Una jornada tan emotiva como particular se vivió durante la mañana del sábado 11 de octubre en el Cementerio Municipal. Con motivo de conmemorarse un nuevo Día del Obrero Canterista, investigadores de la carrera de Historia de la Facultad de Ciencas Humanas de la Unicen y trabajadores de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), realizaron un acto homenaje a aquellos pioneros de la organización canteril.

La historia de los picapedreros y obreros de las canteras de Tandil no solo marcó gran parte de la identidad de la ciudad sino también la de trabajadores de todo el país, ya que fue a raíz de sus luchas que se establecieron derechos que perduran, como el de la jornada laboral de 8 horas.

En búsqueda de relatos, testimonios y en particular de la memoria de lo que significa la cultura de las canteras a nivel local, investigadores del Eje de Historia, Cultura y Patrimonio del Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Humanas desarrollan desde hace tiempo un minucioso trabajo de indagación en la biblioteca de AOMA. Como parte de sus actividades, organizaron la actividad en el Cementerio Municipal, de la que participaron también familias de obreros canteriles.

“Los chicos de Historia están realizando un laburo extraordinario, a través de los libros de actas y diferentes informaciones que tenemos en la biblioteca, que es además una de las más antiguas que tenemos acá”, destacó Walter Marcovich, de AOMA.

De parte de la Facultad de Humanas de la Unicen, fue José Olivera quien tomó la palabra para contar que desde hace dos años –en el marco de un proyecto de Extensión-, llevan a cabo “un proceso de recuperación colectiva de la historia, en el cual gentilmente desde AOMA nos permitieron el acceso a revisar materiales documentales, y también de la biblioteca obrera de las canteras, una biblioteca que se fundó en 1918, y es una biblioteca única, porque era para los obreros y las comunidades canteriles. Y en ese recorrido de recuperación colectiva de la historia pudimos recuperar algunas figuras y luchas importantes, como las luchas de las mujeres, y en especial durante el año pasado pudimos recuperar la historia de un trabajador que fue asesinado en 1911, Bekika Bucovich”, explicó el investigador.

Fue a raíz del vínculo entre los investigadores y los trabajadores canteriles que surgió la iniciativa de realizar un acto homenaje que incluyó una recorrida por el Cementerio Municipal, visitando las tumbas de Roberto Pascuzzi y del mencionado Bekika Bucovich.

Marcovich recordó que fue Pascuzzi junto a Luis Nell quienes convocaron en 1906 a una reunión de la que participaron peones, barrenistas, herreros y otros trabajadores. Fue con el fin de plantear las condiciones de trabajo precarias, por lo que a partir del encuentro se conformó una comisión provisoria de obreros. El 6 de octubre se llamó a una asamblea extraordinaria donde nació el primer gremio obrero vinculado a la actividad canteril en el país.

“Una de las principales historias que está en todos los libros es la de la llamada Huelga Grande. Esa huelga duró 11 meses, hubo conflictos, hubo obreros encarcelados, pero siempre pelearon por los derechos de los trabajadores. Yo creo que son un claro ejemplo de lo que fue el movimiento obrero argentino. Fueron nuestros pioneros, fueron los que ayudaron a los trabajadores y conquistadores de los derechos laborales fundamentales”, cerró Marcovich.

La jornada en el Cementerio Municipal estuvo marcada por la emoción de los trabajadores pero en particular de las familias de los homenajeados. En ese sentido, el encuentro fue también un ámbito para intercambiar y rememorar historias vinculadas a la cultura canteril de la ciudad. Los historiadores también pudieron dar cuenta de los avances en su investigación, y brindar detalles de la vida de los trabajadores recordados.

Fue durante la tarde del pasado lunes 11 de agosto cuando una serie de inusuales explosiones se sintieron en diferentes puntos de la ciudad. El hecho provocó inquietud vecinal, y las autoridades del Municipio se comunicaron con las autoridades de la cantera Cerro Federación para solicitar un informe acerca de lo ocurrido. La empresa presentó las explicaciones a la Comuna, consideró que se trató de una situación impredecible, e indicó que todo se dio luego de que una pared cediera en el marco de tareas de remediación de uno de los frentes del lugar.

Cabe recordar, la Cantera Cerro Federación se encuentra en el km. 177 de la Ruta Nacional 226, del lado contrario a la línea que demarca el inicio de la poligonal regulada por la Ley de Paisaje Protegido. De acuerdo a lo que transmitieron desde el Municipio, se trata de un establecimiento que opera con la habilitación provincial correspondiente.

Sin embargo, la tarde del jueves 11 de agosto, la actividad canteril encendió las alarmas de vecinos inquietados por el efecto que produjeron una serie de voladuras. El hecho motivó que las propias autoridades comunales se pusieran en contacto, primero con los organismos provinciales a cargo, y luego con la mencionada empresa. Los funcionarios se trasladaron hasta la cantera y mantuvieron un encuentro con los responsables, quienes se comprometieron a presentar un informe por lo ocurrido.

De acuerdo a la información a la que pudo acceder este Diario, y tal como se había estipulado tras el encuentro entre autoridades de la Jefatura de Gabinete y la Dirección de Ambiente con responsables de la cantera, la llegada de los efectos de la voladura a la ciudad se sucedió tras un escape de ruido que no pudo predecirse.

La actividad en concreto formaba parte del cronograma de tareas que la empresa lleva a cabo de manera regular, aunque no se trataba de una detonación con fines extractivos sino de remediación de uno de los frentes. Es decir, de explosiones que se realizan a modo de arreglos, para perfilar los frentes para futuras extracciones.

Para eso se perforaron 3 pozos de seis metros de profundidad, que fueron cargados con cartuchos de emulsión. En cada uno se dejó un taco de poco más de dos metros sin cargar, los cuales se cubrieron con material.

Luego se procedió a concretar la detonación, y fue entonces cuando una pared posterior cedió y dejó escapar el ruido que se expandió hacia la zona urbana. También de acuerdo al informe en cuestión, se trató de un hecho sin precedentes para la empresa, e imposible de predecir. La firma también expuso que lo sucedido no provocó mayores efectos que el ruido ambiental registrado en la ciudad.

La Municipalidad recibió de parte de la empresa canteril un conjunto de planillas con los detalles del material utilizado, y un análisis de la operación realizada. En las mismas, expresaron desde la Comuna, consta que no se aplicaron explosivos en cantidades mayores a las reguladas.

La intención del gobierno local fue la de registrar que no se haya producido una anomalía o una explotación irregular, aunque la autoridad de aplicación para los establecimientos habilitados corresponde a los organismos provinciales bajo la órbita del Ministerio de Producción.

Desde los obreros que trabajaron la piedra hacia finales del siglo XIX y principios del XX, hasta la sanción de la Ley de Paisaje de Protegido de 2010, la actividad canteril delineó un perfil económico, paisajístico, ambiental e identitario en la ciudad. 

A partir de la aprobación de la Ley de Paisaje Protegido 14.126 se constituyó como Paisaje Protegido al sector denominado como la Poligonal, delimitado por las Rutas Provinciales 74 y 30 y la Ruta Nacional 226. En ese marco, la mencionada normativa prohibió las radicaciones de actividades extractivas mineras y aclaró que las canteras radicadas en ese sector tendrían un año para producir su proceso de reconversión.

Cabe mencionar que anterior a la Ley 14.126, la legislación municipal a través de la Ordenanza 9865/05, ya establecía la prohibición de actividades extractivas en la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil, que corresponde tanto a los sectores ubicados en el Área Complementaria de la ciudad de Tandil, por sobre la cota 220 msnm y 200 msnm en el Área Rural del Partido de Tandil.

Vale reseñar  también que la actividad minera en el partido de Tandil se encuentra controlada por las autoridades provinciales a través de la Subsecretaría de Minería y en este momento hay cuatro canteras con registro de productor minero: Cerro Federación; Cerro Domicos S.A.; Equimac S.A.; y Minera Tandil S.A.

Antes de la sanción de la Ley de Paisaje Protegido se encontraban en funcionamiento ocho canteras, que producían piedra molida y arena de granito, destinados fundamentalmente a obra pública, y enormes piedras para la construcción de escolleras.

Asimismo, a raíz de la puesta en vigencia de la normativa se retiraron los registros de productores mineros de cuatro canteras ubicadas dentro de la Poligonal (Albión, Montecristo, El Naranjo y El Centinela), a la que se le suma una cantera que había sido cerrada anteriormente por conflictos ambientales y que ya se encontraba en litigio antes de la sanción de la mencionada norma. En tanto, desde la sanción de la Ordenanza 9865/05 y la Ley 14.126 no se han aprobado nuevas canteras de extracción de granito en la zona.

Hubo un tiempo en que los barrios de Cerro Leones y La Movediza eran los centros productivos y sociales más importantes de Tandil. Los picapedreros fueron protagonistas de entonces, y llevaron adelante la Huelga Grande, una movilización con la que lograron obtener la jornada de 8 horas y otros derechos para los canteristas.

Con motivo de celebrarse el Día del Trabajador, los integrantes de la Asamblea Barrios de Piedra señalizaron el lugar en el que funcionó el primer salón sindical, donde se gestó la histórica manifestación de 1908 y 1909. En concreto colocaron un letrero con datos e imágenes de aquel suceso, y un código QR para ampliar información.

En un emotivo acto, un grupo de vecinos celebró no solo el contar con un hito que aporte información para locales y turistas  sobre la historia de ambos barrios, sino también el recuperar parte fundamental de la identidad y la memoria de la ciudad.

“Esto es también mostrar que en los barrios hay una comunidad presente, hay una comunidad activa, y que hay también muchos lugares importantes en La Movediza, Cerro Leones, o Villa Laza. Que este fue un lugar de lucha de los trabajadores de las canteras, y que quizás al día de hoy no se conoce, quedan en los márgenes de nuestra ciudad, y para las comunidades que vivimos acá es muy importante valorar nuestro lugar, nuestra historia. Tiene que ver con la identidad, con quiénes somos, qué legados ha dado la lucha de los trabajadores a la historia de Tandil y de nuestro país”, compartió Dana Valente Ezcurra, parte de la Asamblea, quien dialogó con El Eco de Tandil junto a sus compañeros José Olivera, Flavio García y Paola Verona.

La jornada comenzó poco después de las 11 del miércoles 1 de mayo, en el cruce de la calle Azucena con la vía que conectaba La Movediza y Cerro Leones. Se trata del punto intermedio del Camino de la Amistad y los Picapedreros. 

Allí, junto a vecinos en general, se reunieron integrantes de la Asamblea Barrios de Piedra, la continuación de lo que fuera el proyecto de Extensión de la Unicen Barrios de Piedra, una iniciativa que a partir de diferentes actividades trabajó en la recuperación de la historia y la memoria de los barrios picapedreros de la ciudad.

El grupo de teatro comunitario Araca, que funciona en el Club La Movediza, realizó una intervención artística en la que mencionaban a las mujeres sindicalistas que participaron de la Huelga Grande. Posteriormente, se descubrió el letrero instalado, que cuenta con un texto histórico y un código QR para ampliar información. 

“Acá funcionó el primer salón sindical de la Sociedad Unión Obrera de las Canteras, que estaba en un punto intermedio entre Cerro Leones y La Movediza. Y se organizó  la Huelga Grande en 1908 y 1909. Los trabajadores de las canteras consiguieron jornadas de trabajo de 8 horas, que no se les pagaran en plecas, sino en dinero, que pudieran circular libremente y no trabajar los domingos. Son derechos básicos que se fueron conquistando a principios del siglo XX, y están bastante invisibilizados en la historia de la ciudad”, expresó Olivera.

“Queremos que todos los 1 de mayo hacer encuentros reivindicando estos derechos. Y más, en este contexto de retroceso, muy triste. Buscar la memoria no viene mal, y entender que la historia la hacen los pueblos, no el gobierno de turno”, sumó.

Desde la Asamblea Barrios de Piedra continúan proyectando actividades, y planifican una propuesta diferente por mes para el resto del año, a los fines de seguir visibilizando la recuperación histórica que llevan adelante y sumando la participación de vecinos. 

Cada verano se reedita una pregunta abierta en el debate público local. ¿Se puede hacer algo con las cavas de Cerro Leones? Más allá de advertencias y prohibiciones, un gran número de vecinos -y cada vez más turistas- concurren al lugar. Evidenciando la inexistencia de un balneario municipal, pero también alertando por la indefinición de las autoridades comunales sobre el destino del patrimonio histórico y natural de la ciudad.

Aunque desde hace tiempo se comenta la posibilidad de recuperar formalmente el el espacio, hasta el momento no se avanzó en ese sentido. Sin embargo existe una experiencia que podría servir de inspiración para dicho proyecto. Se trata de Ecopole du val d'allier, un parque público gestionado por una asociación de funcionarios comunales electos y organizaciones, ubicado en la comuna francesa de Pérignat-sur-Allier, que se creó a partir de la puesta en valor ambiental y cultural de una ex cantera que funcionó a la vera de un río.

De entrada libre y gratuita, el Ecopole es tanto un paseo con senderos para caminatas, como un ámbito donde se realizan test agrícolas -respetando los modos de producción tradicionales y la biodiversidad-, se practica yoga, pesca y se avistan aves autóctonas, entre muchas otras actividades. Además, en el lugar se mantuvieron las antiguas máquinas en desuso, intervenidas con cartelería que hace alusión a la historia del espacio.

El Eco de Tandil dialogó con Luciano Copello, ingeniero agrónomo argentino residente desde hace años en Francia - donde se formó además como Management de Proyectos Territoriales-, quien trabajó recientemente en el plan de gestión que se elaboró para la iniciativa.

A partir de su vínculo con el proyecto de extensión de la Unicen Barrios de Piedra, Copello conoció las cavas y en el marco de un conversatorio pudo compartir su experiencia con vecinos del lugar, en pos de proyectar posibles líneas de acción para recuperar el espacio. Planteando similitudes y diferencias con la iniciativa francesa, y haciendo hincapié en la importancia de la participación ciudadana en su desarrollo, sostuvo que para el predio de Cerro Leones “lo más interesante es tratar de ver cómo la gente local ve el proyecto y cuáles son las prioridades”.

Lo que en el presente se conoce como “las cavas” fue muchos años atrás una sierra próspera que junto con La Movediza supo ser uno de los centros más pujantes de Tandil. Allí se instalaron los primeros picapedreros y se llevaron adelante gestas obreras históricas. Con la transformación del modo de explotación de la piedra a través de explosivos la cultura picapedrera comenzó a perderse.

La cantera CIGA funcionó hasta 1990, y si bien se mantuvo el letrero de “propiedad privada”, el lugar se abandonó. Por ese motivo puede considerarse al predio como un “pasivo ambiental”, que de acuerdo a la normativa provincial son aquellos sitios afectados con contaminación o deterioro de los recursos naturales y ecosistemas producidos por actividades públicas o privadas que constituyen un riesgo para la población y a su vez han sido abandonados por sus responsables.

La comuna fue intimada dos veces -a raíz de la denuncia de la familia de una persona que murió ahogada mientras nadaba en las cavas- a intervenir en la restricción del acceso, aunque las autoridades locales apelaron dichos fallos para que otros organismos canalicen las medidas. La Provincia había colocado un letrero alertando por los peligros de bañarse en el lugar, sin embargo el cartel ya no puede verse. Y cada fin de semana de verano las cavas se llenan de gente.

“135 hectáreas de espacio natural incluyendo 40 hectáreas de agua, 231 especies de aves con una biodiversidad excepcional, 8 kilómetros de senderos con 5 observatorios y paneles educativos, 10 hectáreas de zona de pesca, 60 años de operación de cantera y 10 años de restauración ambiental”, dice el sitio web oficial del Eco Polo -tal la traducción de Ecopole-, donde también se agrega que el lugar es un “sitio emblemático de transición ecológica” que “pretende convertirse en un lugar educativo que concilie las actividades humanas y la protección del medio ambiente”.

Luciano Copello trabajó en el seguimiento y redacción del Plan de Gestión para los próximos 10 años que se elaboró para el lugar. Desde su experiencia, y luego de haber visitado Cerro Leones, comentó detalles de la iniciativa francesa y planteó similitudes y diferencias con el predio tandilense.

Entre otros aspectos, indicó que la legislación en Francia habilita la explotación canteril por determinada cantidad de tiempo, y luego los responsables son obligados a realizar un estudio y elaborar un proyecto de re-naturalización, de preservación de la biodiversidad, o de actividades sociales.

“Lo interesante justamente fue que antes de que termine la actividad de extracción se trabajó con la empresa que estaba, las comunas, asociaciones locales y una diversidad de actores locales, para armar un proyecto que corresponda al interés de la gente que está cerca de la ciudad y de la gente del campo”, comentó el ingeniero, quien precisó que el espacio pertenecía a un conjunto de propietarios que luego cedieron la gestión del predio a una asociación mixta conformada por diferentes entidades.

“Es un espacio abierto, no hay ninguna barrera que impida que la gente entre”, señaló Copello, quien precisó que a través del organismo de gestión las asociaciones implicadas se vinculan-complejidades de por medio- para generar consensos entre los intereses.

“Hay un espacio donde se hace horticultura y otro para que se hagan teste agrícolas. Está la parte más recreativa, hay una asociación de yoga, está la Liga de Protección de las Aves porque uno de los ejes fuertes del lugar es la re-colonización de especies, hay miradores hechos con madera y piedra local, hay senderos por los que se puede caminar, hay una asociación vinculada al ámbito rural para la re-inserción de personas que no pueden encontrar empleo, y hay máquinas viejas con paneles con información porque se valoriza el hecho de que hubo una antigua minera”, listó el ingeniero sobre la diversidad de opciones que ofrece el Eco Polo.

Consultado por similitudes y diferencias con respecto a lo que pudo observar durante su visita a Cerro Leones, Copello comentó que las ex canteras francesas no fueron de explotación serrana sino que se emplazaron a la vera de un río. Sin embargo, también allí quedaron “pozos que ahora son lagos”, según precisó. Agregó que de acuerdo al consenso establecido por las asociaciones que gestionan el predio, actualmente no permiten bañarse en el lugar.

A partir del vínculo con integrantes del programa Barrios de Piedra -a quienes conoció en un congreso de la Unicen-, Copello recorrió las cavas, y luego fue parte de un conversatorio en el que pudo compartir su experiencia de trabajo en el Ecopole, así como coordinar un intercambio de ideas posibles a implementar en Cerro Leones.

El resultado fue una serie de ejes y desafíos comunes -pensados al igual que en el caso francés de manera colectiva- referridos a la cuestión ambiental, la preservación, la valorización y otros. “Desde mi punto de vista hay similitudes y diferencias. Pero por ejemplo lo que es valorización patrimonial, la cuestión histórica, en eso están trabajando mucho los proyectos”, sostuvo, aunque también planteó una diferenciación con respecto a la regulación del uso existente en Francia, donde existen otros espacios similares reglamentados.

“Se verá en Tandil a qué instancia o organización corresponde abordar esas distintas cuestiones. Pero un espacio así requiere también que tenga varios ejes de trabajo y sería lo mejor si se puede consensuar”, concluyó.

“Somos de Buenos Aires, pusimos en el Google Maps lugares para recorrer y nos salió La Movediza y este”, dijo un turista proveniente de Capital Federal que descansaba sentado a la sombra mirando las cavas de Cerro Leones. Con una lona en el piso, la conservadora y el mate, disfrutaban de la “playa” como tantos otros tandilenses y visitantes durante el fin de semana.

El lugar dejó de ser un secreto entre los locales y cada vez más turistas se animan a atravesar el sendero que se abre al costado de la tranquera cerrada. De un año a esta parte, ya no se encuentran en la entrada los carteles que el gobierno provincial había colocado para advertir del “peligro” y “riesgo de muerte” existente en “cavas, canteras y tosqueras”.

La gran afluencia de gente a las cavas reedita cada verano el debate en torno a la inexistencia de un balneario público en la ciudad, así como vuelve a poner el foco sobre la indefinición de las autoridades locales sobre el destino del patrimonio histórico y natural de Tandil.

Pero también alerta a vecinos y vecinas de la zona que, con diferentes miradas, viven con preocupación la gran cantidad de jóvenes en motos que de viernes a domingo concurren al lugar. Algunos de aquellos cuyas viviendas se encuentran sobre Basso Aguirre, justo al frente de la entrada a las cavas, transmitieron que en el último tiempo ocurrieron hechos de violencia y hasta de inseguridad. Otros por su parte señalaron que no les incomoda la situación, y que el ruido “molesta como en toda la ciudad”.

Al mediodía del sábado, todavía sin motos, comenzaban a llegar los primeros visitantes. “Es por acá me parece”, decía una mujer que cargaba una matera y una lona. El resto de su familia la seguía. Atrás quedaba, tapado por las plantas, el letrero de “propiedad privada”.

Los enormes pozos de agua que hoy son piletas al aire libre rodeadas de un paisaje único, fueron alguna vez las sierras de una zona próspera y fundacional de la ciudad. En Cerro Leones y La Movediza surgieron las primeras canteras, aquellas donde establecieron los picapedreros y se gestaron manifestaciones obreras históricas.

Hacia fines de 1990 la empresa CIGA cerró, y dejó en el lugar las cavas que se generaron por la extracción de la piedra. El lugar, pese al letrero que indica que se trata de una propiedad privada, con el paso del tiempo se fue transformando en un balneario gratuito, y en uno de los secretos para conocer en la ciudad.

Sin embargo, a partir de la demanda que inició la familia de un hombre que falleció ahogado cuando nadaba con amigos en las cavas, en 2017 la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Azul intimó al Municipio a intervenir en la restricción del acceso.

En 2020, el Juzgado Civil y Comercial 1 también intimó a la Comuna a asumir un rol de importancia para evitar el ingreso al sitio, pero las autoridades locales apelaron el fallo, con la intención de que otros organismos canalicen la medida.

En el debate público, muchos se ha comentado en la ciudad de la posibilidad de transformar  el espacio en un área pública natural de gestión municipal, pero desde el gobierno comunal no avanzaron en ese sentido.

Desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras emitieron diferentes comunicados alertando por los peligros de las cavas. “Los principales responsables son los empresarios que destruyen el patrimonio natural generando los pasivos ambientales, y un Estado en manos de funcionarios que no impidieron que se destruyera, no controlaron siquiera que los impactos de la actividad destructiva no generara perjuicio a los vecinos y a la ciudad, y no exigieron tampoco la de por sí ínfima mitigación que debían realizar las canteras”, plantearon tiempo atrás.

Las palabras de la Asamblea definen al lugar como un “pasivo ambiental”. Siguiendo la normativa provincial puede considerarse a las cavas en ese sentido. Es decir, un sitio afectado, con contaminación o deterioro de los recursos naturales y ecosistemas producidos por actividades públicas o privadas que constituyen un riesgo para la población y a su vez han sido abandonados por sus responsables.

Más allá de litigios, proyectos, o inacciones, las cavas se instalaron como otro de los paseos elegidos por los turistas –en Google Maps tiene más de 500 reseñas, en su mayoría positivas, con cientos de fotografías- y por muchos locales.

Una quincena de autos estacionados sobre Basso Aguirre daban cuenta del movimiento en el lugar. Algunas personas esperaban tomando algo en el bar El Cerro, para cruzarse a las cavas una vez que haya bajado el sol. “A veces cuando salen pasan por acá a tomar una cervecita”, contó uno de los mozos sobre el movimiento del fin de semana.

Dos familias, con hijos, conservadoras, sombrillas e inflables para agua cruzaron la puerta de entrada disfrutar la tarde en la “playita”. Allí se sumarían a un grupo de amigas que se lamentaba no haberse llevado parrilla, y a una pareja que tomaba unos mates contemplando el paisaje.

En los alrededores, un padre y sus hijos andaban en bicicleta aprovechando los senderos. Lo mismo hacía un grupo amateur de motocross. Temprano, el ambiente en las cavas suele ser tranquilo y familiar. Por la tarde, con la llegada de cientos de jóvenes en motos, el entorno cambia.

Algunos vecinos lamentan que los ruidos y la presencia de tanta cantidad de gente altere la calma de una zona caracterizada por su tranquilidad. Sin embargo a otros no les molesta tanto.

“Las motos joden en todos lados”, contó una chica que se bajó del colectivo azul y se disponía a entrar a trabajar en la verdulería. “A mí no me molesta, a los que les molesta es a los viejos. Dos y pico empiezan a venir las motos. Hay movimiento todos los fines de semana, pero de viernes a domingo más”, compartió un vecino también de Basso Aguirre.

Otra vecina hizo mención a que debido a la gran cantidad de gente se generan no sólo ruidos molestos sino la preocupación por los hechos de inseguridad, y hasta de peleas entre jóvenes. Otros visitantes, transmitieron, concurren a las cavas con perros de caza o galgos que llegaron a agredir a mascotas del barrio.

Tandil no cuenta con un balneario público municipal –salvo el de María Ignacia, pero fuera del casco urbano- y en contextos de complejidad económica emergen en mayor medida las dificultades de muchas familias para costear la entrada a una pileta paga. 

Más allá del paisaje y del peligro, las cavas de Cerro Leones suponen una oportunidad para habilitar el debate público sobre los límites y responsabilidades de la propiedad privada, y sobre las posibilidades del Estado de intervenir, sancionar o accionar en pos de conservar el patrimonio histórico y natural.

El Municipio reiteró el reclamo para que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cumpla con el pago de una deuda que ya supera los 50 millones de pesos, correspondiente a los fondos establecidos por la Ley de Paisaje Protegido para el pago de la mitad de los salarios a los extrabajadores de la canteras incluidas en esa norma y que fueron incorporados como empleados a la planta comunal.

De acuerdo al convenio en vigencia, el sueldo mensual de estos trabajadores es financiado por partes iguales entre el Municipio y el Estado Provincial. Y si bien la comuna ha abonado en tiempo y forma la totalidad de los salarios, la Provincia no ha remitido los fondos comprometidos desde el 2019. La deuda total acumulada con el Estado municipal asciende ya a los 54 millones de pesos.

A través de un documento enviado al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS), el Municipio insistió con el reclamo como la ha venido haciendo mensualmente desde hace casi 3 años. 

La Ley de Paisaje Protegido fue sancionada por el Poder Legislativo Provincial en 2010 para conservar y preservar el paisaje desde el punto de vista geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área denominada “Poligonal”, conformada por la intersección de la ruta nacional 226 y las rutas provinciales 74 y 30.

Entre varias acciones, en la norma se estableció el cese de la explotación minera en la zona y que el personal de las canteras incluidas fuera incorporado por los gobiernos municipal y/o provincial, lo que derivó en un convenio entre las dos partes para que los trabajadores ingresarán a la planta comunal, indicando que el Municipio y la Provincia afronten en partes iguales el pago de los haberes.

Desde ese momento el gobierno Provincial debe depositar en una cuenta especifica indicada por el Municipio el monto correspondiente al 50 por ciento de los sueldos de ese grupo de trabajadores, algo que desde hace casi tres años no ocurre.

En la nota enviada al director ejecutivo del OPDS, Juan Brardinelli, y firmada por el intendente Miguel Lunghi y el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, se hace referencia al monto total correspondiente al mes de septiembre de este año (4.602.666,09 pesos) y a la suma que le corresponde afrontar a la Provincia.

Además se detalla el registro de todos los importantes totales y las partes que debe afrontar el Gobierno provincial de todos los meses que se adeudan, lo que alcanza una suma total de 54.466.761,06 pesos.

Oscar Teruggi explicó que “desde que se firmó el convenio con la Provincia a partir de la sanción y promulgación de la Ley, desde el Municipio se envía mensualmente el detalle de los sueldos y la parte que debe afrontar la Provincia. Si bien en todos estos años hemos tenido algunas demoras en el pago, en ningún momento se acumularon tantos meses consecutivos ni una deuda tan importante”.

“Desde 2019 que la Provincia no cumple con esta obligación, lo que incluye algunos meses de la gestión anterior y todo el mandato de la actual gestión provincial. Más allá de eso desde el Municipio estamos haciendo un gran esfuerzo y todos los meses cumplimos con los trabajadores alcanzados por esta Ley y pagamos el total de sus salarios”, agregó.

Por estas horas, Carba SA sufrió un revés judicial en su intención de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Paisaje Protegido que prohibió la explotación minera dentro de la Poligonal delimitada por las rutas 226, 74 y 30. El juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Francisco José Terrier, desestimó la acción de la empresa propietaria de la cantera, que reclamaba por el reconocimiento o restitución de derechos de explotación en su predio.

En el fallo de primera instancia, el magistrado resolvió desestimar la acción promovida por Miguel Blanchard, apoderado de Carba SA, contra la Provincia de Buenos Aires y le impuso las costas por el proceso.

“La Ley 14.126 dictada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires se halla en la órbita de su poder de policía, fundada en la necesidad de salvaguardar el interés público comprometido, y sin que se advierta en modo alguno excesos o desproporciones en la relación de medio a fin que resulta la base de su razonabilidad”, concluyó.

Los argumentos

En los fundamentos, consideró que la controversia central se focaliza en si el dictado de la Ley 14.126 resulta contrario a la Constitución Nacional. Por ese motivo, si bien la empresa impugnaba la validez de los actos administrativos dictados en consecuencia con la norma o que se aplicaron con su fundamento, “persiguiendo asimismo el reconocimiento del derecho a continuar ejerciendo su actividad minera en la zona denominada ‘La Poligonal’ del partido de Tandil”, esas pretensiones se ataban a la Ley de Paisaje Protegido.

En cuanto al marco normativo, citó el artículo 28 de la Constitución bonaerense que reconoce el derecho de sus habitantes a gozar de un ambiente sano, imponiendo el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras. Además, establece que la Provincia ejerce el dominio eminente sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.

En esa línea, la Provincia debe preservar, recuperar y conservar los recursos naturales, renovables y no renovables del territorio; planificar el aprovechamiento racional de los mismos; controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen al ecosistema; y promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo; todo ello mediante políticas de conservación y recuperación de la calidad del agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora y la fauna.

El magistrado consideró que “en aplicación de tales preceptos, la Legislatura Provincial dictó la Ley 14.126 -cuya constitucionalidad se impugna- declarando ‘Paisaje Protegido de Interés Provincial’ en los términos de la Ley 12.704, al área del partido de Tandil denominada ‘La Poligonal’, determinada en el Plan de Desarrollo Territorial de Tandil, por Ordenanza municipal 9.865 (art. 1), con el objetivo de ‘conservar y preservar la integridad del paisaje geográfico, geomorfológico, turístico y urbanístico del área especificada’”.

Repasó que la norma prohíbe la autorización o habilitación de explotaciones mineras dentro de La Poligonal, al tiempo que otorgó un año desde la reglamentación para acordar los planes de reconversión y otro más para el cese definitivo de la explotación canteril.

También citó los considerandos de la ley, donde se destaca que “las Sierras de Tandil constituyen un patrimonio de importante valor paisajístico, dada la singularidad de ser el afloramiento precámbrico más austral de América del Sur, la serranía más antigua del país y constituir un paisaje particular en tanto pequeño conjunto de islas serranas en la inmensidad de la llanura pampeana, articulada con un particular desarrollo urbano que se ha extendido en una porción significativa de ese marco geográfico que distingue a la ciudad y su población”.

Por otro lado, remarcó que el concepto de “Paisaje Protegido de Interés Provincial” en los términos de la Ley 12.704, comprende “a aquellos ambientes naturales o antropizados con valor escénico, científico, sociocultural, ecológico u otros, conformados por especies nativas y/o exóticas de la flora y fauna, o recursos ambientales a ser protegidos” (conf. su art. 2), “…que deberán ser declaradas por ley, poseerán carácter de acceso público, tendiendo al bienestar común, con el fin de elevar la calidad de vida de la población y la protección del medio”.

La constitucionalidad

Al evaluar la ley en relación a la Constitución Nacional, el fallo señala que el artículo 41 otorga potestad a las provincias y municipio para complementar y aumentar los requisitos y condiciones en materia ambiental.

En ese caso, marcó que “la doctrina especializada explica que el sistema se estructura en base a un federalismo de complemento, donde a las provincias se les ha reservado el dictado de normas complementarias, coherentes en un sistema unificado, que tiendan a mejorar los aspectos de la protección ambiental”.

Concluye que “en la presente controversia no se advierte de qué manera la Ley 14.126 obstruye los objetivos de la legislación federal aplicable” y menciona que la Ley General del Ambiente 25.675 establece los objetivos de la política ambiental nacional, que “se encuentran presentes en la Ley 12.704 y en particular en la Ley 14.126 para el caso específico de la zona conocida como ‘La Poligonal’ de Tandil”.

En igual sentido, el magistrado expuso que “l objetivo declarado por la norma de compatibilizar la intervención humana con el entorno serrano, de manera que se asegure a perpetuidad la existencia del referido sistema natural, no contraviene las normas nacionales de preservación del recurso ambiental, sino que –por el contrario- se ajusta a la política claramente preservacioncita de la Ley de presupuestos mínimos, como así también al concepto de desarrollo sustentable del art. 41, en tanto privilegia aquellas actividades que no comprometan el uso y goce del entorno paisajístico para las generaciones futuras”.

En tanto, consignó que “el principio de supremacía constitucional o de reparto de competencias establecidos en la Carta Magna, no es hábil per se para fundar la inconstitucionalidad de las normas ambientales que dicta la Provincia. Y por el otro, que no existe incompatibilidad alguna en el interés provincial por la preservación de determinadas zonas que –razonabilidad mediante- se consideran relevantes para el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”.

El orden y la convivencia social

En otro párrafo de la sentencia, el juez expresa que “podemos afirmar que ni el dictado del Código Minero ni de la Ley Nacional de Medio Ambiente Minero 24.585 (modificatoria de dicho Código), ni mucho menos el Decreto provincial 968/97 (complementario de aquella) configuran óbices para que la Provincia limite

razonablemente las zonas en que dicha actividad se puede válidamente desarrollar, de aquellas otras en que, por existir intereses públicos prevalentes, la misma se prohíbe. Ello de ningún modo supone, como afirma la actora, ‘derogar el Código Minero’”.

Por otra parte, si bien reconoce que la Ley 14.126 pone en cuestión al derecho “de trabajar y ejercer una industria lícita” (arts. 14 de la Constitución Nacional y 27 de la Constitución Provincial), no lo es menos que los derechos reconocidos por la Constitución no son absolutos, sino que están sujetos, en su ejercicio, a reglas y limitaciones indispensables para el orden y la convivencia social, en el marco del poder de policía que corresponde reconocerle a las provincias, en virtud de los poderes que la Constitución les reconoce, en particular sobre los recursos naturales existentes en su territorio, cuyo dominio poseen (conf. art. 124 Constitución Nacional)”.

El PDT

Otro punto que tomó la sentencia fue el Plan de Desarrollo Territorial, sancionado por la Ordenanza 9865 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Tandil, “a cuyo marco se ajustan todas las políticas y acciones urbanísticas y ambientales y las obras públicas del citado Municipio, se resolvió preservar el entorno serrano natural, objetivo ambiental, urbanístico e incluso cultural, que constituye el motivo de la sanción de la Ley 14.126 que aquí se cuestiona”.

Y agregó que “la ley procura preservar las sierras ubicadas en el área denominada ‘La Poligonal’ (intersección de las rutas Nacional 226 y provinciales 74 y 30), por su diversidad biológica, porque constituyen un elemento central de la identidad tandilense y por su valor paisajístico y de interés turístico; razones que condujeron priorizar actividades económicas y sociales que no tengan un impacto destructivo en el recurso natural, como evidentemente lo tiene la actividad minera”.

Por lo cual, consideró que “los intereses públicos tenidos en mira por la norma se ajustan al enfoque preservacionista de las normas constitucionales vinculadas al medioambiente, como así también a las leyes nacionales y provinciales dictadas en consecuencia, que prevalecen sobre los intereses económicos de la actora, que a todo evento pueden encauzarse hacia actividades que no tengan un impacto destructivo sobre el paisaje en esa particular zona del distrito de Tandil, aún cuando podría hacerlo en otras áreas que no se hallan declaradas como paisaje protegido”.

Fin político y discriminación

El fallo también descartó las manifestaciones de Carba vinculadas con la finalidad político electoral de la Ley 14.126. “No se aprecia que la demandada haya utilizado sus atribuciones con un propósito distorsionado, diferente al previsto en la ley o que los objetivos que inspiran los preceptos en juego hayan sido tergiversados o desnaturalizados. De hecho, si como aduce la actora la protección del recurso natural suscita una opinión pública favorable, aparece reforzada la idea de que hay allí un interés público prevalente digno de tutela, no pudiendo verse en ello una desviación de poder de parte de la demandada”.

Por último, descartó por injustificado el cuestionamiento referido al trato discriminatorio sufrido por las cuatro  empresas –Carba, Montecristo, El Naranjo y El Trincante- que tenían explotaciones en la Poligonal, teniendo en cuenta que “la restricción apuntada se aplica por un condicionante objetivo: la zonificación. En los fundamentos de la Ley 14.126 se explica que la elección de esa área y no otras se vincula con su proximidad al ejido urbano de Tandil, con el objeto de mantener la principal característica distintiva de la ciudad, constituyendo –de tal modo- un espacio de especial interés de orden ecológico, estético, educativo y económico”.

En esa línea, manifiesta que “la norma no repara en la calidad o condición de la o las personas que allí se encuentren ejerciendo la actividad canteril”, sino que establece una delimitación geográfica en donde las actividades con impacto al recurso protegido no se puedan desarrollar.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica abrió formalmente las puertas de las nuevas oficinas que funcionarán en el segundo piso del edificio de IOMA, ubicado en Independencia al 2903, de la vecina localidad de Olavarría.

Esta apertura permite un acercamiento a los productores mineros de la zona, quienes podrán realizar diversos trámites sin la necesidad de concurrir a la sede central en la localidad de La Plata.

Gracias al trabajo hecho por la Subsecretaría de Minería, en la nueva sede se pueden realizar solicitudes para aperturas de canteras con la respectiva Inscripción en el Registro, presentaciones de Evaluación o Actualización de Impacto Ambiental, asistencia en el proceso de renovación de Productor Minero, asesoramiento en el uso del sistema de Guías Mineras y la presentación de documentación relacionada con requerimientos realizados desde La Plata.

Además, un cuerpo de inspectores con base en la delegación realizará tareas de asistencia, control y apoyo en campo a cada uno de los productores.

Las nuevas oficinas, cuyo horario de atención durante la pandemia será de lunes a viernes de 9 a 13, se encuentran en el edificio de IOMA, en la calle Independencia número 2903, esquina Belgrano.

A fin de preservar la salud y garantizar el protocolo sanitario, se recomienda coordinar previamente de manera telefónica la asistencia al lugar. Contacto: 221-6164083 ó 2284-426902; correo electrónico: deolavarriamineria.gba@gmail.com.

Vecinos de la zona de las canteras ubicadas en las proximidades de la Ruta Nacional 226 se comunicaron con este medio para expresar su preocupación por una fuerte explosión que se sintió pasadas las 12.15 del miércoles.

Al respecto, el titular de Medio Ambiente local, Héctor Creparula, que “hay una voladura por semana permitida y se suele sentir en la zona cuando hay atmósfera baja”.

“Está permitido el trabajo de voladuras en las cuatro canteras habilitadas. El registro lo maneja Minería de Provincia de Buenos Aires”, resaltó.

Al menos tres personas, una incluso de De la Canal, señaló la magnitud de la explosión que hizo “retumbar” diferentes lugares cercanos a las canteras.

Más de diez municipios de la provincia de Buenos Aires se beneficiarán en forma directa luego de la firma de un convenio entre los Ministerios de Producción y Agroindustria bonaerenses, la Dirección General de Cultura y Educación, la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires y la Federación Argentina de la Piedra, por el cual las empresas mineras donan material para la reparación y mantenimiento de los caminos rurales.

La medida, en esta primera etapa, favorece el traslado de los 994 alumnos que concurren a los 33 establecimientos educativos en las localidades de Carlos Tejedor, Coronel Pringles, General Villegas, 9 de Julio, Rauch, Saladillo, Lobos, Dolores, Azul, General Alvear, Las Flores y Bolívar. Esa dote inicial de 160 mil toneladas de piedra equivale a la suma de 800 mil dólares.

“Desde la Dirección Provincial de Minería, que depende de nuestra cartera, se está avanzando en un programa de mejoramiento en caminos rurales que tiene como objetivo identificar a aquellos accesos en estado crítico y que tengan conectividad social vinculada directamente a la educación, salud y producción. La solución de estos problemas trae beneficios concretos a los bonaerenses, y tiene que ver con lo que nos pide la Gobernadora Vidal”, detalló el ministro de Producción, Javier Tizado.

En tanto, su par de Agroindustria, Leonardo Sarquís, manifestó que “este trabajo que venimos realizando en la Provincia tiene que ver con la decisión de mejorar los 105 mil caminos de tierra del territorio. Para lograrlo, debemos formar consensos sobre cómo mejorar la gestión de los caminos rurales a nivel federal para unificar información, proponer soluciones y comunicar tanto la problemática de la transitabilidad de los caminos como los derechos de los usuarios.”

“Entendemos que las condiciones educativas son claves para mejorar los aprendizajes y las prácticas de enseñanza. Este convenio representa un gran avance en este sentido porque permite mejorar los caminos de más de 30 escuelas rurales de distintos distritos. Con este mismo objetivo, realizamos obras de infraestructura en toda la Provincia, conectamos a más de 5 mil escuelas a internet y trabajamos junto con los municipios para lograr una mejor inversión del Fondo Educativo”, explicó el Ministro de Educación Gabriel Sanchez Zinny.

Por su parte, la directora provincial de Minería, Carola Patané, sostuvo que “este proyecto se lleva adelante gracias a la donación de piedra de empresas privadas nucleadas por la Cámara de la Piedra de la Provincia; ya logramos involucrar a cinco para que colaboren: Cantera Piatti S.A., Adolfo Guerrico S.A., Canteras Argentinas S.A., Cerro del Águila de Azul S.A. y Galasur S.A. Esta gestión se realiza en forma conjunta con la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, que nos da todo el soporte técnico”.

El convenio se firmó con el objetivo de favorecer el acceso a la educación y mejorar la seguridad en el transporte de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires.