El bloque de concejales de Hechos - Alternativa Tandil impulsó una iniciativa legislativa que pone el foco en la deuda que la Provincia mantiene con la administración tandilense.

En diálogo con El Eco Multimedios, el concejal Marcos Nicolini explicó que la propuesta nació a partir del análisis de una solicitada publicada por el Ejecutivo en la cual se mencionaba un desfasaje financiero superior a los cinco mil millones de pesos. Sin embargo, el edil aclaró que, tras un análisis pormenorizado, la deuda exigible de forma directa asciende a los 3.583 millones de pesos.

La diferencia en las cifras se encuentra en que el oficialismo incluyó 1.800 millones de pesos de recursos coparticipables correspondientes a la caída del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Nicolini precisó que, si bien esa merma afectó los ingresos de la ciudad, se debe a un recalculo técnico y no a una falta de pago de partidas ya comprometidas.

En efecto, señaló que el proyecto de resolución se centra en reclamar los fondos que ya cuentan con un destino específico y contratos vigentes con la administración bonaerense.

El exsecretario de Gobierno subrayó que la regularización de estos 3.583 millones de pesos permitiría al gobierno de Miguel Lunghi afrontar inversiones sin la necesidad de recurrir a financiamientos externos. “Es casi el mismo monto del crédito que se está pidiendo para financiar la celda del relleno sanitario y la obra hidráulica del barrio Arco Iris”, comparó Nicolini, resaltando que la llegada de ese capital propio cambiaría la ecuación financiera de la ciudad.

En la discriminación de los montos, el concejal detalló que uno de los puntos se vincula con el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA). Según el relevamiento realizado por su bloque, la obra social de la provincia adeuda a la Municipalidad unos 500 millones de pesos por prestaciones brindadas en el sistema público de salud. A esto se suman 473 millones de pesos destinados a cubrir los salarios de los extrabajadores de las canteras, un compromiso asumido tras la sanción de la Ley de Paisaje Protegido que hasta el momento debió costear el Municipio.

Otro de los rubros se encuentra en el Instituto de Previsión Social (IPS). Nicolini puntualizó que la cifra alcanza los 2.048 millones de pesos en concepto de anticipos jubilatorios. Este monto corresponde a los fondos que la comuna adelantó a los empleados municipales que iniciaron sus trámites de retiro, un dinero que, por ley, debe ser reintegrado por la administración provincial.

En el área de educación, los retrasos también fueron considerables y afectaron obras emblemáticas para el distrito. El concejal señaló que la Dirección General de Cultura y Educación adeuda 155 millones de pesos por los trabajos realizados en el edificio del Conservatorio de Música y el Instituto de Profesorado de Arte (IPAT). Además, mencionó que restan percibir 273 millones para la Escuela de Educación Secundaria 3 y otros 133 millones destinados a la Escuela Primaria 7.

Coparticipación y el debate por el crédito bancario

Respecto a la caída de la coparticipación por el cambio en el CUD, Nicolini manifestó que solicitaron al Gobernador una revisión de las variables utilizadas para Tandil.

El edil argumentó que la ciudad creció “por encima de la media provincial”, por lo que resulta contradictorio que el coeficiente de distribución de fondos sea menor al de años anteriores.

Esta situación representa una pérdida de 1.800 millones de pesos que, según su visión, deben ser recuperados mediante una gestión política ante las autoridades bonaerenses para que sea incluido en el próximo ejercicio.

En paralelo, Nicolini mantuvo su postura crítica respecto al préstamo que el Gobierno comunal gestiona ante el Banco Provincia. El concejal advirtió que la tasa de interés propuesta “no es acorde a lo que se está pagando hoy en el mercado”.

En definitiva, resaltó que, independientemente del debate en torno al crédito, la solicitada permitió a los concejales acceder a información sobre lo adeudado. “Por eso tomamos eso para pedirle al Gobernador que le paguen al Municipio la deuda”, enfatizó.

Finalmente, el referente opositor instó a que todos los bloques políticos del Concejo Deliberante acompañen el pedido de resolución en la próxima sesión.

El bloque de Hechos - Alternativa Tandil presentó un proyecto de resolución en el Concejo Deliberante para reclamarle a la administración bonaerense la regularización y el pago de las obligaciones pendientes con el Municipio.

La iniciativa, impulsada por el concejal Marcos Nicolini, surgió a partir del análisis de una solicitada publicada por el Departamento Ejecutivo en la que el Gobierno de Miguel Lunghi expuso la situación financiero-económica de la ciudad y la existencia de sumas pendientes de percepción por parte de organismos provinciales.

Nicolini precisó que, tras un análisis pormenorizado de las cifras difundidas por el oficialismo, la deuda exigible de forma directa asciende a 3.583 millones de pesos, por debajo de los más de cinco mil millones que mencionó el Ejecutivo. La diferencia radica en que el oficialismo incluyó 1.800 millones de pesos correspondientes a la caída del Coeficiente Único de Distribución de la coparticipación provincial, un cálculo técnico que afecta los ingresos futuros de la ciudad, pero que no constituye una falta de pago de partidas ya comprometidas.

Dado el carácter del reclamo, Nicolini instó a todos los bloques del Concejo a acompañar el pedido de resolución en la próxima sesión.

El contexto

El documento surgió tras la información difundida por el Departamento Ejecutivo el pasado 4 de agosto. En aquella oportunidad, el Gobierno de Miguel Lunghi expuso la crítica situación financiero-económica de la ciudad y la existencia de importantes sumas pendientes de percepción por parte de diversos organismos provinciales.

El reclamo se produjo en medio del análisis de la posibilidad que la administración comunal tome un financiamiento del Banco de la Provincia de Buenos Aires para obras de infraestructura.

Desde el bloque opositor consideraron que, independientemente de la conveniencia o no de tomar un crédito, resulta prioritario reclamar la regularización y el pago de las sumas que la Provincia adeuda al distrito.

Entonces, el proyecto de resolución subraya que estos recursos “no pertenecen a una gestión ni a un sector político determinado, sino a toda la comunidad tandilense”, y que su defensa constituye una “responsabilidad institucional” que debe trascender cualquier diferencia partidaria.

El detalle 

En el artículo primero, el proyecto solicita al gobernador de la provincia de Buenos Aires que arbitre, a través de los ministerios, organismos y dependencias competentes, “las medidas administrativas, presupuestarias y financieras necesarias para regularizar la situación y proceder al pago íntegro de las obligaciones pendientes a favor del Municipio de Tandil”, que son individualizadas en los artículos siguientes de la resolución.

Entonces, parte del concepto más importante correspondiente al Instituto de Previsión Social (IPS), donde se registraron 2.048 millones de pesos en concepto de anticipos jubilatorios afrontados por la comuna para 101 trabajadores municipales, montos que aún no fueron reintegrados.

A esta cifra se sumó una deuda del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por 500 millones de pesos, y otros 473 millones vinculados a los salarios de extrabajadores de la actividad canteril. Este último punto se enmarcó en el régimen de protección ambiental de la zona de la poligonal, área declarada Paisaje Protegido de Interés Provincial mediante la Ley 14.126.

Infraestructura educativa en espera

Otro de los ejes centrales del reclamo se vincula con las obras escolares ejecutadas en el partido con recursos municipales que la Dirección General de Cultura y Educación todavía no reembolsó. Según detalla el proyecto, el monto total por infraestructura educativa asciende a más de 562 millones de pesos.

Entre las obras mencionadas se encuentra la construcción del Conservatorio de Música e Instituto del Profesorado de Arte de Tandil (IPAT) por 155.400.000 pesos; la Escuela de Educación Secundaria Técnica 3 por un total de 273.400.000 pesos; y los trabajos de refacción en la Escuela Primaria 7 por 133.600.000 pesos.

Para los concejales de Hechos, la inmovilización de estos recursos de considerable magnitud debilitó la capacidad de respuesta del Estado local en áreas sensibles.

Preocupación por la coparticipación

La iniciativa también pone el foco en el escenario futuro de las finanzas tandilenses. El bloque manifestó su preocupación ante la estimación del Departamento Ejecutivo de una disminución de 1.800 millones de pesos en los recursos provenientes del régimen de coparticipación provincial para el ejercicio 2026.

Ante esta situación, otro de los articulados del proyecto de resolución solicita al Gobernador que adopte medidas para morigerar el impacto negativo sobre la ciudad.

Finalmente, el proyecto de resolución insta al intendente a intensificar las gestiones administrativas e institucionales para obtener la “inmediata” cancelación de estas obligaciones.

Asimismo, plantea que deberá mantener informado al Legislativo acerca de los pagos, transferencias, reconocimientos, compensaciones o avances administrativos que se produzcan con posterioridad a su sanción.

“La regularización y cancelación de las obligaciones pendientes permitiría fortalecer las finanzas municipales y ampliar la disponibilidad de fondos destinados a infraestructura, salud, educación y asistencia social”, señala el documento legislativo que ahora deberá ser tratado por las comisiones.

El Concejo Deliberante recibió a diez estudiantes que partirán a otros países en el marco del Programa de Intercambio del Rotary y que fueron declarados jóvenes embajadores culturales de Tandil en el exterior. De este modo, además de asistir a clases y de conocer la forma de vida de otras regiones del mundo, tendrán la misión de difundir estas sierras, sus singularidades y las costumbres de su comunidad.

A partir de una resolución votada por unanimidad, desde la articulación del Rotary Club Sierra Alta Tandil, los jóvenes embajadores culturales de Tandil son Frida Garralaga Loray, quien irá a Hungría; Massimo Scarnato, con destino a Francia; Clara Herrera Vega, quien viajará a México; Santiago Jáuregui, con destino a Nueva Zelanda, y Lis Montenegro, quien irá a Brasil.

Por parte del Rotary Club Tandil Norte, los embajadores son Felipe Fortini Núñez, con destino a Australia; Lucia Norman, quien partirá a Brasil; Manuel Elichiribehety, quien viajará a Finlandia; Felipe González Herrera, con destino a Alemania, y Federico Fortini Núñez, quien irá a Brasil.

En el inicio de la sesión del jueves 13 de agosto pasado, los diez embajadores recibieron el diploma de estilo que les entregaron los concejales que forman parte de la Comisión de Cultura.

“Sabemos que van a ser excelentes embajadores, que nos van a hacer quedar muy bien en el exterior”, sostuvo Juan Pablo Frolik, presidente del Concejo Deliberante al presentar a los tandilenses que forman parte del Programa de Intercambio de Jóvenes del Rotary.

Por su parte, el concejal Federico Sánchez Chopa expresó que “para nosotros siempre es un orgullo poder declararlos como embajadores de la ciudad” y les dijo que “cada vez que vayan a estar fuera de la ciudad de Tandil, ya sea en el resto de la Argentina o en este caso en otro país, nos representan a todos. Así que por un lado, para nosotros es un orgullo, pero para ustedes es una responsabilidad porque son el reflejo de nuestra imagen, de cómo nos presentamos como ciudad”.

El concejal por Acción Tandilense-LLA señaló que “nos pone muy contentos” la representación y reparó en la variedad de destinos, al tiempo que destacó que “hay una chica húngara también que está de visita acá en Tandil, durante tres meses”.

Por último, les deseó “la mejor de la suerte” y destacó que “es una etapa importante para ustedes, es un gran crecimiento que van a tener”, al tiempo que refirió que hay muchos antecedentes de jóvenes que se han ido, “así que métanle, encaren con todo y los esperamos el año que viene cuando vuelvan”.

Tras el aplauso generalizado, los diez intercambistas recibieron los diplomas que entregaron los ediles antes de continuar con el orden del día.

Luego de una extensa y acalorada sesión en el Concejo Deliberante, el concejal del bloque de la UCR, Juan Salceda, analizó los pormenores del debate suscitado en torno a la solicitud de un préstamo al Banco Provincia. La iniciativa, que buscaba financiar diversas intervenciones de infraestructura en el partido, no obtuvo el acompañamiento esperado por parte de las bancadas opositoras, lo que generó un cambio de estrategia en el Ejecutivo.

El edil radical comenzó por realizar una distinción técnica fundamental para el oficialismo: la diferencia entre contraer deuda para gastos corrientes e invertir a través de un financiamiento productivo. En ese sentido, Salceda explicó que se trataba de un crédito diseñado por la Provincia de Buenos Aires para que los municipios ejecuten obra pública en un contexto nacional marcado por la paralización de las mismas.

Salceda aseguró que los trabajos se concretarán, aunque bajo una modalidad menos eficiente que la proyectada originalmente. “Lo que hay que decirle a la gente es que con esta decisión lo que va a cambiar no es la obra, sino la forma en la que se ejecuta”, sentenció, remarcando que el objetivo del gobierno era realizar los trabajos de forma ininterrumpida en un solo año.

La falta de acceso al crédito obligará al Municipio a financiar las intervenciones por etapas, utilizando exclusivamente la recaudación local. Según Salceda, este esquema no solo incrementará los costos finales, sino que también extenderá las molestias para los vecinos. “Estas etapas primero van a hacer que la obra cueste más y que tarde mucho más tiempo”, advirtió el edil.

Además, puntualizó que la falta de fluidez en los fondos impactará en la cadena de ejecución: el hormigonado y el asfalto no podrán avanzar hasta que no se completen los conductos de los desagües pluviales. Esta situación, desde la óptica del bloque oficialista, dejará a diversos barrios en un estado de “obra constante”.

Ante este escenario, el Concejo trabajará en una propuesta superadora para intentar destrabar el conflicto político. El proyecto sugiere que el Ejecutivo recalcule el monto del préstamo, solicitando únicamente el saldo correspondiente a las obras que no fueron incluidas originalmente en el presupuesto vigente. El objetivo es que los concejales permitan, al menos, el avance de la ordenanza preparatoria.

Las tasas y el consenso

Uno de los puntos de mayor fricción durante la sesión fue el nivel de la tasa de interés del Banco Provincia. Salceda reconoció que el secretario de Economía y Administración, Raúl Moyano, asistió a la Comisión de Economía para brindar detalles técnicos, aunque a la luz de los resultados no logró torcer la voluntad de los bloques opositores.

El concejal radical subrayó que la autorización legislativa no implica la toma automática del dinero, sino el permiso para iniciar las gestiones formales. “Déjenos transitar por la solicitud del crédito”, reclamó Salceda, argumentando que solo con el trámite iniciado se puede conocer la tasa final y decidir, en una segunda instancia, si es conveniente o no para las arcas públicas.

En relación a la postura del concejal Marcos Nicolini (Hechos), Salceda valoró su permeabilidad para trabajar sobre las condiciones del préstamo, aunque aclaró que la reducción de las tasas depende de una evaluación de riesgo que realiza la entidad bancaria sobre el Municipio. Al respecto, sostuvo: “Creemos que podemos lograr a futuro una tasa inclusive mejor que esta, pero necesitamos la autorización del Concejo para transitar ese camino”.

Al mismo tiempo, Salceda lanzó un desafío a los representantes de las fuerzas nacionales y provinciales en Tandil, instándolos a utilizar sus vínculos políticos para conseguir mejores opciones de financiamiento para la ciudad. El legislador fue claro al pedir que la discusión deje de centrarse en la forma en que se organiza el crédito para enfocarse en la concreción de las mejoras para la comunidad.

“Si los representantes en Tandil del gobierno de la Provincia de Buenos Aires nos pudieran ayudar, como nos han ayudado en otras gestiones, a bajar la tasa, espectacular; si los representantes de La Libertad Avanza nos consiguieran un crédito mejor en el Banco Nación, espectacular”, expresó el edil radical.

La polémica por la solicitada

Otro de los ejes del debate fue la publicación de una solicitada por parte del gobierno local en las páginas de El Eco de Tandil. Para Salceda, la reacción de la oposición fue exagerada y se malinterpretó un texto que simplemente buscaba transparentar la realidad financiera de la comuna y los atrasos en los envíos de fondos desde el ámbito provincial.

El edil aprovechó para recordar que la Municipalidad debió hacerse cargo con recursos propios de obras que correspondían a la Provincia de Buenos Aires, mencionando los casos de la Escuela Técnica 3, la Primaria 7 y la finalización del edificio del IPAT. “Parece que el único presupuesto que está en observación es el nuestro, Provincia tiene cosas presupuestadas para mandar acá y no manda”, disparó.

Bajo esa misma línea, Salceda enfatizó el compromiso del intendente con la continuidad de los proyectos estratégicos de la ciudad, más allá de las banderías políticas. “Ahora cuando se atrasan en Provincia, este Municipio responde para que la obra no se pare”, manifestó. Para el cierre, ratificó el rumbo del gobierno local frente al complejo panorama económico actual y la falta de acompañamiento legislativo: “La voluntad de este gobierno es que las obras se hagan y se van a hacer”.

Con un monto de 1700 millones de pesos, el Municipio tiene listo el pliego para llamar a licitación por la primera etapa del proyecto hidráulico integral para mitigar inundaciones en el barrio Arco Iris. Se trata de la obra por la cual se originó el debate político de las últimas semanas: el gobierno local busca tomar un crédito para acelerar los tiempos de la iniciativa, mientras que la oposición planteó diferencias con respecto a avanzar con un endeudamiento.

En entrevista con El Eco de Tandil, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el director de Vialidad, Mauro Ortega, brindaron detalles de la licitación que permitirá desarrollar solo una parte del proyecto para el barrio. 

Sin el crédito, la obra se completaría en 4 años. Con el crédito, en menos de dos años. Por tal motivo remarcaron que si bien un endeudamiento supone el pago de intereses, avanzar con la iniciativa en etapas va a generar considerables costos adicionales que se acumularán mes a mes.

“Lo que planteamos es que no es lo mismo hacer una obra en cuatro años que de una sola tirada. En ese caso va a haber una única empresa, no va a haber costos improductivos y adicionales por estar frenada la obra. A lo largo de 4 años vamos a ir poniendo los caños, pero al no estar completa se van a ir sedimentando, y vamos a tener que hacer un trabajo adicional de desobstrucción. Si bien el crédito tiene un costo que es la tasa, lo que se plantea es que esa tasa está de alguna manera solventada en los costos adicionales que vamos a tener si la obra se hace en 4 años”, señalaron los funcionarios.

Lafosse y Ortega explicaron además que la primera etapa de la obra costará 1700 millones de pesos, de los cuales 1300 estaban previstos para ejecutar en 2026, y 400 restantes en 2027. Aclararon que siempre estuvo estipulado iniciar los trabajos después de la mitad del año en curso, y que no comenzaron el proyecto hasta ahora por estar a la espera del crédito que les permitiría acelerar el proceso.

ELos funcionarios hicieron referencia a que en los últimos años avanzaron con la pavimentación y el cordón cuneta de muchas de las calles del barrio y la zona. El desarrollo de la obra hidráulica permitirá mitigar inundaciones pero también habilitar otras arterias para asfaltar, una vez  que los conductos pluviales estén colocados.

Como viene marcando el Municipio desde que se abrió el debate, existe otro elemento involucrado en el tema: por menor coparticipación, por deudas de IOMA, y porque el gobierno local afrontó pagos asumidos por Provincia para obras en escuelas, la ciudad aguarda por alrededor de 5200 millones de pesos de parte de las autoridades bonaerenses.

“Podríamos tener muchas de estas obras realizadas con fondos propios", expresó Lafosse, quien sumó que "terminan siendo fondos que se le se le restan a la libre disponibilidad”.

-En diciembre de 2025 se presupuestaron 1300 millones de pesos para hacer la obra del barrio Arco Iris, pero estamos a mitad de agosto y todavía no se ejecutó lo que estaba previsto. ¿Por qué?

-Luciano Lafosse: Cuando se hizo el presupuesto el año pasado, no estaba la posibilidad de sacar este crédito. Pero cuando uno hace un presupuesto lo que plantea son prioridades. Es decir, en carpeta tenemos miles de proyectos, y decidimos cuáles son los prioritarios.

En noviembre del año pasado decidimos incorporar esta obra dentro del presupuesto y su realización con el Fondo de Inversión Vial. Entonces planteábamos hacerla con estos recursos porque la consideramos prioritarias. No se hizo porque estábamos a la espera de qué se resolvía con lo del crédito, ver si se podía aprobar. Los fondos siempre estuvieron, y son fondos que están afectados.

Pero siempre estuvo pensado que la íbamos a licitar en la segunda mitad del año. Teníamos claro que la obra salía un poco más de lo que habíamos afectado e íbamos a involucrar fondos del 2027. Ya tenemos listo el pliego.

-Mauro Ortega: Sabíamos que no íbamos a arrancar la obra a principio de año. El número de 1300 millones lo pensamos para el plan de trabajo: a ese monto tenés que ir juntándolo para pagar los certificados a la empresa. Estaba prediseñado para que la obra estipulara un plazo de 8 a 10 meses, por lo que implicaba no solamente el 2026, sino también parte del 2027. El renglón del proyecto figuran 1300 millones, y 400 ya sabíamos que iban a entrar en 2027. Por eso el pliego va a salir por los 1700 millones.

-Esta etapa llevaría estos 8 o 10 meses, pero en la presentación que realizaron a los vecinos del barrio Arco Iris marcaron que, con el crédito, el total de la obra podría estar para noviembre del año que viene…

-Ortega: El costo de la obra es uno si se hace en etapas, como estaba previsto hacerla, con asignaciones del Fondo de Inversión Vial. Es un fondo con el que no es que a principio de año ya se cuenta, con lo cual la planificación varía. El pago de los certificados tiene que tener una correlación con la incorporación de recursos.

Entonces, lo que planteamos es que no es lo mismo hacer una obra en 4 años que hacerla de una sola tirada. En ese caso va a haber una única empresa, no va a haber costos improductivos y adicionales por estar frenada la obra. A lo largo de 4 años vamos a ir poniendo los caños, pero al no estar completa se van a ir sedimentando, y vamos a tener que hacer un trabajo adicional de desobstrucción. Si bien el crédito tiene un costo que es la tasa, lo que se plantea es que esa tasa está de alguna manera solventada en los costos adicionales que vamos a tener si la obra se hace en 4 años.

Si bien el crédito tiene un costo que es la tasa, lo que se plantea es que esa tasa está de alguna manera solventada en los costos adicionales que se va a tener si la obra se hace en 4 años.

-¿Cuáles serían los costos adicionales?

-Ortega: Si una empresa hace una primera etapa, tapa todo lo que es el suelo. Después tiene que venir otra empresa que tiene que volver a abrir lo que ya tapó la anterior, para volver a conectar todo. A eso, agregarle el mantenimiento del pluvial en todo ese tiempo, que tiene que realizar el Municipio.

Entonces, eso lo que va haciendo es sumar costos indirectos  que hace que la obra sea más cara. La idea era hacer toda esa parte hidráulica en una sola etapa. Obviamente que es sentido lógico hacer una obra de una vez y no en varias etapas.

Pero además, hay otro agravante que es la pavimentación. Para todo conducto que hagas bajo tierra, si a esa calle no la pavimentás, se genera arrastre de sedimentos, que por lo general terminan desembocando dentro de los conductos. Lo ideal es que una vez que realices el conducto puedas tapar esas calles y que los conductos no se obstruyan.

Si nosotros lográbamos hacer toda la obra hidráulica en el transcurso de este año y parte del año que viene con el crédito, nosotros a mitad del año 2027 íbamos a poder empezar con pavimentación. Ahora vamos a hacer una primera etapa del conducto, el año que viene otra, quizás en 2028 terminar y en 2029 empezar a pavimentar.

Todo ese tiempo hace que en cada lluvia termine todo dentro del conducto, y es por lo que los vecinos nos llaman, por obstrucción de sumideros. Todo ese mantenimiento se puede evitar si se hiciera a una velocidad mayor.

-Lafosse: Un claro ejemplo de esto es el conducto que hicimos en Actis en 2023. Nos costó más de 100 millones de pesos la limpieza y desobstrucción de ese conducto. El crédito, a pesar de tener un sobrecosto por la tasa de interés, se terminaba pagando con todas estas cuestiones de costos adicionales.

Llamado a licitación

-Si bien hay coincidencia por la necesidad de la obra, la problemática por anegamientos en el barrio Arco Iris no es nueva. ¿Esta obra podría haberse pensado antes, proyectado antes?

-Ortega: Esto no es algo nuevo, pero no es algo que siempre haya sido así. La demografía de Tandil, más que nada en esa zona, desde lo que es 2003 en adelante fue creciendo cada vez más. A medida que van avanzando los años, la superficie que antes absorbía empieza a dejar de absorber.

Pero este proyecto viene de hace un par de años, de análisis, de estudio. Es algo que le explicaba a los a los vecinos el otro día. Cuando uno decide hacer un proyecto y un proyecto tan grande en lo que es la cuenca de aporte que tiene ese sector,  no se hace de un día para el otro, se hace con mucha información. Fue un proceso de años en los que se estuvo estudiando y analizando hasta llegar a lo que tenemos hoy.

-¿Cuándo sale el llamado a licitación y cuál es el plazo de la obra?

-Lafosse: El llamado licitación sale la semana que viene. Son alrededor de 30 días en los que tiene que haber un compás de espera porque hay que hacer una publicación en el boletín oficial. Posteriormente hay unos 15 o 20 días en los que se adjudica y después hay unos 10 días en general, con un plazo de 2 meses para empezar la obra.

-Ortega: Y el plazo de obra son 8 meses, depende el formato constructivo que decida realizar la empresa.

-El avance de la obra con recursos propios descartaría la “vía rápida”, pero en el caso de que eventualmente se apruebe la toma de un crédito ¿podrían acelerarse los tiempos?

-Lafosse: Si se si pudiera acceder a ese crédito, sí se podría acompasar. Obviamente que va a haber que hacer una nueva licitación por el resto de los de los conductos y los sumideros.

Pero según estimaciones del secretario de Economía, la gestión de un crédito de estas características por lo menos lleva unos 6 meses.

El Eco accedió a la presentación completa del proyecto hidráulico para el barrio Arco Iris. Entre otros aspectos, el texto da cuenta de la proyección de inundaciones para la zona, con y sin obra. La diferencia es notoria: con los trabajos realizados, el mapa no muestra prácticamente ninguna mancha celeste de anegamientos en el lugar.

La presentación del gobierno local incluye un diagnóstico técnico y el desarrollo de una “solución de ingeniería pluvial y plan de obras por etapas para el sector norte de la ciudad”.

El proyecto está en el centro del debate público ya que el Municipio busca tomar un crédito con el Banco Provincia, con el objetivo de desarrollar la obra en menor tiempo del estipulado. Por su parte, desde los bloques de Fuerza Patria, Alternativa Tandil – Hechos y Acción Tandilense – La Libertad Avanza plantearon diferencias con el posible endeudamiento y aprobaron exigir al gobierno local que inicie las obras con los fondos -1300 millones de pesos- que el presupuesto 2026 contempla para la misma.

El “Proyecto Hidráulico Integral Barrio Arco Iris” prevé una zona de intervención comprendida entre avenida Lunghi, Buenos Aires, Américo Reynoso y la Ruta Nacional 226. El objetivo principal de la iniciativa es la solución a los anegamientos recurrentes del área. Desde el Municipio marcaron en la presentación que el lugar cuenta con problemas significativos durante precipitaciones, que generan reclamos vecinales recurrentes.

Sin embargo, explica el texto, tal problemática ocurre debido al crecimiento de la zona durante los últimos 20 años. “Este desarrollo ha reducido la capacidad de absorción del terreno, disminuyendo los sectores permeables”, indica.

Para dar cuenta de las transformaciones en el barrio, el Municipio presentó dos imágenes satelitales: una del 2003, en la que se observan “suelos absorbentes naturales, menor densidad habitacional y amplia infiltración directa en el terreno durante precipitaciones”, y otra del 2025, en la que puede verse un “sostenido crecimiento poblacional y tecnológico del sector, con edificación, techados e infraestructura que aceleran el escurrimiento superficial”.

Ante esos cambios, señalaron desde la Comuna, el gobierno llevó a cabo trabajos de pavimentación, cordón cuneta, y obras de desagües pluviales. “Solo en los últimos 6 años se realizaron 16 cuadras de pavimentación y 9 de cordón cuneta”, indicaron.

“La combinación del crecimiento urbano y la falta de infraestructura adecuada de desagües pluviales provoca inconvenientes crecientes, especialmente en las zonas más deprimidas del sector, que año tras año se ven más afectadas por el escurrimiento superficial”, argumenta la presentación municipal que agrega que “la ausencia de infraestructura hidráulica adecuada retrasa la pavimentación de las calles principales”.

Con el título “¿Qué podemos hacer para solucionarlo?”, desde la Comuna explicaron que llevaron a cabo un estudio hidrológico de la zona, en particular de la cuenca de aporte y sub cuencas, que proyectaron un mapa de inundaciones a diez años. En el mismo, la mancha celeste –que marca el desarrollo de los anegamientos- cubre gran parte del área.

Por ese motivo la estructura central del proyecto hidráulico plantea la “captación eficiente en puntos críticos y conducción subterránea segura hasta la descarga final”, a partir de tres elementos a construir: conductos subterráneos de hormigón armado dimensionados para altos caudales, sumideros en esquinas críticas para captar el agua antes de que ingrese a zonas bajas y asfalto en cuadras con sumideros para prevenir el arrastre de tierra y sedimentos.

En ese punto, el informe presenta la diferencia de proyecciones con respecto a las inundaciones con y sin obra realizada. En uno, la mancha de anegamientos atraviesa gran parte del mapa de la zona, mientras que en el otro la misma es casi inexistente.

Otro de los aspectos claves de la presentación es la diferencia que se plantea entre realizar la obra con fondos propios o accediendo al crédito con el Banco Provincia. “Una obra de gran magnitud que requiere continuidad institucional y financiamiento garantizado”, indica.

Al respecto, mediante el financiamiento del Fondo de Inversión Vial la duración de los trabajos se estima en alrededor de cuatro años, mientras que vía crédito el proyecto estaría listo “antes de noviembre de 2027”.

En las conclusiones, la presentación marca los beneficios de la iniciativa, destaca las obras previas que el Municipio llevó a cabo en el barrio, y plantea que “será fundamental la pavimentación de los sectores donde se encuentren los sumideros proyectados, para evitar su obstrucción por material granular y permitir el correcto funcionamiento de los desagües”.

La oposición se encamina a aprobar el proyecto para pedirle al Municipio que inicie la obra hidráulica en el barrio Arco Iris. Fuerza Patria, Alternativa Tandil – Hechos y Acción Tandilense – La Libertad Avanza consensuaron la propuesta en Labor Parlamentaria, que se tratará durante la sesión del jueves 13 de agosto, con acuerdo de los mencionados bloques.

Se trata de un capítulo más en el debate por una posible toma de crédito por parte del gobierno local. El propio Ejecutivo exigió a los concejales-solicitada pública de por medio-que den el aval para iniciar el trámite con el Banco Provincia. El objetivo de la Comuna es contar con 4 mil millones de pesos que volcaría a una obra hidráulica para el barrio Arco Iris, y al nuevo relleno sanitario.

Desde la oposición plantearon diferencias no con las obras en sí, sino con la modalidad del crédito y con las formas de las autoridades comunales. Por tal motivo presentaron un proyecto conjunto para solicitar al gobierno local que empiece con los trabajos, ya que cuenta con presupuesto aprobado para tal fin.

Por su parte el Municipio -a través de una publicación del Intendente Miguel Lunghi-, aseguró que “la obra se hace”, pero con el crédito podrán realizarla de manera completa y en el plazo de un año.

"Tienen la plata", señaló Federico Sánchez Chopa, presidente del bloque Acción Tandilense, quien dialogó con El Eco una vez finalizada la reunión en Labor Parlamentaria. Según el edil, el objetivo de la propuesta que el Ejecutivo ponga en marcha los procesos licitatorios a la brevedad, dado que los estudios técnicos y los fondos necesarios ya forman parte de la planificación municipal.

“Este jueves 13 de agosto se aprueba. Somos 15 concejales que vamos a estar acompañando este pedido de comunicación", indicó el concejal, quien agregó que el Municipio “tiene un presupuesto aprobado de alrededor de 1303 millones de pesos, tiene la plata”.

“Una imposición”

Pero más allá de aspectos económicos -por ejemplo, la tasa del 44 por ciento-, las diferencias de los bloques con la Comuna son también de formas. Con respecto a las autoridades locales, Sánchez Chopa consideró que la solicitada pública formó parte de una “imposición”, y marcó que el gobierno local "ha tenido algunas actitudes que nosotros no vemos con buenos ojos, una suerte de una actitud de apriete, si se quiere, de imposición sacando una solicitada en el diario”.

El proyecto de la oposición fue abordado directamente en Labor Parlamentaria para evitar dilaciones administrativas. La estrategia de los bloques, que cuenta con mayoría para avanzar, apuntó a que el Municipio ejecute las obras utilizando los recursos presupuestarios ya asignados, sin necesidad de recurrir al endeudamiento que propone el gobierno local.

Al respecto, Sánchez Chopa enfatizó que la oposición no es contraria a la realización de las obras, sino a la modalidad de financiamiento pretendida por el Departamento Ejecutivo, la cual implica un endeudamiento de 4000 millones de pesos con tasas que considera excesivas para los contribuyentes tandilenses. En este sentido, la propuesta de los bloques opositores es que se utilicen los recursos disponibles para avanzar por etapas.

“Están hablando de que hay un monto de un 50 por ciento de la obra. Bueno, que hasta fin de año realicen el 50 por ciento de la obra y seguramente el año que viene con un nuevo presupuesto incorporarán el 50 por ciento restante”, explicó el edil.

Una problemática de años

Sánchez Chopa recordó además que la problemática de las inundaciones en el barrio Arco Iris es una deuda pendiente de larga data. Al respecto, hizo mención a que en una búsqueda online pueden registrarse casos ocurridos desde por lo menos el año 2017.

Consultado sobre  el encuentro en Labor Parlamentaria, el concejal de Acción Tandilense transmitió que el intercambio con el oficialismo fue breve. Según relató, el presidente del bloque Unión Cívica Radical, Juan Salceda, manifestó haberse enterado de la presentación a través de los medios de comunicación y propuso trasladar el debate al recinto durante la sesión ordinaria.

“El tema en Labor Parlamentaria no tuvo mayor conversación. Estaba Juan Salceda, que es el presidente del bloque Unión Cívica Radical, y cuando se planteó sobre la mesa que íbamos a presentar este proyecto de comunicación, el concejal Salceda dijo que se había enterado por los medios, dijo que mañana lo discutiremos en el recinto y ahí quedó. No pasó a mayores porque en Labor Parlamentaria las conversaciones tienen otro tinte, son más administrativas y de gestión”, detalló el concejal.

El edil remarcó que la urgencia de los vecinos es el motor principal de este pedido. “Que se inunda el barrio Arco Iris no es un problema de ahora, ya tiene muchos años”, subrayó. 

“Definimos poder discutirlo mañana al tema de la solicitud que le vamos a hacer al Ejecutivo para que, con el presupuesto aprobado a fines de diciembre 2025, inicie las obras como también se había comprometido con los vecinos de barrio Arco Iris en una reunión que había tenido a inicios de este año. En ese momento se juntó con los vecinos y les comentó que iban a ser las obras en distintas etapas”, concluyó.

El Municipio busca tomar un crédito de 4 mil millones de pesos para realizar obras de infraestructura, y los diferentes bloques del Concejo Deliberante debaten si otorgan o no la autorización a la iniciativa. El Eco de Tandil consultó a los referentes de las principales fuerzas políticas que, en primera persona, plantearon la postura de cada uno de los espacios. 

Existe una coincidencia central: la necesidad de poder realizar la intervención hidráulica para contener inundaciones en el barrio Arco Iris y avanzar con el desarrollo del nuevo relleno sanitario.

Sin embargo, las diferencias se dan por las condiciones del crédito, la tasa del 44 por ciento, y porque el pago deberá afrontarlo la gestión venidera. También por el hecho mismo de plantear un endeudamiento en un contexto donde crece la morosidad en las familias, por no aumentar el déficit de cara al año próximo, y por las obras planteadas en el presupuesto pero todavía no concretadas. Como novedad, el bloque de Marcos Nicolini propuso que de aprobarse la iniciativa comunal, sería positivo que se haga con dos tercios del Concejo.

El propio gobierno local impulsó en los últimos días un nuevo capítulo del debate, al publicar una solicitada titulada “Los tandilenses no podemos esperar”. Además, principales referentes del oficialismo local –como el  intendente y el secretario de Gobierno Miguel Lunghi (h)-, brindaron declaraciones públicas en las que insistieron a la oposición para que otorgue el aval.

En diálogo con El Eco, Juan Salceda (UCR), Rogelio Iparraguirre (Fuerza Patria), Gonzalo Santamarina (Acción Tandilense – La Libertad Avanza), y Marcos Nicolini (Alternativa Tandil – Hechos), plantearon la postura de cada bloque.

“Las obras son necesarias, trascendentes, son buenas obras para que la política haga. Y una línea de crédito de un banco del Estado, de tu propia provincia, es el mecanismo histórico para cualquier Municipio”.

“Hay una dificultad económica con la recaudación. Hay un retiro del Estado nacional en todos los aspectos de la gestión pública. Hay una merma del apoyo provincial, y el Municipio después de salir a cubrir necesidades en salud, en infraestructura, en seguridad, en servicios, igual mira, sueña y emprende hacia delante obras de infraestructura en este contexto y utiliza una herramienta crediticia para tal fin, generada por el gobernador de su propia provincia. Entonces, no veo mucha discusión en eso. Toda la discusión que hay alrededor, y me parece importante que se diga de frente, tiene que ver con la política. No creo que ningún candidato, ningún dirigente político ponga primero su conveniencia personal respecto de un tema político tan trascendente como obra de infraestructura”

“Lo segundo es con qué argumentación uno en vez de buscar la solución, busca la no realización. Yo me ocupo de mi espacio político y de defender las acciones del gobierno, pero ¿Cómo van a mirar a esos vecinos en campaña el año que viene cuando le nieguen la obra?"

“El gobierno como grupo político no entiende que tiene que someter esto a una negociación, siente que tiene que poner esto arriba de la mesa"

“Lo primero que se pidió es la aprobación de la autorización del gobierno para gestionar ese crédito. Lo cual, esa misma negativa habla mucho más de la postura política que del crédito en sí. Y esto hay que decírselo a la gente. La decisión después de tomar ese crédito o no va a depender de un montón de otros factores. Pero vamos a imaginarnos que el crédito es este. ¿Hay una herramienta mejor disponible? ¿Hay una línea mejor, hay una tasa mejor en un banco privado? La respuesta es no, y todo el mundo lo sabe. Entonces, atrás de la cuestión crediticia está la política y sobre todo para el peronismo. Nosotros no le estamos dando la espalda a una herramienta propuesta por el gobernador”

"Lo que yo le quiero decir a los tandilenses es que nosotros la decisión y el plan estratégico de conectar la ciudad y dar infraestructura, no la vamos a abandonar. Entendemos no solamente la necesidad de obras para Tandil, sino de que Tandil sigue en movimiento a pesar de la Argentina de Milei. Apelo a la sensatez de Iparraguirre, y de Marcos Nicolini. ”

“Nosotros estamos en obras como socios del gobierno provincial. Pero cuando el concejal (Severiano) Mon pregunta por qué no se hicieron si estaban presupuestadas, capaz que es porque vimos que como no llegábamos y la plata a la que Provincia se comprometió no llega, estamos pagando con la escasa recaudación municipal”.

“No se entiende cómo quieren hacer una épica del endeudamiento cuando tantas familias están endeudadas” (Rogelio Iparraguirre, Fuerza Patria)

“Una cosa es la posición de nuestro bloque en relación a los asuntos que hacen a este intento de endeudamiento, de lo que ya hemos hablado. Y otra es nuestra posición respecto a la actitud del gobierno local de querer hacer de un endeudamiento, una épica".

"Uno creería incluso que tal vez hasta estén mal asesorados. Porque querer hacer una épica  de un endeudamiento, en un contexto donde 15 mil de nuestros vecinos y vecinas están con mora en sus deudas, es una actitud que no se entiende”

“Pero lo más importante es el fondo de la cuestión. Estamos hablando de una obra hídrica importante en el barrio Arco Iris, que en primer lugar debió haberse hecho hace tiempo. Y estamos hablando de un gobierno que lleva 23 años, no empezaron ayer. El barrio Arco Iris no empezó a inundarse ayer”

“La obra está en el Plan de Vialidad, mucho antes de que estuviéramos hablando del crédito. Pero en el endeudamiento hay poco más de 700 millones de pesos para una primera etapa de esta obra, y en el mes de agosto deberían estar las máquinas ya produciendo avances concretos. Los vecinos del barrio Arco Iris debieran poder estar viendo ciertos avances, pero no pusieron un peso ahí. Nos enteramos por la radio que fueron reasignados a asfaltos, y nunca lo informaron. Creemos que debieron haber empezado con los 700 millones ahora, poner 900 o mil en el presupuesto del año que viene, y para el otro lo estás terminando”

“Por otra parte está lo del relleno sanitario. La gestión de Lunghi inició hace 23 años, en el 2003 con un relleno sanitario modelo que le dejó la gestión de Zanatelli. Veintitrés años después no tenemos ninguno. El relleno se colapsó, y ahora están quemando basura, es un basural, a cielo abierto, con la planta de tratamiento de lixiviados no operativa”.

“Nuestro bloque logró la aprobación de una ordenanza integral de tratamientos de residuos. No avanzaron ni un ápice con eso, y nos mandan una carilla diciendo que 1274 millones del crédito van a ser para una primera etapa del relleno sanitario. No dicen ni qué es lo que van a hacer”.

“Hay obras del año pasado que no superaron el 18 por ciento de ejecución Entonces, un gobierno que no es capaz de ejecutar lo que ya tiene, los fondos que ya tiene para obras que son necesarios, les quiere vender a los vecinos que ahora se van a endeudar para resolverle los problemas, es cuanto menos dudoso”

“Hay que tener un acuerdo de dos tercios del Concejo” (Marcos Nicolini, Alternativa Tandil - Hechos)

“No discutimos la necesidad de las obras y el crédito como una herramienta posible para financiarlas. Pero venimos de un 2025 en el que el Ejecutivo informó que tenía un déficit consolidado de más de seis mil millones. Si le sumamos los 4 mil millones del crédito, son 10 mil millones y es un número que tiene que manejar el gobierno que viene”.

“El crédito tiene un año de gracia de capital. Pero en ese año de gracia, se incrementa en 1760 millones de pesos. Estarías pagando 146 millones de pesos por mes, los primeros 12 meses, solo de intereses. Lo que decimos es que no esté ese año. Porque con los 1760 estarías pagando una de las obras, que es la del relleno sanitario”

“Cuando se vendió el predio de Santamarina, un 32,5 por ciento iba para la infraestructura o generación de lotes con servicios en Sans Souci. Eso no se hizo. Implica en números redondos, al tipo de cambio de hoy, 2040 millones de pesos. El Concejo podría desafectarlo y usarlo a la obra del relleno sanitario, o a lo del barrio Arco Iris”

“Es un crédito que lo va a pagar la administración que viene. Por eso creo que hay que tener un acuerdo de por lo menos dos tercios del Concejo. No mayoría simple, porque estamos comprometiendo a la gestión que viene. No es normativo, pero es una opinión”.

“No es un momento oportuno para endeudarnos” (Gonzalo Santamarina, Acción Tandilense - La Libertad Avanza)

“Nuestra posición es clara. Entendemos que no es un momento oportuno para endeudarnos de esta manera, a una tasa tan alta, a una tasa que está muy por sobre la inflación proyectada”.

 “Hay que contextualizar este pedido. Cerramos el año 2025 con un déficit de alrededor de 7 mil millones de pesos. A eso hay que sumarle que el kirchnerismo y el lunghismo aprobaron un aumento de tasas de alrededor del 60 por ciento anual, con una inflación proyectada del 30 por ciento. Es decir, las tasas van a duplicar a la inflación, con lo cual el Municipio tiene recursos adicionales, pero no obstante, nos quieren endeudar”.

 “Nos piden que le aprobemos un endeudamiento a una tasa muy alta que ninguno de los concejales de nuestro espacio tomaría para su economía familiar. Una tasa que a la larga, va a haber que trasladarla a un aumento de tasas. Los que se endeudan son los tandilenses, no es el intendente ni es el Municipio”.

“Creemos que las obras son importantes. Aunque si miramos el 2025, hay una gran sub ejecución de obras por parte del Municipio. Entonces, en el 2025 parece que no eran tan importantes las obras, y de repente nos dicen que sí son muy importantes. No está en discusión la necesidad de las obras, sí esta en discusión de nuestra parte la forma de financiarlas. Nos parece que no es oportuno y es muy caro para el bolsillo futuro de todos los tandilenses”.

La concejal de La Libertad Avanza, Nadia Cisneros, explicó los motivos por los que su bloque decidió no acompañar la resolución aprobada por el Concejo Deliberante que manifestaba preocupación ante una eventual derogación de la Ley 25.542, conocida como Ley del Libro. Según afirmó, la postura se basó en que hasta el momento no existe ninguna iniciativa formal presentada en el Congreso Nacional.

"Nosotros no acompañamos ese proyecto porque no hay nada presentado aún ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara del Senado de la Nación respecto a la derogación de la Ley 25.542", sostuvo la edil. En ese sentido, remarcó que el bloque considera que el trabajo legislativo debe apoyarse en proyectos concretos y no en versiones o trascendidos.

"No queremos basar nuestro trabajo legislativo simplemente en dichos, rumores o publicaciones de ciertos sectores. Queremos que sea concreto. Nuestro trabajo tiene que ser de presentaciones efectivas para poder realmente trabajar con seriedad en estos temas", agregó.

Las declaraciones de Cisneros llegan luego de que librerías de Tandil expresaran públicamente su preocupación por la posibilidad de que el Gobierno nacional impulse cambios en la normativa, al advertir que una eventual desregulación del precio de venta de los libros podría afectar seriamente al sector.

Consultada sobre esa inquietud, la concejal aseguró que acompaña la actividad de las librerías locales, aunque insistió en que el debate debe darse cuando exista una propuesta concreta.

"Si finalmente se presenta y se aprueba, y vuelve al Concejo Deliberante, trabajaremos sobre el tema. Nosotros estamos a favor del trabajo de las librerías en la ciudad de Tandil", afirmó.

En esa línea, recordó que recientemente la comisión de Cultura dio despacho favorable a un proyecto de apoyo al sector, que contempla beneficios municipales.

"Se aprobó el acompañamiento para que se les eximan tasas municipales y también costos relacionados con las habilitaciones comerciales, como un fomento para la actividad de las librerías", explicó.

No obstante, reiteró que el Concejo no debería anticiparse a discutir iniciativas inexistentes. "No podemos trabajar sobre cosas que no son concretas. Porque si no, el Concejo Deliberante se transforma en un debate de cosas que sucederían a nivel nacional, ni siquiera de cosas que están sucediendo", señaló.

Durante la entrevista, Cisneros también se refirió al proyecto que impulsa para intensificar los controles de tránsito en distintos puntos de Tandil, una iniciativa que, explicó, comenzó a trabajarse el año pasado y que retomó impulso en las últimas semanas.

La edil indicó que la propuesta fue presentada originalmente por la exconcejal Luján Fiego y comenzó a debatirse hacia fines de 2025, aunque quedó en comisión.

Según explicó, el objetivo es dar respuesta a los reclamos vecinales vinculados con la circulación de motos, la seguridad vial y los ruidos molestos, problemáticas que suelen intensificarse durante el verano.

Cisneros recordó que, paralelamente, el Concejo avanzó con la denominada ordenanza de motos, que habilitó nuevas herramientas para actuar frente a infracciones y situaciones irregulares. Una vez aprobada esa normativa, el bloque consideró necesario insistir con un mayor despliegue de controles.

"Lo que solicitamos es seguir aumentando los controles porque creemos que si se controla un lugar de la ciudad, los problemas se desplazan hacia otro. Y fue así efectivamente", expresó.

Por ese motivo, explicó que el expediente volvió a comisión y fue modificado para precisar los sectores donde se solicita reforzar la presencia de inspectores.

"Me pidieron específicamente que aclarara cuáles eran los lugares. Entonces, trabajando con los vecinos y consultando a otros concejales, incorporamos algunos puntos donde hoy necesitan extremar estos controles", concluyó.

El concejal Federico Martínez se refirió a las iniciativas legislativas orientadas a mitigar el impacto de la desregulación nacional en el sector editorial local y brindó detalles sobre las conclusiones técnicas de la Comisión de Patrimonio respecto a la preservación de las calles de piedra. En un escenario de debate por la identidad urbana, el edil de Fuerza Patria planteó la necesidad de otorgar beneficios impositivos a los libreros independientes y de coordinar una comisión conjunta para definir un plan de mantenimiento de la traza vial histórica de Tandil.

El concejal del bloque Fuerza Patria, Federico Martínez, presentó ante el Concejo Deliberante una serie de proyectos destinados a resguardar la identidad cultural de Tandil frente al complejo escenario nacional y local. Durante una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi de Tandil FM, el edil detalló las propuestas de su espacio para crear un régimen de protección para librerías independientes y analizó las conclusiones enviadas por la Comisión de Patrimonio sobre los proyectos de preservación del empedrado que hoy se encuentran en tratamiento legislativo. Martínez remarcó la importancia de que el Estado municipal asuma un rol de acompañamiento ante el avance de políticas de desregulación que, según su visión, ponen en riesgo la supervivencia de los eslabones más débiles de la cadena cultural.

La preocupación central en el ámbito cultural radica en las intenciones del Gobierno nacional de derogar la Ley 25.542, conocida como la Ley del Libro. Esta normativa, que cuenta con más de dos décadas de vigencia, establece un precio uniforme de venta al público para evitar que las grandes cadenas de supermercados o plataformas de venta en línea utilicen su poder de compra para asfixiar a las pequeñas librerías a través de la práctica del "dumping". Martínez señaló que el impacto en Tandil sería directo y podría provocar la desaparición de los pocos locales independientes que aún resisten en la ciudad, los cuales no solo cumplen una función comercial sino que actúan como dinamizadores de la cultura local a través de talleres y presentaciones.

La iniciativa impulsada por Fuerza Patria consta de dos ejes fundamentales. El primero es una resolución en la que el Concejo Deliberante manifiesta su preocupación ante la inminente desregulación del mercado editorial. El segundo, de carácter local, propone una ordenanza para declarar a las librerías independientes como espacios de interés cultural y otorgarles exenciones en las tasas municipales, puntualmente en la Tasa Unificada de Actividad Económica. "Es un gesto de apoyo desde el lugar que tenemos en Tandil, sabiendo que las políticas nacionales repercuten muchísimo", explicó el concejal.

En la actualidad, Tandil cuenta con aproximadamente cinco librerías independientes de gestión familiar o local. Martínez recordó que recientemente cerró sus puertas El Atril, un local icónico ubicado en la calle Rodríguez que pertenecía a una cadena, pero que de todas formas reflejó la crisis que atraviesa el sector. Para el edil, las librerías son parte del "acervo cultural e identitario" de la ciudad y el municipio debe intervenir para sostenerlas. El proyecto será analizado por la Comisión de Economía antes de ser elevado al Ejecutivo, aunque Martínez consideró que para la Municipalidad de Tandil no representaría una pérdida sustancial de dinero dada la escasa cantidad de establecimientos beneficiados.

El concejal subrayó que la competencia desleal de grandes corporaciones como Amazon o los hipermercados no solo afecta el precio, sino que destruye la vinculación comunitaria. "Los supermercados pueden perder con el libro durante años hasta que desaparezcan todas las librerías, y una vez que monopolicen la venta, manejarán los precios a su antojo", advirtió. Por este motivo, el proyecto busca que los libreros locales, que también enfrentan el desafío de la digitalización, cuenten con un alivio fiscal que les permita seguir invirtiendo en actividades gratuitas para la comunidad.

Adoquines en Tandil: los tres proyectos que se debaten y cuáles serían las calles a proteger

Otro de los temas centrales abordados por Martínez fue el futuro de las calles con empedrado y granitullo. Recientemente, la Comisión de Patrimonio envió al Concejo Deliberante sus conclusiones técnicas tras analizar tres proyectos diferentes: el presentado por las asambleas vecinales, el de Alternativa Tandil y el del bloque oficialista (UCR). Aunque el proyecto de Fuerza Patria se mantuvo en la Comisión de Obras Públicas para un análisis más operativo, Martínez destacó que la devolución de los especialistas fue coherente en términos técnicos pero que aún resta definir la viabilidad presupuestaria.

El informe de la Comisión de Patrimonio no se inclinó por un proyecto específico, sino que estableció criterios de preservación basados en modelos internacionales como los de la Unesco. Sin embargo, el edil de Fuerza Patria reconoció que la principal traba es la falta de cuadrillas especializadas y de presupuesto para mantener las calles en condiciones. Según su visión, el gobierno local no tuvo como prioridad la conservación del empedrado en los últimos años, lo que generó un deterioro que ahora requiere una inversión significativa para ser revertido.

Para avanzar en una solución definitiva, Fuerza Patria propuso la creación de una comisión ad hoc que integre a las comisiones de Obras Públicas y de Cultura. El objetivo es evaluar calle por calle cuáles deben ser protegidas por su valor histórico y cuáles podrían ser intervenidas por cuestiones de tránsito o seguridad vial. "Por primera vez se empezó a poner en valor lo que tenemos que cuidar los tandilenses, tanto el patrimonio natural como el arquitectónico", celebró Martínez, aunque cuestionó la lentitud del Poder Ejecutivo para implementar cambios estructurales.

El concejal fue crítico con la gestión de la Municipalidad al señalar que el intendente y sus secretarios "no estaban acostumbrados a discutir nada" debido a las mayorías automáticas de años anteriores. Con la actual conformación del Concejo Deliberante, donde existen voces diversas y mayor pluralidad, el debate se ha dilatado más de lo esperado por el bloque opositor. Martínez insistió en que el ritmo del Ejecutivo es "bastante lento" en comparación con la urgencia que demandan los vecinos y las organizaciones que defienden el patrimonio local.

En el marco de la discusión por la identidad tandilense, Martínez también lanzó un desafío político a los representantes locales de La Libertad Avanza. El concejal cuestionó con qué postura se presentarán frente a los dueños de las librerías o los defensores del patrimonio en caso de no acompañar estas medidas de protección local. Para Fuerza Patria, defender el comercio cercano y la fisonomía de las calles es una forma de resistir a la homogeneización que propone el mercado global.

Finalmente, el edil destacó que la participación de representantes del Concejo Deliberante en la Comisión de Patrimonio, lograda tras una modificación de la ordenanza vigente, permitió un diálogo más fluido entre los técnicos y los legisladores. Martínez espera que durante la segunda mitad del año se logren acuerdos definitivos que permitan conciliar el progreso urbano con la protección del pasado histórico de Tandil, evitando que la ciudad pierda aquellos rasgos que la hacen única en la provincia de Buenos Aires.

El bloque de concejales de Acción Tandilense / La Libertad Avanza presentó  un proyecto de comunicación ante el Concejo Deliberante con el objetivo de solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal la actualización de los datos vinculados a las cotas altimétricas que figuran en el mapa oficial del sitio web de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de Tandil.

La iniciativa, transmitieron desde el bloque en el proyecto, surgió ante la necesidad de contar con información certera para la correcta aplicación del Plan de Desarrollo Territorial (PDT). "Por lo menos que exista una leyenda que indique que es un dato aproximado, y que el dato certero se tiene que constatar con un profesional matriculado”, explicó el concejal Federico Sánchez Chopa.

La problemática cobró relevancia tras la reciente aprobación de un proyecto para la construcción de un colegio privado sobre la avenida Fleming. En aquella instancia, la Asamblea por la Preservación de las Sierras advirtió que el lote superaba la cota permitida, mientras que desde el Municipio argumentaron que las mediciones que figuran en el IDE son aproximadas. En el expediente oficial, los desarrolladores presentaron un informe de una agrimensora particular: el mismo situaba al terreno por debajo del límite establecido. 

Ese contrapunto, entre los datos del IDE y los de la medición privada fue lo que motivó el debate público y puso en evidencia los límites del sistema oficial de consulta pública. Cabe marcar, los niveles de cada zona que establece la normativa vigente (el PDT), son los delimitados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

“Que exista una leyenda de que es un dato aproximado”

El concejal Federico Sánchez Chopa, impulsor de la medida, explicó los motivos que llevaron a su espacio a formalizar este pedido. Al respecto, el edil señaló: “De acuerdo al PDT y por no haber hecho el plan de manejo de las sierras, la única variable que tenemos para definir qué es lo que se puede hacer en un lado y qué no, es una altimetría. Como la altimetría es la única variable que nos define esta cuestión, que entiendo que va a haber que repensarla, la altimetría que uno puede utilizar como dato oficial es aproximada, no es certera. Y ahí es donde se generan estos conflictos”. 

En la misma línea indicó que tal fue el motivo por el que elevaron la iniciativa de actualización de los datos. “Por eso presentamos este proyecto de que, cuando se acceda al IDE al ver la información oficial, por lo menos que exista una leyenda que indique que es un dato aproximado, y que el dato certero se tiene que constatar con un profesional matriculado”, explicó.

El concejal local enfatizó que esta situación no es un hecho aislado, sino que se ha repetido en diversas discusiones urbanísticas de la ciudad. "Lo veníamos viendo, pero a raíz de la discusión, de la última discusión que se dio en particular con el Colegio, pero no por el colegio per se, porque también habíamos charlado este tema cuando se planteó la ubicación de un supermercado sobre la misma calle, y lo vimos discutido también sobre lo que sería el desarrollo de una nueva zona industrial, donde hay una parte que estaría por encima de la cota 200, en una zona rural", detalló Sánchez Chopa.

El presidente del bloque de Acción Tandilense subrayó la importancia de la transparencia y la precisión en los datos que el Estado pone a disposición de los vecinos y profesionales. "A partir de ahí, cuando uno va a la información oficial, que es la información que tiene la la página del municipio, o entiende que esa es la información oficial, lo que termina viendo es que la información oficial no es precisa", agregó.

Finalmente, Sánchez Chopa instó a realizar un debate más profundo sobre el modelo de crecimiento de la ciudad. "Creemos en la re-discusión del PDT. Se tendrá que evaluar con mucha gente formada, con gente capacitada y con gente que tenga nuevas ideas, cuál es la mejor estrategia para el cuidado del crecimiento de la ciudad. Lo uno busca con un PDT, con un plan de desarrollo territorial, es el cuidado del crecimiento. Es planificar el crecimiento, pensar el crecimiento, y que no suceda a los ponchazos o a base de excepciones", concluyó.

Los concejales de Acción Tandilense / La Libertad Avanza presentaron un proyecto de comunicación para pedir información sobre un conjunto de lotes que se ofrecen en venta, ubicados sobre Zona Protegida, en la esquina de las calles Cima y Dante Alighieri. El lugar, dijeron desde el bloque, cuenta con bajada de luz de la Usina y hasta calles internas abiertas. Sumaron también que trata de otro de los casos que había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras.

“La información la tienen desde marzo”, dijo, en referencia al gobierno local, el concejal Federico Sánchez Chopa. “Estamos en julio y lo que me llamó la atención es que pasé hace pocos días y vi gente pegando ladrillos en este lugar. Con lo cual, no han dado intervención. Lo que vemos es que hay una clara intención de no hacer las cosas que tiene que cumplir el Ejecutivo”, planteó el referente de Acción Tandilense / La Libertad Avanza, quien agregó que “lo que uno ve es que se habla del PDT como bandera, pero se controla poco del PDT”.

Fue durante la última sesión del Concejo Deliberante, el pasado 16 de julio, cuando el bloque llevó al recinto el proyecto de comunicación que resultó aprobado por unanimidad. La iniciativa se presentó el mismo día en el que el Municipio comunicó de la demolición del portón ubicado sobre calle Israel, en el loteo sobre el cual la Justicia avanzó luego de que Fuerza Patria haya hecho público el caso.

“La Asamblea de las Sierras a nosotros nos presentó un informe a fines del 2023, principios del 2024, donde estos temas ya estaban. Es decir, que ya hace tiempo que están en conocimiento de la situación. Pero  es como que una vez que transcienden o toman estado público o más público, ahí es donde comenzarían a actuar. Lo dejo en potencial. Porque cuando uno trabaja en lo público, lo que trata de hacer es prevenir antes de llegar a estas situaciones”, sumó Sánchez Chopa.

En concreto, el pedido de informes de Acción Tandilense advierte por las subdivisiones y/o edificaciones existentes en la parcela partido 103 (Tandil), Circunscripción 1, Sección F, Chacra 231, Parcela 2 (Partida 1564). El lugar, indica el texto presentado “se encuentra en el Área Complementaria entre las cotas IGM doscientos veinte metros sobre el nivel del mar (+220 msnm) y doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar (+250 msnm), por lo tanto forma parte de la Zona Protegida Natural Sierras de Tandil y la superficie mínima de parcelas admitida es de 1,5 has”.

A partir de la información que recibieron los concejales, constataron la apertura de calles, la colocación de postes de hormigón y alumbrado público, “como así también se ha constatado la existencia de pilares de suministro eléctrico y bajadas de luz en distintas fracciones, presencia de subdivisiones internas, varias de ellas con diversas construcciones, y carteles ofreciendo la venta o permuta de parcelas, circunstancias que, en su conjunto, constituyen indicios de un presunto proceso de subdivisión, urbanización y/o construcción que podría no contar con las autorizaciones municipales correspondientes”.

Por tal motivo, el proyecto presentado por el presidente del bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza solicitó conocer el estado actual de la parcela en término de subdivisiones, si se han realizado y aprobado o rechazado subdivisiones en el lugar, si existe un expediente administrativo vinculado a construcciones en la parcela y si se otorgaron permisos de obra, entre otros.

Por otra parte pidieron que desde el Ejecutivo especifiquen cuál es la superficie autorizada para construir, saber la zonificación aplicable a los inmuebles edificados, y si las obras cuentan con excepciones o permisos especiales.

Con foco en los controles que el gobierno local debería impulsar ante estos casos, el bloque de Acción Tandilense solicitó saber si se emitieron actas de inspección al loteo, si se detectaron incumplimientos o infracciones y si en ese caso se tomaron medidas de paralización, clausura, regularización o si se aplicaron sanciones. Además, pregunta por las columnas de alumbrado público y por las bajadas de energía eléctrica existentes.

En el marco de una sesión donde se otorgaron otras excepciones, el Concejo Deliberante aprobó la solicitud de excepción del desarrollo inmobiliario en el que funcionará el Colegio Aprenderes y el Jardín Arlequín, sobre avenida Fleming. Los bloques de la UCR y Fuerza Patria dieron su aval, mientras que Alternativa Tandil / Hechos y Acción Tandilense / La Libertad Avanza votaron por la negativa.

El colegio privado se llevó la mayor parte del debate entre los espacios políticos, y hubo cruces entre los concejales por tres aspectos, aunque no por la excepción por diferencias en el Factor de Ocupación Total (FOT) y el Factor de Ocupación del Suelo (FOS) en sí: fue por las posibles complicaciones que el proyecto podría traer para el tránsito en la zona, por si el lote se encuentra por encima o no de la cota de construcción permitida, y por las obras de cloacas que se definieron hacer con financiamiento mixto. Cabe destacar, si bien será el colegio quien dará uso al inmueble, se trata de una obra impulsada por desarrolladores privados.

El del establecimiento educativo privado, con capacidad para 500 alumnos, tuvo más de un rechazo, como el de frentistas de la zona y el de la Asamblea por la Preservación de las Sierras. De hecho, un vecino presente durante la sesión abucheó la alocución del concejal Juan Salceda, del bloque UCR.

“El colegio podía instalarse en ese lugar. El terreno está debajo de la cota. Desde el inicio estuvo el tratamiento del tránsito y se aportó inclusive más de una posibilidad. Esa intervención del tránsito va a ser financiada por el desarrollador”, planteó Salceda al tomar la palabra. El concejal valoró la herramienta del convenio urbanístico –y el visto bueno de los cuerpos colegiados que participan de la Comisión de Gestión Territorial-, y sumó que la obra de cloacas “no se hizo para que la use el mismo desarrollador, se hizo para esa zona”.

La cota del lote

El primero en tomar la palabra fue Severiano Mon, del bloque Fuerza Patria. El concejal hizo un recorrido del tratamiento del expediente en el Concejo Deliberante y el intercambio con el Ejecutivo municipal en función de despejar dudas sobre la posibilidad de que la iniciativa se concrete. Recordó que se trata del tercer proyecto para la construcción de un colegio privado que trata el Concejo Deliberante, y que los dos anteriores fueron aprobados por unanimidad.

Uno de los temas abordados por el edil fue el del debate en torno a la cota del lote. Desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras hicieron público que el lugar donde se pretende instalar el establecimiento figura en mapas municipales con una altura superior a la permitida. Desde el Ejecutivo explicaron que los mapas oficiales tienen alturas estimadas, que pueden precisarse mejor con estudios particulares.

Mon explicó que se le exigió a los desarrolladores una medición a cargo de una profesional, la cual determinó que se encuentra dentro de la altura permitida. A su vez, planteó su diferencia con expresiones públicas de la Asamblea, que emitió un comunicado titulado ¿Cotas a la carta?

“Me sorprende el alto grado de desconocimiento, con una gran acusación sobre la profesional y sobre los concejales”, consideró Mon al respecto.

Por su parte Salceda indicó que “el tema de la altimetría fue largamente explicado, y además de un profesional con matrícula aparece un funcionario que está al frente de Obras Públicas explicando el procedimiento y cuál es la diferencia con los métodos de medición a lo largo del tiempo, que es lo que también valoró la Comisión de Gestión Territorial”.

Marcos Nicolini –Alternativa Tandil/Hechos- manifestó sus dudas con respecto a la medición altimétrica del terreno, y propuso que el Ejecutivo realice un estudio por su cuenta. “Hoy la tecnología ha avanzado y cualquiera puede ir con un celular, y da por arriba de la cota. No digo que sea exacto”, sostuvo. “Además de la planialtimetría privada, el Estado debería haber puesto una público, y lo que pedimos es que se revise”, propuso.

Desde Acción Tandilense/La Libertad Avanza, Federico Sánchez Chopa adelantó el voto negativo del bloque y consideró válidas las dudas sobre el proyecto. En referencia a la cota planteó que desde el espacio que integra presentaron un proyecto para que el portal de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) explicite que contiene datos aproximados. La propuesta se encuentra en manos del Ejecutivo.

Tránsito y cloacas

El debate se dio también por otros dos aspectos: la obra de cloacas proyectada para la zona a partir del proyecto para construir el colegio, y las opciones que los desarrolladores brindaron para el tránsito sobre avenida Fleming.

“¿Por qué nos enteramos que era necesaria esta obra habiendo ya tenido el expediente en la comisión de Obras Públicas?”, marcó Mon, quien sumó que “si se sabía que era necesaria esta obra, ¿Por qué no estuvo reflejada en el expediente al momento de elevarlo al Concejo?”.

Cabe recordar, para garantizar la capacidad hídrica del sector, el Municipio propuso una obra de 175 millones de pesos, que los desarrolladores del colegio financiarán en un 35 por ciento, de acuerdo al uso que se estima le darán. “Las obras estaban previstas”, sostuvo Salceda. “Lo que se habló después es de una planta de rebombeo para toda esa zona”, agregó el presidente del bloque UCR.

“Cuando llegó en primera instancia para su tratamiento, no figuraba. Cuando hablamos con los vecinos de la zona nos enteramos que no contaba con cloacas. Hicimos el planteo en la comisión de Obras Públicas y se decidió enviar el expediente al Ejecutivo”, sostuvo por su parte Nicolini.

Otra de las obras que deberán contemplarse para el desarrollo del proyecto es la referida al ordenamiento vial. Por tal motivo, los desarrolladores presentaron tres propuestas, de las cuales el Ejecutivo y la Comisión de Gestión aceptaron una. Sin embargo, tanto desde Alternativa Tandil como desde Acción Tandilense plantearon sus dudas al respecto.

“Vemos que va a haber una creación importante del tránsito en esa en esa arteria que es una arteria de transición”, sostuvo Nicolini, quien hizo mención a que “se va a generar un problema donde no lo hay”. En la misma línea, Sánchez Chopa dio cuenta de las complicaciones del tránsito que ya existen en el lugar por el Sendero de Las Ánimas y situaciones que “no están contempladas” sobre el uso de espacios viales y de tránsito peatonal.

Al respecto, Salceda planteó que “los colegios en todos los lugares donde se instalan generan un trastorno de tránsito y que obviamente no descubrimos nada si decimos que es en el momento de entrada o de salida, lo podemos ver acá en el centro”, por lo que consideró “fuera de lugar” las objeciones con respecto a las soluciones planteadas.

El Consejo de Arbolado Público (CAP) de Tandil continúa consolidando su rol como ámbito de planificación, participación y gestión comunitaria a través de sus sesiones ordinarias, que desde marzo son presididas por el concejal Matías Meli.

Con el objetivo de brindar respuestas a las demandas de la comunidad, el Consejo recibió en las últimas reuniones a vecinos de distintos sectores de la ciudad para analizar problemáticas específicas relacionadas con el arbolado urbano. Entre los casos evaluados se encuentran situaciones registradas en Lobería al 800, Serrano al 100, Richieri, Fuerte Independencia y San Lorenzo.

Desde el CAP explicaron que estos encuentros permiten abordar de manera directa los reclamos técnicos vinculados a los frentes domiciliarios. Asimismo, destacaron que las evaluaciones y el seguimiento de cada solicitud se realizan de forma articulada con la Dirección de Espacios Verdes Públicos y la Coordinación de Arbolado Público.

En materia de fortalecimiento técnico, durante una de las sesiones se presentó la tesis de Giuliana Centineo. Los integrantes del Consejo resaltaron la importancia de incorporar la investigación académica y el conocimiento científico desarrollado en la ciudad como herramientas para mejorar los diagnósticos y la toma de decisiones estratégicas sobre el arbolado público.

Además, el organismo dio a conocer los avances del Plan de Forestación 2026, una de las iniciativas centrales en materia de sustentabilidad para este año. Paralelamente, el Consejo analiza tres proyectos de ordenanza elevados por el Departamento Ejecutivo con el propósito de actualizar el marco normativo que regula el arbolado urbano en Tandil.

Por otra parte, el CAP trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación con el fin de fortalecer el vínculo con la comunidad y avanza en la organización de las actividades previstas para las celebraciones del Día del Árbol y una nueva edición de la tradicional Expo Jardín.

De esta manera, el Consejo de Arbolado Público reafirma su compromiso de promover una gestión participativa, sustentable y cercana a los vecinos, con el objetivo de seguir impulsando el cuidado y desarrollo del patrimonio forestal de Tandil.

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

El loteo en Zona Protegida no presentó planos y tiene una causa judicial: "Son obras clandestinas"

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

La concejal de la UCR Maridé Condino volvió a manifestar su rechazo al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, una iniciativa que, de aprobarse, implicaría una reducción del beneficio para miles de usuarios de Tandil y otros municipios de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, en diálogo con El Eco Multimedios, la edil cuestionó algunos de los argumentos utilizados para impulsar los cambios y rechazó el planteo de que los subsidios deban limitarse únicamente en función del poder adquisitivo de los beneficiarios.

"El discurso de que el que tiene plata que la pague, como que el que es pobre es pobre porque quiere, es un discurso que se va metiendo", sostuvo. Además, respondió a quienes plantean que el régimen beneficia a sectores de altos ingresos y puso como ejemplo a otras regiones del país donde el sistema continúa vigente sin modificaciones.

"También es cierto que en el sur, en Calafate, los hoteles que tienen las piletas climatizadas tienen Zona Fría y tienen subsidios. Acá se dijo en una sesión que no le íbamos a pagar la pileta climatizada a los ricos. Bueno, los hoteles de Calafate también tienen su pileta climatizada con subsidio de Zona Fría, igual que en Bariloche y en todos los lugares donde está por ley", afirmó.

Condino remarcó que el beneficio responde a las condiciones climáticas de cada región y consideró que esa realidad también alcanza a ciudades bonaerenses como Tandil. "Tenemos estos fríos intensos durante el invierno y eso es lo que nos hace diferentes", expresó.

Respecto del futuro del proyecto, la concejal reconoció que semanas atrás creía que la eliminación del beneficio era un hecho, aunque ahora observa un escenario diferente en la Cámara alta. "Hace dos meses decía que con seguridad nos sacaban la Zona Fría. Ahora tengo mis dudas y creo que los senadores están revisando un poco más la situación que los diputados", señaló.

En ese sentido, fue crítica con la postura que adoptaron algunos legisladores nacionales durante el tratamiento de la iniciativa. "Los diputados del norte cambiaron el voto de la Zona Fría por un subsidio de Zona Cálida. Negociaron y votaron la baja de la Zona Fría para esta provincia", sostuvo.

Por otra parte, Condino también se refirió a la situación de las familias que no cuentan con gas natural y dependen del Programa Hogar, destinado a subsidiar la compra de garrafas. La concejal lamentó que, según indicó, no se haya realizado una campaña de difusión suficiente para informar a los potenciales beneficiarios sobre la necesidad de inscribirse nuevamente para acceder al subsidio.

En ese contexto, aseguró que el Municipio puso a disposición su estructura para colaborar con la inscripción y el relevamiento de las familias que necesitan la asistencia. "Estamos a disposición. Los centros comunitarios e incluso los centros de salud pueden servir para llegar a todos los barrios y hacer un buen relevamiento de los vecinos que necesitan el subsidio para garrafas. Anses puede utilizar las dependencias municipales", explicó.

Finalmente, advirtió que la eliminación o reducción de un beneficio no modifica las necesidades de quienes dependen de esa ayuda para afrontar el invierno. "La necesidad existe. No porque se elimine un subsidio se elimina la necesidad, ni las personas que lo requieren. Y la Municipalidad definitivamente es quien enfrenta este tipo de demanda sola", concluyó.

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

En el marco de la jornada “Jóvenes Concejales”, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, junto al diputado provincial Pablo Morillo, impulsaron un proyecto legislativo que busca reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses.

La iniciativa, que lleva la firma de Morillo, propone una modificación parcial de la Ley 14.523 con el objetivo de adecuar el artículo 2° a la mayoría de edad vigente. De esta manera, el texto establece que podrán ser elegibles “todos los ciudadanos mayores de 18 años”, siempre que acrediten al menos un año de domicilio previo a la elección.

Durante la presentación, Pareja defendió la propuesta al señalar que “este proyecto amplía la libertad de participación” y sostuvo que si a los 18 años una persona puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también debe poder ser elegida. En esa línea, remarcó que la iniciativa “no le regala nada a nadie”, sino que busca eliminar una barrera que, según su visión, quedó desactualizada.

El dirigente libertario también destacó el rol de las nuevas generaciones dentro del espacio político y afirmó que “los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina”, sino protagonistas activos. En ese sentido, planteó que La Libertad Avanza busca una política que no hable desde arriba hacia la juventud, sino que abra espacios reales de representación y competencia electoral.

Por su parte, Morillo aclaró que el proyecto no apunta a garantizar cargos ni a generar privilegios, sino a ampliar derechos políticos. Además, cuestionó la existencia de diferencias normativas dentro del sistema bonaerense, ya que mientras para ser concejal se exige actualmente una edad mayor, para otros cargos deliberativos también se establecen requisitos distintos.

El legislador advirtió sobre estas inconsistencias institucionales y remarcó que la provincia de Buenos Aires, por su peso político, demográfico e institucional, no debería sostener ese tipo de asimetrías. En ese marco, sostuvo que permitir el acceso desde los 18 años fortalecería la democracia local y promovería la renovación generacional en la función pública.

El debate sobre la edad mínima para acceder a cargos electivos no es nuevo en la Legislatura bonaerense. En 2020, un proyecto similar fue impulsado por sectores de Juntos por el Cambio, entre ellos el actual legislador radical Valentín Miranda, quien cuestionó la vigencia del esquema legal al remarcar que las transformaciones sociales no se reflejan en la normativa vigente.

En aquel entonces, también se comparó la situación bonaerense con otras provincias del país, donde en varios casos la edad mínima para ser concejal ya es de 18 años. Sin embargo, aquella iniciativa no logró avanzar en la Legislatura y el debate quedó sin resolución, escenario que ahora podría reabrirse con el nuevo impulso de La Libertad Avanza.

El Concejo Deliberante de Tandil resolvió rechazar el pedido formulado por un vecino para utilizar espacio público en la Plaza San Martín con el objetivo de comercializar trapos de piso y alfombras.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 4458/2026, sancionado el 11 de junio pasado, mediante el cual el cuerpo deliberativo denegó el expediente identificado como asunto Nº 288/2026.

En el artículo primero de la norma se estableció el rechazo de la solicitud presentada por el vecino, mientras que en el segundo artículo se dispuso el archivo de las actuaciones correspondientes.

La iniciativa planteaba la posibilidad de desarrollar la actividad comercial en la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos más transitados de Tandil. Sin embargo, el Concejo Deliberante resolvió no hacer lugar al pedido, sin que en el texto del decreto se explicitaran los fundamentos de la decisión.

El Decreto 4458/2026 llevó las firmas del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y del secretario del cuerpo, Diego Palavecino.

De esta manera, el expediente quedó definitivamente cerrado y la propuesta para instalar un puesto de venta de trapos de piso y alfombras en el espacio público no prosperó.