Los grupos vecinales que se oponen a la nueva normativa sobre uso de agroquímicos perseveran con su lucha pese a que la ordenanza entrará en vigencia. De esta manera, anticiparon que utilizarán todas las herramientas legales y administrativas que estén a su alcance, entre ellas, denuncias penales de diferente tenor, que les permitan poner un límite a lo que entienden como un avasallamiento a la salud de la población.

En una conferencia de prensa, integrantes de diferentes organizaciones; Silvia Sciancaglini, Virginia López Toledo, Pablo Orcajo y Claudio Lowy, expusieron que este martes  se cumplieron los 10 días hábiles desde que el Concejo Deliberante aprobó el proyecto en cuestión y se venció el plazo para que el intendente Miguel Lunghi lo vetara. Así, el mismo se convirtió legalmente en ordenanza.

“Este hecho será recordado históricamente por la población de Tandil, sentenciada por sus funcionarios de gobierno a una ordenanza que destruye el ambiente, empobrece y, por sobre todo, causará daños irreversibles en la salud”, expresaron. 

Según detallaron, la legislación, que se sancionó en medio de una fuerte polémica y con custodia policial en el Municipio, es “ilegítima” e “inconstitucional”, porque no se dio lugar a la participación ciudadana y porque no plantea planes de reducción del uso de los agrotóxicos. 

Asimismo, señalaron que es inviable que un organismo de control, compuesto por una sola persona, monitoree las 483.653 hectáreas del Partido para verificar que se resguarden las zonas de exclusión y demás, establecidas dentro de los 60 metros de lugares habitados y de 150 metros en los casos de escuelas rurales, centros de salud y establecimientos alimenticios. 

Inclusive recordaron que la ordenanza avala el uso de las llamadas “líneas de jardín”  en toda la planta urbana y en cualquier sitio, como si fuera un producto de menor impacto. 

“La línea jardín tiene principios activos como el glifosato  y otros insecticidas peligrosos. La ordenanza dice que se puede aplicar en cualquier lugar, es la foto que veíamos en la pileta de Gardey hace un par de años. Tiene un altísimo riesgo a la salud”, explicó el ingeniero Lowy. 

Denuncia en la Justicia Federal 

En tanto, el profesional, miembro de la ONG Bios Nodo Tandil, que presentó en 2019 un proyecto de regulación a través de la Banca 21, informó que hace un año y medio desde la entidad motorizaron una denuncia en la Justicia Federal por la contaminación de los pozos de agua de 15 escuelas rurales, investigación realizada por la docente e investigadora de la Unicen Graciela Canziani. 

La Fiscalía Federal dio curso a la denuncia y ordenó la recolección de pruebas. Además de escuchar los testimonios, hace dos días agentes de la Policía Federal tomaron muestras biológicas, y de suelo y agua para analizar, en el marco de una causa instruida en base a la Ley Nacional 24.051 de tratamiento y saneamiento de residuos peligrosos.

Las muestras fueron tomadas en escuelas, espacios públicos y también hubo un allanamiento en un establecimiento  agropecuario privado, la estancia “Don Juan” de Gardey.

Al respecto, Lowy indicó que “los tiempos de la justicia no los manejamos nosotros pero tenemos mucha expectativa en esto, porque no tiene que haber plaguicidas en el agua. También tenemos expectativas en poner en vigencia la cautelar del juez Blanc, que impide hacer aplicaciones a menos de 500 metros. Claramente la ordenanza transgrede el principio de no regresión, y ahora tenemos que un juez dice una cosa y la normativa dice otra”.

Un grupo de vecinos de la ciudad de Tandil firmó un petitorio que acercaron ayer al mediodía al Municipio, dirigido al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, a fin de solicitar convocatoria a una Audiencia Pública como instancia de participación ciudadana, a efectos de emitir públicamente su opinión respecto de la regulación del uso de los agroquímicos, que se trataría este jueves en el recinto para su aprobación. 

La intención de los 30 ciudadanos que rubricaron el documento, es que todas las voces afectadas por esta resolución tenga la oportunidad de ser escuchadas. 

Se sabe que la elaboración de la normativa lleva más de dos años y el proyecto final se ha mantenido a resguardo, con develaciones de pequeños avances, hasta último momento. 

Al conocer el detalle de cada uno de sus 36 artículos, advirtieron que fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, aseveró la investigadora y especialista en estudios sociales agrarios, Virginia Toledo López, en voz de los convocados.

Dicha ley plantea que la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga.

“Afectará de manera negativa”

El trabajo de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, y otros actores que se han ido sumando, viene siendo sostenido en la ciudad, incluso se intensificó con el pasar del tiempo y ante la falta de respuestas. 

Así fue que ante la inminente aprobación de una ordenanza que aseveraron afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente y las personas, decidieron con urgencia apelar a la Audiencia Pública, instancia que desde un primer momento plantearon como necesaria.

Vale decir que en el documento entregado ayer no solamente indicaron que el plexo normativo internacional, nacional, provincial y local es abundante y consistente con respecto a esta petición, sino que detallaron cada una. 

Así, por ejemplo y entre otras tantas, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información la Participación Pública y el Acceso la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado Acuerdo de Escazú, recientemente aprobado.

En la nota dirigida a Frolik recordaron que múltiples trabajos, publicados en la literatura científica, señalan que la aplicación terrestre y aérea de agroquímicos plaguicidas es una actividad que genera fuertes impactos ambientales, así como riesgos y daños a la salud. 

Entre muchos otros documentos, esto fue confirmado y referenciado en el Anteproyecto de Ordenanza presentado en 2019 en Banca 21 por la Dra. Graciela Canziani para la “Regulación de la Aplicación de los Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil”, en el “Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil”, de la Unicen, y en el Informe de la Sociedad Argentina de Pediatría “Efecto de los Agrotóxicos en la Salud Infantil”, publicado en junio del corriente.

Consulta parcial

A lo largo de estos dos años de trabajo,la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente, realizó una secuencia de entrevistas y consultas con distintos sectores involucrados, directa o indirectamente, con las aplicaciones, sin embargo los vecinos advirtieron que esto se realizó de manera parcial y fundamentalmente no fueron públicas, quebrantando nuevamente las normas”. 

 “No fueron consultadas todas las personas afectadas”, aseguró Toledo López, refiriéndose particularmente a los inquietas por los efectos de las derivas en aire, agua, suelo y alimentos, ni el personal de salud, que puede dar cuenta de los riesgos y daños que genera la aplicación de los agroquímicos plaguicidas, ni a autores del informe de la Sociedad Argentina de Pediatría o bien a integrantes de la comunidad científica que investiga la contaminación ambiental. 

“No hubo convocatoria a consultas abiertas a las que pudiera presentarse toda persona que se considere afectada en su salud y/o en sus actividades productivas”, lamentó.

Por otro lado, tampoco tuvieron acceso al texto del anteproyecto hasta hace pocos días atrás, cuando fue dado a conocer oficiosamente a través de medios de comunicación local. 

Advirtieron, entonces, que en su contenido fueron ignorados tanto el anteproyecto presentado por Banca 21, como los aportes realizados en los escasos encuentros individuales convocados por la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente a estas personas.

“Si no es ahora, ¿cuándo?”

“No convocar a una audiencia pública para tratar el proyecto de ordenanza en cuestión contradice el Principio de Congruencia establecido en el Artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, insistieron los firmantes de la nota entregada al HCD.

En este sentido, explicaron que la elaboración, aprobación y reglamentación de esta ordenanza que regulará la aplicación de agroquímicos plaguicidas en el Partido de Tandil es una actividad y un proceso que “afectará de manera negativa y altamente significativa al ambiente”. 

Por este motivo, respaldaron que toda la normativa referenciada es consistente con la necesidad del llamado a audiencia pública para legitimar el proceso de su elaboración.

“Si la elaboración de una ordenanza de tamaña significación para el cuidado de la salud humana y ambiental no es motivo de una Audiencia Pública, ¿cuáles temas lo serían?”, cuestionaron, esperando que la respuesta a la petición sea favorable, y antes del tratamiento en recinto.

Con un borrador de proyecto de ordenanza sobre el cual trabaja la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, anticiparon que podrían estar ante la etapa final para lograr una nueva reglamentación de aplicación de agroquímicos en el partido de Tandil.

Más allá de calificar como “valioso” al trabajo de elaboración del bosquejo realizado por el concejal Ariel Risso, el coordinador de la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y uno de los que presentó el anteproyecto para modificar dicha ordenanza en 2019, Claudio Lowy, consideró necesario realizar algunas reflexiones acerca de la próxima legislación.

Vale recordar que el edil del Frente de Todos explicó que la nueva norma se enfocaría principalmente en un control eficiente del cumplimiento de la misma, apoyándose básicamente sobre lo resuelto desde Provincia en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y priorizar el uso de productos catalogados como “Banda verde”, sin precisar los metros de restricción para las fumigaciones.

“Está claro que no vamos a cambiar el sistema productivo que actualmente tenemos en el país, la provincia y en nuestro distrito, porque hay una legislación que lo permite y porque hay organismos de control que así lo avalan, caso Senasa o de INTA”, había señalado Risso en conversación con El Eco de Tandil.

Relación glisfosato-cáncer

A raíz de la nota publicada en este Diario, el ingeniero forestal y máster en Desarrollo Humano Sostenible, recordó que la ordenanza vigente no impide emplear agroquímicos plaguicidas en el área urbana, sino que según su artículo 2, avala el uso de aquellos clasificados como Clase III Banda Azul y Clase IV Banda Verde.

“Por ejemplo, permite la aplicación en espacios verdes públicos y privados de formulados de glifosato, comprobadamente cancerígeno según el Instituto de Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, y también reconocido así por Instituto Nacional del Cáncer dependiente del Ministerio de Salud de la Nación; sin dejar de mencionar las múltiples condenas multimillonarias a Bayer-Monsanto en los EE.UU.”, expresó.

Cabe destacar que, como informó El Eco de Tandil, en un hecho histórico recientemente el Estado argentino reconoció la relación entre el glisfosato y el cáncer.

“El uso de agroquímicos puede provocar cáncer en seres humanos” admitió en abril del año pasado el Instituto Nacional del Cáncer (INC), reafirmando el concepto establecido por la Agencia Internacional de Investigación sobre el cáncer dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta información llegó justamente a manos de Claudio Lowy y Marcos Filardi, quien como abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria, integrante de la Cátedra libre de Soberanía Alimentaria (Calisa) Nutrición en la UBA y del Museo del Hambre, entre otros destacados, fue quien accedió al documento en abril del 2019 luego de realizar una solicitud de acceso a la información pública ante la que fuera secretaria de Gobierno de Salud.

No es cambiar el sistema productivo

Por otro lado, Lowy aclaró que el anteproyecto de ordenanza presentado por Banca 21 en agosto de 2019 junto a Graciela Canziani tampoco propone cambiar el sistema productivo en el partido de Tandil, sino “apenas” alejar las aplicaciones terrestres de agroquímicos a dos mil metros de los lugares donde la gente desarrolla su vida, y prohibir las aplicaciones aéreas como ocurre, por ejemplo, en el partido de Cañuelas desde el año 2010.

“El argumento de las BPA es echarle la culpa de los daños que están generando los agroquímicos biocidas a quien aplica el producto en el campo, preferentemente al trabajador rural”, manifestó.

Consideró que así, “invisibiliza” las responsabilidades de las corporaciones empresarias que se benefician con la venta de los plaguicidas, de los ingenieros agrónomos que los recetan, de los Colegios de Ingenieros Agrónomos que los legitiman, del Senasa que registra los productos para su uso a pesar de sus toxicidades y derivas incontrolables, y de las autoridades de aplicación a nivel nacional, provincial y municipal.

Sin política pública no hay control

Finalmente, el referente de Bios destacó que la normativa provincial sólo establece dos mil metros libres de fumigaciones aéreas, sin especificar distancias libres del uso terrestre. A pesar de ello, indicó que muchos partidos de la provincia de Buenos Aires regularon las aplicaciones de plaguicidas con medidas “protectivas” tanto para los usos terrestres como aéreos. “Es claramente una competencia de los gobiernos locales”, enfatizó.

En otro sentido, negó que sea cierto que los agroquímicos clasificados toxicológicamente como Banda Verde no sean prácticamente nocivos para la vida en general. “Si fuera así no se aplicarían”, refutó y agregó que “son biocidas por definición”.

Por otro lado, informó que esa clasificación sólo evalúa la toxicidad letal aguda, es decir, si mata en el corto plazo pero no si enferma. “Por ejemplo, la Atrazina, con formulados Clase IV Banda Verde, es un reconocido disruptor endócrino de máximo nivel, que genera daños al sistema inmunológico, que tanto necesitamos todos cuidar mucho, sobre todo en estas épocas de pandemia virósica”, comparó.

Por último, referenció que la Sociedad Rural de Tandil reconoció que se realizan 30 mil aplicaciones de plaguicidas por año en el partido, lo cual a su parecer resulta “imposible” para que los registros y controles que propone la nueva ordenanza puedan ser realizados sólo por un ingeniero agrónomo, “por más buena voluntad que tenga”.

“Como bien dice el Concejal Risso, no hay políticas públicas si no hay control adecuado”, determinó al concluir.

A raíz de la nota que se publicó en El Eco Multimedios, sobre el trabajo que se lleva adelante desde el Concejo Deliberante para arribar a una nueva ordenanza que regule la aplicación de fitosanitarios en el partido y el borrador sobre regulación con eje en los controles que presentó el concejal del Frente de Todos, Ariel Risso, el ingeniero Claudio Lowy, coordinador de la ONG ambientalista Bios nodo Tandil, realizó algunas “salvedades”.

En primer lugar, destacó la preocupación manifiesta del concejal Risso sobre las cuestiones ambientales y del desarrollo de la agroecología, sin embargo, luego advirtió que algunas cuestiones recientemente declaradas “no son así”.

En sus declaraciones, el concejal habló de “zonas grises” de competencia para la regulación de las aplicaciones de plaguicidas, a lo que Lowy indicó que las normas municipales son muy claras al respecto, tanto en lo que hacen al ordenamiento territorial como a la protección ambiental, y más allá de lo que indican las de nivel nacional y provincial.

Recordó que la Ley Orgánica de las Municipalidades es muy vieja, del año 58, pero a pesar de eso consideró que el concepto se entiende y repasó algunos incisos donde se prioriza el cuidado y la conservación de la población y los recursos naturales.

Además, referenció la legislación provincial de ordenamiento territorial, donde se asienta el objetivo de asegurar la preservación y mejoramiento del medioambiente, advirtiendo proscripción de acciones degradantes del ambiente. A su vez, allí también se indica que la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el Municipio.

En Tandil hay 30 mil aplicaciones por año

En el planteo que realizó el concejal Risso en conversación con el programa “Cosas que pasan” y replicado en el diario El Eco de Tandil, hizo hincapié en que si los controles fallan, falla todo.

En consonancia, Lowy aseguró que no se trata solamente de quién interviene, sino de qué es lo que hay que controlar. Explicó que desde la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hablan de las recetas fitosanitarias y el chequeo de eso es “una cosa muy compleja”.

“En Tandil se hacen en promedio 30 mil aplicaciones al año, eso si se toman los 10 meses fuertes, se traduce en cien por día, con fines de semana inclusive”, detalló. “¿Cómo hacen para controlar?”, cuestionó.

Según su propuesta, lo que debería hacerse para lograr la eficacia, es que un inspector verifique que se tenga la receta fitosanitaria, sacar una muestra del tanque, del avión o del mosquito, para protocolizarla y mandarla a laboratorio para ver si ese contenido coincide con lo formulado en el papel. “Sino no tiene sentido”, dijo. “Todas las propuestas de control que están haciendo, no se cumplen”, acusó.

Si bien identificó que aquí hay un dilema importante, para el ambientalista también hay otras cuestiones determinantes a evaluar y tienen que ver con que no se difunden suficientemente los daños que generan esos productos fumigados. “La gente todavía piensa que el glifosato es como agua con sal y eso es responsabilidad del discurso público”, exclamó, advirtiendo que se refiere a los funcionarios y no a los productores.

Fuerte mensaje a autoridades por fumigaciones

Por otro lado, el jueves los concejales y otras autoridades comunales recibieron un fuerte comunicado, en el que se los acusaba de “ecocidas”.

“Quienes nos fumigan con agroquímicos son ecocidas. Quienes lo avalan, también. Hagan cumplir la cautelar vigente”, rezaba el cartel que les llegó a los ediles, que tenía la foto de cada uno de ellos y una mancha de sangre.

Lowy, si bien manifestó coincidencia con el contenido del mensaje, consideró que fue un acto “extremista”. En este sentido, explicó que “ecocidio” hace referencia a cualquier daño masivo o destrucción ambiental de un territorio determinado.

“Si no controlan, no lo regulan y apelan la medida cautelar del juez Augusto Blanc (que restringió por seis meses en el partido 2000 metros para las aplicaciones aéreas y 500 para las terrestres), no hay otra conclusión posible”, razonó.

Días atrás, la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente siguió avanzando con las reuniones consultivas de cara a la reforma o nueva confección de la ordenanza de aplicaciones de agroquímicos en Tandil.

En una nota que brindó la presidente de dicha Comisión, Maridé Condino, a este Diario a fin de informar sobre las novedades del tema, también se refirió a la medida cautelar que emitió el Juez Augusto Blanc sobre las restricciones en las fumigaciones y otra serie de recomendaciones.

La publicación dejó tela para cortar, y tanto los vecinos de la Junta por un Ambiente Saludable como los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones expresaron sus advertencias sobre las reflexiones del edil.

Necesidad de réplica

En la preventiva, la Justicia instó a la creación de una mesa de diálogo intersectorial y estimó un plazo máximo de 270 días para que el HCD dé pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia.

¨Es justo lo que veníamos haciendo¨, aseguró Condino y consideró que por ahí podría sumarse la Universidad “con más presencia de las diferentes facultades o, por lo menos, con información científica”, cosa que hasta el momento señaló que no han tenido.

Estas declaraciones despertaron en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones, Graciela Canziani y Claudio Lowy, la necesidad de responder, aclarar y poner en reparo ciertas reflexiones.

“Está muy bien que los integrantes del HCD, que están trabajando en la aprobación de la nueva ordenanza para la regulación de los agroquímicos plaguicidas en Tandil, se reúnan con los actores sociales involucrados en la temática. Estaría muy bien también que, en ese proceso de recabar informaciones, tengan en cuenta los conflictos de interés en juego: por un lado, la salud de toda la población de Tandil y la protección del ambiente y, por el otro, la protección de un determinado tipo de negocios agrícolas”, comenzaron Canziani y Lowy.

Como ya comentaron en otras oportunidades, insistieron en que la ordenanza vigente que regula los agroquímicos en Tandil aprobada en 2011, “está muy desactualizada”. Sostuvieron que tiene en cuenta los intereses de quienes promueven la comercialización y uso de los agroquímicos plaguicidas, pero no valoriza la protección de la salud de las personas y del ambiente. “Esto fue agravado por la falta de control, por parte de las autoridades competentes, del cumplimiento de las pocas restricciones establecidas, como los 150 metros libres de aplicación de plaguicidas alrededor de las escuelas rurales”, determinaron.

El respaldo científico

En el proceso actual de elaboración de la nueva ordenanza, los redactores de la propuesta de ordenanza se manifestaron preocupados por los dichos de la presidente de la Comisión sobre la ausencia de información científica que podría ser aportad desde la Unicen.

En consecuencia, pidieron recordar a la Concejal que el anteproyecto presentado por Banca 21 en agosto de 2019, “fue elaborado a lo largo de dos años de actividades desarrolladas en las facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Humanas, con presentaciones a la comunidad y debates, e incluso con una revisión crítica realizada en la Cátedra de Política y Legislación Ambiental de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental”.

“También fue presentado y expuesto en las IV Jornadas Nacionales y II Jornadas Internacionales de Ambiente 2018”, señalaron. Más allá de que siempre resulta oportuno actualizar el material científico, calificaron de “incomprensible” que se ignoren todos los documentos científicos y legales que están citados y referenciados en el anteproyecto presentado.

En el mismo sentido, la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil emitió una carta pública donde precisó que “se le ha puesto a disposición en reiteradas oportunidades algunos estudios relevantes”.

En un texto extenso y minucioso, detallaron con fuentes, links y conceptos la literatura científica donde se evidencia que el uso de agrotóxicos afecta a la totalidad de los argentinos a través de la contaminación del agua, el suelo, el aire, la leche materna, las verduras, las frutas y los ultraprocesados que llegan a las mesas, en los que se detectan en forma creciente residuos de pesticidas.

Allí, enumeraron mas de una treintena de títulos bibliográficos y por ultimo pidieron que se tenga en cuenta la presentación del Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil, realizado por docentes, graduados e investigadores de distintas facultades de la Universidad del Centro.

Comparar legislaciones

Por otro lado, Canziani y Lowy también hicieron foco en las palabras de Marideé Condino donde señaló que apuntarán a realizar “una ordenanza seria para la ciudad de Tandil, con estudios científicos y no copiar una de afuera¨.

“Es claro que necesitamos una ordenanza que respete las características propias de Tandil, sin embargo, no está bien pretender hacer una normativa con criterios fundacionales”, advirtieron los especialistas.

En este sentido, consideraron “imprescindible” hacer también legislación comparada, respetando los principios vigentes de la Política Ambiental de la Argentina, plasmados en la Ley de Presupuestos Mínimos 25.675, entre ellos el principio de precaución y el principio de progresividad.

Uno de los referentes locales de la Asociación Civil para la Defensa del Medioambiente en Argentina, Claudio Lowy, presentó recientemente un pedido de informe sobre el proyecto del Centro de Acopio Transitorio (CAT) de envases de fitosanitarios que se pondría en funcionamiento en el área del Parque Industrial.

La intención de la nota, que fue dirigida el mes pasado a la titular de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, fue conocer sobre los fundamentos de la instalación de este Centro, además de saber el sitio exacto donde se ubicaría.

En el texto, el autor solicita “información necesaria y suficiente, tanto en texto como en mapas”, para despejar la inquietud que generó la divulgación a través de los medios locales de comunicación sobre de la inminente inauguración del CAT.

Realizando la acción bajo el amparo de la Ordenanza 15.931/2017 de Acceso a la información pública, la Ley Nacional 25.631 del Régimen de libre acceso a la información publica ambiental y la Ley 27275 de Derecho de acceso a la información pública, Lowy pidió en primer lugar, saber dónde está localizado el predio destinado a la instalación de CAT, con el plano y el texto explicativo correspondiente. Cuáles fueron los argumentos utilizados para su selección y las aprobaciones y autorizaciones correspondientes.

Asimismo, asentó la necesidad de conocimiento sobre los trámites realizados en el Municipio para la correspondiente autorización y apertura del espacio ante los organismos provinciales (OPDS; ADA), precisando sobre “el informe de aprobación del OPDS al que hace referencia el Director de Asuntos Agropecuarios, Ignacio Diribarne”.

También consideró necesarios los informes y trámites realizados para evaluar su localización y aprobarla, así como los oportunos Estudios de Impacto Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental y, finalmente, la apertura del Registro de Oposición y/o Audiencia Pública correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental.

Respuesta insatisfactoria

“El compromiso y conocimiento por parte del Departamento Ejecutivo Municipal fue muy difundido en los medios; las notas que indico en el pedido de informes son muy elocuentes, tanto la de octubre 2019, como la más reciente”, consideró el autor.

Entre esos artículos mencionó una publicación realizada en este Diario el año pasado, donde se informa que luego de varios meses de trabajo, se concretó la firma de la carta de intención para avanzar con el delineado del CAT. Allí se expuso que la comuna puso a consideración de la Fundación Campo Limpio la cesión en comodato por diez años de una fracción de terreno ubicada en el Área Parque Industrial del partido de Tandil, con una superficie total de 6.176 metros cuadrados.

Pasados los días, el solicitante recibió respuesta a su carta, sin embargo se manifestó disconforme con la misma, que llegó con la firma del director de Asuntos Agropecuarios, Ignacio Diribarne. Allí escribió que “es imposible brindar la información solicitada porque tanto el CAT como el predio para su instalación son privados, por lo que el Municipio no ha intervenido en la selección del inmueble así como tampoco en la aprobación y/o expedición de las aprobaciones correspondientes”. “Ni siquiera informa donde está el predio”, se quejó.

En la réplica, el funcionario advirtió que la competencia regulatoria de fiscalización y potestad sancionatoria en la materia corresponde a la Provincia de Buenos Aires.  Por lo tanto, los Centros de Almacenamiento Transitorio son habilitados por el organismo provincial y deben cumplir con las pautas establecidas la Resolución 327/2017 del OPDS y sus Anexos.

“Este Municipio se ve imposibilitado de reproducir la información solicitada atento no existir registro de la misma en estas dependencias”, asentó y sugirió que se dirija al estamento bonaerense

Al entrar a la casa de Graciela Canziani y Claudio Lowy es muy simple distinguir el compromiso con el medioambiente y una vida sustentable. Así lo revela, entre otras cosas, el tupper sobre la mesada donde van depositando los residuos orgánicos que luego pasarán por los tres pasos de la compostera diseñada al fondo, que los transformará en una tierra muy rica para abonar la huerta que tienen.

Ellos viven en la zona urbana de Tandil, el patio no es muy grande, pero tampoco hace falta demasiado si hay una buena gestión del espacio para cultivar alimentos para dos. Justo ahí, donde cae el sol de la mañana desarrollaron su vergel.

Sobre la pared que se alza como respaldo también pegan los rayos de calor, allí mismo sobre los ladrillos vistos Lowy colocó un calefactor solar que el mismo confeccionó con latas recicladas. Mediante un sistema de tubos y ventilación lleva calidez a dos espacios de la casa, según ha medido en días despejados lograron alcanzar hasta los 32 grados.

La casa luce impecable, y para ello no utilizan ni desinfectantes ni insecticidas químicos, de hecho revelaron que hay un ecosistema ahí dentro donde simplemente la cadena natural de supervivencia se desarrolla sin molestar a los propietarios. Como aliados, tienen vinagre y un desinfectante natural hecho en casa con clavo de olor.

Y así la serie de acciones sigue, coherentes con su planteo de modificar la ordenanza de aplicaciones de plaguicidas en la ciudad. Pero el interés con el anteproyecto presentado ante Banca 21, que hoy ya está experimentando avances por parte de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante, excede lo personal y lo cercano.

Liberar territorios

Ante la reciente denuncia de vecinos de El Tropezón sobre el dueño de un terreno baldío en Guisse al 100 que lo mantiene limpio mediante fumigaciones, los expertos advirtieron que el hombre no está haciendo nada que esté prohibido, a lo sumo podría no contar con una receta agronómica autorizada, pero la normativa actual lo avala.

Vale destacar que cada uno de los expertos lleva consigo un prontuario que los respalda al momento de hablar del tema. Graciela Canziani se desempeña en Ecología Matemática,y es  docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Exactas de la Unicen. Como ha hecho público, le interesa la interrelación entre cambio climático, pérdida de la biodiversidad y cambio en el uso de los suelos, “tres factores cuyo deterioro no sólo afecta la calidad de vida, sino que amenaza la persistencia de la vida”.

Por su parte, Claudio Lowy, es ingeniero Forestal, con Maestría en Desarrollo Humano Sostenible de la Unesco de Girona y terminó un Doctorado en Ciencias Sociales en Universidad de Buenos Aires. Así, los especialistas manifestaron que lo peor de todo es que la acción en sí misma está permitida. Con indignación señalaron lo perjudicial del acto, ya que el producto aplicado persiste por largo tiempo en la tierra, el aire y las napas perjudicando a los vecinos que lo rodean y más allá.

A raíz de todo esto, volvieron a insistir con la necesidad de liberar territorios para la agroecología y se explayaron sobre lo que sostiene la ordenanza en cuanto a los terrenos baldíos.

Vulnerabilidad toxicológica amparada por ley

“La ordenanza que regula los agroquímicos plaguicidas en Tandil, aprobada en el año 2011, no protegió ni protege la salud de la población y el ambiente como todos necesitamos, y como también lo indican las normas de mayor jerarquía, tanto provinciales como nacionales, e incluso otras ordenanzas vigentes en el Partido”, determinó Lowy.

Recordó que el artículo 10 especifica sobre aplicaciones en terrenos baldíos y espacios verdes públicos y/o privados dentro del área urbana y complementaria, señalando que allí sólo se pueden aplicar agroquímicos Clase II y Clase IV, es decir banda azul y banda verde; que deberán aplicarse con aplicador manual y con equipos livianos de arrastre de hasta 200 litros de capacidad. También dice que deberá contar con el asesoramiento técnico de un Ingeniero Agrónomo y la correspondiente receta agronómica.

“Estos casos no están alcanzados por lo señalado en el artículo 6, lo que implica que no se debe dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Local del Municipio; por supuesto, tampoco debe avisar a los vecinos”, lamentó.

De acuerdo a lo que se conoce hasta el momento, el especialista sostuvo que la única infracción que podría haber cometido el dueño de baldío es no haber contado con el asesoramiento de un ingeniero agrónomo y/o no haber presentado la correspondiente receta agronómica. “La aplicación en sí misma no implica la contravención de la normativa vigente, lo que pone a todos los vecinos de terrenos baldíos y espacios verdes públicos o privados en situación de vulnerabilidad toxicológica amparada por esa ley”, planteó.

“Por todos estos motivos y muchos otros que figuran en el anteproyecto de ordenanza presentado a través de la Banca 21 en agosto de 2019, es que necesitamos regular la aplicación de los agroquímicos biocidas en Tandil de manera tal que causen menos riesgos y daños a la salud y al ambiente de los que están causando ahora”, coincidieron ambos.

En este sentido, remarcaron la necesidad de prohibir las aplicaciones aéreas en todo el partido y alejar las terrestres por lo menos a 2000 metros de donde la población desarrolla sus vidas “y continuar en esos territorios liberados de agroquímicos biocidas la reconversión a la agroecología”.

La clasificación toxicológica

La ordenanza vigente en Tandil utiliza la clasificación toxicológica de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que clasifica a los plaguicidas en:

Ia –      Sumamente peligroso, muy tóxico. Banda roja

Ib –      Sumamente peligroso, tóxico. Banda roja

II –       Moderadamente peligroso, Nocivo. Banda amarilla

III –     Poco peligroso, cuidado. Banda azul

IV –     Normalmente no ofrece peligro, cuidado. Banda verde

Tanto para Graciela Canziani como para Claudio Lowy esta clasificación toxicológica “es fraudulenta, ya que hace parecer a los agroquímicos biocidas como mucho menos tóxicos de lo que en realidad son”. “Sólo evalúa si el producto mata en el corto plazo, desconsiderando las toxicidades subletales (si enferma pero no mata), las toxicidades retardadas (si enferma o mata en el mediano o largo plazo), las toxicidades sinérgicas (si enferma o mata en combinación con otros productos aplicados simultáneamente, sucesivamente, o que ya están presentes en el ambiente, ya sean naturales o artificiales), toxicidades en bajas dosis como disruptores endócrinos, las toxicidades crónicas (por aplicaciones sucesivas)”, explicaron.

Además, subrayaron que esa categorización utilizada por la ordenanza de Tandil está en contradicción con la establecida por el artículo 7 de la Ley Provincial 10.699/88 clasifica a los productos en:

“Es claro que los agroquímicos plaguicidas aplicados en el Partido de Tandil deben ser clasificados como de ‘venta y uso registrado’, ya que es necesario saber cuáles son los productos aplicados, su toxicidad integralmente considerada, y los riesgos y daños a la salud y el ambiente a los que estamos expuestos quienes vivimos en Tandil”, consideraron.

Para el beneficio de las generaciones actuales y futuras

En otro término, revelaron algo que no ha salido a flote en todo este tiempo que se viene debatiendo sobre las aplicaciones, fumigaciones y reglamentos de Tandil, la existencia de una Ordenanza Ambiental sancionada en 1993 por el Honorable Concejo Deliberante local de aquel tiempo.

Los expertos, Canziani y Lowy, lamentaron que no hay tomado relevancia dicha normativa, que en primer término lo que hace es definir al Medio Ambiente “como un bien de uso común”, a la vez que se impone a través del Departamento Ejecutivo y sus áreas respectivas, “el deber de defenderlo y preservarlo para el beneficio de las generaciones actuales y futuras”.

Si bien data de 23 artículos, convinieron oportuno destacar la intención de preservar los procesos ecológicos de las especies; minimizar el impacto en los ecosistemas afectados y proteger la integridad del patrimonio paisajístico en el ámbito municipal. Asimismo, enfatiza en resguardar la flora y la fauna vedando las prácticas que coloquen en crisis su función ecológica o provoquen la extinción de las especies.

En otro término, también apunta sobre el propósito de proteger “el Medio Ambiente controlando la polución en toda actividad que importe riesgos personales y/o ambientales por su potencialidad”.

Sobre este punto hicieron especial énfasis, ya que desde siempre sostienen con vehemencia que los agroquímicos plaguicidas persisten en la tierra, el agua y el aire, provocando daños en la salud de las personas y el ambiente a pesar del paso del tiempo. Las partículas perduran, se evaporan con el calor y vuelven a la tierra con la lluvia, generando una constante, o potencial, cadena “de envenenamiento”.

Desde que se decretó la Fase 5 en Tandil, las comisiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) volvieron a reunirse semanalmente, en su último encuentro la delegación de Producción, Trabajo y Medioambiente comenzó a interiorizarse sobre el anteproyecto de Ordenanza de Regulación de la Aplicación de Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil.

Para esto, tanto los titulares de dicha comisión María Haydeé Condino y Ariel Risso, como el resto de los concejales, recibieron a los autores de la propuesta, Graciela Canziani y Claudio Lowy.

Según reveló Condino, la intención era poder concretar la reunión antes de la pandemia pero no pudo darse, por lo que ahora se pusieron como objetivo avanzar en este sentido, por eso de aquí en adelante los jueves, cada 15 días, trabajarán exclusivamente en el proyecto.

“No hubo debate porque es nuestro primer encuentro”, aseguró, y advirtió que tanto el Ejecutivo como el Concejo trabajarán en la modificación de la ley vigente ya que quieren la mejor ordenanza para Tandil.

Un camino que empieza

Muy conforme con la recepción que tuvieron por parte de los ediles, Claudio Lowy manifestó también su satisfacción por el hecho de que el documento haya pasado a esta Comisión, luego de la presentación ante Banca 21 en 2018.

“Lo más auspicioso en esta instancia es que empezaron con las actividades en el HCD y comenzaron con el tratamiento del anteproyecto”, consideró. “Si va a salir, no sabemos”, añadió.

Explicó que los concejales manifestaron su interés en conversar con cada uno de los sectores involucrados, cuestión que fue confirmada por Condino, quien adelantó que contemplan charlar con aplicadores, productores tradicionales y agroecológicos, referentes del INTA, representantes de vecinos agrupados y médicos.

En este sentido, los autores brindaron algunas sugerencias de contactos que fueron bien receptados y serán tenidos en cuenta para las distintas instancias del análisis.

El respaldo para el cambio

Los referentes de la ONG que apunta al trabajo en ambiente y desarrollo sustentable, Bios Argentina, aprovecharon el espacio para exponer y explicar los fundamentos que sostienen el planteo de modificación de la regulación local actual.

“Hoy la ordenanza vigente permite que se apliquen plaguicidas de forma aérea hasta el borde de la edificación de las poblaciones rurales”, exclamó Lowy, señalando que dicha normativa se contradice incluso con la provincial, que fue promulgada 23 años antes. “Eso se aprobó así por cuestiones políticas y económicas”, analizó.

Tal como reveló, los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en la propuesta e hicieron algunas preguntas, pero lo que les resultó impactante fue cuando mostraron lo que implicaba el triple lavado de los bidones vacíos de plaguicidas de 20 litros. La acción incluso fue realizada por uno de los presentes, para demostrar que es una tarea muy dificultosa como para poder aplicarse en tantas cantidades, ni podría ser fiscalizado. “Los que lleguen al centro de acopio no podrían ser controlados”, dijo.

Además, los propulsores mostraron videos sobre los mitos y realidades sobre las derivas de las aplicaciones, alertando sobre las mentiras que hay en torno al tema y las publicidades que circulan. “El producto se va evaporando y las partículas llegan mucho más lejos de lo que es capaz de medirse, son publicidades mentirosas como la clasificación toxicológica”, aseveró.

Finalmente, Lowy destacó que lo que más les gustó del encuentro fue que tengan predisposición para escuchar, reconociendo que el proceso será largo. “El consenso estará entre los envenenadores y quienes lo padecemos, lo que es complejo por los intereses”, remató sin rodeos.

“No estamos haciendo resistencia”

La presidente de la Comisión de Producción , Trabajo y Medioambiente garantizó que en este camino que emprendieron buscarán elementalmente la diversidad de voces para lograr la mejor ordenanza para Tandil.

Subrayó que es un momento en que muchas ciudades están tratando el mismo tema, por lo que han hablado con otros municipios de la Quinta Sección que están en proceso de modificar sus ordenanzas, para interiorizarse y tomar ejemplos.

Asimismo, consideró que sería bueno que se realicen investigaciones a nivel nacional y provincial, ya que “si se habla de un producto que realmente es venenoso, como plantearon los autores del proyecto”, son primero aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Si así se confirmara, planteó que habría que lograr que se deje de otorgar etiqueta verde a esos implementos que se venden.

“Somos un Municipio del interior, va a ser un camino largo, pero está bueno haberlo empezado a transitar”, sostuvo Condino, que además manifestó que le encantaría que la ordenanza salga por unanimidad, lo que llevará mucho trabajo. “No estamos haciendo ningún tipo de resistencia”, aclaró.

Se llevó a cabo en el Centro Cultural La Compañía una charla informativa sobre las consecuencias en la salud por el uso y exposición a los agroquímicos. El encuentro se dio bajo el título “La salud en riesgo” y surgió a raíz de las preocupaciones y necesidades de los habitantes de La Porteña, que denunciaron el incumplimiento de la ordenanza de aplicaciones en cercanías de la Escuela 33.

Para nutrir de información a los presentes y a la sociedad en general convocaron a Claudio Lowy, ingeniero Forestal; Graciela Canziani, especialista en Ecología Matemática; Cristina Rendoletti, doctora en Nutrición, y Juan Bernardo, trabajador rural y ex aplicador.

Antes de dar paso a las voces expertas, Lucía Mestre, vecina de La Porteña, destacó la importancia que tiene para la sociedad en general poder brindar un debate sobre los riesgos que corre la salud ante la exposición a las fumigaciones. Asimismo, contó que luego de unirse y denunciar lo que ocurría en la escuelita de su barrio quedaron sorprendidos por la cantidad de lugares que padecen lo mismo y que les hicieron llegar su apoyo.

“Estamos en el camino correcto. Para nosotros la salud es un derecho, entonces nos encontramos con profesionales que pueden orientarnos en la infinidad de aristas que tiene la aplicación de agroquímicos, así que seremos el eslabón que tengamos que ser para defender nuestros derechos”, dijo y la sala repleta sonó en aplausos.

 Un discurso engañoso

La palabra inicial fue de Lowy, quien se encargó de desenmascarar el discurso de las buenas prácticas agrícolas, que sostienen que los agroquímicos producen daños a la población y el ambiente simplemente porque se “usan mal”, por ende haciendo un buen uso eso ser revertiría. “Le están echando la culpa de que sea nocivo al aplicador o al peón”, se indignó. Para el experto, este mensaje resulta totalmente engañoso ya que sigue promoviendo el uso de plaguicidas.

“Claramente que las malas prácticas son peores que las buenas, como aplicar sin traje protector o con viento a favor, pero de todas maneras eso no impedirá el daño”, aseguró.

Por otro lado, recordó que la reglamentación local advierte que no pueden realizarse aplicaciones a menos de 150 metros de establecimientos educativos, sin embargo eso no se cumple. A modo de prueba mostró fotos de escuelas rurales donde a tan solo dos metros se vislumbran los cultivos, limpios de yuyos y tierra descubierta.

De todas maneras, consideró que si se cumpliera también sería ineficiente para prevenir consecuencias si se tienen en cuenta las derivas, la permanencia del producto en el suelo, en el aire y su posterior evaporación, que puede darse incluso años más tarde.

Fue por este motivo, básicamente, que Graciela Canziani, docente e investigadora de la Facultad de Exactas de la Unicen, presentó un anteproyecto de ordenanza elaborado en conjunto con otros actores. La intención es regular el uso de plaguicidas en el territorio y prohibir su aplicación aérea, a fin de resguardar la salud de la población y el ambiente.

En este encuentro, la especialista leyó lo expuesto en agosto pasado desde la Banca XXl, proponiendo una nueva mirada hacia un cambio de paradigma que se corra del sistema de producción de monocultivo hacia la agroecología, respetando a las personas y el hábitat natural.

“Necesitamos cambiar nuestro sistema productivo agroalimentario, empezando por las restricciones del uso de los agroquímicos plaguicidas cerca de los lugares donde desarrollamos nuestras vidas, iniciando allí la reconversión hacia la agroecología”, sostuvo.

 ¿Qué pasa con el glisfosato?

Respaldando los conceptos anteriormente mencionados, la experta en nutrición fue breve pero contundente y remarcó los daños irreversibles que produce el uso de este herbicida en la salud.

“Estamos preocupados porque hay vinculaciones contaminantes con el autismo, linfomas y un montón de enfermedades”, advirtió. Para avanzar planteó la necesidad de contar con un registro, poder tener acceso a la información para ver si la percepción que tienen del crecimiento de malformaciones es así. Por eso, reveló que están sumando voluntades y realizar estudios epidemiológicos.

Alertó que los compuestos contaminantes afectan el desarrollo neurológico, aumentan el riesgo de obesidad y diabetes, influyen en la capacidad de reproducción, inducen cáncer de mama y aumenta el riesgo de otros, y producen desórdenes en el sistema inmune.

Según reflexionó Cristina Rendoletti, en el caso de los compuestos del glisfosato, que afectan al ambiente y la salud, se contradice el principio que dice: “la dosis hace al veneno”, ya que incluso en bajas proporciones puede ser mucho más nocivo que en altas. Sin embargo, la consecuencia de varios contaminantes juntos es mayor que cada uno por separado porque provoca “efecto cóctel”.

“Entre los agentes genotóxicos se encuentran los plaguicidas”, informó y dijo que los más expuestos son embarazadas, bebés y púberes, alertando que no se descartan los efectos transgeneracionales. O sea que aquellos individuos con mayor exposición en el curso de su vida, aunque sea a bajas dosis, pueden aumentar la manifestación de enfermedades genéticas, aún a generaciones posteriores. “Si se detecta es posible tomar medidas para  reducir  la exposición”, alentó.

Cabe destacar que el glisfosato particularmente cuenta con un nivel de toxicidad aguda, por lo que simple contacto con la piel puede generar edema o enrojecimiento y prurito. En tanto que al inhalarlo provoca irritación vía  aérea, congestión pulmonar, nauseas, vómitos, diarrea, daño renal, efectos cardiovasculares y arritmias.

Vivir para contarlo y elegir cambiar

Juan Bernardo trabajó más de 10 años como aplicador en la zona de Rauch, pero un día abrió los ojos. “Me enteré de lo que estaba pasando leyendo a (Eduardo) Galeano. Me horroricé, me espanté”, reveló.

Fue a partir de ahí que empezó a interiorizarse en las cuestiones medioambientales y los daños de los plaguicidas, tanto para la tierra como para la salud. A pesar de saberlo y alarmarse, le llevó dos años poder desvincularse de su actividad.

“¿Cómo le vamos a poner venenos al agua?”, cuestionó. “En el momento no me daba cuenta, pero es una locura que la forma de producción siga siendo así, esto tiene que cambiar”, reflexionó.

Entre los recuerdos que compartió, aseguró que los ingenieros agrónomos le decían que el glisfosato era inocuo, destacando que a veces la gente que está en el campo ni siquiera conoce el significado de esta palabra. “Lo hacíamos sin pensar”, confesó quien hoy sigue ligado a la producción, pero desde la agroecología.

“Seguir echándole venenos al agua, al aire, es una locura, pero en los campos no hay conciencia, hay desinformación”, lamentó. Pero él se interesó y se informó, por eso decidió trabajar “para el lado de la tierra donde hay futuro”.

El desmantelamiento de la fábrica Metalúrgica Tandil aún mantiene en vilo a muchos vecinos que temen por su salud debido a la posible propagación del amianto, una sustancia cancerígena. El ingeniero Claudio Lowy, especialista en temas socioambientales, dialogó con El Eco Multimedios al respecto.

“El amianto está principalmente en la cobertura de los hornos de fundición, pero lo que más preocupa es el estado de las chapas de fibrocemento porque tienen una vida útil del orden de los 35 años y claramente estas son mucho más antiguas y tienen un estado de degradación preocupante”, exclamó Lowy y explicó que esto hace posible que pequeñas fibras de esta sustancia, casi imperceptibles, no solo puedan volar hacia el interior sino también hacia el exterior, dejando expuesta a toda la sociedad.

“Hay que decir que una solo fibra de amianto que ingrese al pulmón tiene características cancerígenas. Y son fibras muy pequeñas, que no se ven”, agregó.

Cabe recordar que semanas atrás, junto con Miguel Ibarlucía, realizaron una presentación a la Defensoría del Pueblo para saber si, en el marco del desmantelamiento de Metalúrgica, se adoptaron medidas de protección para la población y los trabajadores, teniendo en cuenta que las chapas de fibrocemento al ser desmontadas pueden largar asbesto al aire. Hicieron una presentación a la Defensoría del Pueblo por el desmantelamiento de Metalúrgica Tandil

El informe fue respondido e incluso Paula Lafourcade, defensora del Pueblo, junto con personal de las distintas áreas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), de remediaciones, de PCB, de generadores de residuos especiales y no especiales, y delegados locales de la Unidad de Respuesta Rápida (URR), contando con la presencia de Franco Magnin (asesor externo de Metalúrgica Tandil) y personal de ERM Argentina SA, empresa consultora medioambiental, realizaron una recorrida por la planta. La Defensoría del Pueblo y el OPDS relevaron el avance del desmantelamiento de Metalúrgica

No obstante, Lowy señaló que no fue suficiente: “No podemos confiar porque no tenemos datos. Nosotros no sabemos, no hay información que diga que hayan hecho detección de fibras de amianto. Y queremos recordar que alrededor de Metalúrgica vive gente”.

Por tal motivo, informó que realizaron un segundo pedido de informes ya que la respuesta del primero fue que “el Municipio no es responsable”. Empero, el ingeniero aseguró que una ordenanza que data de 1993 establece que el Ejecutivo es el responsable de cuidar el medioambiente y, además, indicó que la Constitución de la provincia de Buenos Aires dice que el Municipio es el responsable de la salud de la población. “Así que esperaremos respuestas”, finalizó Lowy.