento judicial. En el Tribunal Criminal está desintegrado hace cinco años, tras las jubilaciones de Pablo Galli, Guillermo Arecha y la asunción como juez de Cámara Gustavo Agustín Echevarría. Los actuales debates se logran realizar con jueces subrogantes, en la gran mayoría con el actual juez correccional Carlos Pocorena, quien surfea también una compleja actualidad con un calendario copado por su propio juzgado, el único en dicho fuero más allá de otras tantas promesas de creación de uno nuevo.

También el Juzgado Civil y Comercial 3 está vacante hace años con la ida de la doctora Mónica González Aloritta. Y en el tribunal laboral también quedó una vacancia desde la pandemia, tres el fallecimiento del doctor Marcelo Molina.

A continuación, se detalla el listado completo de los pliegos a los que se solicitó prestación de acuerdo para su designación:

1. DEFENSOR GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO, DR. PABLO HERNÁN SANTAMARINA.

2. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO, DR. JUAN TOMAS GODOY.

3. JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO, DRA. MARIÁNGELES VILLALBA.

4. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL PERGAMINO, DR. PEDRO ALEJANDRO ZANARDI.

5. FISCAL ADJUNTO DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN PENAL. DR. LUCIANO JAVIER MARINO.

6. JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA, DRA. CARINA VERÓNICA GIL.

7. JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA, DRA. MARÍA SOFÍA REZZÓNICO BERNARD.

8. FISCAL GENERAL DEPARTAMENTAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLÁS, DRA. SANDRA NOEMÍ BICETTI

9. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA, DR. PABLO GAMBOA.

10. JUEZA DEL CUERPO DE MAGISTRADOS SUPLENTES, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO LABORAL, DE LA REGIÓN 2: DEPARTAMENTOS JUDICIALES MORÓN, SAN MARTÍN, LA MATANZA, SAN ISIDRO Y MERLO, MARIA LAURA PAZ.

11. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES, DR. MARCELO ENRIQUE ROMERO.

12. JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES, DR. NICOLÁS ÁNGEL PORFIDO.

13. JUEZ DE JUZGADO DE RESPONSABILIDAD PENAL JUVENIL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE – CAMPANA, DR. TOMÁS ANDRÉS CORNÚ.

14. JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO, DRA. NATALIA LORENA JURADO.

15. JUEZ DE JUZGADO DE PAZ LETRADO DEL PARTIDO DE LA MADRID DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, DR. ORLANDO OSCAR SIMON.

16. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA SEDE SALADILLO, DR. HERNAN AUGUSTO CIVITARESE.

17. JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL QUILMES SEDE BERAZATEGUI, DR. FRANCISCO ARTURO MARTINEZ GARMENDIA.

18. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLÁS, DR. ALEJANDRO RAÚL ARES.

19. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE LOS FUEROS CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN NICOLÁS, DR. LEONARDO BLUHN.

20. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA. DR. MARCELO NICOLÁS ADRIÁN DOMINGUEZ.

21. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, DR. MARCOS FEDERICO GARCIA ETCHEGOYEN.

22. JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL.

DR. BERNARDO JUAN CECILIO FERNANDEZ DE VILLEGAS.

23. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL, DR. MARTÍN OSCAR VICECONTE.

24. JUEZ DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL. SEDE TANDIL, DR. SEBASTIÁN MANUEL SARDE.

25. JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE OLAVARRÍA, DR. CHRISTIAN MARCELO BENÍTEZ.

26. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, DRA. SANDRA VIVIANA ADORNO.

27. JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL AZUL, SEDE TANDIL, DR. GUSTAVO ADRIÁN IACARUSO.

28. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, DR. JUAN MARTÍN ENZAGARAY.

29. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, DR. JUAN PAULO GARDINETTI.

30. JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, SEDE MAR DEL TUYU, DRA. JACQUELINE LOURDES BARBIERI.

31. JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, DR. EMILIANO JAVIER LAZZARI.

32. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES, DR. SANTIAGO FRANCISCO CREMONTE.

33. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DR. FEDERICO CARRILLO.

34. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DR. SEBASTIÁN ALEJANDRO GRYS.

35. JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DRA. MARÍA FERNANDA ARRINDA.

36. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DRA. MARÍA FERNANDA ANAYA.

37. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DR. JONATHAN RENÉ BARRAUD.

38. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DRA. LUCIA COPERTINO.

39. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DRA. GEORGINA MARÍA RETAMALES.

40. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA, DR. EDUARDO ESTEBAN MAGOJA.

41. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. LEONARDO SCHUHMANN.

42. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. LEANDRO ARIEL PATETTA.

43. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LOMAS DE ZAMORA. DR. SERGIO FERNANDO ZARATE.

44. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DRA. LUCÍA LAPORTE.

45. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DRA. MARÍA IRENE MARCHIANA.

46. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERCEDES. DR. GASTÓN EDUARDO PARRA.

47. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO. DRA. MARIANA SOLEDAD SCHEMBERGER.

48. JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MERLO. DR. HUGO ALBERTO LLADÓ.

49. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DR. DIEGO DAVID GRECO.

50. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DRA. MARÍA JOSÉ PAPARONE.

51. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DRA. ANALÍA VERÓNICA REYES.

52. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DR. JUAN MANUEL BOTTA ARAMBURU.

53. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DRA. MARÍA DE BIASE.

54. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DR. LUCAS TOMÁS DOLAN.

55. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DR. JAVIER FERNANDO FARULLA VAAMONDE.

56. DESIGNAR AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORENO - GENERAL RODRÍGUEZ. DRA. SOLANGE AYELEN CASTELLI.

57. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. JUAN MANUEL FERNANDEZ CORA.

58. JUEZA DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DRA. VERÓNICA VANESA GEREZ.

59. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.  DR. LUCIO EZEQUIEL RIVERO.

60. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. EMILIANO HUGO RODRIGUEZ REGGIANI.

61. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. MARTÍN ALEJANDRO SCHEBES.

62. JUEZ DE JUZGADO DE GARANTÍAS DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. ROBERTO MAXIMILIANO CARLETTI.

63. JUEZA DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DRA. MERCEDES CONTI.

64. JUEZ DE JUZGADO EN LO CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.  DR. MARIANO JAVIER YSNARDEZ.

65. JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DRA. MARÍA FLORENCIA BLANCO KÜHNE.

66. JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. CARLOS ARIEL DIAZ.

67. JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DRA. MARÍA ITATÍ GESUALDI.

68. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.

DRA. ALDANA VALERIA PARELLO.

69. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DRA. ROMINA GISELE PICARDI.

70. DEFENSOR OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CIVIL, COMERCIAL Y DE FAMILIA, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN.  DR. HERNÁN LUIS LAMOTHE.

71. DESIGNAR JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DR. VÍCTOR HUGO BONAVIA.

72. JUEZA DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL MORÓN. DRA. MIRTA SUSANA COLLADOS.

73. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA. DR. DANIEL OSCAR SURGEN.

74. SESORA DE INCAPACES DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL NECOCHEA.

DRA. ANDREA MARCELA VALLE.

75. JUEZ DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. JULIÁN FERNANDEZ.

76. JUEZA DE TRIBUNAL DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN.  DRA. ROCÍO MAILEN GONZALEZ MORA.

77. JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. EMILIANO ANDRÉS LAVAGNINO.

78. JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DRA. PAULA VALERIA BAGGIO.

79. JUEZ DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN MARTÍN. DR. JAVIER IGNACIO FRIAS.

80. JUEZ DE TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE - CAMPANA, SEDE CAMPANA. DR. FACUNDO JORGE QUINTEROS.

81. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE - CAMPANA.  DRA. MARÍA CATALINA FERNANDEZ DUVIVIER.

82. DEFENSORA OFICIAL, PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL, DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL ZÁRATE, SEDE ESCOBAR.

DRA. PILAR CASTAÑO.

83. JUEZ DEL CUERPO DE MAGISTRADOS SUPLENTES - PARA ACTUAR ANTE EL FUERO LABORAL - DE LA REGIÓN 3: DEPARTAMENTOS JUDICIALES PERGAMINO, SAN NICOLÁS Y ZÁRATE - CAMPANA. DR. GERMAN ALFONSO BREZINA.

84. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN Y GARANTÍAS EN LO PENAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL DOLORES. DR. DIEGO OLIVERA ZAPIOLA.

85. JUEZA DEL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. ANALÍA INÉS CARRILLO.

86. JUEZ DEL TRIBUNAL EN LO CRIMINAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. LUCAS MASSACCESI.

87. JUEZA DE JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR.GÜENDALINA SESSAREGO.

88. JUEZ DE CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. JUAN AGUSTÍN SILVA.

89. JUEZA DE JUZGADO DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. CLAUDIA EUGENIA PORTILLO.

90. AGENTE FISCAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. PATRICIO IGNACIO JORGE BARRAZA.

91. DEFENSOR OFICIAL PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DR. JUAN PEDRO NIEVAS.

92. DEFENSORA OFICIAL PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. MARÍA FERNANDA AMOREO CASOTTI.

93. DEFENSORA PARA ACTUAR ANTE EL FUERO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DEL DEPARTAMENTO JUDICIAL LA PLATA. DRA. MARÍA ELENA BOUCHOUX.

El senador provincial por la UCR, Ariel Bordaisco, informó sobre un proyecto de ley para establecer la autarquía del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). En paralelo, anunció una campaña de firmas para avalar la iniciativa que intenta modificar dos artículos de la normativa que rige a la obra social.

La presentación la concretó el bloque de la UCR en ambas cámaras de la Legislatura provincial.

“Es una modificación a dos artículos de la ley, que prevé la autarquía de IOMA, es decir que todos los ingresos que IOMA sume por los aportes de cada uno de sus afiliados vayan efectivamente a las arcas de IOMA y no entren a la administración central de la Provincia de Buenos Aires, que es lo que sucede hoy”.

En diálogo con “Plataforma Magacine” (Eco TV y 104.1 Tandil FM), cuestionó que en la actualidad, “el Ministerio de Economía toma la decisión sobre esos fondos, para qué los quiere usar y de qué manera”, por lo que la modificación impulsada “haría que cada uno de los aportes de los casi 2 millones de afiliados en toda la provincia de Buenos Aires sirvan para hacer la base económica de la obra social y no del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”.

Sostuvo que “la crisis económica y sanitaria de la obra social es uno de los problemas más federales que tiene la provincia: no hay municipio en la provincia de Buenos Aires, con algunas excepciones, donde IOMA no funcione mal” y lo confrontó con otros tiempos en los que “supo ser una obra social de primer nivel”.

En cuanto a la situación actual, enumeró que “carece de prestaciones, no hay medicamentos, los tratamientos que cubría ya no los cubre; los contratos o convenios que tenía con instituciones médicas privadas de primera línea ya no los tiene más, los rompió o los paga en forma tardía; ni hablar del área de discapacidad. Está funcionando mal en toda la provincia de Buenos Aires la obra social. Entonces si hay problemas económicos, que sepamos cuáles son los ingresos de la obra social y que la obra social disponga de esos ingresos”.

En paralelo, el senador Bordaisco indicó que legisladores de la UCR y de otros espacios políticos han presentado “pedidos de informes sobre la trazabilidad de los ingresos de IOMA y la cartelización en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, como así también impulsaron las interpelaciones al presidente Homero Giles, el ministro de Salud Nicolás Kreplak y el jefe de Gabinete Carlos Bianco; la declaración de emergencia económico sanitaria de la obra social, lo que le hubiese permitido derivar fondos de otros lugares para hacer frente a todas las obligaciones que tenía”.

Lamentó que “todo esto fue bloqueado por la mayoría importante que tiene hoy el oficialismo provincial en ambas cámaras” y si bien sostuvo que es obligación presentar los números de IOMA, “tenemos un Gobierno que infringe permanentemente la ley, que no da acceso a información pública, que no contesta ninguno de los informes, que directamente invisibiliza el tema IOMA, prácticamente es un tema vedado de conversación”.

Cuestionó que “mientras tanto, aparecen gerenciadoras que actúan como intermediarios, que no se entiende muy bien de dónde surgen y salen, o por qué aparecen ahora; las rupturas de los convenios en un montón de lugares con instituciones privadas de primer nivel que venían conveniando con IOMA a pesar de las crisis, de la desactualización de los montos, de la tardanza en los pagos, seguían siempre sosteniendo las cápitas de IOMA. Hoy muchas de ellas no lo hacen más, han dejado de tener esta situación por el desastre que es este Gobierno en esa administración”.

En paralelo, apuntó a que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha referido a que la crisis de IOMA viene de hace mucho tiempo, pero “en los últimos años se ha acelerado en forma increíble, y todos los días hay alguien esperando una prótesis que no llega, un medicamento que lo dejan de cubrir”.

El senador también expuso que los trabajadores municipales y provinciales están “compelidos” a aportar a la caja de IOMA, como así también los jubilados de los estados municipales y el provincial, quienes “todos los días se encuentran con esta situación”.

Para cerrar, el senador radical reconoció que en este tema, “los únicos que levantan la voz son las fuerzas opositoras, la gente en la calle y los autoconvocados, que todo el tiempo se convocan en los pueblos de la provincia de Buenos Aires a manifestarse, pero de los sindicatos nada, del Gobierno nada, silencio”.

El Senado bonaerense convocó a una nueva sesión para la próxima semana con el objetivo de despachar los últimos pliegos judiciales del paquete de nombramientos que el gobernador Axel Kicillof envió a la Legislatura a finales de 2024, y de aprobar una batería de proyectos que quedaron sin tratamiento tras la frustrada audiencia del pasado martes.

Luego de lo que fue la sesión de fines de mayo en la que se aprobaron 131 pliegos judiciales, el próximo miércoles a partir de las 15 horas el Senado bonaerense buscará darle luz verde a los 75 nombramientos de jueces, fiscales y defensores oficiales, cumpliendo de esta forma con la obligación de darle tratamiento a las 206 postulaciones que Kicillof ingresó al parlamento a fines del año pasado, y que quedaron truncos debido a las negociaciones por el fallido Presupuesto 2025.

Para que eso sea posible, ese mismo miércoles a partir de las 9 horas la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos buscará darle dictamen a los pliegos judiciales, dado que sí o sí requieren pasar por un cuerpo parlamentario para llegar al recinto. “Como la comisión va a ser horas antes, yo no creo que la sesión arranque de manera puntual”, adelantaron desde el Senado bonaerense.

En efecto, estos pliegos judiciales servirán para cubrir las vacantes en los departamentos de San Nicolás, La Plata, Mercedes, Zárate/Campana, Merlo, Azul, Quilmes, Morón, San Martín, La Matanza y San Isidro.

La inclusión de Azul, cabecera de la comunidad judicial de la que forma parte Tandil,  genera expectativa dado las sensibles vacancias con las que cuentan distintas dependencias locales, donde se encuentran pendientes de aprobación el cargo de juez para el Tribunal Criminal 1, con el pliego del doctor Martín Oscar Viceconte, un magistrado para el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, con el pliego del doctor Sebastián Manual Sarde; y un juez para integrar el Tribunal de Trabajo, con el pliego del doctor Gustavo Adrián Iacaruso.

Por otro lado, la Cámara alta provincial también incluirá en el orden del día los proyectos que se suponía tenía que tratar el pasado martes, y que quedaron en stand by luego de que la oposición lograra hacer caer la sesión, con motivo del debate de las reelecciones indefinidas.

La jugada del radicalismo, del PRO y de La Libertad Avanza para tumbar la sesión ordinaria, fue fuertemente reprehendida por la titular del bloque peronista, Teresa García, quien calificó la falta de quórum de la oposición como una actitud “maniquea y caprichosa” y los trató de “cobardes” por no sentarse en sus bancas para dar el debate sobre las reelecciones indefinidas. “Había un montón de proyectos para tratar sobre tablas. Una serie de cosas que tendríamos que haber discutido”, se quejó.

En este sentido, al temario del próximo miércoles del Senado bonaerense también ingresarán pelotón de iniciativas que no tuvieron tratamiento la semana pasada, entre los que se destacan la implementación del código QR en el turismo provincial, la entronización del Papa Francisco en ambas Cámaras y la creación de un portal web para que los ciudadanos participen del diálogo legislativo.

El Senado bonaerense aprobó ayer los 131 pliegos judiciales de los más de 200 propuestos por el Gobernador Axel Kicillof para cubrir vacantes de magistrados de primera instancia, fiscales y defensores oficiales.

Pese a que en la previa había expectativa sobre si los legisladores incluirían en la sesión alguno de los proyectos de reelección indefinida, pasadas las 16, únicamente se llevaron al recinto los pliegos para cubrir puestos clave en el Poder Judicial provincial.

La instancia generaba expectativa en la comunidad judicial local con cabecera en Azul, dado las sensibles vacancias que cuentan distintas dependencias tandilenses, sin embargo –una vez más- prevaleció el poder de fuerza, lobby, de los grandes distritos del conurbano a la hora de levantar la mano para las designaciones acordadas.

La sesión parlamentaria fue presidida por la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y contó con la presencia del ministro de Justicia, Juan Martín Mena.

"Quiero agradecer el trabajo de los integrantes del Consejo de la Magistratura que han acelerado temas que vienen de larga data. Teníamos una deuda y hemos cumplido con nuestra responsabilidad", aseguró la titular del bloque de Unión por la Patria (UxP), Teresa García, al cierre de la sesión.

Los pliegos judiciales habían sido analizados por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que dictaminó una parte importante de los más de 200 jueces propuestos por el Ejecutivo para ocupar lugares en el Poder Judicial.

Ahora se aprobó el OK para los 131 funcionarios, una medida que vienen reclamando los colegios de Magistrados y Abogados de la Provincia.

El resto de los nominados serán considerados en una nueva tanda. Y mientras tanto, el cuerpo terminará de entrevistar a los candidatos que aún no pasaron por esa instancia, una minoría.

Según se consignó, el acuerdo para cubrir las vacantes se alcanzó en horas del mediodía en una reunión de Labor Parlamentaria, que no resolvió, de todos modos, algunas objeciones tanto de un sector del oficialismo como de la oposición sobre algunos pliegos, que se seguirán negociando.

La semana pasada, la cuestión de los pliegos había formado parte de un encuentro entre la titular del Senado, Magario, y los presidentes de los bloques de UCR-Consenso Federal, Agustín Máspoli, y el PRO, Cristian Gribaudo.

En lo que respecta al interés tandilense, al menos de la comunidad judicial, versaba sobre la posibilidad de designaciones de pliegos precisamente con destino en organismos locales.

Vale señalar que Tandil depende de la cabecera con asiento en Azul, desde donde tampoco surgieron mayores avances sobre las oportunamente demandas elevadas frente el escenario de vacancias. De las designaciones de ayer, solo se aprobó el pliego para cubrir el cargo del Juzgado de Paz Letrado de General Alvear, quien asumirá la doctora María Virginia Paoltroni.

En la expectativa ahora frustrada en la ciudad, estaban pendientes de su aprobación tres cargos. Un juez para el Tribunal Criminal 1, con el pliego del doctor Martín Oscar Viceconte. Un magistrado para el Juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, con el pliego del doctor Sebastián Manual Sarde; y un juez para integrar el Tribunal de Trabajo, con el pliego del doctor Gustavo Adrián Iacaruso.

Los citados estaba en la amplia lista de pliegos a tratar y aprobar, empero finalmente los senadores avalaron la mitad de la lista enviada por el Gobernador, dando prioridad a departamentos judiciales de mayor dimensión y “poder de presión” y caudal electoral.

Tandil adolece de cargos sensibles en lo que concierne al funcionamiento judicial. En el Tribunal Criminal está desintegrado hace cinco años, tras las jubilaciones de Pablo Galli, Guillermo Arecha y la asunción como juez de Cámara Gustavo Agustín Echevarría. Los actuales debates se logran realizar con jueces subrogantes, en la gran mayoría con el actual juez correccional Carlos Pocorena, quien surfea también una compleja actualidad con un calendario copado por su propio juzgado, el único en dicho fuero más allá de otras tantas promesas de creación de uno nuevo.

También el Juzgado Civil y Comercial 3 está vacante hace años con la ida de la doctora Mónica González Aloritta. Y en el tribunal laboral también quedó una vacancia desde la pandemia, tres el fallecimiento del doctor Marcelo Molina.

El Senado bonaerense votaría esta semana un paquete de 205 pliegos judiciales que habían quedado trabados a fines de 2024. El acuerdo ocurrió este jueves tras una reunión de la que participaron Verónica Magario, con senadores del peronismo, el PRO y la UCR.

Así lo consigna el portal de noticia la Políticaonline, quien refiere que la titular de la Cámara Alta se reunió con Teresa García (Unión por la Patria), Christian Gribaudo (PRO) y Agustín Máspoli (UCR). El acuerdo fue bajar al recinto la semana próxima para tratar los expedientes en una sesión ordinaria que será la primera del año.

Según pudo saber el portal, hubo en los últimos días fuertes presiones desde la Suprema Corte para avanzar con las vacancias que jaquean el sistema de Justicia en la provincia.

En lo que respecta a Tandil, por citar el caso más crítico, el Tribunal Oral Criminal 1 hace cinco años que funciona con magistrados subrogantes. Tras las jubilaciones de Pablo Galli –primero- Guillermo Arecha –después- y la asunción de Gustavo Agustin Echevarría como camarista, no se designó reemplazo alguno, debiendo ocupar el cargo el juez Correccional Carlos Pocorena y, en los últimos debates, el recientemente asumido por juez de Azul, Albano Gallicchio.

Según se indicó en la información de la ciudad de las diagonales, existió un pedido de los senadores opositores para lograr una sesión ordinaria (la primera del año) que permita dar curso a los proyectos que se acumulan desde noviembre pasado en Mesa de Entradas. Es que como no hubo ninguna sesión ordinaria en lo que va de 2025, las comisiones de trabajo no reciben los expedientes ingresados en los últimos siete meses.

Los 205 pliegos judiciales pasaron en noviembre pasado por la comisión de Asuntos Constitucionales en medio de tensiones entre el kirchnerismo y el axelismo. LPO había contado que La Cámpora trabó durante horas las entrevistas a los candidatos y que la oposición pegó el faltazo a la reunión de comisión en desacuerdo con el listado de nombres enviado por el Ejecutivo.

Uno de los expedientes que generó tensiones fue el B 460 por el que se solicitaba prestación de acuerdo para designar Juez en lo Civil y Comercial de La Matanza a Walter Kunzmann. Ese documento fue retirado por Magario a pedido de Fernando Espinoza para designar en ese cargo a Laura Matto.

Ese día, el presidente de la comisión, Emmanuel González Santalla, le envió una nota a Magario en la que le reclamaba la remisión del expediente a la comisión. La comisión de Asuntos Constitucionales logró arrancar a sesionar alrededor de las 14 con el objetivo de realizar 99 entrevistas en cuatro horas, lo que daba un promedio de 2,4 minutos por entrevista.

El Senado bonaerense dio hoy media sanción y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del gobernador Axel Kicillof para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia.

La aprobación del proyecto se destrabó luego de que la titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, quien mantiene una dura interna con su ex hijo pródigo por la conducción del peronismo, aceptara a regañadientes y luego de mucha resistencia el desdoblamiento electoral y la suspensión de las PASO propuesto el mandatario bonaerense.

En un largo posteo, que estuvo plagado de críticas a Kicillof por lo que considera un error político, la ex presidenta terminó cediendo en sus pretensiones de hacer concurrentes las elecciones provinciales y las nacionales (unificando la fecha), e instruyó a su tropa tanto del Senado como de la Cámara de Diputados bonaerense a acompañar el proyecto del gobernador.

La totalidad del bloque de Unión por la Patria votó a favor de la iniciativa, con la excepción del senador Federico Fagioli (que responde al líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois), quien se abstuvo para defender la continuidad de las PASO.

De confirmarse la suspensión de las PASO en la Cámara Baja, los electores bonaerenses deberán acudir a las urnas apenas dos veces: el 7 de septiembre para elegir legisladores provinciales y concejales municipales, y el 26 de octubre para elegir diputados nacionales.

La presidenta de la bancada de UP en el Senado, María Teresa García, quien reporta directamente a Cristina Kirchner, consideró que con la implementación de la Boleta Única de Papel impulsada por el presidente Javier Milei se “desordenó todo”. 

La senadora bonaerense coincidió con Cristina Kirchner en el diagnóstico de que “en este contexto de crisis era mejor una única elección” y agregó que "no era el momento de experimentar" con un desdoblamiento.

En esa línea, subrayó que el kirchnerismo "no cree en la municipalización de la política, ni en su provincialización sino en un proyecto nacional".

Por su parte, el titular del Bloque de Senadores UCR + Cambio Federal, Agustín Maspoli manifestó que “estar discutiendo cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal”.

Y agregó: “Entiendo que la decisión que estamos tomando es la correcta, de acuerdo a los cambios introducidos a nivel nacional, pero siento que estamos fuera de tiempo, en parte por la tensión que se vivió dentro del oficialismo”.

“En los medios de comunicación se hablaba de la interna del oficialismo y no de los problemas de los bonaerenses”, lamentó, y concluyó: “hoy estamos dando certidumbre al electorado y a los partidos políticos”.

A su turno, el senador del PRO Marcelo Leguizamón Brown, también apoyó la suspensión de las PASO.

“Las PASO fueron una buena idea en el papel, y podríamos rediscutirlas de cara al futuro para mejorarlas, pero seamos honestos, en la provincia de Buenos Aires solo han servido para ratificar listas únicas, como una gran encuesta previa a las elecciones generales, o como simulacro de competencia entre estructuras que ya tienen todo cocinado a dedo”, argumentó. 

El legislador opositor aseguró que “durante estos meses el gobernador Kicillof tomó a las PASO como elemento de presión dentro de su propio espacio”. 

“Usó a las elecciones como rehén de su interna, al igual que a todos los bonaerenses, que mientras somos meros espectadores, seguimos esperando que el Gobierno se ocupe de los verdaderos problemas de inseguridad, de la mala atención en salud, de la falta de infraestructura escolar, entre muchos otros”, agregó.

Diputados y senadores de PRO presentaron hoy dos proyectos de ley para suspender las PASO para las categorías bonaerenses -legisladores, concejales y consejeros escolares- en las elecciones de este año, luego de que el Senado convirtiera en ley una suspensión equivalente, pero para los comicios para elegir diputados nacionales por la provincia.

Los proyectos fueron presentados por los senadores Christian Gribaudo y Alejandro Rabinovich -Presidente del bloque PRO el primero, su antecesor el segundo- y por los diputados Matías Ranzini y Agustín Forchieri, también presidente actual y anterior del bloque, en este caso de la cámara Baja.

Ambas iniciativas plantean lo mismo: suspender las PASO para este año (respecto de 2027 dejan abierta la posibilidad de realizarlas, como ocurrió a nivel nacional), para lo que debe modificarse la ley 14.806, que regula el régimen electoral en la provincia de Buenos Aires.

En el proyecto de Gribaudo y Rabinovich se agrega, además, un capítulo en el que se “recomienda” al Ejecutivo destinar las partidas hoy previstas para realizar las PASO a la política de Seguridad.

“Según estudios recientes, la mayoría de los partidos políticos han optado por no dirimir sus internas a través de este mecanismo. En la práctica, las EPAOS no han sido determinantes en la definición de candidaturas a nivel provincial, lo que refuerza la necesidad de revisar su continuidad”, justificaron su iniciativa desde el bloque de Senadores, en un comunicado.

En la legislatura ya existe otro proyecto para suspender las PASO: fue presentado por el diputado massista Rubén Eslaiman. El FR es el sector del oficialismo que más claramente se pronunció por la suspensión de las primarias.

Las PASO en Provincia están atadas por ley a las nacionales, a raíz de una cláusula que manda hacerlas el mismo día, que en su momento introdujo Néstor Kirchner para evitar dobles juegos electorales de intendentes bonaerenses. Ahora, caída la elección nacional, en PBA deberán sancionar una ley para suspenderlas también en Provincia. En caso de que se mantengan, sería el gobernador Axel Kicillof quien debería establecer una fecha de realizan.

Kicillof, que aún no definió con claridad que camino tomará, sí dejó en claro que una vez que una vez suspendidas las PASO nacionales queda libre le camino para definir lo que ocurrirá en la Provincia. A su vez, esa definición será previa a la determinación sobre si desdoblará o no los comicios bonaerenses respecto de los nacionales.

Axel Kicillof logró una doble victoria parlamentaria al conseguir la media sanción en la Cámara de Senadores de un proyecto de elaboración propia para reformar la caja de jubilaciones del Banco Provincia a instancias de la Corte Suprema y, al mismo tiempo, transformar en Ley el Régimen de Grandes Inversiones conocido como “RIGI Bonaerense”.

El expediente más complejo era el de Bapro, que el Ejecutivo logró que se apruebe con una mayoría simple compuesta por los legisladores de Unión por la Patria y los libertarios críticos del bloque de La Libertade Avanza, que integran Carlos Kikuchi, Silvana Ventura y Sergio Vargas.

Se opusieron las bancadas de La Libertad Avanza1 (alienada con la Casa Rosada), el PRO, UCR – Cambio Federal y bloque menores libertarios, que consideran que el régimen que se votó instaura un régimen de “jubilaciones de privilegio” en el Banco.

El articulado, elaborado por un equipo coordinado por el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, revierte una reforma previa, de 2017, votada a instancias de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.

En concreto, devuelve la edad jubilatoria de las mujeres de 65 años, a la que la había llevado la reforma de Vidal, a los 60 años y crea una escala gradual para aplicar la edad mínima desde ahora. También, plantea que las jubilaciones debían volver a calcularse al 82% del promedio actualizado de las remuneraciones percibidas durante los 120 meses anteriores al cese, cuando en la ley de Vidal se ordenaba hacerlo al 70%.

A la votación se llegó después de un pedido de la Suprema Corte provincial, que intervino en varios expedientes que se originaron por presentaciones judiciales de jubilados afectados por la reforma de 2017. En 2022 se había alcanzado un consenso para una reforma con un texto idéntico al que ahora se aprobó, que incluía al radicalismo y el PRO. Pero una intervención a último momento de Mauricio Macri, en combinación con Vidal, la frenó.

La votación tuvo un condimento reglamentario extra: se trató de una sesión especial, convocada por la presidenta del cuerpo, la vicepresidenta Verónica Magario. Fue necesario recurrir a esa inusual figura porque el proyecto no había tenido el respaldo suficiente en comisiones. En la previa, la oposición había advertido que el formato exigía una mayoría de dos tercios de los presentes para aprobar el proyecto, pero se impuso el criterio del oficialismo de que solo era necesaria la mayoría simple.

En tanto, Kicillof también consiguió que se apruebe el RIGI, proyecto que redactó el ministro de Producción, Augusto Costa, como alternativa al RIGI nacional, al que la Provincia no adhirió, en el marco de la disputa entre Kicillof y el presidente Javir Milei por captar la inversión de Petronas, para realizar una planta de licuefacción de gas.

En el caso del RIGI, UxP votó a favor, igual que LLA, mientras que PRO y LLA1 se opusieron.

La ahora ley de RIGI bonaerense  establece una segmentación en tres grupos de acuerdo al monto de la inversión alcanzado. Así, si la inversión es de hasta US$ 50 millones (M), tendrán beneficios por 5 años y 30% de exención impositiva. Mientras que si es de entre US$ 50 M y US$ 200 M, habrá beneficios por 4 años y 25% de exención impositiva. En el caso de las inversiones mayores a US$ 200 M, los beneficios otorgados por el nuevo régimen será de 3 años y 20% de exención.

Con relación a los beneficios impositivos, el RIGI bonaerense que el Gobernador girará a la Legislatura tendrá exenciones fiscales parciales sobre los Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y de Sellos, según precisó el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, el RIGI bonaerense también contempla que los proyectos de inversión mayores a US$ 50 millones deberán presentar un “programa de desarrollo de proveedores”, que tendrá que contemplar que al menos el 50% del monto total destinado al pago a ese rubro se haga con la contratación de empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires.

Los proyectos se segmentan en tres grupos de acuerdo al monto de la inversión en cuanto a los beneficios iniciales:

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) rechazó el proyecto de Ley de Góndolas ingresado al Senado de la provincia de Buenos Aires y consideró que, en caso de ser aprobado, perturbará la operatoria de numerosas empresas e incrementará sus costos, con el consiguiente perjuicio para el consumidor final.

“Desde hace casi 100 años la CAC promueve los principios de iniciativa privada y libertad económica, en el convencimiento de que son esos los valores que generan el progreso, tal como lo deja en claro la experiencia internacional y la propia historia argentina”, afirma la entidad en un comunicado de prensa.

En esta línea, meses atrás celebró la derogación de la Ley de Góndolas a nivel nacional; y ahora “observa con franca preocupación el proyecto bonaerense”. 

Sin embargo, la entidad advirtió que coincide con diversos objetivos planteados en la iniciativa –como el de evitar prácticas distorsivas, promover el crecimiento de las pymes o alcanzar precios competitivos–, pero consideró que la herramienta propuesta es no solo incorrecta sino incluso contraproducente: “la excesiva injerencia en las relaciones comerciales más temprano que tarde deriva en escasez de productos y/o suba de precios, perjudicando a empresas y consumidores”, agregó.

Consideró además que el proyecto vulnera la libertad de comercio consagrada en la Constitución Nacional. “Si bien no es un derecho absoluto, resulta abusivo que mediante una ley se impongan condiciones de comercialización para solamente algunos de los actores que participan en las relaciones de consumo masivo”, indicó la entidad que conduce Mario Grinman.

“Nuestro país tiene un largo historial en políticas que, amparadas en fines loables, acaban por generar un severo daño. Las omnipresentes y excesivas regulaciones que se han ido estableciendo en Argentina –algunas con una complejidad tal que las hace virtualmente impracticables– representan un severo lastre para las pequeñas, medianas y grandes empresas afectadas, que limita sus posibilidades de crecimiento y, en no pocos casos, acaba por poner en riesgo su viabilidad”, agregó el comunicado. .

Sobre el final destacó que los argumentos ya esgrimidos tienen “un correlato adverso en el campo laboral, como así también en los indicadores sociales: sin un sector privado pujante no es posible crear empleo genuino ni generar la riqueza necesaria para superar los escandalosos niveles de postergación y pobreza que nuestro país registra”.

La Cámara Empresaria y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil expresaron su disconformidad en torno al proyecto que cuenta con media sanción en la Legislatura bonaerense que busca establecer un nuevo método de cálculo que encarece los créditos laborales.

Como se informó en estas páginas, el cambio radica en la tasa de interés que se pasaría a utilizar en los cálculos, que es mayor a la actual, por lo cual ambas instituciones expusieron sus rechazos ante la aprobación que el pasado 15 de mayo la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio al proyecto presentado por la diputada Maite Alvado.

La iniciativa propone la modificación del artículo 48 de la Ley 11.653 de Procedimiento Laboral de la provincia de Buenos Aires y determina que los créditos laborales que se fijen una vez dictada la sentencia tengan una actualización conforme a la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda.

En ese marco, el presidente de la entidad camarista, Bruno Cerone, y el representante de los hoteleros, Mario Wisner, participaron el miércoles de una reunión que se celebró en La Plata con senadores y representantes del sector empresarial e industrial de la provincia en la que plantearon sus objeciones en torno a la iniciativa.

Por la negativa

En diálogo con El Eco Multimedios, Wisner enumeró los alcances de la reunión en la que consiguieron el compromiso de los bloques de la UCR, el PRO y de las diferentes expresiones liberales en el Senado bonaerense para frenar la iniciativa que actualiza las indemnizaciones por despidos en el territorio provincial.

En ese ámbito, los legisladores tomaron nota del sector privado representado por instituciones como FEBA y CAME para conocer sus opiniones. “Esta modificación intenta incorporar un sistema distinto al que se usa hoy para calcular los intereses, pero está basado en un coeficiente que no es para calcular intereses”, alertó el represente de la Asociación de Hoteles.

El empresariado puntualizó sus reparos a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en materia de indemnizaciones, fundamentalmente porque incluye en su fórmula una capitalización diaria que en materia laboral “contraría la legislación vigente”.

La utilización de ese indicador “haría que los intereses por las causas laborales terminen siendo más importantes que la causa en sí”, dijo y agregó que la demora en las cusas laborales “no depende del privado ni de la persona que tiene el problema, sino de la Justicia”, por lo que “no habría motivo por el cual el damnificado tiene que pagar los costos de los tiempos de la Justicia”.

En este caso en particular, los senadores de la oposición “nos llamaron para que podamos exponer nuestros argumentos y nos dieron la certeza que iban a votar por la negativa en el Senado”.

Asimismo, Wisner expuso sus reparos al señalar que “esto es política” y que “sabemos que es complicado dar certezas, pero se supone que en el caso que llegue al recinto van a votar por la negativa”.

“Es una locura”

Por otro lado, señaló que los alcances del proyecto trascendieron después que obtuvo media sanción en la cámara baja y agregó como argumento que, bajo este esquema, habría fallos en la Justica laboral que “daría montos superiores a los valores de la empresa”.

“Es una locura”, calificó y dijo que además “se supone que lo hacen para actualizar las causas judiciales de acuerdo a la inflación, pero es una legislación que va a quedar para siempre”.

“La actualización la tiene que trabajar la Justicia porque es para un momento determinado. La realidad es que hay que trabajar con un montón de cosas en torno a este tema y que la Justicia tarde menos”, planteó el hotelero.

Desde su punto de vista, manifestó que “nadie trabaja para llegar a un juicio laboral” y que este enfoque contribuiría con “la industria del juicio laboral”.

“Lo que se busca es tratar de desalentar la industria del juicio, que existe, y tratar de alentar al empresariado, a los comerciantes, a generar más empleo. Con este tipo de cosas estamos lejos”, alertó.

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó una modificación a la normativa que regula el cálculo de intereses de las sentencias judiciales por indemnizaciones laborales y gran parte del sector de las pequeñas y medianas empresas plantearon su rechazo a la iniciativa.

En ese marco un grupo de empresarios viajó a La Plata para reunirse con senadores de diferentes bloques y manifestar su disconformidad de cara al tratamiento del proyecto en la Cámara Alta. Entre otros estuvo presente el secretario de la Asociación de Hoteles de la ciudad, Mario Wisner, quien dialogó con El Eco de Tandil. Brindó precisiones de los encuentros, así como se refirió a lo que consideró una modificación en sentido contrario a la incorporación de trabajadores registrados.

“Esto no es algo solo de la parte hotelera y gastronómica. Al contrario, es de todo aquel que tenga un empleado. Incluso el kiosquero que tiene un solo empleado, está corriendo riesgo de terminar con su empresa solo por un fallo judicial”, alertó. Agregó además que “hay q tratar de legislar medidas para que la gente tome más empleados”.

La llegada de los empresarios a La Plata fue gestionada por la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos marplatenses y por la coordinación provincial de la entidad. Pero además de los representantes turísticos también asistieron de otros sectores como comercio, industria y textiles.

En concreto se reunieron con la senadora Flavia Delmonte –del bloque radical-, y luego con Carlos Curestis y el diputado provincial Alejandro Carrancio de La Libertad Avanza. También los recibió el senador Alejandro Rabinovich –del PRO- y un asesor del senador Sergio Vargas, con quien proyectan dialogar en persona la semana próxima. En paralelo, gestionan diálogos con referentes provinciales de Unión por la Patria.

El objetivo de las reuniones fue el de” trasladarles la inquietud del sector y en general de todo el sector que tiene un empleado o que contrata un empleado”, a quienes tratarán la normativa una vez que pase por comisiones y realice el recorrido parlamentario correspondiente. La expectativa, señaló Wisner, es que el Senado Provincial rechace de lleno la modificación a los fines de que no vuelva a Diputados.

“Hay que tratar de legislar medidas para que la gente tome más empleados”, planteó Wisner en referencia a pensar otras iniciativas que impulsen la incorporación de trabajadores registrados y no que aporten en “generar la industria del juicio o del no juicio”, como agregó haciendo mención a las dilatadas disputas judiciales que suelen arribar a soluciones a través de acuerdos particulares.

El hotelero explicó que la modificación en la normativa aplica como índice para establecer el monto del pago de indemnizaciones a través de sentencias judiciales el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Tal instrumento, sostuvo, no fue creado con tal fin y su acumulación diaria “elevaría los intereses de la sentencia a números casi irracionales”.

Puso como ejemplos fallos de la Justicia de Mar del Plata donde los veredictos determinaron que los montos a abonar a los empleados fueron muy superiores incluso al valor total de las empresas empleadoras.

Wisner agregó que el proyecto modificó “algo que es de orden nacional”, por lo que no descartó un futuro accionar de instancias superiores de Justicia que declaren inconstitucional la medida. Además planteó que el CER “lleva un 6 por ciento de multa”, lo que incrementa aún más los montos, y marcó su rechazo a legislar a partir de un índice inflacionario ya que “esa legislación va a quedar de por vida, incluso para el día que no haya inflación”.

La Cámara Empresaria y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil salieron a mostrar su disconformidad ante la iniciativa que cuenta con media sanción en la Legislatura bonaerense y que busca establecer un nuevo método de cálculo que encarece los créditos laborales.

El cambio radica en la tasa de interés que se pasaría a utilizar en los cálculos, que es mayor a la actual, por lo cual ambas instituciones expusieron sus rechazos ante la aprobación que el pasado 15 de mayo la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires dio al proyecto presentado por la diputada Maite Alvado.

La iniciativa propone la modificación del artículo 48 de la Ley 11.653 de Procedimiento Laboral de la provincia de Buenos Aires y determina que los créditos laborales que se fijen una vez dictada la sentencia tengan una actualización conforme a la tasa activa efectiva anual vencida, cartera general diversa del Banco Nación, con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda.

Categórico rechazo 

En un comunicado enviado a esta Redacción, la entidad con sede en Mitre 856 planteó que tras modificarse en Diputados el cálculo de los intereses en las sentencias, pidió evitar “una manifiesta desproporción que prescinde de la realidad de las empresas”.

La Cámara Empresaria de Tandil hizo llegar su reclamo al Senado para que no convalide la nueva redacción del artículo 48 de la Ley 11.653 y evitar así “un grave perjuicio para las pymes y para la generación de empleo”.

Con la firma de su presidente Bruno Cerone, la entidad local planteó sus reparos al proyecto que establece que el monto  indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER más el 6 por ciento anual.

De acuerdo a esos términos, el cálculo de tiempo se computaría desde la fecha de cese de la relación laboral “hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente”.

Mesa de diálogo “urgente”

Ante la posibilidad que la reforma avance en el Senado, desde la entidad empresarial tandilense solicitaron “se revea su tratamiento y no se avance hasta tanto se conforme una mesa de diálogo urgente con el sector empresario” para evitar una modificación  de la norma de Procedimiento Laboral que, según interpretan, “será devastadora para las pymes locales”.

En el escrito enviado a capital bonaerense el empresariado puntualizó sus reparos a la aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) en materia de indemnizaciones, fundamentalmente porque incluye en su fórmula una capitalización diaria que en materia laboral “contraría la legislación vigente”.

“Corresponde advertir que la naturaleza del CER fue como índice en lugar de tasa propiamente dicha cuyo origen incluyó la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos, es decir que se interpreta erróneamente considerar que la simple regulación por parte del Banco Central convierte a esta herramienta financiera en una ‘tasa’, y aún más, en una tasa adecuada para la actualización de créditos laborales”, señala.

Posible solución

Aquel procedimiento, opinan desde Tandil, “no sólo constituye un verdadero fracaso a la hora de encontrar una solución a la problemática original y derivada (depreciación de los créditos laborales) sino que continúa generando un resultado desproporcionado y de significativo impacto para las empresas comprometiéndolas a su cierre y/o reducción”.

Tras una serie de advertencias, vuelve a solicitar la revisión y exhorta a tomar en cuenta una solución: “El parámetro de la tasa debe ser modificado concretamente por uno que se encuentre dentro del sistema bancario y sin una actualización extra, puesto que la misma ya se encuentra incluida en la propia tasa”. 

“Golpe durísimo a las pymes que más trabajo generan”

La Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares, Confiterías y Afines de Tandil también expresó su rechazo y se sumó al pedido de revisión por parte del Senado bonaerense del artículo 48 de la Ley 11.653, tras la modificación en Diputados del cálculo de los intereses en las sentencias judiciales sobre indemnizaciones laborales.

Desde la entidad consideraron que esta iniciativa “deja ver una desproporción que podría hacer quebrar cualquier pyme solo en un fallo judicial”

Tras la reciente sanción en Cámara de Diputados de Buenos Aires de una reforma al cálculo de los intereses de las sentencias por juicios laborales, la hizo llegar el reclamo a la Cámara alta y a cada uno de los legisladores “para evitar la convalidación de la nueva redacción del artículo 48 en busca de evitar un grave perjuicio para las pymes, la generación de empleo y sobre todo desalentar la industria del juicio”.

El enfoque de la institución

De acuerdo al proyecto votado,  el cálculo de tiempo se computaría desde la fecha de cese de la relación laboral hasta el efectivo pago de la indemnización correspondiente y establece que el monto indemnizatorio por el que se condene al empleador se deberá actualizar según el CER más el 6 por ciento anual.

“El sistema de actualización, ha conllevado a un resultado manifiestamente desproporcionado que prescinde de la realidad económica de las empresas demandadas. El CER implica una indexación basada en el Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) y contiene su fórmula de capitalización diaria”, con lo cual “contrariaría la legislación vigente en cuanto a la prohibición del art. 770 del Código Civil y también de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 (en versión Ley 25.561)”, analizó la entidad.

Por ende, advirtió que la naturaleza del CER “fue la de índice en lugar de tasa propiamente dicha, cuyo origen incluyó la conversión forzosa de depósitos bancarios en moneda extranjera a pesos”.

Como la mayoría de las entidades empresariales de la provincia, “nos sumamos al pedido de una mesa de diálogo, solicitando que se revea su tratamiento y no se avance hasta tanto se conforme un lugar de debate con el sector empresario”.