Durante la Worldwide Developers Conference realizada el lunes 9 de junio, Apple anunció la próxima llegada de iOS 27. Aunque la compañía confirmó que el sistema será compatible con dispositivos lanzados desde el iPhone 11 en adelante, la noticia ha generado una sensación de decepción entre los usuarios de modelos anteriores debido a la marcada segmentación de sus nuevas funciones.

El evento estuvo centrado en la integración de la inteligencia artificial a través de Apple Intelligence y mejoras en el asistente digital Siri. La empresa dedicó casi el doble de tiempo a explicar estas herramientas que a las mejoras generales de la plataforma. Sin embargo, se informó que gran parte de estas capacidades solo estarán disponibles en el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max y versiones posteriores.

Además, ciertas funciones avanzadas requerirán dispositivos con 12GB de memoria unificada, como los futuros iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone Air. Esto implica que quienes poseen equipos como el iPhone 14 Pro o modelos base no podrán acceder a las novedades más publicitadas del sistema operativo.

Craig Federighi, vicepresidente senior de ingeniería de software de Apple, señaló durante la presentación:

Creemos que los mejores sistemas operativos no solo se construyen sobre grandes avances, sino que se construyen cuidando meticulosamente los detalles.

Sin embargo, críticos del sector sostienen que la empresa ha descuidado a los usuarios que no pueden o no desean actualizar sus teléfonos cada año.

Tras probar la versión beta para desarrolladores, se observó que, al no contar con soporte para Apple Intelligence, los cambios en dispositivos como el iPhone 14 Pro son prácticamente imperceptibles. A pesar de que la actualización incluye mejoras en la seguridad infantil y transiciones de red más fluidas, la falta de nuevas funciones significativas para los modelos antiguos pone en duda el valor real de esta actualización para la mayoría de los usuarios.

La nueva funcionalidad permite gestionar préstamos personales desde el chatbot PIA de Banco Provincia en WhatsApp, sin necesidad de ir a una sucursal y con validación segura. Conocé el paso a paso para gestionarlos.

El Banco provincia lanzó una nueva opción de operación para sus clientes a través de los canales digitales: ahora les brinda la posibilidad de consultar, simular y contratar préstamos personales a través de WhatsApp.

“La iniciativa apunta a fortalecer la autogestión, ampliar el acceso al financiamiento y seguir ampliando los canales para contratar productos”, se indicó desde el Banco en un comunicado oficial.

El banco explicó que “la operatoria es simple y segura ”, indicaron.

Desde chatbot PIA del Banco, la persona debe ingresar a la opción Préstamo Personal, donde encontrará una oferta acorde a su calificación crediticia. La propuesta es la misma que también tiene disponible en Cuenta DNI y en el home banking.

Una vez visualizadas en el chat las condiciones del préstamo, la persona puede modificar el monto y el plazo de acuerdo con su conveniencia, siempre dentro del margen que le permite el Banco.

De esta manera, se unifica la experiencia digital a través de diferentes canales y se les ofrecen a las y los clientes diversas alternativas para contratar el préstamo. En todos los casos, se facilita la toma de decisiones con información clara sobre montos, plazos y tasas.

El Banco aclaró que en esta primera etapa, el nuevo servicio a través de la app de mensajería instantánea solo está disponible para empleados del sector público que cobran sus haberes a través del Banco.

De acuerdo a datos difundidos por la entidad, “actualmente, el principal canal de colocación de préstamos personales es la billetera digital Cuenta DNI, que en lo que va de 2026 permitió gestionar el 40% de todos los préstamos personales otorgados por Banco Provincia. Con el WhatsApp se abre una tercera opción para contratar este producto desde el smartphone”.

Iniciar el contacto

La persona debe escribir al WhatsApp oficial del Banco Provincia e ingresar al menú de opciones. Allí selecciona “Personas” y luego “Préstamo Personal”.

Identificación del cliente

El sistema solicita el número de DNI para validar la identidad. A continuación, se muestran los datos registrados para su confirmación.

Consulta de oferta disponible

Una vez validado, el sistema informa si existe una oferta de préstamo vigente. En ese caso, se detalla el monto máximo disponible para solicitar.

Acceso al detalle del préstamo

Si la persona está interesada, puede seleccionar “Quiero saber más” para conocer las condiciones: monto, cantidad de cuotas, tasa de interés (TNA) y costo financiero total (CFTEA).

Validación biométrica

Para avanzar, se realiza una verificación de identidad mediante biometría, garantizando la seguridad de la operación.

Personalización del crédito

Los/las clientes/as pueden aceptar la oferta o modificar variables como el monto y el plazo, según sus necesidades.

Revisión de documentación

Antes de confirmar, se ponen a disposición los Términos y Condiciones y el contrato del préstamo para su lectura.

Confirmación de la operación

Para finalizar, se debe seleccionar la opción “Confirmo préstamo”. Esto implica la aceptación de las condiciones y la contratación del crédito.

Recepción del contrato

Una vez confirmado, se recibe el contrato completo por correo electrónico y queda disponible en su legajo digital.

Gestión posterior

Desde el mismo canal, la persona puede acceder a información sobre cuotas, pagos, cancelación o revocación del préstamo.

El mercado de la telefonía móvil aguarda con expectativa las novedades sobre el Galaxy A57 5G, el próximo lanzamiento con el que la firma busca fortalecer su presencia en el segmento de gama media. Este dispositivo se perfila como el sucesor natural de los modelos previos, integrando avances tecnológicos que apuntan a mejorar la experiencia del usuario.

La incorporación de la tecnología 5G sigue siendo el eje central de la estrategia de la marca, permitiendo velocidades de navegación superiores y una latencia reducida. Aunque los detalles técnicos finales se mantienen bajo reserva, se espera que el equipo cuente con un procesador optimizado para la eficiencia energética y una pantalla de alta resolución que mantenga los estándares de calidad de la línea.

El desarrollo de este tipo de terminales responde a una demanda creciente de dispositivos que equilibren el costo con prestaciones de alto nivel. En este sentido, el Galaxy A57 5G llegaría para competir en un nicho donde la autonomía de la batería y la calidad de las cámaras fotográficas son factores determinantes para los consumidores.

A diferencia de los lanzamientos de alta gama, la serie A se caracteriza por acercar herramientas premium a un público más amplio. Se estima que la presentación oficial se realice en los próximos meses, siguiendo el calendario habitual de actualizaciones de la empresa. Por el momento, la expectativa se centra en cómo este nuevo modelo logrará diferenciarse de sus competidores directos en un mercado cada vez más exigente.

El senador de la provincia de Buenos Aires por el bloque Unión y Libertad, Carlos Kikuchi, volvió a presentar un proyecto de ley que tiene como objetivo restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias del territorio bonaerense. La iniciativa propone la prohibición de dispositivos electrónicos durante el horario de clases en establecimientos de gestión pública y privada, con el fin de mejorar la concentración de los alumnos y fortalecer el proceso de aprendizaje.

La propuesta establece que los estudiantes no podrán utilizar celulares ni otros equipos durante las horas curriculares. No obstante, el texto contempla una excepción para los recreos o intervalos de descanso, momentos en los que sí se permitiría el uso de estas herramientas. En los fundamentos del proyecto, el legislador argumentó que el avance tecnológico en la vida cotidiana obligó a abrir un debate necesario dentro del ámbito escolar.

“Resulta necesario lograr en la provincia de Buenos Aires una regulación dentro de las escuelas, al igual que en otros ámbitos de la vida cotidiana, en pos de mejorar la calidad educativa y fomentar la concentración y socialización entre los estudiantes”, sostuvo Kikuchi en la iniciativa presentada en el Senado bonaerense.

El texto también planteó que el uso permanente de los teléfonos móviles puede interferir en el desarrollo normal de las clases. Sobre este punto, el senador advirtió que la presencia de estos dispositivos en el aula suele interrumpir el proceso educativo.

“El uso de este tipo de dispositivos durante las horas de clases distrae la atención, molesta a los demás y le resta eficacia al dictado de las clases, produciendo trastornos en el aprendizaje”, afirmó el legislador al fundamentar su propuesta.

De todas formas, el proyecto contempló situaciones excepcionales en las que los celulares podrían utilizarse dentro del aula. En esos casos, la utilización de dispositivos deberá estar vinculada a actividades pedagógicas previamente autorizadas por docentes o autoridades del establecimiento. Para que esto sea posible, la iniciativa estableció que el uso de celulares deberá formar parte de un proyecto educativo específico, contar con autorización institucional y estar incluido dentro del plan de estudios correspondiente.

Cabe señalar que Kikuchi presentó el proyecto originalmente en 2024, pero perdió estado parlamentario. Por este motivo, en el actual periodo 154°, el legislador apuntó a darle tratamiento en las cámaras. Además, la propuesta indicó que las familias deberán ser informadas cuando el uso de dispositivos electrónicos esté contemplado dentro de una planificación pedagógica. En ese marco, las autoridades escolares deberán comunicar los contenidos, la duración del proyecto y los horarios de uso.

Según el legislador, el proyecto se apoyó en estudios que analizaron el impacto del uso excesivo de pantallas en adolescentes.

“La iniciativa se basa en experiencias internacionales y en estudios locales que revelan el impacto negativo del uso excesivo de pantallas en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes”, explicó Kikuchi.

La iniciativa presentada por Kikuchi se sumó a otros proyectos que buscaron regular el uso de tecnología dentro de las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el senador Emmanuel González Santalla también impulsó una propuesta en la Cámara alta para limitar el uso de celulares, aunque su proyecto incorporaba capacitaciones para docentes y campañas de concientización sobre bienestar digital.

Ambas iniciativas se vincularon con un debate más amplio que atravesó la Legislatura bonaerense. En 2025, la Cámara de Diputados otorgó media sanción a un proyecto impulsado por el legislador Martín Rozas, que propuso regular el uso de pantallas en las aulas secundarias. A su vez, el Parlamento bonaerense ya sancionó una normativa que limita el uso de celulares en los niveles inicial y primario, medida que buscó promover el uso responsable de las pantallas en la niñez.

Desde este jueves, los celulares importados ingresan al país con arancel cero. La medida completa el esquema establecido por el decreto 333, que en mayo de 2025 redujo el derecho de importación del 16% al 8% y fijó su eliminación total para el 15 de enero. La decisión impacta de manera directa en el precio de los iPhone, uno de los productos con mayor demanda entre los consumidores argentinos.

El objetivo oficial de la eliminación del arancel es facilitar las importaciones e intensificar la competencia en el mercado local para bajar los precios tanto de los dispositivos traídos del exterior como de los fabricados en el país.

Actualmente, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB se vende en MacStation a $2.999.990. Sin impuestos nacionales, ese mismo equipo costaría $2.281.361. En la misma tienda, el iPhone 17 Pro vale $2.699.990 y el iPhone 17, $1.999.990, todos con capacidad de 256 GB. La versión de 512 GB implica un adicional de $500.000, mientras que el modelo de 1 TB suma $900.000.

Entre los modelos de la generación anterior, el iPhone 16 Pro Max de 256 GB cuesta $3.199.990 y se puede pagar en 12 cuotas sin interés. El iPhone 16 Pro tiene un precio de $2.809.989 con financiación en 3 cuotas sin interés, y el iPhone 16 se consigue a $1.699.990 con 12 cuotas sin interés.

En Mercado Libre, el iPhone 17 Pro Max de 256 GB figura a $3.399.999 y el 17 Pro a $2.899.999, mientras que el iPhone 17 ronda los $2.000.000. El iPhone 16 Pro Max alcanza los $3.811.999.

Desde MacStation indicaron que la baja del 8% en los aranceles de importación ya fue contemplada en los precios de lanzamiento del iPhone 17 y en toda la línea disponible, anticipándose a la plena entrada en vigencia de la normativa. “Definimos trasladar este beneficio al precio final desde el momento del lanzamiento. Por este motivo, no resulta necesario aplicar nuevas reducciones en esta instancia, dado que el ajuste ya fue realizado”, explicaron, y añadieron que esta política permite ofrecer valores más competitivos desde la llegada del producto al mercado.

Alejandro Goldín, gerente general de Maximstore, consideró que la eliminación del arancel es “sumamente positiva para que el consumidor argentino pueda comprar tecnología en el país y por canales oficiales”. Además, señaló que la demanda por el iPhone 17 fue muy fuerte y que la oferta mundial fue limitada, lo que también repercutió en la Argentina, aunque aclaró que en Uruguay sí cuentan con stock del nuevo modelo.

Sobre la financiación, Goldín remarcó que la baja de tasas en los últimos meses incentivó el consumo y dio lugar a promociones que dinamizan las ventas. “Los 8 puntos de aranceles son 8 puntos de costos, así que el traslado a precios es bastante directo. En algunas categorías nos adelantamos a las bajas porque sabemos que el costo de reposición va a ser menor. A futuro somos muy optimistas en la categoría iPhone”, concluyó.

El Gobierno nacional eliminará desde este jueves 15 de enero totalmente los aranceles de importación para teléfonos celulares, lo que apunta a equiparar los precios locales con los de países vecinos, para fomentar así la competencia y accesibilidad a la tecnología.

Se trata de la segunda rebaja de aranceles a móviles importados prevista en el Decreto 333/2025. En mayo pasado, esos derechos cayeron del 16% al 8% y, a partir de este jueves, se eliminarán por completo.

De esta forma, los equipos dejarán de pagar ese impuesto y se abaratarían entre un 10% y 20%, según estimaciones del sector. Más allá de esta reducción que no será inmediata sino gradual, seguirá siendo hasta un 40% más barato un celular en Chile, Paraguay o Estados Unidos.

De hecho, un iPhone 17 Pro (256 GB) que en Argentina está $2.899.999 se puede conseguir en Ciudad del Este, Paraguay, en torno a los US$ 1.190, es decir unos $1.760.000. En Chile, el valor es de unos US$1.600: esto es $2.368.000.

En el caso de los celulares producidos en Tierra del Fuego, la baja sería de entre un 10% y un 15%, como resultado del régimen de pequeños envíos desde la isla y de la eliminación de impuestos internos, medidas que rigen desde mediados del año pasado.

A partir de mañana, los aranceles de importación de celulares pasarán a ser del 0%.Menos impuestos, más competencia y mejores precios para todos.Dios bendiga a la República Argentina.Fin.

Cabe recordar que hasta mayo tributaban 16%, y a partir del 21 de ese mes se redujo a la mitad (8%). Además, las consolas de videojuegos pasaron de pagar un 35% al 20%, igualando el Arancel Externo Común (AEC) vigente.

Si bien antes de los cambios, comprar un celular del exterior implicaba pagar una carga impositiva muy alta, que combinaba aranceles y tributos internos y podía sumar más de un tercio del valor del equipo, los cambios en mayo no impactaron como se esperaba en la baja de precios.

El director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se refirió a la reciente ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que prohíbe el uso de celulares en las escuelas primarias. El funcionario reiteró que no comparte el enfoque de la prohibición, aunque aclaró que trabajará en la reglamentación de la norma.

“A mí la palabra prohibición a veces me hace un poco de ruido”, admitió en dialogó con una radio de La Plata, al tiempo que subrayó que la Dirección General ya venía abordando el tema en jornadas pedagógicas y en debates con docentes.

Sileoni explicó que la ley, de apenas cuatro artículos, le da al Ejecutivo 180 días para reglamentarla. “Será un aporte más junto con otros elementos que estamos analizando respecto de un problema, que es el uso abusivo de la tecnología en la vida de las personas, y por supuesto en el ámbito escolar”, dijo.

El funcionario se encargó de remarcar su desacuerdo con una visión absoluta: “Estamos en una tesis de no prohibición, pero la no prohibición no significa alentar que se use el teléfono todo el día en la escuela”, marcando sus diferencias con los autores del proyecto, que se escudaron detrás de una situación “de salud” comparándola con “una pandemia”.

Abordaje integral Sileoni planteó la necesidad de pensar el problema de manera integral: “Los chicos están el 15 o 20% de su vida en la escuela. El resto es interacción con su familia y con la sociedad. ¿Es un problema escolar? Sí, pero no es solo un problema escolar. Necesitamos también que haya adultos responsables.”

Respecto de la convivencia cotidiana, recordó que muchas escuelas ya implementan limitaciones. “Muchos docentes ya lo están haciendo. La no prohibición confía en el criterio de las escuelas y de los docentes respecto del uso del teléfono y del soporte digital, porque todos ya entendemos que es nocivo el excesivo uso.”

Sin embargo, reconoció que no siempre es fácil de controlar: “Las escuelas nos transmiten que a veces se desmadra, a veces no pueden controlar, hay aulas muy grandes de más de 25 alumnos y entonces eso se hace complejo.”

En esa línea, diferenció entre usos problemáticos y usos pedagógicos. “Un día necesito el teléfono activo porque los hago buscar información. Lamentablemente no tenemos más Netbooks y eso cuesta más, entonces el teléfono es una herramienta.”

Sileoni señaló que a nivel mundial tampoco hay consenso. “No veníamos de una tesis prohibicionista. Hay países que intentaron prohibir y luego salieron de la prohibición; otros al revés. Estamos tanteando cuál es la mejor solución para un problema que debe ser erradicado.”

Y cerró con una definición: “La mejor solución siempre es hablar con los chicos y que adviertan que hay una vida más allá de la pantalla. La relación digital es mucho más chata, mucho más pobre que la relación humana de cara a cara.”

La investigación del caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suma pruebas que complican al extitular de la entidad, Diego Spagnuolo. Luego de la declaración del exasesor de La Libertad Avanza (LLA), Fernando Cerimedo, la Fiscalía comprobó que el exfuncionario borró mensajes de su celular antes de entregarlo a la Justicia y de que le allanaran la casa.

Además, previo a que allanen su casa en un barrio privado de zona norte, Spagnuolo quiso conectarse a su cuenta de WhastApp desde otro dispositivo. Así lo determinó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), a requerimiento de la Justicia. Esto complica la situación judicial de Spagnuolo, que evalúa convertirse en testigo arrepentido y continúa sin abogado defensor.

En las últimas horas, el juez federal Sebastián Casanello dispuso el levantamiento del secreto de sumario en la causa para que las partes puedan a acceder al contenido completo de la investigación y permite al exfuncionario conocer en detalle las pruebas en su contra.

Durante el período de reserva, la Justicia avanzó con allanamientos, secuestros de documentación, dispositivos electrónicos y la recolección de testimonios relevantes. Uno de los procedimientos más significativos tuvo lugar en la caja de seguridad de Spagnuolo en el Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2000 euros, pese a que el exfuncionario había declarado apenas 25 mil dólares al asumir el cargo.

Ahora, con el expediente abierto, Casanello y el fiscal Franco Picardi retomarán el análisis de la prueba recolectada. El foco inmediato estará puesto en las contrataciones entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker.

La firma concentró el 22% del volumen de una licitación por $24.000 millones y acumuló contratos por más de $55.000 millones con el organismo durante la gestión de Spagnuolo.

En paralelo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) sigue analizando la legalidad y los precios de los contratos observados. Aunque todavía no se expidió, las sospechas giran en torno a supuestos direccionamientos y sobreprecios.

El mercado de la tecnología se prepara para un nuevo hito. Apple ha confirmado la fecha de presentación de su próxima generación de smartphones, el iPhone 17, que vendrá acompañado de las versiones Plus, Pro y Pro Max. El evento, que promete marcar un antes y un después para la compañía, se llevará a cabo el próximo martes 9 de septiembre.

La presentación será en Cupertino, California, y se podrá seguir en línea a través del sitio web oficial de Apple. La expectativa es alta, no solo por la actualización de hardware, sino también por los cambios estratégicos que la compañía planea implementar en su línea de productos.

La nueva familia del iPhone 17 comenzará a comercializarse en los días posteriores a su presentación.

La distribución en América Latina y Asia comenzará semanas después, en una fecha aún por confirmar.

Aunque Apple no ha revelado los precios oficiales, las estimaciones de analistas y las filtraciones sugieren que los costos serán similares a los de la generación anterior, con algunas variaciones según el modelo y la capacidad de almacenamiento.

Estas son las proyecciones iniciales:

El magnate detrás de SpaceX confirmó que, a partir de este mes, algunos teléfonos inteligentes podrán acceder gratuitamente al internet satelital de Starlink en lugares sin cobertura celular, gracias a una alianza con T-Mobile. El objetivo es garantizar conexión básica en zonas remotas o fuera del alcance de redes móviles tradicionales.

La novedad se implementará desde el 31 de julio de 2025 y representa un paso fundamental hacia la democratización del acceso a internet en todo el mundo.

La conexión se activará automáticamente cuando el celular no detecte señal de redes móviles. En ese momento, el usuario verá en pantalla la leyenda “T-Mobile SpaceX”, indicando que el dispositivo está utilizando la red Starlink.

Inicialmente, la conexión gratuita permitirá enviar y recibir SMS, compartir ubicación en tiempo real y utilizar servicios de emergencia como el 911. En etapas futuras, se incluirán llamadas de voz y navegación de datos.

La conexión gratuita estará disponible únicamente en celulares de menos de 4 años de antigüedad. Entre los modelos confirmados:

Samsung

Apple

Motorola

Google

T-Mobile

La lista podría ampliarse próximamente, a medida que se sumen más dispositivos compatibles.

Starlink es el servicio de internet satelital de SpaceX que utiliza miles de satélites en órbita baja para ofrecer conexión en todo el planeta. Hasta ahora requería la compra de un kit especial, pero con esta nueva función, los usuarios podrán acceder directamente desde su teléfono móvil.

Esto significa que personas en zonas rurales, en rutas, en montañas o en áreas sin infraestructura podrán enviar un mensaje o pedir ayuda, algo impensado hasta ahora con redes tradicionales.

La comisión de Educación de la Cámara de Diputados bonaerense emitió despacho favorable al proyecto de ley del legislador Martín Rozas (Unión Renovación y Fe), el cual plantea limitar el uso de celulares y pantallas tecnológicas en las aulas de las escuelas secundarias de gestión estatal y privada en la provincia.

El cuerpo parlamentario presidido por la diputada, Fernanda Díaz, aprobó la iniciativa con un amplio apoyo de Unión por la Patria, mientras que desde el radicalismo adujeron que ya existe una normativa que regula el uso de dispositivos móviles en las escuelas de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, la diputada del bloque UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, indicó que ya existe una normativa al respeto y que presentará un dictamen en rechazo. “El oficialismo termina reconociendo, en definitiva, que no pueden hacer cumplir una norma y por eso quieren inventar otra”, argumentó.

En rigor, la resolución 778 implementada en 2016 por la Dirección General de Cultura y Educación habilita el uso de los celulares por parte de los alumnos y los docentes, únicamente “como recurso pedagógico didáctico, incorporando los dispositivos como parte de su planificación anual y enmarcados en el Proyecto Institucional”.

Según pudo reconstruir este medio, el descargo fue efectuado en la comisión de Educación por las diputadas Malaisi y Anahí Bilbao, en donde también reclamaron que los únicos proyectos que el cuerpo trata son los que el oficialismo considera, dejando de lado las iniciativas opositoras.

Con relación al proyecto de Rozas, este establece que los alumnos de nivel secundario sólo podrán utilizar los celulares cuando sea parte de un proyecto pedagógico que fundamente su uso; cuando esté autorizado por las autoridades del establecimiento; cuando esté expresamente incluido en el Diseño Curricular; y cuando esté explicitado en la planificación de contenidos de la asignatura.

Por otra parte, la comisión de Educación de la Cámara baja aprobó otros expedientes, entre ellos el impulsado por la diputada Luciana Padulo (UxP) que instituye al 2 de abril de cada año como el Día Provincial de la Concientización sobre el Autismo.

Además, también tuvo dictamen favorable la iniciativa que establece el uso de pictogramas en establecimientos educativos de gestión estatal y privada para facilitar la accesibilidad de información a personas con dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal.

En un país de grietas, el uso del celular en el aula viene enredando a docentes, expertos y familias en un Boca-River interminable. En efecto, desde la masificación de los teléfonos móviles, habitamos una polarización que es imprescindible cuestionar: en un comienzo los primeros (y muy sencillos) dispositivos fueron vistos como los enemigos de la escuela, pero, de algún modo, terminaron presentándose como gran solucionador pedagógico.

Los teléfonos otorgaron a las aulas un aire de modernidad, de escape a “lo antiguo”, y de “adaptación a la época”. La pandemia acompañó esta posición optimista: durante 2020 y gran parte de 2021, estudiantes y docentes que pudieron mantener algún tipo de vínculo pedagógico lo hicieron, fundamentalmente, gracias a la existencia de los celulares.

Según información actualizada, ese primer acercamiento se revela, cuanto menos, un tanto ingenuo. El informe “Celular en el aula: uso, distracción y aprendizajes” de Argentinos por la Educación, descubre que encabezamos un ranking preocupante: en Argentina, el 54% de los chicos de 15 años afirma distraerse en clase de Matemática por el uso del celular, siendo este el porcentaje más alto de los 80 países que participaron en las pruebas PISA. El escenario se complica aún más cuando tomamos nota de que 1 de cada 5 chicos dice que se distrae, pero a raíz del uso del celular que utiliza su compañero.

Es importante aclarar que son los mismos chicos quienes cuentan estas cosas. Es decir, ya no se trata de algo que los expertos señalan, ni de una opinión de los docentes. Aquí son los adolescentes quienes toman la palabra para mostrarnos dónde está apretando el zapato al sistema educativo.

Por otra parte, los países cuyos estudiantes reportan más distracciones asociadas al uso del celular, son los que registran resultados más deficientes en Matemática, mientras que aquellos que poseen regulaciones más claras y/o estrictas miden mejores aprendizajes. Todo parece indicar que si ponemos en un platillo de la balanza los “usos pedagógicos” del celular en la escuela y, en el otro, los problemas que nos trae su permanente y casi inmanejable presencia, el segundo platillo será el que más peso nos muestre.

El mundo parece estar haciéndose cargo de esta situación. Según la UNESCO, 1 de cada 4 países estableció algún tipo de restricción respecto del uso de los celulares en la escuela. También, en Argentina, varias jurisdicciones provinciales están tomando medidas de mayor rigidez en este sentido. Pero, ¿acaso es tan simple, en un país como el nuestro, decretar prohibiciones de un día para el otro?

En las escuelas argentinas, el celular es el pilar de una didáctica de la pobreza, y es por esto que su prohibición lisa y llana trae complicaciones. Reflexionemos: la escuela pública argentina, ¿posee bibliotecas con libros de calidad y en número suficiente para todos los estudiantes, más allá de los “pdf del celu”? ¿Existe disponibilidad de computadoras con software educativo y actualizado que habiliten la formación de una cultura digital saludable por fuera del smartphone? El wifi institucional, ¿tiene alcance suficiente como para no estar obligados a acudir a los “datos” de los móviles de los estudiantes?

Prohibir el celular en las escuelas tal vez sea necesario para caminar hacia aprendizajes de mayor calidad, pero para esto es imprescindible dotar a las instituciones de recursos alternativos potentes y diversos que fortalezcan a los maestros en su tarea de enseñar. Caso contrario, la prohibición caerá en saco roto o reforzará desigualdades preexistentes: las escuelas con más posibilidades propiciarán mejores alternativas pedagógicas, mientras que los estudiantes de sectores más vulnerables volverán “al celu”, sencillamente porque a sus maestros no les queda otra.

La sociedad actual se encuentra atravesada por el cambio constante, y este se ve acompañado de usos cada vez mayores de tecnologías digitales. Independientemente de los diversos estatus socioeconómicos, casi –si no todas– las personas en Argentina tienen hoy en día un celular, a tal punto que UNICEF demostró que el 83 % de los chicos y chicas argentinos adquieren su primer celular con acceso a internet entre los 9 y 11 años. En este contexto de modificaciones instantáneas existe una carencia de reflexión sobre cómo se transforma y a quiénes afecta, lo que se ve reflejado en la escuela.

El uso desmedido de las tecnologías –y más específicamente del celular–, aunque conlleve ciertos beneficios, perjudica el desarrollo de los niños y niñas. Los efectos atencionales en el ámbito escolar son cada vez más perniciosos, lo cual se evidencia en un informe de Argentinos por la Educación sobre el uso del celular en el aula de niños de 15 años en 2022, donde el 54 % de los estudiantes declararon distraerse. Además, afecta al bienestar emocional por comprometer las interacciones entre los estudiantes y acrecentar la ansiedad que cada uno puede experimentar. Al identificar las problemáticas que el uso del celular en el aula produce, junto con indicadores para respaldarlas, parecería lógico recaer en la prohibición de los mismos, pero eso contemplaría solo una parte de la imagen dejando afuera los beneficios que provee, como también la realidad que transitan los estudiantes.

Por un lado, es necesario considerar que los riesgos de dependencia sobre los celulares, sobre todo por parte de los niños/as, son inminentes. En este sentido, se manifiestan las damnificaciones como deficiencias atencionales, incremento de ansiedad y problemas de vinculación. Por otro lado, al estar en esta sociedad cambiante enfocada en el uso de las tecnologías digitales, es menester no soslayar la necesidad de preparar a los estudiantes para incorporarse en la vida social de la mejor manera posible. Asimismo, entender el beneficio que el uso del celular puede traer en términos pedagógicos.

Entonces, ¿cómo actuar hoy, preparando a los niños y niñas para el mañana, permitiéndoles insertarse en la sociedad eficientemente pero mitigando los efectos negativos del uso del celular en el aula?

El primer paso es la inclusión de la pluralidad de voces. Mientras el foco de los indicadores y el análisis al respecto de este conflicto se centra en los niños y niñas, no parece haber un espacio para que expresen su propia opinión. Tampoco se transmite a gran escala a los estudiantes los posibles riesgos que este uso constante puede generar en ellos. Es identificable social y culturalmente una ausencia de comprensión sobre el fin de las relaciones entre adultos y niños/as como un mero depósito de conocimiento, ya que en esta cultura prefigurativa los niños/as son también creadores del saber. La consideración de sus opiniones no implica la ruptura de las relaciones de cuidado e instrucción de los adultos sobre ellos, sino que la retroalimentación permitirá un mejor uso e implementación de regulaciones que los beneficien realmente. Es crucial contemplar que hoy en día el conocimiento es dinámico y fluye en múltiples direcciones.

En este intercambio de roles que se vuelven fluctuantes, es esencial desarrollar estrategias que permitan la comunicación y el aprendizaje intergeneracional, fomentando el respeto mutuo entre jóvenes y adultos en un mundo en constante evolución. Por consiguiente, esta multiplicidad de voces claramente necesaria, debería incluir tanto a los niños/as como a los docentes y a las familias, que terminan siendo los adultos más repercutidos por la problemática y –al igual que los niños/as– ampliamente excluidos del debate.

La autora es Licenciad en Ciencia de la Educación. Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación USAL

Mientras lee estas líneas, a alguien le vaciaron la cuenta, le aprobaron un crédito que no pidió o se le realizó una transferencia sin su autorización. Al reclamar, encuentra siempre la misma respuesta: “El sistema lo autorizó”.

Ese “Sistema” se presenta como un argumento incuestionable y distante que las entidades financieras utilizan como escudo. Sin embargo, el sistema no es seguro, ni en términos técnicos ni jurídicos. Esta advertencia fue señalada hace más de veinte años.

En la actualidad, se denomina “firma” a elementos que no lo son. Se validan operaciones millonarias con un simple código SMS o un token de seis dígitos, bajo la presunción de que representan fielmente la voluntad del cliente. Sin embargo, la firma electrónica -sustentada en aplicaciones, claves y tokens- carece de valor legal pleno. No admite presunción de autoría, no garantiza la integridad y no atribuye responsabilidad concreta.

Esto lo establece la Ley 25.506: La firma digital, en cambio, cuando se respalda en un certificado válido emitido por una Autoridad Certificante licenciada, cuenta con valor probatorio pleno. A pesar de esto, el sistema bancario argentino optó por no adoptarla.

El certificado que nadie tiene

La diferencia es técnica y conceptual: El token bancario emplea tecnología simétrica: lo que el cliente sabe o posee, el sistema lo replica. La firma digital utiliza tecnología asimétrica: únicamente el titular puede generar la firma con su clave privada y cualquier persona puede verificar su autenticidad.

Esta diferencia coloca el control en manos del cliente y no del Banco. Ante un fraude, la trazabilidad digital permite demostrar quién firmó, en qué momento, de qué manera y desde dónde. Ese nivel de verificación no es un lujo, sino una posibilidad concreta.

El problema jurídico de fondo

Cuando un cliente desconoce una operación digital, el Banco exige que pruebe que no la realizó. Esta carga probatoria resulta inadmisible desde el punto de vista jurídico.

El artículo 7 de la Ley 25.506 establece que solo la firma digital otorga presunción de autoría. Si no se empleó este mecanismo, no existe fundamento para presumir la responsabilidad del cliente.

La Ley de Defensa del Consumidor establece que el proveedor debe comprobar que obtuvo el consentimiento libre e informado del usuario. Una transacción digital impersonal no acredita voluntad si la ley no lo establece expresamente.

Además, los bancos operan en un entorno que el cliente no controla, no diseñó y no puede auditar. Solo la entidad conoce si existió un error del sistema, una brecha de seguridad o un malware interceptando datos. El peso de la prueba recae en el banco, no por ideología, sino por lógica jurídica.

Del papel al sistema: ¿quién tiene la responsabilidad? En décadas pasadas, si un cliente perdía su chequera y no lo denunciaba, el banco no se hacía responsable por un cheque falso. Ese criterio se basaba en que el documento permanecía bajo resguardo del cliente. Hoy la infraestructura, el canal y el “papel digital” se encuentran dentro del sistema bancario. Por lo tanto, el deber de custodia recae en la entidad y, con él, la responsabilidad.

El Código Civil y Comercial establece que quien explota una actividad riesgosa responde de forma objetiva. El banco, además de prestar un servicio, administra un riesgo. Si lo hace de manera deficiente, debe responder, con independencia de la existencia de culpa.

La solución, disponible. No es necesario inventar nada. En 2004, en un libro publicado sobre esta temática, se propuso la creación de una Infraestructura Bancaria de Firma Digital (IBFD) basada en tres pilares:

Cada cliente debe contar con un certificado digital emitido por su banco, que asume el rol de Autoridad Certificante Licenciada.Cada operación relevante se firma digitalmente con plena validez legal.El Banco Central regula, controla y audita esta infraestructura de firma digital bancaria (PKI).¿Implica mayores costos? No, si se consideran los riesgos sistémicos que se podrían evitar y que actualmente son afrontados por el público. Además, es el propio usuario quien paga por el servicio. ¿Es un proceso más complejo? Tampoco: solo se requiere decisión del sistema financiero.

Un avance recienteCon el Decreto 743/2024 PEN, el Gobierno Nacional eliminó la exigencia de presencialidad para la obtención de un certificado digital, incorporando la validación biométrica remota. El trámite puede realizarse en minutos y la antigua excusa del proceso engorroso ya perdió vigencia. Esta simplificación también implica ahorro. Ante este escenario, resulta pertinente preguntarse por qué el atraso persiste.

Decisión pendiente: Argentina cuenta con la legislación, la tecnología, la doctrina, la jurisprudencia y la experiencia. Lo único que falta es decisión. No se busca limitar el avance digital, sino lograr que el sistema financiero acompañe esta transformación y proteja a la ciudadanía frente al fraude, la pasividad o la ausencia de responsabilidades.

El autor es Abogado, asesor de Bancos y Empresas. Autor del libro: “Firma digital. Ley 25.506 y Normativa vigente – Guía Práctica del Tratamiento de la Firma Digital en Argentina”

Cada 10 de junio se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Seguridad Vial, tratándose de una fecha que invita a toda la sociedad a reflexionar sobre la situación del tránsito en el país y a renovar el compromiso con la movilidad segura y sostenible.

Según los datos oficiales publicados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), durante el año 2023 se registraron 4.369 víctimas fatales en 3.642 siniestros viales en todo el territorio nacional. Esta cifra equivale a un promedio de 12 muertes por día. Por otro lado, de acuerdo al informe preliminar realizado por la Dirección de Estadística Vial de la Secretaría de Transporte de la Nación, en el 2024 se produjeron 2.343 siniestros fatales con un total de 3.894 fallecidos.

Una de las principales causas de accidentes es la distracción al volante y el uso del celular ocupa el primer lugar. Leer o responder un mensaje puede parecer inofensivo, pero si una persona baja la vista por tres segundos a 60 km/h podrá recorrer más de 50 metros a ciegas. Usar el celular, manipular el GPS o girar para hablar con quienes van en los asientos traseros compromete la atención plena que la conducción exige y esa distracción, en un instante, puede cambiarlo todo.

Conducir, entonces, no es solo moverse de un punto a otro, es elegir a cada momento cómo hacerlo. Desde los organismos de seguridad vial indican que se deben respetar las velocidades máximas, mantener la distancia, ceder el paso, usar las luces correctamente, evitar el alcohol y cualquier sustancia que altere los reflejos. Sostienen que estas acciones pequeñas, sumadas en su conjunto, salvan vidas. Además, elegir bien también es una forma de cuidar a quienes cruzan en una esquina, a quienes comparten la ruta y a quienes esperan en casa.

Pero la responsabilidad no se agota en quien maneja, ya que la seguridad vial es una construcción colectiva. Por ende, tanto peatones como ciclistas toman decisiones que pueden marcar una diferencia. Cruzar por la senda peatonal, mirar en ambos sentidos, respetar semáforos, usar casco y llevar elementos reflectivos de noche es de suma importancia.

Además, cuando hay menores a bordo, el compromiso es aún mayor. Desde la Dirección de Estadística Vial indican que ningún trayecto es tan corto como para no usar una sillita, mientras que ningún viaje es tan urgente como para olvidar de llevar puesto el cinturón. Los niños deben viajar en el asiento trasero, sujetos con sistemas de retención adecuados a su edad, peso y talla. Esos elementos, que en muchas ocasiones se subestiman, están diseñados para protegerlos ante cualquier frenada o impacto.

“En el tránsito, cada decisión cuenta. En un contexto donde los siniestros viales siguen siendo una de las principales causas de lesiones y muertes evitables, reflexionar sobre el autocuidado se vuelve urgente y necesario", manifestó Ailín Catalá, especialista en comunicación en salud y jefa de comunicación institucional de Ospedyc, en diálogo con Noticias Argentinas. “No se trata solo de cumplir normas: se trata de reconocer que cada persona tiene en sus manos herramientas concretas para proteger su vida y la de los demás. Sin embargo, basta con mirar a nuestro alrededor para entender cuánto cuesta, todavía, asumir ese rol”, agregó.

Por otro lado, comentó que “en muchas rutas y calles del país, las estrellas amarillas en el camino nos hablan sin decir una palabra. Son huellas de vidas que se apagaron de manera abrupta. Detrás de cada una hay una historia interrumpida, una familia atravesada por el dolor, un entorno que ya no vuelve a ser igual". Aun así, expresó que “no hace falta que un accidente sea fatal para cambiarlo todo” ya que “las secuelas físicas, los dolores crónicos, las discapacidades, el trauma emocional, todo eso también deja marca”. 

“Prevenir no es solo evitar muertes, sino elegir el autocuidado como forma de proteger la propia vida y la de los demás, evitando sufrimientos innecesarios, preservando la salud física y emocional y construyendo una convivencia más segura. El autocuidado se pone en práctica en cada decisión que tomamos al movernos: cuando prestamos atención, respetamos las normas y actuamos con responsabilidad, reducimos riesgos y marcamos una diferencia”, finalizó la especialista.

El diputado provincial e integrante del bloque de Unión por la Patria (UxP), Carlos Puglelli, presentó un proyecto de ley para prohibir la publicación de reseñas anónimas o falsas sobre productos, servicios o establecimientos comerciales en plataformas digitales que operen en la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Puglelli estableció en su iniciativa que todas las reseñas publicadas en plataformas digitales deben estar vinculadas a usuarios identificados con nombre completo, correo electrónico verificable y, cuando se solicite, un número de teléfono móvil.

Asimismo, el texto legislativo prohíbe expresamente la publicación de reseñas anónimas o bajo seudónimos que impidan identificar al autor. En esos casos, las plataformas tendrán la obligación de eliminar dichas reseñas para evitar la difusión de información falsa o engañosa.

Al respecto, el diputado Puglelli explicó que la propuesta busca evitar que “usuarios no identificados publiquen comentarios sin responsabilidad ni verificación, afectando la veracidad de la información disponible”.

En esa línea, el proyecto también contempló un derecho de réplica para los titulares de productos, servicios o establecimientos que consideren que una reseña es falsa, injuriosa o no corresponde a una experiencia real.

En todos los casos, los damnificados podrán solicitar la eliminación de la reseña, aportando la documentación que acredite esa circunstancia y las plataformas, por su parte, deberán resolver la solicitud en un plazo máximo de 20 días hábiles.

En tanto, la propuesta normativa establece que las plataformas deberán informar a los usuarios sobre las políticas de publicación de reseñas y las consecuencias de incumplir la ley. Además, estos sitios deberán garantizar un sistema seguro para la gestión y almacenamiento de los datos personales utilizados en la verificación de identidad.

El incumplimiento de las obligaciones podrá recibir sanciones que incluyen multas que van desde 10.000 hasta 100.000 unidades fijas, suspensión temporal de la actividad en la provincia en casos de reiteración o gravedad, y baja definitiva de la plataforma si se detecta un incumplimiento sistemático y continuo.

Por último, el proyecto prevé que la autoridad de aplicación será designada por el Ejecutivo provincial, la cual tendrá la función de supervisar el cumplimiento de la ley, mantener un registro actualizado de las plataformas que operan en el territorio bonaerense, recibir denuncias de consumidores y comerciantes, y aplicar las sanciones correspondientes.

Al mismo tiempo, la presentación de Puglelli también impulsó campañas educativas dirigidas a consumidores y comerciantes para fomentar el uso responsable de las reseñas en línea. Además, invitó a los municipios bonaerenses a adherir a la ley y a establecer normativas complementarias que faciliten su aplicación a nivel local.

A través del Decreto 333/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la reducción de aranceles de importación para teléfonos celulares y consolas de videojuegos, junto con la rebaja de los impuestos internos a productos electrónicos y a los fabricados en Tierra del Fuego.

La medida había sido anticipada la semana pasada por el vocero presidencial y legislador porteño electo Manuel Adorni en conferencia de prensa. Se terminó de cristalizar este martes en la normativa que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La medida se pretende que esté vigente hasta el 31 de diciembre de 2038.

En detalleLa normativa, que modifica el Decreto 557/2023, introduce cambios clave en la política tributaria aplicada a bienes tecnológicos. Mediante una baja escalonada del Derecho de Importación Extrazona (DIE), los aranceles de importación de los teléfonos celulares, que hasta ahora tributaban 16%, se reducirán a la mitad (8%) desde el miércoles 21 de mayo, cuando entre en vigencia el decreto, y quedarán eliminados totalmente el 15 de enero de 2026. Además, las consolas de videojuegos pasarán de pagar un 35% al 20%, igualando el Arancel Externo Común (AEC) vigente.

En este aspecto, el Ejecutivo argumentó en el texto oficial que la decisión “mejorará las condiciones de oferta de los bienes objeto de la medida, reducirá los precios de mercado y facilitará, consecuentemente, el acceso de los consumidores a dichos productos, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo tecnológico”.

Al mismo tiempo, se formalizó la reducción de los impuestos internos de 19% a 9,5% a los celulares, televisores y aires acondicionados importados, mientras que a los producidos en Tierra del Fuego se les bajará del 9,5% al 0%.

En este caso, la justificación oficial aludió a que lo dispuesto “redundará en la disminución de los costos de fabricación de las señaladas mercaderías, mejorando las condiciones de competitividad y productividad, y contribuyendo al aumento de la inversión productiva en el sector y de su disponibilidad en el mercado local”.

Desde el Gobierno confían que “la medida producirá una baja general de los precios y un aumento de la oferta de más y mejores modelos a través de una mayor competencia”, precisando que “se estima que los precios de los productos electrónicos importados bajarán alrededor de un 30%”.

Al respecto, destacaron que “esta reducción equiparará su valor en Argentina con los países vecinos y bajará también los precios de los productos provenientes de Tierra del Fuego”, detallando que actualmente los celulares de alta gama cuestan 2.566 dólares en Argentina, 1.290 dólares en España, en Chile 1.147, en el Reino Unido 1.143 y en Estados Unidos 1.011.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó en la mañana del pasado martes que, a través de un decreto que se publicará en los próximos días, se eliminarán los aranceles de importación de los teléfonos celulares, como así también se reducirán los correspondientes a las consolas de videojuegos.

Con el objetivo de fomentar la competencia, el Gobierno Nacional anunció que para celulares se reducirá un 8 por ciento a partir de la publicación del Decreto y el 8 por ciento restante se eliminará el 15 de enero de 2026. Además, los aranceles de las consolas de juego bajarán del 35 por ciento al 20 por ciento a partir de la publicación del mismo.

Para realizar un análisis sobre el alcance de la medida, este medio se puso en contacto con el sector empresarial que se dedica al rubro en cuestión, quienes aseguraron que la baja estimada va a ser superior al 30 por ciento en cuanto a lo que es el precio final que va a pagar el cliente. “Va impactar fuerte”, sostuvieron.

Federico Romera, responsable de Techno Computación, comentó que en lo que respecta a los empresarios la baja va a ser superior porque, como consecuencia de la misma, se va a aumentar la rotación. Advirtió que, específicamente en los celulares, el mercado está controlado por gente que ingresa artefactos de manera ilegal.

“En las redes sociales está lleno de gente que vende y en realidad es perjudicial para el sistema en blanco que importa y comercializa porque hace que el volumen de venta sea más chico. Hay un mercado informal muy grande de mercadería que se ve en todos lados y del que nadie habla, pero está presente. Hoy vos comprás un iPhone en cualquiera de estos lugares que venden por Instagram y no tienen estampilla de AFIP, eso no entra de manera legal”, sostuvo Romera.

A la hora de analizar comercialmente la decisión estatal, el responsable de la firma local aseguró que la medida no solamente va a mejorar la posibilidad de vender más barato sino que también dará la opción de realizar compras al exterior más abultadas.

“Hoy el negocio no está en cuanto al margen, sino en la rotación”, aseguró Romera que luego explicó que a partir de esta medida los comerciantes van a tener menos stock guardado como reserva de valor y van a bajar de precios para provocar mayores transacciones, “rotar más mercadería, que es lo que funciona en todo el mundo, eso hace que fluya de manera más dinámica”.

Al mismo tiempo, advirtió, que los empresarios y comerciantes tendrán que adaptarse y entender esta nueva dinámica, la cual es al revés a la forma en la que se venía trabajando en los últimos años. “Antes nos stockeábamos porque no sabíamos cuánto iba a salir las cosas y hoy tenemos que apostar a la rotación y bajar los precios para que el consumidor fuerce esa rotación”, aseguró.

Romera recordó la situación que se generó tiempo atrás cuando la gente viajaba al exterior a comprar celulares porque la suma del valor de los artefactos y el aéreo rumbo a un país, limítrofe generalmente, costaba menos que comprarlos acá. “Esto por donde se lo mire, sirve. No hay nada que vaya en contra el libre comercio, apunta a que se mueva más el mercado”, cerró.

La baja de impuestos en esta clase de artefactos electrónicos, consideran desde el sector, producirá un derrame para otros rubros ya que a la gente le va a sobrar plata para comprar otras cosas. El impacto directo será para los empresarios pero también aseguran que a partir del Decreto se está “mejorando todo el sistema comercial”.

Romera señaló que en la última década la disponibilidad de marcas en el país se había ido vaciando, sobre todo las marcas de alta gama que no querían operar en el país directamente por el bajo volumen de ventas. “No representábamos mercado para las marcas globales, estábamos afuera del sistema y creo que ahora va a haber mucho más ingreso de marcas que van a competir mejor”, explicó.

Relacionado a esto también aseguró que hay que descartar la idea de que esto ataque a la industria nacional ya que no hay fabricantes de celulares en todo el territorio argentino. En tal caso los componentes se producen afuera y se ensamblan en Tierra del Fuego. En el comunicado oficial se informó también que a los artefactos producidos en el sur del país se les bajará del 9,5 por ciento a cero.

“No va perjudicar a la industria nacional porque directamente no existe, pero no existe en la mayoría de los países, son muy pocos los que tienen la tecnología para hacer estos componentes, entonces no es que uno puede decir que esto va a ir en contra de la industria nacional”, concluyó.

¿Prohibir, restringir o integrar? Esa es la pregunta que atraviesa hoy a miles de escuelas en Argentina frente a un cambio de época: el uso del celular se ha vuelto casi inseparable de la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes, y su presencia en el aula desafía a la educación formal.

El tema llegó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, donde la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados despachó por unanimidad el proyecto de ley para regular la exposición de pantallas en las escuelas primarias y en la primera niñez. El proyecto que ya viene con media sanción del Senado, está en condiciones de ser tratado en el recinto.

Mientras tanto, los colegios privados ensayan estrategias para recuperar el foco pedagógico sin negar la realidad tecnológica. Según un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), hay escuelas que aplican restricciones totales, otras que delegan la decisión a sus docentes y algunas que apuestan por integrar los dispositivos de forma pedagógica.

“El uso irrestricto del celular interrumpe el acto pedagógico. Cada vez que los estudiantes miran una notificación, se produce un corte en la atención que cuesta varios minutos recuperar”, advirtió Tamara Iuso, vicedirectora del nivel secundario del Complejo Educativo Rubén Darío, en Villa Ballester.

El secretario ejecutivo de AIEPA, Martín Zurita, advirtió que la preocupación no se limita al uso de dispositivos, sino también al acceso cada vez más temprano: “Estamos viendo que, sin una regulación adecuada, las aulas pierden foco y calidad educativa. Por eso impulsamos espacios de intercambio entre instituciones para compartir experiencias y buenas prácticas”.

 El informe Kids Online Argentina 2025, elaborado por UNICEF y UNESCO, señala que el 95% de los chicos entre 9 y 17 años tiene su propio celular con acceso a internet, y el 88% se conecta casi todos los días desde ese dispositivo. Aunque muchos lo usan para estudiar, apenas un 60% sabe identificar si una fuente de información es confiable.

En ese contexto, algunas escuelas definieron estrategias concretas. En el Colegio Asunción de la Virgen, de Olivos, los estudiantes deben dejar sus celulares apagados en un box al ingresar al aula, y solo los pueden usar si el docente lo indica con fines pedagógicos. “Es necesario volver a fortalecer capacidades como la imaginación, la organización y el pensamiento complejo”, señalaron desde la institución. Para visibilizar el uso intencional, colocan un cartel en la puerta del aula cuando la tecnología forma parte del contenido.

Otras instituciones optan por dejar margen de decisión a cada docente. Es el caso del Instituto Avellaneda, donde algunos profesores piden que los celulares estén guardados, mientras que otros los permiten en momentos específicos. “A medida que se consolidan normas claras en cada materia, se logra un uso más responsable entre los estudiantes”, explicó Sandra Fernández, directora del nivel secundario.

 En paralelo, Fernández remarcó que trabajan fuertemente en la concientización sobre la imagen digital y el respeto por la privacidad: no se permite grabar a compañeros ni docentes ni compartir contenido en redes.

 Todas las experiencias coinciden en un punto: no hay recetas mágicas, pero tampoco lugar para la indiferencia. La escuela enfrenta el desafío de educar en tiempos de hiperconectividad, buscando el equilibrio entre el aprendizaje con tecnología y el vínculo humano que sostiene todo proceso educativo. El debate ya está abierto, y los colegios privados aportan pistas que podrían nutrir una futura legislación.

El gobierno nacional anunció este martes que se van a eliminar por completo los aranceles de importación para celulares, en un proceso que tendrá dos tramos. Además, se reducirán las cargas internas que pagan los teléfonos, los televisores y los aires acondicionados importados, como así también las tasas sobre esos productos que tienen origen en Tierra del Fuego.

El encargado de dar el anuncio tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, fue el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró que con el total de esta baja impositiva se estima que los productos electrónicos importados “van a bajar alrededor de 30% mínimo” y esto va a equiparar a la Argentina con el resto de los países vecinos.

En un mensaje en Casa de Gobierno, informó que se eliminarán los aranceles de importación de celulares, que son actualmente del 16%. La medida entrará en vigencia a partir de un decreto que se va a publicar antes del fin de semana.

La reducción impositiva sobre los celulares importados se hará en dos tramos: primero se bajará al 8% y tendrá efecto inmediato a partir de la publicación del DNU. Luego, a partir del 15 de enero de 2026, pasarán a 0%.

Adicionalmente, se bajarán impuestos internos de celulares, televisores y aires acondicionados importados, cuya carga impositiva pasará del 19% a 9,5%. Y para producidos en Tierra del Fuego, bajarán los impuestos del 9,5% al 0%. Además, Adorni informó que se reducirán los aranceles para la importación de consolas como Play Station o Xbox del 35% al 20%.

“Hoy un celular en Argentina cuesta el doble que en Brasil y Estados Unidos”, marcó el vocero y refirió que por la carga impositiva local “es más barato tomar un avión y comprar un celular en el exterior que en el país”. En ese sentido, estimó que “con el total de esta baja impositiva se estima que los productos electrónicos importados van a bajar alrededor de 30% mínimo“.

A modo de ejemplo, enumeró la diferencia de precios. De acuerdo a sus registros, un celular de alta gama cuesta en la Argentina US$2566, más caro que en Madrid (US$1290), en Santiago de Chile (US$1147), en Londres (US$1143) y en Nueva York (US$1011). Siempre en base a sus cálculos, una computadora laptop acá sale US$1931 contra algo más de US$900 en Chile.

“Esto reduce también contrabando y robo de celulares“, destacó el funcionario nacional e invitó a las provincias a seguir el camino de la reducción de impuestos, por ejemplo, Ingresos Brutos. “La plata que se roba el Estado con impuestos debe volver al bolsillo de los argentinos. Hagan patria y bajen los impuestos“, exhortó, quien también se encuentra en campaña para ser legislador porteño.