La resolución fue firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, quienes confirmaron los procesamientos dictados en primera instancia por el juez Diego Amarante. La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la Asociación del Fútbol Argentino de no transferir en tiempo y forma los impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y los aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Según la investigación judicial, la AFA habría incurrido en 34 hechos de apropiación indebida de tributos agravada y otros 17 hechos de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, configurando una presunta maniobra millonaria.

La Cámara confirmó expresamente el procesamiento de Pablo Toviggino, junto con el embargo de sus bienes y la prohibición de salida del país. En el caso de Claudio Tapia y de la propia AFA, los camaristas no ingresaron al análisis de fondo de las apelaciones, ya que las declararon desiertas debido a que la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo legal, lo que dejó firmes los procesamientos dictados previamente.

Actualmente, Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina que participa del Mundial 2026, viaje que realizó con autorización judicial. En tanto, Toviggino continúa en el país. La resolución no modifica, por el momento, la situación procesal de ninguno de los dos dirigentes.

En contraste, la Cámara revocó por considerarlos prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación respecto de ellos antes de resolver su situación judicial.

Uno de los testimonios incorporados durante la instrucción resultó especialmente relevante para la causa. Una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras y contables eran adoptadas por Pablo Toviggino mediante una "orden verbal". "De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino", sostuvo la testigo ante la Justicia.

Por su parte, la defensa de la AFA argumentó que gran parte de la deuda fue cancelada y aseguró que los pagos se efectuaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que consideró que la postura de ARCA contradice la normativa vigente. Sin embargo, la Justicia sostuvo que el delito se configura desde el momento en que expira el plazo legal para transferir los fondos retenidos, independientemente de que posteriormente se regularice la situación.

Con la confirmación de los procesamientos, la causa avanza hacia una nueva etapa y quedó muy cerca de ser elevada a juicio oral, donde se determinarán las eventuales responsabilidades penales de los dirigentes y de la entidad que conduce el fútbol argentino.

El juez federal Luis Armella, al frente del Juzgado Federal Criminal y Correccional número dos de Lomas de Zamora, resolvió ampliar la imputación contra el empresario Maximiliano Ariel Vallejo. La medida, solicitada por la fiscal federal Cecilia Incardona, le atribuye el presunto delito de administración fraudulenta en calidad de partícipe necesario. Este nuevo cargo se añade a las acusaciones previas por lavado de activos agravado y asociación ilícita que ya afrontaba el propietario del holding Sur Finanzas.

La resolución judicial fija la declaración indagatoria de Vallejo para el próximo 26 de mayo de 2025, jornada en la que también deberá comparecer su madre, Graciela Beatriz Vallejo. Según el dictamen fiscal, el rol del financista en el presunto vaciamiento del Club Atlético Banfield no fue secundario. La fiscalía sostiene que el imputado facilitó la estructura corporativa, firmas pantalla como Sur Finanzas Group S.A. y Roma Inversiones S.A., y un flujo de capitales no registrado indispensable para concretar la maniobra fraudulenta atribuida a la conducción de la entidad deportiva.

La causa penal se inició a partir de una denuncia por estafa y lavado presentada por la firma Auriga League S.A., tras un préstamo impago de dos millones de euros otorgado al club. A partir de allí, la fiscalía detectó un esquema que habría funcionado de manera ininterrumpida entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025. La hipótesis principal apunta a que Sur Finanzas captaba clubes con problemas de liquidez para ofrecerles préstamos con tasas consideradas usurarias, canalizando luego las ganancias mediante un entramado societario.

La acusación detalla operaciones de lavado de activos por un monto superior a los 108 millones de dólares. Asimismo, el organismo ARCA denunció una evasión en el Impuesto a los Débitos y Créditos calculada en 3.327 millones de pesos, dentro de un volumen total de transacciones sospechosas que alcanza los 818.000 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación de Incardona, la cúpula directiva de Banfield de ese período —conformada por el presidente Eduardo Juan Spinosa, el secretario Federico José Spinosa, el vicepresidente Oscar Fabián Tucker y el tesorero Ignacio Javier Uzquiza— estructuró un mecanismo sistemático de desvío. Entre las pruebas se destacan dos contratos suscriptos con Sur Finanzas en 2023 por un total de USD 500.000 cada uno, con tasas del tres por ciento y cuatro por ciento mensual respectivamente, entregados en efectivo para evitar la trazabilidad bancaria.

Paralelamente, se sospecha que los ingresos genuinos de la institución, provenientes de cuotas sociales y contratos de sponsoreo, eran desviados hacia el Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña en lugar de ingresar a las cuentas oficiales del club. Esta operatoria habría estado activa desde febrero de 2019 hasta agosto de 2023.

La pesquisa judicial señala que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, habría facilitado el ingreso de Vallejo al ámbito de los clubes de fútbol, aunque el dirigente no se encuentra imputado en este expediente. En los más de 40 allanamientos realizados por orden del magistrado, se secuestró documentación vinculada a 16 clubes, entre los que figuran San Lorenzo, Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Barracas Central.

Por otra parte, la jueza federal María Servini lleva adelante una investigación paralela sobre Sur Finanzas por presunta compraventa irregular de divisas por más de 1.400 millones de dólares durante mandatos presidenciales anteriores. La indagatoria del 26 de mayo de 2025 marcará un hito clave en el proceso que el juzgado de Lomas de Zamora viene instruyendo formalmente desde el 31 de marzo pasado.

El juez en lo penal económico Diego Amarante autorizó este lunes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, a viajar al exterior. La medida se otorgó a cambio del depósito de una caución de 30 millones de pesos, en el marco de la causa donde se encuentra procesado por presunta retención indebida de aportes.

Según la resolución judicial, Claudio Tapia podrá ausentarse del territorio nacional desde el 27 de mayo hasta el 21 de julio próximos. El itinerario previsto incluye un primer destino en Hungría, donde el dirigente debe cumplir con compromisos institucionales como miembro del Consejo Directivo de la Conmebol y titular de la entidad nacional.

Posteriormente, se trasladará a Budapest para asistir a la final de la UEFA Champions League. El cronograma continúa en Estados Unidos, donde presenciará los partidos amistosos de la Selección Argentina frente a Honduras e Islandia, programados para el seis y nueve de junio, respectivamente. Finalmente, participará de actividades protocolares vinculadas a la Copa Mundial FIFA 2026 en ese país, México y Canadá.

Al fundamentar su decisión, el magistrado consideró que no existen elementos objetivos que impidan la salida del país y destacó que el imputado dio cumplimiento a las condiciones impuestas en autorizaciones anteriores. No obstante, el juez advirtió que cualquier modificación de las condiciones establecidas derivará en una violación directa a los compromisos de sujeción al proceso asumidos por el dirigente.

El titular de la institución deberá informar su regreso al país dentro de las 48 horas de concretado. El magistrado mencionó además que en las fechas previstas para el viaje no existen compromisos judiciales que requieran la presencia del dirigente.

Cabe señalar que el procesamiento de Claudio Tapia, que incluye un embargo de 350 millones de pesos, está bajo estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. En la misma causa están acusados el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, todos señalados por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló el envío de la investigación por la casaquinta de Pilar, valuada en 17 millones de dólares, al juzgado federal de Campana. La propiedad es atribuida a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y ahora el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara Nacional en lo Penal Económico de la ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por mayoría por la sala I del máximo tribunal penal, con los votos de los jueces Angela Ledesma y Javier Carbajo. De esta manera, se hizo lugar a un planteo de la fiscalía contra la resolución de la Cámara Federal de San Martín, que en enero pasado había derivado el expediente al juzgado a cargo del juez Adrián González Charvay.

La investigación busca determinar si la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, adquirió la mansión como presuntos testaferros de autoridades de la institución deportiva. Entre los nombres señalados se encuentran el presidente Claudio Tapia y el tesorero Pablo Toviggino. El predio en cuestión cuenta con helipuerto, caballerizas y un galpón donde se halló una flota de autos de colección.

El fallo establece que el futuro del caso será definido por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, integrantes de la Cámara en lo Penal Económico. Estos magistrados también analizan actualmente los procesamientos de Claudio Tapia, Pablo Toviggino y la propia institución por supuesta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia, al considerar que el recurso fiscal era inadmisible por no tratarse de una sentencia definitiva. No obstante, coincidió en que la nueva resolución debe tomarse con celeridad para evitar mayores dilaciones en un proceso judicial que ya ha pasado por tres juzgados distintos desde su inicio.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, se encuentran desde este lunes a la espera de dos definiciones clave para su futuro judicial. La Cámara Penal Económico debe resolver los procesamientos por la retención indebida de tributos, mientras que la Cámara Federal de Casación Penal dirimirá la disputa de competencia sobre la investigación de una lujosa mansión en Pilar.

Este lunes venció el plazo para que las partes de ambos expedientes finalicen sus presentaciones. Con este paso cumplido, los tribunales están habilitados para dictar sentencia, generando una fuerte expectativa a pocas semanas del inicio del mundial de fútbol donde la selección de Lionel Messi defenderá su título. La causa de mayor impacto inmediato es la referida a la retención de aportes, donde el juez Diego Amarante procesó a fines de marzo a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, al ex y al actual secretario general, Víctor Blanco y Cristian Malaspina, y al gerente general, Gustavo Lorenzo.

A los cinco directivos se los acusa del delito de apropiación indebida de tributos agravado y de recursos de la seguridad social que la entidad no habría pagado en término por un monto de 19.300 millones de pesos. Los jueces de la Cámara, Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deberán decidir si confirman, agravan o sobreseen a los imputados. Un dato relevante es que la apelación de Claudio Tapia podría ser declarada desierta por no haber sido presentada en los plazos legales.

En el marco de este proceso, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez Diego Amarante por presuntas maniobras para direccionar la causa. Por su parte, ARCA, que actúa como querellante, solicitó al magistrado ampliar la investigación por nuevos hechos de evasión y la posible conformación de una asociación ilícita.

En paralelo, la justicia analiza el origen de una propiedad de 105 mil metros cuadrados en Pilar que cuenta con helipuerto. Aunque figura a nombre de la sociedad Real Central, de Luciano Pantano y su madre Ana Lucía Conte, la sospecha judicial apunta a que el verdadero dueño sería Pablo Toviggino. En el lugar se hallaron elementos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino, una plaqueta a nombre del tesorero y 54 autos de lujo con autorizaciones de manejo para sus familiares.

La Cámara de Casación debe resolver ahora qué juzgado llevará adelante este expediente, luego de que el fiscal Mario Villar cuestionara el pase de la causa al juzgado federal de Campana, señalando irregularidades en dicho movimiento y postulando que el caso debe retornar al fuero Penal Económico o al juez Daniel Rafecas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió este viernes ante la Justicia la denuncia penal contra el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de una investigación por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social.

La causa, que tramita en el juzgado a cargo de Diego Amarante, ya investigaba operaciones por alrededor de $19 mil millones. Sin embargo, la ampliación presentada por el organismo recaudador incorporó nuevos elementos que apuntan a una presunta maniobra de evasión fiscal mediante el uso sistemático de facturación apócrifa, con un perjuicio estimado para el Estado de $289.336.519,66.

Según la presentación impulsada por el titular de ARCA, Andrés Vázquez, tanto Tapia como Toviggino habrían integrado una supuesta “asociación ilícita fiscal” destinada a ocultar el destino final de fondos y reducir cargas tributarias.

La ampliación quedó incorporada al expediente CPE 1182/2025 y pone el foco en operaciones realizadas entre 2023 y 2025, especialmente aquellas vinculadas al predio que la AFA posee en Ezeiza. Allí, de acuerdo con la investigación, se detectaron pagos realizados a empresas con “irregularidades estructurales” y consideradas por el organismo como contribuyentes “no confiables”.

Además de Tapia y Toviggino, también aparecen mencionados en la investigación el secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.

La denuncia sostiene que existen “indicios graves, precisos y concordantes” de evasión tributaria agravada por el uso de facturas apócrifas. Para ARCA, las maniobras no habrían sido episodios aislados sino parte de un mecanismo reiterado a lo largo de distintos ejercicios fiscales.

La ampliación de la causa se produjo luego de una serie de fiscalizaciones y cruces de información bancaria realizados por el organismo recaudador sobre operaciones económicas relacionadas con la estructura financiera de la AFA.

En ese contexto, Vázquez solicitó que los dirigentes involucrados sean citados a declaración indagatoria y reclamó que la Justicia avance sobre el análisis integral de las operaciones financieras observadas en la investigación.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, solicitó revocar una resolución de la Cámara en lo Penal Económico que impidió la continuidad de su defensa en la causa donde se encuentra procesado. El dirigente está acusado de no depositar en el plazo legal 19.000 millones de pesos correspondientes a aportes retenidos.

A través de un recurso de reposición, el abogado Luis Charro sostuvo que el tribunal aplicó una sanción basada en una ficción procesal. La semana pasada, la justicia declaró desierto el recurso de apelación de Claudio Tapia, cerrando la posibilidad de presentar nuevos argumentos contra el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país dictada por el juez Diego Amarante.

La defensa argumentó que la sanción se apoya en la incomparecencia a una audiencia oral que no se celebra materialmente. Según el planteo, el esquema previsto en el artículo 454 del Código Procesal Penal fue modificado durante la pandemia y reemplazado por la presentación de escritos.

“No resulta jurídicamente admisible conservar las consecuencias propias del régimen anterior sobre una estructura procesal que ya no existe en los hechos”, subrayó el letrado.

Para el representante legal de la Asociación del Fútbol Argentino, la resolución judicial implica un exceso de rigor formal que vulnera el derecho a defensa. Afirmó que no hubo desinterés, sino un error de interpretación en una secuencia confusa de audiencias reprogramadas. El escrito también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema contra el ritualismo excesivo.

Por su parte, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio argumentaron que el cumplimiento de los términos es una garantía para las partes y asegura el principio de bilateralidad. Señalaron que la defensa no presentó el memorial en tiempo y forma, ya que la audiencia fue fijada para el 24 de abril y el escrito se entregó recién el 28 de abril.

La situación procesal de Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres dirigentes sigue bajo revisión. La Cámara en lo Penal Económico fijó una nueva audiencia para el 11 de mayo. En tanto, el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA buscan agravar la acusación por deudas vinculadas a retenciones por publicidad, postura respaldada por el fiscal Gabriel Pérez Barberá.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sancionó a la casa de cambio ARS Cambios SAS, propiedad del financista Ariel Vallejo, con una multa de 18.098.701.115 pesos. La entidad monetaria dispuso además la revocación de su autorización para operar tras detectar graves irregularidades en su actividad cambiaria durante el año 2023.

La investigación determinó que la firma realizó operaciones de compraventa de moneda extranjera por más de 25 millones de dólares sin que fuera posible verificar el destino genuino de esos fondos. Según el Banco Central, la maniobra configuró un "pase de manos" de pesos y dólares sin justificación económica aparente, aprovechando una brecha cambiaria promedio del 102 por ciento.

El organismo remarcó que estas conductas afectan la transparencia y confiabilidad del sistema, distorsionan la competencia leal y comprometen los objetivos de la política monetaria. Por este motivo, la sanción también alcanzó a los responsables de la firma. Graciela Beatriz Vallejo, administradora titular, recibió una multa de 7.228.280.446 pesos e inhabilitación por seis años. Por su parte, Ariel Vallejo fue sancionado con 5.429.610.334,50 pesos e inhabilitación por cinco años.

La resolución oficial advierte que la operatoria tenía por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para abastecer el mercado paralelo. Además, se detectó que la firma superó los límites mensuales de ventas permitidos entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, acumulando excesos por más de un millón de dólares.

Vinculado al titular de la AFA, Claudio Tapia, el financista Ariel Vallejo también es identificado como accionista de Sur Finanzas. Esta última empresa enfrenta una denuncia penal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) por la presunta retención indebida de aportes previsionales por un monto superior a los 46 millones de pesos, abarcando siete períodos fiscales.

Finalmente, el Banco Central informó que los sancionados podrán apelar la medida ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en un plazo de 30 días hábiles. Mientras tanto, la sociedad deberá abstenerse de ejercer la actividad cambiaria de manera inmediata y adecuar su objeto social en un plazo de 90 días.

El Banco Central de la República Argentina decidió sancionar con dureza a la casa de cambios ARS Cambios, vinculada a la firma Sur Finanzas, retirándole la autorización para operar en el mercado y aplicando una multa que asciende a los 18.000 millones de pesos. La medida surge tras una investigación por maniobras con el dólar oficial realizadas durante el 2023, en plena vigencia del cepo cambiario.

La sanción, aprobada por el directorio de la autoridad monetaria el jueves pasado, alcanza también de forma personal a los responsables de la entidad. El financista Ariel Vallejo recibió una multa de 5.400 millones de pesos, mientras que su madre y accionista de la firma, Graciela Vallejo, deberá abonar 7.200 millones de pesos. Ambos quedaron inhabilitados para desempeñarse en el sistema financiero por un período de cinco y seis años, respectivamente.

La investigación llevada adelante por la Superintendencia de Entidades Financieras determinó que la financiera, señalada por sus vínculos con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, operó de manera sospechosa unos 25 millones de dólares entre enero y diciembre del año pasado. Según la hipótesis oficial, estos fondos fueron utilizados para abastecer el mercado ilegal y aprovechar la brecha cambiaria, que en ese momento promediaba el 102 por ciento.

El sumario del Banco Central de la República Argentina reveló que el 99,1 por ciento de las operaciones de ARS Cambios tuvo como destino otras casas de cambio, lo que configuró un mecanismo de "pase de manos" sin justificación económica real. Esta operatoria, denominada internamente como "la escalerita", permitía adquirir divisas al valor oficial para luego canalizarlas hacia el circuito paralelo a través de diversas entidades intermediarias.

Desde el Gobierno nacional estiman que este tipo de maniobras ilegales con dólares oficiales podrían haber alcanzado un volumen total de 1.500 millones de dólares durante el período analizado. Con esta resolución, los sancionados no podrán ocupar cargos de relevancia ni ser accionistas en bancos, billeteras virtuales o empresas del sector fintech, ya que la inhabilitación rige para entidades financieras y no financieras de crédito.

El presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, volvió a criticar la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y marcó su postura sobre el conflicto que mantiene con el organismo. "Se llegó a un punto en el que no sé si quiero reconciliarme, sino que quiero que esto cambie", expresó el dirigente en un nuevo capítulo de la tensión que lo separa de la actual gestión encabezada por Claudio Tapia.

En ese sentido, el exfutbolista consideró que el escenario actual "no es saludable" para el fútbol argentino y remarcó que se está perdiendo una oportunidad importante a nivel internacional. Sin embargo, en diálogo con TN, aclaró que no se cierra a la posibilidad de dialogar: "Me interesa escuchar a la otra parte, intercambiar ideas. El problema es que pasa el tiempo y no se avanza".

Las fricciones entre Juan Sebastián Verón y la AFA se profundizaron durante 2025, un año atravesado por distintos cruces y polémicas. Entre ellas, la suspensión que recibió luego del pasillo de espaldas a Rosario Central tras la polémica por el título asignado, episodio que volvió a evidenciar la distancia entre el dirigente platense y la conducción del fútbol local.

Durante la entrevista también se refirió al debate por las sociedades anónimas deportivas. Según explicó, gran parte de la resistencia en el país se debe a la manera en que se comunica la idea: "Si se instala desde el miedo, la gente se va a cerrar. Siente que le quieren sacar algo que es suyo. En algún momento esto va a pasar, por una cuestión de necesidad".

Aun así, planteó una postura intermedia y sostuvo que el sistema necesita modernizarse: "Puede haber un modelo que combine lo social con una estructura más profesional y con inversiones externas". Además, dejó en claro que su objetivo es cambiar una lógica muy arraigada en Argentina: "Los clubes son muy presidencialistas. Yo intento que eso no pase, que el funcionamiento no dependa de una sola persona".

Finalmente, al hablar sobre su gestión en el Pincha, dejó otra definición que resume su mirada actual sobre la conducción de las instituciones. "El resultado no te puede contaminar el plan. Lo urgente no puede tapar lo importante", sostuvo, al remarcar la necesidad de sostener proyectos institucionales a largo plazo.

La investigación judicial que involucra al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al dirigente Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que se descartara —al menos por el momento— la posibilidad de detenciones en Santiago del Estero.

El expediente, impulsado por el fiscal federal Pedro Simón, incluía un pedido de detención e indagatoria para ambos dirigentes en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita vinculadas al manejo de fondos dentro de la AFA.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que no se avanzará con los arrestos solicitados, lo que mantiene en libertad a los involucrados mientras continúa el proceso judicial. La decisión introduce un cambio significativo en el rumbo de la causa y eleva la tensión en el ámbito judicial.

En su resolución, el magistrado interviniente se declaró incompetente y resolvió remitir el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay. Según trascendió, al momento de firmar el fallo aún no había sido notificado formalmente de una recusación en su contra.

El planteo del fiscal incluía acusaciones por presuntas maniobras de lavado de activos, vinculadas a defraudación en la AFA, evasión tributaria y operaciones cambiarias irregulares. No obstante, el juez cuestionó la consistencia de la acusación y consideró que el requerimiento no cumplía con los estándares mínimos para impulsar una investigación penal.

En una resolución de 39 páginas, el juzgado advirtió la “ausencia de un hecho concreto y específico” y calificó la hipótesis fiscal como “genérica y abierta”. Además, remarcó la falta de precisión respecto del delito precedente, un elemento clave para acreditar el origen ilícito de los fondos.

Con este escenario, la causa seguirá su curso en otra jurisdicción, mientras se profundiza el debate judicial en torno a la solidez de las pruebas y el encuadre de la investigación.

Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó este viernes la detención del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. La medida se da en el marco de una causa penal que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero con bienes adquiridos en dicha provincia.

El fiscal federal Pedro Simón imputó a ambos dirigentes por asociación ilícita agravada y lavado de activos. La investigación se centra en propiedades y activos en Santiago del Estero, de donde es oriundo Pablo Toviggino. Además del pedido de detención, el representante del Ministerio Público Fiscal reclamó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes para los dos involucrados.

La resolución sobre estos pedidos recae ahora sobre el juez de Tucumán, Guillermo Díaz. Según trascendió de fuentes judiciales, la pesquisa detectó al menos 35 propiedades a nombre de sociedades vinculadas al tesorero y sus allegados. La acusación incluye estancias, casas, lotes y vehículos, además de inversiones financieras como plazos fijos y operaciones con dólar MEP.

El fiscal Pedro Simón fundamentó el pedido de detención al sostener que existe riesgo de fuga debido a la estructura montada para cometer los delitos. Según la imputación, Claudio Tapia habría facilitado el desvío de fondos de la institución hacia empresas relacionadas con Pablo Toviggino, como Real Central SRL, vinculada a Luciano Pantano y propietaria de una quinta valuada en 17 millones de dólares.

Este expediente se suma a otra investigación que tramita en Campana, bajo la órbita del juez federal Adrián González Charvay. En ese proceso también se analiza la participación de la firma TourProdEnter, del empresario Javier Faroni. La causa en Santiago del Estero se inició el ocho de diciembre de 2025 tras una denuncia recibida por correo electrónico.

La Asociación del Fútbol Argentino y el capitán Lionel Messi enfrentan una compleja situación judicial en Estados Unidos. La firma VID Music Group presentó una demanda formal ante el Tribunal del 11 Circuito Judicial de Miami-Dade, en Florida, alegando un incumplimiento de contrato relacionado con la organización de partidos internacionales de la Selección Argentina.

El conflicto se originó durante la ventana de octubre pasado, cuando el equipo dirigido por el seleccionador Lionel Scaloni enfrentó a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami el diez de octubre y a Puerto Rico en Fort Lauderdale el 13 de octubre. Según la denuncia, la presencia de Lionel Messi estaba garantizada por contrato para ambos encuentros; sin embargo, el astro rosarino no participó del primer compromiso frente al conjunto venezolano para jugar un partido con el Inter Miami por la MLS el 11 de octubre.

La ausencia del diez en el campo de juego tuvo un impacto directo en la recaudación y la expectativa del público. El partido contra Venezuela contó con una asistencia de apenas 15 mil espectadores, lo que representa solo el 23 por ciento de la capacidad del estadio. Ante este escenario, la empresa demandante estima pérdidas que rondan los siete millones de dólares y ha presentado un total de diez cargos contra los representantes argentinos.

Desde la compañía explicaron que la demanda aborda "presuntos compromisos contractuales y un patrón de representaciones comerciales" que, según la firma, fueron utilizados para inducir la inversión financiera y la participación de la compañía en dichos eventos. El empresario Javier Fernández, conocido en redes sociales como Javier Voltaje, fue el encargado de gestionar la organización de los partidos en representación de la firma y mantuvo reuniones previas con el presidente Claudio Tapia en las oficinas de la institución en Miami.

Para brindar mayores precisiones sobre el litigio, VID Music Group anunció una conferencia de prensa que se llevará a cabo el próximo martes 21 en Coral Gables, al sur del centro de Miami. Allí se espera que los directivos de la empresa detallen los alcances de la presentación judicial que pone bajo la lupa la gestión de los amistosos internacionales del seleccionado campeón del mundo.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial reclamó agravar la acusación en la causa que investiga una millonaria retención indebida de aportes, en la cual ya se encuentran procesados el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La medida busca revertir la decisión del juez Diego Amarante de excluir un componente central de la investigación.

En su apelación, el fiscal advirtió que hubo un recorte de la acusación original al dejar fuera el denominado “subconcepto 551” del impuesto 353, el cual está vinculado a los ingresos por patrocinio oficial de los torneos. Según Navas Rial, este punto no es accesorio sino una “parte inescindible” de la maniobra investigada, ya que concentra los montos más significativos de la presunta evasión.

La causa gira en torno a retenciones y percepciones no depositadas al sistema de seguridad social, calculadas en aproximadamente 19.000 millones de pesos. En este esquema, la AFA y la Liga Profesional actuaban como agentes obligados a retener ciertos porcentajes de ingresos para destinarlos a aportes y contribuciones de clubes, futbolistas y personal. El fiscal solicitó, además, elevar el monto de los embargos, que actualmente se fijaron en 350 millones de pesos para los principales directivos.

“El recurso se basa en la alteración de la plataforma fáctica que integra los hechos imputados”, advirtió Navas Rial.

Para el representante del Ministerio Público, los fondos provenientes de la publicidad de los torneos nunca integraron el patrimonio disponible del agente, sino que pertenecen a terceros desde el momento en que se generan. Por ello, consideró que la exclusión de estos montos representa una “reducción artificial del suceso fáctico” que limita la posibilidad de reconstruir integralmente los hechos.

La resolución final quedará en manos de la sala A de la Cámara en lo Penal Económico, integrada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Estos magistrados ya ratificaron previamente la prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino, además de rechazar esta semana un planteo de las defensas que buscaba declarar la inexistencia de delito.

Además del presidente y el tesorero, la causa involucra a otros tres procesados: el actual secretario general Cristian Malaspina y los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. En su fallo inicial, el juez Amarante sostuvo que se encuentra verificada la intervención culpable de los imputados, dado que contaban con facultades de administración para incidir en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La causa que tiene como protagonistas a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino entró en una etapa determinante que podría marcar su resolución. El juez en lo Penal Económico, Diego Amarante, habilitó el tratamiento de una posible “reparación integral del daño”, una herramienta legal que abriría la puerta al sobreseimiento.

La iniciativa fue presentada por la defensa del tesorero de la AFA y se sostiene en un aspecto central: la deuda en cuestión fue cancelada en su totalidad, con los intereses correspondientes, incluso antes de que se formalizara la denuncia. Según remarcan desde el ámbito jurídico, esto se ajusta a los mecanismos previstos para extinguir la acción penal.

A partir de ahora, la definición quedará en manos de las partes intervinientes, aunque en Viamonte prevalece una mirada optimista respecto al desenlace. Desde el primer momento, la postura de la AFA fue contundente: no existieron irregularidades y todas las obligaciones fueron cumplidas conforme a la normativa vigente.

Este nuevo paso en la causa refuerza la posibilidad de que el proceso no avance y que se encamine hacia un cierre definitivo, despejando la situación judicial de Tapia.

Mientras tanto, el presidente continúa con su agenda institucional, enfocado en la gestión y en la defensa del fútbol argentino, con el respaldo de una conducción que sostiene su accionar en la legalidad.

La Justicia confirmó este miércoles la decisión del juez Diego Amarante que prohíbe la salida del país del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino. La medida surge a raíz de la causa en la que ambos fueron procesados recientemente por retención indebida de aportes e impuestos.

La Cámara Federal de Apelaciones del fuero Penal Económico, a través de los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, consideró razonable la prohibición para poder garantizar que los imputados estén a disposición de los pedidos judiciales en torno a la investigación.

La decisión apelada, en cuanto a la situación de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino se encuentra actualmente ajustada a derecho y a las circunstancias de la causa, por lo que debe ser confirmada

Los magistrados aclararon que la restricción no es absoluta, sino que lo que se pretende es que el imputado deba requerir autorizaciones concretas al juzgado. En este sentido, recordaron que el presidente de la AFA ya fue autorizado a salir del país en dos oportunidades previas bajo esta modalidad.

Por otro lado, la situación es distinta para los otros tres procesados en la causa: el gerente general de la AFA, Gustavo Álvarez; el secretario general, Cristian Malaspina; y el ex secretario general Víctor Blanco. A estos últimos se les quitó la prohibición de salida al momento de ser procesados.

Tapia y Toviggino fueron procesados este lunes y recibieron embargos por 350 millones de pesos cada uno. La investigación se centra en la falta de pago de 19.000 millones de pesos de impuestos dentro de los plazos legales. Si bien gran parte de esa deuda ya fue saldada, el delito se configura desde el momento en que se vence el plazo de cobro.

Esta situación judicial genera interrogantes sobre la presencia de los directivos en el próximo Mundial, que comenzará el 11 de junio. Ambos referentes de la AFA dependerán exclusivamente de la autorización del juez Amarante para poder asistir a la cita futbolística en el exterior.

En medio de una creciente escalada judicial, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió marcar distancia de las directrices del Gobierno nacional al sellar un acuerdo paritario con la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) que supera el techo salarial pretendido por el Ministerio de Economía.

El incremento pactado para el cuatrimestre que comprende los meses de marzo a junio alcanza un 12,5 por ciento. La suba se distribuirá de forma escalonada: un 3,5 por ciento en marzo, otro 3,5 por ciento en abril, un tres por ciento en mayo y un dos por ciento en junio. Cabe destacar que estos aumentos tienen carácter acumulativo.

Esta medida representa un desafío directo a la pauta del Gobierno nacional, que busca que las actualizaciones salariales no excedan el dos por ciento mensual. El objetivo oficial es alinear esta variable con el resto de la macroeconomía, aunque en la práctica la decisión de la entidad deportiva busca mitigar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

La paritaria alcanza a los empleados comprendidos en los tres convenios colectivos que regulan la actividad dentro de la AFA. Tras la firma del acuerdo, la atención se traslada ahora a la Secretaría de Trabajo, organismo que deberá decidir si procede con la homologación o si interpone trabas administrativas debido al incumplimiento de la pauta oficial establecida por el gobierno.

El juez penal económico Diego Amarante procesó este lunes a la cúpula directiva de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entre ellos a su presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, por la retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones por más de 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Según la resolución judicial, se considera que existió una omisión deliberada de ingresar en término los tributos retenidos para generar una mayor disponibilidad de fondos para la entidad. El magistrado advirtió que se encuentra verificada la intervención material y culpable de los imputados, quienes contaban con facultades decisorias y de administración.

"Se encuentra verificada, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, la intervención material y culpable de Claudio Fabián Tapia y Pablo Ariel Toviggino en los hechos investigados, en tanto ambos contaban con facultades decisorias y de administración que les permitían incidir de manera directa en el cumplimiento de las obligaciones fiscales", señaló el fallo.

La medida alcanza también a Cristian Ariel Malaspina, actual secretario general, y a los exdirectivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo. Todos son considerados responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

El juez Amarante dispuso un embargo de 350 millones de pesos sobre los bienes de la AFA, al considerarla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravada en 34 oportunidades, en concurso real con la apropiación de recursos de la seguridad social en 17 oportunidades. El mismo monto de embargo fue impuesto de manera individual a Tapia y Toviggino.

Si bien los procesamientos se dictaron sin prisión preventiva, los dirigentes deberán cumplir con estrictas pautas de conducta. Entre las restricciones impuestas, se mantuvo la prohibición de salida del país y la obligación de no ausentarse de sus domicilios por más de 72 horas sin autorización previa. Asimismo, deberán comunicar al juzgado cualquier cambio de residencia y presentarse ante cada citación judicial.

Sobre el rol del titular de la entidad, el magistrado afirmó que el presidente de la AFA detenta la representación legal y posee una posición central en la estructura de toma de decisiones. Para el juez, esta jerarquía magnifica su responsabilidad, ya que Tapia conocía la falta de pago y autorizó la gran mayoría de los giros relativos a los volantes electrónicos.

En cuanto al tesorero Toviggino, la investigación determinó que su firma aparecía en la totalidad de los cheques de la institución y estaba autorizado para realizar operaciones de transferencia. Por este motivo, se lo considera en una posición determinante respecto del cumplimiento de las obligaciones tributarias de la entidad.

La decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico y, en caso de quedar confirmada, podría iniciar el camino hacia un juicio oral.

El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, dictaminó este lunes que la investigación sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de una lujosa casaquinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, debe retornar a la jurisdicción del juez federal Daniel Rafecas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Villar cuestionó la decisión previa de enviar las actuaciones al Juzgado Federal de Campana, advirtiendo que esta medida no solo resulta equivocada, sino que podría afectar la percepción de integridad en el proceso. Según el fiscal, las maniobras investigadas

darían cuenta de un trazado de fondos bajo figuras jurídicas y físicas que podrían encubrir su origen como fondos lícitos de la entidad no declarados y/o desviados a fines privados, o nuevas aplicaciones de sumas de origen ilícito.

La resolución de este conflicto de competencia sufrió una nueva demora debido a una recusación presentada por la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La denunciante solicitó el apartamiento de la jueza Angela Ledesma, alegando posibles vínculos con sectores judiciales de Santiago del Estero, provincia de origen del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino.

La causa busca determinar si existió una red internacional de intermediarios que operó entre los años 2021 y 2025 para canalizar fondos de la AFA fuera del circuito bancario legal. Se sospecha que estos activos, provenientes de derechos comerciales y transmisiones de la Selección Nacional, terminaron en sociedades constituidas en paraísos fiscales con la presunta participación de dirigentes o personas allegadas.

En este marco, la adquisición de la propiedad en Pilar y el hallazgo de una flota de 54 vehículos de alta gama, helipuerto y caballerizas, son considerados hitos clave de la presunta maniobra de lavado de activos. El fiscal Villar remarcó que la sede central de la institución se encuentra en la calle Viamonte, lo que refuerza la competencia de la justicia porteña por sobre la de Campana.

Finalmente, el funcionario judicial criticó el inicio de la intervención del juzgado de Campana, calificándola como una apariencia de causa generada a partir de un correo electrónico de la defensa de los imputados. Por ello, insistió en que el expediente debe ser resuelto por la especialización en materia de lavado de activos de la justicia federal de la Capital Federal, o en su defecto, por el fuero penal económico.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, celebró su noveno aniversario como presidente de la entidad, afirmando que pone el pecho “todo el tiempo” y asumiéndose como quien tomó la decisión de que Lionel Scaloni fuera el DT de la selección argentina.

Tapia definió lo que ha sido su gestión como “9 años de entrega total” y aseguró que durante este tiempo fue señalado y cuestionado.

Claudio Tapia asumió la presidencia de AFA el 29 de marzo de 2017, con el presidente de Boca de turno como vicepresidente durante todo lo que lleva de gestión.

Con un posteo en su cuenta oficial de Instagram, Claudio Tapia celebró haber alcanzado nueve años como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en una gestión “con aciertos y con errores”.

En el inicio del mensaje, Tapia aseguró que se trató de un “camino lleno de cambios y desafíos”, afirmando que al momento de hacerse cargo de AFA “todo era muy distinto”, pero que nunca cambió su “amor por esta Casa, por la selección y por el fútbol argentino”.

Además, Tapia se autoproclamó como quien tomó la decisión de ubicar y mantener a Lionel Scaloni al mando de la selección argentina como entrenador, quien consiguió el campeonato en la Copa del Mundo 2022, la Finalissima y las últimas dos Copas América, declarando que lo “señalaron y cuestionaron” por elegir a un DT que no tenía experiencia.

Por último, el presidente de la entidad que dirige al fútbol nacional dejó en claro que tomó cada decisión “con el corazón”, recriminó que “pocas veces se ve el sacrificio silencioso que hay detrás” de los éxitos, valoró el trabajo de las selecciones juveniles y sentenció: “yo estuve y estoy”.

Tapia afirmó que tiene detrás a “un país entero que cree” y comentó que se encuentra apenas en el principio de su ciclo como el máximo mandatario de la asociación. Quien llegó al poder desde la dirigencia de Barracas Central es investigado por la Justicia en causas por lavado de dinero con la financiera Sur Finanzas y empresas fantasma, además de por deudas en cargos de seguro social de sus empleados. (NA)