El Tribunal N°14 condenó este lunes a Felipe Pettinato a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 durante un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La justicia consideró al imputado responsable del delito de estrago culposo seguido de muerte, validando la hipótesis de un accidente.

Durante la última audiencia del proceso, el juez Enrique Gamboa dio a conocer el veredicto tras siete jornadas de debate en las que declararon más de 15 testigos y peritos. El imitador de Michael Jackson, que optó por no declarar a lo largo del juicio, ratificó su silencio antes de conocerse la sentencia.

“No voy a hablar ante el veredicto”, afirmó vía Zoom ante el tribunal poco después de las 9 AM.

La resolución judicial se inclinó por la postura del fiscal Fernando Klappenbach, quien había solicitado una pena de cuatro años y siete meses de cumplimiento efectivo al considerar que el acusado intentó ayudar a la víctima. Por su parte, la querella representada por Delia Muzio, madre del médico fallecido, había pedido una condena de 15 años bajo la carátula de estrago doloso, argumentando que Felipe Pettinato no realizó maniobras de rescate mientras el profesional agonizaba.

La sentencia de tres años en suspenso se dictó en concurso real con una condena previa de nueve meses, también en suspenso, que el joven recibió en 2022 por el abuso sexual de una menor de 15 años. Como parte de las obligaciones impuestas, el condenado deberá continuar con sus tratamientos de adicción, fijar un domicilio y entregar una muestra genética al Registro de Abusadores.

En la sala digital estuvieron conectados su padre, Roberto Pettinato, y su hermana, Tamara Pettinato, junto a su pareja, el diputado José Glinski. Los fundamentos del fallo estarán disponibles la próxima semana, momento a partir del cual tanto la querella como la defensa podrán apelar la decisión ante instancias superiores.

La villa minera Sierra Chica, a sólo diez kilómetros de Olavarría, y 124 kilómetros de Tandil, tiene como día de fundación el 30 de mayo 1885. Pero curiosamente, a esa fecha se llegó tras una investigación y fue establecida por una ordenanza del Concejo Deliberante en 2024, en honor al Combate de Sierra Chica, cuando la comunidad indígena asentada, al mando de los caciques Cachul y Catriel, resistió a la expedición militar liderada por Bartolomé Mitre.

A la rica historia de Sierra Chica desde mediados del siglo XIX, hay que agregarle la que escribieron los inmigrantes italianos que arribaron a fines del 1900, para sentar las bases de las industrias calera y cementera en la Argentina. Conocidos como los “picapedreros”, se convirtieron en los grandes hacedores del progreso de la localidad con la extracción del granito rojo, único en el mundo.

Pero la fuerte actividad minera se combina con su perfil penitenciario desde el inicio de la construcción, un 4 de marzo de 1882, de la Unidad Penitenciaria 2, a la que luego se sumaron la Unidad 38 y la Unidad 27 de régimen semi-abierto. Parte de sus casi 5 mil habitantes se mueven en torno a los tres penales que tienen unos 3.100 detenidos, la mayoría en la Unidad 2, que es de máxima seguridad y que en Semana Santa de 1996 tuvo a todo el país en vilo.

Por esos días, el clima carcelario no era el mejor. En varias unidades, el reclamo por mejores condiciones de detención y la superpoblación, hacían un cóctel de difícil resolución. Pero puntualmente detrás de las rejas de Sierra Chica se vivieron ochos días de una violencia indescriptible, que dejó ocho muertos y muchas historias que se escribieron con sangre.

Cadáveres cremados en la panadería de la cárcel, empanadas con cuerpos humanos, presos jugando al fútbol con las cabezas de otros y una jueza entre los rehenes fueron solo algunas de las escenas de aquellos días que, tiempo después, un juicio histórico. Fue un intento de fuga que terminó con una rebelión de 1500 presos.

El levantamiento comenzó pasado el mediodía del 30 de marzo. Los denominados “Doce Apóstoles”, por el número de integrantes que lo generaron y por la fecha religiosa, liderados por Marcelo “Popó” Brandán Juárez se enfrentaron contra otra banda que lideraba Agapito “Gapo” Lencina. Intentaban fugarse, pero el plan fracasó: un guardia les disparó con una ametralladora, hirió a uno de ellos y sus compañeros tuvieron que atrincherarse en un pabellón.

Tomaron como rehenes a guardias, un médico y tres pastores evangelistas. Como el director fracasó en su negociación, cerca de las 22 de esa jornada llegó al lugar la jueza de Azul, María de las Mercedes Malere. Pero no hubo diálogo y junto con otro funcionario judicial, Héctor Torrens, pasaron a engrosar la lista de cautivos. El Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), dijo tiempo después, le dio una versión distorsionada de los hechos. “Me dijeron que estaba todo tranquilo”, confesó.

Mientras las cámaras de TV seguían llegando al lugar, detrás de las rejas transcurría un juego macabro, con ajustes de cuentas entre los dos bandos. Sólo aquellos que estaban en contra del motín, entre los que figuraba Carlos Eduardo Robledo Puch, el Ángel de la Muerte, se refugiaron en la capilla del penal. Muchos dedicaron horas a rezar y esperar.

El 1° de abril ya la cacería estaba desatada. Los liderados por Brandán Juárez mataron de un balazo y a puñaladas a un seguidor de Lencina, identificado como Hugo Barrionuevo Vega, y ese fue el inicio de otros seis crímenes. Todo en pocos minutos. Fueron cayendo una a uno hasta que le tocó al propio Lencina: un tiro en la nuca y cuchillazos, por si hacía falta.

Los cuerpos fueron llevados al pabellón de castigo. Allí los descuartizaron con un hacha. Luego trasladaron los pedazos en ollas y los incineraron en un horno de la panadería del penal. Según contaron testigos, fue aquí donde se hicieron empanadas con carne humana y se las dieron a comer a guardiacárceles y rehenes. Pero eso no fue todo.

A otro preso, José Cepeda Pérez, lo masacraron a facazos por negarse a formar parte del grupo de descuartizadores. En total: ocho muertos. Y según contaron tiempo después testigos, antes de incinerar a sus “compañeros de penal”, los revoltosos jugaron “a la pelota” con la cabeza de Lencina, líder del bando rival.

El entonces gobernador Eduardo Duhalde evaluó intervenir por la fuerza a través del aterrizaje de helicópteros dentro del penal. La opción implicaba una alta probabilidad de muertes. Por eso apostó al desgaste de los internos. Fue el 5 de abril cuando los cabecillas subieron al techo del pabellón 11 y por primera vez hablaron con la prensa, en una postal que aún hoy queda en la retina de muchos.

“Si la Policía intenta entrar, la primera que muere es la jueza. Queremos que aprueben el petitorio y atiendan a los heridos de bala que tenemos. No hay muertos”, gritó el cabecilla. Mentía. Ya a esta altura eran ocho las víctimas. Sin embargo, tras esa aparición en cámara empezó un principio de negociación.

Pedían armas, móviles para escapar y comida. Con el correr de las horas, ya sin drogas que consumir, no pensaban en una huida, sino en ser trasladados a un penal federal, por miedo a venganzas, y que se les aplique el “2 por 1” en las causas por las que estaban detenidos.

El 7 de abril, Domingo de Pascua y mientras el obispo de Azul, garante del acuerdo, rezaba en la puerta del penal, empezó la rendición. Ya habían liberado a rehenes pero ahora se entregaban “los apóstoles”. Su destino: la cárcel de Caseros. Allí, volvieron a hacer de las suyas y tras un motín en mayo de 1999, se los condenó a penas de entre 7 y 10 años de prisión.

Sin embargo, años después comenzó el esperado juicio por lo de Sierra Chica. Al banquillo fueron 24 imputados en total. En un proceso sin precedentes, 150 testigos pasaron por el casino de oficiales de la cárcel de Melchor Romero convertido en sala de audiencias. Se usó por primera vez un sistema de transmisión de imágenes y audio con los acusados encerrados en tres celdas a unos 200 metros de donde los jueces tomaban las declaraciones. Todo bajo la atenta mirada de 100 guardias de seguridad.

El 10 de abril de 2000 Jorge Pedraza, Juan Murguia, Marcelo Brandán, Miguel Acevedo, Víctor Esquivel y Miguel Ángel Ruiz Dávalos fueron condenados a reclusión perpetua. Otros doce recibieron penas más bajas, que llegaron hasta los 15 años. Y seis terminaron absueltos.

Con el tiempo, algunos de los condenados murieron. Otros recuperaron la libertad. Varios reincidieron y volvieron a prisión. El episodio dejó al descubierto fallas estructurales: sobrepoblación, autogobierno interno de los pabellones y la consolidación de jerarquías violentas entre internos. El fallo buscó ponerle fin al más sangriento motín de la historia carcelaria argentina, pero dejó cicatrices en un sistema que nunca termina de recuperarse.

Por Fernando Delaiti - Agencia DIB

Nahir Galarza fue autorizada a abandonar momentáneamente la Unidad Penal Nº6 de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde cumple prisión perpetua desde 2018 por el homicidio de Fernando Pastorizzo. La joven reclusa de 27 años salió este miércoles por la mañana de la cárcel debido a un pedido concedido por la Justicia por razones humanitarias, tras confirmarse que su abuela materna padece una enfermedad oncológica.

La visita, que se extendió durante aproximadamente una hora, contó con un fuerte operativo de seguridad bajo la supervisión de agentes penitenciarios de la unidad donde está alojada y transcurrió sin incidentes. El inspector general Alejandro Mondragón explicó que la custodia incluyó personal penitenciario, un chofer y una oficial responsable, quienes acompañaron a Galarza desde la cárcel de Paraná hasta la vivienda de su abuela en Gualeguaychú.

Al finalizar el encuentro, la joven fue trasladada nuevamente al penal. El Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad N°2 de Gualeguaychú ordenó el traslado solicitado por el defensor de Galarza, Eduardo Gerard, luego de constatar con un médico forense la situación de salud de la familiar. Estas salidas transitorias por motivos humanitarios son poco frecuentes y requieren un análisis particular de la situación médica.

El inspector Mondragón detalló el manejo reservado del caso para evitar disturbios debido a la exposición mediática del perfil de la interna. Antes de iniciar la visita, el personal penitenciario revisó el domicilio y supervisó todos los movimientos. Tras cumplirse el tiempo estipulado, Galarza regresó a la unidad, donde, según indicaron las autoridades, ha mejorado el comportamiento y ha bajado su perfil.

"Al ser un caso mediático, tratamos de manejarlo con la mayor discreción posible para evitar cualquier tipo de disturbio", señaló Mondragón.

Actualmente, la interna participa en actividades laborales y de capacitación. En el último año, recibió el título de operador preventivo en Salud Mental, un paso intermedio en su formación en Psicología Social. Además, asiste a talleres de yoga y meditación, y brinda clases de gimnasia tras haberse recibido de personal trainer dentro del penal.

Nahir Galarza fue condenada en 2018 por homicidio calificado por el vínculo. El hecho ocurrió en la madrugada del 29 de diciembre de 2017, cuando Fernando Pastorizzo fue hallado con dos disparos. La sentencia quedó firme en julio de 2019, determinando la pena máxima prevista en el Código Penal.

Recientemente, allegados a la joven advirtieron sobre la existencia de perfiles falsos en redes sociales que utilizan su nombre e imágenes editadas con inteligencia artificial para solicitar dinero. Desde su entorno aclararon que ella no realiza colectas ni pide transferencias a sus seguidores, calificando estas publicaciones como simulaciones engañosas.

El senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires e instalar inhibidores de señal en las unidades penitenciarias. La propuesta busca impedir que las personas privadas de la libertad utilicen dispositivos móviles para cometer delitos o mantener comunicaciones sin control desde el interior de los penales.

El legislador de la oposición difundió la iniciativa a través de un mensaje público en el que cuestionó la situación actual dentro de los establecimientos penitenciarios. En ese marco, Campbell denunció que desde distintas cárceles bonaerenses los detenidos continúan delinquiendo desde prisión mediante el uso de teléfonos celulares y redes sociales.

“En las cárceles de la provincia los presos siguen delinquiendo desde adentro. Además de usar celulares para eso, hacen TikToks, vivos, asados, juegan a la play. Una vergüenza”, expresó Campbell en su publicación, donde además remarcó que muchos de los detenidos que protagonizan esas situaciones cumplen condenas por delitos graves. “Hablamos de delincuentes presos condenados por homicidios luego de matar y destruirle la vida a tantas familias. Esto no puede seguir pasando”, fustigó.

A partir de este diagnóstico, el dirigente del PRO defendió la necesidad de avanzar con una serie de cambios normativos para restringir el uso de tecnología dentro de los penales. Según planteó el representante de la Sexta sección, el objetivo central del proyecto consiste en impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos móviles o internet para organizar delitos desde prisión.

Bajo esa premisa, el referente opositor también cuestionó el funcionamiento actual del sistema penitenciario y advirtió sobre el impacto que tiene el uso de celulares en cárceles, al sostener que genera un escenario de impunidad y convierte a los penales en verdaderos “call centers del delito”.

“Este proyecto es sentido común: presos sin celular, con inhibidores de señal para que no hablen por teléfono ni tengan acceso a internet y controles periódicos”, sostuvo Campbell al explicar los alcances de la propuesta que impulsa en la Legislatura bonaerense.

Según explicó Campbell en la presentación del proyecto, la iniciativa busca bloquear las comunicaciones telefónicas y el acceso a internet desde el interior de las unidades penitenciarias. De acuerdo con el legislador bonaerense, la medida apunta a limitar no solo el uso de celulares, sino especialmente las aplicaciones digitales que hoy permiten a los detenidos mantener contactos y coordinar maniobras delictivas desde prisión.

Además, la propuesta establece controles periódicos en pabellones, visitas y sobre el personal penitenciario, con el objetivo de reforzar los mecanismos de prevención y evitar el ingreso o la circulación de dispositivos electrónicos dentro de las unidades carcelarias.

Vale precisar que el origen de la discusión sobre la utilización de celulares en cárceles bonaerenses se remonta a las medidas adoptadas durante la pandemia de Covid-19. En marzo de 2020, la administración provincial habilitó el uso de dispositivos móviles para que las personas privadas de la libertad pudieran mantener contacto con sus familiares ante la suspensión de visitas presenciales.

Sin embargo, distintos sectores políticos cuestionaron esa decisión al sostener que esta resolución facilitó la organización de delitos desde el interior de los penales. De acuerdo con estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas crecieron de 15.711 casos en 2020 a 27.919 en 2021, lo que representó 12.208 expedientes más y una suba del 77,7%.

En una semana en la que el oficialismo capitalizó su nueva fortaleza parlamentaria con la media sanción del proyecto de modernización laboral, la Cámara de Diputados fue escenario de un nuevo triunfo político con la aprobación, por amplia mayoría, de un nuevo régimen penal juvenil, cuyo eje es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La iniciativa se aprobó con 149 votos positivos y 100 negativos. Un sector de Unión por la Patria y los bloques de izquierda votaron en contra de la iniciativa, a la que calificaron de “punitivista”.

Acto seguido, la Cámara de Diputados tiene previsto ratificar el tratado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) firmado el 17 de enero pasado. Si se avanza con la media sanción, ambos proyectos deberán atravesar el filtro del Senado antes de convertirse en ley.

El oficialismo reunió el respaldo de sus aliados habituales −Pro, la UCR y el MID− y sumó apoyos parciales de Provincias Unidas, Innovación Federal y los sanjuaninos del bloque Producción y Trabajo. Con estos apoyos, el bloque libertario alcanzó una mayoría holgada para avanzar tanto con la reforma penal como con el tratado comercial.

El movimiento más significativo se observó dentro de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo a la reforma penal juvenil, el Frente Renovador −que responde a Sergio Massa− optó por diferenciarse al coincidir con el oficialismo en fijar en 14 años el piso de punibilidad, pero insistió en que el cambio debería encararse mediante una reforma integral del Código Penal y no a través de un régimen especial. Por eso advirtió que, si la ley es sancionada, podría ser judicializada.

La iniciativa, además de fijar en 14 años la edad mínima de punibilidad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes. No obstante, introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva: solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más.

Para el resto de los casos se prevén sanciones alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a la víctima o medidas de reparación del daño. El dictamen reafirma garantías procesales y define la privación de la libertad como última ratio. Además, establece estándares específicos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso a educación, salud y programas de resocialización.

El proyecto dispone que el nuevo régimen entre en vigencia seis meses después de reglamentarse. Será el plazo que tendrían el sistema penitenciario federal y de las provincias para ajustar las instalaciones carcelarias.

Además, la iniciativa prevé una primera asignación presupuestaria de $23.000 millones. Los detractores del proyecto aseveran que la suma es insuficiente y no llegará a las provincias.

El debate arrancó con la exposición de la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (LLA), quien negó, como afirma el kirchnerismo, que esta iniciativa busque “criminalizar a los pibes”.

“Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó la legisladora, quien insistió en que los menores que sean detenidos por la comisión de un delito no serán alojados en los mismos centros de centros de adultos. A tal efecto hizo las aclaraciones correspondientes en el texto.

Argentina registra la tasa más alta de la historia de presos en cárceles, según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicado en enero de 2026.

Dicho documento también aborda el aumento del encarcelamiento, la evolución de los niveles de ocupación por jurisdicción, las características judiciales y sociodemográficas de la población, así como la situación de las personas privadas de la libertad con medidas de seguridad por razones de salud mental.

Al 31 de diciembre de 2024, el sistema penitenciario registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 PPL cada 100.000 habitantes, la más alta de la historia, según indica el informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Esa tasa resultó elevada luego de que cinco provincias la hayan superado ampliamente: Córdoba encabeza la lista, con casi 377 PPL cada 100.000 habitantes; y le siguen Mendoza, con 308; Buenos Aires, con 305; Santa Fe, con 286 y Salta, con 267.

Durante los últimos 25 años, el encierro en prisiones creció a un promedio anual del 6%, con la única excepción de 2020, cuando descendió a raíz de la pandemia. En 2024, el aumento fue aún mayor y alcanzó el 7,1%. Aunque se incrementó la cantidad de plazas carcelarias, esto no logró reducir los niveles de sobrepoblación.

Desde la CNPT explican que, a nivel nacional, el conjunto de los sistemas penitenciarios funciona al 130,2% de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas donde caben 100.

En la última década, la cantidad de personas alojadas en establecimientos penitenciarios del país creció un 67,7%. No obstante, las tendencias de esta evolución presentan un comportamiento dispar a nivel jurisdiccional. Santa Fe registró el incremento más pronunciado (244,8%), seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%). Estas tres jurisdicciones duplicaron su población carcelaria entre 2015 y 2024.

Acerca de la ampliación de plazas, señalan que en 2024 diversos poderes ejecutivos provinciales incrementaron la capacidad de alojamiento penitenciario, entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.

“Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibieron a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó”, sostienen.

Asimismo, el informe analiza en detalle, entre otros puntos, la situación procesal y los tipos de delitos de la población encarcelada. En la actualidad, el 62,0% de la población carcelaria se encuentra condenada, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva.

La situación procesal presenta marcadas diferencias entre las distintas jurisdicciones del país. Neuquén registra el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%. Chaco, Chubut y San Juan también superan el 90% de población con condena. En contraste, algunas jurisdicciones superan la media nacional de personas encarceladas sin condena, entre ellas Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%). (NA).

El gobierno porteño anunció que durante este año se concretará el desalojo de la cárcel de Devoto. Los detenidos que actualmente se encuentran allí serán trasladados a un nuevo penal que se construye en Marcos Paz y que estará bajo la órbita del Gobierno nacional.

La nueva cárcel tendrá capacidad para 2.240 presos y, según fuentes oficiales, permitirá descomprimir la situación de las comisarías y alcaldías de la Ciudad, que en el último tiempo fueron escenario de reiteradas fugas a raíz de la sobrepoblación de detenidos.

El anuncio se dio tras la firma de un acta de entendimiento entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad, que establece que CABA entregará durante el primer cuatrimestre de este año la nueva cárcel federal. El acuerdo también prevé la posibilidad de ampliar las plazas del Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares en los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, para alojar de manera permanente hasta 400 detenidos.

“La cárcel de Marcos Paz está casi lista y se la vamos a entregar a la Nación, tal como lo habíamos acordado. Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Los convenios entre ambas jurisdicciones habían sido firmados en marzo y agosto de 2018, pero las obras permanecieron paralizadas durante cinco años y recién se reanudaron en diciembre de 2024.

El nuevo complejo, denominado Centro Penitenciario Federal VII, se emplaza en un predio de 80 hectáreas y podrá alojar a más de 2.200 internos. Contará con cuatro unidades, un edificio administrativo, un área de programas y servicios para el comando de seguridad interna, sector de salud y salas de videoconferencia para internos y profesionales.

Además, incluirá áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo destinado a talleres de trabajo y capacitación laboral. También tendrá un espacio para la distribución de raciones alimentarias y un campus con módulos de alojamiento divididos en cinco sectores independientes, con canchas de fútbol y espacios para huertas.

Este martes, Francia vivió un hecho sin precedentes en su historia reciente: el expresidente Nicolas Sarkozy ingresó en la prisión de La Santé, en París, para comenzar a cumplir una condena de cinco años de prisión por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña electoral.

A las primeras horas de la mañana, el exmandatario abandonó su residencia en la capital acompañado por su esposa, Carla Bruni, y su equipo legal. El breve trayecto hasta el penal fue seguido por un fuerte operativo de seguridad, mientras simpatizantes coreaban su nombre y entonaban el himno nacional desde las inmediaciones del penal.

La condena, ratificada por la Justicia francesa, señala a Sarkozy como partícipe de una estructura ilegal de financiamiento que habría canalizado fondos no declarados desde el régimen libio de Muamar Gadafi hacia su campaña presidencial de 2007. Aunque el tribunal no logró probar que Sarkozy personalmente recibió el dinero, consideró que fue parte de una “estructura deliberada” para violar la normativa electoral francesa.

A través de un comunicado difundido por sus abogados, Sarkozy se defendió enérgicamente: “No es un expresidente quien está siendo encarcelado esta mañana, sino un hombre inocente”. Calificó el caso como un “escándalo judicial” y denunció ser víctima de una “venganza que ha llevado el odio a un nivel sin precedentes”.

El exjefe de Estado ya había sido condenado anteriormente a un año de prisión por corrupción en otra causa, pena que cumplió con brazalete electrónico. En esta nueva etapa, su defensa solicitó libertad provisional mientras se analiza una posible apelación. La resolución podría definirse en el plazo de un mes.

Mientras tanto, Sarkozy permanece recluido en una unidad de aislamiento diseñada para figuras de alto perfil. Las condiciones incluyen celda individual, ducha privada, y acceso restringido a medios de comunicación.

La noticia generó reacciones inmediatas en todo el espectro político francés. Mientras dirigentes conservadores y miembros de su antiguo partido expresaron solidaridad, sectores de izquierda celebraron la medida como una señal de que la ley comienza a aplicarse sin distinción jerárquica.

“La Justicia está tomando el poder, y eso no es bueno para Francia”, expresó una de las manifestantes frente a la prisión de La Santé.

El presidente Emmanuel Macron evitó pronunciarse públicamente, aunque se supo que mantuvo una reunión privada con Sarkozy días antes de su encarcelamiento. Por su parte, el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, anunció que planea visitarlo en la prisión y defendió su rol institucional como supervisor del sistema penitenciario. Esto generó críticas de la oposición, que advirtió sobre posibles interferencias entre poderes.

Último presidente conservador de Francia (2007–2012), Nicolas Sarkozy llegó al poder tras derrotar a Ségolène Royal con una campaña que prometía reformas estructurales y seguridad. Durante su mandato impulsó cambios en el sistema laboral y jubilatorio, aunque su gestión fue también marcada por un estilo confrontativo y cercanías con posturas de derecha dura.

Su figura perdió centralidad tras la derrota en las primarias de 2016 y el avance de múltiples causas judiciales que empañaron su legado político. Nacido en 1955, abogado de formación y diplomado en ciencias políticas, Sarkozy había sido una figura ascendente desde su juventud: a los 28 años fue alcalde de Neuilly-sur-Seine, y antes de los 40 ya ocupaba cargos ministeriales.

Casado con la exmodelo y cantante Carla Bruni, es padre de cuatro hijos. Hoy, desde una celda, enfrenta no solo las consecuencias legales de sus actos pasados, sino también la redefinición histórica de su figura en la política francesa.

A ocho años de haber cometido el crimen que conmocionó al país, Nahir Galarza, condenada a prisión perpetua por el asesinato de su entonces novio Fernando Pastorizzo en 2017, ha vuelto a generar polémica con un pedido inusual para mejorar sus condiciones de vida en el penal de Gualeguaychú.

Según confirmó su abogado, Augusto Lafferriere, la defensa solicitó formalmente al Juzgado de Ejecución de Penas que Galarza pueda contar con acceso a un teléfono celular y a redes sociales. La solicitud ha recaído en la jueza Elena Margarita Vicari, quien tendrá la responsabilidad de decidir si concede o rechaza este beneficio.

La defensa de Galarza basa su pedido en la “conducta ejemplar” que la joven ha mantenido durante sus años de reclusión. Lafferriere argumentó que su clienta ha completado alrededor de 15 cursos de formación y se encuentra cursando la carrera de Psicología Social, destacando su constante respeto por las normas internas del penal. Por ello, el abogado considera que su buen desempeño debería ser recompensado con la posibilidad de acceder a herramientas digitales, aunque de manera limitada.

La solicitud ha despertado una fuerte controversia en la opinión pública. La jueza Vicari deberá expedirse en las próximas horas sobre este planteo que, una vez más, ha puesto a Nahir Galarza en el centro de la atención mediática.

Fabián Rossi, conocido por haber sido apoderado de la financiera SGI, más popularmente llamada "La Rosadita", y exesposo de la vedete Iliana Calabró, fue trasladado este miércoles al penal de Marcos Paz, junto a otros cuatro condenados en la causa judicial por la “Ruta del dinero K”. La medida fue autorizada por el juez del Tribunal Oral Federal N°4, Néstor Costabel, luego de que los condenados permanecieran desde el lunes último en una dependencia transitoria de la Policía Federal Argentina.

La resolución del juez establece que los acusados serán alojados en una cárcel de máxima seguridad hasta tanto se determine si alguno puede acceder a beneficios como el arresto domiciliario, como es el caso de Rossi, cuya defensa lo reclama por razones de salud. Rossi fue condenado a 4 años y 6 meses de prisión y, hasta ahora, nunca había estado detenido.

Junto a Rossi fueron enviados al penal Juan De Rasis (exempleado bancario), César Fernández (extrabajador de SGI), el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro, de 79 años. En tanto, Julio Mendoza, expresidente de Austral Construcciones, también debía ser trasladado, pero permanece internado desde el viernes pasado y no fue incluido en esta etapa.

Las penas impuestas a los involucrados son:

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por “inadmisibles” los recursos de queja directa presentados por todas las defensas contra las condenas confirmadas durante el juicio oral, incluyendo la de Lázaro Báez, quien recibió una pena de 10 años de prisión.

Báez permanece bajo arresto domiciliario en el marco de otra causa penal, aunque desde la fiscalía ya se solicitó que se le revoque ese beneficio y se ordene su traslado a una cárcel común.

La Comisión Provincial por la Memoria denunció que el lunes pasado, alrededor de las 4.30 y de manera intempestiva, agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense irrumpieron en el pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica. Allí arrastraron semidesnudas a al menos 45 personas hacia las celdas de aislamiento; varias de ellas fueron golpeadas.

“Quedaron incomunicadas sin sus teléfonos ni otra comunicación con sus familiares o abogados defensores, pasando hambre y frío durante varios días, sin que les entreguen la medicación a quienes realizan diferentes tratamientos de salud”, se resaltó en la denuncia publicada por la agencia Andar, y citada por Verte.

Como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la Comisión (CPM) presentó un hábeas corpus para exigir el cese inmediato de la violencia contra el colectivo LGTB alojado en esa unidad. Según se informó, algunas personas seguían aisladas, y la referente del pabellón había sido trasladada a otra cárcel.

El recurso judicial presentado por la CPM advierte que el aislamiento se aplicó de manera colectiva como una sanción general, algo expresamente prohibido. En el texto se detalló que “las personas fueron sacadas del pabellón semidesnudas y de manera violenta, e incluso fueron despojadas de sus teléfonos celulares. Varias de ellas padecieron golpes y empujones”.

También se denunció que “durante el tiempo de permanencia en buzones, no recibieron medicación y la imposibilidad de comunicarse con el exterior generó una profunda angustia en sus referentes afectivos”. En una entrevista con el equipo de la CPM, la referente del pabellón relató: “Me sacaron capeada (sin sus pertenencias), casi desnuda. Me sacaron corriendo entre la lluvia, el barro, me pegaron, no entiendo por qué, la verdad no entiendo por qué”.

Las personas que luego fueron devueltas al pabellón tras varios días en los buzones no recibieron ninguna notificación formal sobre el motivo de la sanción. Según se detalló, seguían en condiciones extremas de aislamiento junto al resto de sus compañeres.

En el hábeas corpus colectivo, la Comisión subrayó que “el resto de las personas alojadas en el pabellón fueron expuestas al aislamiento de convivencia sin que se les notificara sanción alguna, con carácter colectivo, sin conocer los cargos que fundaron tal decisión, y por tanto imposibilitadas de formular descargos o ensayar defensa alguna. Esto último viola rotundamente el principio de legalidad en la ejecución de la Peña despojando a las personas de su derecho de defensa”.

El recurso quedó radicado en el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul, con asiento en Alvear, a cargo de la jueza Adriana Bianco, quien ordenó medidas de prueba y fijó audiencia para el lunes, siempre según Verte.

El Ministerio de Seguridad Nacional prohibió el funcionamiento de los centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, de acuerdo a la resolución 372/2025 publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El artículo 1° de la normativa resolvió, en específico, “no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal”.

En tanto, el documento de la cartera que conduce Patricia Bullrich estableció que no se permitirá “la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos”.

En los considerandos, se mencionó que “en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPFCABA), en el Complejo Penitenciario Federal I (CPF I) y en el Complejo Penitenciario Federal IV (CPF IV) se encuentran organizados grupos de personas privadas de la libertad que invocan la representación de internos estudiantes y se denominan centros de estudiantes”.

En ese marco, la medida destacó que “la organización de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, a la par de no estar expresamente reconocida legalmente ni por la administración penitenciaria, tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad”.

La medida explicó, además, que se detectó que miembros de esos centros de estudiantes, bajo el pretexto de realizar tareas relacionadas a esa función, permanecían los centros educativos fuera del horario en que cada uno debía estar allí.

En ese contexto, el Ministerio indicó que “la asistencia y permanencia de internos en los centros educativos durante toda la jornada impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales, como así también aquellas actividades necesarias para el mantenimiento de los espacios propios y comunes” de los establecimientos penitenciarios.

“El esquema implementado a través de los centros de estudiantes afecta las reglas establecidas por la Ley N° 24.660 y fomenta un esquema incompatible con el sistema de reinserción social en la medida que permite el avance en la progresividad de internos que no cumplen con las reglas del tratamiento penitenciario”, sostuvo la normativa.

Además de todo ello, expresó el texto, “la permanencia prolongada de las personas privadas de la libertad fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas” afectan “no solo el normal desenvolvimiento de las restantes actividades diarias, sino que ocasiona relevantes alteraciones en materia de seguridad”.

La privación de la libertad es una de las experiencias más extremas que puede atravesar una persona. Violencia, códigos carcelarios, un sistema punitivo con más deudas que esperanzas y prejuicios que vuelven aún más complejo el entramado carcelario. 

Giancarlo Covino tiene 27 años y vive en Trenque Lauquen. A los 18 cayó preso por robo y pasó seis años privado de su libertad en diferentes penitenciarías de la provincia. En la Unidad Penal 37 de Barker se encontró con el proyecto Mirmidones, una iniciativa pensada para transformar vidas y generar nuevas oportunidades a través del rugby, la educación y la cultura.

El tandilense Juan Martín Aroztegui es jugador de rugby de toda la vida y presidente de la asociación civil Mirmidones, el proyecto que nació en noviembre de 2016, cuando junto a sus compañeros visitó por primera vez el penal de Barker para hacer un entrenamiento. El vínculo surgió a partir de una charla del grupo Espartanos, que busca la reinserción social de personas privadas de su libertad a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad. Los integrantes del grupo pidieron visitar un penal y el más cercano a la Tandil es Barker. En ese entonces hicieron las gestiones correspondientes y viajaron a la vecina localidad jugadores y exjugadores de los tres clubes locales, Uncas, Los Cardos y Los 50. La experiencia resultó tan movilizante que decidieron asumir un compromiso y empezar a visitar el penal cada 15 días para compartir entrenamientos con los reclusos. Con el paso del tiempo y el apoyo del juez Pablo Galli, de la Universidad Nacional del Centro y de otras organizaciones de la sociedad civil, como Federación Mesa Solidaria, el proyecto de fue expandiendo y cobrando cada vez mayor relevancia. 

Para Giancarlo, su vida no sería la misma si en su periplo carcelario no se hubiese topado con Mirmidones, un espacio que generó las condiciones de posibilidad que construyeron una salida a la hostilidad y lo que él llama “la mala vida”:

En un evento histórico, se llevó a cabo el último jueves la reapertura de la capilla San Salvador del Valle en una cárcel bonaerense de General Alvear, luego de que las instalaciones fueron totalmente renovadas, tanto en su interior como en el exterior.

El acto se desarrolló en la Unidad 14 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del gobernador Axel Kicillof y el aval del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Juan Martín Mena.

En la ceremonia se efectuó una peregrinación por los límites del establecimiento carcelario, donde integrantes de la Agrupación Gauchos Peregrinos llevaron la Virgen de Luján y la depositaron en la flamante capilla.

Luego de las palabras alusivas del obispo de la Diócesis de Azul, Monseñor Hugo Manuel Salaberry, se realizó el corte de cintas y descubrimiento de la placa “Capilla San Salvador del Valle” del Marqués de Olaso.

Seguidamente, la profesora Lis Sole entregó dos libros de su autoría titulado “Marqués de Olaso” y “Estancia San Salvador del Valle”, uno lo recibió el obispo Monseñor Hugo Salaberry y restante, el encargado de la biblioteca que funciona en la Unidad 14.

Luego se entregaron presentes a quienes trabajaron para hacer posible la puesta en valor de tan importante espacio eclesiástico y se realizó la colocación de un olivo, símbolo de paz y prosperidad.

Y a cargo del Monseñor Salaberry se ofició una misa para todos los presentes y se finalizó con un almuerzo.

La directora de la cárcel, Evangelina Zalazar, explicó que “la idea es retornar a las actividades que la capilla tenía: celebración de misas y bautismos para las personas privadas de la libertad y también, en algunas ocasiones para los vecinos de la Colonia”.

“En esa capilla –continuó- muchos hijos de los pobladores fueron bautizados y hasta han celebrado su primera comunión. Vamos a vincularnos con la comunidad a través de la Iglesia”.

En la oportunidad, presidió el obispo Salaberry y estuvieron presentes el subdirector General de Complejos Penitenciarios, Ariel Gómez; el jefe del Complejo Penitenciario Centro Zona Norte, Horacio Maldonado; el secretario de Coordinación, José Alonso; la directora de la Unidad 14, Evangelina Zalazar y los subdirectores de la cárcel.

También acompañaron la secretaria del Gobierno de la Municipalidad de General Alvear, Moramay Sayos; los sacerdotes Oscar Forquera, Andrés Pérez y Walter Kowalski, y los diáconos Carlos Pina, Fabio Aguirre y Mauro Duclos.

Además estuvieron el jefe del Polo Productivo, José Luis Ledesma; los directores de la Unidad 30 General Alvear y 7 de Azul; personal de Bomberos Voluntarios, del Comando de Prevención de Patrulla Rural, de la Estación Comunal local, de la Comisaria de la Mujer y la Familia, la profesora Solé, la Agrupación Gauchos Peregrinos, personal retirado y en actividad de la Unidad y vecinos de la Colonia San Salvador del Valle.

Carlos Pont Gasques destacó la revinculación de la Iglesia con diferentes sectores de la comunidad, a partir de la inauguración de la capilla. “Se han reunido diferentes grupos de peregrinaje que hace por lo menos 30 años no realizaban un acto como este. La puesta en valor sirvió de excusa para convocar a esos sectores que históricamente estuvieron vinculados a la Iglesia”, dijo.

Foto salaberry

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, estuvo presente en el acto de inauguración de la obra de ampliación de la Unidad Penitenciaria N°29 de Melchor Romero, que incrementa la capacidad de alojamiento en 576 plazas a través del mayor Plan de Infraestructura Penitenciaria de la historia de la Provincia.

El Gobernador destacó que esta obra se hizo cargo de una crisis histórica, “una crisis humanitaria” del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), con la creación de más de 7.000 plazas en cárceles, la construcción de alcaidías en los distritos donde hay más tasa delictiva y con la intención de terminar con los calabozos en las comisarías, porque, según aseveró “no son extensiones de las prisiones”.

En su discurso, el Gobernador criticó a los medios de comunicación que no se hacen eco de este tipo de obras de gran impacto que se llevan adelante en la Provincia Buenos Aires y que siempre lo han acusado de “no hablar de seguridad”. En esa línea, pidió “a los canales porteños que visiten las cárceles bonaerenses” para mostrar todo lo que se está haciendo en su gestión.

“Quienes nos critican, hay quienes nos critican siempre, se pierden buena parte de la realidad que pretenden escandalosamente ocultar. Suelen decir que como Gobernador no hablo de la cuestión de las seguridad, es bastante cuesta arriba sostener eso”, remarcó Kicillof. Y añadió: “En el SPB hemos inaugurado 7.130 plazas en la provincia de Buenos Aires, nunca en la historia se han inaugurado con esta magnitud poblacional, hay que tener un gran empeño en querer ocultar lo que estamos haciendo en la Provincia”.

En tanto, el mandatario provincial asumió que esto no quiere decir “que esté todo bien” y repasó, para contextualizar, cómo recibió la provincia de Buenos Aires y en qué estado estaban las cárceles luego de la gestión de María Eugenia Vidal.

“Asumí mi primer mandato en medio de una huelga de hambre de 16 mil internos de las cárceles del SPB, porque el gobierno que me precedió no estaba pagando alimentos ni medicamentos. La huelga de hambre era una especie de redundancia, porque el problema era que no había comida”, precisó Kicillof, y puso énfasis en la sobrepoblación que sumó la gestión anterior – esos 16 mil internos – para la que se crearon solamente mil plazas.

“Si el problema estaba ocurriendo, la respuesta era ampliar el sistema penitenciario, no hay que ser ni Einstein ni de la Escuela Austríaca para entenderlo, si subís de 36.000 a 50.000 internos algo hay que hacer”, señaló. “Lo que no había era una política penitenciaria de cara a los graves problemas de seguridad, la sobrepoblación genera condiciones inhumanas y genera más reincidencia, esta comprobado”, puntualizó el Gobernador.

“Asumimos con 24.000 plazas en cárceles, más de 50.000 internos y una sobrepoblación superando el 100%”, remarcó. “Era un problema prácticamente terminal del sistema. Como alternativa, lo que había que hacer era algo que no habían encarado mis antecesores. Nadie lo hizo. Todo el mundo sabe que la seguridad y el SPB no son cuestiones disjuntas”, precisó.

“Acá había que agarrar el toro los las astas, pero había que encarar un plan de ampliación del SPB que no se había ensayado nunca. Construir cárceles nunca ha sido algo muy popular e implica una gestión muy grande. Unidades, alcaidías, cerca de los lugares donde se cometía el delito, porque si la familia queda muy lejos del preso se corta el vínculo con la familia y la posibilidad de reincidir o tener otros comportamiento al interior del servicio son muy altas”, describió Kicillof. Y planteó: “Estamos en camino de vaciar los calabozos de las comisarias bonaerenses con esta política de creación de alcaidías”.

En esa línea, el mandatario apuntó nuevamente a los medios que ocultan sus políticas públicas: “Hacer todo esto a la vez no tiene la misma prensa o el mismo festejo de inversiones de un magnitud comparable. Le digo a los canales porteños: recorran las unidades penitenciarias y vean lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Mentir tiene patas cortas”.

El dato más significativo de este plan es la incrementación de plazas en las unidades penitenciarias en un 50%,“la mitad de lo que se hizo en toda la historia de la Provincia”.

El Gobernador, notablemente disgustado con la gestión del gobierno nacional, arremetió personalmente contra Javier Milei, quien “se negó a continuar con la magnitud de la obra”. De igual modo, aseveró: “Milei desertó, no me gusta decir que se borró, que se distrajo, que está en otra: desertó de sus obligaciones, son incumplimientos del gobierno nacional, para un monto que comparado a los intereses que paga por deuda no le genera un problema financiero”.

Kicillof remarcó que el Gobierno nacional “no está más para seguridad, no está más para infraestructura, no está en educación, no está en salud”. Y asumió: “Mi compromiso es terminar todos los proyectos que tenemos en marcha. No lo digo como desafío ni con enojo. Lo digo con la preocupación de seguir mejorando nuestro servicio penitenciario”.

Sin dar más nombres ni hacer señalamientos, el Gobernador concluyó: “Esto se soluciona tomándose el tema con la seriedad que amerita, para combatir la cuestión del delito y el crimen hay que ser intachable”.

Los presos que estén alojados en cárceles federales, es decir dependientes del Gobierno nacional, tendrán la obligación de realizar tareas de mantenimiento de los lugares comunes como son las celdas, pabellones y patios, para su reinserción sin percibir ninguna remuneración a cambio.

Así lo decidió la administración de Javier Milei a través del Ministerio de Seguridad, que estableció por medio de la Resolución 1346/2024, “la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”.

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial de este miércoles y lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

La medida apunta a promover la reinserción social y reducir la reincidencia, según lo estipulado en la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (Nº 24.660) y la Constitución Nacional. Además, busca disminuir la ociosidad entre los internos, considerada un factor de incremento de violencia y desorden en los penales.

El SPF será el encargado de elaborar planes y cronogramas específicos para estas tareas, además de supervisar su cumplimiento. Estas actividades pueden desarrollarse hasta el lapso de cinco horas diarias y los internos no recibirán dinero por la labor realizada.

La resolución enfatiza que estas labores constituyen un deber derivado del mandato constitucional de mantener cárceles “sanas y limpias” y contribuyen a una convivencia ordenada dentro de los establecimientos. Y los materiales, se aclaró, serán provistos por el SPF.

Esta medida integra a todos los casi 12 mil internos que posee el SPF en todos los penales del país, sin discriminar que estén procesados o condenados. También están incluidos los presos calificados como de “alta peligrosidad” y los que están alojados por delitos de lesa humanidad.

Días atrás dos hogares de ancianos dependientes de la Dirección de Adultos Mayores del municipio de Azul, recibieron juegos de sábanas y fundas confeccionadas por personas privadas de su libertad en la Unidad 52 de esa localidad.

Mujeres alojadas en el establecimiento penitenciario que forman parte del taller de costura que funciona en la Unidad, fabricaron 46 juegos de sábanas y 23 fundas que fueron donadas al Hogar de ancianos “San Francisco de Asís” de la localidad de Azul y al Hogar de Ancianos “Alejandro Lencioni” de Cacharí.

Estas actividades laborales en contexto de encierro son apoyadas y fomentadas desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial que conduce Juan Martín Mena.

Lorena, una de las detenidas que participó de la confección de sábanas fabricadas con materiales aportados por el Municipio de Azul, expresó, “me siento conmovida que me den esta oportunidad de colaborar con la comunidad, que nos hagan parte de este proyecto, sintiéndonos útiles. El servicio penitenciario nos apoya y pone la mejor voluntad para que desde este espacio de taller podamos sentirnos más libres”.

La entrega se realizó con la participación de la subdirectora de Asistencia y Tratamiento, Yanina Cueto conjuntamente con la jefa de Talleres, Yanina Selaya, el coordinador de Técnica y Oficio de la Unidad, Oscar Córdido y la directora de adultos mayores del municipio, Jessica Córdoba, quien resaltó la importancia de trabajar en conjunto con la institución penitenciaria, logrando la resocialización de las privadas de libertad y el beneficio de los hogares de ancianos.

El Gobierno incrementó un 533% los montos que Nación destina a cada uno de los presos alojados en las cárceles federales y provinciales, tanto para su hospedaje como para su cuidado. La decisión se plasmó en la resolución 610/2024 del Boletín Oficial, con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Fíjese el monto único y total a reconocer por el alojamiento y atención integral recíproca de internos de extraña jurisdicción en establecimientos penitenciarios federales y provinciales en la suma de $2000 por día y por interno desde el 1° de enero de 2024″, señaló el texto de la normativa que publicaron este jueves desde el Gobierno. Esa cifra estaba congelada desde 2016 en los $375.

Asimismo, en el texto indicaron que se deben hacer las “debidas comunicaciones” a las provincias para informar sobre esta modificación.

En la resolución donde quedó determinada la medida, desde la Casa Rosada justificaron que este cambio se da de acuerdo con el principio de solidaridad que el Estado nacional mantiene con cada territorio local y por las “razones de urgencia” que los asuntos de política penitenciaria demandan en cada una de las jurisdicciones. “Esta administración tomó la decisión de encausar la cancelación de las obligaciones reclamadas por las provincias”, explicaron desde Seguridad.

Asimismo remarcaron que, en base a los convenios firmados, la modificación del valor diario de lo que le corresponde a cada preso tiene que estar conforme a las “posibilidades presupuestarias” de la Nación. Y en la oficialización de la medida remarcaron que los valores no se actualizaban desde enero de 2016, cuando se había fijado el monto en $375 por preso y por día, un valor totalmente desfasado con la realidad económica actual. “Aquel importe aprobado en 2016 se encuentra significativamente retrasado”, señalaron desde el Gobierno.