Como informó El Eco, existen más de 15 pedidos de informes presentados por la oposición, pero que a la fecha el Ejecutivo municipal no respondió.

Desde el bloque Hechos – Alternativa Tandil precisaron que aquellos que solicitaron durante el año en curso fueron respondidos por el gobierno local, pero que todavía aguardan por otras dos solicitudes.  Una vinculada a las ordenanzas 17961 y 15158 (referentes a la gestión de residuos y al nuevo relleno sanitario), y otra sobre diversas situaciones de la Usina Popular y Municipal.

En diálogo con El Eco, el concejal Marcos Nicolini –referente y presidente del bloque Alternativa Tandil-, indicó que en junio pasado presentaron un proyecto de ordenanza que todavía no pasó de la instancia de comisión.

La propuesta busca establecer plazos administrativos para los expedientes elevados al Ejecutivo. En concreto, la iniciativa plantea que las autoridades locales cuenten con 60 días hábiles administrativos para remitir las solicitudes o presentaciones, con la posibilidad de 30 días de prórroga.

“Todo expediente, proyecto, actuación administrativa, nota, petición o antecedente remitido por el Honorable Concejo Deliberante de Tandil al Departamento Ejecutivo Municipal para su estudio, análisis, informe técnico, dictamen o intervención administrativa, deberá ser reintegrado al Honorable Concejo Deliberante dentro del plazo máximo de SESENTA (60) días hábiles administrativos contados desde su recepción”, señala el proyecto.

“El Departamento Ejecutivo podrá solicitar, por única vez, una prórroga fundada por hasta TREINTA (30) días hábiles adicionales, la que deberá ser comunicada por escrito a la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante antes del vencimiento del plazo original”, agrega la propuesta.

Ante casos de plazos vencidos, el proyecto de ordenanza marca que será la presidencia del Concejo Deliberante quien podrá requerir la inmediata remisión de las actuaciones.

“De producirse el vencimiento de los plazos legales previstos sin que el Departamento Ejecutivo haya dado cumplimiento a la remisión obligatoria dispuesta en el Artículo 4º de la presente, el Secretario del Honorable Concejo Deliberante deberá, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles subsiguientes, solicitar de oficio y mediante nota formal la inmediata restitución del expediente a los fines de la prosecución del trámite legislativo”, concluye la iniciativa.

La oposición presentó más de 15 pedidos de información que todavía no fueron respondidos por el gobierno municipal. El número surge de las presentaciones realizadas durante el 2026 y otras que datan de dos años atrás, por lo que la cantidad de expedientes sin respuesta podrían ampliarse a partir de períodos anteriores.

El Eco consultó a los bloques de Fuerza Patria, Hechos – Alternativa Tandil y Acción Tandilense, quienes facilitaron las presentaciones que realizaron pero de las que a la fecha no recibieron contestación:  información sobre construcciones o loteos irregulares, obras en localidades rurales, prevención del delito juvenil y asistencia social, el paso a nivel de calle Mosconi, gestión de los Punto Limpio y otras.

En abril pasado, el concejal Marcos Nicolini presentó un proyecto para establecer que todo lo remitido al Ejecutivo local sea reintegrado al Concejo Deliberante en un plazo máximo de 60 días hábiles con prórroga de otros 30 días. La propuesta se encuentra en comisión.

Los pedidos de informe son una herramienta a partir de la cual los presidentes de las comisiones internas del Concejo Deliberante pueden dirigirse al Departamento Ejecutivo a los fines de recabar información sobre determinados asuntos. Los mismos pueden ser presentados como solicitudes de acceso a la información pública por la ciudadanía en general.

La ordenanza 5181 (del año 1990) establece que “los pedidos de informes realizados al D.E. deberán ser contestados en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de elevación del mismo”, así como también que el Ejecutivo podrá pedir prórroga por los mismos.

A su vez, el reglamento interno del Concejo indica que una posibilidad de los bloques es la de presentar proyectos de comunicación. Los mismos tienen como destinatarios al Ejecutivo y su objeto es el de “contestar, recomendar, pedir o exponer algo”. Sin embargo dicha normativa no determina plazos para su respuesta.

En la dinámica propia del Legislativo local son habituales los proyectos de comunicación por determinados temas, así como también los pedidos de informes. Muchos no escapan de una lógica política, y suelen coincidir con temas de agenda pública.

Pero tal situación no exime al gobierno local de contestar. Un caso fue el del pedido de informe presentado por Fuerza Patria para conocer detalles del loteo irregular en calle Israel y Lanza del Vasto. La propia presentación tomó estado público, y si bien desde la Comuna plantearon que habían iniciado acciones previas, finalmente el avance judicial –y hasta la demolición de un portón-, se concretaron luego de que el tema haya trascendido.

Pedidos sin respuesta

“Esta es la lista de los pedidos de nuestro bloque que permanecen sin respuesta”, transmitieron desde Fuerza Patria al brindar los informes presentados –solo durante el año- que a la fecha no recibieron contestación.

En abril pasado, solicitaron informes acerca del cumplimiento de la ordenanza de limpieza de terrenos privados, mientras que poco después pidieron información sobre las obras pluviales y desagües realizados durante los ejercicios 2024 y 2025.

En junio pidieron datos sobre el Registro de Demanda Habitacional, sobre el estado de ejecución de las obras aprobadas mediante el Presupuesto Participativo para María Ignacia Vela, y también sobre el mencionado caso de un loteo irregular en calle Israel y Lanza del Vasto.

En agosto solicitaron informes sobre la ejecución de recursos y programas sociales dependientes de la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, sobre acciones, programas y estadísticas vinculadas a la prevención del delito juvenil y la inclusión social de niños, niñas y adolescentes y sobre la destrucción de una pirca y trabajos de desmonte en Zona Natural Protegida. En septiembre pasado, solicitaron información sobre medidas de control implementadas desde 2025.

Desde Acción Tandilense – La Libertad Avanza presentaron en 2024 un pedido de informe sobre la situación de la obra del paso a nivel de calle Mosconi. En 2025 presentaron dos pedidos aun pendientes: uno sobre el estado del nuevo predio de Bromatología, y otro sobre el manejo de residuos en el Punto Limpio de avenida Santamarina (el cual cerró luego de la venta del predio).

Durante el año en curso, en febrero solicitaron información sobre las autorizaciones y verificación de la legalidad de un loteo en la zona de La Elena.

El mismo bloque solicitó informes sobre el proyecto de un establecimiento escolar en avenida Fleming, en particular sobre aspectos hidráulicos y vinculados a la movilidad urbana. Se trató de otro caso que tomó estado público y motivó el debate ciudadano.

En julio pasado, Acción Tandilense pidió información sobre la paralización de la obra de extensión de cloacas y gas en calles Fidanza y French y Beruti. En el mismo pasó al Ejecutivo un pedido para conocer como intervino el Municipio en la corrección y unificación de una parcela, en el marco del expediente ARBA N.º 2360-291678/2025.

Los conductores que habitualmente estacionan en el centro deberán tener en cuenta un nuevo cambio que comenzará a regir el próximo lunes 5 de octubre sobre calle Rodríguez. Desde esa jornada, estará prohibido dejar vehículos sobre la mano impar entre Maipú y Constitución.

La modificación comprende dos cuadras en las que hasta ahora se permitía estacionar y, en la práctica, completará la restricción a lo largo de Rodríguez entre las avenidas España y Avellaneda.

Esto se debe a que la prohibición ya se encuentra vigente sobre la mano impar desde España hasta Maipú y vuelve a aplicarse desde Constitución hasta Avellaneda. Con la incorporación del tramo intermedio, la restricción quedará establecida de manera continua en todo ese sector.

El cambio fue aprobado por el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 19.461, con la intención de ordenar la circulación vehicular sobre una de las calles más transitadas del centro tandilense.

Antes de que la medida entre en vigencia, trabajadores de la Dirección de Servicios colocarán nuevos carteles y pintarán de amarillo los cordones entre Maipú y Constitución para advertir sobre la prohibición.

En tanto, desde el lunes habrá presencia de agentes de Control Urbano Vehicular en la zona. En una primera etapa no se labrarán infracciones, ya que los controles estarán orientados a informar a automovilistas y vecinos sobre el cambio.

Una vez transcurrido ese período inicial de adaptación, los conductores deberán respetar la nueva señalización y evitar estacionar sobre la mano impar de Rodríguez, que quedará restringida desde España hasta Avellaneda.

En el último tiempo se instaló en la agenda pública de Tandil una problemática preocupante: la proliferación de estafas por la venta de lotes bajo la figura de condominios en Zona Protegida. Se trata de una modalidad para la que la ley vigente no permite la subdivisión de los terrenos, por lo que los compradores no pueden luego acceder a su título de propiedad. 

Pero atrás de cada operación irregular hay historias, y un vecino estafado mediante la compra de un lote bajo la modalidad condominio dialogó con El Eco y contó la suya: vio el terreno por Marketplace, y hasta firmó el boleto en una inmobiliaria céntrica con certificación de escribano. 

Todo parecía en regla, pero una vez concretada la compra, y por otros casos que se hicieron públicos, comenzó a desconfiar. Consultó al Municipio y confirmó su sospecha: le mostraron un mapa de Tandil y le dijeron que el lugar forma parte de la Zona Protegida, y que no se puede subdividir. 

“Lo cuento para que a otro no le pase”, dijo el vecino, que prefirió no dar a conocer su nombre. Su caso es uno de tantos por los que el Concejo Deliberante aprobó recientemente un proyecto presentado por el concejal Rogelio Iparraguirre, que estableció que los vendedores deben contar con un Certificado de Aptitud Urbanística para que los compradores tengan información concreta de qué puede hacerse y qué no en cada lugar.

El caso vuelve a poner la lupa sobre la efectividad de los controles municipales. Si bien desde la Comuna informaron que sumaron agentes para relevar este tipo de posibles operaciones, lo cierto es que el lote en cuestión continúa siendo ofrecido a la venta por internet. 

Si bien el tema tomó relevancia en los últimos meses, no se trata de algo nuevo. Los loteos irregulares bajo la modalidad de condominio en Zona Protegida vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por la Asamblea por la Preservación de las Sierra: uno de los lugares señalados fue el de unos terrenos ubicados a metros de la avenida Juan B. Justo, en la zona de La Elena. Un lote de ese lugar fue el que compró el vecino que contó su historia.

El vecino buscaba un lote por dos motivos, a modo de inversión y para contar con un espacio verde propio. Había visto otras opciones en diferentes zonas, hasta que dio en Marketplace con un terreno de poco más de 500 metros cuadrados en la zona de La Elena y se decidió a ir a conocerlo.

Escribió al número que figuraba en el sitio y concretó una visita. En el lugar lo esperaba un vendedor quien le informó de la modalidad de la venta: el valor total del terreno –sin gas y sin agua- era de alrededor de 20 mil dólares con una parte a pagar en cuotas. Si bien otras ofertas se encontraban en precios similares –incluso con acceso a servicios- la posibilidad de financiamiento terminó de definir al vecino. El único servicio con el que cuenta la zona es con luz, y algunos lotes ya cuentan con postes y medidores.

La transacción se hizo en una inmobiliaria céntrica. “No te da a dudar. Me dieron el sobrecito, todo, ¿Qué me iba a imaginar?”, contó. 

En paralelo a la compra y por publicaciones en diarios y portales empezaron a conocerse casos de estafas por ventas bajo la modalidad condominio: el más resonante fue el de calle Israel, donde luego de un pedido de informe de Fuerza Patria la Justicia de Faltas ordenó demoler casas, y otro también en la zona de La Helena, donde hubo un vecino agredido.

Entonces el vecino empezó a sospechar. Escribió un correo electrónico al área municipal de Catastro: “Me contestaron que era un loteo irregular y que no se podía subdividir”, relató.

Al enterarse de los pormenores de la situación en la que estaba envuelto, el vecino fue en persona a Obras Públicas. “En mesa de entradas me mostraron un plano enorme que tiene la zonificación, pero no te dan mucha información”, sostuvo.

A su vez se dirigió también a la inmobiliaria. “Esta persona me dijo como que a él no lo querían en el Municipio y que por eso le ponían trabas, y que la mitad de Tandil no está declarado, y que esto era un proceso que a la larga iba a salir. Las cosas irregulares no me gustan así que le pedí la seña”, señaló.

Con el paso del tiempo, el vecino tomó contacto con otros compradores. Algunos de ellos ya contaban con postes de luz habilitados por la Usina, e incluso habían comenzado a construir.

Sin embargo, a través del diálogo con ellos conoció que la situación variaba en cada caso. “Yo había firmado por cuotas, pero algunos otros pagaban otros montos, porque hay gente muy necesitada. Cualquier cosa le venía bien”, marcó en referencia al vendedor.

El caso del vecino no llegó a instancia judicial, y pese a las demoras, le fue devuelto lo que había pagado a modo de seña. Sin embargo, relató su historia con el ánimo de informar y prevenir a otros posibles compradores. Mientras tanto, en sitios en línea se siguen ofreciendo terrenos del mismo loteo, aunque ahora el valor es de 15 mil dólares. “Lote en oportunidad”, dice la publicación al alcance de todos.

El concejal Federico Martínez se refirió a la reciente aprobación de la ordenanza en el Concejo Deliberante, la cual busca fortalecer el apoyo económico a los clubes de la ciudad mediante una modificación en la normativa vigente. 

El edil destacó la importancia de esta medida, subrayando que el proyecto, impulsado por su espacio político y luego modificado por el Ejecutivo, logró el consenso necesario entre los distintos bloques para asegurar un impacto positivo en las instituciones deportivas a partir del año 2027.

Al respecto, Martínez señaló la difícil realidad que atraviesan las entidades sociales debido a la coyuntura económica actual. "Hoy los clubes están pasando por momentos bastante complicados. En donde hay una baja de la cobrabilidad de la cuota social y deportiva a partir de la situación económica que están viviendo las familias", afirmó Martínez.

Al mismo tiempó, el legislador local advirtió que esta falta de recursos afecta directamente el mantenimiento de la infraestructura y el pago de los profesionales que trabajan en cada institución. 

Sin embargo, el clima de acuerdo legislativo se vio empañado por la postura del oficialismo, que el día después a la sesión en la que se aprobó la ordenanza por unanimidad publicó una solicitada en El Eco detallando los logros de la gestión en materia deportiva.

En la publicación se detallaron los millones que invirtió el Municipio de Tandil para acompañar a atletas tandilenses de todas las edades, la cantidad de pistas, circuitos y piletas construidos, como así también los espacios que son utilizados gratuitamente por otras instituciones. 

Martínez cuestionó la oportunidad de esta comunicación, argumentando que el trabajo realizado por el Ejecutivo no refleja las necesidades reales del sector. "Salen a mostrar qué es lo que hicieron durante tiempo, que a nuestro criterio y esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo desde nuestro espacio, es muy poco en términos deportivos", sentenció.

El concejal fue más allá al comparar la situación local con el resto de la provincia de Buenos Aires. "Tandil tiene uno de los presupuestos más bajos en deporte de toda la provincia de Buenos Aires", denunció, al tiempo que calificó la estrategia comunicacional del Gobierno Local como innecesaria. 

"Salir con una solicitada después de haber votado por unanimidad todos los bloques del arco de la política, me parece que no suma mucho", concluyó respecto a la publicación realizada por el Gobierno Local.

Otro de los ejes centrales que analizó Federico Martínez fue la reciente decisión del Senado de la Nación de apoyar el proyecto del Gobierno nacional de eliminar el beneficio de la zona fría para Tandil y otras ciudades del país. 

Esta medida, según el edil, representa un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos y a la estabilidad de las instituciones de la sociedad civil, que ya enfrentan un escenario de incertidumbre económica.

Martínez advirtió sobre las consecuencias inmediatas de esta quita en la economía doméstica. "En los hogares a partir de noviembre todos van a pagar un 30% más de gas", alertó. Para el concejal, el impacto no se limitará únicamente a las facturas de servicios, sino que generará una retracción en el consumo local, afectando a comercios y otros sectores de la economía.

En este sentido, el edil apuntó contra el bloque libertario en el ámbito local. "El bloque de La Libertad Avanza que encabeza Gonzalo Santamarina con todos sus concejales votaron en contra también, votaron en contra de los tandilenses", sostuvo Martínez. El concejal lamentó que, ante la necesidad de defender los intereses de la ciudad, los representantes locales del espacio libertario hayan optado por respaldar las políticas nacionales.

"Cuando hay demostraciones para hacer para defender al tandilense, La Libertad Avanza local con Gonzalo Santamarina se corre de lado y apoya las medidas del gobierno nacional que son totalmente equivocadas", enfatizó el edil de Fuerza Patria. Según su análisis, esta postura política solo profundizará la crisis que atraviesan los vecinos.

Finalmente, Martínez cerró su análisis con una advertencia sobre el efecto dominó que generará el aumento en las tarifas de gas. "Lo único que va a traer es más problemas económicos para la familia porque lo que se va a gastar en Gas no se va a gastar en un comercio y demás y se empiezan a cortar", concluyó.

El bloque de concejales de la UCR Tandil fijó posición sobre distintos temas que atraviesan la agenda local y puso especialmente el foco en dos cuestiones vinculadas con decisiones del Gobierno Nacional: la necesidad de avanzar con obras de fondo en la Ruta Nacional 226 y la eliminación de los beneficios contemplados dentro del régimen de Zona Fría.

Los ediles oficialistas Juan Pablo Frolik, Juan Salceda, Maridé Condino, Matías Tringler y Andrea Pezzi plantearon una serie de definiciones sobre ambos temas y también destacaron la reciente aprobación por unanimidad de la ampliación de los beneficios de la Ordenanza de Clubes, una de las políticas públicas que impulsa desde hace más de una década el gobierno municipal. 

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la Ruta Nacional 226, luego de que la seguridad vial sobre la traza volviera a instalarse con fuerza en la discusión pública local. Desde el bloque insistieron en la necesidad de obtener respuestas tanto del Gobierno Nacional como de la empresa concesionaria y reclamaron intervenciones estructurales para resolver los problemas existentes en el tramo urbano.

Para los concejales, la problemática excede las intervenciones puntuales en determinados cruces y requiere una solución integral que permita mejorar la seguridad de quienes circulan diariamente y, al mismo tiempo, avanzar con la integración urbana de Tandil.

En ese sentido, señalaron que la Ruta 226 constituye actualmente una traza que atraviesa y divide sectores de la ciudad, por lo que consideraron que encontrar una solución definitiva será determinante para el crecimiento y desarrollo de Tandil durante los próximos años. 

Desde el bloque también hicieron referencia a los accidentes y víctimas fatales registrados sobre la ruta, y aseguraron que continuarán con las gestiones para conseguir respuestas. El planteo apunta a concretar intervenciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad vial y, paralelamente, unificar el tejido urbano.

“El futuro de Tandil está relacionado también con la solución definitiva de la Ruta 226. No podemos seguir esperando respuestas que no llegan por parte de Nación y de la concesionaria”, expresó la concejal Andrea Pezzi.

La edil sostuvo además que “la integración urbana y la seguridad vial de nuestros vecinos son cuestiones urgentes” y agregó: “Lamentablemente debemos seguir lamentando víctimas fatales. Vamos a seguir reclamando incansablemente al Estado Nacional por lo que a Tandil le corresponde y necesita”. 

En paralelo al reclamo por la Ruta 226, el oficialismo local puso en valor la reciente aprobación por unanimidad de la ampliación de los beneficios y montos destinados a los clubes de Tandil.

Desde el bloque señalaron que la iniciativa permite profundizar una política pública implementada hace más de una década y destacaron el desarrollo que tienen las instituciones deportivas en la ciudad, tanto por la cantidad de clubes como por el número de vecinos que practican diferentes disciplinas.

En ese marco, remarcaron especialmente el rol de estas entidades como espacios de integración social, formación y desarrollo personal, y consideraron que el acompañamiento municipal debe sostenerse más allá de las diferencias partidarias.

Los concejales también enmarcaron la decisión en el actual escenario económico y señalaron que las dificultades impactan tanto sobre las familias como sobre las propias instituciones, que deben afrontar mayores costos para sostener sus actividades cotidianas. 

“Aprobar por unanimidad la ampliación de los fondos para nuestros clubes demuestra que cuando se trata de apoyar a las instituciones, muchas de las diferencias partidarias quedan de lado”, expresó el concejal Juan Salceda.

El edil sostuvo que mantener esta política constituye un ejemplo que, según afirmó, es reconocido en otros puntos de la provincia. “En medio de una dura crisis nacional, el municipio con sus posibilidades sigue estando al lado de cada club, porque las políticas públicas serias se sostienen con hechos y con la convicción de que el deporte es fundamental para el desarrollo individual y de la comunidad”, completó. 

Otro de los puntos centrales del posicionamiento del bloque estuvo vinculado con la eliminación de los beneficios de la Zona Fría para Tandil. Los concejales radicales rechazaron la medida y cuestionaron particularmente la postura adoptada por La Libertad Avanza a nivel local.

Según plantearon, la modificación representa un impacto directo sobre el bolsillo de los hogares tandilenses, pero también tendrá consecuencias para empresas e instituciones que durante buena parte del año necesitan afrontar un mayor consumo de gas debido a las características climáticas de la ciudad.

El bloque defendió la permanencia de Tandil dentro del régimen al considerar que las bajas temperaturas justifican el beneficio. En ese sentido, rechazó el argumento de la “focalización de subsidios” utilizado para defender los cambios y sostuvo que las condiciones climáticas afectan a todo el partido. 

A partir de ese posicionamiento, los concejales también profundizaron sus diferencias con el espacio libertario local. Desde la UCR acusaron a sus representantes de acompañar las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y cuestionaron que, a su entender, no hayan defendido los intereses de Tandil frente a medidas que tienen consecuencias directas en la ciudad. 

“Es un golpe al bolsillo de los tandilenses quitarnos la zona fría con la excusa de focalizar subsidios. En Tandil sufrimos temperaturas extremas gran parte del año; contar con ese beneficio no es un privilegio, es una necesidad climática lógica y justificada”, expresó la concejal Maridé Condino.

Finalmente, Condino cuestionó el acompañamiento de La Libertad Avanza local a las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei y aseguró que desde el radicalismo mantendrán su postura frente a las decisiones nacionales que consideren perjudiciales para la ciudad. “Desde la UCR vamos a seguir defendiendo los derechos de todos los vecinos, de las instituciones y del sector privado”, concluyó.

La Comisión de Transporte del Concejo Deliberante dio un nuevo paso ayer en la elaboración de un proyecto de ordenanza destinado a establecer un marco regulatorio para las plataformas de transporte de pasajeros que funcionan en la ciudad.

Según explicó la presidenta del espacio legislativo a El Eco de Tandil, Luján Fiego (Acción Tandilense – La Libertad Avanza), durante el intercambio que se celebró ayer por la mañana coincidieron en la necesidad de consensuar un texto unificado, por lo que trabajan ahora sobre los aspectos legales y la definición de algunos puntos que todavía generan diferencias.

La discusión busca establecer condiciones comunes para quienes desarrollen la actividad a través de aplicaciones, con requisitos vinculados tanto a los conductores como a los vehículos y a las propias plataformas.

Entre los puntos que ya cuentan con acuerdo aparece la creación de un registro en el que deberán inscribirse las plataformas, los choferes y los vehículos afectados al servicio.

La concejal explicó que el objetivo es que la futura norma no solamente establezca requisitos, sino que también pueda ser aplicada y controlada por el Municipio.

En ese sentido, planteó que el proyecto debe contemplar las herramientas necesarias para verificar las condiciones de quienes prestan el servicio y garantizar que los vehículos cuenten con la documentación y los seguros correspondientes.

“Estamos llegando a un acuerdo, un texto unificado trabajando todos los bloques”, señaló la presidenta de la comisión, que remarcó que existe consenso sobre buena parte de las condiciones que deberían exigirse a quienes trabajan con las plataformas.

 Un registro para plataformas, choferes y vehículos

Uno de los puntos que incorporaría el texto unificado es la creación de un registro público y actualizado. Allí deberían figurar las plataformas, los conductores y los vehículos habilitados, con una reinscripción anual y la correspondiente identificación mediante una oblea.

También se plantea que la información pueda ser consultada por los usuarios y que queden establecidos de manera clara los requisitos que deberán cumplir cada uno de los actores involucrados.

En cuanto a las empresas, la propuesta contempla su inscripción y la exigencia de contar con domicilio fiscal en Tandil y un representante, entre otros requisitos que todavía forman parte de la discusión.

Otro de los puntos acordados está relacionado con los seguros. La concejal señaló que los vehículos deberían contar con cobertura para las personas transportadas y explicó que existe una normativa de la Superintendencia de Seguros de la Nación que establece las condiciones correspondientes.

El debate sobre los remises

Uno de los aspectos que todavía deberá definirse es el encuadre de los remises. La discusión está centrada en determinar si la actual ordenanza que regula esa actividad debe mantenerse con modificaciones o si corresponde derogarla para establecer una única regulación para el transporte privado de pasajeros contratado mediante aplicaciones y los remises.

La presidenta de la comisión planteó que, desde su bloque, consideran que si ambas actividades tienen características similares debería existir una regulación común, mientras que los taxis quedarían “por fuera” de ese esquema por tratarse de una actividad con otro marco normativo.

En principio, la situación de los taxis constituye uno de los puntos en los que todavía no existe acuerdo entre todas las bancadas. La concejal explicó que, según su posición, un taxi podría incorporarse a una plataforma y prestar el servicio a través de ella, pero manteniendo su condición de taxi. “Tanto el remís como los autos de aplicaciones son transporte privados de personas”, sentenció.

La complejidad en torno al debate reside en que se trata de un marco regulatorio que abarca aspectos que ya cuentan con ordenanzas vigentes.

Un proyecto que todavía requiere más discusión

Si bien existe un texto unificado y un acuerdo general sobre los requisitos que deberían cumplir vehículos y conductores, la comisión todavía no emitió dictamen.

En ese sentido, Fiego consideró que el proyecto aún requiere revisar aspectos legales y mantener conversaciones con distintos actores vinculados a la actividad.

“No es una ordenanza fácil”, resumió, y explicó que una de las preocupaciones es evitar que se apruebe una norma que luego resulte difícil de implementar o controlar. “Queremos el mejor texto”, anticipó, por lo que estimó que la búsqueda de consensos demandará algunas semanas más de trabajo para que el proyecto finalmente llegue al recinto para su tratamiento en sesión.

En ese marco, la expectativa es continuar con el análisis durante las próximas reuniones para alcanzar un acuerdo entre los bloques. La posibilidad de que el proyecto sea aprobado por unanimidad dependerá entonces de la resolución de los puntos que todavía permanecen abiertos.

El Concejo Deliberante aprobó una nueva normativa destinada a establecer condiciones de transparencia e información urbanística para la comercialización de inmuebles bajo la figura de condominio en el Partido de Tandil.

La medida quedó plasmada en la Ordenanza 19.438/2026, sancionada el 10 de septiembre, que alcanza a las personas humanas o jurídicas que promocionen, oferten o comercialicen cuotas partes indivisas de inmuebles ubicados tanto en el ejido urbano como en el área rural.

La iniciativa establece una serie de requisitos que deberán cumplirse antes de promocionar o vender este tipo de propiedades, además de incorporar obligaciones específicas para la publicidad y un esquema de sanciones ante incumplimientos.

La nueva ordenanza establece que, antes de iniciar la promoción o venta de un inmueble bajo régimen de condominio, su titular deberá presentar una Declaración Jurada de Información Urbanística Básica.

En ese documento deberá dejar constancia de la nomenclatura catastral del inmueble, su zonificación de acuerdo con el Plan de Desarrollo Territorial, si admite o no subdivisión parcelaria y cuáles son los usos permitidos.

También deberá incluirse información sobre la prefactibilidad de provisión de servicios públicos y una manifestación expresa de que quien adquiere una participación en el condominio obtiene una cuota ideal indivisa y no la titularidad de un lote independiente e individualizable.

La normativa establece que la falsedad u omisión de información podrá derivar en sanciones.

Una vez presentada la declaración, la autoridad de aplicación deberá evaluar la situación y emitir un Certificado de Situación Urbanística, que deberá identificar catastralmente el inmueble e incluir la zonificación y los usos permitidos.

Ese certificado tendrá que incorporarse obligatoriamente a toda publicidad gráfica o digital y deberá ser entregado al comprador antes de la firma de un boleto o contrato.

Además, si transcurren 30 días hábiles administrativos desde la presentación de la declaración sin que la autoridad haya emitido el certificado ni formulado observaciones, el interesado podrá solicitar un pronto despacho en los términos previstos por la normativa administrativa provincial.

La ordenanza también fijó una leyenda obligatoria para toda publicidad de este tipo de operaciones.

Los avisos deberán consignar de manera clara y visible que la operación se realiza bajo régimen de condominio y que el inmueble no se encuentra subdividido en lotes individuales conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Además, quedará prohibida cualquier comercialización que pueda inducir a creer que se trata de lotes subdivididos cuando no lo estén, que sugiera una posibilidad automática de futura subdivisión o que se realice sin contar previamente con el Certificado de Situación Urbanística.

La nueva normativa estableció diferentes sanciones según el tipo de incumplimiento.

La falsedad u omisión de datos en la declaración jurada podrá ser sancionada con una multa equivalente al 100% al 400% del Salario Municipal CAT. 4, régimen de 35 horas.

En tanto, la falta de presentación de la declaración jurada o la promoción, oferta o comercialización de un inmueble sin el certificado correspondiente podrá generar multas de entre el 400% y el 2.000% de ese salario municipal.

Para las publicidades que no incluyan la leyenda obligatoria o que incurran en las conductas prohibidas, las multas previstas van del 600% al 3.000%, además del decomiso del material publicitario y la obligación de publicar una rectificación a cargo del infractor y con un alcance equivalente al aviso original.

La ordenanza también contempla sanciones para los casos en que se materialice físicamente un fraccionamiento no autorizado, por ejemplo mediante la apertura de calles internas, el amojonamiento o demarcación de parcelas o la colocación de cercos y cerramientos individuales.

En esas situaciones se podrá disponer la suspensión inmediata de las obras, exigir la remoción, demolición o adecuación de lo realizado a cargo del responsable y aplicar una multa de hasta 100 Salarios Municipales CAT. 4, régimen de 35 horas.

La normativa establece además un esquema de responsabilidad solidaria para quienes intervengan en la comercialización, promoción u oferta de los inmuebles alcanzados.

Esto incluye a titulares de dominio, condóminos promotores, inmobiliarias, desarrolladores, agencias y agentes de publicidad e intermediarios.

Según la ordenanza, todos ellos podrán responder solidariamente por el pago de las multas y por las obligaciones de remoción, demolición o adecuación que correspondan cuando hayan incumplido las disposiciones.

Uno de los puntos de mayor alcance de la nueva norma está relacionado con la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

El Departamento Ejecutivo no autorizará nuevas aperturas de calles ni la extensión de redes de agua, gas, energía eléctrica o cloacas a los titulares de inmuebles ubicados dentro de esa zona que no cuenten con el Certificado de Situación Urbanística.

La ordenanza también sugiere a los prestadores de servicios públicos que, en la medida de sus posibilidades, exijan ese certificado para los inmuebles localizados dentro de la zona protegida.

De esta manera, el certificado no solamente funcionará como un requisito de información para las operaciones inmobiliarias, sino que también tendrá incidencia sobre determinadas intervenciones y extensiones de infraestructura en el área protegida.

La autoridad de aplicación será la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, o el área que determine el Departamento Ejecutivo.

La ordenanza establece además que durante el primer año desde su promulgación deberá desarrollarse una campaña de difusión masiva en medios de comunicación para informar a la comunidad sobre los alcances del nuevo régimen.

Para los aspectos no contemplados específicamente, se aplicarán de manera supletoria distintas normas municipales y provinciales, entre ellas el Código de Faltas Municipal, el Código de Edificación de Tandil, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y el régimen provincial de faltas municipales.

Las actuaciones correspondientes tramitarán ante el Juzgado de Faltas Municipal.

“A nosotros en algún punto, obviamente corriendo el tema de la multa en sí, nos interesa la incorporación de tecnología para modernizar el Estado”, argumentó el concejal Juan Salceda al referirse al expediente que se encuentra bajo un incipiente análisis en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante.

Se trata del proyecto de ordenanza para autorizar la contratación de un Sistema Integral e Inteligente de Fiscalización Electrónica del Tránsito y Seguridad Vial elevado por el Departamento Ejecutivo hace más de 20 días.

Para el presidente del bloque de la UCR, el eje del debate no debe estar puesto en la multa sino en la tecnología que la hace posible. Entonces, defendió que “no es la fotomulta en sí”, sino la “incorporación de tecnología para la prevención ciudadana” y subrayó que el sistema no implica erogación de recursos propios para el Municipio.

El proyecto original, que ya había pasado por comisión con dictamen por unanimidad en una instancia previa, pero que no avanzó tras su ingreso al recinto, regresó al debate legislativo. En ese sentido, aseguró que el actual planteo posee una mirada más amplia respaldada en las herramientas tecnológicas disponibles “para prevenir accidentes y para mejorar el tránsito”.

Esa incorporación, que “no sale un peso”, dijo en relación a la erogación de recursos por parte del Estado comunal, además tracciona el accionar del personal de la Dirección de Control Urbano Vehicular.

Para una ciudad que “siempre está a la vanguardia y en la búsqueda de modernizarse para estar cada día mejor, negarnos a esa herramienta por solo ponerle el sello de la multa no nos parece lógico”, disparó.

Para Salceda, la necesidad de avanzar en la incorporación de radares responde a los datos concretos recolectados a través del Observatorio Vial de la Municipalidad de Tandil.

Bajo la órbita de Alejandra Marcieri y Juan Ibáñez, secretaria y subsecretario de Protección Ciudadana, se realizaron mediciones que arrojaron resultados sobre el comportamiento de los conductores en las arterias principales de la ciudad. “Vimos que el 25 por ciento de las personas que pasaban por ocho puntos de la ciudad, solo en dos horas, iban en exceso de velocidad”, advirtió el legislador.

El estudio técnico reveló que en cuatro horas -dos por la mañana y dos por la tarde- se constataron cerca de cinco mil infracciones de tránsito, cifra que refuerza la postura del bloque oficialista sobre la necesidad de contar con una fiscalización que no dependa exclusivamente de la presencia física de los inspectores municipales. 

El concejal fue enfático al señalar que los siniestros viales en Tandil ocurren mayoritariamente en las avenidas, donde las velocidades son más altas. Al respecto, vinculó la efectividad de la tecnología con la prevención de accidentes, asegurando que el objetivo principal es “ralentizar el tránsito” donde es problemático y permitir que fluya donde debe hacerlo.

Asimismo, Salceda explicó que “necesitamos es que haya una ordenanza que nos permita ir a una licitación”, donde la empresa proveedora de la tecnología asume la inversión inicial.

La recaudación se repartiría entre la empresa, la Provincia -según establece la ley- y el Municipio, en un esquema permite que el Estado comunal incorpore tecnología de última generación sin desembolsar recursos propios de manera directa desde el inicio del programa.

Uno de los puntos que mayor debate generó en la opinión pública y en los bloques opositores durante el tratamiento del anterior proyecto de ordenanza fue el destino de los fondos provenientes de las multas.

El documento elevado a comienzos de este mes establece que los fondos serán destinados a “obras de infraestructura vial, campañas de educación vial, al Sistema Integrado de Salud Pública y al fomento de actividades deportivas”. De este modo, el Ejecutivo busca que el carácter del sistema sea preventivo y educativo, reinvirtiendo el dinero en mejoras directas que beneficien la seguridad y la salud de la comunidad tandilense para atacar el argumento del fin recaudatorio.

A más datos, Salceda defendió que el oficialismo fue “recontra generoso” al proponer que lo recaudado se afecte específicamente a áreas sensibles. “Sometimos la afectación de los fondos a la salud, a la creación de infraestructura urbana como el asfalto y al deporte”, detalló el concejal.

Insistió en que el espíritu de la ordenanza no es recaudatorio, sino educativo y preventivo. Por ello, el proyecto contempla un periodo de adaptación para que la ciudadanía se familiarice con los nuevos controles antes de que las sanciones económicas comiencen a regir plenamente. “La voluntad del gobierno es que haya un periodo de prueba donde haya multas testimoniales sin costo para que la gente entienda que le llegó una infracción por pasar un semáforo en rojo”, indicó.

Además, el uso de tecnología aportaría una transparencia al proceso de sanción. Salceda destacó que las actas digitales son “mucho menos objetables” que las analógicas, ya que incluyen fotos, códigos QR, ubicación geográfica precisa y horario exacto, lo que evitaría discusiones sobre la legibilidad de la letra del inspector o errores en los datos del vehículo. “Esto da una trazabilidad que nos permite como Municipio interactuar con otros distritos, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, agregó.

Tandil, al ser una ciudad con un alto flujo turístico, requiere sistemas que puedan “hablarse” con los de otras jurisdicciones. En otro de los arfumentos, el concejal planteó que es necesario que los visitantes manejen con la misma prudencia con la que lo hacen en sus ciudades de origen. “¿Por qué no se le va a cobrar una infracción a un turista si a un tandilense en Buenos Aires se la cobran?”, se preguntó, subrayando la importancia de la igualdad ante la norma para todos los que circulen por las calles locales.

El debate sobre la “onda verde” y la velocidad

Un aspecto técnico que Salceda abordó fue el contrapunto con la “onda verde” de las avenidas, un sistema que suele ser elogiado por la fluidez que aporta al tránsito: “Está programado para tener un flujo que asegure que los grandes volúmenes de transito vayan por esas arterias y no por las calles internas”, remarcó.

El concejal reconoció que algunos conductores aceleran más de lo permitido para no “perder” la sincronización de los semáforos, pero argumentó que es precisamente allí donde la fiscalización electrónica cumple un rol fundamental. “En esos lugares es donde es importante poner la fiscalización para que priorices no pasar de 60 o de 50 kilómetros por hora”, afirmó.

La tecnología que se pretende licitar no se limita a radares de velocidad. El sistema integral incluye detectores de inteligencia artificial para patentes con pedido de captura, trazabilidad de vehículos y control de faltas graves como girar en rojo o circular sin casco en motocicletas. “Hoy nos están ofreciendo semáforos inteligentes que cambian el tiempo de un cruce en función del volumen de autos que vienen”, comentó Salceda sobre las posibilidades que se abren para la ciudad.

Búsqueda de consensos políticos

De cara al tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante, Salceda se mostró optimista respecto a la posibilidad de encontrar un punto de acuerdo con las distintas fuerzas políticas. Reveló que mantuvo conversaciones con representantes de Acción Tandilense - La Libertad Avanza y de Fuerza Patria para explicar los alcances de la iniciativa y cómo esta se alinea con una agenda de modernización y eficiencia del gasto público. “Hablé con los concejales porque me parece que va un poco de la mano de su agenda y entendían la necesidad de ordenar el tránsito”, confió.

“No entiendo que alguien diga que prefiere que la gente infraccione en el tránsito solamente por la condescendencia de que no te hagan una multa”, sentenció.

La apuesta por la tecnología, según Salceda, es el camino lógico para una ciudad como Tandil, que busca ser líder en innovación y calidad de vida. “Es aplicar tecnología para optimizar el sistema de Gobierno, prevenir accidentes y, en definitiva, vivir en una ciudad más ordenada”, concluyó.

La presentación del informe trimestral de la Secretaría de Protección Ciudadana ante la Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante expuso algunas diferencias en torno al diagnóstico sobre la situación delictiva en Tandil.

En diálogo con El Eco de Tandil, la presidenta del espacio legislativo, Noelia Domenighini, explicó que durante el encuentro, que se extendió aproximadamente una hora y media, se repasaron las acciones desarrolladas durante el segundo trimestre y distintos proyectos vinculados con la prevención, entre ellos la ampliación del programa Centinela, la futura implementación de una Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en La Movediza y la incorporación de una médica legista.

Sin embargo, uno de los puntos que generó diferencias estuvo relacionado con la interpretación de los indicadores de seguridad. La concejal de Fuerza Patria sostuvo que, a partir de los datos incluidos en el informe y de otros elementos que llegan a la comisión, observó un incremento de las denuncias y de las intervenciones vinculadas con hechos delictivos.

“Una diferencia que notaba a partir de los números sobre denuncias, siniestros viales, intervenciones de la fiscalía, es un aumento en el delito en cuanto al informe anterior”, planteó.

Diagnósticos de la inseguridad

Según relató, durante la reunión planteó ante Marcieri que advertía un aumento de la inseguridad respecto del período anterior. 

“Como presidenta de la comisión disiento un poco con lo planteado porque entiendo que ha habido un aumento de la inseguridad en la ciudad. Esto producto de otras problemáticas que quizás se vinculan al índice de inseguridad, pero la inseguridad aumenta y lo vemos todos los días en hechos que son denunciados por los vecinos, que se manifiestan ante el Foro de Seguridad, que uno ve por las redes”, repasó.

La concejal señaló que el informe contiene estadísticas que muestran variaciones respecto del trimestre anterior y, entre los indicadores mencionó el incremento de las denuncias recibidas por Centinela y de los requerimientos de información realizados por las fiscalías.

“Hay un amento en relación a los tres meses anteriores”, enfatizó y aclaró que es “más allá del esfuerzo que se pueda estar realizando” desde el Municipio y la Provincia en materia de seguridad.

Al mismo tiempo, planteó que no todos los hechos que llegan por esas vías se traducen en denuncias formales, una diferencia que dificulta contar con una dimensión precisa del fenómeno y vuelve necesario insistir en la importancia de denunciar.

“No me parece que sean unas simples palabras. Me parece que la secretaria de Protección Ciudadana entienda que es una percepción subjetiva y que no están aumentando los hechos delictivos, es como para hacer un llamado de atención”, sentenció.

El cambio en las problemáticas vinculadas al delito

En su análisis, la concejal también hizo referencia a un cambio en las situaciones vinculadas con la inseguridad y aclaró que su planteo no implica equiparar la situación de Tandil con la de otras zonas del territorio bonaerense, pero sostuvo que la ciudad debe atender los hechos que efectivamente ocurren.

“No estamos en el conurbano bonaerense, pero entendemos que tenemos que ocuparnos de los delitos que acontecen y de generar la responsabilidad de la denuncia en los vecinos”, enfatizó.

Entonces, calificó como “muy importante” que los ciudadanos puedan realizar las denuncias de los hechos “porque a veces no se condicen las estadísticas con los hechos que uno toma conocimiento a través de una red social o de lo que toma conocimiento como funcionario, o por estar en un grupo barrial o por ir al Foro de Seguridad, porque no hay denuncias formales”.

“Cuando vos vas a generar una política pública, si no tenés estadística, la política pública no existe”, justificó la concejal de Fuerza Patria.

Centinela: valoración de la presencia en las calles

Independientemente del planteo en torno al diagnóstico general, Domenighini valoró algunos de los programas que lleva adelante la Secretaría.

En particular, consideró que la presencia del programa Centinela en las calles constituye un aspecto positivo y destacó que en los últimos años se incrementó la difusión y el conocimiento del sistema entre los vecinos.

Durante la reunión, Marcieri informó además sobre la ampliación del programa y la incorporación de nuevos vehículos para reforzar la cobertura urbana y rural.

La concejal también mencionó la incorporación de un carro para el traslado de ganado, en articulación con Bromatología, destinado a intervenir ante situaciones de animales sueltos.

Domenighini resaltó el trabajo “un poco más intenso” de la actual gestión de la dependencia comunal, después de las objeciones planteadas en anteriores oportunidades, a la vez que señaló que el programa Centinela es “positivo para la ciudad”.

La FBA como alternativa a la comisaría Quinta

Otro de los proyectos analizados fue la instalación de una Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) en La Movediza. En ese sentido, puso el foco en el aporte de la administración bonaerense en cuanto a personal especializado, infraestructura y equipamiento. “Es importante el proyecto que se viene desarrollando”, afirmó.

La concejal recordó que desde el Concejo Deliberante se había acompañado anteriormente el pedido para la creación de una comisaría Quinta, que finalmente no prosperó a partir de la negativa de la administración bonaerense de avanzar con la construcción de una nueva dependencia policial por cuestiones presupuestarias, aunque sí se planteó avanzar con una FBA.

En ese sentido, valoró que la iniciativa permitiría incorporar a la ciudad personal especializado y capacitado por la Provincia, con presencia territorial y una función preventiva.

“La idea es que sean efectivos que puedan transitar por el barrio para que puedan tener presencia a los efectos de la prevención del delito en un territorio que es complejo en la ciudad de Tandil”, detalló.

La incorporación de una médica legista

La incorporación de la médica legista fue otro de los puntos destacados por la concejal de la exposición que la secretaria de Protección Ciudadana realizó días atrás.

Señaló que se trata de una demanda que se venía planteando desde hace años en la Mesa Intersectorial de Violencia, particularmente por la necesidad de contar con profesionales especializados para intervenir en situaciones de violencia de género y contra niños y niñas, además de otros procedimientos médico-forenses.

Uno de los primeros resultados fue la realización de una autopsia en Tandil, evitando el traslado a Azul. La concejal destacó que la medida tiene relevancia tanto para el trabajo judicial como para las familias de las víctimas.

También indicó que se trabaja en la incorporación de otros profesionales para ampliar la cobertura de las guardias pasivas.

La articulación con Provincia

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Seguridad destacó el trabajo que, según su evaluación, viene desarrollando el Gobierno bonaerense en el territorio.

“También creo que se puede llevar adelante una política pública en seguridad por el gran trabajo que viene llevando adelante la Provincia, que entendemos que es su competencia”, consideró.

El Municipio presentó un proyecto para ampliar el acompañamiento económico a los clubes de la ciudad. Por el tema fue consultado Rogelio Iparraguirre, quien celebró la propuesta pero planteó que fue un anuncio entre comillas: sostuvo que se trató del mismo expediente de un proyecto que su propio bloque había presentado e incluso acordado con el intendente, consideró que hubo una actitud infantil y desleal de parte del Ejecutivo y señaló que si el gobierno local quiere colaborar con los clubes debería comenzar “por devolverle todo lo que le llevan comiendo desde este año”.

“Es una buena noticia. Estamos muy contentos de que hayan devuelto este proyecto que no es solo parecido: es el mismo expediente del proyecto de nuestro bloque”, sostuvo Iparraguirre.

“Las tres ordenanzas que se trataron o van a tratarse este año y que implican algún cambio en la política del Ejecutivo, fueron nuestras. Demuestra la capacidad y madurez de una oposición que frente a un gobierno sin iniciativa,  no se queda sólo señalando o criticando sino que propone e impulsa cambios y mejoras.  Por eso en buena hora que,  si ellos no pueden o no saben, se apoyen en nuestra iniciativa y nuestro trabajo en el Concejo Deliberante”, expresó el concejal.

Fue en abril pasado cuando Fuerza Patria presentó un proyecto para reforzar los subsidios que el Municipio entrega a los clubes de la ciudad. El expediente se elevó al Ejecutivo para su consulta, en el marco de un acuerdo político: cuando se discutió el Presupuesto 2026, desde el peronismo local plantearon como prioridad que se avance al respecto.

Sin embargo, el martes 15 el Ejecutivo anunció un proyecto en el mismo sentido, con el agregado de una ampliación en la cobertura de la energía eléctrica. Los cambios se harían efectivos en enero de 2027.

“Lo vamos a aprobar en la Comisión de Deportes. Estoy contento, pero me llama la atención porque esto lo charlamos personalmente en el despacho del intendente Lunghi con él y con el presidente de su bloque, Juan Salceda. Fue una de las cosas en las que pusimos más énfasis y al intendente le pareció bien. Por eso me parece una conducta muy desleal y me resisto a creer que fue una actitud del intendente”, manifestó Iparraguirre.

“Se están comiendo 240 mil pesos por club”

Iparraguire sostuvo la importancia de reforzar el apoyo a los clubes no solo por el contexto de crisis, sino también por el rol de estas instituciones en la comunidad.

“Los clubes son fundamentales: sostienen a la familia, a la comunidad. Siempre se dijo que un pibe en un club es un pibe menos en la calle. Bueno, también un pibe en un club es un pibe menos en su habitación conectado nueve o diez horas”, planteó.

El proyecto en cuestión se encamina a aprobarse, pero el concejal marcó que en la próxima reunión de la comisión de Deportes sumarán una solicitud: que el Municipio actualice el aporte actual.

“Estoy en comunicación permanente con presidentes y presidentas de los clubes de nuestra ciudad. Cobraron en el último módulo 655 mil pesos, de acuerdo al módulo de un trabajador municipal categoría 1, régimen de 30 horas. Pero al mes de julio, ese módulo era de 909 mil pesos. Es decir que se están comiendo más de 240 mil pesos por club”, lanzó el concejal.

“Entonces, nosotros lo que vamos a plantear el jueves en la comisión es que para incrementar la asistencia a los clubes, bien podríamos empezar por devolverle lo que le llevan comiendo este año. Hay algo bastante mezquino en esta, entre comillas iniciativa del gobierno de finalmente devolver el proyecto y querer venderlo como un proyecto de ellos. Porque va a ser aplicable a partir de enero, o sea que le comiste todo el año, y le estás escatimando la actualización de la paritaria, que es lo que dice la ordenanza”, concluyó.

El Municipio de Tandil busca ampliar el acompañamiento económico que brinda a las instituciones deportivas del partido y, con ese objetivo, elevó al Concejo Deliberante un proyecto para modificar la ordenanza de fomento a los clubes.

La iniciativa contempla un incremento de los subsidios mensuales que reciben las entidades deportivas, además de una ampliación de la cobertura del consumo de energía eléctrica. Desde el Ejecutivo fundamentaron la propuesta en el rol deportivo, social y comunitario que cumplen los clubes tanto en los barrios de la ciudad como en las localidades rurales.

En concreto, el proyecto propone aumentar la cantidad de módulos correspondientes a los subsidios para todas las categorías de clubes. El valor de esos módulos, además, se actualiza automáticamente cada vez que se producen recomposiciones salariales para los trabajadores municipales.

Actualmente, el régimen representa una inversión considerable para las arcas comunales. Durante 2026, el Municipio destinará más de 223 millones de pesos al pago de los subsidios establecidos por la Ordenanza 12.130 para las instituciones deportivas alcanzadas.

Esa cifra corresponde exclusivamente al régimen anual de subsidios y se complementa con otras herramientas de asistencia, entre ellas los beneficios vinculados con el consumo eléctrico y aportes extraordinarios destinados a infraestructura, compra de materiales y otras necesidades de los clubes.

Uno de los principales cambios planteados está relacionado justamente con la energía eléctrica. Actualmente, cada institución cuenta con una cobertura de hasta 600 kWh mensuales, cuyo costo es absorbido por el Municipio. Con la modificación propuesta, el beneficio se ampliaría hasta los 1.000 kWh por mes.

Desde el Ejecutivo explicaron que la actualización responde al crecimiento que experimentaron las instituciones deportivas durante los últimos años, tanto en infraestructura como en cantidad de disciplinas, actividades y servicios. Esa expansión también implicó un aumento de las necesidades energéticas y de los costos de funcionamiento.

En ese sentido, destacaron que los clubes no solo representan espacios destinados a la práctica deportiva, sino que también funcionan como lugares de encuentro, pertenencia, formación e integración para miles de chicos, jóvenes y adultos de Tandil.

De obtener el aval del Concejo Deliberante, las modificaciones comenzarían a aplicarse a partir del 1° de enero de 2027, de manera que los nuevos montos y beneficios puedan ser contemplados dentro del próximo presupuesto municipal.

La declaración de emergencia en el transporte público de pasajeros, aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante el jueves pasado, recibió el respaldo de la Cámara de Transporte, que salió a plantear que el nuevo escenario abre la posibilidad de acelerar la toma de decisiones y evita que las discusiones sobre actualizaciones y medidas destinadas a sostener el servicio se extiendan durante meses.

En diálogo con El Eco de Tandil, el presidente de la entidad, Daniel Albanese, vinculó el pedido con las dificultades que, según planteó, tuvo durante el último año la Comisión de Transporte para alcanzar acuerdos en torno a los distintos temas relacionados con el sistema.

“Nosotros solicitamos la emergencia porque necesitamos respuestas rápidas, porque el sistema está en crisis, las empresas están endeudadas y no podemos estar discutiendo cuatro o seis meses cada cosa que proponemos”, objetó.

En ese sentido, el dirigente consideró que la declaración aprobada con los votos de Fuerza Patria, UCR y Hechos, representa una herramienta para modificar esa dinámica. “Nos parece bien porque entendemos que en principio le va a dar rapidez, celeridad a las decisiones”, sostuvo.

Albanese recordó que el planteo para declarar la emergencia fue impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector hace meses y repasó el proceso de actualización de los mayores costos del servicio durante 2025.

Según explicó, en aquella oportunidad transcurrieron meses sin que el espacio legislativo pudiera alcanzar un consenso para establecer una actualización, por lo que finalmente la medida fue adoptada por decreto del Intendente ad referéndum del Legislativo.

A ese período, agregó otros seis meses en los que, de acuerdo con su planteo, las empresas continuaron absorbiendo parte de la diferencia entre la evolución de sus costos y los mecanismos de actualización.

“En ese tiempo nosotros perdimos 50 por ciento del patrimonio del sistema de transporte porque la inflación de 2025 fue del 31,5 por ciento y la actualización de costos fue del 16 por ciento”, argumentó.

El nuevo esquema y la relación con el Ejecutivo

Durante el tratamiento en el recinto, el proyecto original consiguió los votos de la mayoría, pero sufrió una modificación tras una votación en particular a pedido del bloque oficialista, que se mostró en desacuerdo con el artículo que establecía la creación de una mesa para abordar el tema. El argumento de los bloques que votaron en contra sobre ese asunto fue que el ámbito de debate ya existe en la Comisión de Transporte del Concejo.

Para Albanese, esos cambios introducidos no alteran sustancialmente el planteo que había realizado la entidad. “Para nosotros no hace diferente. Si no hubiera una mesa de consenso, no era vinculante, no cambiaba mucho el escenario, pero sí está bien, no hay problema con eso”, indicó.

La emergencia tendrá una vigencia de 12 meses y otorgará facultades al Departamento Ejecutivo para adoptar medidas en materia de transporte. A partir de ahora, la Cámara espera trasladar la discusión al ámbito municipal y comenzar a trabajar sobre las alternativas para atender la situación del sistema.

“Ahora empieza otro tipo de reuniones, ya más con el Ejecutivo y su equipo de trabajo. Veremos si la semana que viene podemos generar la primera reunión para ver cuál es la idea del Ejecutivo y cómo podemos avanzar en algunas cuestiones, sobre todo cerrar la brecha y el déficit permanente que tienen las empresas”, anticipó sobre el debate por venir.

Para la entidad que preside, el principal desafío será recomponer la ecuación económica del servicio. En ese punto, Albanese aclaró que el valor del boleto no constituye la única cuestión a resolver y que cualquier actualización tarifaria debería estar acompañada por otras medidas que permitan generar recursos para sostener el transporte.

“Tenemos varios. Por ejemplo, es obvio que los mayores costos deberían ir acompañando la inflación”, mencionó y recordó la implementación de una actualización bimestral vinculada al IPC, un mecanismo que debería ser parte de las alternativas a discutir. 

“Veremos cuál es la posición del Ejecutivo y qué piensa del transporte”, remató el dirigente.

Nuevos ingresos para sostener el servicio

En efecto, Albanese fue enfático en mencionar que el problema excede la tarifa. “Eso no resuelve la cuestión de fondo. Hay que generar ingresos adicionales que permitan equilibrar una ecuación de ingresos-costos”, afirmó.

Entre las alternativas que la cámara había planteado mencionó una tasa sobre el combustible y la ampliación del estacionamiento medido. También señaló la posibilidad de establecer algún mecanismo de apoyo municipal al sistema.

“Hay varias ideas. Nosotros en su momento habíamos propuesto una tasa del combustible, pero también tenemos como propuesta la ampliación del estacionamiento medido, algún tipo de medida que genere una especie de subsidio municipal o apoyatura al sistema de transporte de Tandil”, enumeró.

Por el momento, la entidad no tiene definido un valor de tarifa que pretenda llevar a la mesa de negociación. Albanese explicó que la intención es que los costos puedan acompañar el proceso inflacionario y advirtió que una parte importante de los insumos utilizados por las empresas está vinculada al dólar.

“No tenemos definido un valor posible de tarifa. Es simplemente hacerle, por lo menos, un acompañamiento al proceso inflacionario”, manifestó.

En ese marco, señaló que la estructura de costos del transporte tiene una particularidad que complejiza la situación. “Lamentablemente nosotros sufrimos la inflación en dólares”, expresó, para luego mencionar entre los principales insumos dolarizados a los combustibles, las cubiertas, los lubricantes y determinados repuestos electrónicos.

La recuperación del seguimiento en tiempo real

A la par de la discusión económica, el presidente de la Cámara de Transporte se enfocó en el funcionamiento del servicio y apuntó a la posibilidad de recuperar el sistema de georreferenciación que permitía seguir en tiempo real el recorrido de los colectivos.

Argumentó que la plataforma actualmente disponible para SUBE trabaja sobre una estimación de los tiempos de llegada a partir de los horarios cargados en el sistema, pero no refleja necesariamente la situación del tránsito.

La app Cuándo Subo “hace una predicción en función del horario que está cargado en el sistema y cuánto debería tardar, pero en el medio se cruza un camión que carga cemento y se atrasó cinco o seis minutos”, alertó.

La propuesta de la Cámara apunta a recuperar una herramienta que permita visualizar la ubicación de las unidades. “El GPS o el GPRS que teníamos cuando teníamos el SUMO era en tiempo real. Se podía ver en el mapa cómo avanzaba el colectivo de cualquier línea en cualquier punto de la ciudad”, sostuvo.

Según Albanese, se trata de una mejora que tendría impacto directo sobre la experiencia del usuario, al permitir conocer con mayor precisión dónde se encuentra la unidad y cuánto tiempo resta para su llegada.

Con la emergencia aprobada, la Cámara espera trasladar la discusión al Ejecutivo y comenzar a definir medidas concretas. El objetivo, según planteó, será atender el déficit de las empresas y establecer mecanismos que permitan sostener el funcionamiento del servicio sin que cada decisión quede sujeta a extensos períodos de debate.

“La crisis nos está pasando literalmente por encima y no podemos estar viendo cuándo se ponen de acuerdo porque pasan meses y meses y sin respuesta. No tenemos ese tiempo”, concluyó.

En una sesión que empezó musicalizada por el sonido de las sirenas de los bomberos voluntarios de Vela y Gardey reclamando por fondos adeudados por Nación, y en la que no faltaron los cruces entre los bloques, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza de condominios (por unanimidad), y la emergencia del transporte público de pasajeros. Esta última iniciativa salió por mayoría y con una modificación: no incluyó la creación de una mesa para abordar el tema.

Además, hubo una novedad: Fuerza Patria anunció que presentó un proyecto para solicitar frenar las incorporaciones –el trámite para sumar una obra no contemplada en los planos originales- en la Zona Natural Protegida Sierras de Tandil.

Por otra parte también se aprobó el traslado del avión Mirage de la Plaza 2 de Abril a otra área del mismo lugar. Fue una iniciativa de la que participó el Centro de Veteranos de Malvinas. Y también en el marco de la sesión fueron reconocidas las integrantes de la Biblioteca de las Mujeres.

Pero gran parte de la sesión se la llevó un debate político a raíz de un proyecto que ingresó sobre tablas: un pedido al gobierno nacional para otorgue a los bomberos voluntarios de Vela y Gardey los subsidios adeudados. El visto bueno a la propuesta implicó más de una hora y media de intercambios y hasta un cuarto intermedio para que los integrantes del bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza leyeran la resolución.

Emergencia, pero sin mesa

Tras un debate de meses, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de Fuerza Patria a partir del cual se declaró la emergencia en el transporte público de pasajeros de Tandil.

La iniciativa tendrá una vigencia de 12 meses, y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para readecuar frecuencias, horarios y recorridos, otorgar compensaciones económicas, reasignar partidas presupuestarias y brindar asistencia financiera, aplicar reorganizaciones operativas y administrativas y adecuar las tarifas del servicio.

La ordenanza resultó aprobada con los votos afirmativos de Fuerza Patria, UCR y Hechos. Pero fue con una modificación tras una votación en particular a pedido de la UCR: quedaron afuera de la ordenanza final los artículos que establecían la creación de una mesa para abordar el tema. El argumento de los bloques que votaron en contra sobre ese asunto fue que el ámbito de debate ya existe en la Comisión de Transporte del Concejo.

El primero en tomar la palabra fue Marcelo Valle, concejal de Fuerza Patria, quien repasó el recorrido del proyecto. En el plano político consideró que  los aportes del Ejecutivo no son destinados a la sustentabilidad del sistema de transporte sino al usuario, y marcó sus críticas al bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza en relación al aval a la política del Estado nacional.

“Esto es para darles herramientas al Ejecutivo para que el transporte público de pasajeros pueda salir adelante, los usuarios puedan tener un mejor servicio, los trabajadores mejores condiciones. Es necesario seguir trabajando e insistiendo. La Provincia tiene que seguir mejorando subsidios y hay que reclamarle a Nación”, sostuvo Valle. El concejal hizo énfasis en señalar que la crisis del transporte público se resuelve con un Estado presente.

Desde el bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza, la concejal Luján Fiego (presidenta de la comisión de transporte), adelantó el voto negativo y planteó la diferencia con respecto a crear una mesa de trabajo. Además, consideró que “cuidar a los usuarios es algo tan sencillo como señalar cuáles son las unidades que tienen accesibilidad con dificultades motrices, y que por lo menos podamos saber en qué horario pasan”.

En el mismo sentido planteó que con el Ejecutivo “no hemos logrado discutir nada que no sea la tarifa”, y reiteró su pedido para poner en consideración el pliego de transporte local.

Marcos Nicolini (Hechos – Alternativa Tandil), tomó la palabra para señalar que el solicitar la revisión del pliego significa asumir que existe una crisis, “porque quiere decir que con las condiciones actuales el contrato no puede funcionar”.

Juan Salceda (UCR) consideró que aun con “circunstancias de arrasrte”, la política del gobierno nacional han sido las responsables de la crisis actual del sistema de transporte, una situación que además excede a la ciudad.

“Esta crisis está atada a un programa económico, que saca subsidios, saca atributos federales, desregula combustible, saca impuesto del combustible para que cierren los números. Esta cuestión empeora el transporte, como otras”, planteó.

En los meses de debate transcurridos desde que se presentó el proyecto de emergencia, indicó, “no se encontró un punto en común porque La Libertad Avanza no considera que haya una crisis, niega el problema”. En el mismo sentido manifestó su “vergüenza” por escuchar un pedido para rediscutir el pliego, cuando “no nos ponemos de acuerdo en el costo del boleto, ¿Consideran que no habiendo podido encontrar una matemática común podemos rediscutir el pliego? ¿Eso es lo que tienen para decirle a la gente?”.

Para controlar estafas por condominios

Por unanimidad, el Concejo aprobó también el proyecto conocido como la ordenanza de condominios. Se trata de una iniciativa de Fuerza Patria (con aportes de otros bloques) pensada para brindar al Ejecutivo de herramientas que le permitan fortalecer los controles a estafas mediante la venta de lotes bajo la modalidad condominio en la Zona Protegida.

Como se informó con anterioridad la sanción del proyecto establece que los oferentes de lotes deberán presentar una declaración jurada para manifestar conocimiento de la normativa vigente, mientras que el gobierno local deberá emitir un Certificado de Situación Urbanística a partir del cual los posibles compradores conocerán con certeza las posibilidades de construcción en el lugar a adquirir.

Por otra parte las ofertas deberán contar con un cartel en el cual se lea de manera clara que “la presente operación se realiza bajo régimen de condominio”. Además se establecen multas y la posible suspensión de obras o la demolición de las mismas. Pero la ordenanza también determina que las sanciones sean abonadas y a cargo tanto de los titulares de os dominios como los desarrolladores, inmobiliarias y agentes publicitarios intervinientes.

Quien tomó la palabra fue el concejal Rogelio Iparraguirre, principal impulsor del proyecto. Resumió el recorrido del mismo, y aseguró que no se trata de una “solución mágica” sino de una herramienta que se aporta al Ejecutivo.

“La ordenanza busca regular esto que detectamos como un problema, y es dotar al gobierno de una herramienta que no tenía, para mejorar su poder de contralor”, describió Iparraguirre. El concejal hizo mención a la existencia de unos 50 lotes ofrecidos de manera posiblemente ilegal en Zona Protegida. “Esto es un desastre”, consideró, para marcar luego que existe un “modus operandi” de una serie de grupos que repiten la modalidad. 

“¿Qué está esperando Lunghi para radicar una denuncia en la Justicia? Hasta donde sabemos, hacen una notificación en el Juzgado de Faltas. Pero esto ya es para creer que no estamos frente a una contravención, sino a un delito que se está cometiendo contra Tandil”, sostuvo.

Quien le contestó fue Juan Salceda, considerando que “un Iparraguirre cosecha 2011, mezcla temas y omite lo que le conviene”, y a quien llamó a que se baje del “caballo blanco de protector de las sierras”. Además, manifestó que “la denuncia penal la puede hacer el concejal Iparraguirre también”.

Sin embargo, el bloque acompañó la iniciativa y al respecto señaló que “va a salir una herramienta de la cual tenemos dudas sobre su aplicación real”.

Federico Sánchez Chopa –de Acción Tandilense – La Libertad Avanza-, sostuvo que el bloque de la UCR no aportó “ni una coma” al proyecto aprobado, y puso el foco en la falta de control de parte del Ejecutivo municipal para con las denuncias sobre loteos ilegales. “Lo del portón de calle Israel dijeron que hicieron una inspección en junio de 2026 y la denuncia está hecha desde el 2024”, indicó.

También consideró que “hay escribanos, hay inmobiliarias que conocen esta situación y aprovechan de que la gente quiere tener su terreno propio”.

Por su parte Marcos Nicolini expresó que colaboraron con el proyecto, y sostuvo que “se le está dando una herramienta útil al Ejecutivo para poder controlar mejor la Zona Protegida y la ciudad en general. El control ahora puede hacerse con nueva tecnología, y el Ejecutivo puede hacerlo”.

Tras un debate de meses, el Concejo Deliberante aprobó el proyecto de Fuerza Patria a partir del cual se declaró la emergencia en el transporte público de pasajeros de Tandil. 

La iniciativa tendrá una vigencia de 12 meses, y otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para readecuar frecuencias, horarios y recorridos, otorgar compensaciones económicas, reasignar partidas presupuestarias y brindar asistencia financiera, aplicar reorganizaciones operativas y administrativas y adecuar las tarifas del servicio.

La ordenanza resultó aprobada con los votos afirmativos de Fuerza Patria, UCR y Hechos. Pero fue con una modificación tras una votación en particular a pedido de la UCR: quedaron afuera de la ordenanza final los artículos que establecían la creación de una mesa para abordar el tema. El argumento de los bloques que votaron en contra sobre ese asunto fue que el ámbito de debate ya existe en la Comisión de Transporte del Concejo.

En la sesión del jueves 10 de septiembre primero en tomar la palabra fue Marcelo Valle, concejal de Fuerza Patria, quien repasó el recorrido del proyecto. En el plano político consideró que  los aportes del Ejecutivo no son destinados a la sustentabilidad del sistema de transporte sino al usuario, y marcó sus críticas al bloque de Acción Tandilense – La Libertad Avanza en relación al aval a la política del Estado nacional.

“Esto es para darles herramientas al Ejecutivo para que el transporte público de pasajeros pueda salir adelante, los usuarios puedan tener un mejor servicio, los trabajadores mejores condiciones. Es necesario seguir trabajando e insistiendo. La Provincia tiene que seguir mejorando subsidios y hay que reclamarle a Nación”, sostuvo Valle. El concejal hizo énfasis en señalar que la crisis del transporte público se resuelve con un Estado presente.

Desde el bloque Acción Tandilense – La Libertad Avanza, la concejal Luján Fiego (presidenta de la comisión de transporte), adelantó el voto negativo y planteó la diferencia con respecto a crear una mesa de trabajo. Además, consideró que “cuidar a los usuarios es algo tan sencillo como señalar cuáles son las unidades que tienen accesibilidad con dificultades motrices, y que por lo menos podamos saber en qué horario pasan”.

En el mismo sentido planteó que con el Ejecutivo “no hemos logrado discutir nada que no sea la tarifa”, y reiteró su pedido para poner en consideración el pliego de transporte local.

Marcos Nicolini (Hechos – Alternativa Tandil), tomó la palabra para señalar que el solicitar la revisión del pliego significa asumir que existe una crisis, “porque quiere decir que con las condiciones actuales el contrato no puede funcionar”.

Juan Salceda (UCR) consideró que aun con “circunstancias de arrasrte”, la política del gobierno nacional han sido las responsables de la crisis actual del sistema de transporte, una situación que además excede a la ciudad.

“Esta crisis está atada a un programa económico, que saca subsidios, saca atributos federales, desregula combustible, saca impuesto del combustible para que cierren los números. Esta cuestión empeora el transporte, como otras”, planteó.

En los meses de debate transcurridos desde que se presentó el proyecto de emergencia, indicó, “no se encontró un punto en común porque La Libertad Avanza no considera que haya una crisis, niega el problema”. En el mismo sentido manifestó su “vergüenza” por escuchar un pedido para rediscutir el pliego, cuando “no nos ponemos de acuerdo en el costo del boleto, ¿Consideran que no habiendo podido encontrar una matemática común podemos rediscutir el pliego? ¿Eso es lo que tienen para decirle a la gente?".

Cuatro meses después de su presentación, el Concejo Deliberante se prepara para dar tratamiento al proyecto que busca declarar la emergencia del transporte público de pasajeros durante la sesión del próximo jueves.

La medida, que plantea un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La iniciativa, impulsada por el bloque de Fuerza Patria desde mayo pasado, llegará a la votación con al menos un punto sin resolver: la conformación de la mesa de emergencia que integrará al Ejecutivo, a los bloques políticos, a las empresas y a los trabajadores del sector.

La votación se realizaría en general y en particular, lo que implica que cada artículo podrá ser debatido de manera individual en el recinto. Esta situación habilitaría a que el punto de mayor fricción, el artículo sexto que crea la mesa multisectorial, sea el eje del intercambio entre los distintos espacios políticos.

En medio del debate, la presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego, desafío a sus pares con declaraciones que, al parecer, generaron repercusiones. La concejal de Acción Tandilense – La Libertad Avanza había expresado que “tanto el bloque oficialista como Fuerza Patria hablan de la emergencia, pero cuando lo llevo a la comisión, ninguno de los dos acompaña el proyecto”.

“Hay que ser amplios”

El concejal de Fuerza Patria, Marcelo Valle, adelantó a El Eco de Tandil que la iniciativa será abordada hoy en la reunión de Labor Parlamentaria con el objetivo que pueda ingresar al recinto para ser sometida a votación durante la sesión del próximo jueves.

Mientras tanto, las partes avanzarían en conversaciones tendientes a revisar la propuesta para la conformación de una mesa de trabajo multisectorial. En caso de no llegar a un acuerdo, los concejales tendrían la sesión para defender sus posicionamientos.

“Creemos que hay que ser amplios y dar las herramientas que el Ejecutivo tiene que tener”, apuntó el edil, que defendió la creación del espacio que integre a todos los espacios políticos, trabajadores de las empresas, propietarios y el propio Gobierno local.

Según el concejal, esta instancia facilitaría la generación de ideas para afrontar la crisis estructural que atraviesa el sistema de colectivos en la ciudad.

El impacto de los subsidios

En relación con el financiamiento del sistema, el concejal criticó la eliminación del fondo compensador al transporte, que para Tandil significó una pérdida aproximada de 250 millones de pesos.

En este sentido, Valle insistió con una contradicción en la recaudación federal: “Seguimos pagando el impuesto en los combustibles líquidos y el Gobierno nacional sigue recaudando esa plata, pero no la destina a donde debe, que por obligación es al transporte público de pasajeros”.

Esta situación, advirtió, derivó en una caída del “20 por ciento en la cantidad de usuarios”, dado que el aumento del boleto se vuelve “muy alto” frente a los niveles salariales.

En paralelo, subrayó el esfuerzo realizado por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires al detallar que “incrementó los subsidios” de manera retroactiva al 1 de julio, lo que representó una suba de entre el 20 y el 25 por ciento para las seis empresas que operan en Tandil.

“La Provincia antes aportaba 160 millones de pesos y ahora esa cifra creció significativamente”, precisó, al tiempo que recordó la vigencia de un aporte mensual de 500 millones de pesos destinados al Boleto Universitario Gratuito.

Gestiones en La Plata por la situación de la Línea 502

Por otro lado, Valle adelantó que viajará hoy a La Plata para mantener una reunión en el Ministerio de Transporte con el objetivo de exponer la delicada situación que atraviesa la empresa Transportes La Movediza SA, de la Línea 502, cuyo funcionamiento se encuentra en riesgo.

“Vamos a ir con la problemática de la 502 y ver cómo se puede colaborar, pensando en los vecinos y usuarios, pero también en los más de 20 trabajadores que tienen en peligro su fuente de trabajo”, alertó el concejal. Para el edil, es fundamental “agotar todas las posibilidades” antes que la crisis se profundice.

La intención del viaje es analizar los esquemas de costos y comparar los números de Tandil con otras localidades bonaerenses para buscar un alivio financiero adicional que permita garantizar la continuidad del servicio y el sustento de las familias vinculadas a la empresa afectada.

La situación del transporte público en Tandil continúa siendo un eje de tensión en el ámbito legislativo local. Durante su participación en Último Bondi, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la concejal Luján Fiego, quien preside la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, expuso detalles del debate, en particular aquel en torno al proyecto para declarar la emergencia del servicio en Tandil.

La edil señaló que, a pesar de que el proyecto fue presentado en mayo pasado por Fuerza Patria, la iniciativa no logra prosperar debido a las diferencias entre dicho bloque y el de la UCR. 

Al respecto, Fiego manifestó: "Tanto el bloque oficialista como Fuerza Patria hablan de la de la emergencia, pero cuando yo lo llevo a la comisión, ninguno de los dos acompaña el proyecto". A su vez, hizo una propuesta: pidió revisar el pliego que regula la actividad de las empresas de colectivos en la ciudad.

“Venimos sosteniendo hace mucho tiempo  que revisemos los pliegos, pero revisémoslo con  una intención de diálogo que no es la que hay. Analizamos recorridos que están superpuestos, y tenemos una línea que históricamente ya ha ido a la quiebra. Tiene una diferencia enorme de pasajeros con otras, pero cubre barrios que es muy importante que cubra", indicó.

Fiego aclaró que su rol como presidenta de la comisión es garantizar el debate y poner los expedientes sobre la mesa, pero subrayó que la responsabilidad de alcanzar los consensos recae en las fuerzas políticas interesadas. 

Según explicó, el proyecto de Fuerza Patria propone la creación de una mesa de diálogo, monitoreo y propuestas, una instancia que el bloque de la UCR rechaza al considerar que la emergencia debería otorgar facultades extraordinarias al intendente para agilizar la toma de decisiones sin instancias intermedias de control.

La concejal lamentó que el debate se limite casi exclusivamente a la tarifa, dejando de lado aspectos estructurales del servicio. "Como presidente de la comisión, yo lo llevo el proyecto. Pero no tengo que buscar ningún acuerdo, tengo que llevar los temas a la mesa. Los acuerdos lo buscan los bloques interesados", enfatizó. 

Asimismo, cuestionó la falta de propuestas concretas por parte del Departamento Ejecutivo, mencionando que las supuestas modificaciones en los recorridos anunciadas por concejales oficialistas no han sido plasmadas formalmente, calificando la situación como un "mamarracho" si no se logra una planificación seria.

En relación a las alternativas financieras planteadas por la Cámara de Transporte, que incluyen la creación de un impuesto local al combustible o la ampliación del estacionamiento medido, la concejal manifestó su mirada. 

Sobre el tributo a los combustibles, Fiego descartó el apoyo de su bloque al considerar que no es la vía adecuada para sostener un sistema que presenta múltiples falencias estructurales más allá del valor del boleto. 

"A la propuesta de aumento al impuesto al combustible nosotros no lo vamos a acompañar, porque la verdad que no es la manera crear un nuevo impuesto para sostener algo que ya vemos que tiene más de una falencia, que no es solamente el valor del boleto", afirmó.

En cuanto a la posible expansión del estacionamiento medido, la edil indicó que su bloque se encuentra realizando cálculos técnicos para evaluar el impacto real. Fiego insistió en que esta medida no debe reducirse a una cuestión de recaudación o de sumar cuadras, sino que requiere un análisis integral sobre la movilidad y el tránsito en el microcentro de la ciudad, una tarea que, según remarcó, debe ser liderada por el Ejecutivo municipal.

Finalmente, la concejal denunció que, ante los pedidos de informes realizados por su bloque para atender reclamos de vecinos y choferes sobre recorridos, señalización y maltrato, el Ejecutivo responde de manera evasiva. 

"Hacemos pedidos de informes reiterados porque es la herramienta que tenemos, y nos contestan lo que quieren, no lo que uno pregunta", concluyó Fiego, reafirmando su postura de exigir una revisión profunda de los pliegos y recorridos actuales para mejorar la operatividad del sistema.

Un grupo de trabajadores del volante, pertenecientes a las paradas de la Terminal de Ómnibus, del Hospital Municipal “Ramón Santamarina”, de los supermercados de Panamá 351 y de Colón 1150 y de la esquina de 9 de Julio y Pinto, respondió a la convocatoria del ámbito legislativo y presentó su preocupación ante el funcionamiento de Uber en la ciudad.

Durante el intercambio, los taxistas manifestaron que la situación se volvió insostenible debido a la falta de controles y a la incursión directa de los vehículos particulares en los espacios asignados exclusivamente al servicio de transporte privado de pasajeros.

En diálogo con El Eco Multimedios, el taxista Juan Ojeda compartió el malestar al expresar que “lo que nos exasperó es que los Uber nos están invadiendo las paradas. Están cargando pasajeros en las mismas paradas y eso es un descontrol”.

Exigencia de igualdad y costos operativos

El eje del reclamo se basa en la disparidad de exigencias legales y económicas que pesan sobre el servicio regulado frente a la informalidad de la plataforma.

El trabajador destacó que, para cumplir con la normativa vigente en Tandil, deben afrontar gastos que los conductores de Uber evitan. “Pedimos igualdad. Que si ellos van a funcionar, que funcionen de forma legal, con todos los requisitos que el Municipio nos exige a nosotros”, sentenció.

En ese sentido, detalló que la ordenanza 8.612 les exige mantener las unidades en condiciones óptimas, lo que implica una inversión de unos 300 mil pesos al momento de renovar un vehículo. Además, señaló que cada cambio de tarifa tiene un costo de 25 mil pesos por taxista y que la Verificación Técnica Vehicular (VTV) debe realizarse cada seis meses. Mientras que un auto particular paga una tarifa anual, el taxi abona cerca de 60 mil pesos por semestre, sumado a un seguro especial que es “más elevado” que el de uso civil. “Tenemos un costo elevado”, remató.

La regulación como horizonte

Sobre el proyecto de regulación en análisis adelantó que podría contemplar la creación de un padrón de conductores de Uber que deban cumplir con requisitos similares a los del taxi. Asimismo, se planteó la opción de que los propios taxistas puedan empadronarse en la aplicación bajo la modalidad de “Uber Taxi”.

Al respecto, el conductor se mostró cauto debido a la brecha de precios. “El monto que cobra Uber a nosotros no nos beneficia. Un viaje de seis mil pesos ellos lo están cobrando dos mil pesos; llega un momento que no vas a poder ni comprar los neumáticos”, advirtió.

Sin embargo, reconocieron que la herramienta digital podría servir para optimizar costos en viajes largos: “Si nos toca un viaje a La Movediza, podemos abrir la aplicación y quizás no volver vacíos, amortizando un poco el costo”, estimó.

La regulación de las plataformas de transporte de pasajeros volvió a ocupar el centro de la agenda del Concejo Deliberante. Tras la reunión con taxistas, la Comisión de Transporte ratificó la decisión de avanzar en una normativa que permita encuadrar una actividad que actualmente no cuenta con una regulación específica en el ámbito local y que genera conflicto con el servicio tradicional.

El encuentro se desarrolló en la sala 15 de Junio, ubicada en el primer piso de la Municipalidad, y contó con la presencia de los concejales que integran la Comisión de Transporte y representantes de la actividad.

Los taxistas trasladaron sus reclamos por el funcionamiento de Uber, particularmente por la utilización de las paradas y la diferencia de costos y exigencias respecto del servicio habilitado, mientras que desde el cuerpo legislativo plantearon la necesidad de establecer reglas de juego comunes para todos los prestadores.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal de Acción Tandilense - La Libertad Avanza, Luján Fiego, confirmó que el cuerpo legislativo se encuentra abocado a la redacción de una ordenanza para regular las plataformas de transporte de pasajeros.

Según explicó, la iniciativa surgió a partir de la proliferación de servicios no autorizados y la presión del sector de los taxistas, que “plantearon situaciones irregulares que viven con los autos de aplicación”.

“Estamos trabajando en una normativa nueva porque es una actividad que no está regulada y sabemos que no puede continuar así; necesita algún tipo de regulación”, manifestó Fiego al referirse a la situación de las aplicaciones en el ámbito local.

Requisitos técnicos y seguridad para los pasajeros

El debate giró en torno a la equiparación de requisitos de seguridad y habilitación. Fiego señaló que existe un consenso entre los diferentes bloques para que quienes realicen traslados a través de aplicaciones deban contar con un carnet profesional, tal como lo establecen las leyes nacionales.

Además, se discutió la necesidad que los vehículos cumplan con las inspecciones técnicas (VTV), tengan una antigüedad limitada y cuenten con seguros específicos para el transporte de personas. 

En ese sentido, la concejal destacó que el objetivo principal es proteger tanto al trabajador como al usuario del servicio.

El debate por los costos operativos y el marco legal

Otro de los planteos que llevaron los taxistas a la comisión estuvo vinculado a los costos operativos que afrontan, específicamente el mantenimiento y la actualización de los relojes taxímetros. Los trabajadores expresaron que cada modificación de tarifa implica un gasto en la reprogramación de los equipos, además de los costos por roturas o actualizaciones técnicas. Ante esto, la concejal se comprometió a investigar la normativa provincial y nacional vigente para evaluar posibles alternativas o alivios para el sector.

Asimismo, surgió un interés por parte de algunos taxistas en poder operar bajo la modalidad de las plataformas digitales, buscando modernizar su servicio.

Sin embargo, Fiego aclaró que existe una distinción técnica en la naturaleza de estas empresas. “Desde la mirada de nuestro bloque, el tema de las plataformas es un tema porque no son plataformas de transporte de personas, sino que comunican personas que quieren viajar con personas que ofrecen trabajo”, analizó la legisladora.

Vacíos legales y experiencias en otras ciudades

En tanto, advirtió que “tenemos bastantes vacíos legales”. Así, mencionó que la falta de un marco regulatorio a nivel provincial representa uno de los mayores desafíos para los concejales tandilenses. Ante la ausencia de una ley mayor que encuadre la actividad, la perspectiva apunta a legislaciones nacionales y estudiar casos exitosos en otros distritos.

Fiego mencionó que están analizando cómo otras ciudades implementaron soluciones para ordenar esta modalidad de transporte, buscando un equilibrio que permita la convivencia de los distintos sistemas.

Finalmente, la presidenta de la comisión reafirmó el compromiso de todos los bloques en avanzar hacia un texto definitivo. La intención es que las reglas de juego sean equitativas para todos los actores involucrados. “Lo que se le pide a unos o a otros tiene que ser justo”, concluyó la edil.