Las Sociedades Rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires reiteraron su rechazo a la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que autoriza, a partir del próximo año, a los productores ganaderos a elegir libremente un veterinario privado para realizar la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis de sus rodeos.

El nuevo pronunciamiento surgió luego de que, según señalaron las entidades, el Senasa no brindara una respuesta formal al documento presentado oportunamente por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en el que se cuestionaban los alcances de la normativa.

En el comunicado, las rurales destacaron que las fundaciones y entes sanitarios "han cumplido con su objetivo originario de controlar y erradicar la aftosa" mediante campañas de vacunación que permitieron alcanzar el actual estatus sanitario de la Argentina como "país libre de fiebre aftosa con vacunación", condición que posibilitó el acceso a distintos mercados internacionales.

Sin embargo, advirtieron que la nueva resolución "atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa", al considerar que la inmunización debe realizarse de manera coordinada para garantizar una cobertura uniforme en todos los rodeos.

Además, sostuvieron que la medida rompe con el principio de solidaridad entre los productores, ya que hasta el momento todos abonaban el mismo costo por la vacunación, independientemente de la cantidad de animales que poseían.

Las entidades también expresaron su preocupación por el impacto que la resolución tendría sobre el funcionamiento del sistema de control sanitario.

Según indicaron, permitir que cada productor contrate de manera independiente a un veterinario privado dificultará las tareas de auditoría del Senasa y hará más compleja la supervisión del cumplimiento de las campañas de vacunación.

En ese sentido, remarcaron que también podría verse afectado el control de la cadena de frío de las vacunas, un aspecto que consideraron indispensable para garantizar su eficacia.

Otro de los puntos cuestionados fue la incertidumbre económica que, según afirmaron, enfrentarán las fundaciones y entes de vacunación. Explicaron que, al desconocer cuántos productores continuarán utilizando sus servicios y cuántos optarán por veterinarios particulares, no podrán elaborar presupuestos financieros confiables, poniendo en riesgo la continuidad de muchas de estas organizaciones.

Las rurales consideraron que la resolución podría provocar el desmantelamiento de un sistema que, según recordaron, fue clave para erradicar la fiebre aftosa del país y recuperar el estatus sanitario luego de la crisis generada tras la suspensión de la vacunación en 1999.

"Nos preguntamos: en adelante, ¿quién se hará cargo de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?", plantearon en el documento.

Frente a este escenario, las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense solicitaron al Senasa que revea la medida y plantearon una serie de propuestas para preservar el funcionamiento del sistema sanitario.

Entre ellas, reclamaron que el organismo se ajuste a lo establecido por la Ley 24.305, que reconsidere los alcances de la Resolución 368/2011 —que ya contemplaba la participación de veterinarios privados dentro del esquema organizado por los entes sanitarios— y que impulse un sistema de control conjunto entre el Estado y los privados.

Asimismo, solicitaron que cualquier modificación futura sea consensuada entre el Senasa, los entes sanitarios y los representantes de los productores, con el objetivo de garantizar la continuidad del estatus sanitario del país y fortalecer la lucha contra la fiebre aftosa.

Finalmente, advirtieron que, en caso de que la Resolución 201/2026 entre en vigencia sin cambios, las entidades firmantes deslindarán cualquier responsabilidad ante un eventual fracaso sanitario que pudiera producirse en el futuro.