La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) llevó a cabo la elección de su nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa, la cual tendrá la responsabilidad de conducir la entidad durante el período 2026-2028. El Consejo Directivo designó como presidente a Pablo Ginestet, dirigente oriundo de Henderson, quien cuenta con una extensa trayectoria en la institución.

Pablo Clemente Ginestet, de 49 años, es productor agropecuario y licenciado en Economía y Administración Agraria. Su vínculo con la entidad es de larga data, habiéndose desempeñado anteriormente como secretario, prosecretario y vicepresidente primero en distintos períodos. Además, actualmente coordina las comisiones de Medio ambiente y granos de Carbap y de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados al Consejo Directivo. Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en Carbap”, expresó el presidente saliente, Ignacio Kovarsky.

Por su parte, el titular de la entidad subrayó el enfoque de la nueva gestión: “Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora”.

La renovación también alcanzó a cuatro nuevos miembros de la Mesa Ejecutiva: Sergio Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano), Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús), Mariano Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina) y Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría). Estos dirigentes reemplazan a Hernán Silva, Patricia Susana Iglesias, Sebastián Sofia y Santo Rosati.

La estructura de la comisión directiva se completa con Sergio Alejandro Melgarejo como vicepresidente 1, Julio Marcelo Rodríguez como vicepresidente 2, Fernando Ferrari como vicepresidente 3, Ignacio Kovarsky Arambarri como secretario, Mariano Agustín Moro y Alejandro Reinoso como prosecretarios, Carlos Miguel Bilbao como tesorero y Santiago Alem como protesorero.

Las Sociedades Rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires reiteraron su rechazo a la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que autoriza, a partir del próximo año, a los productores ganaderos a elegir libremente un veterinario privado para realizar la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis de sus rodeos.

El nuevo pronunciamiento surgió luego de que, según señalaron las entidades, el Senasa no brindara una respuesta formal al documento presentado oportunamente por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en el que se cuestionaban los alcances de la normativa.

En el comunicado, las rurales destacaron que las fundaciones y entes sanitarios "han cumplido con su objetivo originario de controlar y erradicar la aftosa" mediante campañas de vacunación que permitieron alcanzar el actual estatus sanitario de la Argentina como "país libre de fiebre aftosa con vacunación", condición que posibilitó el acceso a distintos mercados internacionales.

Sin embargo, advirtieron que la nueva resolución "atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa", al considerar que la inmunización debe realizarse de manera coordinada para garantizar una cobertura uniforme en todos los rodeos.

Además, sostuvieron que la medida rompe con el principio de solidaridad entre los productores, ya que hasta el momento todos abonaban el mismo costo por la vacunación, independientemente de la cantidad de animales que poseían.

Las entidades también expresaron su preocupación por el impacto que la resolución tendría sobre el funcionamiento del sistema de control sanitario.

Según indicaron, permitir que cada productor contrate de manera independiente a un veterinario privado dificultará las tareas de auditoría del Senasa y hará más compleja la supervisión del cumplimiento de las campañas de vacunación.

En ese sentido, remarcaron que también podría verse afectado el control de la cadena de frío de las vacunas, un aspecto que consideraron indispensable para garantizar su eficacia.

Otro de los puntos cuestionados fue la incertidumbre económica que, según afirmaron, enfrentarán las fundaciones y entes de vacunación. Explicaron que, al desconocer cuántos productores continuarán utilizando sus servicios y cuántos optarán por veterinarios particulares, no podrán elaborar presupuestos financieros confiables, poniendo en riesgo la continuidad de muchas de estas organizaciones.

Las rurales consideraron que la resolución podría provocar el desmantelamiento de un sistema que, según recordaron, fue clave para erradicar la fiebre aftosa del país y recuperar el estatus sanitario luego de la crisis generada tras la suspensión de la vacunación en 1999.

"Nos preguntamos: en adelante, ¿quién se hará cargo de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?", plantearon en el documento.

Frente a este escenario, las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense solicitaron al Senasa que revea la medida y plantearon una serie de propuestas para preservar el funcionamiento del sistema sanitario.

Entre ellas, reclamaron que el organismo se ajuste a lo establecido por la Ley 24.305, que reconsidere los alcances de la Resolución 368/2011 —que ya contemplaba la participación de veterinarios privados dentro del esquema organizado por los entes sanitarios— y que impulse un sistema de control conjunto entre el Estado y los privados.

Asimismo, solicitaron que cualquier modificación futura sea consensuada entre el Senasa, los entes sanitarios y los representantes de los productores, con el objetivo de garantizar la continuidad del estatus sanitario del país y fortalecer la lucha contra la fiebre aftosa.

Finalmente, advirtieron que, en caso de que la Resolución 201/2026 entre en vigencia sin cambios, las entidades firmantes deslindarán cualquier responsabilidad ante un eventual fracaso sanitario que pudiera producirse en el futuro.