La Sociedad Rural de Tandil participó el pasado jueves del encuentro mensual de las Sociedades Rurales de la Zona VI de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), llevado a cabo en las instalaciones de la Sociedad Rural de Lobería. Durante la jornada, los dirigentes abordaron dos ejes críticos que mantienen en alerta al sector agropecuario regional: la administración de los recursos del Puerto Quequén y las dudas operativas sobre el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa.

En relación con la actividad portuaria, el debate se centró en la reciente designación de Ernesto Poviliatis como presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén. Las entidades rurales manifestaron su rechazo a la utilización de los fondos del organismo para financiar obras municipales, como la pavimentación de la avenida Almirante Brown en Quequén. Según sostuvieron desde Carbap, los recursos del consorcio deben destinarse exclusivamente a mejoras en la infraestructura portuaria y a optimizar la eficiencia logística para el hinterland, evitando su desvío hacia fines ajenos a la operatividad del puerto.

Asimismo, se recordó la reunión mantenida previamente con el entonces presidente interino, Mariano Carrillo, donde se discutió la necesidad de avanzar con las licitaciones de los elevadores que operan las firmas Terminal Quequén y ACA. Para los productores, la prioridad debe ser la inversión en la terminal para fortalecer la competitividad exportadora de la región.

Otro punto relevante del encuentro fue la representación gremial ante el Consorcio, la cual se encuentra vencida desde agosto. Por convenio regional, este espacio es ocupado de manera rotativa por las instituciones del sector. Tras la gestión de Juan Owerkerk, en representación de Coninagro, la Confederación y la Zona VI determinaron que Eugenio Cardenau, presidente de la Sociedad Rural de Necochea, sea quien ocupe la silla del sector agropecuario en esta nueva etapa del organismo.

El segundo eje de la jornada estuvo marcado por la preocupación ante las modificaciones en la vacunación antiaftosa. Los dirigentes señalaron que la reciente campaña de transición, donde se aplicó una sola dosis a terneros y terneras, presentó debilidades logísticas que podrían agravarse con la implementación de la Resolución 201/2026 de Senasa a partir de 2027. La posibilidad de que veterinarios privados realicen la vacunación sin la mediación de las fundaciones genera interrogantes sobre la trazabilidad y el control sanitario.

Las entidades rurales cuestionaron quién asumirá la responsabilidad de auditar a los profesionales privados, gestionar la cadena de frío, cargar las actas en el sistema SIGSA y asegurar el cumplimiento de las campañas de brucelosis y carbunclo. La falta de definiciones claras impide a las fundaciones confeccionar sus presupuestos, lo que pone en riesgo su sostenibilidad operativa.

Ante este escenario, los representantes advirtieron que la incertidumbre sobre el rol de las fundaciones podría derivar en el desarme de estructuras locales, despidos de personal y, fundamentalmente, en un riesgo para la sanidad del rodeo nacional. La exigencia de las Sociedades Rurales, incluyendo a la de Tandil, es obtener respuestas concretas de las autoridades para garantizar la transparencia y eficiencia del sistema sanitario antes de la entrada en vigencia de los cambios previstos para el próximo año.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) llevó a cabo la elección de su nueva Mesa Ejecutiva y Administrativa, la cual tendrá la responsabilidad de conducir la entidad durante el período 2026-2028. El Consejo Directivo designó como presidente a Pablo Ginestet, dirigente oriundo de Henderson, quien cuenta con una extensa trayectoria en la institución.

Pablo Clemente Ginestet, de 49 años, es productor agropecuario y licenciado en Economía y Administración Agraria. Su vínculo con la entidad es de larga data, habiéndose desempeñado anteriormente como secretario, prosecretario y vicepresidente primero en distintos períodos. Además, actualmente coordina las comisiones de Medio ambiente y granos de Carbap y de Agricultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“Quiero agradecer a todas las rurales que acompañaron esta gestión, a sus dirigentes y delegados al Consejo Directivo. Siempre es sano renovar y alternar la conducción de la entidad, al menos así lo entendemos en Carbap”, expresó el presidente saliente, Ignacio Kovarsky.

Por su parte, el titular de la entidad subrayó el enfoque de la nueva gestión: “Continuaremos trabajando bajo las mismas premisas pero con nuevas y jóvenes incorporaciones, que aportan nuevas ideas, miradas y energía. Nuestro compromiso con las rurales y los productores de Buenos Aires y La Pampa sigue intacto. Seguiremos recorriendo y abordando los problemas, inquietudes y desafíos que hemos trabajado hasta ahora”.

La renovación también alcanzó a cuatro nuevos miembros de la Mesa Ejecutiva: Sergio Melgarejo (Sociedad Rural de San Cayetano), Alejandro Reinoso (Asociación Rural de Chascomús), Mariano Moro (Sociedad Rural de Adolfo Alsina) y Santiago Alem (Sociedad Rural de Olavarría). Estos dirigentes reemplazan a Hernán Silva, Patricia Susana Iglesias, Sebastián Sofia y Santo Rosati.

La estructura de la comisión directiva se completa con Sergio Alejandro Melgarejo como vicepresidente 1, Julio Marcelo Rodríguez como vicepresidente 2, Fernando Ferrari como vicepresidente 3, Ignacio Kovarsky Arambarri como secretario, Mariano Agustín Moro y Alejandro Reinoso como prosecretarios, Carlos Miguel Bilbao como tesorero y Santiago Alem como protesorero.

Las Sociedades Rurales del sudeste de la provincia de Buenos Aires reiteraron su rechazo a la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que autoriza, a partir del próximo año, a los productores ganaderos a elegir libremente un veterinario privado para realizar la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis de sus rodeos.

El nuevo pronunciamiento surgió luego de que, según señalaron las entidades, el Senasa no brindara una respuesta formal al documento presentado oportunamente por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), en el que se cuestionaban los alcances de la normativa.

En el comunicado, las rurales destacaron que las fundaciones y entes sanitarios "han cumplido con su objetivo originario de controlar y erradicar la aftosa" mediante campañas de vacunación que permitieron alcanzar el actual estatus sanitario de la Argentina como "país libre de fiebre aftosa con vacunación", condición que posibilitó el acceso a distintos mercados internacionales.

Sin embargo, advirtieron que la nueva resolución "atenta contra el cumplimiento de las campañas establecidas por el Senasa", al considerar que la inmunización debe realizarse de manera coordinada para garantizar una cobertura uniforme en todos los rodeos.

Además, sostuvieron que la medida rompe con el principio de solidaridad entre los productores, ya que hasta el momento todos abonaban el mismo costo por la vacunación, independientemente de la cantidad de animales que poseían.

Las entidades también expresaron su preocupación por el impacto que la resolución tendría sobre el funcionamiento del sistema de control sanitario.

Según indicaron, permitir que cada productor contrate de manera independiente a un veterinario privado dificultará las tareas de auditoría del Senasa y hará más compleja la supervisión del cumplimiento de las campañas de vacunación.

En ese sentido, remarcaron que también podría verse afectado el control de la cadena de frío de las vacunas, un aspecto que consideraron indispensable para garantizar su eficacia.

Otro de los puntos cuestionados fue la incertidumbre económica que, según afirmaron, enfrentarán las fundaciones y entes de vacunación. Explicaron que, al desconocer cuántos productores continuarán utilizando sus servicios y cuántos optarán por veterinarios particulares, no podrán elaborar presupuestos financieros confiables, poniendo en riesgo la continuidad de muchas de estas organizaciones.

Las rurales consideraron que la resolución podría provocar el desmantelamiento de un sistema que, según recordaron, fue clave para erradicar la fiebre aftosa del país y recuperar el estatus sanitario luego de la crisis generada tras la suspensión de la vacunación en 1999.

"Nos preguntamos: en adelante, ¿quién se hará cargo de garantizar la vacunación de la totalidad de los bovinos?", plantearon en el documento.

Frente a este escenario, las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense solicitaron al Senasa que revea la medida y plantearon una serie de propuestas para preservar el funcionamiento del sistema sanitario.

Entre ellas, reclamaron que el organismo se ajuste a lo establecido por la Ley 24.305, que reconsidere los alcances de la Resolución 368/2011 —que ya contemplaba la participación de veterinarios privados dentro del esquema organizado por los entes sanitarios— y que impulse un sistema de control conjunto entre el Estado y los privados.

Asimismo, solicitaron que cualquier modificación futura sea consensuada entre el Senasa, los entes sanitarios y los representantes de los productores, con el objetivo de garantizar la continuidad del estatus sanitario del país y fortalecer la lucha contra la fiebre aftosa.

Finalmente, advirtieron que, en caso de que la Resolución 201/2026 entre en vigencia sin cambios, las entidades firmantes deslindarán cualquier responsabilidad ante un eventual fracaso sanitario que pudiera producirse en el futuro.