La utilización de la capacidad instalada en la industria alcanzó en marzo el 59,8 por ciento, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mostró una mejora de 5,4 puntos porcentuales respecto del mismo mes de 2025, cuando el indicador se había ubicado en 54,4 por ciento.

Se trata del mejor registro desde octubre del año pasado, mes en el que la industria había utilizado el 61 por ciento de su capacidad productiva.

El indicador refleja qué proporción del potencial de producción del sector manufacturero se encuentra efectivamente en uso y se elabora a partir de un relevamiento mensual que abarca entre 600 y 700 empresas de todo el país.

Entre los bloques sectoriales que superaron el promedio general se destacaron la refinación del petróleo, con un nivel de utilización del 86 por ciento; las industrias metálicas básicas, con 73,3 por ciento; papel y cartón, con 70 por ciento; sustancias y productos químicos, con 69,5 por ciento; y productos alimenticios y bebidas, con 61,6 por ciento.

Por debajo del promedio se ubicaron productos minerales no metálicos (56,6 por ciento), edición e impresión (56 por ciento), productos del tabaco (52,7 por ciento), industria automotriz (49,6 por ciento), productos de caucho y plástico (41,3 por ciento), productos textiles (40,2 por ciento) y metalmecánica excepto automotores (40 por ciento).

El Indec señaló que la principal incidencia positiva interanual correspondió al sector de sustancias y productos químicos, que pasó de 53,8 por ciento en marzo de 2025 a 69,5 por ciento en el mismo mes de este año. La mejora estuvo vinculada con una mayor producción de materias primas plásticas, caucho sintético y productos químicos básicos.

También se observaron avances en las industrias metálicas básicas, en línea con el incremento de la producción de acero crudo, y en el rubro de alimentos y bebidas, impulsado por una mayor molienda de oleaginosas y por el crecimiento en la elaboración de bebidas.

La principal incidencia negativa se registró en la industria metalmecánica, excluida la automotriz, que retrocedió respecto del año anterior y se ubicó en 40 por ciento de utilización. Según el organismo, la caída respondió a menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico.

El cálculo del indicador contempla la producción máxima posible de cada sector, teniendo en cuenta criterios técnicos como el potencial de las plantas, los turnos de trabajo y las paradas programadas para mantenimiento.

Luego de varios meses de trabajo, finalmente la Comisión de Producción y Medioambiente del Legislativo logró arribar a un consenso en torno a la nueva ordenanza sobre aplicación de fitosanitarios. 

Tras  numerosos encuentros con diferentes actores, los ediles acordaron el articulado para confeccionar la nueva normativa en la materia, considerando que la Ordenanza Municipal 12.316 quedó  desactualizada. Huelga recordar que el magistrado a cargo del Juzgado Civil y Comercial 2 de Tandil, Julio Blanc, hace un año dictó una medida cautelar que prohíbe la aplicación aérea de agroquímicos a menos de dos mil metros de lugares habitados, y a 500 metros de forma terrestre. La medida regía, en principio, por 6 meses y en mayo fue prorrogada sin plazo.

Si bien desde los bloques prefirieron no adelantar el borrador del proyecto porque todavía les falta ponerse de acuerdo en la cantidad de metros de las zonas de exclusión y amortiguación, y además explicaron que pueden surgir eventuales modificaciones, la presidenta de la comisión, la concejal de Juntos por el Cambio Maridé Condino, adelantó algunos puntos convenidos para avanzar en la redacción del proyecto final. 

Como se mencionó, el trabajo en cuestión es producto de los múltiples intercambios con quienes forman parte de esta discusión; vecinos, médicos y especialistas, el INTA, entidades del agro, autoridades provinciales, el Senasa y los aplicadores. 

Zonas de exclusión 

Según detalló Condino, el nuevo texto busca ofrecer mayor resguardo a las escuelas rurales, y establece zonas de exclusión –donde está prohibido pulverizar- y zonas de amortiguamiento –donde se puede fumigar bajo diversos requisitos- para establecer un perímetro seguro. Por el momento, existe una zona de exclusión inmediata que contempla los 150 metros alrededor de los establecimientos educativos  y los cursos de agua.

Asimismo, destacó que no podrá llevarse a cabo ninguna tarea de esta índole mientras la institución esté funcionado. Esto requerirá aceitar engranajes de comunicación  entre el sector educativo, el Estado municipal, los dueños de los campos y los fumigadores, para acordar los días y horarios que correspondan. En este sentido, indicó que se deberá dar aviso de la actividad de fumigación 48 horas antes. 

Además, se establecerá la obligatoriedad de hacer una cortina forestal para brindar mayor protección y las maquinarias deberán contar con tecnologías que permitan la geolocalización y la aplicación selectiva, entre otros detalles que servirán para ejercer más controles. Como estos insumos son onerosos, la ordenanza no aludirá a ninguno en especial, pero si exigirá que la información esté disponible para poder rastrear el recorrido de los “mosquitos”, por ejemplo. 

En tanto, la legisladora señaló que todo el ejido urbano de Tandil y de localidades del área rural funcionarán como una zona de exclusión y no se podrá aplicar ningún producto agroquímico en la planta poblacional.

“Son sugerencias que tomamos que tenían que ver con mejorar el control y la aplicación para que se use la menor cantidad de producto y se resguarde la salud de las personas”, refirió.

Controles 

Por otra parte, la novedad del texto legislativo es que se exigirán controles médicos anuales a los aplicadores para monitorear su estado de salud y elaborar estadísticas al respecto. Esta iniciativa parte de un convenio que se va a firmar entre el Sistema Integrado de Salud Pública y la Asociación de Aplicadores  de Fitosanitarios, pero el proyecto establecerá la obligatoriedad de los controles más allá del acuerdo de colaboración mutua entre ambos actores. 

También será preciso que quienes desempeñan estas tareas y las empresas vinculadas al agro realicen todos los años capacitaciones sobre el tema para mantenerse actualizados, y seguirá siendo condición excluyente el uso de la receta agronómica que rige por ley provincial desde 1998, a cargo de un ingeniero agrónomo que certifique la práctica y el producto que se utilizará en la misma. 

Otra de las novedades que obtuvo el consenso unánime  fue la creación de un Comité de Seguimiento conformado por Ejecutivo, el Legislativo, el INTA, la Dirección de Fiscalización Vegetal de la Provincia, el Senasa, la Defensoría del Pueblo y la Jefatura Distrital de Educación, para controlar el funcionamiento de la ordenanza y plantear los cambios que se consideren necesarios a medida que pasa el tiempo. 

No obstante, Condino aclaró que el proyecto que se está puliendo tiene un carácter punitivo importante,  con la adición de multas muy elevadas y acumulativas  para penalizar cualquier trasgresión a los artículos normativos. La autoridad de aplicación encargada de hacer cumplir la ley será designada por decreto municipal  y seguramente abarcará más de un área comunal.  

Lo que falta 

Aunque aún no está el texto definitivo, desde el Concejo apuestan a seguir avanzado en las próximas semanas para tener un proyecto que pueda tratarse en el recinto antes de fin de año y aggionar el encuadre jurídico para las fumigaciones en el Partido. 

En esta línea, la cantidad de metros mínimos para aplicar los productos son todavía un tema de debate en la comisión que no encuentra un anclaje único en las normativas similares existentes.

“Las provincias tiene sus leyes para trabajar la problemática, y hay partidos que sólo se rigen por esta legislación pero hay otros que tienen una legislación propia que acompaña a la norma mayor, que es lo que pasa en Tandil. Al haber ordenanzas diferentes también varían los metros de distancia exigidos para pulverizar. En algunos distritos  la distancia es de 100 metros, en otro es de mil, cada uno decidió una distancia diferente en base al momento en el que se sancionó la ordenanza y por eso es preciso que la Provincia elabore una ley que equipare este punto, porque hasta que no lo hagan va a pasar esto”, sostuvo. 

A comienzos de noviembre, el Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca regular la actividad de las cocinas domiciliarias y fijar las condiciones de seguridad para quienes adquieren alimentos preparados en casas particulares, fuera del alcance del control bromatológico.

El texto tiene el propósito de legislar sobre una actividad económica que registra crecimiento exponencial en el marco de la crisis sanitaria y económica. No obstante, aclararon que no se pretende implementar un control restrictivo sino, por el contrario, acompañar a las personas que llevan adelante estos emprendimientos de subsistencia.

Por este motivo, la Secretaría de Desarrollo Económico Local y Relaciones Internacionales del Municipio, a cargo de Marcela Petrantonio, convocó a un grupo de trabajo integrado por el director de Bromatología, Federico Sánchez Chopa, y la concejal Marcela Vairo.

Finalizada la etapa de redacción, se elevó la propuesta al Concejo para ser tratado en la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente.

En ese intercambio, surgió una serie de sugerencias que se incorporaron al texto propuesto, que ahora se remitió a la Comisión de Salud y Desarrollo Social para su tratamiento.

En principio, se estima que ingresaría en la próxima sesión para su debate y aprobación.

En comisión

Precisamente, el jueves pasado se llevó a cabo una nueva reunión de trabajo con la presencia del representante del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Taylor. También participaron el Departamento Ejecutivo, la Universidad y organizaciones sociales.

“La cuestión principal es fomentar las buenas prácticas bromatológicas y mejorar las condiciones de estas improvisadas salas de elaboración de alimentos que, en definitiva, suelen ser la cocina particular de las familias dedicadas a esta alternativa”, describió la presidenta de la comisión legislativa, María Haydée Condino.

Esta opción “les permite subsistir en un marco de necesidad, agravado por la situación económica negativa derivada de la cuarentena por la pandemia de coronavirus”, agregó.

La realidad indica que muchas personas recurren a esta prestación de servicios como fuente de trabajo, producen alimentos en sus casas sin las herramientas y la habilitación correspondiente.

Ante este contexto, “se puede prohibir o ir por una alternativa superadora que significa controlar y acompañar”, graficó la legisladora municipal del oficialismo.

Dentro de estas microempresas familiares también hay algunas que tienden a introducir estándares de calidad y métodos de comercialización semi profesionales.

Aun así, existe una cuestión sanitaria bromatológica que no puede ser soslayada. Por ello, todas las personas que se dedican a estas actividades gastronómicas tienen que cumplir una serie de normas mínimas, como los cursos de manipulación de alimentos y los demás recaudos que exige el Código Alimentario Argentino para asegurar la inocuidad de los alimentos elaborados en estas cocinas domiciliarias.

A nivel provincial

En paralelo, los ministerios de Salud y de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, junto a municipios del sudeste, el INTI y el INTA, elaboraron normas para la habilitación de cocinas domiciliarias.

Se dio como respuesta a estas nuevas situaciones, con el abordaje de la regulación de los procesos de producción y comercialización de la agricultura familiar urbana y periurbana.

Regulación

Por otra parte, hasta que la pandemia sea controlada y mejore la situación económica se debe establecer un marco de seguridad para los consumidores y de equidad con los establecimientos que puedan verse perjudicados por este tipo de comercialización informal.

Además de las cocinas domiciliarias, el proyecto busca establecer normas para las cocinas comunitarias, de las que se tiene registro en Tandil a partir del año 2008.

Condino resumió las ideas fuerza del proyecto al señalar que busca integrar bajo un común denominador la producción alimenticia en cocinas domiciliarias y cocinas comunitarias; establecer protocolos de elaboración, manipulación, almacenamiento y transporte de los alimentos; brindar apoyo técnico y financiero; fomentar el asociativismo y la cooperación e instituir criterios de calidad.

El proyecto de ordenanza

La propuesta, con las modificaciones incluidas, parte del incremento de la comercialización de comidas caseras a domicilio, como así también del funcionamiento de las denominadas cocinas comunitarias, y ante la necesidad de una intervención regulatoria y de prevención sanitaria por parte del Estado municipal.

Al presentar los objetivos generales, el proyecto de ordenanza, en su artículo primero, plantea que tiene por finalidad brindar seguridad sanitaria a los consumidores de alimentos de elaboración casera y, al mismo tiempo, promueve una interacción entre micro productores locales y el Estado municipal, provincial y nacional.

Entre las características, apunta a la “integración conforme a un común denominador de la producción alimenticia elaborada en las cocinas domiciliarias y de la cocinas comunitarias y/o salas de elaboración de origen estatal y/o privadas y/o promovidas por organizaciones sociales”.

También “establecer un protocolo de elaboración, manipulación, almacenamiento y transporte de los alimentos; brindar apoyo, asistencia técnica, formación y capacitación en comercialización; alentar el emprendedurismo, fomentar el asociativismo y la cooperación; e instituir criterios de calidad”.

En el articulado, propone conceptos para regularizar la actividad de las cocinas domiciliarias. Así, avanza sobre los productos alcanzados, los requisitos que deberá cumplir la sala de elaboración en cuanto a los materiales de construcción, la iluminación, la ventilación, los muebles de cocina, las superficies donde se manipula el alimento, utensilios, sectores de elaboración, almacenamiento de materias primas y de productos.

Luego, establece los parámetros relacionados a los controles, la prevención y sanciones.

En el capítulo segundo, avanza sobre la creación del Registro Municipal de Cocinas Domiciliarias (CODO), que tendrá una vigencia de un año y deberá renovarse anualmente, y al cual deberán inscribirse los emprendimientos de este tipo.

Estímulos

Para finalizar, el texto de la normativa propuesta dedica un capítulo a los estímulos. Según el decimosexto, el Municipio “pondrá a disposición cursos periódicos para la capacitación permanente de los elaboradores de cocinas domiciliaras y/o cocinas comunitarias en forma gratuita”.

Además, “podrá brindar ayudas económicas en el marco de los programas preexistentes de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales y/o la que en el futuro la reemplace, para aquellas iniciativas que promuevan mejoras de calidad y de salubridad en los productos elaborados para consumo” y promover y gestionar en el marco de los programas preexistentes y/o a crearse, “que los productos elaborados sean incluidos en los programas de promoción de comercialización en diferentes canales de venta”.

Días atrás, la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente siguió avanzando con las reuniones consultivas de cara a la reforma o nueva confección de la ordenanza de aplicaciones de agroquímicos en Tandil.

En una nota que brindó la presidente de dicha Comisión, Maridé Condino, a este Diario a fin de informar sobre las novedades del tema, también se refirió a la medida cautelar que emitió el Juez Augusto Blanc sobre las restricciones en las fumigaciones y otra serie de recomendaciones.

La publicación dejó tela para cortar, y tanto los vecinos de la Junta por un Ambiente Saludable como los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones expresaron sus advertencias sobre las reflexiones del edil.

Necesidad de réplica

En la preventiva, la Justicia instó a la creación de una mesa de diálogo intersectorial y estimó un plazo máximo de 270 días para que el HCD dé pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia.

¨Es justo lo que veníamos haciendo¨, aseguró Condino y consideró que por ahí podría sumarse la Universidad “con más presencia de las diferentes facultades o, por lo menos, con información científica”, cosa que hasta el momento señaló que no han tenido.

Estas declaraciones despertaron en la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable y los creadores del anteproyecto sobre aplicaciones, Graciela Canziani y Claudio Lowy, la necesidad de responder, aclarar y poner en reparo ciertas reflexiones.

“Está muy bien que los integrantes del HCD, que están trabajando en la aprobación de la nueva ordenanza para la regulación de los agroquímicos plaguicidas en Tandil, se reúnan con los actores sociales involucrados en la temática. Estaría muy bien también que, en ese proceso de recabar informaciones, tengan en cuenta los conflictos de interés en juego: por un lado, la salud de toda la población de Tandil y la protección del ambiente y, por el otro, la protección de un determinado tipo de negocios agrícolas”, comenzaron Canziani y Lowy.

Como ya comentaron en otras oportunidades, insistieron en que la ordenanza vigente que regula los agroquímicos en Tandil aprobada en 2011, “está muy desactualizada”. Sostuvieron que tiene en cuenta los intereses de quienes promueven la comercialización y uso de los agroquímicos plaguicidas, pero no valoriza la protección de la salud de las personas y del ambiente. “Esto fue agravado por la falta de control, por parte de las autoridades competentes, del cumplimiento de las pocas restricciones establecidas, como los 150 metros libres de aplicación de plaguicidas alrededor de las escuelas rurales”, determinaron.

El respaldo científico

En el proceso actual de elaboración de la nueva ordenanza, los redactores de la propuesta de ordenanza se manifestaron preocupados por los dichos de la presidente de la Comisión sobre la ausencia de información científica que podría ser aportad desde la Unicen.

En consecuencia, pidieron recordar a la Concejal que el anteproyecto presentado por Banca 21 en agosto de 2019, “fue elaborado a lo largo de dos años de actividades desarrolladas en las facultades de Ciencias Exactas y de Ciencias Humanas, con presentaciones a la comunidad y debates, e incluso con una revisión crítica realizada en la Cátedra de Política y Legislación Ambiental de la Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental”.

“También fue presentado y expuesto en las IV Jornadas Nacionales y II Jornadas Internacionales de Ambiente 2018”, señalaron. Más allá de que siempre resulta oportuno actualizar el material científico, calificaron de “incomprensible” que se ignoren todos los documentos científicos y legales que están citados y referenciados en el anteproyecto presentado.

En el mismo sentido, la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable de Tandil emitió una carta pública donde precisó que “se le ha puesto a disposición en reiteradas oportunidades algunos estudios relevantes”.

En un texto extenso y minucioso, detallaron con fuentes, links y conceptos la literatura científica donde se evidencia que el uso de agrotóxicos afecta a la totalidad de los argentinos a través de la contaminación del agua, el suelo, el aire, la leche materna, las verduras, las frutas y los ultraprocesados que llegan a las mesas, en los que se detectan en forma creciente residuos de pesticidas.

Allí, enumeraron mas de una treintena de títulos bibliográficos y por ultimo pidieron que se tenga en cuenta la presentación del Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil, realizado por docentes, graduados e investigadores de distintas facultades de la Universidad del Centro.

Comparar legislaciones

Por otro lado, Canziani y Lowy también hicieron foco en las palabras de Marideé Condino donde señaló que apuntarán a realizar “una ordenanza seria para la ciudad de Tandil, con estudios científicos y no copiar una de afuera¨.

“Es claro que necesitamos una ordenanza que respete las características propias de Tandil, sin embargo, no está bien pretender hacer una normativa con criterios fundacionales”, advirtieron los especialistas.

En este sentido, consideraron “imprescindible” hacer también legislación comparada, respetando los principios vigentes de la Política Ambiental de la Argentina, plasmados en la Ley de Presupuestos Mínimos 25.675, entre ellos el principio de precaución y el principio de progresividad.

La Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente se reunió para tratar la modificación a la ordenanza de aplicación de fitosanitarios en el partido de Tandil, tal como lo viene haciendo desde hace tres meses.

En un nuevo capítulo de la serie de encuentros con actores que desempeñan algún papel en el tema de referencia, invitaron a los exconcejales Atilio Magnasco y Néstor Auza, quienes cumplieron un rol central en la elaboración de la legislación que se encuentra vigente.

Fue a esta misma altura del mes de junio cuando en el recinto recibieron a los creadores del anteproyecto de Regulación de la Aplicación de Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil, Graciela Canziani y Claudio Lowy, iniciando un camino de interiorización en el tema, donde de acuerdo a lo que se propusieron, buscan elementalmente la diversidad de voces para lograr la mejor ordenanza para la ciudad.

Según reveló la presidenta de la comisión, Maridée Condino, la intención fue que los convocados cuenten cómo fue en aquel momento la redacción de la normativa y, habiéndola conocido profundamente, saber cuáles son los aspectos que ellos considerarían que deben ser modificados.

Asimismo, se refirió brevemente a la medida cautelar dictada recientemente a favor de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable sobre las fumigaciones y sus distancias, que hasta el momento no fue notificada oficialmente al Ejecutivo.

Cabe destacar que esta reunión estuvo enmarcada en los sucesivos encuentros que vienen desarrollando desde el grupo de concejales con diferentes actores, por lo que no fue extraordinario. De todas maneras, Condino celebró la posibilidad de generar ese intercambio, con personas de partidos políticos distintos, pero con una mirada ¨bastante similar acerca del tema¨.

Un intercambio fructífero

Según precisó la edil de Juntos por el Cambio, que lidera el espacio que también está compuesto por Ariel Risso, Juana Echazarreta y Juan Manuel Carri, lo que Auza y Magnasco notaron es que en estos nueve años ha cambiado ¨muchísimo el contexto¨ en dos cuestiones puntuales, por lo que será necesaria la modificación.

En primer lugar, hicieron referencia a lo social, donde la población va adquiriendo un concepto respecto de las aplicaciones, en el que también se enmarca el movimiento de vecinos que se unió en pos de un ambiente más saludable, ya que si bien antes existían no eran tan fuerte. ¨Es una variable que se suma al estudio de todo este tema que tiene muchos aspectos¨, indicó.

Además, los referentes de la norma vigente mencionaron que ha cambiado la tecnología con que se realizan las aplicaciones, así como el listado de los productos ¨fitosanitarios que se actualiza constantemente¨. En este sentido, tanto el ingeniero agrónomo y como el médico veterinario coincidieron en que hay cada vez más profesionales que buscan aplicar la menor cantidad posible de fertilizantes o insecticidas, ¨practican eso y los están estudiando¨, develando así una mirada distinta desde el sector rural.

¨Cada uno de ellos tiene conocimiento particular sobre el tema, tanto en su vida como en su trabajo, así que sus miradas son exquisitas¨, dijo, muy conforme y contenta de haber contado con dicho encuentro.

En medio de esta charla volvió a aparecer la figura que consideró ¨fundamental y preponderante¨ del ingeniero agrónomo, algo que desde el inicio de los encuentros de comisión ya fueron dilucidando. Por esto es que ya está planificada la reunión con el círculo y el colegio que nuclean a estos profesionales, donde esperan contar con información específica ¨paso por paso¨ de todo lo que realizan en el campo.

¨No solamente la realización de la receta, sino la llegada al campo, la presencia al momento de la aplicación, el antes y el después¨, detalló.

Sobre la resolución judicial

En estos días también se dio a conocer una medida Cautelar dictada por el Juez Augusto Blanc a favor de los vecinos de la Junta por un Ambiente Saludable, donde dictamina por seis meses la distancia a cumplir tanto para fumigaciones aéreas como terrestres.

Entre las otras resoluciones insta la creación en 60 días de una mesa de diálogo intersectorial para la aplicación, manipulación, traslado y disposición racional y responsable de agroquímicos; a la vez que le da un plazo máximo de 270 días para que el Concejo Deliberante dé pautas para la actualización de la Ordenanza Municipal 12.316 o eventualmente, se proyecte el dictado de una nueva normativa en la materia.

Si bien el Ejecutivo ni el Legislativo fueron notificados oficialmente hasta el momento, la concejal Condino aseguró que están en conocimiento del tema y aseveró que justamente el trabajo de sucesivas reuniones que vienen llevando adelante está en consonancia con el pedido del juez. ¨Es justo lo que veníamos haciendo¨, aseguró.

¨Por ahí podría sumarse la Universidad con más presencia de las diferentes facultades o, por lo menos, con información científica, cosa que hasta el momento no hemos tenido¨, indicó y develó que si bien estaba en planes, la pandemia los retrasó mucho en el proyecto de trabajo que tenían diagramado para este asunto.

Al no ser informados formalmente, accedieron a cierto documento que podría no ser el original, y admitió que les resultó un tanto confuso en algunos aspectos. Con respecto al plazo de los 270 días mencionados, sostuvo que es aún más tiempo del que ellos tenían estimado para el avance de la ordenanza.

Finalmente, y por otro lado, Condino contó que en algún  momento surgió el rumor de que estaba a punto de aprobar la ordenanza, pero aclaró que nada más lejos que eso. Sobre todo porque sostiene la idea certera de que no deben apurarse en efectuar el reglamento y que para llegar a ese paso deben conversar e intercambiar con todos los actores involucrados, directa o indirectamente, en la acción.

¨Vamos a hacer una ordenanza seria para la ciudad de Tandil, con estudios científicos y no copiar una de afuera¨, garantizó, respaldando que para eso es necesario cierto tiempo.

Tal como habían adelantado desde la Comisión de Producción, Trabajo y Medio Ambiente al empezar a trabajar sobre la ordenanza 12.316 que regula la aplicación de agroquímicos en el Partido de Tandil, continúan las reuniones con distintos actores que tienen participación directa, indirecta o simplemente una opinión fundada sobre el tema de referencia.

Así, la semana pasada recibieron a dos representantes de la Asamblea de Vecinos de La Porteña por un Ambiente Saludable y el último encuentro fue con miembros de la reciente fundada Organización de Aplicadores de Productos Fitosanitarios.

Al respecto la presidente de dicha Comisión, Marideé Condino, recordó que están recibiendo a todos los actores que, de una forma u otra, formarán parte de la redacción de la nueva ordenanza o modificación de la vigente. “Es algo que no hemos decidido”, advirtió, aunque al respecto admitió que lo más simple sería reformar la actual, ya que destacó que lo importante es que resulte aplicable, que se buena para Tandil y se pueda controlar. “Esa es la misión”, resumió.

Contextualizó que el punto de partida para iniciar esta discusión fue el año pasado con la presentación en Banca 21 de Graciela Canziani del expediente que contiene un anteproyecto de ordenanza.

Admitió que el departamento Ejecutivo tiene toda la intención de actualizar la normativa que está rigiendo, por lo cual “es el momento de hacerlo” y, en ese marco, consideró necesario el diálogo con quienes intervienen en el proceso para el cual “los fitoaplicadores son fundamentales”. “Fue una muy buena reunión”, dijo conforme.

Por otro lado, si bien la intención no era poner tiempo a la resolución de la ordenanza, reveló que hablando con otros concejales y el departamento Ejecutivo coincidieron en la necesidad de hacerlo más rápido de lo que pensaban. “Después veremos cómo”, señaló, ya que la intención es que funcione para Tandil.

Que todos sean responsables

Según detalló Condino en conversaciones con el programa “Cosas que Pasan” de Tandil FM (104.1), el encuentro fue fructífero y allí pudieron acceder a una serie de datos, que serán completados en el transcurso de los días, para conocer exactamente como es el trabajo que desempeñan los aplicadores.

“Sin ponernos de ningún lado, y tratando de no hablar de una grieta en esta discusión, creemos que fue positivo para nosotros y para ellos”, aseguró.

De acuerdo a sus palabras, lo que necesitan desde la comisión es poder escribir quiénes son los responsables en una aplicación. Mencionó aquí, que actualmente está fijada la necesidad de contar con una receta agronómica obligatoria para la práctica y la búsqueda apunta a esclarecer en las normas a quienes alcanza ese compromiso.

“Hay un término legal exacto que nosotros queremos utilizar, donde el dueño de un campo o el arrendatario, el ingeniero agrónomo y el fitoaplicador sean todos responsables si una aplicación se hace fuera de las normas”, sostuvo, destacando que en la ley actual la responsabilidad cae sobre quien ejerció el acto de fumigar.

Por otro lado, indicó que si bien la ordenanza menciona a los agrónomos, no siempre intervienen, entonces queda un hueco donde nadie se hace cargo.

De acuerdo a su consideración, esta discusión que fue decantando con el tiempo, está haciendo que todas las partes se empiecen a dar cuenta que son responsables de lo que está ocurriendo. En este sentido, resaltó la agremiación de los aplicadores e incentivó a que los ingenieros se matriculen en el Colegio que se está formando, de hecho así lo pedirán desde el reglamento. “Todos van a tener que ordenarse”, plasmó.

Un sistema digital de control

Los números que reveló sobre el total del partido de Tandil hablan de aproximadamente 26 mil aplicaciones anuales. “Es irrisorio pensar que una Dirección o una Secretaría puedan llevar adelante el control sobre tantas prácticas”, anticipó, al pensar sobre los mecanismos de inspección para el cumplimiento de la reglamentación que surja.

Para esto, contempló necesaria la solidaridad de todos los responsables. Adelantó que lo harán de manera tecnológica, con telemetría, que es como se está haciendo en todo el mundo. Esto lleva a que ingenieros agrónomos y fitaplicadores incorporen todos los datos al momento de la aplicación, a su vez que el vendedor del producto también tendrá el registro de quien lo retiró y quién confeccionó la receta.

“Hay muchas patas en este tema y la forma de controlarlo tiene que ser de manera digital”, reflexionó, dejando de lado la figura de un inspector o alguien que lo haga personalmente.

Cabe explicar que la telemetría es una tecnología que permite la medición remota de magnitudes físicas y el posterior envío de la información hacia el operador del sistema. Esta tecnología se usa en grandes sistemas y facilita la monitorización automática y el registro de las mediciones, así como el envío de alertas o alarmas al centro de control, con el fin de que el funcionamiento sea seguro y eficiente.

En este caso puntual, la responsabilidad caería sobre el ingeniero agrónomo, ya que a modo de ejemplo propuso que es como un médico que da una receta de un remedio. “La intención es que sea responsables y que se hagan los controles en función de las prácticas, aunque no pueden hacer 26 mil”, aseguró.

En este sentido, la concejal de Cambiemos anticipó que aún no está definido si dichas inspecciones serán aleatorias o como se desarrollarán. Asimismo enfatizó que el objetivo es que ingrese a una base de datos del Municipio detalles del producto que se va a aplicar, en qué cantidades, de qué manera y en dónde.

De acuerdo al compromiso asumido desde la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente, de continuar interiorizándose mediante los distintos actores para evaluar el anteproyecto de modificación de la ordenanza de aplicación de fitosanitarios, recibieron ayer a los integrantes de la Mesa Intersectorial de Producción Agropecuaria.

El pasado 20 de Junio los autores del proyecto presentado por Banca XXI, Claudio Lowy y Graciela Canziani, habían explicado minuciosamente las implicancias de la propuesta y su importancia para la ciudad. En este marco, los concejales manifestaron su interés en conversar con cada uno de los sectores involucrados y asumieron la responsabilidad de charlar con aplicadores, productores tradicionales y agroecológicos, referentes del INTA, representantes de vecinos agrupados y médicos.

Siguiendo ese rumbo es que los ediles que integran la comisión presidida por María Haydeé Condino intercambiaron con Daniel Garaguso, Natali Lázzaro, Juan de Diego y Santiago Guazzelli, de la Mesa Intersectorial de PRoducción Agropecuaria.

Planificar en pos del medioambiente

“Aunque a la gente le parezca mentira, nosotros somos los primeros ambientalistas y nos preocupa el cuidado del medioambiente, porque sabemos cómo hay que hacer las aplicaciones, dónde se puede hacer otra cosa que no sea aplicando productos”, ya había determinado a fines del año pasado Daniel Garaguso.

Como secretario regional del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires, postuló que uno de los principales intereses que tienen es dar respuesta a inquietudes como la efectiva aplicación de la Ley de Agroquímicos en la provincia.

En esta oportunidad, como integrante de la Mesa Intersectorial de Producción Agropecuaria (MIPA) asistió junto a otros referentes a una reunión en el Concejo Deliberante, con la intención de tomar conocimiento del proyecto presentado en la Banca XXI y sus últimas modificatorias.

Aclaró que, debido a las restricciones que obliga a limitar el número de personas a 10, de parte del MIPA participaron el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia (Ciafba), el Círculo de Ingenieros Agrónomos Tandil, Regional Aapresid Tandilia y el Centro de Aplicadores de Productos Fitosanitarios de Tandil.

“Entre otros temas se planteó la necesidad de actualizar la ordenanza que regula la aplicación de productos fitosanitarios en las zonas aledañas a los centros urbanos, se solicitó la identificación de los productores afectados, se presentaron propuestas para convocar  a especialistas en temáticas especificas, atendiendo al cuidado del medio ambiente y la salud, se ofreció acercar información sobre  la producción agropecuaria de los alrededores de Tandil y protocolos de trabajo en las zonas de amortiguamiento, a fin de lograr una reglamentación cumplible y consensuada con todos los actores involucrados”, detalló minuciosamente Garaguso.

Por su parte, Maridé Condino, manifestó que desde la Comisión consideraron que la reunión resultó muy útil, e hicieron especial hincapié en conocer más sobre el protocolo que manejan los ingenieros agrónomos, que tienen competencia y cumplen un rol fundamental a la hora de aplicar productos fitosanitarios, ya que diseñan y firman la receta.

“Existiendo tantos actores, no puede ser que la culpa sobre las aplicaciones siempre recaiga en la Municipalidad”, enfatizó la titular de la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente. Según pudo constatar con Natali Lázzaro, hay un protocolo que ellos cumplen, que fue compartido para brindar más conocimiento. “Hay cuestiones legales que habrá que profundizar”, dijo Condino.

Finalmente, los cuatro referentes se mostraron abiertos a recibir consultas y dudas que puedan surgir de aquí en adelante, además se comprometieron a acercar información relacionada con datos sobre la composición del suelo, entre otras cuestiones de relevancia.

Protocolo en zona de amortiguamiento

Tal como compartió Lázzaro, todos los productores agrarios que realicen aplicaciones de fitosanitarios en el partido de Tandil se hallan legalmente obligados a cumplir normativas de origen nacional (“Uso de Productos Registrados”; Resolución 302/12); provincial (Ley 10699 y su Decreto Reglamentario 499/91, más normas complementarias) y municipal (Ordenanza Municipal 12316).

Sumado a esto, el partido de Tandil dispone de un Protocolo para la Aplicación en Zona de Amortiguamiento que da pautas tecnológicas y ambientales que evitan los riesgos de las aplicaciones.

Entre las advertencias de dicho documento, enumera el deber de corroborar la necesidad real del tratamiento según el umbral de daño económico, verificar las condiciones meteorológicas imperantes previas a dar inicio a la aplicación a través de y registrar las mismas, utilizar únicamente productos de clase toxicológica III y IV, respetar la distancia definida por el Municipio, comunicar, la intención de aplicación a las autoridades municipales competentes y, cuando el lote esté lindando con establecimientos educativos,  se deberá aplicar siempre en días y horarios de inactividad escolar

Luego de presentar la denuncia ante el Ejecutivo y compartir a través de los medios de comunicación el video donde registraron el momento en que fumigaban un campo a pocos metros de la zona urbana, los vecinos de Gardey fueron recibidos por la Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Concejo Deliberante.

Atenta al pedido de las personas de la localidad rural Maridé Condino, concejal de Juntos por el Cambio y presidenta de la comisión, los recibió junto al resto del equipo. Consideró que se trató de ¨una buena reunión¨, donde los afectados expusieron esa experiencia.

¨No tuvieron en cuenta cuestiones vinculadas al viento y las buenas prácticas agrícolas al momento de realizar las fumigaciones, más allá de la ordenanza vigente¨, sostuvo Condino al relatar lo contado por los vecinos.

También reveló que los vecinos manifestaron sus interpretaciones de lo que debería considerar la nueva ordenanza que están estudiando los ediles desde hace dos semanas, quienes explicaron como están trabajando en el tratamiento del anteproyecto de aplicación de agroquímicos que presentaron Graciela Canziani y Claudio Lowy.

¨Nos pusimos de acuerdo en algunas cosas y seguiremos en contacto¨, adelantó, recordando que como Concejo no toman denuncias sino que se trató de una charla en el marco de la comisión. Además, en esta ocasión se sumó a la reunión Silvia Nosei, concejal del Frente de Todos que pertenece a la Comisión de Salud.

Una ordenanza obsoleta

Por su parte, Gerardo Agüero, uno de los vecinos que asistió al encuentro, contó que hicieron hincapié en las fumigaciones que actualmente se están realizando a 50 metros del trazado urbano de Gardey, básicamente enfrente de sus hogares.

Cabe aclarar que Gerardo es quien tomó con su teléfono, desde la puerta de su casa, las fotos y videos que muestran a la máquina “mosquito” pulverizando el campo a muy pocos metros y con la deriva del viento hacia el área urbana.

En ese mismo sentido, también hicieron referencia al tránsito constante de equipos de fumigaciones dentro del pueblo e hicieron especial mención a la necesidad de que se modifique la actual Ordenanza Municipal de Aplicación 12316, por considerarla obsoleta.

¨Básicamente creemos que no contempla cuestiones sanitarias básicas¨, aseguró y consideró que el encuentro fue positivo porque percibieron una voluntad política de todos los bloques para que dicha normativa se pueda rever.

¨Es urgente cambiarla, ya que el daño se va sumando y somos víctimas de este proceso que ya es de público conocimiento, los agrotóxicos dañan la salud”, aseveró y agregó que si a esto se le suma el informe científico que realizaron investigadores, docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Centro (Uncien) donde se confirma la presencia de agroquímicos en escuelas rurales que incluye a Gardey, ya no quedan dudas sobre sus planteos.

¨Este documento sencillamente habla de 16 tipos de sustancias peligrosas para la salud¨, insistió. Asimismo, contempló que avanzar en este sentido tiene que ser ¨una realidad inmediata¨ y dijo confiar en que así será.

Finalmente, reveló que cuando adquirieron los terrenos en dicha localidad la gran mayoría era campo, pero hoy toda esa parte pasó a ser urbana y se sigue fumigando. Al respecto, Gerardo manifestó que los tiempos van cambiando, los pueblos creciendo y es necesario ¨aggiornarse a los tiempos que corren¨.

¨Nosotros tenemos buena voluntad, el director de Medioambiente Héctor Creparula, también y entendemos que el grupo de concejales de todos los bloques mostraron la misma intención. Ahora nos resta esperar que esto se concrete¨, expresó positivo.

¨Oler veneno¨

Cabe recordar que los hechos se sucedieron el 11 de junio, el mismo día en que los investigadores de la Unicen daban a conocer los resultados del informe que confirmaban la presencia de 16 plaguicidas en 14 escuelas rurales del partido de Tandil.

Fue al mediodía, en la “Estancia Don Juan” sobre la calle 21, lindera al pueblo, y a menos de 30 metros de Gerardo Agüero y su mujer, que estaban en el patio de su casa y empezaron a sentir un fuerte olor a veneno¨. Al girar, vieron directamente al mosquito fumigando el campo, que al haber viento hacia ese lado era más potente aún.

Tal como había adelantado Pablo Orcajo, que vive a sólo 50 metros de esa familia y pertenece a la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, no es la primera vez que padecen esas acciones del campo que tienen frente a su casa, cruzando la calle de tierra, tampoco es la primera vez que denuncian que esos químicos llegan hasta sus pulmones y los de sus hijos.

La pareja testigo se comunicó inmediatamente con Héctor Creparula, quien advirtió que desde el establecimiento rural contaban con una receta agronómica, que según pudieron conocer contenía glisfosato, entre otros plaguicidas. A la vez, presentaron una acusación en las defensorías del Pueblo local y provincial.

¨Eso está permitido en la ordenanza vigente, pero eso a nosotros ya no nos alcanza porque es una ley muy permisiva. Es realmente una locura”, exclamaron los vecinos.

Comunicado de la Junta Vecinal 

La Junta Vecinal por un Ambiente Saludable, conformada por vecinos del partido de Tandil, preocupados por la salud de las familias y del ambiente, comenzó a reunirse  y organizarse como colectivo en agosto de 2019. 

¨Las fumigaciones que se realizan en los campos linderos a nuestras casas, nuestros barrios y nuestras escuelas han sido el denominador común a lo largo de los encuentros. Somos vecinos que padecemos las consecuencias de las prácticas agropecuarias vigentes¨, indicaron en el documento. 

Además, hicieron referencia al informe presentado hace unas semanas por docentes, estudiantes y graduados de la Unicen, que develó la presencia de 16 agroquímicos plaguicidas en el agua y suelo de escuelas rurales del partido. Recordaron que ese informe presenta distintos tipos de afecciones a la salud vinculados con la exposición a los plaguicidas, siendo enfermedades que van desde alergias e irritaciones hasta alteraciones del sistema endócrino, propensión a desarrollar diferentes tipos de cánceres, malformaciones, trastornos durante el embarazo, entre otras. ¨Todas ellas dependiendo del tiempo y frecuencia de exposición a dichas sustancias¨, respaldaron. 

Ante este trabajo desarrollado en el Proyecto Eco-Agricultura de la Unicen, se manifestaron satisfechos y preocupados a la vez. ¨Alegra saber que la producción científica de nuestra universidad se desarrolla de manera independiente, sin conflictos de intereses que dificulten o impidan la investigación de determinadas problemáticas. Esto la vuelve una ciencia digna, al servicio de la comunidad que la circunda”, consideraron. 

Sin embargo, indicaron que de la misma forma también les preocupan los datos que arroja. Desde su concepción, lo que dice ese trabajo es lo que sus hijos padecen día a día en las escuelas, y lo que las familias toleran por vivir en las cercanías de las instituciones estudiadas. Asumieron que este trabajo ratifica lo que ellos vienen manifestando hace casi un año: ¨Estamos siendo fumigados, y eso es muy grave¨. 

Por todo esto, se preguntaron: “¿Qué más necesita un juez para dictaminar una medida cautelar que aleje a las fumigaciones de nuestras casas y escuelas? ¿Qué más necesitan los concejales para trabajar en una nueva ordenanza que coloque a la salud de las personas y del ambiente por sobre cualquier otro interés?”. 

Aseguraron, finalmente, que desde la Junta Vecinal trabajarán para seguir defendiendo el derecho a vivir en un ambiente saludable. Aseveraron que luego de este informe ya no hay lugar a dudas. ¨Nuestras casas, nuestros barrios y nuestras escuelas se encuentran contaminadas con agroquímicos. Entendemos que luego de publicado este trabajo científico, y por los perjuicios que sabemos generan las fumigaciones, resolver esta problemática toma carácter de urgente¨, determinaron. 

Desde que se decretó la Fase 5 en Tandil, las comisiones del Honorable Concejo Deliberante (HCD) volvieron a reunirse semanalmente, en su último encuentro la delegación de Producción, Trabajo y Medioambiente comenzó a interiorizarse sobre el anteproyecto de Ordenanza de Regulación de la Aplicación de Agroquímicos Plaguicidas en el Partido de Tandil.

Para esto, tanto los titulares de dicha comisión María Haydeé Condino y Ariel Risso, como el resto de los concejales, recibieron a los autores de la propuesta, Graciela Canziani y Claudio Lowy.

Según reveló Condino, la intención era poder concretar la reunión antes de la pandemia pero no pudo darse, por lo que ahora se pusieron como objetivo avanzar en este sentido, por eso de aquí en adelante los jueves, cada 15 días, trabajarán exclusivamente en el proyecto.

“No hubo debate porque es nuestro primer encuentro”, aseguró, y advirtió que tanto el Ejecutivo como el Concejo trabajarán en la modificación de la ley vigente ya que quieren la mejor ordenanza para Tandil.

Un camino que empieza

Muy conforme con la recepción que tuvieron por parte de los ediles, Claudio Lowy manifestó también su satisfacción por el hecho de que el documento haya pasado a esta Comisión, luego de la presentación ante Banca 21 en 2018.

“Lo más auspicioso en esta instancia es que empezaron con las actividades en el HCD y comenzaron con el tratamiento del anteproyecto”, consideró. “Si va a salir, no sabemos”, añadió.

Explicó que los concejales manifestaron su interés en conversar con cada uno de los sectores involucrados, cuestión que fue confirmada por Condino, quien adelantó que contemplan charlar con aplicadores, productores tradicionales y agroecológicos, referentes del INTA, representantes de vecinos agrupados y médicos.

En este sentido, los autores brindaron algunas sugerencias de contactos que fueron bien receptados y serán tenidos en cuenta para las distintas instancias del análisis.

El respaldo para el cambio

Los referentes de la ONG que apunta al trabajo en ambiente y desarrollo sustentable, Bios Argentina, aprovecharon el espacio para exponer y explicar los fundamentos que sostienen el planteo de modificación de la regulación local actual.

“Hoy la ordenanza vigente permite que se apliquen plaguicidas de forma aérea hasta el borde de la edificación de las poblaciones rurales”, exclamó Lowy, señalando que dicha normativa se contradice incluso con la provincial, que fue promulgada 23 años antes. “Eso se aprobó así por cuestiones políticas y económicas”, analizó.

Tal como reveló, los integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en la propuesta e hicieron algunas preguntas, pero lo que les resultó impactante fue cuando mostraron lo que implicaba el triple lavado de los bidones vacíos de plaguicidas de 20 litros. La acción incluso fue realizada por uno de los presentes, para demostrar que es una tarea muy dificultosa como para poder aplicarse en tantas cantidades, ni podría ser fiscalizado. “Los que lleguen al centro de acopio no podrían ser controlados”, dijo.

Además, los propulsores mostraron videos sobre los mitos y realidades sobre las derivas de las aplicaciones, alertando sobre las mentiras que hay en torno al tema y las publicidades que circulan. “El producto se va evaporando y las partículas llegan mucho más lejos de lo que es capaz de medirse, son publicidades mentirosas como la clasificación toxicológica”, aseveró.

Finalmente, Lowy destacó que lo que más les gustó del encuentro fue que tengan predisposición para escuchar, reconociendo que el proceso será largo. “El consenso estará entre los envenenadores y quienes lo padecemos, lo que es complejo por los intereses”, remató sin rodeos.

“No estamos haciendo resistencia”

La presidente de la Comisión de Producción , Trabajo y Medioambiente garantizó que en este camino que emprendieron buscarán elementalmente la diversidad de voces para lograr la mejor ordenanza para Tandil.

Subrayó que es un momento en que muchas ciudades están tratando el mismo tema, por lo que han hablado con otros municipios de la Quinta Sección que están en proceso de modificar sus ordenanzas, para interiorizarse y tomar ejemplos.

Asimismo, consideró que sería bueno que se realicen investigaciones a nivel nacional y provincial, ya que “si se habla de un producto que realmente es venenoso, como plantearon los autores del proyecto”, son primero aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Si así se confirmara, planteó que habría que lograr que se deje de otorgar etiqueta verde a esos implementos que se venden.

“Somos un Municipio del interior, va a ser un camino largo, pero está bueno haberlo empezado a transitar”, sostuvo Condino, que además manifestó que le encantaría que la ordenanza salga por unanimidad, lo que llevará mucho trabajo. “No estamos haciendo ningún tipo de resistencia”, aclaró.

La Comisión de Producción, Trabajo y Medioambiente del Legislativo recibió ayer a actores vinculados al sector industrial, a partir de la reducción de personal, el complejo escenario y el cierre de empresas en la ciudad. El disparador fue el preocupante diagnóstico que difundió la delegación local de la UOM, pero con miras a avanzar en políticas que puedan reducir el impacto de la crisis en un área que históricamente fue generadora de empleo.

Por iniciativa del presidente de la comisión Gustavo Ballent, quien citó al secretario general del gremio Carlos Romano y al secretario de Desarrollo Económico Local del Municipio Raúl Moyano, los concejales escucharon de primera mano la problemática de la industria, acordaron seguir con las conversaciones y monitorear los casos puntuales de empresas que están complicadas, por caso, a la hora de afrontar el pago de las facturas de luz y los abultados intereses por mora.

Además de Moyano, participó el director de Industria, Comercio, Servicios y Emprendedores Mauricio Madarieta, y los concejales de la UCR Cambiemos Matilde Vide, Marcela Vairo, Marcos Nicolini y Gabriel Bayerque, el justicialista Facundo Llano y por Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre y Ariel Risso.

Ballent celebró la presencia de Romano y Moyano, a quienes había convocado por nota, y de sus pares de la comisión, además de otros legisladores que quisieron sumarse al encuentro.

Apoyo político

“Se trató el tema de la lista de cierre de empresas y de empresas con problemas que presentó hace unos días la UOM en los medios, para que nos contara de primera mano a la comisión y a los miembros del área correspondiente del Ejecutivo la temática que está planteando sobre el cierre de empresas y empresas con crisis”, precisó Ballent.

De acuerdo con el informe del sindicato, suman cincuenta las firmas que cerraron en los últimos años y las que están cerca de desaparecer. En concreto, difundió una nómina de 30 empresas que bajaron la persiana y de otras 20 que redujeron significativamente a su personal.

Más allá del caso de Metalúrgica Tandil y del impacto que tuvo en pymes que eran proveedoras, el concejal sostuvo que “hay empresas que hoy están en serios problemas, que tratan de seguir manteniendo sus fuentes de trabajo y los problemas económicos que se han suscitado en el país están generando también que a esas empresas les cueste revertir el problema que tienen” y agregó que esta situación pone en jaque a fábricas que “están actualizadas, que están aggiornadas con la tecnología”.

En concreto, explicó que “Romano nos pide que desde la política acompañemos los reclamos que se hacen y que estemos atentos a los problemas que se están generando en las empresas, y a la imposibilidad, en muchos casos, de afrontar facturas de servicios y demás, y ver cómo desde el Estado se puede ayudar a palear esa situación”.

Consumo eléctrico e intereses

Con respecto a las facturas de energía eléctrica, el oficialismo se escudó en un relevamiento que arrojó que los consumos no tenían incidencia en el sector industrial.

Sin embargo, Ballent manifestó que “en algunos casos hay empresas que tienen boletas que no pueden pagar o que pagan atrasado, con una cantidad de intereses importante. Lo que uno busca es remediar esa situación para que la empresa pueda pasar este momento de crisis”.

Y agregó que “nos decía el secretario de Desarrollo Local que ellos tienen evaluado que la suba de la energía no impacta en el producto final de las empresas, que es ínfimo el impacto que tiene en la estructura de costos, pero nosotros entendemos que cuando un empresario viene y plantea que tiene una factura que no puede pagar, hay que tratar de ayudarlo desde el Estado para que pase esa situación de crisis en ese momento y se pueda poner en condiciones para seguir su actividad de forma normal. Eso es así, si tiene un problema, el Estado tiene que estar para ayudarlo, y más en este momento”.

El compromiso asumido por los funcionarios y concejales del oficialismo fue seguir conversando sobre estos temas y en casos puntuales de empresas en crisis, evaluar la posibilidad de conseguir algún plan de pago o no cobrarle los intereses.

Olavarría, el modelo

En la reunión, Romano puso como ejemplo a Olavarría, donde el Estado municipal impulsa políticas de fomento a la industria. Como contrapartida, Ballent refirió que “la crítica es que en Tandil no se le está dando importancia o prioridad al tema de la producción“.

En relación a la situación del empleo, el concejal de Integrar informó que “se han perdido más de 600 puestos de trabajo” en los últimos cinco año y consideró que “es un número importante”.

En la actualidad, la UOM tiene unos 600 afiliados en Olavarría y un padrón similar aquí, pero no hace mucho Tandil aventajaba ampliamente el empleo industrial con respecto a los puestos de la localidad vecina. Si bien ahora hay paridad, en la ciudad cementera creció en número de afiliados.

“Olavarría tiene mucha industria y mucha vinculada a la construcción, que figura en otros sindicatos. Lo importante de Olavarría es que todas las empresas que tienen afiliados en UOM están pagando religiosamente los aportes y obra social, no están con los problemas que tienen otras empresas que son afiliadas en Tandil, que tienen deudas, lo que perjudica mucho porque el trabajador a veces tiene dificultad con las prestaciones”, detalló Ballent, quien también es abogado del sindicato.

En relación a las fortalezas de la ciudad vecina, consideró que “entiendo que hay una visión de la ciudad de darle importancia a la producción, por eso apuestan a los parques industriales, a las empresas que se radican en el lugar. Hay mucha variedad, fabricación de máquinas agrícolas, de estructuras metálicas, carpintería metálica, fundición, una gama de Tandil también la tiene, pero nosotros hoy tenemos un problema mayor que Olavarría”.

Llano apostó a interpelar a la Usina para que auxilie a pymes

Por otra parte, en la reunión el justicialista Facundo Llano planteó que en el marco del Consejo Económico y Social surgieron los inconvenientes que representan las facturas de luz para las pymes. Incluso en la última reunión se evaluaron alternativas para que las empresas más complicadas puedan acceder a la Usina y determinar cómo incide la energía en la estructura de costos.

El concejal indicó que la inquietud surgió de las pymes, porque “hay empresas en que tiene un grado de incidencia importante y las está afectando afrontar el pago de los servicios”.

En ese sentido, consideró que “es una decisión política” que la Usina brinde respuestas. “Por ahí se trabajaron temas puntuales de algunos cortes, pero muy ínfimo en relación a lo que está sucediendo en Tandil y lejos de abordar el sector productivo”.

Por último, marcó su expectativa de que estas reuniones sirvan “para interpelar a un ente público, que tenemos la suerte de tener esa posibilidad. Estaría bueno que tenga la decisión política, y entre todos hay que construirla”.