Tal lo informado en estas páginas, ayer se ventiló el veredicto en torno al nuevo juicio que se llevó a cabo en los tribunales de Azul contra el abogado Claudio Castaño, a quien se le endilgó el delito “Abuso sexual con acceso carnal”.

En coincidencia con los lineamientos del fiscal Marcos Eguzquiza, el juez Luis María Surget dio por probado los hechos ventilados, sentenciando a Castaño a la pena de 8 años y 10 meses de prisión, condena que se suma a la que ya transita bajo arresto por el delito de estafas.

Como se detalló, el debate, el cual desde el Tribunal se dio carácter de reservado ante el delito en juzgamiento, transitó por tres audiencias en las que se escucharon los testimonios de los testigos citados para la ocasión, para luego arribar a los alegatos de las partes. Con la prueba expuesta, para el magistrado quedó suficientemente acreditado el delito y falló contra el polémico letrado. 

Vale reseñar que la víctima que denunció el grave delito sufrido, presenta un cuadro psíquico vulnerable, lo cual oportunamente mereció su atención en el centro de Salud Mental, y actualmente sigue bajo tratamiento.

A más de seis años de iniciada la causa, el cuadro de la víctima no varió y se complejizó a la hora de ser notificado de que tenía que someterse el proceso que implicaba el debate oral. Incluso se procuró que prestara declaración de forma virtual, en pos de no hacerse presente en la sala de juicio, pero dichas circunstancias fueron rechazadas por el joven.

Al decir de las profesionales que intervinieron como peritos y también aquellas que forman parte del tratamiento de la víctima se confió a las autoridades judiciales que no podía afrontar una declaración de las citadas características, incluso a partir de ser notificado de la instancia evidenció trastornos psíquicos y psicológicos que desaconsejaron cualquier rigor procesal de esta naturaleza. 

Así las cosas, el magistrado aceptó la propuesta del acusador y más allá de la resistencia de la defensa se incorporó el testimonio que oportunamente había dado al joven, lo que valió de prueba fundamental para robustecer la hipótesis del fiscal a la hora de pedir condena. 

Los fundamentos

Al decir del juez, los testimonios de las peritos intervinientes afirmaron que el relato de la víctima resultó verosímil y coherente, descartando alucinaciones o fabulaciones, echando por tierra el argumento expuesto por la defensa de que la víctima estaba loco, que pierde la noción, y que como ahora está pasando por un delirio místico bien podría haber delirado en ese momento una historia fantástica.

Sobre el testimonio cuestionado, para Surget surgió en forma clara del testimonio de la víctima, que se opuso reiteradamente a la relación sexual, manifestándoselo verbalmente y que lo ocurrido fue en contra de su voluntad, hasta que logró sacárselo de encima.

Se añadió que las especialistas fueron coincidentes en la imposibilidad que tuvo la víctima de reaccionar y evitar que el hecho se consume por su cuadro de base. Dieron cuenta también de la verosimilitud y de la coherencia de sus dichos y de la falta de animosidad contra el imputado, expresando que por el contrario, lo sobrevaloraba, atribuyéndole cualidades engrandecedoras.

Dieron cuenta también de porqué adoptó la conducta posterior al hecho, en la que voluntariamente lo acompañó a un comercio a comprar comida, lo que sólo se logra entender si se conoce la patología que padece, explicada con claridad en el debate.

El juez concluyó en que el relato de la víctima no resultó mendaz, ni se encontró teñido de animosidad contra el imputado.

Ya abordando la conducta de Castaño, el juez destacó que al conocerlo con anterioridad por haber sido su cliente, debía conocer las limitaciones de la víctima, que eran palmarias, pues una de las peritos explicó que si una persona hablaba con él, tal vez no se podía dar cuenta que era una persona psiquiátrica, pero sí vulnerable o influenciable.

También al momento de efectuarse la denuncia, (26 de julio), fueron halladas lesiones que se condicen con el abuso sufrido.

El magistrado también valoró como dato que refuerza la veracidad de los dichos de la víctima, la circunstancia de haber sostenido siempre su relato, contando iguales versiones a diversas personas y en diversos momentos y el correlato anímico que todos relataron haber observado en él, con sentimientos de enojo, culpa por haber ido, temor a represalias por considerar al victimario una persona con poder y mucha vergüenza.

Analizada toda la prueba en su conjunto, Surget se quedó con la certeza de que el denunciado conocía, por su relación del pasado, las dificultades que la víctima presentaba, y se aprovechó de ello, sabiendo que más allá de su superioridad física, no iba a poder defenderse del ataque.

Se comprobó también, al decir del fallo,  que ambos concertaron un encuentro en el domicilio de Castaño, cada uno con una finalidad diversa, y que el mismo se concretó, tal como se acreditó con los testimonios de la víctima, los mensajes y audios que se enviaron por la aplicación Whatsapp, el recorrido observado en el celular de la víctima que el GPS registró, la descripción que realizó la víctima de la vivienda y de los objetos que tenía, que no pudo conocer en un encuentro anterior, ya que de los audios surgía que era la primera vez que iba, pues le preguntó que había en la dirección Alem 573, y también por las imágenes captadas por las cámaras que poseía la estación de Servicio Shell, ubicada a escasos metros del domicilio de Castaño que los muestra a ambos caminando juntos, sin otras personas a su alrededor, el día del hecho y en el horario posterior a su comisión, coincidiendo con la versión de la víctima.

El caso

Más allá del carácter reservado del caso que impuso la justicia azuleña, el hecho cobró notoriedad oportunamente, incluso a partir de declaraciones del propio imputado, que tras la denuncia y consiguiente investigación habló de una relación sexual consentida. 

Claramente que el Ministerio Público rechazó la hipótesis del abogado acusado, e insistió que quedó acreditado que el 11 de julio de 2016,  momentos antes de las 22, el acusado abusó, haciendo uso de la fuerza física, mediante intimidación y en contra de su expresa voluntad a la víctima. 

Según se informó sobre el suceso ventilado,  previo citarlo a su domicilio de calle Alem al 500, el imputado le manifestó "vení vamos a hacer algo entre nosotros, vamos a la pieza a estar más cómodos,  vamos a ver una película a la cama" y ante la oposición de la víctima, el acusado lo tomó de sus brazos conduciéndolo al dormitorio donde lo tomó del cuello, cerró la puerta y comenzó a forcejear para bajarle los pantalones al tiempo que le manifestó en forma intimidante "si no la querés pasar mal quedate quieto", atemorizando a la víctima dada su condición de abogado, e influencias y la posibilidad de que tuviera un arma de fuego en el lugar. Allí se produjo el abuso, hasta que la víctima logró zafarse de su atacante.

La primera condena

Sobre la situación de Castaño hasta ayer, cabe consignar que se encuentra detenido tras la resolución de Casación que ratificó el fallo en primera instancia que había fijado el juez del TOC 1 de Azul Gustavo Borghi, a propósito del juicio celebrado en septiembre de 2019, cuando Castaño fue sentado en el banquillo de los acusados por el delito de estafas a quienes eran sus clientes, delito por el cual fue condenado a la pena de 3 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo y mismo tiempo de inhabilitación para ejercer como abogado. Ahora se le suma esta nueva condena que será computada en lo que respecta a su prisión. 

En  las últimas horas, por orden del Tribunal Oral Criminal 1 de Azul, la policía procedió a la detención del controvertido abogado Claudio Castaño, quien deberá cumplir la pena que había fijado la justicia por un juicio celebrado en septiembre de 2019.

El abogado había arribado al debate acusado de defraudar a tres de sus clientes con el pedido de un dinero por fuera de los honorarios que serían para el pago de coimas tanto a funcionarios judiciales como policiales, en el marco de las causas en que estaban involucrados.

En efecto, el juez Gustavo Borghi, en coincidencia con lo que había postulado la fiscalía a cargo de Damián Borean, dio por probado los tres sucesos ventilados, independientemente de que en un par de ellos los propios damnificados cambiaron su postura en medio del debate en pos de beneficiar la situación de su otrora abogado.

Consecuentemente, resolvió condenar a Castaño a la pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y el mismo lapso de tiempo quedó inhabilitado para ejercer como letrado. A la vez, se le fijó una multa de 40 mil pesos por el “ánimo de lucro” al quedarse con dinero de las víctimas que, como oportunamente se indicó, confiaron dinero en tren de coimear a funcionarios judiciales y así mejorar la situación procesal que les cabía para instrucciones penales que pesaban sobre ellos. Hechos, circunstancias, que merecieron el comparendo tanto de los agentes judiciales como policiales que habían sido señalados como destinatarios de dichos sobornos, quienes negaron remuneración “extra” alguna como así también contacto bajo ese tenor con el polémico abogado.

Cabe consignar al respecto, que también el magistrado ordenó restricciones de acercamiento respecto a aquellos presentados como víctimas y sus respectivas familias, bajo el espíritu de aquella ramificación que surgió en plena audiencia, cuando en un cuarto intermedio testigos denunciaron amenazas de parte del letrado tras lo que habían expuesto.

A la vez, el condenado debió fijar domicilio en la ciudad, acudir una vez por mes de la dependencia policial y no podía irse del país.

El viernes pasado, desde Casación se ratificó la sentencia citada, por lo que a pedido de la fiscalía se hizo efectiva la medida coercitiva. Así las cosas, una comisión de la DDI de Azul arribó a la ciudad y procedió a la detención de Castaño, quien por estas permanecía en la dependencia policial con destino a la ciudad vecina, a disposición del Tribunal y del Servicio Penitenciario, quien determinará la unidad penitenciaria donde será alojado.

Durante octubre de 2018, la ciudad se conmovía por la desesperada búsqueda de un joven tandilense que a la postre sería encontrado en una macabra escena. Su cuerpo flotando en las turbias aguas de un arroyo vecinal. Se trató de uno de los homicidios más cruentos que recuerde la historia contemporánea local, a partir de un brutal accionar de los hoy detenidos que mereció la repercusión más allá de las fronteras serranas.

La investigación por el crimen de Jorge Bustamante ya concluyó y actualmente aguarda en el Juzgado de Garantías 2 para dirimir representaciones defensistas para con uno de los implicados y así trasladar el voluminoso expediente al Tribunal Oral Criminal 1, donde oportunamente se desarrollará el juicio contra los dos partícipes confesos del atroz asesinato, Nahuel Morales y Ángel Tami.

En exclusiva, este Diario accedió a los pormenores de una sórdida historia criminal en la que sobran condimentos escabrosos. Marginalidad, clandestinidad, consumo de droga a cambio de sexo y, en el medio, un abogado inescrupuloso que persuadió a su defendido para que introduzca en la macabra escena a un inocente que purgó por varios días prisión.

El crimen

En horas de la madrugada del 24 de octubre de 2018,  al menos dos personas que habían pergeñado robarle a Jorge Adrián Bustamante, con quien mantuvieron variadas comunicaciones previas durante la madrugada vía chats, hasta concertar un encuentro que iba a terminal mal, muy mal.

Alrededor de las 2, Bustamante salió de su casa de calle Mosconi al 600 con su Fiat Palio rumbo al barrio La Movediza, concretamente a inmediaciones de calles Alvarado y Santa Cruz. Allí y a partir de ese entonces, Nahuel Morales y Ángel Tami comenzaron a ejecutar su plan previamente concertado, entre lo que se contaba con la eliminación de Bustamante para facilitarles la sustracción de los bienes, apenas unos gramos de cocaína, un celular que luego descartaron y una zapatillas que tendría luego calzadas uno de los asesinos al momento de ser detenido.

Una vez concretado el encuentro, la pareja de maleantes empezó a golpearlo hasta dejarlo inmovilizado. Uno tomó el comando del auto de la víctima y el otro se ubicó en el asiento trasero junto a Bustamante, quien seguía privado de su libertad.

Emprendieron la marcha del lugar, recorrieron distintas calles de la zona hasta tomar un camino de tierra vecinal donde luego de varios kilómetros detuvieron la marcha y descendieron a Jorge Adrián Bustamante. Lo obligaron a arrodillarse y ya con la finalidad de ultimarlo, uno de ellos le aplicó un golpe de puño que lo derribó al piso para inmediatamente el otro arrojarle sobre la cabeza la rueda de auxilio del automotor en repetidas ocasiones,  hasta ocasionarle heridas tales que lo dejaron moribundo.

Posteriormente, una vez que subieron el cuerpo de Bustamante en el interior del baúl del automotor,  lo trasladaron hasta el camino vecinal “La Argentina” y por este recorrieron unos 5 kilómetros de distancia desde la ruta provincial 30 hasta el cruce del arroyo Langueyú, donde lo descendieron del auto para inmediatamente colocarle el cinturón de cuero con hebilla metálica de uno del agresores, utilizándolo como lazo para llevar a cabo su estrangulamiento hasta alcanzar su asfixia.

Una vez que lo ultimaron, los violentos asaltantes se apoderaron del automotor, de un par de zapatillas y del teléfono celular.

Para asegurarse del deceso y el ocultamiento del cuerpo, lo lanzaron al curso del agua del arroyo. Tras realizar el macabro accionar, los asesinos, a bordo del vehículo sustraído, regresaron a cercanías del domicilio de Piccirilli esquina Santa Cruz,  donde uno de ellos tomó un bidón con líquido combustible y la motocicleta del restante. Se dirigieron hasta calles Azucena y Galicia, donde habían abandonado el auto y  lo prendieron fuego con la finalidad de suprimir sus posibles huellas o rastros para lograr su impunidad.

Las horas previas

y el testigo clave

La noche previa al suceso, Angel Nahuel Tami y Sergio Nahuel Morales compartieron la cena en casa de Iván Andrés Nieves, donde también estuvieron Ariel Morales y su pareja, y a poco de retirarse estos últimos fue que Tami y Nahuel Morales comenzaron a encaminar su plan. Ambos comenzaron una comunicación vía mensajes con Bustamante a quien desde el inicio de esos contactos tenían la finalidad de asaltar, según ellos solamente para quitarle la cocaína que aquel llevaba a los encuentros.

Esa decisión común fue presenciada por el dueño de casa -Iván Nieves- quien no solamente escuchó alguna de esas conversaciones sino que al preguntar sobre lo que estaban haciendo recibió como respuesta que todo era para darle “un susto”, circunstancia que al testigo le dio la impresión de ser algo más serio.

Desde ese mismo momento y sin lugar a dudas el destino de Bustamante ya estaba señalado. Si el objetivo del asalto hubiese sido únicamente la cocaína que llevaba, el hecho se acotaba a muy escasas secuencias: la programación del encuentro, la actuación del sujeto de confianza -Morales- y luego la aparición en sorpresa del restante -Tami- para entre ambos reducir y desapoderar la sustancia ilegal; de ese modo, aún pese a ser conocidos de la víctima, se podrían asegurar que este no denunciaría un hecho en franca ilegalidad.

Lo cierto es que allí, cuando Bustamante fue abordado, para lo que se debe considerar su contextura física fornida y atlética, fue necesario además del factor sorpresa, forcejear y tomarlo a golpes de puño para poder inmovilizarlo.

La continuidad de los actos, como los llevados a cabo hasta ese momento fueron desarrollados con una clara división de tareas en la que la falta del aporte de alguno de ellos lo hubiese transformado en irrealizable. Así fue que Morales tomó la conducción del auto y Tami en el asiento posterior custodiando a Bustamante, a quien trasladaron hacia una zona alejada y luego allí una vez descendido del automotor fue que Tami le aplicó al menos un golpe de puño que lo derribó al piso, dejándolo sin articular maniobra defensiva alguna; ésta última condición fue necesaria para la continuidad del acto que se dio con Morales aplicándole los golpes en la cabeza con un objeto duro y romo que le provocaron aquellas heridas que lo dejaron moribundo y sin defensa alguna camino al arroyo y a la muerte.

Las confesiones

Al decir de la acusación, acerca de la confesión de los autores del asesinato, presentaron similar modo de exponer los hechos, en lo que si bien existe un primer reconocimiento cuyo hilo conductor era convocar a Bustamante para asaltarlo, los actos posteriores, al menos los que han considerado más gravosos, los narraron como espectadores de lo realizado por otro u otros, y así de tal modo responder hasta lo acordado.

Morales descargó en la figura de Ramírez (ver aparte) y Tami la realización global del hecho; en cambio Tami desligó a Ramírez del suceso e indicó que fue Morales el ejecutor del crimen.

Los dichos de Morales

Con respecto a la declaración de Morales, el acusador sostuvo que si bien resultó parcializado en un claro intento de mejorar su situación procesal al mencionar que no participó en los golpes que terminaron con la vida de Bustamante, sí reconoció que fue la persona que concertó la cita y lo hizo ir al encuentro donde luego fue abordado y trasladado hacia el lugar donde fue ultimado,  brindando detalles precisos y concretos acerca del hecho que concuerdan en gran parte con lo acreditado a través de las restantes probanzas colectadas en la instrucción.

Morales contó que aproximadamente un mes atrás había conocido a Bustamante, a través de la red social Facebook, ya que Bustamante se encontraba registrado como “Lucas Pardo” (Paredes) como alternativo.

Por esa vía coordinaron una noche en encontrarse, por ello Bustamante lo pasó a buscar por las calles Rosales e Ijurco, en horas de la noche en el Fiat Palio color gris.

Reseñó que en los encuentros previos se estacionaban en calles de tierra sin mucho movimiento y con poca luz, y en ese lugar las dos primeras veces mantuvieron relaciones sexuales en el interior del rodado.

Agregó que tenía sexo a cambio de cocaína, bolsitas de aproximadamente 4 gramos cada una de ellas y a su vez consumían en el rodado, ya que colocaban en el celular unas líneas y aspiraban.

Tras relatar otros varios encuentros con el mismo tenor y fin, brindó detalles de lo que sería la última cita, con Tami presente, para terminar en el cruento desenlace.

Contó que tras intercambiarse mensajes e imágenes de sus partes íntimas a través del chats de la red social volvieron a acordar verse.

Luego de concertar la cita, Morales dijo que se subió al asiento del acompañante del auto de Bustamante, quien emprendió la marcha hasta calle Chaperrouge. De ahí dobló a la izquierda hasta hacer varias cuadras en un recorrido que no supo precisar, hasta que se detuvieron en una esquina, en una zona media descampada.

Allí –recordó Morales- Bustamante detuvo el motor. Empezaron a mantener sexo y consumir cocaína hasta que al no poder consumar el acto íntimo Morales se bajó del auto y quedó parado al lado del asiento del acompañante. Allí aparecieron en escena –según Morales- Tami y Ramírez y éste último fue que sin mediar palabra empezó a pegarle piñas.

Describió que Tami luego también se sumó a los golpes contra Bustamante, quien les decía “que era el hermano del `Picu´ López de Las Tunas, que si querían droga o plata tenía en la casa lo que quieran”.

Es ahí –dijo Morales- cuando Tami le agarró el buzo a Bustamante y se lo levantó por la cabeza hasta cubrírsela, ocasión en que Tami y Ramírez le siguieron pegando trompadas a la vez que le decían que dejara de gritar como un “pu…, como si fuera una mina”.

Relató que luego Tami y Ramírez lo metieron dentro del auto, por la puerta trasera izquierda, donde se ubicó también Tami. En tanto Ramírez se subió al puesto del conductor, lo puso en marcha y lo sacó escarbando y se fueron.

Morales relató el recorrido previo del cual él participó hasta que luego los dos nombrados se llevaron a Bustamante con rumbo desconocido para él.

En efecto, aludió a que tomaron por Ruta 30 en dirección hacia la escuela Granja, donde luego de pasar por la misma bajaron en un camino de tierra que esta sobre mano derecha. Hicieron más de 15 o 20 kilómetros, pasando por la entrada al Haras General Lavalle. Allí, luego de pasar la entrada del Haras, antes de llegar a las vías, Ramírez detuvo el vehículo. Tami bajó a Bustamante del coche y ahí Bustamante preguntaba si le iban a matar, si le iban a pegar una puñalada.

Tami le ordenó que se arrodille y lo dejó por unos segundos en esa posición hasta que le volvió a pegar una trompada en la cabeza que provocó el desmayo de Bustamante que cayó al piso; ahí entre los dos lo agarraron el cuello y se lo doblaban hacia atrás. Lo llevaron al medio de la calle, donde Ramírez sacó la rueda de auxilio del auto y se la tiró en la cabeza. Acto que repitió cuatro o cinco veces.

Morales dijo que para él ahí aun Bustamante estaba con vida por que emitía un sonido. Que en ese momento él estaba shockeado, no sabía cómo reaccionar porque nunca había visto algo así.

Ya camino de regreso, Morales les dijo que él no quería saber nada con lo que estaban realizando por lo que Tami y Ramírez lo invitaron a bajarse del auto. Cosa que hizo y regresó a la casa de Nieves.

Al rato regresó Tami, quien le contó que habían arrojado el cuerpo en el arroyo que conocían como “el canalcito”, lugar que Morales conocía por ir a pescar y cazar.

En su confesión, el imputado también señaló que Tami le había descripto sobre el incendio del auto, aunque no sabía dónde había sido.

Morales en su testimonio no dejó de señalar que él pactó el encuentro con el fin de consumir droga, pero la intención no era asaltarlo.

La versión de Tami

La confesión de Angel Nahuel Tami tuvo muchas coincidencias con su cómplice, con un detalle nada menor, lo sacó de la escena a Ramírez y direccionó gran parte de la brutal violencia y conducción del plan en Morales, quien lo invitó a participar del encuentro con el fin de protagonizar el asalto y darle un susto a Bustamante.

Tami relataría cómo se desencadenó lo que se suponía que era un robo, en el cual lo iban a despojar de sus pertenencias e incluso le sacarían el auto con la promesa de dejárselo en un par de cuadras. Pero que se toparon con la resistencia de Bustamante que se subió por las suyas al auto por el asiento trasero, mientras que Morales ya había emprendido la marcha del vehículo.

El imputado replicó prácticamente el mismo recorrido trazado por Morales, con la salvedad que según él nunca lo agredió a Bustamante en el trayecto dentro del auto.

Volviendo al relato, ya en el camino de tierra por la escuela Granja, Tami describiría otra escena. Dijo que Morales paró la marcha del auto y le dijo a él que bajara a Bustamante. Cuando lo baja,  Bustamante le tiró una trompada que él logró esquivar y él reaccionó propinándole una piña en la cara de la víctima. Allí Tami dice que le dijo a Bustamante que se quede tranquilo. Lo sentó en la calle y es donde apareció Morales, quien le tiró con la rueda de auxilio en la cabeza, pensando que con dicho golpe lo había desmayado.

Morales le pidió que lo ayude a meterlo al baúl. Subieron al coche y Morales manejó hacia el arroyo, para dejar a la víctima por esa zona,  cosa que una vez que despertara tardara en volver y denunciarlos.

Una vez en el puente -siguió relatando Tami-, Morales le solicitó que le ayude a bajar a Bustamante del baúl y lo apoyaron sobre el piso. Allí Morales le pidió su cinturón, el que utilizó para ahorcarlo y arrastrarlo al arroyo, mientras que él se ponía al mando del auto para dar vuelta en U y emprender el regreso.

En su declaración, Tami dijo sentirse arrepentido del hecho y que nunca creyó que Bustamante estaba muerto. De hecho, al segundo día que se entera que estaban buscándolo y no lo encontraban,  se asustó.

Con relación al conocimiento sobre el hallazgo del cuerpo de Bustamante lo hizo cuando ingreso a la seccional tercera en calidad de detenido.

Sobreseimiento de Ramírez

y la intervención de Castaño

Cabe consignar que el curso de la pesquisa derivó en la imputación y consiguiente detención de Javier Emanuel Ramírez, quien a la postre sería sobreseído tras conocerse una sórdida y deleznable actitud de uno de los implicados y su abogado, según la confesión de uno de los acusados.

Como oportunamente se informó, a Ramírez se lo ubicó en el suceso criminal por los dichos de Morales, quien lo citó junto a Tami como los responsables del asesinato.

Al respecto, una vez indagado Ramírez, negó categóricamente esa versión, ya que no conocía ni a la víctima ni a los victimarios y que su relación tenía que ver con un antecedente violento con el abogado de Morales, el doctor hoy suspendido en su matrícula Claudio Castaño.

Al respecto, fue el propio Tami quien confió en que no conocía a Ramírez y que no había estado esa noche con ellos. Que una vez detenido fue que se topó en la comisaría con él y se anotició que también estaba detenido por el mismo hecho.

Al decir de la acusación del fiscal, surgió un cuadro probatorio que desvinculaba a Javier Emanuel Ramirez del hecho oportunamente endilgado, como así también que su mención en la causa surgió como consecuencia de “la deleznable maniobra puesta en escena por el defensor particular de Sergio Nahuel Morales, Claudio Castaño”, quien por intermedio de su defendido descargó con cierta malicia en Ramírez un claro acto de revancha de aquel que, previamente, habían protagonizado un incidente que derivó en una denuncia oportunamente detallada en estas páginas, incluso por el propio Ramírez.

Viaje a Mar del Plata

En este apartado de la causa, se transcribió los dichos de Tami respecto a los contactos con el abogado Castaño, con quien días posteriores al fatal suceso organizaron un fin de semana en Mar del Plata, junto con los dos hermanos Morales.

Castaño alquiló dos habitaciones de un hotel, período del fin de semana durante las cuales él y Nahuel Morales salieron a bailar y también fueron a la playa. Durante esa estadía,  Castaño les decía que había que encontrar un culpable, que había que poner a alguien en la causa tirando varios nombres entre los que se mencionó a policías, prestamistas y un director de Anses y un abogado también.

Recordó sobre la intervención de Castaño que inicialmente asumió su defensa y le aconsejo no declarar y cuando lo llevaron a la comisaria de las Flores tuvo una comunicación telefónica con el letrado y con el papá de los Morales,  mediante lo que le reforzaron una sugerencia que le había hecho el abogado previamente, acerca de que declare en el mismo sentido que Nahuel a cambio de una casa.

En uno de los traslados a las dependencias judiciales, Tami fue testigo cuando

Castaño le dijo a Emanuel Ramírez: “viste que no hace falta hacer una denuncia”.

Estuvo dieciséis días preso, involucrado por el asesinato de Jorge Bustamante. Sus pruebas y la declaración de uno de los detenidos por el crimen le dieron la libertad. Reconoció por aquellos días que vivía con miedo a que le pueda pasar algo a raíz de lo que acusó haber sufrido, “una cama”, de parte del controvertido abogado suspendido Claudio Castaño. Ahora, ambos protagonistas forman parte de otra instrucción penal, en la que se debate aquel incidente que los juntó en una sórdida historia personal y judicial.

A más precisiones, el fiscal Damián Borean formuló la requisitoria a juicio de una causa en la que Javier Emanuel Ramírez está acusado de “Robo agravado por el uso de arma”, suceso ocurrido a mediados de octubre de 2018, denunciado por Claudio Castaño.

La letra fría de la acusación fiscal remite a que ese día, pasadas las 22, el nombrado y otro cómplice se robaron, con violencia, un teléfono celular, una tablet y un reloj Cartier, propiedad de Claudio Castaño.

Para cometer el ilícito, los acusados interceptaron al abogado cuando se disponía a ingresar a su domicilio.

Según reza la acusación, allí Ramírez le exhibió un arma de fuego con el fin de intimidar a la víctima y previo hurtarse el reloj, le aplicó un golpe de puño que tiró al piso al letrado, circunstancia que permitió que se alzara con las otras pertenencias del agredido para así darse a la fuga.

Cabe consignar que la descripción de la imputación se condice con lo que oportunamente denunció el propio Castaño, quien identificó a Ramírez como su agresor, no pudiendo hacer lo mismo con el otro presunto cómplice.

En su denuncia, dijo que lo reconoció a Ramírez porque lo había visto por las redes sociales a partir de una “consulta profesional”, unos meses antes del robo.

Reseñó en el expediente que tras el acercamiento virtual, Castaño le aportó su número telefónico y se comunicaron para pactar una entrevista  profesional. Ramírez se apersonó a su estudio tras haber acordado dicho encuentro y ocurrió lo señalado.

Al decir de la acusación, la acreditación de la sustracción se dio cuando se halló en la propiedad del acusado el reloj Cartier, además de las lesiones que se observaron en el abogado de aquella agresión sufrida.

La otra versión

Si bien no parece haber discusión sobre el robo del reloj, sí la historia tiene otro cariz cuando se escucha la versión del acusado que, como se replicó en éstas páginas en aquellos días de conmoción por el asesinato de Bustamante, reconoció un altercado con Castaño, pero alegando otras circunstancias, que hacen a una relación sexual no consentida aquella noche.

Ramírez reconoció que concurrió solo al departamento de Castaño pero que era un encuentro con motivos sexuales y que no había sido el único, puesto que días anteriores habían concurrido ambos a un hotel alojamiento de la ciudad.

Según su relato, al llegar a la vivienda, Castaño intentó obligarlo a mantener relaciones sexuales y, ante la negativa del deponente, el abogado se puso violento. Ante ello él intentó convencerlo de que iba a acceder y aprovechó una distracción para golpearlo con un golpe de puño y llevarse las pertenencias señaladas y denunciadas por el letrado.

Ramírez luego confesó que antes de retirarse del lugar, Castaño le dijo que iba a tomar venganza por lo ocurrido y que se cuidara, lo cual le generó mucho temor. Al mes siguiente, Ramírez era apresado al ser sindicado por uno de los sospechosos (pupilo de Castaño) del crimen de Jorge Bustamante como parte del terrible suceso criminal.

Idas y vueltas

Por el hecho ventilado, el fiscal recibió la notificación de la Procuración que, analizando las características de los hechos investigados, delito imputado y condiciones personales del acusado (ausencia de antecedentes penales) se consideró procedente suspender el juicio a prueba, dado que la pena por el ilícito atribuido sería de tres años de prisión en suspenso. Condición que debía aceptar la defensa.

Empero, el denunciante Castaño al ser notificado de la decisión judicial imperante anticipó su rechazo, incluso exponiendo sus críticas para lo que fue la investigación del caso denunciado, con el aditamento incluso de pedir apartar al fiscal de la causa al considerar, entre otros argumentos, que no tuvo el mismo criterio que otras instrucciones.

Si bien no lo cita en el escrito, vale aclarar que las críticas al fiscal Borean no resultan casuales. Es el mismo fiscal que lo llevó a juicio en Azul, donde este año Castaño fue condenado por estafar a sus propios clientes, mientras aguarda por el debate de una acusación aún mucho más gravosa: un abuso sexual.

Ramírez lo había dicho

Cabe consignar que tras el crimen de Jorge Bustamante, detención y posterior liberación, Ramírez habló con El Eco de Tandil, entrevista en la que expuso lo que ahora está volcado en el expediente que le imputa el delito de lesiones y robo al abogado

“Todo se da a partir de que el abogado Claudio Castaño me contacta por una red social y sin conocerme, me empieza a mandar mensajes. Me escribió para que nos juntemos y tomar algo. Esto fue dos semanas antes de la desaparición de Bustamante. Cuando nos encontramos, él se ofreció a hacerme sexo oral a cambio de plata y droga, y en ese momento acepté. Sin embargo, en ese encuentro no me dio nada y me dijo que me daría lo prometido en una nueva cita”, contó por aquellos días de conmoción.

Agregó que “el sábado anterior a la desaparición de Jorge, me escribió diciéndome que vaya a la casa que me iba a pagar lo que me debía. Fui y quiso tener relaciones, a lo que me negué. Se enojó, me agarró y me defendí. Empecé a pegarle trompadas hasta verlo tirado en el piso y me llevé unas cosas de la casa, que eran un reloj y la computadora. En ese instante me dijo ‘no sabes con quién te estás metiendo, no necesito denunciarte por lo sucedido’, y acto seguido me fui de su casa”.

Esa frase amenazante que habría expresado Castaño generó en Ramírez mucha incertidumbre, por lo que decidió contárselo a varias personas por si a él le ocurría algo grave. “Lo hablé con mi familia y varios amigos por si me pasaba algo en la calle, para que ellos supieran de dónde podía venir la venganza. Muchos me dijeron que Castaño era una persona bastante complicada y que tuviera cuidado porque me podía llegar a mandar gente para que me hicieran algo. Por esa situación, avisé lo que me pasaba”.

Añadió que “nunca negué nada, ni que fui a su casa, ni que le llevé las cosas a modo de pago por no haber cumplido con lo que me había dicho”.

La sórdida historia vuelve al tapete ahora, con un avance judicial que lo llevaría a juicio a Ramírez por aquel suceso que lo llevó a relacionarse con Castaño y terminar involucrado en causas penales con derivaciones aún no resueltas.

Ayer, al mediodía, como el juez Gustavo Borghi lo había pautado, se conoció su veredicto en torno al debate por el que se resolvió la responsabilidad penal del controvertido abogado Claudio Castaño, quien arribó al juicio acusado de defraudar a tres de sus clientes con el pedido de un dinero por fuera de los honorarios que serían para el pago de coimas tanto a funcionarios judiciales como policiales, en el marco de las causas en que estaban involucrados.

El magistrado, en coincidencia con lo que había postulado la fiscalía a cargo de Damián Borean, dio por probado los tres sucesos ventilados, independientemente de que en un par de ellos los propios damnificados cambiaron su postura en medio del debate en pos de beneficiar la situación de su otrora abogado.

Consecuentemente, resolvió condenar a Castaño a la pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo y el mismo lapso de tiempo quedará inhabilitado para ejercer como letrado. A la vez, se le fijó una multa de 40 mil pesos por el “animo de lucro” al quedarse con dinero de las víctimas que, como oportunamente se indicó, confiaron dinero en tren de coimear a funcionarios judiciales y así mejorar la situación procesal que les cabía para instrucciones penales que pesaban sobre ellos. Hechos, circunstancias, que merecieron el comparendo tanto de los agentes judiciales como policiales que habían sido señalados como destinatarios de dichos sobornos, quienes negaron remuneración “extra” alguna como así también contacto bajo ese tenor con el polémico abogado.

Respecto a más medidas, el juez determinó órdenes de restricción de acercamiento respecto a aquellos presentados como víctimas y sus respectivas familias, bajo el espíritu de aquella ramificación que surgió en plena audiencia, cuando en un cuarto intermedio testigos denunciaron amenazas de parte del letrado tras lo que habían expuesto.

A la vez, el condenado deberá fijar domicilio fijo en la ciudad, acudir una vez por mes de la dependencia policial y no podrá irse del país (ya fue notificado Migraciones)

En cuanto al contradictorio relato de uno de los testigos, que buscó desligar al abogado y rectificó sus dichos en pleno juicio, como también lo había postulado la acusación, el juez dio traslado de las actuaciones para que investigue el posible delito de falso testimonio.

Cabe reseñar respecto a la sentencia condenatoria que el fiscal había pedido cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión. La defensa, en tanto, consideró que no se había acreditado la responsabilidad penal de su colega-pupilo y que no se había demostrado el perjuicio económico para las presuntas víctimas, por lo que había planteado la absolución.

Hechos probados

Claramente el juez Borghi se inclinó por la hipótesis fiscal y si bien no se conocieron detalles de los fundamentos de la sentencia, para la figura penal que estaba en juego resultó un veredicto contundente, con la singularidad que se alude a una condena de cumplimiento efectivo, instancia que evidentemente será recurrida por la defensa pero que, una vez ratificado el fallo por el tribunal de alzada, Castaño deberá purgar la pena detrás de las rejas.

Asimismo, queda pendiente la opinión de la Suprema Corte, a donde recayó un planteo de Castaño en procura de la suspensión a juicio del debate que igualmente el juez azuleño impulsó habida cuenta que de extenderse las etapas recursivas se corría serio riesgo de que la causa prescribiera.

El desenlace de esta saga judicial resultó la antesala de un juicio por venir, cuando el mismo juez determine la responsabilidad penal del mismo abogado con la misma defensora, esta vez con una imputación mucho más gravosa: abuso sexual.

Como se vino detallando en ediciones pasadas y tal lo supo reproducir en el alegato final el fiscal, las causas se iniciaron en el 2011, a partir de un denuncia de un hombre –aquí testigo- que confirmó haber sido víctima de una estafa y así se plasmó en el expediente, aunque más luego en su ampliación y lo expuesto en el recinto del Tribunal distó de aquellas apreciaciones. Más bien todo lo contrario. Negó que se haya sentido estafado por Castaño.

Su radical cambio de postura frente al juez le valió el reproche acusatorio, quien pidió que se investigue al contradictorio declarante por la comisión del delito de falso testimonio, solicitud que fue aceptada ahora en el fallo del magistrado.

El caso en cuestión ventiló que efectivamente el testigo le entregó parte del dinero que le había pedido Castaño en pos de mejorar la situación procesal, vía pago de coimas a agentes judiciales.

Como el propio Borean lo expuso, se trataba de una causa por una contravención. Léase que más allá del debido asesoramiento legal (en el expediente contaba ya con la intervención de un defensor oficial) su situación procesal -estaba aprehendido- no iba a perdurar por mucho tiempo. Su liberación era cuestión de horas. Empero, Castaño le pidió dinero más allá de los honorarios para despojarlo de dicha aprehensión, coima mediante a los agentes judiciales.

En ese tren se tomó nota del comparendo precisamente de los funcionarios judiciales que negaron de manera tajante haber tenido contacto alguno con el letrado y, mucho menos, el tenor de las presuntas conversaciones, acerca de recibir dinero para facilitar la situación del reo.

Para el resto de las acusaciones, quedó en claro el arreglo espurio al que fue sometido la otra de las víctimas de parte del ardid de Castaño, a la hora de pedirle dinero para coimear a un policía que tenía en custodia en la Seccional Segunda la motocicleta que se le había secuestrado, en el marco de una pesquisa por intento de homicidio.

También en este caso se puso en relevancia la creíble versión del papá del testigo, quien traído a juicio ratificó que efectivamente había tomado conocimiento sobre el pedido de dinero para los funcionarios judiciales y policiales.

Ya sobre la tercera maniobra, y la más contundente a la hora de calibrar el caudal probatorio, la pareja de testigos redundó en su credibilidad que ratificó sin titubear que fue extorsionada por Castaño. Más bien se trató de una tentativa puesto que finalmente no entregaron dinero alguno.

Como se detalló, todo se destapó cuando la propia mujer se apersonó en la sede judicial para entrevistarse con el fiscal Luis Piotti y pedirle un plan de pagos para la coima requerida. Lo que despertó la reacción judicial con la apertura de la causa en cuestión.

Sobre los testigos, se subrayó que fueron coherentes en tiempo, modo y lugar, como así también dejaron en evidencia la falta de animosidad contra el imputado.

Como lo supo exponer Borean y ahora ratificado por el juez Borghi, resultaron tres maniobras fraudulentas con un mecanismo común, sin dejar de señalar que no hubo ningún acuerdo espurio entre las partes involucradas para perjudicarlo, más bien lo contrario.

Insistió en que el letrado se aprovechó de la situación desfavorable que atravesaban los clientes en plenos procesos, con el aditamento del desconocimiento que estos tenían sobre los mecanismos judiciales. En síntesis, quedó sentenciado por defraudación –tres hechos- en concurso real, uno en grado de tentativa, con la condena ya descripta.

Según este Diario pudo confirmar de fuentes judiciales, el juez Gustavo Borghi del TOC 1 de Azul, que presidió el debate en torno a las acusaciones contra el polémico abogado Claudio Castaño, dio por acreditados los hechos enrostrados por la fiscalía y falló contra el imputado. Lo sentenció a la pena de tres años y ochos meses de prisión de cumplimiento efectivo y el mismo lapso de tiempo para ejercer como letrado. Asimismo, se le fijó una multa de 40 mil pesos por el perjuicio económico padecido por las víctimas estafadas, quienes resultaban sus clientes en sus respectivas causas penales.

A la vez, el magistrado, además de otras medidas restrictivas,  ordenó enviar copia de las actuaciones a la fiscalía competente para investigar el posible delito de falso testimonio en el que habría incurrido uno de los testigos que, en una de las audiencias, negó y rectificó lo que oportunamente había pronunciado en el expediente y mereció una de las tres imputaciones contra el abogado.

Cabe consignar que se trata de un fallo en primera instancia por lo que se desprende que será recurrido, léase que no quedó firme, por lo que el cumplimiento de la condena quedó supeditado a definiciones procesales en tribunales de alzada. Asimismo, queda pendiente aún en la Corte un recurso con el que había insistido la defensa respecto a la suspensión de juicio que, en este caso, no fue considerado por el Tribunal azuleño a la hora de considerar que era pertinente iniciar el debate frente al riesgo de que la causa prescribiera.

Noticia en desarrollo

Se realizó este miércoles la cuarta audiencia prevista en torno al juicio contra el abogado Claudio Castaño, en el que fiscal Damián Borean solicitó la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo y 5 años de inhabilitación como abogado.

Nuevos testigos ratificaron que fueron estafados por Castaño y tras declarar denunciaron que sufrieron amenazas

Pasadas las 9.45 comenzó la audiencia en el TOC1 de Azul a cargo del juez Gustavo Borghi. Claudio Castaño, afronta tres imputaciones por presunta defraudación. Se lo acusa de pedirle dinero a quienes eran sus clientes para coimear a jueces, fiscales y policías, en pos de un presunto beneficio en la situación procesal. Fueron precisamente sus pupilos y familiares quienes oportunamente declararon en la instrucción confirmando la especie, lo que llevó a las imputaciones al controvertido letrado que, además, aguarda por otro juicio (fue postergado hasta nuevo aviso) con un delito más gravoso: está acusado de abuso sexual contra un joven con problemas psiquiátricos.

Dos clientes de Castaño que lo habían incriminado ahora negaron los hechos o no los recordaban

En tanto, la defensora oficial Adriana Hernández, solicitó la absolución de la causa por entender que no se probaron los delitos por los cuales era imputado Castaño.

El polémico abogado Castaño comenzó a afrontar su primer juicio con testimonios que lo complicaron en la primera audiencia

Ayer se reanudó el debate con la tercera audiencia prevista en torno al juicio contra el abogado Claudio Castaño, quien tuvo un duro revés respecto a los testimonios que ayer se escucharon frente al Tribunal, complicándolo seriamente de cara al delito que se le endilga, con el aditamento que una vez finalizado el comparendo de los testigos, en las puertas del edificio judicial sucedió una tensa escena que mereció una denuncia de las víctimas,  que hablaron de amenazas por parte del controvertido abogado.

Bajo ese clima se cerró la nueva jornada, que tuvo delicados condimentos más allá de la sala de audiencias que preside el juez Gustavo Borghi, quien hoy, tras finalizar la etapa de presentación de pruebas quedará tiempo solo para escuchar a la acusación y la defensa, con sus respectivos alegatos.

Una audiencia diametralmente opuesta a la del martes respecto a la suerte procesal del acusado letrado, quien si bien aquel día había sentido cierto alivio a partir de los reticentes como olvidadizos testigos que se rectificaron de lo volcado en el expediente, ahora -ayer-, el tenor y la contundencia de los testigos lo dejaron muy mal parado frente a lo que está en juego.

A más precisiones, tres testigos presentados como víctimas de las maniobras endilgadas a Castaño ratificaron y ampliaron lo que oportunamente habían denunciado, el pedido de dinero para coimear al fiscal Luis Piotti por una causa que los tenía involucrado.

Pagar la coima en cuotas

Efectivamente, el testigo citado por la fiscalía ratificó sus dichos, respecto a que cuando estuvo implicado en una causa y quedó detenido, fue defendido por Castaño quien, una vez en el calabozo, le pidió unos 1500 pesos más allá de sus honorarios para darle al fiscal Piotti (quien intervenía en dicha causa) y así poder liberarlo.

Asimismo, reseñó cuando una vez liberado y vuelto a su lugar de residencia en un campo de la zona, nuevamente fue Castaño a reclamarle el dinero en cuestión.

Allí apareció en escena –también ahora como testigo- la mujer del denunciante y exdetenido, quien no sólo ratificó los dichos de su esposo respecto al pedido de dinero para “adornar” al fiscal y así aliviar la situación procesal, si no también relató una escena tragicómica que, de hecho, propició la causa con la respectiva imputación que ahora pesa sobre el abogado.

En efecto, la mujer, una vez tomada conocimiento del dinero que debía abonarle al letrado en tren de una extra para el fiscal, acudió a la mismísima sede judicial y pidió entrevistarse con Piotti. Una vez frente al funcionario judicial le peticionó la posibilidad de poder pagarle un cuotas el dinero requerido para que liberara a su esposo de la causa en la que estaba procesado.

Sin prisa pero sin pausa, el fiscal abrió una causa por extorsión, una de las tres que ahora pesan sobre el abogado.

Después de la pareja, pasó otro testigo que también aseveró frente al magistrado que había recibido la petición del letrado con el mismo objetivo.

Testigos de concepto

Tras el comparendo de los deponentes ofrecidos por el fiscal Damián Borean, fue el turno de los citados por la defensa que, en su gran mayoría alegaron sobre el buen concepto que tenían del abogado que los supo representar en causas varias, incluso contando con su asesoramiento gratuitamente.

También el acusado Castaño tomó la palabra al cierre de la etapa de prueba y expuso su versión de los hechos, insistiendo en su inocencia y apelando a sus diferencias para con los actores judiciales locales que, dejó entrever, le valieron estas causas que ahora lo complican y mucho, de cara a un veredicto.

Amenazas al “estilo Moreno”

Si algo faltaba a las ya tensas horas vividas dentro de la sala de debate por declaraciones que dejaron en una situación muy incómoda al controvertido abogado, ocurrió una escena violenta en las puertas del edificio judicial que mereció una presentación penal.

Al decir de los testigos que se presentaron como víctimas de las estafas del abogado, cuando se retiraron del solemne inmueble azuleño y aguardaban por el vehículo que los iba a trasladar de vuelta a la ciudad, fueron interceptados por Castaño quien, al decir de los declarantes, los amenazó por haber dicho lo que dijeron frente al juez.

A más precisiones, detallaron que el letrado pasó delante de ellos y “al estilo Moreno” (exsecretario de Comercio de Nación al exsecretario de Economía Martín Lousteau) se pasó el índice por el cuello.

Lo expuesto no quedó allí. Al sentirse intimidados por la actitud, los vecinos se trasladaron a la fiscalía en turno en la vecina ciudad, a cargo de Marcelo Fernández, donde plasmaron la correspondiente denuncia penal por amenazas.

Asimismo, anoticiados por la violenta escena padecida, los actores judiciales corrieron traslado de las actuaciones al Centro de Atención de la Víctima, para que arbitre las herramientas disponibles en resguardo de los testigos.

El delito

Cabe consignar que el delito de defraudación que se le reprocha a Castaño lo estable el artículo 173, inciso 10 del Código Penal, el que reprime al que “defraudare, con pretexto de supuesta remuneración a los jueces u otros empleados públicos”.

Esta estafa se comete cuando el agente simulando o mintiendo que ha de remunerar al juez o empleado público para obtener un acto relativo a sus funciones obtiene de la víctima una disposición patrimonial a tal efecto.

El viernes por la mañana, en la sala de audiencias del TOC1 de Azul, el juez Gustavo Borghi dio por iniciado el debate oral y público en el que se resolverá la suerte procesal del abogado Claudio Castaño, quien afronta tres imputaciones por presunta defraudación.

A más precisiones, se lo acusa de pedirle dinero a quienes eran sus clientes para coimear a jueces, fiscales y policías, en pos de un presunto beneficio en la situación procesal. Fueron precisamente sus pupilos y familiares quienes oportunamente declararon en la instrucción confirmando la especie, lo que llevó a las imputaciones al controvertido letrado que, además, aguarda por otro juicio (fue postergado hasta nuevo aviso) con un delito más gravoso: está acusado de abuso sexual contra un joven con problemas psiquiátricos.

Como oportunamente se detalló en éstas páginas, el expediente que se inició en 2011, pasó a la ciudad vecina ya que los actores judiciales locales se excusaron de intervenir, a partir de conocidas diferencias con el abogado en otras causas que obligaron a los funcionarios a apartarse de las pesquisas en cuestión. De hecho, buena parte de ellos el viernes desfilaron por el juzgado en carácter de testigos, citados por el fiscal Damián Borean, quien lleva adelante la acusación del Ministerio Público.

Castaño, defendido por la defensora oficial Adriana Hernández, escuchó las declaraciones y se mantuvo atento, dándole letra a la abogada a la hora de preguntar sobre lo que se exponía en el recinto judicial en una audiencia que demandó la mañana y parte de la tarde, hasta que el magistrado dispuso un cuarto intermedio hasta hoy, cuando se retomará el debate con más testigos citados por las partes.

Como oportunamente se detalló, el letrado quedó comprometido en causas a partir de escuchas telefónicas, primero, y testimonios después,  en lo que lo dejaron en una situación por demás incómoda que, según la acusación, derivaron en la imputación de un delito.

Más precisamente se alude a un hecho caratulado “defraudación por remuneración pretestada”. A grandes rasgos se desprende de la acusación que al abogado pidió dinero a sus clientes para destinarlo al pago de jueces y fiscales y así mejorar su situación procesal.

Tal se informó, el caso surgió “por casualidad” en medio de otra investigación en la que se estaban realizando y a partir de escuchas telefónicas se detectó el suceso que mereció la investigación. A la vez, luego devino el comparendo de los involucrados, quienes prestaron declaración. Si bien algunos negaron los hechos, la causa se mantuvo, derivó en la imputación y el consiguiente juicio que primeramente debió atravesar distintas instancias recursivas, entre ellas el pedido de probation (suspensión de juicio a prueba), apelaciones que no corrieron con la suerte deseada para el acusado.

Los dichos del abogado

“Tengo tranquilidad de espíritu”, dijo el polémico abogado sobre el asunto cuando este Diario ventiló la pesquisa, acotando que más allá de su estado de inocencia, confiaba en la instrucción que, por ese entonces, estaba en manos del doctor Marcos Eguzquiza, pero que luego retomó el fiscal Damián Borean.

Castaño dijo por aquellos días que aguardaba con tranquilidad la investigación y que de profundizarse no tendría reparos en ventilar presuntas anomalías que ocurrieron en plena instrucción, incluso con testigos dentro de la fiscalía que atestiguarían a su favor. Circunstancias que tal vez ahora las tenga que abonar en la audiencia oral y pública que se inició.

Sobre el delito endilgado, ya pesaba sobre Castaño otro par de denuncias de similar tenor. Una por caso, la de un detenido que lo declaró haber sido víctima de una presunta extorsión.

La causa se abrió a partir de la declaración de un detenido que sería cliente del abogado, a quien acusó de quererle cobrar determinada cifra de dinero para lograr su libertad.

Pero el detalle de la denuncia, que incluso el recluso la habría dejado sentada en una escribanía -según los dichos de Castaño-, es que el dinero no sólo era por los honorarios del letrado, sino que una buena parte era para pagar la coima a un juez y/o fiscal.

Judiciales como testigos

Efectivamente,  el primer capítulo de los cuatro previstos para el juicio contó con el comparendo de testigos ofrecidos por el Ministerio Público. Primeramente funcionarios de la fiscalía y el Juzgado Correccional 1, que fueron nombrados en aquellas escuchas, mensajes, que aludían a la necesidad de contar con un dinero para que éstos torcieran la historia procesal de un expediente a favor del cliente de Castaño.

En ese escenario, desfilaron frente al magistrado azuleño el fiscal Luis Piotti, el juez Carlos Alberto Pocorena, su secretario Fernando Falivene, y los ayudantes fiscales Alejandro Dalfonso, Cecilia Rimoli, Darío Sorondo, como así también un policía y el padre de uno de los que eran clientes de Castaño.

Todos los funcionarios, a sus modos y sus formas, y como era de esperar, negaron tajantemente comunicación alguna con el abogado respecto a una posibilidad de recibir un dinero  a cambio de mejorar la situación procesal de un judiciable, como así también ahondaron en cómo se iniciaron las causas en cuestión, casi como una ramificación de otros expedientes que estaban trabajando.

También el policía testigo debió responder y aclarar sobre los dichos del papá de uno de los clientes del abogado, quien aseguró sin titubear que Castaño le había solicitado 1500 pesos para darle al uniformado para poder liberar la moto que había sido secuestrada en el marco de una investigación penal.

En efecto, la moto en cuestión había sido ofrecida por el propio Castaño a la policía para que la peritaran en el marco de una causa en el que estaba siendo investigado como sospechoso su cliente. Una vez en la comisaría, al decir del testigo, Castaño le pidió plata para coimear al policía y así poder sacar aquella moto.

Además de los testimonios escuchados en la sala, se incorporó material probatorio de interés para las partes. Específicamente sobre la acusación, aquella transcripción de mensajes de texto en los cuales Castaño aludía con nombres propios (de agentes fiscales, jueces y secretarios) a quienes tenía que “adornar” con dinero para aliviar la situación procesal.

La saga judicial retomará hoy, con más testigos de la acusación como de la defensa que, como se detalló en la edición dominical del Oído agudo figuran en la lista de la docena de testigos convocados el expresidente y actual senador Carlos Saúl Menem, su exesposa Zulema Yoma y su hija Zulemita, quienes de acudir al recinto judicial, lo harían en carácter de lo que se conoce como testigos “de concepto”, aludiendo al conocimiento sobre la persona que resulta el que desde el viernes dejó de defender a clientes comprometidos con la ley si no que él mismo está sentado en el banquillo de los acusados, con imputaciones delicadas que de acreditarse y  contar con una sentencia condenatoria implicarían un delicado panorama para el controvertido letrado que más temprano que tarde deberá afrontar otro juicio, en lo que se lo juzgará por violar a un joven.

El abogado Claudio Castaño renunció, a través de una carta, a la Asociación de Abogados de Tandil luego de que a finales de noviembre el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Azul lo haya suspendido de forma provisoria de su función como abogado por la causa que lo tiene procesado por “abuso sexual con acceso carnal”.

En la carta señala:

Me dirijo a Uds. con el objeto presentar formalmente mi RENUNCIA a integrar vuestra Asociación, habida cuenta los sucesos que son de público conocimiento y que en honor a la brevedad omito mencionar.

Sí debo destacar que la presente fue debidamente meditada, y sumado a ello avalar por mi omisión como asociado como se ha degradado la clase dirigencial a punto tal que es mi deber mantener mis convicciones; ya que nunca me he servido de cargos para saciar mis apetencias personales o profesionales, por tanto he tomada la determinación de ser fiel a mis principios.

Cabe señalar que la renuncia presentada no es motivada por oscuros ni ulteriores intereses, y en la plena seguridad de que mi presencia en la institución es irrelevante.

El consejo directivo del Colegio de Abogados de Azul decidió decretar, por unanimidad, “la suspensión provisoria de la matrícula del doctor Claudio Castaño, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 5177 mientras dure la situación procesal que motivó la presente resolución”.

La decisión se tomó el pasado martes 27 de noviembre y el abogado fue notificado en su domicilio legal al día siguiente, por lo que la medida está en vigencia. Será cuestión de tiempo saber si Castaño apelará ante una instancia superior, en este caso el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, para tratar de frenar la suspensión que desde el miércoles pasado está en marcha.

La situación procesal a la que refiere el Colegio de Abogados y por la cual se suspende la matrícula de Castaño es la causa por la que está acusado de “Abuso sexual con acceso carnal”.

Como oportunamente se informó en estas páginas, para el Ministerio Público el 11 de julio de 2016, momentos antes de las 22, el letrado abusó de un joven. Para ello, previo citarlo en su domicilio sito en calle Alem al 500, el imputado le manifestó “vení vamos a hacer algo entre nosotros, vamos a la pieza a estar más cómodos, vamos a ver una película a la cama” y ante la inequívoca oposición de la víctima, el acusado lo tomó de sus brazos conduciéndolo al dormitorio donde, tras el uso de la fuerza, lo violó.

En su momento, Castaño buscó poner en crisis la denuncia y la credibilidad del denunciante, pero los profesionales intervinientes consideraron a priori como verosímil el relato de la víctima.

Considerandos

Resulta vital para el análisis de la sanción impuesta por el Colegio de Abogados de Azul el artículo 26 de la Ley 5177 que señala: “Sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se le otorgan al Tribunal de Disciplina, el Consejo Directivo podrá decretar la suspensión provisoria en la matrícula a aquellos profesionales que se encuentren imputados por delito doloso. Dicha suspensión sólo podrá decretarse con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo cuando la gravedad del delito y la verosimilitud de las pruebas así lo acrediten, y por simple mayoría cuando exista acusación fiscal”.

En el caso puntual de la causa contra el abogado en cuestión, el letrado está imputado por delito doloso, por lo que el Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Azul, compuesto por 12 profesionales, decidió tras un largo y extenso debate la suspensión provisoria de la matrícula.

Pero no es el único artículo que tuvieron en cuenta ya que fue importante para que se concrete la medida el inciso 4 del artículo 6 de la mencionada normativa que específica que “el abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del que formará parte” y deberá “declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus relaciones con la Justicia y el Colegio”. Por lo tanto, al notificarse al día siguiente de la decisión del Colegio en el domicilio legal de Castaño, la suspensión entró en vigencia.

Causas

Vale la aclaración por lo mediático que ha resultado su presencia en el último mes: no se está haciendo juicio de valor ético sobre la actuación del letrado, sino lo que está decidiendo el Colegio de Abogados de Azul es en base a la causa que está en contra de Castaño y por la que irá a juicio. No tiene que ver la decisión con el caso Jorge Bustamente ni con la defensa del femicida de Ailín Torres, por citar los dos últimos casos donde tuvo implicancia.

Sin embargo, no deja de llamar la atención que dicha sanción preventiva ejecutada verse sobre un suceso que data de mucho tiempo atrás (a mediados de junio del año pasado el Juzgado de Garantías elevó a juicio la causa) y por el cual se aguarda el debate en los estrados azuleños en agosto del año próximo.

En tanto, las causas que llevaba adelante, no las puede ejercer más. Los particulares que lo contrataban deberán conseguir otro abogado y en el caso de temas penales, se podía hacer cargo la propia Defensoría Pública.

El consejo directivo del Colegio de Abogados de Azul decidió decretar, por unanimidad, “la suspensión provisoria de la matrícula del doctor Claudio Castaño, conforme a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley N° 5177 mientras dure la situación procesal que motivó la presente resolución”.

La situación procesal a la que refiere el Colegio de Abogados es la causa por la que está acusado de “Abuso sexual con acceso carnal”. Para el Ministerio Público el 11 de julio de 2016, momentos antes de las 22, el letrado abusó de un joven. Para ello, previo citarlo en su domicilio sito en calle Alem al 500, el imputado le manifestó “vení vamos a hacer algo entre nosotros, vamos a la pieza a estar más cómodos, vamos a ver una película a la cama” y ante la inequívoca oposición de la víctima, el acusado lo tomó de sus brazos conduciéndolo al dormitorio donde, tras el uso de la fuerza, lo violó.

Castaño buscó poner en crisis la denuncia y la credibilidad del denunciante, pero los profesionales intervinientes consideraron a priori como verosímil el relato de la víctima.

El artículo 26, de la mencionada normativa, señala que “sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se le otorgan al Tribunal de Disciplina, el Consejo Directivo podrá decretar la suspensión provisoria en la matrícula a aquellos profesionales que se encuentren imputados por delito doloso. Dicha suspensión sólo podrá decretarse con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo cuando la gravedad del delito y la verosimilitud de las pruebas así lo acrediten, y por simple mayoría cuando exista acusación fiscal”.