Del otro lado del teléfono, la voz de Lucas Corsi resonó entusiasta por compartir su historia con El Eco de Tandil. Desde el cruento otoño austríaco, en la ciudad de Linz, hizo un repaso de su vida desde los primeros acordes hasta terminar fabricando órganos que son un verdadero tesoro.

La historia musical de Lucas comenzó en Tandil, cuando todavía era un niño y no tenía claro de dónde venía ese impulso de acercarse a los sonidos. Recordó que en su casa no existió una tradición artística marcada. “Mi viejo era metalúrgico y mi vieja era ama de casa, y no había como una cultura de música”, contó. “Si bien se escuchaba mucho tango y folclore, no había  una raíz. Me fui forjando prácticamente medio solo en los gustos musicales”.

A los 12 o 13 años tomó su primera guitarra. Lo hizo por intuición, por una necesidad interna que no sabía explicar. Su padre lo acompañó en aquella compra que él recordó con una claridad absoluta: “Mi viejo, con lo que pudo en ese momento, me llevó a una casa que vendía de todo, no era una casa de música. Había una guitarra Fonseca. Recuerdo muy vívidamente ese momento”.

Desde entonces avanzó entre clases, profesores y búsquedas personales. Pasó por docentes tandilenses  y músicos de la ciudad. Sin embargo, su verdadera transformación llegó cuando se cambió, en la secundaria, a la Escuela Polivalente de Arte, el lugar que —según afirmó— lo marcó para siempre. “Fueron años increíbles. Siempre lo recuerdo con muchísimo cariño. Entrábamos a las siete de la mañana y salíamos a las seis de la tarde. Estábamos prácticamente todo el día en la escuela”.

La experiencia en Polivalente no solo lo formó en lo artístico sino también en lo humano. Allí vio a compañeros prepararse para estudiar en Buenos Aires o La Plata, y ese horizonte lo interpeló. Sin embargo, algo dentro suyo lo llevó por un desvío inesperado.

Lucas relató que, antes de terminar la secundaria, ya se inclinaba por la madera y las herramientas. En su casa siempre existió un taller improvisado donde su padre resolvía todo tipo de trabajos. Él mismo comenzó a construir pequeños instrumentos rudimentarios. Esa inclinación lo llevó a explorar las escuelas de lutería del país. Buenos Aires era inaccesible por su costo, pero la búsqueda lo llevó a un hallazgo revelador: la Escuela de Lutería de la Universidad Nacional de Tucumán.

“Encontré algo mágico. Era una licenciatura en lutería, parte de la educación pública. Dije: bueno, me voy”, narró. Tenía 19 años cuando tomó la decisión. “Le bajé el plan de estudios a mi viejo y le dije: mirá, es esto. Tucumán es súper barato. Me voy”.

Vivió allí casi cinco años, regresando solo en vacaciones. Estudió, trabajó y construyó instrumentos con una intensidad que definió como clave en su formación. “Para mí esos años fueron de práctica y de hacer muchísimos instrumentos”, explicó. Formó una cooperativa con amigos y fabricaron guitarras macizas como si fueran una pequeña fábrica artesanal.

Tucumán también lo marcó por su música y su folclore. Vivió el ambiente de las peñas y la cultura del noroeste, una experiencia que describió como “maravillosa”.

El regreso eventual a su ciudad natal desencadenó una de las coincidencias que cambiarían su vida. Una tarde, mientras realizaba trámites en su antigua escuela, vio pegado en una marquesina un cartel que anunciaba un curso de lutería en Tandil. Le llamó la atención que el docente había estudiado en la misma escuela de Tucumán. Lo llamó sin pensarlo.

“Soy un poco así, bastante cararrota”, confesó. “Lo llamé y le dije: mirá loco, estoy estudiando en Tucumán, juntémonos a charlar”. Ese encuentro fue con Franco Sachetto. Lucas recordó con candidez que fue a la casa de Franco con una bolsa de duraznos cosechados en familia. Una pequeña ofrenda. La conexión fue inmediata. “Nos unió el amor por los Beatles”, aseguró.

Ese vínculo marcó el nacimiento espontáneo de lo que más tarde sería Sin Brothers. Ambos venían de experiencias musicales callejeras y proyectos diversos. Se entendieron rápido, compartieron gustos, ensayaron y salieron a tocar.

El primer “try out” lo realizaron en el restaurante Comé, Cabrón. “Nos miramos y dijimos: che, está buenísimo lo que estamos haciendo”, relató. Sachetto ya tocaba con “Cuba” Domínguez, quien se sumó casi por casualidad. “Sin querer queriendo se armó este proyecto”.

A partir de ese momento trabajaron sin parar. “Hacíamos siete u ocho restaurantes por noche”, recordó con asombro y orgullo. “Siempre con mucha estética: íbamos de traje, cuidábamos los detalles, tocábamos clásicos del swing de los años 30 y 40”.

El trío construyó una identidad sólida basada en la estética vintage, los instrumentos tradicionales y una química musical evidente. “Pasábamos tantas horas juntos que se generó una simbiosis muy fuerte. Eso la gente lo veía”, explicó. También destacó el clima humano alrededor del proyecto: “Siempre nos caracterizó la buena onda, estar para adelante y querer pasar un buen momento”.

Sin Brothers llegó a escenarios inesperados: “Tocamos para el casamiento de Raúl Lavié. Estaba Palito Ortega, Valeria Lynch… era un delirio”.

La conexión con Europa también surgió de un azar afortunado. Mientras tocaban en Plaza Francia, en Buenos Aires, dos jóvenes en bicicleta se detuvieron a escucharlos y comenzaron a bailar. Aquella intervención espontánea los dejó fascinados. “Me quedé obnubilado con la performance de Manu y Mariel”, contó.

La pareja formaba parte de una escuela de swing que viajaba por Europa dando workshops. Tras una conversación casual, los invitaron a sumarse a un festival en Dinamarca. “Nosotros estábamos ahorrando para ir a Colombia, y de pronto se abrió esta posibilidad de Europa”, relató.

Gracias a su recomendación, Sin Brothers fue contratado para presentarse en un festival en la ciudad de Odense. Ese viaje no solo impulsó su carrera internacional, sino que allanó el camino que, con el tiempo, llevó a Corsi a radicarse en Europa.

A veces, mira hacia atrás y se sorprende de la energía que había tenido para sostener tantos proyectos: “Qué energía que manejaba, por Dios”, recordó entre risas. Había formado un nuevo proyecto musical y regresado a Tandil por unos días, con la mirada puesta en organizar la próxima gira en 2020. “Me acuerdo que volví en septiembre de 2019, y en marzo de 2020 fue la pandemia”, señaló.

Previo a ese parate mundial, había atravesado un período muy intenso. “Venía de un año muy de cosechar augurios muy buenos, y la vida te hace un poco bajar”, reflexionó. Ese cierre de etapa lo había golpeado fuerte: “En diciembre de 2019 falleció mi padre y yo tuve un accidente de moto muy heavy”. Antes incluso del aislamiento obligatorio, ya se encontraba encerrado recuperándose. “Antes de entrar en la pandemia ya estaba medio en cuarentena, porque me quebré la tibia”, repasó.

La pandemia canceló todos los planes. “Imaginate que en septiembre de 2019 teníamos ya eventos cerrados para 2020 y de pronto se canceló todo”, lamentó. Ante ese panorama incierto, empezó a replantearse su vida. Estaba en pareja con una joven que se había venido a vivir a Tandil y tenían un proyecto común. Cuando las restricciones empezaron a flexibilizarse —aunque de manera errática— tomó una decisión. “En un momento tomo coraje y digo: me voy para allá, para España”. Ya había vivido allí y conocía el terreno. En 2021 emprendió el viaje y no volvió a Argentina hasta el año pasado.

El reencuentro en 2024 con sus compañeros de Sin Brothers fue inmediato, casi automático. “Nos vimos, nos pusimos a tocar y era como que no pasó el tiempo”, recordó. Incluso organizaron una despedida informal del proyecto, con dos noches a sala llena. “Siempre con Sin Brothers fue una respuesta muy positiva, sobre todo en Tandil”, valoró.

Así, su vida avanzó entre Barcelona y nuevos desafíos. Amaba la ciudad: “Barcelona sin duda es uno de mis lugares en Europa, es mi ciudad, de hecho”. Pero la situación económica era adversa y sentía que profesionalmente no estaba creciendo como deseaba. Trabajaba en gastronomía, “aprendí un montón y fue increíble”, y mantenía sus actividades musicales, pero buscaba algo más ligado a su oficio profundo: la construcción de instrumentos.

En esa búsqueda surgió una oportunidad inesperada: una empresa austríaca especializada en la construcción de órganos de iglesia. “Fue muy loco, la verdad”, reconoció. Lo contactaron por su experiencia en lutería y le pidieron una entrevista presencial. Como estaba por viajar a Argentina, negoció: “Si les parece, cuando vuelvo a Argentina me tomo un avión a Viena y voy al taller”.

Así lo hizo. Tras regresar brevemente a Argentina, volvió a Europa y viajó directamente a Austria, sin saber casi nada del lugar. “Caigo a un pueblo en Alta Austria sin saber absolutamente nada… llovía, horrible, pensaba: ¿qué estoy haciendo acá?”. Pero apenas entró al taller entendió que algo especial estaba empezando: “Era una locura lo que estaban haciendo”.

Le tomaron una prueba de trabajo y quedaron encantados. “Quedaron súper encantados con mi trabajo y con mi actitud”. Regresó a Barcelona, confirmó el puesto y tomó otra decisión radical: dejar la ciudad en la que había vivido tantos años para instalarse en un pequeño pueblo austríaco de  6.000 habitantes. “Fue una prueba muy decisiva en un montón de factores”, admitía.

Sin embargo, esa apuesta lo llevó a un nuevo mundo. Hoy vive en Linz y trabaja en un taller a 20 kilómetros de allí. Desde su llegada, se involucró en proyectos de enorme escala. “Para dar  una idea, el órgano terminado medía 10 metros por 6 o 7 de ancho… un delirio”. Todo se hacía a mano, pieza por pieza. “Aprendí un montón y sigo aprendiendo un montón”, detalló.

En julio viajó a Finlandia para montar el instrumento. “Estuve un mes prácticamente ahí… una experiencia increíble”. El órgano tenía unos 2.500 tubos y era uno de los más grandes que la empresa había construido en décadas. Con el tiempo, empezó a dimensionar lo que está haciendo: “Estoy viviendo en Austria, en un lugar que nunca pensé, y estoy haciendo órganos”. Lo conmueve especialmente la trascendencia del oficio: “Son instrumentos que van a pasar mi vida física en esta tierra”. Mientras restauraba órganos de los siglos XVIII o XIX, encontraba inscripciones de trabajadores de aquellas épocas. “Es casi una obra de arte, desde su concepción hasta su montaje”.

También se sorprendió por la diferencia cultural: “En Argentina hay 200 o 300 órganos; acá, solo en Alta Austria, hay 2000”. Recordaba incluso una anécdota graciosa del día de su entrevista: “Le pregunté a mi jefe cómo montaban los pianos… me miró fijo y me dijo: ‘órganos’”.

Hoy trabaja en nuevos desafíos, como un proyecto innovador para un monasterio en Baja Austria, que incluirá un sistema MIDI con funciones automatizadas. “Es bastante innovador en la escena de los órganos, prácticamente no existe”.

Mientras planea un nuevo viaje a Argentina en pocos días, lanzó una primicia: volverá a tocar con los Sin Brothers el próximo 9 de enero en Estación Victoria. Un reencuentro que esperan tanto ellos como el público tandilense que los sigue desde hace años.

Mirando hacia atrás, Lucas reconoció que su historia estuvo guiada por impulsos, decisiones instintivas y encuentros fortuitos. Desde aquella primera guitarra comprada en un negocio que no era una casa de música hasta su ingreso a la lutería, sus etapas formativas y la creación de Sin Brothers, todas las piezas encajaron de un modo que ni él hubiese podido predecir.

Para cerrar, con humildad, repitió una frase que sintetizó su recorrido: “Siempre pienso en el momento justo y el lugar correcto para cruzarse con personas. La vida es así un poco”.

La megacausa por las irregularidades en la concesión del Hipódromo de Villa Aguirre sigue ganando capítulos en su derrotero procesal. Tras años de instrucción y el desenlace de un juicio que culminó con una absolución y una condena para los dos funcionarios lunghistas que arribaron como imputados, ahora surgió otra instancia a partir de lo que se había dejado sentado en aquella sentencia del TOC 1, acerca de ampliar la investigación para otros posibles responsables de las anomalías ventiladas en el propio debate oral y público.

A más precisiones, los jueces dejaron volcado en su veredicto que "...El juicio dejó numerosas evidencias, de estas conductas constitutivas de una administración fraudulenta, no solo en cabeza del fallecido Daniel Héctor Blanco (exconcesionario del circo de carreras), sino también otras personas ligadas a la gerencia de la concesionaria Vistas Serranas, que sin lugar a dudas tuvieron dominio de las acciones defraudatorias y en ocasiones de falsedad ideológica de documentos. Tal el caso de Emiliano Daniel Blanco, Carolina Blanco y Roberto Berti -que se desempeñó como gerente a lo largo de casi toda la concesión-, que sería menester fueran investigadas” por lo que se sugirió la remisión de copia de la sentencia a la Fiscalía que corresponda por entender que “en ocasión de nuestra función hemos tomado conocimiento de dichos delitos de acción pública”, expuso el Tribunal, a la vez también el juicio dejó indicios de “conductas ilícitas en cabeza del antecesor en el cargo de Desarrollo Local Oscar Maggiori, quien más allá de haber visto prescripta su causa por incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el presente debate surgieron indiciarios de una participación primaria en la presunta defraudación a la administración pública que habrían llevado a cabo los directivos de dicha empresa Vistas Serranas. Además del delito de falsedad ideológica de instrumento público, cuando el mismo presentó en el Concejo Deliberante de Tandil documentación especificando que las `obras habían sido hechas´ para el 2007 cuando múltiples evidencias surgidas del debate lo desmintieron tajantemente...”.

También se pidió ampliar la investigación como solicitó el fiscal Marcos Eguzquiza respecto a los funcionarios de la Dirección Provincial del Lotería y Casinos Jorge Norberto Rodríguez y quienes fueran miembros de la comisión de seguimiento, por cuanto Blanco no pudo cometer ilícito descripto sin la participación necesaria de dichas personas que tenían a su cargo el control de la rendición de los subsidios provinciales, y sobre los cuales el “juicio demostró de manera patente que se trató de verificaciones superficiales, sin la menor profundización sobre declaraciones juradas falsas, sin respaldo, y con sumas dinerarias sin justificar en perjuicio de la administración pública...".

Diecisiete meses después del juicio oral y público por irregularidades en el Hipódromo de Tandil, la causa sigue sumando controversias. Los elementos surgidos del debate derivaron en una orden para ampliar la investigación a los fines de determinar si hubo fraude por parte de la concesión a cargo de la firma Vistas Serranas SA y la posible connivencia de funcionarios provinciales y del Municipio que compartían responsabilidades en materia de controles. Sin embargo, el Juzgado de Garantías 1 demora una resolución de un planteo de competencia, trámite que impide cualquier avance de la nueva Instrucción Penal Preparatoria. Ayer, el denunciante Jorge Cuenca se presentó ante el fiscal Marcos Eguzquiza, para conocer detalles de la ampliación de la pesquisa. Para su sorpresa, se encontró con que, a más de un año, el magistrado José Alberto Moragas aún no se expide sobre una presentación que realizó el defensor de la familia Blanco, doctor Manuel Marañón, donde objeta la competencia de la Justicia local frente a una denuncia que involucra a funcionarios del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, con sede en La Plata.

El acta

Según quedó asentado en un acta, ayer a las 12.50, Cuenca se presentó ante el fiscal Marcos Eguzquiza, para requerir información sobre la IPP que se formara con las copias certificadas remitidas por el Tribunal Criminal local, “a los fines de investigar las conductas cometidas por integrantes de Lotería y Casinos, los hijos de Blanco, (exgerente de Vistas Serranas, Roberto) Berti, (exsecretario de Desarrollo Local de la comuna, Oscar) Maggiori y otros funcionarios”. Desde el organismo judicial indicaron que “se le hace saber que las actuaciones se encuentran en el Juzgado de Garantías 1 local, a los fines de resolver un pedido de competencia formulado por el doctor Marañón, solicitando el señor Cuenca, dado el tiempo transcurrido de dicho planteo, se requiera al Juzgado de Garantías a la brevedad resuelva lo que estime corresponda”. Por último, el escrito expresó que “se le hace saber al señor Cuenca que la presente acta será elevada al Juzgado de Garantías número 1 local, para su conocimiento”.

Las derivaciones

Durante las jornadas de debate del juicio oral y público, que culminó con la sentencia a medidos de abril del año pasado, se ventilaron detalles sobre el circuito de los millonarios subsidios que el Estado provincial destinó al Hipódromo de Tandil durante la administración de Daniel Blanco, titular de la firma Vistas Serranas. Esos montos debían asignarse a premios y obras de infraestructura, pero en la documentación que obra en la causa original saltó a la vista que no se cumplió con la normativa, hecho que fue reforzado por algunos de los testigos que desfilaron ante el TOC 1. Así, en la instancia de su alegato, el fiscal Eguzquiza propuso investigar el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, ambos hijos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa. A su vez, planteó investigar la posible participación necesaria en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública que pudo ser cometido por el exsecretario de Desarrollo Local del Municipio Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción), el expresidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez y los miembros de la Comisión de Seguimiento creada por la Ley del Turf, a cargo de controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.En consonancia con la petición fiscal, el Tribunal ordenó en el fallo remitir a la Unidad Funcional de Instrucción en turno la copia certificada de las partes pertinentes (acta de debate y de la sentencia), atento a la posible comisión de delito de acción pública, a los fines de investigar por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco -hijos de Blanco- y de Roberto Berti; y por la participación necesaria en ese delito respecto de Oscar Maggiori, Jorge Norberto Rodríguez, los miembros de la Comisión de Seguimiento y/o cualquier otro funcionario con responsabilidades en la supervisión del Hipódromo de Tandil de la Dirección Provincial de Lotería y Casinos.

En medio del humor social impregnado por el coronavirus y el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la opinión pública se detuvo en la semana que pasó en una noticia judicial para una causa que deparó años de atención, porque no sólo estaba en juego la responsabilidad penal de dos funcionarios comunales por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, también tocaba sensiblemente la transparencia de los actos de un Gobierno, en este caso el comunal, frente a la falta de controles para una administración del circo de carreras que recibió suculentos subsidios provinciales de los que buena parte debía volcarlos a un predio por el cual el Municipio apostó -y fuerte- políticamente para su recuperación.

En efecto, tras un extenso juicio cuya dimensión no conoció antecedentes en todo el departamento judicial, finalmente el Tribunal Oral Criminal 1 local, integrado por los jueces Agustín Echevarría, Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, resolvió condenar a una nimia pena al exsecretario de Desarrollo Local, Pedro Espondaburu, y absolver al director de Vialidad Guillermo Allasia.

Claramente el lunghismo tomó el fallo como un “triunfo” a sus convicciones frente a la defensa de aquella iniciativa que, vale aclararlo, nadie puso en discusión, pero que sí cuestionaba –incluso con un reproche penal- la poca o nula voluntad de hacer cumplir el contrato que ellos mismos habían firmado con el concesionario.

La buena noticia judicial celebrada por el oficialismo contó con un artífice, el defensor particular Jorge Dames, quien al igual que el fiscal tuvo una tarea ciclópea a la hora de defender su hipótesis, en este caso reconociendo que efectivamente hubo irregularidades, pero que en todo caso eran asuntos administrativos, no penales.

Claro que el fiscal no lo entendió así y, en uno de los casos, en la imputación contra Espondaburu, el Tribunal tampoco coincidió, pero igualmente para Dames y quienes resultaron sus pupilos, se cerró una etapa favorable a sus intereses.

Las miradas de un fallo

“Hay varias perspectivas para mirar el fallo. Por un lado, lo que pareciera una desmesura, unas casi 600 fojas para una sentencia que, igualmente, está en relación directa con la magnitud de toda la documental producida. Más de 50 cuerpos, casi 10 mil fojas, realmente ha sido una de las causas más grandes que ha tenido el departamento judicial”, señaló el doctor Jorge Dames en diálogo con el programa radial “Dos a las siete” de la 104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios.

“Esta causa –siguió- se dilató enormemente porque en el 2011 hubo una sentencia y ahora culmina en esta primera instancia con este fallo”.

-¿En su caso hay margen de apelación o se dan por conformes con lo resuelto por el TOC1?

-Veremos puntualmente la condena de Pedro Espondaburu, aunque la pena es sensiblemente inferior a lo que pretendía la fiscalía.

-Usted reconoció en los lineamientos que abrieron el juicio que claramente hubo irregularidades en la concesión del Hipódromo, pero que de eso a un delito penal había un abismo. ¿Considera que eso quedó plasmado en el debate y con este fallo?

-Sí. Creo que quedó en evidencia y con este fallo parcialmente en evidencia porque sinceramente sigo creyendo que hay un error en la interpretación sobre el rol de Espondaburu, porque él no era una autoridad de aplicación genuina. Si bien contractualmente así figuraba, fue un error enorme del contrato porque todo lo atinente al juego y la actividad en el Hipódromo era competencia exclusiva de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires. Así lo establece la ley, la reglamentación.

Era la Provincia quien debía controlar. Los  subsidios hay una comisión integrada, entre otros, por diputados que es la que controla, y Lotería es la que da los subsidios y controla su aplicación, como así también el estado de la pista y demás. Lógicamente la Municipalidad se metió en camisa de once varas tratando, y en definitiva logrando, el objetivo político de recuperar el Hipódromo, ya que si no hubiese terminado loteado.

Eso conllevó a que se metiera a cumplir una función que es muy especial, muy difícil, que es involucrarse en la actividad hípica, que es muy particular.

También hubo errores de Lotería y Casinos, porque tenían que haber licitado ellos directamente pero por otro lado, la Municipalidad no quería perder el control del predio porque estaba pagando el alquiler por 10 años.

En definitiva, hubo una serie de errores iniciales que finalmente terminaron en esto que, repito, a mi criterio, Espondaburu no tenía una facultad especial de control.

También me pareció inoportuno fraccionar la investigación y no tomarlo como una película, porque la concesión duró ocho años y el último tramo más largo se consideró que estaba todo bien. En el primer tramo se lo acusó a Maggiori, quien fue absuelto por prescripción de la acción y, paradojalmente, esa prescripción no fue apelada por el fiscal, con lo cual el Ministerio Público consintió esa absolución.

Lo importante aquí es que ha quedado demostrada la inocencia de Guillermo Allasia, que es una bellísima persona, igual que Espondaburu, que por la magnitud de la pena pone en crisis la justificación de semejante juicio.

-Sobre la absolución de Allasia, ¿responde a que la prestación del servicio de los camiones regadores no configura un delito y que en todo caso el funcionario obedeció órdenes de los superiores?

-Las dos cosas. Porque en la prestación no se cambió nunca el destino funcional que era el de regar y siempre estuvieron bajo el mando y la dirección de los que normalmente lo tienen, que son los choferes. Y el objeto no era otro distinto al que se tuvo y se tiene con otras instituciones como el Auto Club o cualquier otro evento público.

-¿Sostiene que no deberá prosperar una nueva investigación para con Maggiori, los hijos del empresario fallecido Blanco y los funcionarios provinciales?

-Siempre que el fiscal solicita el desglose de piezas para iniciar otra investigación, el Tribunal se lo concede. Yo no le veo futuro. Sobre los hijos de Blanco acá no existe derecho penal consanguíneo. Tampoco advertí durante todo el juicio que tuvieran algo que ver.

Respecto a Maggiori, opino que no van a poder pasar la valla de la cosa juzgada. Maggiori ya fue juzgado y absuelto, y el estado de derecho impide volver a juzgar bajo alguna otra fórmula porque los hechos siguen siendo los mismos. En cuanto a los funcionarios provinciales, tampoco me parecería.

Igualmente si esta causa tuvo tanta cantidad de años, pasará otra década hasta que estas posibles causas lleguen a juicio.

La mora de un expediente

-Esta causa también puso al desnudo que se está fallando al sentido común, a la hora de tomarse tantos años para un resultado cuya eventual pena termina siendo nimia. ¿Debiera reverse la persecución de los delitos administrativos o sus eventuales condenas?

-Sí, en este caso es que hubo una gran demora en la etapa de la instrucción. En la etapa de juicio, desde que se elevó la causa, se trabajó con celeridad. Incluso, se culminó en plena cuarentena, para lo cual se puso toda la mejor voluntad de todas las partes.

-La demora también se dio en la etapa intermedia…

-Si no le fue en zaga… Sucede que hubo un planteo de competencia de parte de la defensa de Blanco en su momento, que determinó que el expediente se elevara a La Plata. Planteo que no era descabellado, en absoluto, porque en definitiva si había un delito de defraudación contra el Estado, se había cometido contra el Instituto de Lotería y Casinos de la Provincia. Pero cuando en La Plata vieron semejante causa, no aceptaron la competencia, decidieron que se quede acá en Tandil y bueno, eso demoró mucho.

Nuevas herramientas para un juicio

-Para salvar este juicio se apeló a herramientas tecnológicas porque por la pandemia no se podía hacer el debate presencial. ¿Cómo fue en lo personal la experiencia? ¿Cree que podrá repetirse en futuras audiencias?

-Creo que sí, que van a tener que reglamentarlo. Igualmente ya en este juicio y en otros que se hicieron, se cambiaron muchas cosas. Las videoconferencias con peritos de otras ciudades, por ejemplo, ya son una realidad. El hecho que se grabe todo el juicio, con lo cual van cambiando las modalidades, evidentemente son herramientas que se utilizarán con mayor frecuencia. Fundamentalmente por los desplazamientos de testigos de otras ciudades, con los costos que también eso implica.

Tal se había anticipado tras ventilarse los alegatos de las partes, ayer finalmente el TOC 1 dio a conocer su veredicto en torno a la responsabilidad penal de los dos funcionarios comunales acusados por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo de Villa Aguirre.

En una voluminosa sentencia, el juez Gustavo Agustín Echeverría, acompañado por sus pares Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, dieron por probado el delito endilgado el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu. En tanto que se desestimó la acusación contra el director de Vialidad Guillermo Allasia, quien fue absuelto.

Para el exsecretario condenado, se lo sentenció a la pena de una multa de ocho mil pesos e inhabilitación especial para ejercer cargo público de cuatro meses, como autor penalmente responsable del delito de “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”

En consonancia con la petición fiscal, el Tribunal ordenó remitir a la Unidad Funcional de Instrucción en turno copia certificada de las partes pertinentes (acta de debate y de la presente sentencia), atento la posible comisión de delito de acción pública, a los fines de investigar por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano y Carolina Blanco -hijos de Blanco- y de Roberto Berti; y por la participación necesaria en ese delito respecto de Oscar Maggiori, Jorge Norberto Rodríguez, los miembros de la Comisión de Seguimiento y/o cualquier otro funcionario con responsabilidades en la supervisión del hipódromo de Tandil de la Dirección Provincial de Lotería y Casinos.

“No puede ignorarse, como lo han manifestado el propio Espondaburu y muchos testigos en el juicio –entre otros el intendente Miguel Ángel Lunghi y Juan Pablo Frolik- que el poder administrador-político debía dar margen y elasticidad para que el proceso y el proyecto de desarrollo del Hipódromo no fracasaran, como ocurre en general con todas las concesiones. Pero, dicho margen no podía extenderse más allá de unos meses, nunca durante varios años en los que la falta de obra, de premios y la desaparición de dinero se volvía casi obscena”, rezó uno de los destacados párrafos del veredicto que da por acreditado las irregularidades oportunamente denunciadas como investigadas.

En ese tono, los jueces no dejaron de señalar que “nadie podría discutir que el Municipio no tenía que ahogar el resurgimiento del Hipódromo con exigencias o controles estrictos que terminaran haciéndolo fracasar. Pero, tampoco podía ignorar que luego de los primeros meses se estaba ante una evidente administración fraudulenta en la que los fondos públicos y de la Dirección de Loterías y Casinos no llegaban al destino para el cual eran otorgados y que muy probablemente eran derivados en provecho propio de la empresa Vistas Serranas”.

Así también, no olvidaron subrayar que “el funcionario encargado de velar y supervisar la utilización por terceros –concesionados- de dinero proveniente de órbitas estatales, no solo responde ante la propia administración pública de la cual es funcionario, sino también ante los propios ciudadanos, quienes con el pago de sus impuestos sostienen todo el aparato estatal”.

Acreditado

En efecto, Echeverría y compañía dieron por acreditado que Pedro Horacio Espondaburu,  como responsable de la Secretaría de Desarrollo Local de la Municipalidad de Tandil, se hallaba a cargo del control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo de Tandil, entre ellas asegurar la calidad de los servicios, la continuidad de la prestación, el control, fiscalización y verificación de las normas en vigencia y el cumplimiento del contrato de concesión, conforme lo estipula la cláusula séptima del referido contrato de concesión.

En dicho contexto funcional, el imputado ahora sentenciado, omitió efectuar los controles a los que se hallaba obligado, entre ellos, omitió efectuar inspecciones para verificar la falta de inversión en infraestructura –en el 40% del subsidio al cual la concesionaria estaba obligada-, y corroborar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada, y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, hiciera realidad el servicio médico de primeros auxilios durante la práctica o entrenamiento de jockeys y vareadores, como asimismo asegurara un servicio médico veterinario de primeros auxilios durante las horas de práctica o entrenamiento de los caballos de carrera, y el mantenimiento de un servicio de vigilancia permanente en el predio, no exigió en tiempo y forma el pago de los cánones, tasas y porcentajes comprometidos de las apuestas simulcasting (que debían ser donadas estas últimas al Hospital de Niños local), no controló y exigió se regularizaran laboralmente a los trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia para la firma en el Hipódromo.

Tampoco controló –dice la sentencia- las declaraciones juradas, documentación respaldatoria, la contabilidad y el destino dado a los subsidios pagados trimestralmente por el Instituto de Lotería y Casino Provincia. No aplicó sanciones ante los incumplimientos cometidos por el concesionario; no dio inmediato aviso a los responsables de Lotería y Casinos provincial de los incumplimientos o irregularidades constatadas. Y no instó, una vez verificadas las irregularidades, la caducidad de la concesión o la aplicación de sanciones, no impulsó la correspondiente investigación, ni los avisos y alertas a autoridades competentes tendientes a esclarecer los faltantes dinerarios repetidos, que resultaban evidentes, y/o implementar los mecanismos necesarios para impedir que se desviaran los montos dinerarios provenientes del subsidio por parte de la concesionaria.

La responsabilidad

A la hora de analizar la Espondaburu, el Tribunal afirmó que por vía indirecta, la acusación logró reconstruir la secuencia de las omisiones y eventuales retardos, además de la autoría y responsabilidad de Pedro Horacio Espondaburu en las mismas.

Al respecto, se añadió que a lo largo de toda su gestión como Secretario de Desarrollo Local (2007 al 2010) tuvo en sus manos los resortes para llevar a cabo los controles legales que le correspondían, pese a lo cual o bien no los realizó o si lo hizo se limitó a un plano nominal, sin ir al fondo de las irregularidades en curso, y no disparó los mecanismos pertinentes para impedir la defraudación en marcha por parte de Vistas Serranas.

Por otra parte, señaló el fallo que  quedó probado en el juicio que Espondaburu no ejerció una vigilancia activa, constituyéndose en el hipódromo, controlando eventuales obras, verificando la evolución de la concesión, o al menos entrevistándose con personas vinculadas a la actividad que pudieran trazarle un panorama de lo que estaba aconteciendo.

La absolución de Allasia

Ya abocados a la acusación contra el directo de Vialidad Guillermo Allasia respecto al uso de los camiones regadores en la pista de carreras, lo que valió la imputación del delito “Peculado”, para los jueces la probatoria reunida en el debate oral determinó que dicha utilización “no implicó una sustracción del bien –en este caso del camión regador- de la esfera de la administración pública, requisito indispensable para el encuadramiento de la conducta en la figura básica del primer párrafo de la norma imputada (Art. 261 del C.P.)”.

A la vez, se detalló que “no importó el apartamiento de la prestación de la esfera pública a la que se hallaba afectado”, como tampoco “fue en el caso un servicio pagado por la administración pública; elementos éstos necesarios para la figura específica del peculado de servicios.

En el caso en juzgamiento, se entendió  que el servicio de riego prestado con el camión perteneciente a la Dirección de Vialidad en el predio del Hipódromo no significó un apartamiento de la función pública para el que se encuentra asignado, en los términos previstos por la norma.

En primer término, porque no ha surgido la existencia de una normativa municipal específica que prohíba el uso de los bienes municipales en espacios concesionados, o –menos aún- en concesiones que cobren además un subsidio provincial.

Asimismo, se mencionó que siguió la orden de un superior jerárquico según la estructura municipal, por cuanto era instruido por el Secretario de Obras Públicas, de donde depende la Dirección de Vialidad, para proveer los pedidos que le giraban, cuestión fue confirmada a su turno por el Intendente y por el Sr. Secretario de Obras Públicas Mario Civalleri en sus declaraciones en debate.

Para los jueces, la actividad desplegada por Allasia no importó una disposición ilegítima, por cuanto no resultó un apartamiento de la prestación de la esfera pública, ni de la función pública a la que se encuentran asignados los enseres que tiene confiados en razón de su cargo.

“En efecto, cada reunión de carreras importa un evento deportivo, cultural y hasta turístico que recibe gran cantidad de público, tanto Tandilense como de ciudades vecinas y, siendo una actividad fomentada por el mismo estado municipal, resulta lógica la evaluación de su concreción como de interés público Municipal y la consecuente colaboración en su realización”, se argumentó en el fallo.

Diferencias de gestiones

En un apartado del extenso fallo, el TOC supo distinguir los diferentes planos de acontecimientos que tuvieron incidencia en los hechos traídos a juzgamiento, que si bien se interrelacionan con los mismos, deben ser diferenciados a la hora de tomar una decisión en esta controversia.

Al respecto, se refirió que si bien la concesión otorgada por el Municipio a Vistas Serranas duró ocho años -del 20 de febrero de 2006 hasta el 30 de julio de 2014-, la misma tuvo dos etapas que el juicio diferenció netamente: una primer etapa, desde el inicio del contrato hasta abril de 2010, controlada por Maggiori y Espondaburu, y una segunda etapa, desde abril de, controlada por Frolik y Berestain-.

Al respecto, se acotó que el primer tramo se caracterizó por una notable laxitud en los controles sobre la concesión por parte del Municipio, mientras que en la segunda, se empezaron a verificar controles con mayor intensidad y frecuencia, con los que a la larga y ya llegando al final de la concesión se logró que muchas de las obras se fueran concretando, aunque sin llegar nunca a una total satisfacción de los convenido en el pliego de condiciones y el contrato de concesión.

El fin político y las obligaciones legales

Los jueces no dejaron de mencionar la coincidencia de forma unánime de todos los participantes de la audiencia de juicio –testigos, y partes-, en cuanto a que la decisión de la gestión del intendente Miguel Lunghi, de rescatar el Hipódromo de la ciudad de Tandil, restaurarlo y ponerlo en funcionamiento, fue ampliamente apoyada, elogiada y acompañada por la ciudadanía y las fuerzas políticas tandilenses e incluso por las personas vinculadas al turf.

En tal sentido, se escuchó a testigos aludir a un gran logro del gobierno, que benefició no solo al Hipódromo propiamente dicho, sino también a todo el barrio y zonas adyacentes, constituyendo un polo de desarrollo y pujanza para ese sector de la ciudad.

“Es por ello que debe quedar en claro desde un principio de este análisis, que no está aquí en cuestionamiento ni en discusión, la decisión de `recuperar para la ciudad el hipódromo´ y sostenerlo en funcionamiento. Pero este fin, loable por cierto, no justifica que en el primer tramo de la concesión –período traído a juicio-, los medios de control que debió ejercer el Municipio a través de la Secretaría de Desarrollo Local, no fueran los que el propio contrato y el pliego de condiciones le exigían a los funcionarios destinados a ese fin”, se expuso en la sentencia.

En tal sentido, los jueces dijeron comprender perfectamente el criterio y temperamento de gestión que reflejaron el Intendente y Juan Pablo Frolik –exJefe de Gabinete- en sus declaraciones en juicio, en cuanto a que “al concesionario hay que acompañarlo”, dándole “oxígeno administrativo” para que pueda continuar y no fracase el proyecto. Y que en todas las concesiones que el Municipio otorga, existe una cierta contemplación o flexibilidad en los controles, con el propósito que los objetivos fijados se cumplan.

“Pero ocurre que el juicio reveló con absoluta claridad, que los incumplimientos reiterados de Blanco fundamentalmente en dicho período -2006/2010- eran notorios, y lo que es peor, resultaban absolutamente injustificados.

Porque como contracara de dichos incumplimientos, Vistas Serranas percibía una elevada subvención, que no solo le permitía afrontar holgadamente sus obligaciones –por ejemplo el pago del canon mensual al Municipio-, sino también que era esperable un mejoramiento sustancial del Hipódromo de Tandil”.

Las competencias

Abordando el grado de competencias que había sobre el circo de carreras, el TOC sintetizó en que la obligación de control que el funcionario traído a juzgamiento tenía sobre la empresa concesionaria Vistas Serranas S.A. se sustentó en el hecho de ser el Municipio el locatario del predio, y de ser también el titular de la licencia para la realización de la actividad hípica; circunstancias que podían derivar en diversas responsabilidades civiles y administrativas.

Al decir del fallo, quedó claro que, en todo lo atinente a lo deportivo, carreras, controles antidoping y premios, habilitaciones para correr, etc. existía una responsabilidad primaria por parte de la Dirección Provincial de Loterías y Casinos. En todo lo demás, según puso de manifiesto el juicio, y en virtud del contrato de concesión, la responsabilidad de contralor en infraestructura, recuperación de pista de carreras, instalaciones aledañas, Tattersall, baños, tribunas, studs, empalizada, sistema de riego, sistema de desagüe, seguridad, vigilancia, asistencia médica e inversiones comprometidas en el pliego de licitación y en el contrato de concesión, resultaban de competencia conjunta del Municipio y de Lotería y Casinos a través de sus respectivas autoridades de aplicación.

“Amén de ello, si en razón de lo expuesto, el Municipio recibía denuncias, reclamos y avisos de que se estaban cometiendo irregularidades y en algunos casos delitos –falsedad ideológica de documentos como lo son las declaraciones juradas ante Loterías y Casinos y ante el propio Municipio-, en cuestiones relativas a premios, no podía permanecer impasible frente a tales eventos. Máxime cuando, dichas defraudaciones en materia de declaraciones juradas y premios, de manera indirecta repercutían en un menor porcentaje de inversiones por parte del concesionario sobre el predio del hipódromo, conforme se había exigido en el pliego de condiciones del llamado a licitación”.

De más está decir que, tratándose de funcionarios públicos, custodios de bienes y dineros comunitarios, no podían sustraerse a controles más exhaustivos, amparándose en cuestiones de competencia.

En horas del mediodía, el TOC 1 ventiló su veredicto en torno al juicio que se llevó adelante contra dos funcionarios lunghistas imputados por las irregularidades en la primera concesión del Hipódromo.

Por unanimidad, los jueces Gustavo Agustín Echeverría, Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, emitieron un fallo “salomónico” de acuerdo al interés de las partes en pugna.

Por un lado, dio por acreditado los hechos irregulares oportunamente denunciados y que dieron forma a la causa que terminó imputando al exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, quien finalmente fue sentenciado con una multa dineraria y cuatro meses de inhibición para ejercer cargos públicos, por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario”.

Con respecto al director de Vialidad Guillermo Alassia, para el Tribunal la prueba no alcanzó para endilgarle el delito de Peculado, además de considerar que el funcionario apenas cumplió directivas de funcionarios superiores respecto a la utilización de camiones regadores en el circo de carreras. Consecuentemente, fue absuelto de culpa y cargo.

Dando cabida a la solicitud del fiscal, los jueces remitieron las actuaciones para que se investigue la comisión de delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, hijos ambos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa.

A su vez, que vuelva a investigarse al exsecretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción de la causa), y al exresponsable de Lotería y Casinos Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez, además de los miembros de la comisión de seguimiento, quienes tenían estos últimos a su cargo controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.

AMPLIAREMOS

Si algo le faltaba a la dilatada instrucción penal que llevó adelante la investigación por el presunto delito cometido por funcionarios lunghistas frente a lo que fue la controvertida concesión del Hipódromo,  era que estuviera atravesada por una mismísima pandemia, emergencia sanitaria que, como en prácticamente todos los rubros, incluso los judiciales, trastocó la programación prevista.

En el caso del juicio en cuestión,  cuya densidad probatoria y horas-hombre utilizados no recuerda semejante tiempo demandado en la historia judicial local, los actores debieron apelar a las herramientas tecnológicas para no echar a perder todo lo trabajado desplegado, incluso con el riesgo de que, de no encontrar un epílogo procesal, todo volviera a fojas cero.

En ese tren, el Tribunal, Ministerio Público y Defensoría, con la anuencia de los dos funcionarios imputados (Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia), acordaron avanzar con audiencias virtuales lo concerniente a dar por cerrada la etapa de prueba y conceder los respectivos alegatos.

Cabe consignar que en medio de la incertidumbre epidemiológica, se analizó realizar sendas audiencias de alegatos presencialmente, pero fue desaconsejado ya que dentro de los protagonistas de esta historia litigada había personas consideradas dentro del grupo de riesgo por la edad.

Fue así, que vía whatsapp, primero, y a través del registro fílmico después, fiscal y defensor protagonizaron sus respectivos alegatos, soporte técnico que quedó en manos de los jueces del TOC 1, quien en las próximas horas ventilarán su veredicto frente al debate oportunamente detallado en estas páginas.

Como se informó, tras las varias y extensas audiencias del juicio, quedó en claro que las irregularidades ventiladas en el recinto dejaron ser materia de discusión entre las partes. Lo que quedaba por resolver es si dichas anomalías merecen un reproche penal para los aquí acusados y, eventualmente, algún funcionario más, a partir de lo que el juicio evidenció en materia de responsabilidades políticas frente a la concesión cuestionada.

Efectivamente, por ese hilo argumentativo surcaron los alegatos del fiscal Marcos Eguzquiza y el defensor Jorge Dames, quienes en un alegato virtual que demandó unas cuatro horas cada uno, aproximadamente, ratificaron sus tesis frente a las responsabilidades penales de los llevados a juicio, como así también para otros actores que no estuvieron presentes físicamente en el debate, pero que fueron insistentemente nombrados en este histórico juicio que llegó a su fin, al aguardo de la opinión y sentencia de los jueces y eventuales apelaciones de las partes.

Los alegatos

Al turno del alegato fiscal, Eguzquiza ratificó el delito cometido por Espondaburu, cuando estuvo a cargo de la secretaría desde diciembre de 2007 a abril de 2010.

Para el acusador, como responsable de la Secretaría de Desarrollo Local se hallaba a cargo del control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo de Tandil, entre ellas asegurar la calidad de los servicios, la continuidad de la prestación, el control, fiscalización y verificación de las normas en vigencia y el cumplimiento del contrato de concesión, conforme lo estipulaba la cláusula de la concesión.

En ese escenario, el exfuncionario omitió y retardo efectuar los controles a los que se hallaba obligado.

Respecto a Guillermo Alassia, para el fiscal quedó demostrado que los camiones regadores que estaban a su cargo fueron dispuestos en forma “ilegítima” en provecho de la empresa Vista Serrana, siendo solventadas las reparaciones como los gastos del camión por el erario público, utilizando a su vez empleados municipales en forma irregular, a quienes se les pagaban horas en negro.

Concluyendo, el fiscal calificó el delito endilgado a Espondaburu como “Incumplimiento de los Deberes de funcionario público”, peticionando consecuentemente la pena de 12 mil pesos de multa e inhabilitación especial de un año para el ejercicio de cargos públicos. A su vez, solicitó que  se le imponga la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por el plazo de ocho años por entender que existió en el accionar del imputado una clara incompetencia en su ejercicio, entiendo se demostró su falta de aptitud y destreza para las funciones que le fueron delegadas.

Para Alassia, en tanto, ratificó el delito de “Peculado”, por lo que solicitó la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

La defensa

Respecto a los argumentos del defensor Dames, redundó en lo que se vino explayando desde el inicio del juicio, incluso con el comparendo del propio intendente Miguel Lunghi y buena parte de los integrantes de la primera línea de gabinete por esos días, acerca de que se trató de una decisión política en pos de recuperar un predio histórico abandonado por décadas y en peligro de extinción. Decisión que permitió no solo poner en valor el citado circo de carreras si no revitalizar la populosa barriada de Villa Aguirre, muchas veces postergada por esa barrera imaginaria que traza la Ruta 226.

Asimismo, y puntualmente sobre los acusados, el defensor insistió en que Pedro Espondaburu no tuvo mayor injerencia sobre una temática que a todas luces “heredó” del anterior secretario de Desarrollo Local, Oscar Maggiori, y que, en todo caso, quien llevaba las riendas de la concesión era el por entonces jefe de Gabinete Carlos Fernández.

Para con el director de Vialidad, Guillermo Alassia, se subrayó que sólo acató órdenes de sus superiores, respecto al servicio del camión regador.

Así, en resumidas cuentas, para la defensa no hubo responsabilidades penales y, por obvia consecuencia debían ser absueltos de culpa y cargo.

Nuevas causas para más responsables

Un dato no menor surgió del alegato del acusador, detalle que se respiraba en el aire tribunalicio tras el curso de las audiencias informadas. Para el fiscal, cabía la posibilidad de más responsables de los que finalmente arribaron al juicio, por lo que peticionó abrir nuevas causas para investigar a otros actores.

A saber, de lo que trascendió del alegato, Eguzquiza propuso investigar el delito de fraude en perjuicio de la administración pública por parte de Emiliano Blanco y Carolina Blanco, hijos ambos de Daniel Blanco (fallecido), y quienes conforme surgió en el juicio, tenían una intervención en la concesión muy activa.

A su vez, planteó investigar la posible participación necesaria en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública que pudo ser cometido por el Oscar Maggiori (oportunamente absuelto por prescripción), Jorge Norberto “Piedrita” Rodríguez y los miembros de la comisión de seguimiento, quienes tenían estos últimos a su cargo controlar las rendiciones de los subsidios trimestrales que la Provincia entregaba al concesionario.

No hay peor ciego que aquel que no quiere ver, dice el refrán. Y algo de eso volvió a exponerse en la antepenúltima audiencia del juicio en el que se ventila las irregularidades en el Hipódromo de Villa Aguirre en tiempos de la concesión de Vistas Serranas, por lo cual los funcionarios lunghistas Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia aguardan un veredicto.

Ya lo habían dejado en claro con sus propios testimonios desde el jefe comunal Miguel Lunghi hasta sus principales colaboradores. La defensa de sostener el circo de carreras abierto y en condiciones de ser entregado a sus dueños (el Club Hípico) a pesar de las falencias detectadas. En todo caso, las irregularidades debían ser atendidas por la Provincia.

No importaba cobrar el canon pautado por contrato. Y, al parecer, también relativizaron el riesgo que corrían aquellos trabajadores de la hípica en el predio frente a las obras de infraestructura no realizadas.

Por eso, poco importaba también lo que el veedor que ellos mismos contrataron  y al que se pagó religiosamente un sueldo hasta que se le exigió la renuncia por razones poco claras. Otras de las tantas rarezas y singularidades de una convivencia entre el Municipio y un concesionario que derivó en la convicción del Ministerio Público de que se cometieron delitos y por eso las respectivas imputaciones.

Sería ese “veedor que vio” las falencias lo que no interesaba ver quien acapararía la nueva jornada judicial en el Tribunal, quien por un par de horas debió ratificar aquellos lapidarios informes que eran entregados mensualmente al jefe de Gabinete –hoy diputado- Carlos Fernández, primero, y Juan Pablo Frolik después.

Su comparendo no era uno más. Resultó clave para el interés del acusador Marcos Eguzquiza que, una vez más, con meticulosidad, dejaría el desnudo que el Municipio no solo no controló el cumplimiento de las obras asumidas por el empresario en el circo de carreras, tampoco  se preocupó por cobrar lo que le correspondía por contrato en materia de canon.

A más precisiones, entre otras rigurosas observaciones del veedor municipal,  daba cuenta mensualmente sobre la cantidad de carreras que se realizaban en el Hipódromo, mientras que a la hora de rendir cuentas Vistas Serranas informaba un número menor de competencias por las cuales, claro está, cobraba el subsidio para los consiguientes premios a las apuestas. Ergo, el Municipio cobraba menos de lo que correspondía, según  el contrato firmado por ellos mismos.

También quedó contundentemente en claro el anodino rol del aquí acusado exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, sobre quien ningún actor de la actividad turfística conoció ni el mismísimo veedor dijo saber de él. Aseveró que él fue contratado por Carlos Fernández y a él se dirigía con los informes.

Como el propio funcionario hoy diputado nacional atestiguó en la anterior audiencia, Espondaburu “heredó” la concesión al quedar al frente de la secretaría que había dejado el mentor de dicha iniciativa, Oscar Maggiori, por lo que los reportes de lo que pasaba o dejaba de pasar le serpenteaban sin más.

Por eso no resulta extraño, entonces, el recurrente interrogante de porqué solamente terminaron Espondaburu y Alassia en el banquillo de los acusados (Maggiori fue absuelto por prescripción), cuando a todas luces había más responsables, con mayor jerarquía al comando de una política de dejar hacer –o no hacer-  hasta cumplir con la concesión y a favor de mantener en pie un patrimonio rescatado. Postulación que servirá a la defensa de Jorge Dames a la hora de “salvar” a sus pupilos procesales.

La historia del veedor

A las 10 del lunes ingresó a la sala de debate Horacio Rodríguez, médico veterinario de profesión, dedicado desde siempre a la parte equina y, desde el 17 de julio de 2008 notificado de su designación como personal contratado por el Municipio para ser veedor de lo que acontecía en el Hipódromo de Villa Aguirre.

Recordó el testigo que su contratación devino de un llamado del exdirector de Bromatología Omar Olivera, quien le comentó sobre la necesidad de ocupar ese cargo y lo contactó directamente con el jefe de Gabinete de aquellos años, Carlos Fernández.

Con el funcionario arreglaría las condiciones laborales y le reportaría los informes que fuera confeccionando a partir de sus inspecciones en el circo de carreras.

Según relató, el propio Fernández le puso como condición que realizara informes concisos, objetivos, sin opinar. Que no se dejara sobornar. Exigencia que cumplió religiosamente desde su primer reporte oficial, en agosto de 2008.

Previamente, acudió al Hipódromo de La Plata para tener una acabada idea de las exigencias y controles para con la actividad y así poder llevarlo al plano local. Allí observó sobre la exigencia de la libreta sanitaria, el pasaporte para los equinos y demás menesteres que hacen a la participación de un pura sangre en una competencia. También tomó nota sobre el estado del circo de carreras, de la hotelería y todo aquello que conforma la infraestructura de predio de esta naturaleza. Con esa vara arribó a Villa Aguirre, donde desde un inicio, se topó con la resistencia de los responsables de la concesión, quienes no lo dejaban ingresar, primero, y perturbaban su estadía con hostiles tratos después.

Igualmente Rodríguez se mantuvo en su rol y a pesar de las rispideces vividas con los administradores y responsables del predio, siguió estoicamente con su labor y plasmó en papel lapidarios informes sobre las irregularidades detectadas.

“A la pista siempre la faltaba mantenimiento”. “La empalizada estaba en malas condiciones”. “los stud, el tatterssal, eran muy precarios”, serían algunas de las apreciaciones de un hombre que precisamente habían contratado para que viera lo que ellos no querían ver o no les interesaba saber, al decir de lo que expusieron Lunghi, Fernández y compañía.

El cambio de rumbo

Hasta que arribó a la jefatura de Gabinete Juan Pablo Frolik, quien lo convocó al tomar vistas de uno de sus informes en los que daba cuenta que el camión regador municipal seguía prestando el servicio en la pista de carreras. El hoy concejal en persona, tomó el teléfono delante de él –relató- y llamó a alguien para cortar con dicha colaboración.

Su relación contractual con sus respectivos informes siguió hasta diciembre de 2011, cuando Helena Berestain y Gabriel Bayerque, por entonces a cargo del seguimiento de la concesión designados por Frolik, le pidieron la renuncia por razones también poco claras.

A más rareza y llamativas situaciones, Rodríguez presentó su renuncia pero igualmente siguió cobrando el sueldo por un año y medio más,  hasta que finalmente en marzo de 2013 fue notificado por la Dirección de Personal sobre su dimisión.

Al turno del interrogatorio defensista, Dames dejó entrever con sus preguntas algún interés particular o que tuvo Rodríguez  para con algunos actores de la actividad turfística que lo llevaron a redactar semejantes informes negativos para con el Hipódromo.

Ya yendo al grano, el abogado le preguntaría sobre su relación con el denunciante Cuenca y con el veterinario y dirigente político Marcelo Valle.

Sobre el primero aludió a una relación laboral. Cuenca era y es su cliente y atendió sus caballos tanto en el hipódromo como en su vivienda particular. Respecto a Valle, compañeros de facultad recibidos en la misma promoción y amigos hasta la actualidad.

Respecto a ambas relaciones, aseveró que evitó con ambos referirse al Hipódromo cuando ocupó el rol de veedor, en pos de no “mezclar” las cosas.

Ya sin mucho más por aportar y sin testigos a la vista, el Tribunal dio por culminada la audiencia, fijando para el próximo martes lo que será la última jornada para presentar prueba de ambas partes, para la cual se prevé el comparendo del contador municipal, a cargo de finanzas Luis Jensen y, factiblemente se de lectura a pedido de la defensa las declaraciones que oportunamente realizaron en la causa los dos funcionarios hoy acusados.

Ya sin testimonios por escuchar, quedará a confirmar el día en que se dará el capítulo exclusivo de las partes, cuando fiscal y defensa aleguen sus respectivas hipótesis con el respectivo pedido de condena o absolución, según sus respectivos criterios. Más luego, se aguardará por el veredicto de los jueces que, en definitiva, resolverán si las irregularidades ventiladas sobre la concesión del Hipódromo constituyeron un delito y, consecuentemente, merecen un reproche penal.

Una nueva audiencia se desplegó ayer en el Tribunal Criminal 1, en torno a la imputación que pesa sobre dos funcionarios lunghistas por le controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, decisión política de recupero del mítico predio que valió para el Gobierno fuertes cruces políticos y denuncias varias por las irregularidades desnudadas y falta de control, hasta llegar a la instrucción penal preparatoria que ahora se ventila en el debate.

Precisamente este nuevo capítulo judicial iba a tener mucho de espesor político más que jurídico, a partir del comparendo de funcionarios clave de la gestión desde iniciado el lunghismo en el poder.

El ahora diputado nacional Carlos Fernández (ayer jefe de Gabinete), y los concejales Mario Civalleri y Juan Pablo Frolik, otrora secretario de Obras Públicas y de Legales, respectivamente, serían las palabras relevantes de una jornada que nuevamente se prolongó hasta media tarde con algunos escuetos intervalos de cuartos intermedios.

A sus modos y sus formas, la primera línea del Gabinete radical replicaría el guión y pensamiento que el jefe comunal expuso en el mismo banquillo de los testigos frente a los jueces. Aquello del objetivo cumplido, del interés público superior por sobre posibles “irregularidades” que, en todo caso, venían de una actividad que les resultaba ajena y estaba regida por una ley provincial – la ley del turf-, a pesar de los compromisos sellados (con puño y letra del Intendente) de hacerse totalmente responsable de la actividad en el predio de Villa Aguirre.

Las sólidas argumentaciones políticas de los lunghistas no solo buscaron poner en contexto político la empresa del recupero del circo de carreras, también pretendieron descomprimir las responsabilidades de los únicos aquí sentados como imputados, Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia, insistiendo sobre el interés general y supremo que hubo en aquellos años.

Igualmente fueron sometidos a un impertérrito fiscal que aplicó un severo interrogatorio,  sorteando la retórica de los testigos e insistió sobre lo que a su entender resultan francas anomalías de incumplimiento de parte de la comuna para lo que fue la concesión para con un empresario –ya fallecido- que se llevó suculentas sumas de dinero vía subsidios provinciales.

A tal punto llegó la férrea defensa de los soldados lunghistas que dejaron en claro en la sala que el fin de la concesión no era hacer un negocio, que no importaba cobrar el canon. Lo que trascendía era la iniciativa de recuperar el predio y ponerlo en valor tal se había comprometido Lunghi en días de campaña electoral.

Por eso, consecuentemente, no hubo multas ni sanciones para con los incumplimientos del empresario Daniel Blanco. Lo que prevalecía era que la concesión no se cayera. Que continuara a pesar de los pesares, considerando que buena parte de la “embestida” sobre las citadas anomalías venían de la mano de una oposición política que quería obstruir los primeros pasos de un gobierno radical que, como nunca, se metía en asuntos populares a favor de barrios postergados.

Un círculo virtuoso

Quien primero ingresó a la sala a atestiguar fue el exjefe de Gabinete Carlos Fernández, actualmente ocupando una banca en diputados. El radical había sido citado por la propia defensa como uno de los artífices de la cuestionada concesión junto a Oscar Maggiori. De hecho, no pocos en radio pasillo se preguntan por qué Fernández no está sentado unos metros más al costado,  junto a Espondaburu y Alassia, ya que en definitiva junto al exsecretario de Desarrollo Local fueron clave en acercar al concesionario con la Provincia en pos de primero lograr la habilitación para el circo de carreras y después propender a que se realice la licitación para el único oferente a la vista (Blanco),  y luego arbitrar para que se paguen los subsidios provinciales.

Con la locuacidad conocida, el diputado se encargaría de reseñar a pedido del defensor sobre cómo se gestó aquella iniciativa que, a su entender, terminó aparentándose a un recupero casi épico de un sitio que cobijaba un patrimonio cultural y arquitectónico único y estaba en días de extinción,   a partir de la decisión del Club Hípico de tener que lotear el predio para afrontar juicios laborales.

Fernández aludió a la ingeniería jurídica pergeñada, atípica por estos lares, para lograr un círculo virtuoso que, en definitiva, era a favor del bien general de la población. La integración de una populosa barriada postergada como Villa Aguirre, separada por el cruce de la Ruta nacional 226.

Así detalló sobre lo acordado con el Club Hípico primero y con la Provincia después, sobre quien reconoció tener una relación anterior con Jorge Piedrita Rodríguez, cuando la ciudad pugnaba por la instalación del Casino por fuera de las “cuatro avenidas”. Piedrita, como Fernández, ya eran funcionarios (uno en Lotería provincial y otro como concejal) por esos años y de allí sus conocimientos mutuos.

El exfuncionario comunal también se encargaría de subrayar que dicho contrato celebrado para la concesión resultaba inédito, incluso más allá de las fronteras serranas.

El aludido circulo virtuoso (salvar al club Hípico, tomar posesión del mítico predio, licitarlo y recuperar el citado patrimonio), fue “ensuciado” por intereses políticos de la aquella entonces oposición, al decir del legislador.

Así, el diputado arremetería sobre el clima político que se respiraba por esos días, según su lectura. Acerca de que el lunghismo estaba rompiendo estereotipos, haciéndose cargo de una política popular como era dicha actividad en Villa Aguirre.

Relativizando posibles equívocos en el proceso de concesión, Fernández (así lo había hecho Lunghi y lo replicarían los restos de los funcionarios cual guión pergeñado para la ocasión) subrayaría sobre la trascendencia política, social y cultural de la iniciativa motorizada, concluyendo con contundencia que en un par de años habían recuperado lo invertido cuando fue la puesta en valor.

A preguntas del fiscal Eguzquiza sobre lo acordado y firmado sobre el poder de contralor, Fernández apeló a la relación asimétrica de un municipio para con la Provincia, y la necesidad de llevarse lo mejor posible en pos de la gestión. Así respondería sobre lo firmado en torno a hacerse cargo como comuna de la actividad y lo que la concesión hiciera en el predio, aun considerando que por encima de cualquier contrato, convenio, había una ley de turf que estaba por encima. Ergo, la autoridad de aplicación del control de la actividad turfística era de Lotería y Casinos.

Trazando un parangón, Fernández recordó la problemática de las canteras, por la cual si bien toda la demanda social recaída sobre ellos, poca injerencia tenían a la hora del poder de contralor, y por eso la necesidad de que interviniera la Provincia como órgano vector.

La foto y la película

El exfuncionario comunal aceptaría que hubo denuncias varias, algunas fundadas y otras no tanto, siempre inscriptas en aquel contexto político adverso que marcaba la oposición y que los medios de prensa azuzaban.

Fernández eligió la figura de árbitro, de enlace, entre el concesionario y la Provincia a la hora de definir el rol del Municipio, aceptando incluso que se trató de una licitación atípica,  sui generis, pero que la comuna no tenía conocimiento ni competencia en la actividad hípica.

Bajo el mismo criterio, definió el compromiso de levantar un jardín maternal como un “descuelgue” del propio concesionario y que ellos se encargaron de establecer una cláusula que les permitía cambiar el destino de dicha inversión. Cosa que se hizo, muchos años más tarde, cuando la concesión había pasado a la órbita de la jefatura, por esos años ya en manos de Juan Pablo Frolik.

Ya con poca paciencia frente al insistente interrogatorio fiscal acerca, por caso, de la falta del pago del canon, Fernández afirmó que no les importaba cobrar el canon, les importaba recuperar el histórico predio, como lo hicieron y ahora luce.

En tren de sinceridades, sobre el no cumplimiento del canon y las ofertas de Blanco, era todo “hojarasca”, aseveró, insistiendo en que el objetivo versaba sobre recuperar el predio.

Ante la insistencia del acusador, Fernández apeló a la argumentación que también usan los judiciales: “mejor  un mal arreglo que ir a un juicio”, para refrendar aquello de sostener la concesión hasta el vencimiento de los plazos establecidos.

Para Fernández la iniciativa con el Hipódromo fue una política de fomento como se hizo con otras tantas instituciones, incluso de gestiones anteriores a la del radicalismo.

Y así, arremetería, no sin ironía, con ejemplos bajo ese espíritu, acerca de que también las empresas del Parque Industrial se benefician con las inversiones que hace la comuna en el predio en pos de sus radicaciones. O también el dueño del bar vende sus productos en una velada de Tango por los Bares, como organiza la comuna.

Volviendo sobre lo que firmaron, el diputado con cierto fastidio respondería que sí, efectivamente, firmaron documentos a sabiendas que había una ley superior, respecto a las presuntas competencias de contralor de la actividad en el Hipódromo.

Fernández retomaría aquella idea del círculo virtuoso que versó toda la iniciativa descripta, a lo cual ya sin tampoco mucha paciencia el fiscal le respondió que dentro del citado círculo virtuoso Blanco recibía 60 mil dólares mensuales sin que nadie rindiera demasiadas cuentas.

-“¿Se controló bien la concesión?, preguntó tajante el fiscal con gestos de fastidio ante la retórica del legislador que respondía lo que quería.

-“El resultado fue bueno”, sentenció Fernández. Para luego reflexionar que “seguramente hubo errores, pero si cada funcionario público se detiene a pensar en el código penal se paraliza la función pública”.

-“¿A sabiendas de que había incumplimientos legales?”, arremetería el fiscal.

Fernández ahora, como nunca antes, prefirió llamarse a silencio y dejar puntos suspensivos.

Cerrando, Fernández concluiría con que si se detenían en una foto se podrían advertir irregularidades, pero la película les permitía ver con contundencia que hicieron lo mejor y salió bien.

Videoconferencia de peritos

Además de los testimonios de los políticos citados (ver aparte) la extensa jornada contó con el aporte de peritos de la Asesoría judicial que oportunamente intervinieron en el expediente. A más datos, ingenieros mecánicos e hidráulicos de La Plata que recorrieron in situ el circo de carreras local y elaboraron un informe con el relevamiento protagonizado a mediados de agosto de 2012.

Asimismo, declaró Alberto Romero, quien por casi tres décadas vivió en una de las viviendas del Hipódromo sobre calle Chapaleoufú, de hecho sus padres residían en tiempos que el Club Hípico estaba a cargo y a quien le pagaban un alquiler por el lugar donde también cuidaban caballos pura sangre.

El avezado cuidador de caballos relataría la experiencia de otros hombres vinculados a la actividad turfística en tiempos preliminares y durante la concesión de Vistas Serranas, aludiendo a la falta de la guardia médica tal lo estipulaba el contrato, como falta de seguro para aquellos que practicaban la actividad sobre la pista. Tampoco tuvo respuestas sobre la promesa de dotarles de una propiedad para salir del predio, como Blanco había comprometido y por lo cual tampoco el Municipio tuvo demasiado interés en corroborar si lo cumplió.

El defensor particular Jorge Dames recurriría a indagar al testigo sobre el modo de vida antes de la concesión, dejando en evidencia que la precariedad laboral era lo habitual, independientemente de quién estaba a cargo del circo de carreras. De hecho, incluso, habitaban en el predio de manera informal, sin contrato de locación.

Respecto a los ingenieros peritos que atestiguaron mediante videoconferencia desde La Plata, aludieron al estado de la pista en su recorrida y corroboraron el sistema de desagüe, como el riego y la empalizada, poniendo el acento en la precariedad de dichas instalaciones.

Facilitador de actividades y la piedra kriptonita

Otro de los funcionarios que fue sometido al interrogatorio como testigo fue el concejal Mario Civalleri, quien en tiempos de la polémica concesión era secretario de Obras Públicas, jefe directo del director de Vialidad, hoy imputado Guillermo Alassia.

Tras repasar su rol como funcionario de primera línea de mando debajo del jefe comunal, el ingeniero repetiría la partitura que los integrantes del Gabinete tenían aceitados sobre el acecho de la dilatada causa penal, no sin antes pasar por el tamiz político de los pedidos de informes deliberativos y la mismísima interpelación, cuando aún Oscar Maggiori era compañero –correligionario- del equipo que cimentó el liderazgo de Miguel Lunghi al frente de la comuna.

Principalmente los interrogantes para con Civalleri apuntaron al “famoso” camión regador y los servicios prestados al concesionario, sin mayor contralor a la hora de la petición formal y gastos que ello acarreaba.

El hoy concejal repetiría sobre un uso y costumbre más allá de la gestión lunghista, que incluso él, cuando fuera directivo del Club Uncas, también solicitaba de dichos servicios para las instalaciones deportivas.

El radical apelaría a la figura del “servicio público” que prestaban y se utilizaba la modalidad de compensación. A más precisiones, a pedido del concesionario iba el chofer con el camión y cumplía horas extras, las cuales eran abonadas de informalmente por el empresario. Lo propio sucedía con el combustible.

Ya cuando el fiscal arremetería sobre las irregularidades, Civalleri apelaría a acciones de una gestión que van más allá de lo que establece la letra fría de un contrato, y por concatenación citaría ejemplos de proveedores, de constructoras que una vez asumida determinada concesión a veces era el propio Municipio el que “tapaba” alguna fragilidad en pos del bien común.

Sobre la comparación del servicio de riego prestado a otras instituciones, el fiscal insistió en los pedidos formales que se hacían y figuran en el expediente administrativo, lo que no sucedía con la empresa Vistas Serranas. A la cual Civalleri ensayó como respuesta el trato fluido que había y el bien superior que perseguía la iniciativa de mantener el predio activo.

Al son de los ejemplos, el funcionario recordaría cual anécdota el proceso de la instalación de la réplica de la Piedra Movediza, la cual a su saber y entender el contratado no había logrado el color símil piedra que se exigía, incluso por contrato. De hecho Lunghi renegaba con que le habían vendido la piedra kriptonita ante el color verdoso que presentaba la escultura.

Fue así -recordó el testigo- que convocó a estudiantes de Escuela Arte, quienes sobre la hora del emplazamiento de la réplica lograron el tono pretendido.

Eguzquiza, volviendo a su implacable tesitura, le recordaría que aquello era una iniciativa comunal, que aquí –en el juicio- se aludía a una concesión que recibía subsidios importantes.

A preguntas de la defensa, Civalleri no dejó de señalar el buen concepto que tenía para con los funcionarios acusados, reseñando incluso que Alassia venía de gestiones anteriores y se conocieron en el Gobierno, de quien consideró un gran profesional y mejor persona.

El objetivo era que no se caiga la concesión

Otro testigo cuyo comparendo resultaba atrayente para las partes venía de la mano del presidente del HCD Juan Pablo Frolik, otrora secretario de Legal y Técnica, quien supo darle una impronta a dicha dependencia que jamás antes se había concebido en la comuna.

De hecho, el hombre de mayor confianza del jefe comunal que lo viene acompañando desde el recupero de la Clínica Chacabuco, fue clave en asuntos delicados del inicio de la gestión que surcaban asuntos legales pendientes. Por caso la concesión del Castillo Morisco (en conflicto con la anterior gestión en tiempos de Oroquieta), la casa ocupada por la familia Bravo al pie del cerro La Movediza para proyectar el frustrado Parque Lítico y, el recupero del Hipódromo, por lo cual tuvo una injerencia suprema a la hora de negociar con los acreedores del Club Hípico que se presentaba próximo a la extinción.

Tras repasar su rol frente a dicho complejo entramado con cruces de intereses mediante, el abogado devenido en funcionario debió también someterse a un intenso interrogatorio que, por pasajes, se transformó en vehemente entre testigo y fiscal, no sin recurrir a la diplomacia para no salirse de los carriles tensos de un cuestionario sin concesiones.

A tal punto llegó la tensión, que el propio fiscal se encargó de aclararle que estaba sentado como testigo precisamente porque reconocía su rol una vez asumido en la jefatura de Gobierno, ya que con su intervención y Helena Berestain al frente del seguimiento de las concesiones, Blanco terminó invirtiendo, a cuentas gotas, lo que otros funcionarios antecesores a él no habían siquiera mostrado interés en revertir.

Igualmente Frolik también hizo una férrea defensa de la decisión política asumida para recuperar el predio de Villa Aguirre, independientemente de las ambigüedades que representaba el contrato de concesión y hasta la admitida flexibilidad que se tuvo para con los incumplimientos del empresario, siendo que el objetivo de máxima era que la concesión no se cayera hasta lograr lo que finalmente se logró, un predio en condiciones y ahora manejado por el Hípico.

Sobre los cuestionamientos de hacer caso omiso al veedor municipal que ellos mismos habían contratado, el concejal explicó que se topaban con la contradicción de los lapidarios informes de dicho funcionario contratado y los informes que “bajaban” los inspectores de Provincia y, ante el entendimiento de que había una potestad de Provincia como autoridad de aplicación,  se quedaban con dicha opinión.

Respecto a las responsabilidades del control municipal y el seguimiento de la concesión,  aludió a que se trató de un tema transversal a todas las dependencias comunales, aunque fue Oscar Maggiori quien se puso la iniciativa al hombro al tener un conocimiento más acabado de la actividad turfística que el resto de los secretarios.

Ya arremetiendo por el objeto social de la firma Vistas Serranas, también dijo atenerse a la declaración jurada que había presentado el empresario, mientras que sobre la falta de aplicaciones de sanciones por los conocidos incumplimientos, Frolik respondió sobre lo que significaba someterse al derecho administrativo, que indefectiblemente terminaría en un juicio en el Contencioso Administrativo y el riesgo de perder el litigio.

El letrado insistió que, con muñeca política, finalmente se logró que Blanco cumpliera con lo establecido por contrato y el Hipódromo “quedó impecable” para poder dárselo al Club Hípico. El objetivo se cumplió con creces, aseveró.

Ya en tono de chicanas y retruques,  Frolik y Eguzquiza protagonizarían un cruce irónico:

-“¿Adjudicamos mal? Probablemente…”, dijo el funcionario.

-“Probablemente”,  replicaría el fiscal.

-“¿Cometimos errores? Probablemente…”, insistió Frolik.

-“Probablemente”, repetiría el fiscal.

-“¿Gobernamos mal? Probablemente…”, indicaría el testigo.

-“Yo no diría eso…”, respondió el fiscal sin pisar el palito.

Ayer se reanudó el debate oral y público en el TOC 1, en que se ventila las responsabilidades penales de los funcionarios lunghistas ante la controvertida concesión del Hipódromo de Villa Aguirre, cuando el empresario Daniel Blanco (fallecido) se hizo cargo del circo de carreras.

La jornada programada se presumía nuevamente extensa y esta vez tediosa, fundamentalmente porque lo que se iba a exponer tenía que ver con informes, peritajes contables acerca de las tramitaciones para recibir los suculentos subsidios provinciales para volcarlos a premios de las carreras (60 por ciento) y en obras de mejoras en el predio (40 por ciento), tal rezaba el contrato de concesión acordado entre el empresario de Vista Serrana y el Municipio.

Sin embargo, y una vez disipados los interrogantes que hacían a los estudios contables para dejar en claro la defraudación realizada por el concesionario a la hora de volcar los recursos recibidos, más las presuntas responsabilidades de los funcionarios comunales por omitir controles y eventuales sanciones, arribó a la sala de debate en carácter de testigo Jorge “Piedrita” Rodríguez, responsable hasta ayer de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, recientemente excarcelado por una causa que se le sigue en su contra y otros funcionarios bonaerenses por un defalco de magnitudes, sindicado incluso como parte de una asociación ilícita  (ver aparte).

“El personaje” dejó su huella en lo que resultó el escandalosa concesión, habida cuenta que uno de los ejes por el que se transita el debate entre las partes versa sobre quién tenía el poder de contralor sobre la actividad que se desarrollaba en el circo de carreras. Hasta dónde el Municipio podía o debía controlar y dónde comenzaba a intervenir la Provincia, en este caso a través de Lotería y Casinos a cargo de Rodríguez, organismo que en definitiva derramaba los subsidios para que, en este caso el concesionario, afrontara los costos de la administración del Hipódromo como las inversiones acordadas.

Con la cintura ganada a través de sus más de treinta años en la función pública en una dependencia oficial donde se manejan muchos intereses y recursos, “Piedrita” pareció conformar a las dos partes. Dejando relativamente argumentos a las hipótesis de la fiscalía como de la defensa.

A más datos, a favor del fiscal, no dudó en calificar al Municipio como socialmente responsable de lo que hizo o dejó de hacer el concesionario (NdR. El empresario Daniel Blanco estaba imputado de defraudación al erario público). Para endulzar los oídos de la Defensa, el mismo exfuncionario hoy jubilado consideró que Loterías y Casinos de la Provincia tenía el poder indelegable de controlar la actividad turfística.

Fiscal y defensor,  entonces, tomaron provecho de la declaración para alimentar lo que será en el epílogo del juicio el tiempo de los alegatos que, a la fecha, aún no cuenta con certezas sobre el día a protagonizar el acto de rigor, siendo que restan desfilar frente el Tribunal testigos varios para una instrucción voluminosa como compleja, más allá de las sensibles imputaciones que pesan para con los acusados Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia.

A esta altura,  cabe consignar que, independientemente a que la acusación llegue a buen puerto en cuanto a sus convicciones y pretensiones, se trató de una pesquisa seria, con un fiscal que trabajó minuciosamente y con rigor para protagonizar una implacable tesis, contrarrestada por la sapiencia de un defensor que supo y sabe lidiar con delicados asuntos penales con pupilos igual o más comprometidos que los de hoy.

Números y más números

La tercera audiencia comenzó con una fallida videoconferencia con los peritos que oportunamente intervinieron y dieron forma a peritajes acerca del estado del circo de carreras en tiempos de denuncias. Los profesionales citados para la ocasión dijeron desde La Plata no estar al tanto del caso por el que habían sido citados, acusando falta de notificación oficial al respecto.

No sin fastidio, desde la secretaría del Tribunal y las partes resolvieron postergar los esperados testimonios para próximas audiencias y, tras un cuarto intermedio, continuar con el comparendo de otros testigos traídos a la sede judicial.

Ingresó a la sala, consecuentemente, Virginia Gallo, exconcubina del denunciante Jorge Cuenca, quien respondió sobre las motivaciones que llevaron al cuidador a, primero, involucrarse en la recuperación del predio, y después protagonizar las desavenencias con el empresario Blanco y funcionarios comunales, hasta derivar en la denuncia penal.

La testigo, supo referirse a esos años de confrontación y exposición en pos de generar conciencia en la población sobre lo que estaba ocurriendo en el Hipódromo, acerca de las irregularidades en materia de inversiones para el predio como así también con las carreras oficiales y no oficiales que allí se montaban.

No dejó de mencionar, como vareadora que supo transitar la pista del circo de carreras de Villa Aguirre, que el estado de la misma estaba en malas condiciones y era un riesgo para los que allí practicaban y luego corrían. Lo propio diría sobre la empalizada y la precariedad de las edificaciones donde habitaban los protagonistas del turf.

Dijo haber sido testigo presencial de un encuentro casual callejero entre Cuenca y el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu, a quien su expareja le daba cuenta sobre las irregularidades. A consulta del defensor, la mujer no supo reconocer al funcionario nombrado, que estaba a escasos metros, sentado en el banquillo de los acusados.

Más luego devino en una ahora sí concretada videoconferencia con un instructor judicial con asiento en Azul. Se trató del contador Roberto Terille, quien oportunamente propiciara un par de informes que obran en el expediente acerca de los recursos que recibía la concesión en carácter de subsidios.

No fue casual que allí el fiscal Eguzquiza se detuviera en que el contador realizara un pormenorizado repaso de dichos informes acerca de los subsidios trimestrales recibidos y haciendo el cálculo con la cotización del dólar de esos años, buscando así darle dimensión de los montos que están en discusión. Cientos de miles de dólares fueron a parar a manos del concesionario sin mayores controles a la hora de corroborar el destino de los mismos en pago de premios por carreras (oficiales, no oficiales, cuadreras, simulcasting) e inversiones en un plan de obras que, a todas luces no lució nunca.

Dicho testimonio con su respectivo informe echaría por tierra lo que el intendente Miguel Lunghi expuso en su declaración en la pasada audiencia, cuando aludió a los retrasos en los pagos que la Provincia protagonizaba y que factiblemente los padecía el concesionario a la hora de poderlos volcar a lo que se había comprometido, incluso con el pago del canon.

Por lo dicho por el instructor, con respuestas oficiales de Lotería y Casinos en mano, Vistas Serranas cobraba en tiempo y forma suculentas sumas de dinero que no se volcaban  al menos al predio, como se había acordado, vía contrato de concesión con el Municipio.

Por caso, Blanco se había comprometido a donar un porcentaje de las carreras de simulcasting cuando superaba los 7 mil pesos de recaudación de apuestas. Al decir de los informes oficiales y el cálculo realizado por los contadores, claramente se superaba dicho monto pero nunca hubo donación alguna.

Respecto al incumplimiento del pago del canon, constan en el expediente cuando el Municipio, a través de la Secretaría a cargo de Espondaburu notificaba sobre la deuda con intimaciones y cartas documento (en tiempo que el Concejo exigía información), pero que no se avanzaba más allá.

De hecho, el fiscal apeló a un dato sugestivo.  A horas de protagonizarse la interpelación del Concejo Deliberante, de buenas a primeras el empresario pagó en concepto de canon lo que debía de meses.

Una contadora incómoda

A su término, fue el turno de la contadora municipal Marcela Espino, quien debió afrontar un severo interrogatorio del Ministerio Público que por momentos incomodó a la funcionaria. De hecho, tras dar por culminado su testimonio, la contadora dejó la sala  sollozando, tal vez por la delicada situación de tener que afrontar preguntas en un ámbito desconocido como el penal.

De todas maneras, la mujer poco pudo aportar a las pretensiones de las partes.   La testigo apenas había participado de la apertura de la licitación de la polémica y no mucho más. Sin poder dar mayores precisiones sobre cómo el Municipio corroboraba si el concesionario cumplía con los pagos asumidos por contrato.

Sí Espino aceptó que de acuerdo a los minuciosos informes que exponía el fiscal evidentemente existían deudas del empresario para con el erario público, incluso con el no pago de los tributos municipales en el período de 2007 a 2010.

Obras precarias

También compareció ayer un albañil que oportunamente fue convocado por Blanco para realizar distintas obras de mejoras que se había comprometido en lo que concierne a los boxes como la hotelería del predio donde se ubicaban los jockey y cuidadores.

Al decir del propio testigo, las obras resultaron menores como precarias, con materiales usados y en lo que debía ser la hotelería en verdad parecía una matera. Por caso, se encargó de instalar un termotanque porque oportunamente no había agua caliente en el sector. El hombre instaló un aparato usado de 60 litros, para la gran cantidad de personas que utilizaban las instalaciones.

“Pedrita” Rodríguez, de imputado

en La Plata a testigo en Tandil

Cuando ya se transitaban horas vespertinas, llegó el turno de uno de los testimonios más esperados en el recinto. Se hacía presente Jorge “Piedrita” Rodríguez, quien estuvo al frente de Lotería y Casinos cuando se gestó la concesión del Hipódromo tandilense.

Tras repasar su rol en el organigrama provincial y sus más de 30 años como funcionario público, conocedor como pocos de la actividad hípica, repasó cómo se inició el proceso que generó la reapertura del histórico predio en Villa Aguirre.

Con claridad, el ahora exfuncionario procesado por una causa platense, afirmó que la autorización para la apertura del Hipódromo la realizó el Municipio, como así también gestionó los subsidios correspondientes que, primeramente se hacían por mes y luego pasó a ser en forma trimestral.

Aclaró que quien se encargaba de controlar que dichos subsidios cobrados en tiempo y forma fueran a parar al destino prefijado era la comisión de seguimiento dentro del organismo provincial. Una vez pasada la rendición de cuentas por dicha dependencia se aprobaba el pago del subsidio siguiente.

Sin pausa, afirmó tajantemente sobre la “solidaridad responsable” del Municipio con Vistas Serranas quien, en definitiva, logró la concesión por decisión de la comuna. De hecho, sumó que en principio hubo un aval del Municipio para que la empresa cobrara el dinero en cuestión.

Una vez más allí, el fiscal expondría el documento en el que el intendente Miguel Lunghi firmaba hacerse totalmente responsable del Hipódromo, foja que fue entregada a la Provincia.

Asimismo, respondió afirmativamente sobre la exigencia que hizo la Provincia para que el Municipio tuviera un veedor para controlar el cumplimiento de las obras exigidas por contrato. Por lo que la comuna tenía obligación de controlar.

No supo responder por qué entonces no se hizo caso a los informes lapidarios de dicho veedor que de buenas a primeras fue despedido.

También aludió a las inspecciones que la propia Provincia realizó a partir de las denuncias que Cuenca realizaba y allí empezó a relativizar las falencias citadas, ya sea de la pista de carreras o la empalizada que, a su entender, tenía las mismas precariedades que otros hipódromos.

“Había problemas subsanables”, supo decir ante preguntas del defensor que luego lograría sacarle la definición más preciada: quien tenía el poder de contralor de la actividad hípica era la Provincia, en lo concerniente a las carreras oficiales y no oficiales, el respetivo pago y el estado de los caballos, por citar ejemplos. No así las obras asumidas en el predio.

En resumidas cuentas, Rodríguez indicó que la autoridad de aplicación era un poder “indelegable” de la Provincia en materia de actividad turfística, pero el Municipio era “socialmente responsable” por haber dado la concesión.

El controvertido testigo

Cabe consignar sobre el funcionario devenido en testigo, que fiscal, defensa como los jueces, primeramente debieron resolver sobre la situación procesal del citado, siendo que “por los medios” sabían sobre una imputación en su contra por una defraudación precisamente en Lotería y Casinos en tiempo de Scioli como gobernador.

La duda radicaba en si dicho procesamiento y causa respectiva tenía vinculación con la de aquí y ahora ventilada. El propio Rodríguez se encargó de aclarar que no. Que efectivamente estaba imputad y recientemente excarcelado por una causa independiente a lo que en Tandil se estaba investigando.

A más precisiones, el expresidente del Instituto de Lotería y Casinos bonaerense, a principios de enero se entregó a la justicia y quedó procesado por malversación de caudales públicos, al igual que el ex tesorero de la entidad, Jorge Maggi.

“Presentamos los informes de ausencia de antecedentes y peligrosidad procesal. Ellos no entorpecerán la investigación. Además, el delito que se les imputa es excarcelable porque tiene penas que van de 2 a 10 años de prisión”, explicó el letrado defensor de “Piedrita”.

Tanto Rodríguez como Maggi, más los empleados Marcelo Bordenave y Alejandro Selva, están acusados de haber malversado fondos públicos al haber emitido órdenes de publicidad apócrifas por más de 18 millones de pesos.

Según la investigación, entre abril de 2013 y 2015, se iniciaron expedientes para generar órdenes de publicidad apócrifas en favor de personas con las que los acusados estarían en connivencia.

La denuncia había sido radicada en 2016 por el entonces director de Lotería de la provincia de Buenos Aires, Eugenio López Melitón, tras una auditoría que realizó en el organismo cuando asumió el cargo.

La presentación judicial recayó en la fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de Jorge Paolini, aunque una vez disuelta esa fiscalía pasó a la de Hugo Tesón.

En la causa también están involucradas al menos otras ocho personas, proveedores y empresarios, aunque la jueza no dio lugar a su detención debido a que consideró que tuvieron una participación “secundaria” en la maniobra delictiva.

Al decir de la información recabada, luego de pagar una fianza de 3.500.000 de pesos fue liberado “Piedrita” Rodríguez.

Se desarrolló ayer la tercera audiencia por el juicio que investiga la responsabilidad penal de los funcionarios lunghistas por la controvertida concesión del Hipódromo. Y no se trató de una jornada más, estaba citado y se sentó frente al Tribunal el jefe comunal Miguel Lunghi, en carácter de testigo.

Fueron cuatro horas de un intenso interrogatorio encarnado por el fiscal Marcos Eguzquiza, quien sin dejar de respetar la investidura del hombre que lidera los destinos del Municipio hace más de 16 años, no dejó de resultar implacable en preguntas que, en su gran mayoría, no encontraron la respuesta pretendida, más bien lecturas, razonamientos políticos de un Lunghi que, en definitiva, dejó en evidencia que se priorizó el interés político y social de mantener la concesión y el circo de carreras activo, a pesar de las evidentes irregularidades y/o incumplimientos que el concesionario perpetró sin miramientos ni sanción alguna. Mientras tanto, recibió suculentos subsidios provinciales para premios (de las carreras)  e inversiones en un plan de obras que, a la postre, resultarían las causales que motivarían la discusión penal.

Con modos correctos y alguna que otra ironía frente a los asuntos puntuales que se le preguntaban, Lunghi fue llevando el por momentos tenso cuestionario acusatorio que, en todo caso, buscaba esclarecer sobre la falta de control y sanciones para los incumplimientos recurrentes del concesionario del Hipódromo, y como lógica consecuencia el incumplimiento de los funcionarios de ejercer el poder de contralor del predio.

En ese contexto, el pediatra que trabaja de intendente y ahora se arropaba de testigo en una causa penal contra integrantes de su equipo de gobierno, aludiría a que el poder de control de la actividad hípica dependía de Provincia, a lo que el fiscal le exhibió un documento el cual precisamente Lunghi firmó haciéndose cargo del control del predio y su actividad.

Al respecto, el Intendente aceptó haber firmado dicho documento pero que igualmente existe una ley de turf que estaba por encima de cualquier documento municipal.

La pregunta que quedó flotando en el denso aire del recinto tribunalicio fue para qué firmar un documento haciéndose máximo responsable cuando una ley establecía otra cosa. Interrogante que Lunghi ni otro funcionario hasta aquí supo responder.

Sí el jefe comunal fue claro y contundente a la hora de dejar sentado que “aquí ningún funcionario se llevó nada a su bolsillo”,  para poner el acento en la honestidad y transparencia de su gobierno y los respectivos integrantes del equipo, puntualizando especialmente en Pedro Espondaburu y Guillermo Alassia (los dos aquí acusados) a quienes calificó como funcionarios probos, honestos, sobre quienes tiene mucho afecto.

Una decisión política

A modo introductorio, Lunghi reseñó sobre las dos décadas de abandono del mítico predio en Villa Aguirre y de la decisión política de tomar posesión antes que el Club Hípico loteara, asumiendo el desafío ya que lo había plasmado en su campaña electoral, allá por el 2003, cuando prometió su recuperación.

También aludió a los trabajos realizados una vez tomada la posesión del lugar en pos de dejar el espacio presentable para su licitación, para lo cual se utilizaron recursos del Fondo Minero.

Precisamente el fiscal le preguntó cuánto dinero se había volcado en dicha inversión,  sobre lo que Lunghi no supo responder.

Eguzquiza le recordaría que los ediles expusieron ese mismo interrogante en la interpelación de 2007, cuando tampoco respondió al respecto.

A partir de allí, las preguntas y repreguntas del fiscal se sucederían sin solución de continuidad para lo que fueron uno y cada uno de los compromisos asumidos y no cumplidos, frente a un Lunghi que por momentos gambeteó con habilidosa cintura la embestida, por otros pasajes halló razones y prioridades políticas y,  en otras tantas,  explicó – no sin un dejo de ironía- que él gobernaba para 140 mil habitantes y no podía estar, por caso, atento a la utilización de un camión (regador). Caso puntual por el cual está acusado Alassia, sobre lo cual también tendrían un tenso cruce el fiscal y el intendente que mereció algún reparo del defensor y del propio Tribunal, que solicitó ajustarse al protocolo de preguntas y respuestas y no a consideraciones personales.

Por caso, cuando se cuestionó sobre la no aplicación de multas por el incumplimiento de las obras asumidas por Blanco, Lunghi ensayó respuestas tales como que se necesitaba ser flexibles porque las concesiones en este país no resultan nada sencillas.

A modo de respuestas, el fiscal Eguzquiza le replicó: “si un vecino estaciona mal o saca indebidamente un árbol de la calle lo multan sin ningún miramiento…a Blanco parece que no…”, recriminó con contundencia.

Tampoco quedó claro la escasa voluntad del Ejecutivo a la hora de hacer cumplir lo que el concesionario había asumido como compromiso y que le valió ganar la licitación, incluso poniendo como garantía un patrimonio de origen poco claro, más precisamente un edificio que se quedó de la otrora mutual de Empleados de Comercio de una manera que también mereció un reproche penal.

A más precisiones, se citó la construcción de una guardería infantil para la barriada. Al respecto, Lunghi recordó que en ese momento no se consideró prioritario y se optó que ese dinero se destine a la obra de riego del circo de carreras. Empero, años después, fue el propio Municipio quien montó con recursos propios el jardín maternal Pérez Esquivel.

Bajo ese espíritu se replicarían preguntas sobre la falta de interés por saber el objeto social del concesionario (una empresa constructora devenida en a la actividad del turf) y si dicho empresario era solvente, el canon fijo establecido por diez años y demás menesteres que rodearon siempre a la cuestionada licitación, a lo cual Lunghi volvió a apelar al interés político, no sin dejar de señalar con especial énfasis que por esos tiempos había “turbulencias” políticas y que, en el caso de las objeciones de la oposición política “siempre tiene objeciones”.

En ese tono, no sin picardía, Lunghi le preguntó al fiscal y a quienes quisieran oír en el recinto por qué los cuestionamientos se sucedieron en aquellos años y con aquella concesión y una vez terminada nunca más se habló del Hipódromo. “No hubo ninguna denuncia más”, “ahora parece que está todo perfecto, es un tren bala”, señaló. (NdR. Cabe consignar que en la posterior concesión -2015-también hubo denuncias por irregularidades y la propia Provincia intervino con inspecciones en pos de corroborar si los subsidios se destinaban al plan de obras).

El orgullo de Lunghi

El transitar del interrogatorio zigzagueaba ante preguntas puntuales del fiscal y respuestas generales del jefe comunal, quien no dejó de señalar con ahínco el orgullo que representaba para él haber recuperado dicho predio como así también satisfecho por cómo funcionó el Hipódromo, independientemente de las falencias denunciadas. “El objetivo se cumplió”, sentenció.

Al respecto, consideró que las falencias denunciadas (mal estado de la pista, falta de sistema de riego, precaria empalizada) a su criterio resultaban “falencias menores” frente el interés superior de mantener abierto el predio y de allí la decisión de no multar al concesionario, a pesar del contrato así lo exigía.

El Intendente habló de las complejidades de un país poco previsible y en la necesidad de “acompañar” al concesionario para que estuviera al frente del Hipódromo y fuera cumpliendo con los compromisos asumidos.

En este tramo del duro cuestionario acusatorio (la defensa acusó de parecerse más a una auditoría que a preguntas de un fiscal y un testigo) tampoco Lunghi tuvo empacho en respaldar el paso del polémico empresario Blanco (fallecido), sobre quien dijo que iba cumpliendo a medida que le llegaban los recursos de los subsidios.

Reconoció en Blanco una persona “no fácil”, como tampoco resultaba fácil manejar una concesión de estas características.

Así, Lunghi señaló que, como siempre, la Provincia entrega el dinero con retrasos sensibles y allí buscó encontrar las razones de la falta de obras asumidas por el concesionario.

Bajo ese criterio, el fiscal le preguntó tajantemente si le constaba que no llegaran en tiempo y forma los subsidios. Lunghi no supo tampoco aquí que responder. En verdad, admitió que tampoco le rendían cuentas a él si los subsidios llegaban o no.

Ahondando más sobre los subsidios, el fiscal siguió indagando sobre el plan de obras, el pago de sueldos a los supuestos empleados contratados y el canon (siete meses y medio sin pagarlo). Lunghi –otra vez- se quedó sin argumentos.

Retomando a temas puntales de compromisos no cumplidos, Eguzquiza le preguntó si estaba en conocimiento del donación monetaria para el Hospital que el empresario se había comprometido a resultas de la venta de entradas de la inauguración. En este aspecto, una vez más, Lunghi no tenía conocimiento si se había concretado.

También se lo indagó sobre qué pasó con el compromiso de darles una vivienda a aquellas familias que habían ocupado el predio antes de la concesión. Lunghi dijo desconocer qué había ocurrido con dichos vecinos.

El camión regador

El extenso interrogatorio obviamente que iba a surcar por la cuestionada utilización de los camiones regadores municipales para una concesión que estaba obligada a invertir en un sistema de riego, que finalmente lo hizo no sin antes reproches políticos y motorización de denuncia penal.

Tal adelantó la estrategia defensista, Lunghi aludió a la colaboración que el Municipio presta a distintas instituciones de la ciudad, incluso con aquellas con fines de lucro. Así, se repetiría citando a Expotan, Ciane, carreras de atletismo, automovilismo en La Cascada y demás.

“Era un uso y costumbre”, dijo el pediatra, incluso señaló que se hacía antes de su gestión.

Allí, entonces, el fiscal primeramente aludiría a que ninguna de las instituciones citadas era una concesión ni tampoco cobraba 60 mil dólares mensuales y, sin pausa, sacaría a relucir del grueso expediente documentación de los pedidos  formales que dichas instituciones hacían a la comuna para solicitar la colaboración de dicho camión, mientras que por el Hipódromo no figuraba una sola foja administrativa que refiera al pedido de dicho servicio. Una vez más Lunghi, se quedaría sin mucho por decir….

Las preguntas de la Defensa

Contrariamente a lo que se preveía respecto a un renovado interrogatorio amplio ahora en manos de la defensa, el doctor Jorge Dames prefirió limitarse a un par de interrogantes para que el jefe comunal respondiera sin mayores dificultades.

Una vez más, el letrado puso el acento en la cadena de responsabilidad dentro del organigrama municipal que conforman las autoridades y, especialmente en el tratamiento del Hipódromo, quiénes tuvieron mayor injerencia.

Dames, volvería a poner el acento en la intervención del otrora secretario de Desarrollo Local, Oscar Maggiori, como en el jefe de Gabinete de aquellos días, Carlos Fernández.

Lunghi asintió sobre el protagonismo de dichos actores, como así también del asesoramiento legal del hoy presidente del Concejo Deliberante Juan Pablo Frolik y del secretario de Obras Públicas, Mario Civalleri.

El jefe comunal no resultó claro  a la hora de responder sobre el rol de la comisión de seguimiento de concesiones, ni tampoco sobre las razones que llevaron de un año para el otro que el poder de contralor del circo de carreras pase de la órbita de la secretaría a cargo de Pedro Espondaburu a la jefatura de Gobierno, a cargo en esos días de Frolik.

Sin más preguntas por ofrecer, el defensor optó por proyectar en el recinto imágenes del antes y el después del Hipódromo una vez el lunghismo en el gobierno, como así también la carrera organizada por la UTTA (Unión de Trabajadores del Turf y asociados), filmación en que se vio una entrevista al propio Lunghi, a Blanco y actores de la actividad, hablando loas del predio recuperado.

Otros testigos

Después de Lunghi, y ya pasadas las 14, pasaron frente al tribunal otro par de testigos citados por la fiscalía.

Se trató de quien fuera gerente del predio de aquella concesión, Jorge Berti, quien, entre otras consideraciones, aceptó no tener experiencia alguna sobre la actividad turfística, más allá incluso que fue integrante de la comisión de carreras encargada de realizar los controles.

El debate se cerró con el comparendo de un jockey que fuera noticia tras sufrir una severa lesión al protagonizar un accidente mientras vareaba. El deportista aludió a la falta de atención médica en el lugar mientras practicaba la actividad, otra de las falencias que hizo notar la acusación fiscal, que se establecía por contrato y que la gestión también omitió exigir.

Luego de que cuidadores, entrenadores de caballos, personal de seguridad y choferes de los camiones municipales comparecieran ante el Tribunal en una audiencia por el juicio que busca resolver la situación procesal de los funcionarios lunghistas en la polémica concesión del Hipódromo, el propio intendente Miguel Lunghi fue quien debió prestar declaraciones. En la segunda jornada del juicio, los testigos dejaron al desnudo las irregularidades en el Hipódromo y los nulos controles comunales

El jefe comunal afrontó un duro interrogatorio del fiscal Egusquiza, quien le remarcó las irregularidades y los incumplimientos en la conseción del circo de carreras de Villa Aguirre. Destacó que los funcionarios imputados “son buenos funcionarios y excelentes personas, honestas” y que, en todo caso, “hicieron todo por el bien del Hipódromo y de la barriada de Villa Aguirre

NOTICIA EN DESARROLLO

Si el testimonio vehemente del criador de caballos Jorge Cuenca frente al Tribunal resultó tan explosivo como contundente frente a la desidia que representó la concesión del Hipódromo, no menos esclarecedoras fueron las exposiciones de los testigos citados ayer, para desarrollar la segunda audiencia del juicio contra los funcionarios lunghistas, quienes a priori quedaron seriamente comprometidos frente a la probatoria acusatoria y los reveladores relatos.

Sólo la sagacidad defensiva a la hora de hacer prevalecer su hipótesis sobre el poder de contralor podría torcer lo que hasta aquí se evidencia descarnadamente, con un concesionario que hizo –o dejó de hacer- lo que quiso, cobrando suculentos subsidios mensuales ante la anodina mirada del Estado a la hora de hacer cumplir lo firmado.

Camiones regadores de la planta automotor de Vialidad conducidos por choferes municipales trabajando horas extras, presuntamente pagadas en negro por el privado pero utilizando el patrimonio comunal; empleados informales en el circo de carreras; un listado de agentes de seguridad privada que nunca cumplieron funciones en el predio y sin embargo, fue presentado por el concesionario como personal contratado (llamativamente dicha lista estaba en el Municipio), además de las ratificadas falencias de infraestructura (empalizada, pista, sistema de riego), formaron parte del combo de anomalías ventiladas ayer por testigos directos del escandaloso desmanejo.

Choferes municipales, cuidadores de caballos, personal de seguridad, desfilaron frente al TOC 1 y respondieron con claridad a los requerimientos del fiscal Marcos Eguzquiza, a la hora de dejar sentadas aquellas irregularidades denunciadas y, por consecuencia, el incumplimiento de los deberes de funcionario público a la hora de controlar, tal reza la imputación contra Pedro Espondaburu.

Así también quedó en claro que los choferes de los camiones respondían al director de Vialidad comunal, Guillermo Alassia, quien impartía las ordenes a los trabajadores para que acudan al predio turfístico para regar la pista en contraturno. Léase, por la mañana regaban las calles de la ciudad, por la tarde, a requerimiento del concesionario, acudían al Hipódromo con los mismos camiones a hacer horas extras que, al decir de los propios choferes municipales, eran abonadas informalmente por el responsable del predio, incluso cargando un promedio de combustible.

Quienes ayer atestiguaron no resultaron ajenos a lo que ocurría respecto a lo que se hacía o no, pero claramente ignoraban los alcances del contrato de concesión. Lo que tenía que realizar el concesionario y lo que el Municipio, por contrato, debía exigir y/o sancionar.

Párrafo aparte merece reseñar que por fuera del clima judicial, cuando el cuidador de caballos Jorge Cuenca realizó la denuncia (nueve años atrás) y empezó a instruirse la causa penal, de buenas a primeras por una decisión política del lunghismo, se determinó que el control de la controvertida concesión pasara a manos de la jefatura de Gobierno, por ese entonces a cargo de Juan Pablo Frolik. Los funcionarios Helena Berestain y Gabriel Bayerque se encargaron de impregnar otra rigurosidad al monitoreo del circo de carreras y su administración. Hasta que el fallecido empresario Blanco amenazó públicamente por los medios con “abrir el ventilador” sobre presuntas relaciones poco claras con el Gabinete. Después de allí, todo volvió a fojas cero, léase controles cero, hasta la caducidad del polémico contrato.

El camión regador

Promediando la media mañana dio inicio la segunda jornada del juicio con el comparendo de Gastón Camio, empleado municipal de la Dirección de Vialidad, más precisamente chofer de uno de los camiones regadores en tiempos de la concesión del Hipódromo.

El trabajador confió que efectivamente por orden de Alassia –su jefe directo- acudió con el camión municipal en varias oportunidades al circo de carreras a regar la pista, antes de la reinaguración.

Asimismo, detalló que dichas tareas eran tomadas como horas extras y la labor se hacía en horario vespertino, quedando a su criterio y a las órdenes del encargado del predio, por ese entonces Jorge Cuenca, quien incluso fue el que le entregó el dinero –informalmente- para que complete un tanque de gasoil a modo de la contraprestación, más otro dinero por las labores del chofer, en la previa de la reinauguración.

A preguntas del fiscal, el chofer dijo desconocer si esas horas extras eran luego blanqueadas a la administración comunal, como así también si tenía algún seguro o ART, por si le ocurría algún accidente o se rompía el camión en medio de esas tareas extraordinarias.

No por casualidad el fiscal le preguntó al testigo si conocía quién era por ese entonces el secretario de Obras Públicas. Si conocía a Mario Civalleri y  si lo había visto alguna vez por el predio, como así también si había recibido alguna orden de él respecto al riego de la pista.

El chofer respondió por la negativa. Que él respondía a su jefe directo, Guillermo Alassia.

Desprolijidades al por mayor

Tampoco se obvió indagar sobre por qué se iba a recargar el tanque al depósito municipal de Muñiz y Aeronáutica Argentina cuando el predio contaba con un tanque de agua, a lo cual no supo responder.

Cabe consignar que efectivamente el tanque de agua era patrimonio del club Hípico, incluso de tiempo antes a la concesión (como las gateras), pero por abandono quedó inutilizado. Según especialistas y no tanto, con la compra de una bomba de presión el tanque funcionaba (como de hecho luego lo hicieron funcionar), pero Blanco nunca quiso repararlo “total el Municipio me manda los camiones”, supo decir uno de los testigos al respecto.

A más aclaraciones: el contrato exigía el sistema de riego entre las inversiones del concesionario.

Otra perlita del paso del empresario y su relación con el Municipio. Una vez desatada la polémica a partir de la denuncia, finalmente el concesionario adquirió un camión para realizar el riego, pero lo puso a nombre de su stud y por eso se lo llevó cuando la concesión caducó, cuando el contrato también establecía que toda inversión y adquisición que se hiciera con la actividad en el predio quedaba como patrimonio del Hipódromo.

Otra desprolijidad relatada por uno de los cuidadores testigos ayer fue que Blanco también intentó llevarse las gateras (originales del tiempo del nacimiento del mítico predio), cuando el propio cuidador lo detuvo alertando que eran propiedad del club Hípico.

Volviendo al camión regador, el defensor Jorge Dames le preguntó al testigo si también había realizado el mismo servicio en otras instituciones, como en el circuito de La Cascada (propiedad del Tandil Autoclub) o en Expotán, por citar un par de ejemplos.

El empleado municipal respondió afirmativamente y que la tarea se realizaba con la misma modalidad, incluso con el pago informal utilizando los camiones del patrimonio comunal.

Claramente la intención de la defensa apunta a quitarle gravedad al asunto y hacer entender que era uso y costumbre “colaborar” con las instituciones, incluso aquellas con fines de lucro en pos de un bien superior como podía ser un espectáculo deportivo o recreativo.

Una salvedad, los casos citados como ejemplos no cobraban un millonario subsidio provincial, ni tampoco firmaron un contrato de concesión en el cual se exigía un sistema de riego, entuerto que seguramente será materia de alegatos de las partes.

La precariedad y el riesgo de vida

También prestaron testimonio cuidadores y personas relacionadas a la actividad turfística, que no hicieron más que ratificar las graves falencias que presentaba el circo de carreras. Desde la peligrosa empalizada “mixta” improvisada con pilotes de cemento y caños de PVC, lo que se presentaba como un verdadero riesgo de vida tanto para el animal como para el jockey, a la mal mantenida pista.

El entrenador de caballos presentado como testigo, Juan Carlos Milan, graficó con claridad dichas irregularidades inseguras, las cuales supo advertir al propio Blanco, pero dijo que el empresario nunca les daba trascendencia.

También reseñó sobre las cuadreras (carreras no oficiales) realizadas sin ningún contralor. Por caso, a la hora del dopaje a los equinos y su riesgo sanitario. Por lo cual, obviamente, había un rédito económico para el que organizaba dichas actividades sin rendir cuentas a nadie.

Asimismo, detalló sobre el cobro en negro que recibía como cuidador de caballos en el circo de carreras, lo que no hizo más que completar el escenario informal con que se trabajaba en el predio concesionado por el propio Municipio.

Con declaraciones del mismo tenor, se cerraría la segunda audiencia de un debate que hasta aquí no hizo más que replicar lo que periodísticamente se difundió durante años y la instrucción penal supo avanzar, pero que en este ámbito judicial,  escuchando en vivo y en directo a los actores, no deja de causar alarma frente a una desidia por la cual surcaron millones de pesos en provecho al menos de una persona. Serán los judiciales los encargados de esclarecer si se trató de un delito penal y hay responsables que deben afrontar semejante despropósito que estuvo frente a todos pero que sólo unos pocos se detuvieron a mirar, principalmente el denunciante, Jorge Cuenca.

Un listado sugestivo

El comparendo del militar retirado Daniel Alberto Rodríguez resultó toda una revelación del affaire que poco había trascendido en los medios de la voluminosa instrucción penal.

El testigo recordó que en tiempo de milicia, y frente a los escasos sueldos que percibían, junto a un grupo de compañeros emprendieron una especie de pyme dedicada a brindar el servicio de seguridad privada en distintas actividades culturales o deportivas. Dicho grupo se conformó en 1994 hasta el 2004, cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía que personal militar realizara trabajos privados de seguridad.

Así fue que el grupo se diluyó, aunque igualmente Rodríguez  -como otros por su lado- una vez retirado de la fuerza, realizaba “changas” como personal de seguridad contratado, por caso en el mismísimo Hipódromo.

Rodríguez recordó que se trataba de él y no más de tres personas que fueron circunstancialmente contratadas cuando se realizaban las carreras, cumpliendo la función de seguridad en puntos estratégicos donde se manejaba dinero. En las boleterías, administración y donde se cambiaban los jockey. También con ellos el pago de sus tareas era informal.

Lo curioso fue cuando el fiscal le expuso un listado de personal de seguridad en el que figuraba su nombre, ante lo cual el testigo se vio sorprendido porque muchos de los que lo acompañaban en dicha lista nunca habían trabajado con él en el predio.

En efecto, se trataba de la lista que allá por el 94 Rodríguez había presentado en el Municipio para oficializar el grupo de personas que se dedicaban a la seguridad privada hasta que se votó la citada ordenanza que les prohibió seguir con la actividad.

Por causas que quedan para el imaginario colectivo y en suspicacias, ese listado que estaba en la órbita comunal pasó a manos de Daniel Blanco que, a requerimiento de la Provincia cuando se le solicitó información sobre el personal de seguridad contratado (tal rezaba como exigencia la actividad), presentó dicho listado.

“No sé cómo tenía esa lista Blanco. Eso es viejo y había quedado inactivo. Es del tiempo cuando lo presenté en el Municipio”, contestó el testigo que no hizo más que ahondar en las anomalías con las que transitó el cuestionado concesionario bajo -como mínimo- la omisión del Municipio.

Y un día llegó. Nueve años transcurrieron de aquella presentación formal en la justicia penal del criador de caballos Jorge Cuenca, acerca de las irregularidades en el cumplimiento del contrato de concesión del Hipódromo de Villa Aguirre. Ayer, el Tribunal Oral Criminal 1 –TOC- dio por iniciado el debate que prevé varias jornadas en las que se echará a rodar un voluminoso expediente que mereció kilómetros de letra de molde, como así también de vericuetos legales (apelaciones, recursos de queja, más apelaciones), en pos resolver la responsabilidad penal de quienes estaban a cargo –al entender de la acusación- de la administración del circo de carreras como del poder de contralor de que se cumpliera con lo acordado.

Como se informó ampliamente en ediciones pasadas, a tal punto llegó la dilación del proceso que el principal implicado en el affaire, el empresario Daniel Blanco, falleció antes de ser juzgado. Lo propio ocurrió con la imputación de uno de los funcionarios más activos en lo que resultó la controvertida concesión para el recupero del circo de carreras, el exsecretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori, quien quedó sobreseído al prescribir el delito que se le endilgaba, tras dejar de cumplir funciones en la administración comunal.

A propósito del exfuncionario lunghista, un llamativo párrafo encaró el fiscal al recordar a la figura del sobreseído Maggiori por disposición del Juzgado de Garantías. Al respecto, Eguzquiza admitió un yerro a la hora de no haber apelado la decisión, dejando la puerta abierta a que a pesar del tiempo transcurrido evaluaría recurrir dicha resolución.

En definitiva, quienes ahora están sentados en el banquillo de los acusados resultaron ser el sucesor de Maggiori en la citada secretaría, Pedro Espondaburu, a quien le sindican el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A más precisiones, omitió los controles y aplicar sanciones por el incumplimiento del contrato oportunamente sellado entre el empresario y el Municipio.

A su lado, Guillermo Alassia, responsable de Vialidad comunal, a quien paradójicamente se le endilga la figura delictiva más gravosa, “peculado”, quien en verdad resulta el “más débil” en la cadena de mandos en lo que refiere a responsabilidades y decisiones comunales.

Es que a Alassia se lo responsabiliza de la utilización de los camiones regadores para la pista de carreras, cuando el propio contrato de concesión establecía la inversión del privado de un sistema de riego.

Casi replicando lo que oportunamente se sustanció en la requisitoria a juicio, el fiscal Marcos Eguzquiza daría cuenta de la figura penal de “fraude en perjuicio de la administración pública”. Aludió que Blanco pudo disfrutar en beneficio propio lo que se recaudaba en materia de subsidios por la desidia de Provincia y Municipio, por el incumplimiento de los funcionarios a la hora de controlar y aplicar sanciones por dichas irregularidades.

Con contundencia, el fiscal acusó que Blanco nunca hizo los depósitos dinerarios comprometidos por contrato, y que el Municipio nunca exigió nada. Que Espondaburu (su intervención de circunscribe entre 2007 a abril de 2010) omitió las inspecciones de las obras y el mantenimiento, como así también el pago de canones. “No controló, no aplicó sanciones”, sentenció.

Específicamente sobre Alassia, se lo acusó que entre febrero de 2006 al 2010, era quien estaba a cargo de los camiones regadores, dejando que se utilizaran en provecho del Hipódromo.

La defensa y sus reparos

Claro que estas apreciaciones acusatorias contarían con el rechazo de la defensa de ambos funcionarios acusados. Jorge Dames, una vez más encarnando el patrocinio de funcionarios lunghistas frente a la Justicia penal (causa Balbín, causa Diéguez), anticiparía que echaría por tierra una y cada una de las pruebas de cargo, adelantando que no era potestad de la comuna el poder de contralor de la actividad turfística, como así también que, en el caso del servicio de camiones regadores, era un uso y costumbre prestar colaboración a entidades sociales y deportivas, incluso con fines de lucro.

Primeramente, el defensor se dijo sorprendido por el relato fiscal, aludiendo a un proceso post mortem, acerca de la imputación aludida al empresario fallecido Blanco.

Asimismo, aclaró que no se estaba frente a un proceso político, se trataba de una cuestión jurídica, añadiendo que la acusación era por omisión de control cuando era materia provincial dicha exigencia.

Dames reconoció que indudablemente hubo errores en la relación público privado de la concesión citada, pero que no existió omisión ilegal.

Aludió a Maggiori como el mentor del rescate del mítico predio hípico y quien coordinó la concesión, pero que apareció como autoridad de aplicación cuando no debía serlo. Para luego refrendar la idea de que se criminalizó un tema administrativo.

No dejó pasar su sorpresa sobre la presencia como acusado de Alassia, quien respondía a directivas de un responsable a cargo de una secretaría, respondiendo a una jerarquía. El área a su cargo dependía de Obras Públicas, quien ordenaba las acciones, incluso también la jefatura de Gabinete (por entonces Mario Civalleri y Carlos Fernández, respectivamente).

Tras la intervención de las partes mostrando sus cartas, el Tribunal presidido por el juez Gustavo Echevarría, acompañado por Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, daría apertura a la incorporación de la prueba ofrecida para el debate. Era tiempo de los testigos. Sería Jorge Cuenca el primero en tomar la palabra (ver aparte) y hacer rodar toda su performance que le valió espacios periodísticos e intervenciones políticas desde que decidió denunciar lo que denunció. Más luego, el exconcejal Carlos Mansilla y el veterinario Marcelo Valle completarían la lista citada para la primera audiencia que cerró alrededor de las 19.

El jueves se volverán a ver las caras con nuevos testigos que convocó la fiscalía, entre cuidadores y expertos de la actividad hípica. Un dato a tener en cuenta: para el martes de la semana entrante, se aguardará por el comparendo del intendente Miguel Lunghi, quien una vez más se sentará frente a un Tribunal penal en carácter de testigo.

“Se robaron todo y no controlaron nada”

“Blanco no hizo nada, se robó todo”. “Denuncié las irregularidades en la Banca 21, hubo una interpelación en el Concejo y nunca pasó nada. Fernández (Carlos –actual diputado nacional y exjefe de Gabinete comunal) me dijo –no sin sorna- andá a denunciar a calle Uriburu… bueno, acá estoy, nueve años después”, ironizó el inefable criador de caballos Jorge Cuenca, el hombre que se empecinó en ventilar las irregularidades en la concesión del Hipódromo de Villa Aguirre por el cual había peleado, y mucho, para que se recupere, y sus desavenencias con Blanco y sus públicas denuncias lo corrieron de la escena turfística local.

El “personaje” que incomodó e incomoda, “el Loco” que primero empujó a la clase política a intervenir por la inacción de un contrato que a todas luces no se cumplía y luego forzó una denuncia penal, lograba su cometido. Estaba frente a los jueces, relatando lo que supo relatar durante años sobre las anomalías en el circo de carreras, sobre las actividades ilícitas como también las sugestivas omisiones de quienes tenían que controlar.

La duda radicaba en si aquel perfil explosivo que supo ganarse títulos de tapa iba a menguar en la sala de audiencias, frente a los magistrados. Esa incógnita se despejó casi al instante de su ingreso.

Fiel a un estilo prepotente y por momentos desbordado en sus apreciaciones y/o calificativos (mereció algún que otro reproche del presidente del Tribunal para que atempere sus expresiones), pero sabedor de lo que habla tras 40 años de trayectoria en el rubro, entretuvo a los presentes con un categórico relato que salpicó para todos los costados, sin distinción.

“El intendente Lunghi, Carlos Fernández, Oscar Maggiori, tendrían que estar acá sentados. Ellos tendrían que dar respuestas” se quejó, al considerar que para los aquí acusados (Espondaburu y Alassia) tenía el mejor de los conceptos, aunque terminaron siendo responsables de aquellas omisiones y acciones que supo denunciar y por razones vidriosas nunca fue escuchado desde el Ejecutivo hasta después de la interpelación en el Concejo, allá lejos y hace tiempo (noviembre de 2007), cuando tras negar categóricamente todas las imputaciones de los ediles de aquellos días y prometer responder informes acerca de las acciones desplegadas en el circo de carreras que nunca respondieron o “falsearon” hubo un giro sugestivo en el seno del Gabinete, sacándole a la Secretaría de Desarrollo Local la potestad de la autoridad de aplicación y pasando a manos de la jefatura de Gabinete (a cargo de Juan Pablo Frolik), incluso con actores con nombres propios para exigir hasta lo que ayer no se exigía, de la mano de Helena Berestain y Gabriel Bayerque.

Desde la no donación por las entradas vendidas en la inauguración del Hipódromo, la precaria y temeraria empalizada improvisada que atentaba contra la vida de los animales como de los jockeys, el nulo mantenimiento de la pista, la falta del sistema de riego y el incumplimiento de lo que había comprometido Blanco (una guardería para la barriada, entre otras promesas). La falta de acciones frente a lo que el propio veedor oportunamente convocado supo informar, formaron parte del combo de anomalías citadas.

No dejó de mencionar “las mentiras de Maggiori”, a quien lo ubicó con una relación muy estrecha con Blanco, incluso yendo juntos a buscar los suculentos subsidios provinciales. Tampoco obvió al excolaborador del Intendente Rubén Crovo, a quien lo ubicó departiendo almuerzos, cenas, con el empresario en un hotel en las sierras, sobre la Ruta 226.

Sobre Crovo, soltó sin empacho y dispuesto a protagonizar un careo sobre la circunstancia cuando él le cuestionó sobre los camiones regadores, a lo que Crovo le habría respondido: “Guillermo se lleva una buena tajada”, en alusión a Alassia. Precisamente el funcionario imputado escucharía del propio Cuenca lo que aquel excompañero de Gobierno dijo, sobre lo que prefirió no darle asidero a semejante versión.

A preguntas del fiscal y, a veces del defensor, Cuenca iba y venía en su relato sobre las distintas circunstancias que rodearon a la polémica relación entre el empresario y el Municipio, no sin dejar de subrayar que por la relación contractual cuestionada, la comuna se quedó con 800 mil pesos, mientras que Blanco se alzó en el mismo lapso de tiempo con 30 millones de pesos.

Se sucedieron tensos cruces entre el testigo Cuenca y el defensor Dames, sobre todo por incurrir en comentarios irónicos y algunas impertinencias subidas de tono que no pasaron a mayores. El propio Cuenca se encargaría de aclarar sobre su verborragia y por momentos prepotente carácter, pidiendo las disculpas del caso.

Más allá de provocar algún fastidio e incluso reto del Tribunal, al decir del semblante de los magistrados se los vio muy atentos a lo que el testigo expuso durante unas cuatro horas, incluso arrancando alguna sonrisa ante las ocurrentes sentencias del cuidador que no escatimaba en calificativos para con los protagonistas de una controvertida historia contractual que derivó en consecuencias políticas y penales.

Los otros testigos

Tras las extensas e intensas horas que demandó la exposición de Cuenca, devino el comparendo del exconcejal Carlos Mansilla, quien fue indagado sobre el proceso político acerca del affaire del Hipódromo que derivó en una interpelación en el 2007 a los integrantes del Gabinete.

Mansilla no hizo más que recordar sobre aquellos pedidos de informes nunca respondidos y el porqué se arribó a dicha instancia política, para lo cual el lunghismo “montó una escena dantesca” con correligionarios en la barra arengando a sus funcionarios en detrimento de lo que querían preguntar los ediles. A propósito de las respuestas a lo que requerían los ediles, Maggiori aseveró sobre inspecciones que nunca se concretaron o al menos no se conocieron las conclusiones.

Luego pasaría a atestiguar el veterinario y dirigente político Marcelo Valle, quien también corrió con la misma suerte que Cuenca cuando hizo públicas las irregularidades en el circo de carreras. Blanco le aplicó el derecho de admisión.

Valle, también especialista en la actividad turfística, desasnó a los judiciales sobre la actividad y los requisitos para contar con instalaciones acordes a las demandas y necesidades de los actores intervinientes, dejando en claro que a los funcionarios involucrados nunca se los vio por el predio controlando que se cumpliera con las obligaciones.

En un inicio de debate intenso, a partir del extenso como explosivo testimonio del criador de caballos Jorge Cuenca, quien propició la denuncia que en definitiva sustanció la instrucción penal que llevó adelante el fiscal Marcos Eguzquiza y, tras 9 años, arriba a un juicio, se desarrolló la primera de las audiencias fijadas por el Tribunal Oral Criminal 1.

En el banquillo de los acusados, los funcionarios Pedro Espondaburu (exsecretario de Desarrollo Local) y Guillermo Alassia (Vialidad), representados por la defensa particular del doctor Jorge Dames, quien adelantó en los lineamientos al iniciar el debate que no se podrá acreditar la responsabilidad penal que la acusación endilga a sus pupilos.

El fiscal, en tanto, mostró las cartas de sus fundamentos, para luego sí dar rienda al desfile de testigos citados para la ocasión, con la declaración “estrella” del hombre que puso en aprietos a la anterior concesión y al Gobierno comunal, con instancias políticas (uso de la Banca 21m interpelación de por medio en el HCD) hasta derivar en una denuncia que naufragó por los pasillos judiciales hasta la fecha, con prescripciones de por medio de aquellos considerados principales responsables de lo que se investigaba como irregularidades, el otrora secretario de Desarrollo Local, Oscar Maggiori, y el empresario fallecido, Daniel Blanco.

Sería Cuenca, entonces, el encargado de protagonizar una extensa como explosiva exposición frente a los jueces en la que a grandes rasgos ratificó con contundencia lo que supo ventilar en los medios y ámbito político que fuese necesario sobre las serias falencias e incumplimientos en el contrato de concesión del circo de carreras.

NOTICIA EN DESARROLLO

A nueve años de iniciada la instrucción penal preparatoria motorizada tras la denuncia del cuidador de caballos Jorge Cuenta, finalmente el Tribunal Oral Criminal 1 dará inicio al postergado debate que esclarecerá sobre la responsabilidad penal del exsecretario de Desarrollo Local, Pedro Espondaburu, y de Guillermo Allasia, los único que quedaron en el proceso tras el fallecimiento del empresario concesionario del predio, Daniel Blanco y del otrora funcionario lunghista Oscar Maggiori, cuya imputación prescribió precisamente al dejar de formar parte de la administración comunal en medio de un “eterno” derrotero procesal.

Las dilaciones de una causa que contó con recursos de nulidad, “chicanas” y apelaciones defensistas al por mayor, finalmente llegará a su desenlace procesal en primera instancia.

Como oportunamente se detalló, a pesar de las apelaciones del defensor particular de los implicados, el TOC consideró pertinente imponer una fecha de inicio del debate, no sin antes “medir” el humor social, o más bien el clima electoral transitado, dejando implícitamente de manifiesto que más allá de un poder independiente se concibe al expediente ventilado con una implicancia no solo penal si no también política.

Así fue que había fijado fecha de audiencias en noviembre pasado, empero más luego surgió la situación particular del juez Pablo Galli, quien inició los trámites de jubilación, por lo cual, ante un juicio que prevé mínimo dos semanas de desarrollo ante la cantidad de testigos citados para la ocasión, se resolvió incorporar al juez titular del Correccional Carlos Pocorena que, por razones de agenda de su propio juzgado, derivó en la nueva fecha de debate, a iniciarse efectivamente hoy, a partir de las 9.

Larga historia procesal

La causa en cuestión conllevó tres años de instrucción, La denuncia se radicó en agosto de 2011 y el fiscal Marcos Eguzquiza (quien hoy llevará adelante la acusación)  elevó la causa a juicio el 23 de diciembre de 2015. Una vez en el Juzgado de Garantías 1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, el expediente naufragó entre pedidos de sobreseimiento, extinción de la acción penal y demás recursos defensivos, por otros tres años, hasta quedar en manos del Tribunal 1, quien también se tomó su tiempo –con la insistencia de la defensa con recursos de apelación mediante- para dar por clausurado el tiempo de discusión procesal para abocarse al debate oral y público, juicio mediante.

Ya no estará sentado en el banquillo de los acusados quien fuera el  empresario de la polémica concesión del circo de carreras,  Daniel Blanco, porque murió en diciembre de 2017, en el medio del avance de una causa que ya lo había imputado formalmente.

Tampoco estará Oscar Maggiori, quien fue sobreseído oportunamente por el Juzgado de Garantías 1, considerando que su situación (ya había dejado de ser funcionario) debía diferenciarse ante la prescripción del delito.

Las imputaciones

Tal reza la acusación, para el ministerio público, hay pruebas suficientes para endilgarle la responsabilidad penal por las irregularidades detectadas en la concesión del circo de carreras de Villa Aguirre. Causa por la cual había quedado imputado el empresario Daniel Héctor Blanco por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, mientras que Pedro Horacio Espondaburu y Oscar Alberto Maggiori –sobreseído- quedaron acusados del delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”. En tanto que Guillermo Gustavo Allasia, se le imputada el delito de “Peculado”, por los hechos ocurridos entre el 26 de febrero de 2006 y el 30 de julio de 2014.

Sobre el delito endilgado a los exsecretarios de Desarrollo Local, la acusación alude a que se hallaban a cargo de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo, y en dicho contexto funcional omitieron y retardaron efectuar los controles a los que se hallaban obligados, entre ellos, omitieron efectuar  inspecciones para verificar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, entre demás exigencias ya citadas.

Sobre la acusación para con Guillermo Allasia cuando era responsable de la Dirección de Vialidad comunal, se señaló que se encontraba bajo la custodia (designado por la superioridad) de los camiones regadores de agua, entre otras herramientas y elementos, los cuales le habían sido confiados al funcionario en razón de su cargo para que los administre y haga prestar el correspondiente servicio público, en forma ilegítima dispuso que en provecho de la empresa Vistas Serranas SA, concesionario del Hipódromo, se utilizara un camión regador municipal, sustrayéndolo de esta manera del destino para el cual estaba asignado.

Debido a las directivas impartidas por Allasia, casi en forma diaria, entre el 1 y el 20 de febrero de 2006, y entre el 20 de febrero de 2006 y 2010, los empleados municipales debieron proceder a regar la pista de carreras del predio, siendo solventado tanto el combustible, reparaciones, como los gastos del camión por el erario público.

A ocho años de iniciada la instrucción penal preparatoria motorizada tras la denuncia del cuidador de caballos Jorge Cuenta, finalmente la Justicia fijó fecha para el juicio oral y público en el que se debatirá la responsabilidad penal del exsecretario de Desarrollo Local, Pedro Espondaburu, y de Guillermo Allasia, quien por esos años cumpliera funciones como responsable de Vialidad local y actualmente sigue al frente de la Secretaría de Obras Públicas.

El derrotero de una causa que contó con recursos de nulidad, “chicanas” y apelaciones defensistas al por mayor, finalmente llegará a su desenlace procesal, no sin antes llevarse consigo el sobreseimiento de otro exfuncionario lunghista, Oscar Maggiori (otrora secretario de Desarrollo Local) más el deceso del principal implicado en las anomalías apuntadas por la acusación, Daniel Blanco, quien falleció en el exterior tras haber sorteado una y otra vez las citaciones que desde la fiscalía le imponían sin suerte a la hora de comparecer en el expediente.

Es que la defensa de empresario muerto, el abogado Manuel Marañón, por su parte, como el letrado a cargo de la defensa de los funcionarios comunales, Jorge Dames, se encargaron de interponer recurso tras recurso para contrariar el curso de una instrucción que incluso ahora, cuando el Tribunal Oral Criminal 1 pautó fecha de debate, mantiene algunos interrogantes procesales a partir de las insistencias del citado abogado, quien insiste en el pedido de prescripción para con el acusado Pedro Espondaburu.

A pesar de las apelaciones del defensor particular, el TOC obvió el planteo y consideró pertinente imponer una fecha de inicio del debate, no sin antes “medir” el humor social, o más bien el clima electoral transitado, dejando implícitamente de manifiesto que más allá de un poder independiente se concibe al expediente ventilado con una repercusión no solo penal si no también política.

El derrotero procesal

La causa en cuestión conllevó tres años de instrucción, La denuncia se radicó en agosto de 2011 y el fiscal Marcos Eguzquiza elevó la causa a juicio el 23 de diciembre de 2015. Una vez en el Juzgado de Garantías 1, a cargo del doctor José Alberto Moragas, el expediente naufragó entre pedidos de sobreseimiento, extinción de la acción penal y demás recursos defensivos, por otros tres años, hasta quedar en manos del Tribunal 1, quien también se tomó su tiempo –con la insistencia de la defensa con recursos de apelación mediante- para dar por clausurado el tiempo de discusión procesal para abocarse al debate oral y público, juicio mediante.

Ya no estará sentado en el banquillo de los acusados quien fuera el  empresario de la polémica concesión del circo de carreras,  Daniel Blanco, porque murió en diciembre de 2017, en el medio del avance de una causa que ya lo había imputado formalmente.

Tampoco estará Oscar Maggiori, quien fue sobreseído oportunamente por el Juzgado de Garantías 1, considerando que su situación (ya había dejado de ser funcionario) debía diferenciarse ante la prescripción del delito.

Apelaciones

Como se informó en ediciones pasadas, el defensor particular del par de funcionarios, el doctor Jorge Dames, había apelado la resolución del Tribunal respecto a la prescripción del delito también para los dos involucrados, con la pretensión de que se corriera con la misma suerte que con Maggiori. Empero, la Cámara de Apelaciones de Azul rechazó el planteo, convalidando lo actuado por los actores judiciales locales. Sin embargo, el abogado fue por más, apelando a un tribunal de alzada. Independientemente a ello, el TOC local fijó fecha.

Asimismo, se había anticipado que agotadas las instancias defensistas, no había margen de tiempo para que el juicio se celebre este año y, contando con el cronograma de debates que ya tenía diagramando el Tribunal, la instancia oral y pública podrá concretarse a mediados del año en curso.

Si bien se considera que los carriles judiciales son independientes de los tiempos políticos,  a nadie se le escapaba que de concretarse el juicio se estaría transitando meses con clima electoral, un dato nada anecdótico para las huestes políticas locales.

Pues bien, ahora no quedó margen a duda, se evitó quedar inmersos en los humores proselitistas y después de octubre –tras el voto en las urnas- finalmente se ventilará en la sala de audiencias el debate sobre la responsabilidad penal de los únicos dos funcionarios lunghistas que quedaron en el dilatado proceso.

El expediente

Tal reza la acusación del ministerio público, hay pruebas suficientes para endilgarle la responsabilidad penal por las irregularidades detectadas en la concesión del circo de carreras de Villa Aguirre. Causa por la cual había quedado imputado el empresario Daniel Héctor Blanco por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, mientras que Pedro Horacio Espondaburu y Oscar Alberto Maggiori –sobreseído- quedaron acusados del delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”. En tanto que Guillermo Gustavo Allasia, se le imputada el delito de “Peculado”, por los hechos ocurridos entre el 26 de febrero de 2006 y el 30 de julio de 2014.

Sobre el delito endilgado a los exsecretarios de Desarrollo Local, la acusación alude a que se hallaban a cargo de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo, y en dicho contexto funcional omitieron y retardaron efectuar los controles a los que se hallaban obligados, entre ellos, omitieron efectuar  inspecciones para verificar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, entre demás exigencias ya citadas.

Sobre la acusación para con Guillermo Allasia cuando era responsable de la Dirección de Vialidad comunal, se señaló que se encontraba bajo la custodia (designado por la superioridad) de los camiones regadores de agua, entre otras herramientas y elementos, los cuales le habían sido confiados al funcionario en razón de su cargo para que los administre y haga prestar el correspondiente servicio público, en forma ilegítima dispuso que en provecho de la empresa Vistas Serranas SA, concesionario del Hipódromo, se utilizara un camión regador municipal, sustrayéndolo de esta manera del destino para el cual estaba asignado.

Debido a las directivas impartidas por Allasia, casi en forma diaria, entre el 1 y el 20 de febrero de 2006, y entre el 20 de febrero de 2006 y 2010, los empleados municipales debieron proceder a regar la pista de carreras del predio, siendo solventado tanto el combustible, reparaciones, como los gastos del camión por el erario público.

En las últimas horas, en el Tribunal Oral Criminal 1 se celebró la audiencia previa al juicio en la que las partes ofrecieron prueba para el futuro debate en el que se resolverá la situación procesal de los dos funcionarios lunghistas que quedaron implicados en las supuestas irregularidades en la concesión del Hipódromo.

La causa, que lleva años de dilación entre vericuetos judiciales a partir de recursos varios que oportunamente presentaron los defensores de los acusados, avanzó en pos de resolver fecha del debate oral y público para con los únicos dos funcionarios que quedaron implicados en la instrucción, el exsecretario de Desarrollo Local Pedro Espondaburu y exdirector de Vialidad y actual secretario de Obras Sanitarias, Guillermo Allasia.

Como oportunamente se informó, el otro exsecretario lunghista, Oscar Maggiori, fue sobreseído oportunamente por el Juzgado de Garantías 1, considerando que su situación (ya había dejado de ser funcionario) debía diferenciarse ante la prescripción del delito. En tanto que el concesionario oportunamente imputado, Daniel Blanco, falleció el año pasado.

Apelaciones

Sobre las razones de las ultimas dilaciones a la hora de fijar una fecha para el correspondiente debate, el defensor particular del par de funcionarios, el doctor Jorge Dames, había apelado la resolución del Tribunal respecto a la prescripción del delito también para los dos involucrados, con la pretensión de que se corriera con la misma suerte que con Maggiori. Empero, días pasados la Cámara de Apelaciones de Azul rechazó el planteo, convalidando lo actuado por los actores judiciales locales.

Así las cosas, recientemente se celebró la audiencia previa al juicio en que las partes ofrecen formalmente la prueba a incorporar el venidero debate. Allí, informalmente el doctor Dames habría informado a las partes que había una vez más apelado la resolución camarista y ahora el entuerto judicial quedará en manos de Casación. Asimismo, el abogado solicitó evacuar un cúmulo importante de pruebas a sumar a la causa.

Una vez agotada esta instancia, se desprende que ya no queda margen de tiempo para que el juicio se celebre este año y, contando con el cronograma de debates que ya viene diagramando el Tribunal, la instancia oral y pública podrá concretarse a mediados del año próximo.

Si bien los carriles judiciales son independientes de los tiempos políticos,  a nadie se le escapa que de concretarse el juicio por esa época se estaría transitando meses con clima electoral, un dato nada anecdótico para las huestes políticas locales.

El expediente

Como oportunamente se informó sobre el expediente iniciado en 2011 con una denuncia realizada por el cuidador Jorge Cuenca, para el Ministerio Público hay pruebas suficientes para endilgarle la responsabilidad penal por las irregularidades detectadas en la concesión del circo de carreras de Villa Aguirre. Causa por la cual había sido imputado el empresario Daniel Héctor Blanco por “Fraude en perjuicio de la Administración Pública”, mientras que Pedro Horacio Espondaburu y Oscar Alberto Maggiori –ya sobreseído- quedaron acusados del delito de “Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público”, en tanto que Guillermo Gustavo Allasia, quedó imputado por “Peculado”, por los hechos ocurridos entre el 26 de febrero de 2006 y el 30 de julio de 2014.

Los hechos endilgados

Sobre el delito endilgado a los exsecretarios de Desarrollo Local, la acusación alude a que se hallaban a cargo de controlar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario del Hipódromo, y en dicho contexto funcional omitieron y retardaron efectuar los controles a los que se hallaban obligados, entre ellos, omitieron efectuar  inspecciones para verificar de esta manera el incumplimiento de la ejecución de las obras y su conservación, exigir al concesionario efectuara en tiempo y forma la reconstrucción y mantenimiento de la pista de carrera, de la empalizada y del cerco perimetral, que colocara el sistema de riego en la pista, entre demás exigencias ya citadas.

Sobre la acusación para con Guillermo Allasia cuando era responsable de la Dirección de Vialidad comunal, se señaló que se encontraba bajo la custodia (designado por la superioridad) de los camiones regadores de agua, entre otras herramientas y elementos, los cuales le habían sido confiados al funcionario en razón de su cargo para que los administre y haga prestar el correspondiente servicio público, en forma ilegítima dispuso que en provecho de la empresa Vistas Serranas SA, concesionario del Hipódromo, se utilizara un camión regador municipal, sustrayéndolo de esta manera del destino para el cual estaba asignado.

Debido a las directivas impartidas por Allasia, casi en forma diaria, entre el 1 y el 20 de febrero de 2006, y entre el 20 de febrero de 2006 y 2010, los empleados municipales debieron proceder a regar la pista de carreras del predio, siendo solventado tanto el combustible, reparaciones, como los gastos del camión por el erario público.