El Consejo de Arbolado Público (CAP) de Tandil continúa consolidando su rol como ámbito de planificación, participación y gestión comunitaria a través de sus sesiones ordinarias, que desde marzo son presididas por el concejal Matías Meli.

Con el objetivo de brindar respuestas a las demandas de la comunidad, el Consejo recibió en las últimas reuniones a vecinos de distintos sectores de la ciudad para analizar problemáticas específicas relacionadas con el arbolado urbano. Entre los casos evaluados se encuentran situaciones registradas en Lobería al 800, Serrano al 100, Richieri, Fuerte Independencia y San Lorenzo.

Desde el CAP explicaron que estos encuentros permiten abordar de manera directa los reclamos técnicos vinculados a los frentes domiciliarios. Asimismo, destacaron que las evaluaciones y el seguimiento de cada solicitud se realizan de forma articulada con la Dirección de Espacios Verdes Públicos y la Coordinación de Arbolado Público.

En materia de fortalecimiento técnico, durante una de las sesiones se presentó la tesis de Giuliana Centineo. Los integrantes del Consejo resaltaron la importancia de incorporar la investigación académica y el conocimiento científico desarrollado en la ciudad como herramientas para mejorar los diagnósticos y la toma de decisiones estratégicas sobre el arbolado público.

Además, el organismo dio a conocer los avances del Plan de Forestación 2026, una de las iniciativas centrales en materia de sustentabilidad para este año. Paralelamente, el Consejo analiza tres proyectos de ordenanza elevados por el Departamento Ejecutivo con el propósito de actualizar el marco normativo que regula el arbolado urbano en Tandil.

Por otra parte, el CAP trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas de comunicación con el fin de fortalecer el vínculo con la comunidad y avanza en la organización de las actividades previstas para las celebraciones del Día del Árbol y una nueva edición de la tradicional Expo Jardín.

De esta manera, el Consejo de Arbolado Público reafirma su compromiso de promover una gestión participativa, sustentable y cercana a los vecinos, con el objetivo de seguir impulsando el cuidado y desarrollo del patrimonio forestal de Tandil.

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

El loteo en Zona Protegida no presentó planos y tiene una causa judicial: "Son obras clandestinas"

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

La concejal de la UCR Maridé Condino volvió a manifestar su rechazo al proyecto que modifica el régimen de Zona Fría, una iniciativa que, de aprobarse, implicaría una reducción del beneficio para miles de usuarios de Tandil y otros municipios de la provincia de Buenos Aires.

En ese marco, en diálogo con El Eco Multimedios, la edil cuestionó algunos de los argumentos utilizados para impulsar los cambios y rechazó el planteo de que los subsidios deban limitarse únicamente en función del poder adquisitivo de los beneficiarios.

"El discurso de que el que tiene plata que la pague, como que el que es pobre es pobre porque quiere, es un discurso que se va metiendo", sostuvo. Además, respondió a quienes plantean que el régimen beneficia a sectores de altos ingresos y puso como ejemplo a otras regiones del país donde el sistema continúa vigente sin modificaciones.

"También es cierto que en el sur, en Calafate, los hoteles que tienen las piletas climatizadas tienen Zona Fría y tienen subsidios. Acá se dijo en una sesión que no le íbamos a pagar la pileta climatizada a los ricos. Bueno, los hoteles de Calafate también tienen su pileta climatizada con subsidio de Zona Fría, igual que en Bariloche y en todos los lugares donde está por ley", afirmó.

Condino remarcó que el beneficio responde a las condiciones climáticas de cada región y consideró que esa realidad también alcanza a ciudades bonaerenses como Tandil. "Tenemos estos fríos intensos durante el invierno y eso es lo que nos hace diferentes", expresó.

Respecto del futuro del proyecto, la concejal reconoció que semanas atrás creía que la eliminación del beneficio era un hecho, aunque ahora observa un escenario diferente en la Cámara alta. "Hace dos meses decía que con seguridad nos sacaban la Zona Fría. Ahora tengo mis dudas y creo que los senadores están revisando un poco más la situación que los diputados", señaló.

En ese sentido, fue crítica con la postura que adoptaron algunos legisladores nacionales durante el tratamiento de la iniciativa. "Los diputados del norte cambiaron el voto de la Zona Fría por un subsidio de Zona Cálida. Negociaron y votaron la baja de la Zona Fría para esta provincia", sostuvo.

Por otra parte, Condino también se refirió a la situación de las familias que no cuentan con gas natural y dependen del Programa Hogar, destinado a subsidiar la compra de garrafas. La concejal lamentó que, según indicó, no se haya realizado una campaña de difusión suficiente para informar a los potenciales beneficiarios sobre la necesidad de inscribirse nuevamente para acceder al subsidio.

En ese contexto, aseguró que el Municipio puso a disposición su estructura para colaborar con la inscripción y el relevamiento de las familias que necesitan la asistencia. "Estamos a disposición. Los centros comunitarios e incluso los centros de salud pueden servir para llegar a todos los barrios y hacer un buen relevamiento de los vecinos que necesitan el subsidio para garrafas. Anses puede utilizar las dependencias municipales", explicó.

Finalmente, advirtió que la eliminación o reducción de un beneficio no modifica las necesidades de quienes dependen de esa ayuda para afrontar el invierno. "La necesidad existe. No porque se elimine un subsidio se elimina la necesidad, ni las personas que lo requieren. Y la Municipalidad definitivamente es quien enfrenta este tipo de demanda sola", concluyó.

Tras solicitar informes al gobierno municipal sobre construcciones en zona protegida, Rogelio Iparraguirre retomó su reclamo para que el Ejecutivo responda sobre el proyecto que presentó hace cuatro meses para profundizar los controles sobre las estafas mediante ventas inmobiliarias bajo la modalidad de condominios. “A esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado”, marcó.

"Nosotros presentamos un proyecto ordenanza el 4 de marzo, que entre otras cosas establece la obligatoriedad de la generación del Certificado de Aptitud Urbanística, que es lo que le va a permitir a cualquier comprador pedírselo al desarrollador. Es como el DNI habilitante del lote, para saber que hasta que no le muestren eso, no tiene que comprar. Es para cuidar y darle seguridad jurídica a los compradores y a su vez es una herramienta de control frente al acto ilegal de quien quiere este cometer estas estafas", señaló Iparraguirre.

El concejal del bloque Fuerza Patria, elevó recientemente un pedido de informe al Ejecutivo municipal con el objetivo de conocer en detalle las actuaciones administrativas frente a construcciones irregulares detectadas en la zona de la calle Israel. Según precisó el edil, se trata de una situación que involucra nueve lotes y seis viviendas ya edificadas por encima de la cota 250, un área donde la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) establece una subdivisión mínima de 10 hectáreas para vivienda unifamiliar.

Iparraguirre enfatizó que este caso no es un hecho aislado, sino que forma parte de una problemática recurrente que afecta la seguridad jurídica de los vecinos.  “Desmontaron una manzana entera”, planteó el concejal para marcar que  la obra no pudo haber pasado inadvertido para las autoridades. En el pedido de informe solicitó esclarecer qué medidas se han tomado para frenar las irregularidades que, a su entender, carecen de preexistencia legal respecto a la normativa vigente.

El proyecto para los condominios

El pedido de informe se vincula directamente con la mencionada iniciativa legislativa presentada por su bloque durante marzo. La misma busca dotar al Municipio de Tandil de nuevas herramientas para regular el uso de figuras como el condominio, el fideicomiso o la propiedad horizontal en zonas protegidas. 

El concejal advirtió que, semanalmente, se conocen nuevos casos de desarrolladores que adquieren macizos en áreas restringidas y, mediante la figura del condominio, comercializan lotes a precios tentadores que luego resultan imposibles de escriturar por tratarse de una propiedad indivisible.

“Lo presentamos el 4 de marzo, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, nos dijo de elevarlo al Ejecutivo, y por supuesto que nos interesa su opinión. Uno siempre está abierto y dispuesto a que la ordenanza sea mejorada si tuviera en que ser mejorada”, contó Iparraguirre. 

"Pero bajó el 6 de marzo, hoy es 26 de junio y duerme en un escritorio. No tuvimos más noticias. Mientras tanto, las estafas continuaron. Entonces a esta altura es imposible no hacerse la pregunta de a quién beneficia que el proyecto siga cajoneado", agregó el concejal.

El concejal insistió con que el problema es ampliamente conocido y que no existe una negación sobre la existencia de las mencionadas maniobras fraudulentas. Por ello, instó a las autoridades a dejar de dilatar la solución, argumentando que cada jornada de inacción legislativa termina beneficiando a los sectores que operan al margen de la ley.

"Cualquier vecino informado sabe que este problema es recurrente, y que hay una avanzada de determinados sectores escrupulosos que están usando esto. Si el problema es conocido y nadie lo niega, ¿por qué frenan la solución? Porque cada día que pasa sin tratar la ordenanza se favorece a los vivos de siempre", concluyó el referente de Fuerza Patria.

En el marco de la jornada “Jóvenes Concejales”, el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, junto al diputado provincial Pablo Morillo, impulsaron un proyecto legislativo que busca reducir de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses.

La iniciativa, que lleva la firma de Morillo, propone una modificación parcial de la Ley 14.523 con el objetivo de adecuar el artículo 2° a la mayoría de edad vigente. De esta manera, el texto establece que podrán ser elegibles “todos los ciudadanos mayores de 18 años”, siempre que acrediten al menos un año de domicilio previo a la elección.

Durante la presentación, Pareja defendió la propuesta al señalar que “este proyecto amplía la libertad de participación” y sostuvo que si a los 18 años una persona puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también debe poder ser elegida. En esa línea, remarcó que la iniciativa “no le regala nada a nadie”, sino que busca eliminar una barrera que, según su visión, quedó desactualizada.

El dirigente libertario también destacó el rol de las nuevas generaciones dentro del espacio político y afirmó que “los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina”, sino protagonistas activos. En ese sentido, planteó que La Libertad Avanza busca una política que no hable desde arriba hacia la juventud, sino que abra espacios reales de representación y competencia electoral.

Por su parte, Morillo aclaró que el proyecto no apunta a garantizar cargos ni a generar privilegios, sino a ampliar derechos políticos. Además, cuestionó la existencia de diferencias normativas dentro del sistema bonaerense, ya que mientras para ser concejal se exige actualmente una edad mayor, para otros cargos deliberativos también se establecen requisitos distintos.

El legislador advirtió sobre estas inconsistencias institucionales y remarcó que la provincia de Buenos Aires, por su peso político, demográfico e institucional, no debería sostener ese tipo de asimetrías. En ese marco, sostuvo que permitir el acceso desde los 18 años fortalecería la democracia local y promovería la renovación generacional en la función pública.

El debate sobre la edad mínima para acceder a cargos electivos no es nuevo en la Legislatura bonaerense. En 2020, un proyecto similar fue impulsado por sectores de Juntos por el Cambio, entre ellos el actual legislador radical Valentín Miranda, quien cuestionó la vigencia del esquema legal al remarcar que las transformaciones sociales no se reflejan en la normativa vigente.

En aquel entonces, también se comparó la situación bonaerense con otras provincias del país, donde en varios casos la edad mínima para ser concejal ya es de 18 años. Sin embargo, aquella iniciativa no logró avanzar en la Legislatura y el debate quedó sin resolución, escenario que ahora podría reabrirse con el nuevo impulso de La Libertad Avanza.

El Concejo Deliberante de Tandil resolvió rechazar el pedido formulado por un vecino para utilizar espacio público en la Plaza San Martín con el objetivo de comercializar trapos de piso y alfombras.

La decisión quedó plasmada en el Decreto Nº 4458/2026, sancionado el 11 de junio pasado, mediante el cual el cuerpo deliberativo denegó el expediente identificado como asunto Nº 288/2026.

En el artículo primero de la norma se estableció el rechazo de la solicitud presentada por el vecino, mientras que en el segundo artículo se dispuso el archivo de las actuaciones correspondientes.

La iniciativa planteaba la posibilidad de desarrollar la actividad comercial en la Plaza San Martín, uno de los espacios públicos más transitados de Tandil. Sin embargo, el Concejo Deliberante resolvió no hacer lugar al pedido, sin que en el texto del decreto se explicitaran los fundamentos de la decisión.

El Decreto 4458/2026 llevó las firmas del presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y del secretario del cuerpo, Diego Palavecino.

De esta manera, el expediente quedó definitivamente cerrado y la propuesta para instalar un puesto de venta de trapos de piso y alfombras en el espacio público no prosperó.

La Libertad Avanza (LLA) presentó formalmente un proyecto de ley con el objetivo de reducir de 25 a 18 años la edad mínima requerida para acceder a una banca en los concejos deliberantes de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa tiene como propósito fortalecer el vínculo con el electorado joven y ampliar la participación política de las nuevas generaciones.

La propuesta fue dada a conocer durante una jornada de juventud organizada por el espacio libertario, la cual fue encabezada por el presidente partidario Sebastián Pareja. Del encuentro también participaron los diputados provinciales Pablo Morillo, autor de la iniciativa, y Geraldine Calvella, junto a diversos referentes juveniles tanto provinciales como nacionales.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto apunta a modificar una exigencia vigente desde 1889, la cual establece que para ser concejal en territorio bonaerense es necesario contar con al menos 25 años. Desde el espacio político consideran que se trata de una restricción "desactualizada" que no refleja el rol que los jóvenes ocupan actualmente en la vida política, social y productiva.

"La propuesta plantea bajar a 18 años la edad de los jóvenes que puedan ser concejales en los 135 distritos de la provincia. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos", sostuvo Pareja durante el encuentro.

Por su parte, el diputado Pablo Morillo argumentó que la reforma busca terminar con una "contradicción injustificada" dentro del sistema actual. "Si un joven de 18 años puede asumir responsabilidades públicas como consejero escolar, también debe poder ser concejal. Esta reforma fortalece la democracia e impulsa la renovación generacional en la política", afirmó el legislador.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza para consolidar su presencia entre los votantes jóvenes, uno de los segmentos donde el oficialismo obtuvo mejores desempeños electorales en los últimos años. Desde el espacio remarcaron que el proyecto no garantiza cargos ni privilegios, sino que amplía la posibilidad de elegir y ser elegido dentro del sistema democrático bonaerense.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación en el Concejo Deliberante de Tandil para solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre el estado de implementación de dos ordenanzas sancionadas durante 2024: la adhesión a la Ley Nacional de Montañismo y la creación y regulación de la figura de Guía en Deporte de Aventura en el partido de Tandil.

Según señalaron desde el espacio político, ambas normativas continúan con aspectos pendientes relacionados con su reglamentación y puesta en funcionamiento efectiva, por lo que consideran necesario conocer qué acciones concretas desarrolló el Municipio desde su aprobación.

En ese contexto, la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante recibió al reconocido montañista tandilense Pablo Reguera, uno de los impulsores de la ordenanza. Del encuentro también participaron el presidente del Centro de Montaña de Tandil, Pablo López Larssen, y el vicepresidente de la institución, Diego Rivas.

Durante la reunión se abordaron los avances pendientes en la aplicación de las normas y la necesidad de fortalecer las políticas de planificación, seguridad y preservación del sistema serrano, en un escenario marcado por el crecimiento sostenido de las actividades de montaña y el turismo de naturaleza en la ciudad.

Al respecto, el presidente del bloque de Fuerza Patria, Rogelio Iparraguirre, sostuvo que “esta es otra más de las tantas razones para que de una vez por todas los tandilenses, y ahora sobre todo que se está discutiendo el PDT, saldemos esa deuda histórica que tenemos que es elaborar el Plan de Manejo de la Zona Protegida Sierras de Tandil”.

Por su parte, el concejal Federico Martínez remarcó que “es fundamental que las herramientas aprobadas por el Concejo se conviertan en políticas concretas que acompañen el crecimiento de las actividades de montaña y garanticen condiciones adecuadas para quienes las practican”.

Los pedidos de informes impulsados por Fuerza Patria buscan determinar si las ordenanzas fueron reglamentadas y conocer cuáles son las medidas que aún restan implementar. Entre los puntos consultados figuran la conformación de la mesa de trabajo prevista por la ley de montañismo, la categorización de senderos y circuitos, la elaboración de protocolos y planes de evacuación, así como la creación de registros, habilitaciones y mecanismos de control para los guías de deportes de aventura.

Desde el bloque señalaron que la aplicación integral de estas herramientas resulta clave para garantizar la protección del ambiente serrano y consolidar a Tandil como uno de los principales destinos del país para la práctica de actividades de montaña y el desarrollo del turismo de naturaleza.

Mientras avanzan las tareas de montaje de la nueva planta de hormigón, ubicada en el predio de la Dirección de Vialidad, concejales de distintos bloques políticos recorrieron las instalaciones para conocer detalles del proyecto que fue el resultado del plan de inversión de los recursos obtenidos por la venta del inmueble municipal ubicado en Santamarina 450, donde funcionó el exCorralón y la Dirección de Servicios, que quedó en manos de Bahms SA, empresa del grupo Faro Verde en junio del año pasado.

La visita, que fue el resultado de una invitación extendida por el Departamento Ejecutivo a todos los bloques, tuvo lugar el martes por la mañana y contó con la participación de los concejales María Haydeé Condino, Andrea Pezzi y Matías Tringler; Severiano Mon, Rogelio Iparraguirre y Marilén Pogorzelski; Luján Fiego, Clara Ardura y Martiniano Corbetta.

Durante la jornada, los ediles de las bancadas de la Unión Cívica Radical, Fuerza Patria y Acción Tandilense - La Libertad Avanza pudieron interiorizarse sobre el funcionamiento técnico de la planta dosificadora a partir de las precisiones que compartieron el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el director de Vialidad, Mauro Ortega.

Para conocer las distintas miradas sobre el proyecto, El Eco de Tandil consultó a los concejales que participaron de la recorrida. Las respuestas reflejaron un consenso general sobre el valor técnico de la obra, aunque con matices a la hora de evaluar su alcance y el impacto que tendrá en la operatividad del Municipio.

Por su parte, Condino (UCR) calificó la inversión como una “nueva joya” para la ciudad y una herramienta que trascenderá a la gestión actual, y destacó el equipamiento del laboratorio de Vialidad, que permite medir con precisión la dureza y resistencia del hormigón según los requerimientos de cada obra. Para la edil, contar con producción propia permitirá abaratar los costos del asfalto y dinamizar la competencia entre las empresas privadas en las licitaciones de pavimentación.

En tanto, Fiego valoró la mayor capacidad operativa de la nueva planta frente a la estructura previa, pero remarcó que el esquema no estaría completo hasta que se adquiera también una planta de asfalto. Advirtió que “no hay un ciclo cerrado” y aclaró que su bloque continuará el seguimiento del uso de los fondos.

El concejal Rogelio Iparraguirre, de Fuerza Patria, calificó la obra como un “acierto” para la infraestructura urbana y destacó la eficiencia del sistema instalado.

Una comitiva integrada por autoridades del Departamento de Florida, en la República Oriental del Uruguay, visitó Tandil con el objetivo de interiorizarse sobre el modelo de gestión local, las políticas de desarrollo productivo y el proceso de internacionalización que el Municipio impulsa desde hace más de dos décadas a través del trabajo articulado con instituciones, universidades y el sector privado.

Durante la visita, la delegación mantuvo encuentros con el intendente Miguel Lunghi, representantes del Honorable Concejo Deliberante y del área de Vinculación Internacional, además de recorrer diferentes instituciones y entidades vinculadas al entramado productivo de la ciudad.

La misión estuvo encabezada por el director de Desarrollo Sostenible de la Intendencia de Florida, Leonardo Valles, y el presidente de la Junta Departamental de Florida, Enzo Viscailuz, junto a integrantes de las comisiones de Asuntos Internacionales y de Desarrollo Productivo del cuerpo legislativo departamental.

En ese marco, se presentó el proceso de internacionalización desarrollado por Tandil, una estrategia que posicionó a la ciudad como un referente entre las ciudades intermedias de la región, a partir de la participación en redes internacionales, la cooperación descentralizada y la generación de alianzas para promover el desarrollo local.

La exposición incluyó el recorrido institucional de Tandil en organismos internacionales y redes de ciudades, destacando la evolución de la política de vinculación internacional del Municipio y la participación en Mercociudades, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) e ICLEI, entre otras iniciativas que fortalecieron la inserción internacional de la ciudad y la promoción de su entramado productivo, científico y académico.

Como parte de la agenda, la delegación visitó el Parque Industrial de Tandil, empresas vinculadas al sector alimenticio y agroindustrial, la Sociedad Rural, la Cámara Empresaria, el Instituto PLADEMA de la Universidad Nacional del Centro y otras organizaciones representativas del ecosistema productivo tandilense.

El intercambio permitió compartir experiencias sobre gobernanza local, cooperación internacional y articulación público-privada, pilares que forman parte del modelo de gestión impulsado por el Municipio de Tandil y que despertaron el interés de las autoridades uruguayas para analizar posibles iniciativas de cooperación y desarrollo conjunto.

La delegación estuvo integrada por distintas autoridades que participaron de las diversas reuniones e intercambios desarrollados durante la misión socio-productiva en Tandil.

A partir de este viernes 12 de junio entrará en vigencia el nuevo cuadro tarifario para el Transporte Público Urbano de Tandil, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 19.295, sancionada el pasado 28 de mayo por el Honorable Concejo Deliberante.

La implementación de los nuevos valores se concretará una vez finalizado el proceso de actualización del Sistema Único de Boleto Electrónico Nacional (Sube), lo que permitirá adecuar el sistema para la aplicación de las tarifas aprobadas.

Con esta modificación, el valor del boleto plano pasará a ser de $1.915,04, monto que comenzará a regir para todos los usuarios del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad.

La actualización tarifaria fue aprobada semanas atrás por el cuerpo legislativo local, en el marco de la revisión periódica de los costos de funcionamiento del sistema de transporte urbano.

De esta manera, las empresas prestatarias del servicio aplicarán los nuevos valores en todas las líneas que operan dentro del partido de Tandil, luego de completarse los procedimientos administrativos y técnicos necesarios para su puesta en marcha.

Los integrantes de la Comisión de Transporte y Tránsito elevaron el dictamen que contempla un nuevo esquema de precios para el transporte interurbano que une Tandil con las localidades rurales.

La iniciativa surgió como respuesta al pedido impulsado por la Cámara de Transporte en representación de las empresas prestadoras del servicio. Y se fundamente en el incremento en los costos operativos que afrontaron las empresas prestadoras, vinculados principalmente al pago de salarios, la suba de los combustibles y el encarecimiento de los repuestos necesarios para el mantenimiento de las unidades vehiculares.

Además, plantea que estas líneas recorren “más kilómetros” que los colectivos urbanos, lo que volvió “imprescindible” la adecuación de los montos percibidos por cada viaje.

En ese sentido, busca que el ajuste sea “equitativo” respecto al incremento de la tarifa urbana que se sancionó bajo la ordenanza 19.295, que ubicó al boleto plano del transporte urbano de pasajeros en 1915,04 pesos.

El proyecto de ordenanza que será sometido a votación mañana jueves en el recinto, establece en su primer artículo que el valor para el tramo Tandil - María Ignacia (Vela) será de 8.400 pesos. El artículo segundo, en tanto, fija la tarifa para el recorrido entre Tandil y Gardey en 3.800 pesos.

Ambas actualizaciones entrarán en vigencia efectiva a partir del momento en que se implemente la actualización tecnológica en las validadoras del Sistema Único de Boleto Electrónico Nacional (SUBE), un trámite administrativo que suele demorar tras la aprobación legislativa.

Tras el violento ataque sufrido por un docente en el Colegio San José, el concejal Federico Martínez brindó su mirada técnica y política sobre la problemática. Con su experiencia como docente e integrante de los equipos directivos de la escuela de Cerro Leones, advirtió sobre la urgencia de aplicar protocolos claros, recuperar los valores familiares y garantizar que los hechos de agresión no queden impunes dentro del sistema educativo.

En una entrevista brindada al programa Ultimo Bondi por la radio de El Eco, el concejal del bloque Fuerza Patria, Federico Martínez, se refirió con preocupación a la creciente escalada de violencia en las instituciones educativas de Tandil.

Martínez calificó el hecho como "verdaderamente alarmante" y señaló que no se trata de un caso aislado, sino de un síntoma de una crisis mucho más profunda. Según su visión, lo que sucede dentro de las escuelas no es más que un reflejo de lo que ocurre fuera de ellas. En ese sentido, aseguró que la institución educativa actúa como un termómetro de la sociedad, captando las tensiones, frustraciones y comportamientos violentos que los estudiantes absorben en sus entornos cotidianos, ya sea en la calle, en los hogares o a través de las redes sociales.

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El aula como espejo

de la realidad externa

Para el concejal, resulta imposible pretender que las escuelas funcionen como burbujas aisladas del contexto de agresividad que se vive a nivel general. El edil relató que, en su experiencia como director, pudo observar de cerca el surgimiento de una "tensión constante" que afecta a todos los estamentos de la comunidad educativa. Describió un escenario complejo donde conviven docentes enojados por las condiciones laborales y la falta de respaldo, alumnos cargados de malestar y padres que manifiestan una disconformidad creciente hacia la institución.

Bajo este análisis, Martínez destacó que la situación en Tandil ha llegado a un punto de inflexión. El ataque en el Colegio San José incluyó no solo el golpe físico al profesor, sino también elementos que demuestran una pérdida de límites simbólicos, como el lanzamiento de una silla y el hecho de que otros alumnos estuvieran filmando la agresión para difundirla. Este último punto fue remarcado por el entrevistado como una señal de la época, donde la espectacularización de la violencia parece primar sobre el respeto elemental hacia la figura del docente.

El referente de Fuerza Patria insistió en que se ha perdido el valor de la palabra y el respeto hacia los directivos, quienes se ven desbordados por la magnitud de los conflictos que deben arbitrar diariamente. Martínez sostuvo que para abordar esta problemática se requiere un debate honesto sobre qué tipo de educación se pretende y qué rol debe ocupar cada actor. En sus palabras, la crisis de valores es el trasfondo real que debe discutirse, evaluando a quiénes se premia socialmente y qué conductas se validan en los medios y las plataformas digitales que consumen los adolescentes.

Finalmente, hizo hincapié en que el proceso de enseñanza y aprendizaje se ve severamente interrumpido por estos episodios. Afirmó que, mientras la atención se centra en resolver situaciones de violencia extrema, quedan postergados los otros 30 alumnos que asisten a clases con el deseo de progresar y aprender. Esta interrupción del vínculo pedagógico genera un daño a largo plazo que la sociedad tandilense no puede permitirse ignorar, especialmente en un contexto de tanta fragilidad institucional.

Falta de comunicación y

la ausencia de sanciones

Otro de los puntos críticos señalados por Martínez fue la respuesta institucional ante estos ataques. El concejal cuestionó la demora y la falta de claridad en la comunicación oficial por parte de la Jefatura Distrital y del propio establecimiento involucrado. Según su criterio, ante un suceso de tal magnitud que trasciende las fronteras del colegio y conmociona a la ciudad, es imperativo que las autoridades brinden información precisa y transparente a la comunidad para evitar la proliferación de versiones cruzadas en las redes sociales.

En concordancia con los reclamos vertidos por los gremios docentes durante la última movilización en la ciudad, Martínez subrayó que el sistema educativo debe garantizar que las agresiones no resulten "gratuitas" para los responsables. Si bien reconoció que existen protocolos de convivencia y derechos que proteger por tratarse de menores, enfatizó que las faltas graves deben conllevar sanciones efectivas. Consideró que la impunidad dentro de la escuela envía un mensaje peligroso al resto del alumnado y debilita la autoridad de los profesores frente al grupo.

El Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para solicitar autorización para contraer un préstamo de hasta 4.000 millones de pesos, una herramienta financiera con la que busca concretar dos de las obras de infraestructura más relevantes proyectadas para los próximos años, la construcción de un nuevo relleno sanitario y una importante intervención hidráulica en el barrio Arco Iris.

La iniciativa se produce en un contexto en el que el Municipio viene avanzando en distintos pasos administrativos para concretar ambas inversiones. En particular, en las últimas semanas se desarrolló la audiencia pública correspondiente al proyecto del nuevo relleno sanitario, instancia considerada un requisito fundamental dentro del proceso de evaluación ambiental y que, según destacaron desde el gobierno local, representó un avance significativo para la concreción de la obra.

De acuerdo a lo informado, el financiamiento fue gestionado ante el Banco de la Provincia de Buenos Aires y contempla una línea crediticia de hasta 4.000 millones de pesos, con un plazo de devolución de 48 meses, un período de gracia de 12 meses para el pago de capital y una tasa fija del 44 por ciento nominal anual.

Desde el Ejecutivo remarcaron que durante el proceso de análisis y negociación del crédito se logró una mejora en las condiciones originalmente planteadas por la entidad bancaria. La tasa inicial era del 49 por ciento nominal anual, pero finalmente se redujo al 44 por ciento, ubicándose por debajo de otros valores disponibles en el mercado financiero.

Además, señalaron que el circuito administrativo necesario para la efectiva disponibilidad de los fondos podría extenderse alrededor de seis meses, período durante el cual las condiciones macroeconómicas podrían incluso mejorar las características finales del financiamiento.

La mayor parte de los recursos solicitados estará destinada al Proyecto Hidráulico Barrio Arco Iris, una intervención largamente esperada para atender problemas de drenaje y escurrimiento pluvial en diferentes sectores de la ciudad.

El proyecto busca brindar una solución integral a situaciones que se presentan durante lluvias intensas y que afectan principalmente a los barrios Arco Iris, Parque Movediza (Maggiori) y Tropezón, entre otros sectores ubicados en esa cuenca.

La obra contempla la construcción de un reservorio pluvial que permitirá regular el caudal de agua en momentos de fuertes precipitaciones, además de un sistema principal de conducción compuesto por conductos de hormigón armado y diversas obras complementarias necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del conjunto.

La inversión prevista para esta intervención asciende a 2.754 millones de pesos, mientras que el plazo de ejecución estimado es de 240 días.

Desde el Municipio consideran que se trata de una obra estratégica por su impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y por su capacidad para reducir riesgos asociados a eventos climáticos cada vez más intensos y frecuentes.

El segundo destino de los fondos será la construcción del nuevo relleno sanitario y las obras complementarias vinculadas al sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos, un proyecto que el gobierno local viene impulsando desde hace varios años y que recientemente sumó un nuevo paso con la realización de la audiencia pública.

Tal como se expuso durante ese proceso participativo, la iniciativa no se limita únicamente a crear un nuevo espacio para la disposición final de residuos, sino que apunta a profundizar un cambio de paradigma en el tratamiento de los desechos urbanos.

La propuesta incorpora nuevas etapas de separación, clasificación y tratamiento de residuos, promoviendo una mayor recuperación y reciclado de materiales y disminuyendo progresivamente la cantidad de residuos que llegan a disposición final.

Entre los trabajos previstos se encuentra la construcción de un nuevo módulo de disposición final controlada, además de infraestructura complementaria destinada a optimizar el funcionamiento de todo el complejo ambiental.

Asimismo, el proyecto contempla fortalecer la segregación de materiales recuperables, avanzar en el tratamiento biológico de la fracción húmeda de los residuos y mejorar el manejo de los residuos de construcción y demolición.

Según sostienen desde el Ejecutivo, estas acciones permitirán aumentar la vida útil del sistema, reducir el impacto ambiental y consolidar una política pública que en los últimos años incorporó nuevas herramientas de separación y recuperación de residuos.

Para esta etapa se prevé una inversión cercana a los 1.246 millones de pesos y un plazo estimado de ejecución de 250 días.

Ahora la iniciativa deberá ser analizada por el Concejo Deliberante, que tendrá la responsabilidad de autorizar o rechazar la toma del crédito solicitada por el Ejecutivo.

En caso de obtener el aval legislativo y completarse posteriormente las instancias administrativas y bancarias correspondientes, el financiamiento permitirá avanzar en dos intervenciones que el gobierno municipal considera fundamentales para acompañar el crecimiento urbano de Tandil, mejorar la infraestructura ambiental y brindar respuestas a problemáticas vinculadas tanto al manejo de los residuos como al drenaje pluvial en distintos sectores de la ciudad.

El Concejo Deliberante de Tandil sancionó una ordenanza que prohíbe el estacionamiento vehicular sobre la mano impar de calle Payró, en el tramo comprendido entre avenida Juan B. Justo y Pasaje Chaplin.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza Nº 19.279/2026, aprobada el 14 de mayo, y tendrá aplicación en uno de los sectores residenciales de la ciudad donde habitualmente se registran complicaciones de circulación y estacionamiento.

Según lo dispuesto por la normativa, el Departamento Ejecutivo deberá avanzar con la colocación de la señalización vertical reglamentaria correspondiente para garantizar el cumplimiento de la prohibición.

Además, la nueva ordenanza derogó la Ordenanza Nº 19.246, que regulaba previamente la situación en ese sector.

La disposición fue firmada por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el secretario legislativo, Diego Andrés Palavecino.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Tandil. La medida, que planteó un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La propuesta legislativa surge en un contexto complejo para las seis líneas que operan en la ciudad y que aún aguardan definiciones sobre una serie de plantes. Según los fundamentos del proyecto, el sistema de transporte local se encuentra en una situación de “estado crítico” derivada del “sostenido” aumento en los insumos básicos como combustibles, repuestos y seguros, sumado al impacto de los acuerdos salariales del sector.

Entre los considerandos, señala que el transporte público de pasajeros constituye un “servicio público esencial” para garantizar el “derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, la educación, la salud, el comercio y demás actividades cotidianas de la comunidad”.

La propuesta se enceuntra en análisis y se suma a los ejes de discusión que ocupan actualmente la agenda de la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego. Por un lado, el pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, el pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

El impacto de las políticas nacionales

Entre los argumentos que sustentan el proyecto, repasaron el rol del Estado nacional en el financiamiento del sistema. El texto subrayó que la eliminación del denominado “Fondo Compensador del Interior” por parte del Gobierno nacional despojó a los municipios de recursos que anteriormente asistían financieramente a las empresas prestatarias.

En simultáneo, plantearon que el Estado nacional “continúa percibiendo el impuesto a los combustibles líquidos” contemplados en la Ley 23.966 y normativa complementaria, tributo cuya recaudación se encuentra “vinculada al sostenimiento de políticas de infraestructura y compensación del transporte público”.

Asimismo, los autores de la iniciativa calificaron como “insuficiente” el régimen transitorio de subsidios puesto en marcha por el Gobierno bonaerense. En este sentido, el bloque opositor remarcó que la falta de políticas nacionales de fomento obligó a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a recurrir a la declaración de emergencia como recurso para “preservar” la continuidad de la prestación y proteger las fuentes laborales vinculadas al sector.

También expone la “preocupación institucional” ante la “falta de políticas nacionales” en materia de financiamiento del transporte público.

Los artículos

En su artículo primero, la propuesta de Fuerza Patria declara la emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros en el partido de Tandil por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación, y establece que el Departamento Ejecutivo podrá prorrogarla “ad referéndum” del Concejo Deliberante “en caso de mantenerse las condiciones que llevaron a su declaración inicial”.

En el siguiente punto, indica que la declaración de emergencia tendrá por objeto “garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y sostenibilidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros preservando el interés público comprometido y el acceso de los vecinos al sistema de movilidad urbana”.

A través del artículo tercero del proyecto de ordenanza, faculta al Departamento Ejecutivo, durante el período de emergencia, a adoptar “medidas extraordinarias, transitorias y excepcionales” tendientes a asegurar la prestación del servicio”.

Y enumera ente las posibilidades de acción la “readecuación y/o modificación de frecuencias y horarios de manera temporal interviniendo en el pliego de bases y condiciones del transporte público; la instrumentación de “mecanismos excepcionales de compensación económica, reasignación de partidas y asistencia financiera destinados a garantizar la continuidad del servicio” o la implementación de “medidas de reorganización operativa y administrativa” orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En tanto, las facultades otorgadas “deberán ejercerse respetando los principios de razonabilidad, publicidad, transparencia, continuidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios”, señala el artículo cuarto.

Luego, agrega que las decisiones y medidas adoptadas en el marco de las facultades enumeradas en el artículo tercero “deberán previamente trabajarse en la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros”.

Entonces, el artículo sexto, crea la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros, que estará integrada por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante; representantes de las empresas prestatarias; y representantes de trabajadores del sector”. El espacio tendrá “carácter consultivo y de seguimiento” de las medidas adoptadas durante la emergencia.

El artículo séptimo establece que el Ejecutivo “deberá remitir al Concejo, mientras dure la declaración de emergencia, de forma bimestral, un informe detallado”.

El documento deberá contemplar datos respecto de la situación económica y financiera del sistema; la evolución de costos operativos; las medidas adoptadas en el marco de la emergencia; las modificaciones de recorridos, frecuencias y horarios implementadas; y los recursos provinciales y nacionales gestionados y/o recibidos.

Finalmente, el último artículo, autoriza al Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento de la ordenanza propuesta.

Más considerandos

El proyecto de ordenanza incorpora entre los considerandos que el “aumento permanente” de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento de unidades y costos salariales torna “imprescindible” la adopción de “medidas extraordinarias” que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Además, apunta a que resulta “deber indelegable” del Estado municipal garantizar “condiciones mínimas de continuidad, regularidad y universalidad en la prestación del servicio” y justifica que la declaración de emergencia permitirá adoptar mecanismos “excepcionales, ágiles y transitorios” tendientes a preservar la prestación del servicio, proteger las fuentes laborales vinculadas al sector y evitar una afectación mayor a los usuarios del sistema.

La crisis del transporte público de pasajeros continúa en la agenda legislativa. Esta semana, después de dos encuentros, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante buscó destrabar el conflicto en medio de un debate que, hasta aquí, presenta tres ejes que exigen una resolución.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego (Acción Tandilense - La Libertad Avanza), realizó un balance de la situación y adelantó que para la semana que viene podría haber avances concretos en la discusión.

A más datos, abordaron detalles del pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, mantuvieron en análisis un pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

Asimismo, durante los encuentros analizaron los estudios de costos remitidos tanto por la entidad empresarial como por el Departamento Ejecutivo, herramienta que es utilizada como insumo para contrastar datos.

Mientras que las empresas plantearon un escenario de urgencia, el estudio de costos presentado arrojó un boleto medio a 2.421 pesos y el informe oficial de la Municipalidad incorporó una serie de variables basados en los datos que otorga la SUBE, como la cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos, entre otros.

En virtud de ambos informes, la tarifa de mayo, fijada en 1.695 pesos, representa un “número de equilibrio” que permite, en términos generales, cubrir los costos operativos, aunque sin margen para la rentabilidad empresarial o la reinversión en unidades.

La presidenta de la comisión ratificó su postura al señalar que la discusión no debería agotarse en el valor del boleto exclusivamente mientras los vecinos padecen deficiencias en la prestación diaria.

Para la concejal, el debate debe incluir una mejora en las frecuencias, la limpieza de las unidades y la puesta en funcionamiento efectiva de las herramientas tecnológicas de información al pasajero, que hoy presentan fallas.

“Entendemos que hay que tomar una medida extraordinaria, distinta de lo habitual, creo que eso es unánime”, sentenció.

El proyecto de emergencia

Durante la última jornada los concejales también abordaron un expediente presentado por el espacio Fuerza Patria que propuso declarar la emergencia en el transporte público. Esta medida, de carácter excepcional, implicaría un cambio en la dinámica ya que otorgaría al Ejecutivo la facultad de fijar las tarifas de forma directa, circunstancia que le corresponde al Concejo Deliberante.

Fiego afirmó que “nunca se declaró la emergencia”, pese a que fue una solicitud que ya se había propuesto en anteriores oportunidades y aclaró que “lo que hemos hecho es darle la facultad con alguna consideración para el aumento de tarifas” para que se produzca de manera automática.

“En el momento en que vos declarás la emergencia, no tiene nada que ver el Concejo Deliberante con las decisiones”, advirtió la edil, subrayando que su bloque aún analiza las implicancias de ceder esa potestad al Ejecutivo local.

Hacia una definición

El consenso todavía parece lejano, aunque la concejal destacó que el clima de trabajo en la comisión fue constructivo. A diferencia de encuentros anteriores, Fiego valoró que existe una voluntad mayoritaria de avanzar hacia una solución que evite la paralización del servicio.

“Creo que estamos un poco más avanzados, por lo menos no estamos estancados como otras veces. Creo que tenemos principios de acuerdo”, dijo y planteó que, sobre esa base, existen “medidas que son urgentes y otras que son importantes para las que tenemos un poco más de tiempo, pero están relacionadas y no podemos desconocerlas”.

El próximo martes será un día clave, ya que se espera que el espacio legislativo tome una definición sobre el nuevo esquema. “Creo que el martes va a haber una primera definición”, anticipó.

“Entendemos la urgencia, pero el trabajo de la comisión está siendo bueno”, destacó y sumó como argumento que la nueva tarifa lleva 20 días de vigencia. Por eso, reconoció que “este momento, que es complejo, tiene que permitirnos seriamente analizar el tema del transporte público y no lo puede hacer el Concejo solamente”, sino que “tiene que estar el Ejecutivo, las empresa y SUMO”.

La posibilidad de alcanzar una unanimidad es baja, según admitió la presidenta de la comisión debido a las diferentes visiones sobre cómo debe financiarse el sistema.

Fiego concluyó que para el transporte en Tandil “históricamente todos los contextos son adversos”, por eso el debate debe ir más allá de la tarifa. “Sabemos que es un problema que tiene muchas aristas y caminos que confluyen en la tarifa. Estamos tratando de generar otros diálogos y respuestas que el vecino y la empresa necesita”, cerró.