Para esa fecha está prevista la primera audiencia para decidir sobre su eventual extradición, anunció su abogado.

Así lo aseguró el letrado Agostinangelo Marras frente al penal de Bancali, cercano a la ciudad nororiental de Sassari, al explicar que no se han aplicado medidas cautelares de ningún tipo al eurodiputado y por tanto puede circular sin limitaciones, reseñó la agencia de noticias italiana ANSA.

Puigdemont fue liberado ayer a la tarde, tras pasar una noche en prisión luego de ser detenido a su llegada al aeropuerto de Alguer, en el noroeste de la isla.

“Siempre hemos pensado que (la detención) podía pasar, pero sabíamos también cómo puede acabar, porque la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) es clarísima, y hoy se ha visto. España nunca pierde la oportunidad de hacer el ridículo”, sostuvo poco después de salir de la cárcel, rodeado de una multitud que coreaba “independencia”.

La detención y posterior liberación en Italia, llega después de que el TGUE retirara la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado en un fallo emitido el pasado 30 de julio, una decisión tomada sobre la base de que el líder independentista no puede ser arrestado en estos momentos por su situación procesal.

Según esa decisión, la orden europea dictada en 2019 por el Tribunal Supremo español por un delito de sedición no se puede ejecutar hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que dicha corte planteó sobre los procedimientos de extradición de los líderes independentistas, después de que Bélgica rechazara la entrega a España de un antiguo integrante del Gobierno de Puigdemont.

En base al fallo del TGUE, la defensa de Puigdemont afirmó que su detención era ilegal porque la euroorden se encuentra paralizada por “imperativo legal”, mientras que el Gobierno de España enmarcó su arresto como una parte más de “un procedimiento judicial en curso”.

Fuentes del Alto Tribunal español señalaron al diario Público que la Justicia española reclamará la entrega de Puigdemont y que su detención por las autoridades italianas se ha efectuado “correctamente”. (Télam)

La última noche de protestas y disturbios en Cataluña por la detención del rapero Pablo Hasél terminó con 14 nuevas detenciones, según informó la policía local, y con el repudio desde Madrid del oficialismo socialista y la oposición conservadora del Partido Popular (PP).

“Creemos firmemente en que todo se puede defender en nuestro país, pero nunca la libertad se puede defender con violencia”, sentenció el secretario de Relaciones Institucionales del PSOE y vicepresidente Primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, según reprodujo la agencia de noticias Europa Press.

El funcionario condenó “enérgicamente” y “con contundencia y sin paliativos” las continuas jornadas de protestas que terminan con noches de disturbios, con contenedores de basura incendiada y locales saqueados.

En medio de la negociación de su partido para formar una coalición de Gobierno y poner fin a los últimos años de dominio independentista en Cataluña, el dirigente del PSOE se solidarizó con las fuerzas de seguridad que están enfrentando los disturbios: “la Guardia Urbana, los Mossos (la fuerza local) y de la policía”.

Desde el otro lado del espectro político, el vicesecretario nacional de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, calificó los disturbios como “terrorismo callejero” y exigió al ministro de Interior del Gobierno central, Fernando Grande-Marlaska, que convoque “de urgencia” la Junta de Seguridad de Cataluña para que coordine la respuesta de todas las fuerzas presentes en Cataluña.

Para Montesinos, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez Gobierno “se calla, guarda silencio y agacha la cabeza” en Madrid mientras crecen las protestas en Cataluña.

Sin embargo, Sánchez ya repudió los disturbios, al igual que algunas de las máximas autoridades catalanes, como el presidente interino del Gobierno regional, el independentista Pere Aragonés, y la intendenta de Barcelona, Ada Colau.

Medios locales estimaron que fue una de las jornadas más violentas desde que el rapero Hasél fue encarcelado por criticar a la monarquía en sus redes sociales, una decisión judicial que fue condenada por miles de personas en las calles como una afrenta a la libertad de expresión.

El cantante trató de “mafioso” al rey emérito Juan Carlos I, exiliado en una de las monarquías petroleras del Golfo Pérsico y acosado de denuncias de corrupción. Además, elogió a personas vinculadas en atentados en el país y acusó a la policía de matar y torturar a migrantes y manifestantes.

Los manifestantes destrozaron mobiliario urbano y oficinas bancarias, saquearon varios comercios y hasta incendiaron un furgón policial y atacaron un hotel, según la agencia de noticias AFP. (Télam).