El Concejo Deliberante de Tandil sancionó una ordenanza que prohíbe el estacionamiento vehicular sobre la mano impar de calle Payró, en el tramo comprendido entre avenida Juan B. Justo y Pasaje Chaplin.

La medida quedó establecida mediante la Ordenanza Nº 19.279/2026, aprobada el 14 de mayo, y tendrá aplicación en uno de los sectores residenciales de la ciudad donde habitualmente se registran complicaciones de circulación y estacionamiento.

Según lo dispuesto por la normativa, el Departamento Ejecutivo deberá avanzar con la colocación de la señalización vertical reglamentaria correspondiente para garantizar el cumplimiento de la prohibición.

Además, la nueva ordenanza derogó la Ordenanza Nº 19.246, que regulaba previamente la situación en ese sector.

La disposición fue firmada por el presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, y el secretario legislativo, Diego Andrés Palavecino.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de ordenanza que busca declarar la emergencia del servicio de transporte público de pasajeros en el partido de Tandil. La medida, que planteó un plazo de vigencia de 12 meses, apunta a dotar al Ejecutivo de herramientas para enfrentar la crisis que atraviesa el sector, marcada por la eliminación de los subsidios y el incremento de los costos operativos.

La propuesta legislativa surge en un contexto complejo para las seis líneas que operan en la ciudad y que aún aguardan definiciones sobre una serie de plantes. Según los fundamentos del proyecto, el sistema de transporte local se encuentra en una situación de “estado crítico” derivada del “sostenido” aumento en los insumos básicos como combustibles, repuestos y seguros, sumado al impacto de los acuerdos salariales del sector.

Entre los considerandos, señala que el transporte público de pasajeros constituye un “servicio público esencial” para garantizar el “derecho a la movilidad, el acceso al trabajo, la educación, la salud, el comercio y demás actividades cotidianas de la comunidad”.

La propuesta se enceuntra en análisis y se suma a los ejes de discusión que ocupan actualmente la agenda de la Comisión de Transporte que preside Luján Fiego. Por un lado, el pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, el pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

El impacto de las políticas nacionales

Entre los argumentos que sustentan el proyecto, repasaron el rol del Estado nacional en el financiamiento del sistema. El texto subrayó que la eliminación del denominado “Fondo Compensador del Interior” por parte del Gobierno nacional despojó a los municipios de recursos que anteriormente asistían financieramente a las empresas prestatarias.

En simultáneo, plantearon que el Estado nacional “continúa percibiendo el impuesto a los combustibles líquidos” contemplados en la Ley 23.966 y normativa complementaria, tributo cuya recaudación se encuentra “vinculada al sostenimiento de políticas de infraestructura y compensación del transporte público”.

Asimismo, los autores de la iniciativa calificaron como “insuficiente” el régimen transitorio de subsidios puesto en marcha por el Gobierno bonaerense. En este sentido, el bloque opositor remarcó que la falta de políticas nacionales de fomento obligó a diversos municipios de la provincia de Buenos Aires a recurrir a la declaración de emergencia como recurso para “preservar” la continuidad de la prestación y proteger las fuentes laborales vinculadas al sector.

También expone la “preocupación institucional” ante la “falta de políticas nacionales” en materia de financiamiento del transporte público.

Los artículos

En su artículo primero, la propuesta de Fuerza Patria declara la emergencia del servicio público de transporte urbano de pasajeros en el partido de Tandil por el plazo de 12 meses contados a partir de la promulgación, y establece que el Departamento Ejecutivo podrá prorrogarla “ad referéndum” del Concejo Deliberante “en caso de mantenerse las condiciones que llevaron a su declaración inicial”.

En el siguiente punto, indica que la declaración de emergencia tendrá por objeto “garantizar la continuidad, regularidad, accesibilidad y sostenibilidad del servicio público de transporte urbano de pasajeros preservando el interés público comprometido y el acceso de los vecinos al sistema de movilidad urbana”.

A través del artículo tercero del proyecto de ordenanza, faculta al Departamento Ejecutivo, durante el período de emergencia, a adoptar “medidas extraordinarias, transitorias y excepcionales” tendientes a asegurar la prestación del servicio”.

Y enumera ente las posibilidades de acción la “readecuación y/o modificación de frecuencias y horarios de manera temporal interviniendo en el pliego de bases y condiciones del transporte público; la instrumentación de “mecanismos excepcionales de compensación económica, reasignación de partidas y asistencia financiera destinados a garantizar la continuidad del servicio” o la implementación de “medidas de reorganización operativa y administrativa” orientadas a la eficiencia y sostenibilidad del sistema.

En tanto, las facultades otorgadas “deberán ejercerse respetando los principios de razonabilidad, publicidad, transparencia, continuidad del servicio y protección de los derechos de los usuarios”, señala el artículo cuarto.

Luego, agrega que las decisiones y medidas adoptadas en el marco de las facultades enumeradas en el artículo tercero “deberán previamente trabajarse en la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros”.

Entonces, el artículo sexto, crea la mesa de emergencia del transporte público de pasajeros, que estará integrada por un representante del Departamento Ejecutivo; un representante de cada bloque político del Concejo Deliberante; representantes de las empresas prestatarias; y representantes de trabajadores del sector”. El espacio tendrá “carácter consultivo y de seguimiento” de las medidas adoptadas durante la emergencia.

El artículo séptimo establece que el Ejecutivo “deberá remitir al Concejo, mientras dure la declaración de emergencia, de forma bimestral, un informe detallado”.

El documento deberá contemplar datos respecto de la situación económica y financiera del sistema; la evolución de costos operativos; las medidas adoptadas en el marco de la emergencia; las modificaciones de recorridos, frecuencias y horarios implementadas; y los recursos provinciales y nacionales gestionados y/o recibidos.

Finalmente, el último artículo, autoriza al Ejecutivo “a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias” para el cumplimiento de la ordenanza propuesta.

Más considerandos

El proyecto de ordenanza incorpora entre los considerandos que el “aumento permanente” de combustibles, repuestos, seguros, mantenimiento de unidades y costos salariales torna “imprescindible” la adopción de “medidas extraordinarias” que permitan sostener el funcionamiento del sistema.

Además, apunta a que resulta “deber indelegable” del Estado municipal garantizar “condiciones mínimas de continuidad, regularidad y universalidad en la prestación del servicio” y justifica que la declaración de emergencia permitirá adoptar mecanismos “excepcionales, ágiles y transitorios” tendientes a preservar la prestación del servicio, proteger las fuentes laborales vinculadas al sector y evitar una afectación mayor a los usuarios del sistema.

La crisis del transporte público de pasajeros continúa en la agenda legislativa. Esta semana, después de dos encuentros, la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante buscó destrabar el conflicto en medio de un debate que, hasta aquí, presenta tres ejes que exigen una resolución.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal y presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego (Acción Tandilense - La Libertad Avanza), realizó un balance de la situación y adelantó que para la semana que viene podría haber avances concretos en la discusión.

A más datos, abordaron detalles del pedido que elevó la Cámara de Transporte para definir un esquema de emergencia que reduzca frecuencias en una estrategia que implique el menor impacto posible a los usuarios.

Por otro, mantuvieron en análisis un pedido de aumento de emergencia impulsado por la entidad que nuclea a las seis empresas del sector y, finalmente, la definición de una nueva metodología para las futuras actualizaciones tarifarias, dado que la ordenanza que aplicó ajustes para la primera parte del año tuvo su última escala en mayo.

Asimismo, durante los encuentros analizaron los estudios de costos remitidos tanto por la entidad empresarial como por el Departamento Ejecutivo, herramienta que es utilizada como insumo para contrastar datos.

Mientras que las empresas plantearon un escenario de urgencia, el estudio de costos presentado arrojó un boleto medio a 2.421 pesos y el informe oficial de la Municipalidad incorporó una serie de variables basados en los datos que otorga la SUBE, como la cantidad de pasajeros, kilómetros recorridos, entre otros.

En virtud de ambos informes, la tarifa de mayo, fijada en 1.695 pesos, representa un “número de equilibrio” que permite, en términos generales, cubrir los costos operativos, aunque sin margen para la rentabilidad empresarial o la reinversión en unidades.

La presidenta de la comisión ratificó su postura al señalar que la discusión no debería agotarse en el valor del boleto exclusivamente mientras los vecinos padecen deficiencias en la prestación diaria.

Para la concejal, el debate debe incluir una mejora en las frecuencias, la limpieza de las unidades y la puesta en funcionamiento efectiva de las herramientas tecnológicas de información al pasajero, que hoy presentan fallas.

“Entendemos que hay que tomar una medida extraordinaria, distinta de lo habitual, creo que eso es unánime”, sentenció.

El proyecto de emergencia

Durante la última jornada los concejales también abordaron un expediente presentado por el espacio Fuerza Patria que propuso declarar la emergencia en el transporte público. Esta medida, de carácter excepcional, implicaría un cambio en la dinámica ya que otorgaría al Ejecutivo la facultad de fijar las tarifas de forma directa, circunstancia que le corresponde al Concejo Deliberante.

Fiego afirmó que “nunca se declaró la emergencia”, pese a que fue una solicitud que ya se había propuesto en anteriores oportunidades y aclaró que “lo que hemos hecho es darle la facultad con alguna consideración para el aumento de tarifas” para que se produzca de manera automática.

“En el momento en que vos declarás la emergencia, no tiene nada que ver el Concejo Deliberante con las decisiones”, advirtió la edil, subrayando que su bloque aún analiza las implicancias de ceder esa potestad al Ejecutivo local.

Hacia una definición

El consenso todavía parece lejano, aunque la concejal destacó que el clima de trabajo en la comisión fue constructivo. A diferencia de encuentros anteriores, Fiego valoró que existe una voluntad mayoritaria de avanzar hacia una solución que evite la paralización del servicio.

“Creo que estamos un poco más avanzados, por lo menos no estamos estancados como otras veces. Creo que tenemos principios de acuerdo”, dijo y planteó que, sobre esa base, existen “medidas que son urgentes y otras que son importantes para las que tenemos un poco más de tiempo, pero están relacionadas y no podemos desconocerlas”.

El próximo martes será un día clave, ya que se espera que el espacio legislativo tome una definición sobre el nuevo esquema. “Creo que el martes va a haber una primera definición”, anticipó.

“Entendemos la urgencia, pero el trabajo de la comisión está siendo bueno”, destacó y sumó como argumento que la nueva tarifa lleva 20 días de vigencia. Por eso, reconoció que “este momento, que es complejo, tiene que permitirnos seriamente analizar el tema del transporte público y no lo puede hacer el Concejo solamente”, sino que “tiene que estar el Ejecutivo, las empresa y SUMO”.

La posibilidad de alcanzar una unanimidad es baja, según admitió la presidenta de la comisión debido a las diferentes visiones sobre cómo debe financiarse el sistema.

Fiego concluyó que para el transporte en Tandil “históricamente todos los contextos son adversos”, por eso el debate debe ir más allá de la tarifa. “Sabemos que es un problema que tiene muchas aristas y caminos que confluyen en la tarifa. Estamos tratando de generar otros diálogos y respuestas que el vecino y la empresa necesita”, cerró.

Ayer, el Salón Blanco de la Municipalidad fue el escenario de una emotiva ceremonia. En este espacio, el Concejo Deliberante inauguró oficialmente el ciclo "Tandil Destaca", un nuevo marco institucional diseñado para reconocer a los vecinos que realizan aportes significativos a la comunidad.

Este programa surgió de una iniciativa aprobada por unanimidad en 2024. El objetivo es ordenar, sistematizar y dar continuidad a las distinciones que el Concejo Deliberante otorga bajo la Ordenanza 17.016, brindando mayor jerarquía a los reconocimientos públicos.

Los proyectos pueden ser presentados por concejales, instituciones intermedias o vecinos del Partido de Tandil. Esta metodología asegura que las propuestas surjan directamente de la sociedad civil y representen el sentir de la comunidad.

Cada postulación debe presentarse con sus fundamentos y es evaluada por los concejales para determinar si existe mérito suficiente. De este modo, las distinciones legislativas ponen en valor, de manera periódica, el aporte de ciudadanos y organizaciones en cultura, deporte, solidaridad y desarrollo comunitario.

Durante este primer encuentro, la emoción se hizo sentir al momento de entregar los diplomas. Las distinciones se concentraron en dos grandes pilares del desarrollo social: la actividad cultural y el desempeño deportivo.

En el ámbito artístico, se distinguió como Personalidad Destacada de la Cultura a cuatro referentes: Ana María Caliyuri por su trayectoria literaria; a Julio Lester por su labor teatral; a Sebastián Oyarbide por su aporte al muralismo; y a Pascual Pina por su trayectoria en teatro y música.

Por otra parte, el deporte también tuvo su espacio de reconocimiento. Se destacó a Benjamín Ordóñez, consagrado Campeón Argentino de Lucha Olímpica en la categoría sub 15 en el Cenard, y a Lucas Tomasi por sus resultados, esfuerzo y valioso aporte a la inclusión en el ámbito deportivo.

El proyecto de ordenanza presentado por Rogelio Iparraguirre para crear el Certificado de Aptitud Urbanística continúa en revisión por parte del Ejecutivo municipal. En diálogo con El Eco, el concejal recordó la importancia de esta iniciativa como una herramienta para abordar una realidad preocupante en Tandil: el crecimiento de las estafas inmobiliarias que utilizan de manera ilegal la figura jurídica del condominio.

“En principio está el compromiso del Ejecutivo, y va a haber una devolución del proyecto de ordenanza. Entiendo que incluso con una propuesta mejorada, así que bienvenido sea, es la idea. Lo que no debemos permitirnos es no hacer nada, frente a un problema que todos estamos detectando”, expresó Iparraguirre.

La problemática, según explicó el edil, radica en el abuso de la figura del condominio, un modo de propiedad compartida previsto en el Código Civil de la Nación. Sostuvo que en Tandil se registran casos de usos ilegales de dicha herramienta, especialmente en la Zona Protegida, donde se comercializan lotes a precios llamativamente económicos ocultando información crucial a los compradores. Los particulares realizan importantes desembolsos económicos y luego descubren que no pueden escriturar sus parcelas individuales, ya que el condominio representa una propiedad indivisa.

El concejal detalló los tiempos legislativos y la urgencia de la situación actual: "Hace alrededor de tres meses que presentamos el proyecto y hace dos meses y medio fue al Ejecutivo. Porque si hay una opinión que nos parece importante recabar cuando trabajamos en el Concejo Deliberante, es la de quienes después van a tener que ejecutar esta herramienta." Asimismo, alertó sobre la vigencia del conflicto al revelar que “desde que presenté el proyecto a esta parte, me llegaron de primera mano cuatro estafados nuevos en lugares distintos. Esto está pasando en Tandil.”

El proyecto busca dotar al Municipio y a los ciudadanos de un instrumento de control preventivo,  el Certificado de Aptitud Urbanística. "Exige una declaración jurada de los comitentes, es decir, que aquellos que ofrecen y vuelcan este terrenos a la venta en el mercado. Y por supuesto establece todo un sistema de multas.", detalló Rogelio Iparraguirre sobre el funcionamiento técnico de la propuesta.

El concejal aclaró que el certificado funcionará como una suerte de documento de identidad para cada lote en comercialización, permitiendo que cualquier potencial comprador consulte si el vendedor cuenta con la habilitación correspondiente antes de realizar una transacción.  

“Es una herramienta para proteger a los tandilenses, no es que va a evitar la estafa, el estafador no deja de estafar porque sea ilegal el acto de la estafa”, explicó.

Para que la medida sea verdaderamente efectiva, Rogelio Iparraguirre remarcó que se requiere un rol activo por parte de la administración local. "No reemplaza a los controles que debe hacer el Ejecutivo municipal. Al contrario, solo funciona este aporte y sirve si es complementado por un eficiente y efectivo control del Municipio, que debe ejercer fuertemente su autoridad.", sostuvo el concejal.

En ese sentido, el edil fue crítico con el desempeño reciente de las áreas de control del gobierno local. "Esa es precisamente una de las cosas que nosotros creemos que ha flaqueado de un tiempo esta parte, particularmente en lo que hace a la administración del territorio, para que esto no sea tierra de nadie, donde cada uno haga lo que quiere. Hay que ejercer autoridad, control efectivo, eficiente. Y proyectos como este son el complemento de ese control efectivo.", sentenció.

Finalmente, el concejal destacó que la propuesta contempla una campaña de difusión para que la ciudadanía conozca la existencia de este requerimiento y evite caer en engaños. A su vez, se mostró optimista respecto al acompañamiento político en el Concejo Deliberante, asegurando que existe un consenso tácito entre los distintos bloques sobre la necesidad de intervenir de forma urgente para frenar las estafas inmobiliarias.

El Municipio de Tandil concretó este viernes la firma del contrato para avanzar con la terminación de tres nuevas viviendas correspondientes al Programa de Autoconstrucción Asistida de Viviendas con Ayuda Mutua, una política pública destinada a acompañar a familias que no pueden acceder a la vivienda por medios propios ni a través de créditos hipotecarios.

La iniciativa, impulsada por el Municipio y creada por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, promueve un modelo de trabajo colaborativo basado en el esfuerzo compartido, la ayuda mutua y el acompañamiento técnico del Estado local.

Actualmente el programa está integrado por 22 familias adjudicatarias, seleccionadas mediante un sorteo público entre personas inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del Municipio.

Las viviendas se construyen en el predio delimitado por las calles Salta, Azucena, Alvarado y Paseo de los Niños.

Allí, las familias desarrollan las obras con su propia mano de obra, mientras que el Municipio aporta los terrenos —que serán abonados una vez finalizadas las casas—, materiales de construcción, calefactores, termotanques y un equipo técnico conformado por trabajadores sociales, maestros mayores de obra y albañiles.

En septiembre de 2025 el Municipio concretó la entrega de las primeras tres viviendas del programa, marcando un paso importante en la implementación de esta política habitacional orientada a generar soluciones concretas para familias tandilenses.

La firma del acuerdo para esta nueva etapa se realizó en el despacho del intendente Miguel Ángel Lunghi, y corresponde a la contratación de mano de obra calificada para completar las unidades habitacionales en ejecución.

El contrato fue suscripto entre el Municipio de Tandil y la empresa Grupo Fratta S.A., representada por su presidente Lucas Ghio, en el marco del proceso administrativo correspondiente a la obra, del que también formaron parte la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y el subsecretario Alejo Alguacil.

De acuerdo con la documentación oficial, los trabajos contemplan la ejecución de las tareas necesarias para la terminación de tres casas del programa de autoconstrucción, conforme a los pliegos técnicos y administrativos previstos para la obra.

Desde el Municipio destacaron que la continuidad de estas obras permite seguir fortaleciendo una política pública que busca ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y consolidar procesos de organización comunitaria y cooperación entre vecinos y Estado.

Los concejales del bloque de la Unión Cívica Radical presentaron un proyecto de resolución para solicitar información oficial al Gobierno Nacional sobre la continuidad de los subsidios para la compra de garrafas y la implementación del nuevo esquema denominado Subsidio Energético Focalizado (SEF). Hay incertidumbre por el acceso al gas envasado.

Según advierten los ediles, el programa atraviesa un proceso de desactualización en los montos otorgados frente a los aumentos significativos en el precio del gas envasado. Esta falta de ajuste proporcional impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, profundizando las desigualdades en sectores vulnerables.

Esta política pública nacional es la que permite a miles de familias sin conexión a la red de gas natural, así como a entidades de bien público, acceder a garrafas mediante un subsidio estatal.

El nuevo esquema SEF: más dudas que certezas

El eje del conflicto radica en la posible implementación de un nuevo sistema llamado Subsidio Energético Focalizado (SEF), que reemplazaría al Programa HOGAR a partir de este año.

A pesar de que el cambio ya ha trascendido, los concejales denuncian que no existe información oficial clara sobre puntos clave para la tranquilidad de los vecinos. Entre las incógnitas que resalta el proyecto se encuentran:

• Los criterios de acceso y el universo de beneficiarios.• La modalidad de implementación y los mecanismos de inscripción.• Los montos que se contemplarán para la asistencia.

Ante esta falta de previsibilidad, el proyecto de resolución solicita formalmente al Poder Ejecutivo Nacional —a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Capital Humano— que brinde respuestas concretas sobre ciertos puntos fundamentales.

Se busca aclarar si efectivamente se realizará la sustitución de programas, cuáles serán los mecanismos de transición para no dejar a los actuales beneficiarios sin asistencia y cuál es la fecha exacta prevista para el inicio del nuevo esquema.

El objetivo final es garantizar que el Estado asegure la continuidad de las políticas que permiten el acceso básico a la energía, considerado un derecho fundamental para la salud y la vivienda digna.

La concejala del oficialismo Maridé Condino expuso la preocupación de su bloque por el tema de referencia del proyecto y “ahora también se suma a la posibilidad de modificación de la ley de zona fría que contempla eliminar al partido de Tandil del beneficio en la tarifa del gas”.

Y recordó que ese reconocimiento como zona fría a partir del año 2021 fue producto de un arduo trabajo de asociaciones de consumidores, el Departamento Ejecutivo a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, este Concejo Deliberante, diputados tandilenses y la Defensoría del Pueblo.

“Ese estatus es un reconocimiento de la diferencia climática de nuestro país y está basado en criterios objetivos y técnicos. Es necesario reconocer que las zonas frías parten de desigualdades en el uso del servicio”, enfatizó.

Y cerró reflexionando: “Todo aquello que el gobierno nacional recorta y ajusta para que le den los números de la macroeconomía termina siendo un gasto superior para el Presupuesto Municipal. Si para que cierren los números la estrategia es dejar de pagar las obligaciones, estamos en un gravísimo problema que a mediano plazo va a repercutir en la calidad de vida de muchos vecinos y vecinas de Tandil”.

El concejal del bloque justicialista analizó la crítica situación del servicio de pasajeros tras el encuentro con la Cámara de Transporte y remarcó la necesidad de encontrar un equilibrio ante la quita de subsidios nacionales. El edil de Fuerza Patria sostuvo que el valor proyectado por las empresas es "impagable" para los trabajadores.

Luego de la reciente reunión mantenida en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, el concejal Marcelo Valle brindó detalles sobre la compleja realidad que atraviesa la movilidad urbana en la ciudad. Durante el encuentro, los representantes de la Cámara de Transporte Público de Pasajeros, con Daniel Albanese como vocero, presentaron un estudio de costos que arrojó una cifra alarmante para la tarifa plana: el valor promedio debería ubicarse en los 2.400 pesos, mientras que para algunos sectores podría escalar hasta los 2.800 pesos. Valle calificó este escenario como una "disyuntiva muy compleja" que pone en riesgo la continuidad misma del servicio.

El edil explicó que la crisis del sector respondió principalmente a una política nacional que decidió retirar de forma drástica los subsidios al transporte del interior. Según indicó el concejal, Tandil se encuentra hoy ante el desafío de decidir si desea mantener su identidad como ciudad con servicio público o si se encamina a un modelo de desabastecimiento de transporte. "El transporte público de pasajeros es un servicio público y el sistema está en peligro", sentenció el edil, quien advirtió que la caída en la cantidad de usuarios ya alcanzó el 15 por ciento.

En su análisis, Valle subrayó que la mayoría de los pasajeros actuales cuentan con algún tipo de beneficio social o son estudiantes de la Unicen y de niveles secundarios y terciarios, quienes representan el 37 por ciento del flujo total. El concejal remarcó que, sin la intervención de la provincia de Buenos Aires y el sostenimiento local, el sistema habría colapsado mucho antes. No obstante, advirtió que el ajuste de la tarifa por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resultó insuficiente frente a una inflación que golpeó con dureza los insumos básicos y el combustible.

Daniel Albanese advirtió que el costo real del boleto se ubica en los 2421 pesos

La preocupación central del bloque justicialista radicó en la capacidad de pago de los ciudadanos frente a un boleto de tales dimensiones. Valle ejemplificó esta situación mencionando a los trabajadores que cobran por hora, como el personal doméstico, para quienes el costo de traslado podría representar una parte sustancial de su ingreso diario. "Un boleto a 2.400 pesos es impagable para mucha gente", afirmó el concejal, al tiempo que observó cómo esta situación derivó en un incremento notable en la venta de bicicletas y motocicletas en Tandil.

El concejal explicó que la quita de aportes nacionales no fue la única variable, ya que los subsidios provinciales también sufrieron un retraso en su actualización. Según los datos aportados por el edil, el monto destinado a las seis empresas que operan en la ciudad pasó de 140 millones de pesos mensuales a 160 millones de entre marzo de 2024 y mayo de este año, una cifra que consideró congelada ante el avance de los costos operativos. Ante esta realidad, el bloque justicialista manifestó que es necesario discutir el fondo de la cuestión y no limitarse a parches temporales.

Desde el espacio de Fuerza Patria, se hizo un llamado a la responsabilidad política de todos los sectores, incluyendo al oficialismo y a los representantes de La Libertad Avanza. Valle cuestionó que se defienda la quita de subsidios a nivel nacional pero que luego no se brinden alternativas para los vecinos que dependen del colectivo para ir a trabajar. El edil sostuvo que, aunque históricamente el peronismo fue crítico de los aumentos, la coyuntura actual obligó a mirar el panorama con pragmatismo para evitar el cierre de las empresas y la pérdida de fuentes laborales.

Una de las propuestas que el concejal puso sobre la mesa fue la revisión integral del funcionamiento del sistema de transporte, incluyendo la logística de los recorridos y la cantidad de prestatarias. Valle sugirió que Tandil podría analizar modelos como el de La Plata, donde existen menos empresas para una población mayor, lo que reduciría la carga administrativa y funcional. Actualmente, la ciudad cuenta con seis empresas y, en algunos sectores, como en el caso de la Línea Blanca, los conflictos por recorridos superpuestos son recurrentes.

El concejal recordó que el pliego vigente, que se terminó de acomodar en enero del año pasado, contemplaba una revisión semestral a sugerencia suya para monitorear el estado de las unidades y el cumplimiento de horarios. Sin embargo, reconoció que en el contexto de emergencia actual, discutir la renovación de flota o la higiene profunda de los coches parece una cuestión secundaria frente a la urgencia de que el colectivo pase por la parada. "Hoy la prioridad es cómo solucionamos el tema del servicio para que siga funcionando", enfatizó.

Para el bloque justicialista, es fundamental que el Estado municipal asuma un rol de control más estricto a través del sistema SUMO, que permite un seguimiento preciso de cada unidad. Valle insistió en que el transporte no puede ser visto únicamente como un negocio privado, sino como una política de Estado que influye directamente en el tránsito y la organización urbana de la ciudad. Si el sistema de pasajeros falla, el caos vehicular en el centro de Tandil se agravará por el uso excesivo de vehículos particulares y motos.

Otro de los ejes que abordó el concejal fue el avance de las plataformas digitales de transporte como Uber y DiDi. Valle reconoció que, aunque estas aplicaciones están técnicamente prohibidas por la normativa local actual, su uso creció exponencialmente debido a la crisis económica y a la necesidad de los vecinos de buscar alternativas más económicas o salidas laborales rápidas. No obstante, advirtió sobre los riesgos de mantener este servicio en la informalidad absoluta.

El edil informó que el bloque está trabajando sobre la base de un proyecto presentado oportunamente por el concejal Juan Manazzoni para darle un marco normativo a esta actividad.

La postura de Valle es clara: para que exista una competencia justa, se debe exigir a los conductores de plataformas los mismos requisitos que a los taxistas y remiseros. Esto incluye la licencia de conducir profesional, un seguro para pasajeros transportados y el pago de tributos correspondientes.

Valle hizo mención a un reciente fallo judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sentó jurisprudencia al determinar que este tipo de transporte no puede ser considerado meramente "privado" bajo el Código Civil y Comercial, sino que debe adaptarse a las reglas del transporte público. Este antecedente refuerza la intención del Concejo Deliberante de Tandil de avanzar en una regulación que proteja tanto al usuario como al trabajador.

El concejal remarcó que el vacío legal actual representa un peligro latente ante la posibilidad de accidentes. "El día que pase un accidente, ¿quién se hace cargo si no hay seguros ni controles de VTV?", se preguntó. El referente justicialista concluyó que la discusión debe ser sincera y que, aunque ninguna medida dejará conformes a todos los sectores (taxis, remises y plataformas), el Estado no puede seguir mirando hacia el costado mientras el sistema de transporte de Tandil atraviesa su crisis más profunda en décadas.

La controversia se originó a partir de un pedido formal elevado por el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) hacia la comisión de Transporte del Concejo Deliberante. En esa solicitud, las autoridades sanitarias plantearon la necesidad de quitar la parada de taxis del lugar que ocupa actualmente, en el entorno del centro asistencial público, debido a la dinámica del nuevo Centro Oncológico y a la salida de ambulancias por el lateral del edificio.

Según explicó la presidenta del espacio legislativo, Luján Fiego, el planteo fue tratado con celeridad y aprobado por unanimidad en el recinto, dado que la información técnica disponible no presentaba “ninguna objeción”.

Sin embargo, la votación inicial desató el malestar entre los taxistas que operan en la zona. Los trabajadores se presentaron ayer en el primer piso de la Municipalidad para manifestar ante los concejales su disconformidad de traslado de la parada hacia la vereda de la plaza, justo enfrente de su ubicación actual. Los choferes destacaron que el cambio propuesto ignoraba la realidad física del terreno y las necesidades de los pacientes que asisten al centro de salud.

En diálogo con El Eco de Tandil, la concejal de Acción Tandilense - La Libertad Avanza abordó el tema y reconoció que faltó una instancia de diálogo previa entre el Sistema Integrado de Salud Pública y los trabajadores del volante. “Tuvieron esa reunión, pero fracasó como intento de solución”, señaló la concejal, al tiempo que remarcó que el conflicto debió ser subsanado desde el ámbito legislativo.

Los taxistas, algunos con más de 20 años de permanencia en esa parada específica, defendieron su lugar de trabajo argumentando que la mudanza propuesta representaba un riesgo tanto para ellos como para los usuarios.

El reclamo de los taxistas y el traslado

La principal queja de los trabajadores radicó en las características geográficas y urbanísticas de la vereda de la plaza. Según detallaron ante los integrantes de la comisión, la presencia de árboles históricos impide la apertura de las puertas de los vehículos sobre la mano derecha, obligando a los pasajeros a descender directamente sobre la calzada. “Al pasarlos del lado de la plaza, el pasajero no puede subir del lado de la vereda por los árboles, tiene que subir del lado de la calle”, explicó Fiego, que subrayó que esta situación es peligrosa en un entorno hospitalario.

A este inconveniente se suma la dificultad que representa para los pacientes cruzar por Paz. Se trata de una arteria “ancha y con empedrado” que se complica durante los días de lluvia. De hecho, los taxistas expusieron que hace unas dos semanas una persona sufrió una caída mientras intentaba cruzar para buscar un vehículo.

Ese punto tiene capacidad para siete unidades de transporte privado de pasajeros y funciona de manera ininterrumpida atendiendo la demanda de quienes acuden al Hospital Municipal “Ramón Santamarina”.

Frente a estos datos, los concejales de los diferentes bloques coincidieron en que la ordenanza votada debía ser revisada. Fiego destacó que, tras recibir a los trabajadores en la Comisión de Transporte en el marco de su reunión semanal, la intención fue abordar el problema en busca de una salida definitiva. “Todos teníamos la intención de solucionar esto”, afirmó.

La propuesta, que aún queda por cerrar, implicaría una derogación de la ordenanza que establecía el traslado y mantener la parada donde está, pero con una pequeña modificación técnica para no entorpecer la operatividad del hospital.

Un acuerdo de consenso

La concejal adelantó que la alternativa elaborada por la comisión consiste en mantener la parada en su ubicación histórica sobre la curva que desemboca en Paz, pero extendiendo el sector de ascenso y descenso de pasajeros un tramo más allá del portón central.

“Se mantendría básicamente la parada donde está, pero corriendo un poco, pasando el portón, el área de ascenso y descenso”, detalló la concejal de LLA, que adelantó que en el transcurso de la semana “trabajaremos en perfeccionar el dictamen para que salga lo mejor posible” y pueda ser llevado al recinto en la próxima sesión.

Para esto, se solicitó la intervención de la Dirección de Control Urbano Vehicular, área que no había emitido opinión en la instancia previa. La idea es que la nueva diagramación sea acompañada por una señalización que evite confusiones y garantice que el flujo vehicular hacia el Centro Oncológico y las emergencias no se vea afectado por la fila de taxis en espera.

Para finalizar, Fiego enfatizó que no se innovará en la práctica hasta que la nueva normativa esté vigente, por lo que los taxistas continuarán operando en su lugar habitual.

El desafío del crecimiento urbano

En otro pasaje de la entrevista, Fiego reflexionó sobre los cambios que atraviesa la ciudad y cómo impactan en costumbres de décadas. “La ciudad crece y no siempre podemos seguir manteniendo lo que teníamos hace 40 años”, advirtió, comparando esta situación con la problemática de los cordones amarillos y la falta de estacionamiento en el radio céntrico.

En este caso, la concejal consideró que los argumentos del SISP eran válidos en cuanto a la necesidad de mejorar la fluidez para las ambulancias, pero que la solución propuesta -el traslado total de la parada- era contraproducente. “Para que haya un acuerdo donde las dos partes puedan negociar y sea bueno, cada uno tiene que ceder algo”, explicó.

La edil aseguró que el tema está “subsanado” y que la respuesta definitiva llegará en la próxima sesión legislativa. “El tema está cerrado. Lo que falta hacer es el dictamen final, pero la parada de taxis del Hospital no se mueve de ese lugar”, concluyó.

En una reciente intervención mediática, el concejal de Unión por la Patria, Rogelio Iparraguirre, realizó un pormenorizado análisis sobre la complejidad financiera que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros en la ciudad. El legislador local no ahorró críticas hacia la conducción de la Cámara de Transporte de Tandil y, en paralelo, desarrolló los fundamentos de una iniciativa legislativa que pretende otorgar un alivio económico sustancial a los clubes de barrio, entendidos hoy como los principales espacios de contención social frente a la crisis económica.

Iparraguirre advirtió que el sistema de transporte se encuentra en una situación de "encerrona", donde a las empresas no les alcanzan los ingresos para sostener la calidad del servicio y a los usuarios no les sobran recursos en sus bolsillos para afrontar un boleto más oneroso.

Según el concejal, esta coyuntura provocó un fenómeno que ya se refleja en las estadísticas locales: un salto exponencial en el patentamiento de motos, debido a que muchos vecinos optaron por abandonar el colectivo ante la imposibilidad de costear los viajes diarios.

El concejal fue particularmente severo al evaluar el rol de Daniel Albanese, presidente de la Cámara de Transporte de Tandil. Iparraguirre recordó que, en diciembre pasado, la entidad elevó un estudio de costos al Concejo Deliberante en el que, "sin que nadie se lo pidiera", incluyó valoraciones políticas que respaldaban el rumbo económico del Gobierno nacional. El legislador consideró una contradicción que la Cámara hablara de un "diagnóstico correcto" de la macroeconomía mientras el sistema local se desmoronaba por las mismas medidas celebradas.

Para el referente de Unión por la Patria, resulta paradójico que la Cámara de Transporte avalara el ajuste profundo de la economía y la liberación de los precios de los combustibles, para luego reclamar a los concejales y a la Municipalidad por la falta de fondos. "Albanese le puso el cascabel a los concejales, pero en ningún momento hizo mención al cambio estructural que ocurrió con el precio de los combustibles y la retirada de los subsidios nacionales", sentenció el edil.

Iparraguirre subrayó que, históricamente, el sistema de transporte se sustentaba mediante un criterio federal basado en el impuesto a los combustibles, un gravamen que los ciudadanos de Tandil continúan pagando pero que dejó de retornar a la ciudad.

En ese sentido, lamentó que la gestión nacional de La Libertad Avanza haya cortado ese flujo, dejando a los municipios y a las provincias en una situación de asfixia financiera sin precedentes.

La preocupación del bloque opositor radica en que la caída del consumo y el aumento de la desocupación redujeron el índice de pasajeros por kilómetro (IPK), parámetro esencial para el cálculo tarifario. Ante este escenario, Iparraguirre instó a los representantes de las empresas de transporte a reconocer cuál fue el factor real que puso al sistema en crisis, en lugar de trasladar la presión exclusivamente hacia el bolsillo de los trabajadores tandilenses.

En otro orden de temas, Iparraguirre detalló el proyecto de ordenanza presentado junto a su compañero de bloque, Federico Martínez, que busca reformar la actual política deportiva de la ciudad. El objetivo central es modificar la Ordenanza 12.130, vigente desde hace 15 años, para incrementar de manera significativa el aporte mensual que la Municipalidad de Tandil realiza a las instituciones deportivas.

El concejal explicó que la normativa actual afecta los recursos de la Tasa por Derecho de Publicidad y Propaganda para el fondo de los clubes, lo que representa apenas unos 124 millones de pesos anuales. Para Iparraguirre, ese monto resulta "marginal" dada la función social que cumplen hoy los clubes, los cuales, a su entender, ocupan el lugar que en otras épocas ocupaba la escuela pública en términos de red de contención comunitaria.

La propuesta legislativa consiste en duplicar el fondo de asistencia mediante la afectación de lo recaudado por las multas del Sistema Unificado de Movilidad Ordenada (SUMO). "Nos pareció justo afectar lo recaudado por las multas por falta de tarjeta en el estacionamiento medido. Que el vecino sepa que cuando paga esa multa, el dinero va cien por ciento destinado a los clubes de la ciudad", detalló el legislador, estimando que esto podría sumar más de 380 millones de pesos al presupuesto deportivo.

Un punto innovador del proyecto es la inclusión de una cláusula transitoria de dos años para aquellas instituciones que aún no cuentan con la personería jurídica al día. Iparraguirre señaló que muchas entidades, especialmente las pertenecientes al fútbol agrario, se encuentran excluidas de los beneficios municipales por dificultades administrativas. "Queremos que puedan recibir el equivalente al subsidio durante dos años mientras regularizan sus papeles", explicó.

Esta medida beneficiaría de forma directa a siete de las ocho instituciones del fútbol agrario que hoy no reciben asistencia económica estatal. El concejal remarcó que el espíritu de la iniciativa es "achatar la pirámide" para que el impacto del aumento presupuestario sea mayor en los clubes más pequeños, que son los que más sufren el incremento de las tarifas de servicios públicos y el mantenimiento de sus instalaciones.

Iparraguirre manifestó que la intención del bloque no es imponer el proyecto por la fuerza, sino abrir una mesa de diálogo con el oficialismo municipal. En un escenario donde el lunghismo perdió la mayoría absoluta en Concejo, el concejal apostó por la "honestidad intelectual" para encontrar puntos de acuerdo que prioricen el bienestar de las instituciones sociales de Tandil por encima de las disputas partidarias.

Sobre el cierre de sus declaraciones, el concejal reflexionó sobre la dinámica política local y su relación con el intendente Miguel Lunghi. A pesar de las críticas de sectores de la oposición más radicalizada, Iparraguirre defendió su postura de colaborar con el Ejecutivo en gestiones clave ante los Gobiernos nacional y provincial, citando como ejemplo el financiamiento para el edificio del IPAT y el Conservatorio de Música.

"A mí me daría mucha vergüenza hacer lo contrario. Cada vez que tuve la posibilidad de acercar una gestión, una solución o un financiamiento para mi ciudad, lo hice con orgullo", afirmó. No obstante, advirtió que la gestión local también deberá enfrentar el "momento de los balances", evaluando qué se logró en estos años de gestión nacional y cómo se defendieron los intereses de Tandil frente a las políticas de ajuste que hoy afectan al transporte y la salud.

Finalmente, el legislador expresó su frustración respecto a la situación de IOMA y otras obras sociales que atraviesan crisis profundas, asegurando que su compromiso es "hacerse cargo" de los problemas de los vecinos independientemente del color político de la gestión de turno. Para Iparraguirre, la política en Tandil debe alejarse de la lógica de la "grieta" para concentrarse en soluciones pragmáticas ante una realidad social y económica que se vuelve cada vez más exigente para la comunidad.

El bloque de concejales de Fuerza Patria formalizó la presentación de un pedido de informes al Departamento Ejecutivo respecto al plan de infraestructura hídrica para el partido. La iniciativa, encabezada por Federico Martínez, surgió como respuesta a la preocupación de los vecinos de distintas zonas que sufrieron las consecuencias de las últimas precipitaciones.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre las obras de desagües pluviales realizadas durante 2024 y 2025. Según se detalla, el presupuesto municipal de 2024 asignó más de 72 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de desagües pluviales. Para 2025, ese monto se incrementó hasta superar los 208 millones, mientras que para 2026 se proyecta una inversión superior a los 1.300 millones de pesos en el sistema hidráulico del barrio Arco Iris.

Según detalló el edil en diálogo con el ciclo La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), la problemática no solo afecta a los barrios que presentan dificultades, sino que se extendió a sectores del centro y zonas de reciente desarrollo.

“Nos preocupa por lo que pasa en la ciudad y lo que viene pasando en todo el territorio bonaerense”, alertó el concejal, que citó los casos de Olavarría, Azul y  entre otros distritos de la región.

“Alarmados por la situación” 

Martínez recordó que hace dos años presentaron un proyecto de similares características, el cual fue contestado por el Ejecutivo municipal sin que se tradujera en situaciones claras en la realidad de los barrios.  “Lo que no vemos son cambios”, alertó e insistió que “se siguen inundando los mismo lugares y otros en los que no sucedía”, aunque reconoció que el factor climático es un “elemento exógeno incontrolable”, apuntó a la necesidad de abordar el tema con urgencia.

Asimismo, fundamentó que Tandil transita por el tercer año consecutivo con promedios de lluvia por encima de la media histórica. En lo que va del año, según los informes consultados, “los registros alcanzaron casi los 800 milímetros”, una cifra que iguala prácticamente el promedio anual de la ciudad.

Ante este panorama, Martínez enfatizó la necesidad de obtener información precisa sobre las obras pluviales y desagües realizados durante el ejercicio actual y los proyectados para el año próximo, considerando que muchos de estos trabajos cuentan con partidas presupuestarias ya aprobadas por el cuerpo legislativo.

“Estamos alarmados por la situación”, enfatizó y demandó información sobre los proyectos presupuestados por el Gobierno comunal.

En ese sentido, uno de los puntos centrales del reclamo radica en la ejecución de una inversión de 1.300 millones de pesos que fue votada el año pasado y que, según dijo, “todavía no se puso en marcha”.

Sumó como argumento el crecimiento de la ciudad “hacia arriba”, en referencia a las construcciones de edificios en altura, pero advirtió que no ocurrió lo mismo con la infraestructura subterránea necesaria para absorber el impacto de las tormentas, tales como cloacas y sistemas de escurrimiento pluvial.

Las zonas críticas

El concejal de Fuerza Patria trazó un mapa detallado de los sectores donde el agua ingresa en las viviendas o genera anegamientos que interrumpen la circulación. Mencionó situaciones recurrentes en la intersección de Américo Reynoso y la Ruta Nacional 226, en el barrio Arco Iris y en la zona de Darregueira y Nigro, en Villa Aguirre.

Asimismo, destacó que el microcentro no quedó exento de estas complicaciones, mencionando específicamente las esquinas de Pinto y 9 de Julio como puntos críticos durante la última lluvia registrada el martes pasado.

En sectores como el barrio Las Ranas, el problema adquiere una dimensión sanitaria. Martínez relató que, cada vez que llueve con intensidad, los sistemas de drenaje fallan de tal manera que comienza a verterse efluentes cloacales en la vía pública. “Es un problema que no se solucionó y que no requiere de la intervención de la Provincia o la Nación, sino que es un trabajo propio de la ciudad y del Municipio”, sentenció el concejal.

En el barrio Palermo, sobre la calle Actis, los reclamos también se multiplicaron. Martínez indicó que, a pesar que se realizaron algunas tareas de limpieza de desagües hace dos años, “sigue pasando lo mismo”.

El edil señaló que “tampoco sabemos qué es lo que sucede debajo de la ciudad y los problemas que tiene”, pero remarcó que “no creció de la misma manera en infraestructura”.

La “escorrentía del agua en las calles de tierra” también fue señalada como un factor de “caos”. Martínez explicó que el agua arrastra el material hacia otros sectores, destruyendo las calzadas y dificultando el acceso a los hogares.

Jurisdicción y presupuesto

El concejal se refirió al pedido que el Municipio elevó a la Provincia para el dragado del arroyo Langueyú y ratificó que desde Fuerza Patria acompañan todas las gestiones que impliquen obras hidráulicas para la ciudad, independientemente de quién sea el responsable de la ejecución. “Todas las obras pluviales y desagües las vamos a acompañar”, enfatizó Martínez.

No obstante, aclaró que la limpieza y el mantenimiento del arroyo son fundamentales para prevenir desbordes que afecten a toda la cuenca urbana, aunque no representa la solución definitiva para los problemas puntuales de cada barrio.

El edil insistió en que el planteo no busca ser una “crítica política”, sino una herramienta para que los concejales, puedan dar respuestas. “Es una situación notable y desesperante que le ocurre a los vecinos constantemente”, justificó y defendió la herramienta legislativa.

Ante pronósticos que indican un invierno lluvioso, el tema cobró especial relevancia e incluso llevó al Municipio a gestionar ante la administración bonaerense un pedido de dragado del arroyo Langueyú.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo de Tandil detalle obras, ejecución presupuestaria y planificación ante los recurrentes problemas de escurrimiento en la ciudad.

“Hay una preocupación creciente de los vecinos porque cada vez que llueve, incluso con precipitaciones que no son excepcionales, la ciudad vuelve a mostrar las mismas dificultades”, advirtió el concejal de Fuerza Patria, Federico Martínez, al fundamentar la iniciativa presentada en el Honorable Concejo Deliberante.

“Vecinos de zonas como Darragueira, Barrio Arco Iris y Barrio Las Ranas vienen planteando hace tiempo la necesidad de respuestas concretas. No pueden seguir conviviendo con anegamientos cada vez que llueve”, agregó el edil, poniendo el foco en algunos de los sectores más afectados.

El proyecto solicita al Departamento Ejecutivo información detallada sobre las obras de desagües pluviales realizadas durante 2024 y 2025, en un contexto de crecientes problemas de anegamiento en distintos barrios.

“No estamos discutiendo solo números presupuestarios, sino la eficacia de las políticas públicas. Queremos entender qué se hizo con los recursos asignados y por qué no se están viendo resultados concretos”, agregó Martínez.

Según se detalla en el proyecto, el presupuesto municipal de 2024 asignó más de 72 millones de pesos a la construcción y mantenimiento de desagües pluviales. Para 2025, ese monto se incrementó significativamente hasta superar los 208 millones, mientras que para 2026 se proyecta una inversión superior a los 1.300 millones de pesos en el sistema hidráulico del barrio Arco Iris, considerado estratégico para el ordenamiento hídrico local.

Sin embargo, desde el bloque señalan que estos recursos no se traducen en mejoras visibles para los vecinos, especialmente en sectores del norte de la ciudad, donde se concentran los mayores problemas de infraestructura y vulnerabilidad ante eventos climáticos.

“Las zonas más afectadas suelen coincidir con sectores que arrastran déficits históricos de infraestructura. Si no hay una intervención sostenida, el problema se agrava y la desigualdad también”, remarcó el edil.

En ese marco, el proyecto solicita precisiones sobre las obras ejecutadas, los criterios técnicos utilizados para su priorización y el grado de avance de los trabajos previstos en el barrio Arco Iris. También pide información sobre las zonas más afectadas por las lluvias, la existencia de un plan de contingencia ante precipitaciones intensas y el nivel de ejecución presupuestaria de los fondos asignados.

Además, se requiere conocer qué empresas o cooperativas estuvieron a cargo de las obras, bajo qué modalidades de contratación fueron adjudicadas y si existen estudios hidráulicos que respalden las decisiones adoptadas.

“Tandil necesita un plan serio y a largo plazo en materia de desagües pluviales. No alcanza con intervenciones aisladas. Hace falta previsión, mantenimiento y transparencia en la ejecución de los recursos públicos”, concluyó Martínez.

La comisión de Transporte del Concejo Deliberante informó que se encuentra en una etapa de análisis de diversos proyectos legislativos con el fin de regularizar el transporte urbano de pasajeros mediante plataformas digitales, tales como Uber, en la ciudad. 

Al respecto, el concejal Marcelo Valle (Fuerza Patria), integrante de la mencionada comisión, explicó que la situación actual exige una respuesta política inmediata. "Hay que tomar una determinación. Nosotros veníamos con el tema, viendo lo que estaban haciendo algunas otras ciudades. Por ejemplo en Bahía Blanca, donde a partir del primero de abril ya se regularizó todo lo que es tema de aplicaciones. Creemos que es momento en Tandil de poner nuevamente el tema en discusión en la comisión de Transporte y ver si entre todos los bloques se llega a un acuerdo, porque esto obviamente tiene que salir por consenso, que es lo mejor", manifestó el legislador.

Tal como informó El Eco de Tandil, un reciente fallo del juez Carlos Alberto Pocorena, titular del Juzgado en lo Correccional, sentó un precedente sobre el tema. El magistrado anuló un procedimiento de Control Urbano y absolvió a un chofer de la plataforma Uber, Matías Joel Marincioni, al determinar que el operativo fue fruto de una confabulación entre el dueño de una agencia de remís y las autoridades municipales para interceptar al trabajador de forma irregular. El caso se remonta al 27 de marzo de 2025.

Para la justicia, el pasajero que viajaba en el vehículo, Daniel Marcos Emiliozzi, actuó en combinación con las autoridades y el sector de los remises para generar la detención. Esta resolución judicial expuso la fragilidad del esquema de controles actual y la zona gris en la que se encuentran los trabajadores de aplicaciones. 

Unificación de proyectos y búsqueda de consensoEn el seno del Concejo Deliberante, los ediles trabajan en revisar iniciativas previas y unificarlas con las propuestas actuales de las distintas fuerzas políticas. Valle señaló que ya se establecieron contactos con las autoridades de la comisión y otros bloques para avanzar en un texto común que contemple las necesidades de todos los actores involucrados.

"Hablé con la presidenta de la comisión de Transporte –Luján Fiego– para que volvamos a traer el proyecto que en su momento había presentado el exconcejal Juan Manazzoni. También hablé con una concejal radical preguntándole sobre su proyecto. La idea sería ponerlos todos sobre la mesa y ver si se puede hacer uno solo", detalló el edil de Fuerza Patria. El objetivo, agregó, es que la futura ordenanza no solo regule a Uber, sino que establezca reglas de juego igualitarias para el transporte público y privado.

En ese sentido, Valle remarcó que el reconocimiento de estas plataformas es un paso hacia la transparencia del servicio. "La verdad que lo de las plataformas es algo que ya se está usando. Entonces, cómo negar la realidad. Obviamente nosotros entendemos que sí tiene que tener cierta regularización. Creemos que tienen que tener un carnet profesional, los seguros tienen que estar habilitados para esta actividad. Pero va a haber que buscar la forma para que puedan actuar, y no perjudicar tampoco ni a los taxis ni a los remises", sostuvo.

La convivencia con taxis y remises

Uno de los puntos más sensibles de la discusión es el impacto que la legalización de las aplicaciones podría tener sobre los sectores tradicionales del transporte, como los taxistas y remiseros. No obstante, desde la comisión de Transporte recordaron que Tandil ya ha atravesado procesos similares de transformación en el pasado, donde el temor inicial a la competencia terminó resolviéndose con la integración de los servicios.

Valle recordó que el proyecto original de Manazzoni ya contaba con puntos de contacto con otros bloques, incluso con sectores de Fuerza Patria que integraban el cuerpo deliberativo en aquel entonces. La intención es que la nueva norma permita que también los remiseros y taxistas puedan beneficiarse del uso de la tecnología y las aplicaciones móviles, afectando todo el sistema de transporte de la ciudad.

Finalmente, el concejal se mostró optimista respecto a la convivencia a largo plazo. "Obviamente al principio va a haber rispideces. Pero la idea es trabajarlo esto con todos y beneficiar a todos. Pero teniendo en cuenta que sí o sí las aplicaciones van a tener su lugar y tiene que estar regulado con una ordenanza", concluyó. 

Un grupo de vecinos de la zona de Murature, entre Lisandro de la Torre y Figueroa, formalizó un segundo reclamo, esta vez ante el Concejo Deliberante, para solicitar la reubicación de Sol Disco, un local nocturno que, según denunciaron, genera complicaciones en el barrio.

El documento expuso una situación de deterioro social y ambiental que afectó la calidad de vida de las familias del barrio. “Solicitamos que se lo saque a su accionar del barrio y del medio de la ciudad, donde hoy perturba a la sociedad y que se lo reubique en donde no afecte a otro tandilense”, reclamaron.

En el texto remitido a los concejales, los vecinos manifestaron que el establecimiento “sigue sin respetar las normas básicas y las leyes establecidas” en el Código Civil, muchas de las cuales “se basan en el respeto y en la convivencia social”.

Uno de los primeros puntos del reclamo se enfocó en la contaminación sonora. En esa línea, recordaron que las disposiciones vigentes establecen el cese de la música a las 5.30. Sin embargo, “debemos decirles que no se cumple ya que a las 6, y aún más tarde también, sigue el ruido sin control dentro del local”.

Los denunciantes describieron el ambiente nocturno como “inhabitable”, producto de una combinación de “música fuerte”, el uso de micrófonos “a alta voz” y los “gritos de los concurrentes”.

La preocupación de los habitantes de esa zona de la ciudad se centró en la imposibilidad de conciliar el sueño, fundamental para quienes deben cumplir con sus obligaciones laborales. “Somos gente de labor y la falta de descanso en el horario que Dios determinó para los seres vivos, se torna ya un hábito frecuente”, expresaron con crudeza.

Una lista de irregularidades

La nota presentada ante el cuerpo legislativo enumeró doce puntos que describen el escenario durante los fines de semana.

En primer lugar, aseguraron que el boliche “abre sus puertas laterales” durante la noche, dejando que el ruido salga “con facilidad”, lo cual “debería estar totalmente prohibido por la perturbación ambiental”.

Además, sugirieron que “los decibeles de los equipos musicales están por encima de los niveles adecuados”, a la vez que deslizaron que “el Municipio debería controlar frecuentemente por las renuentes denuncias pronunciadas”, mientras que pusieron en duda que el local “esté habilitado en forma legal” a partir de la presunta falta de filtros “para contener el bullicio en su interior”.

Más allá del ruido, el comportamiento de los asistentes al salir del establecimiento fue otro de los ejes de la denuncia. Los residentes reportaron que, tras la finalización de los shows, se produjeron constantes daños a la propiedad privada y desmanes en la vía pública.

Entre los hechos relatados, mencionaron la rotura de vidrios de automóviles estacionados, el esparcimiento de residuos domésticos tras la rotura de bolsas en las veredas y la presencia de suciedad en plazas cercanas, como la ubicada en Del Valle y Murature. “Simplemente falta que ustedes vengan a limpiar”, fustigaron los vecinos en el documento dirigido a las autoridades.

Otro aspecto incluido en la lista fue la “violencia” y el clima de inseguridad que rodeó al local. Según el testimonio de los vecinos, se registraron pedidos de auxilio en las puertas de las casas por parte de jóvenes que denunciaron que fueron golpeados o robados dentro del boliche.

Asimismo, la nota advirtió sobre el consumo de alcohol y estupefacientes y señalaron sobre la presencia de personas durmiendo en las veredas o realizando necesidades fisiológicas en los frentes de las viviendas.

El antecedente

La presentación de abril de 2026 no fue un hecho aislado, sino que se trató de un “segundo reclamo” que buscó dar continuidad a una lucha que comenzó hace años.

En la nueva presentación, los vecinos adjuntaron una copia de una nota similar fechada el 21 de enero de 2019, en la que advirtieron sobre los problemas vinculados al local bailable.

En aquel entonces, los habitantes de la calle Lisandro de la Torre calificaron al negocio como un “agente para el detrimento social” y solicitaron un control más amplio sobre la seguridad y la higiene.

En el primer reclamo se mencionaba la presencia de “disparos de armas de fuego” producto de “corridas vandálicas” que ocurrían al menos una vez cada quince días.

“La inacción ha sido su frecuente cauce”, sentenciaron y apuntaron a la falta de respuestas ante los reiterados pedidos de intervención por ruidos molestos y peleas callejeras.

Al igual que en esta nueva presentación, los vecinos habían aclarado que su intención no era la clausura definitiva del local para no afectar la fuente de trabajo, sino su traslado fuera del casco urbano. En ese momento, habían propuesto como alternativa el Parque Industrial o zonas donde la actividad no perturbe el descanso de otros ciudadanos.

Pasos a seguir

Tras el ingreso al Concejo, el expediente fue girado a la comisión de Derechos Humanos, Género, Garantías y Seguridad, donde tuvo un primer abordaje el miércoles.

Los integrantes del espacio legislativo que preside Noelia Domenighini analizaron el planteo de los vecinos y solicitaron informes a las áreas de Inspección General y Seguridad de la comuna para verificar las denuncias sobre el funcionamiento de Sol Disco.

El caso reabrió el debate sobre la nocturnidad y la zonificación de los boliches. Mientras el expediente inicia su recorrido legislativo, los vecinos de Villa Italia se mantienen a la espera de posibles avances.

Y para cerrar, indicaron que “que gobernar es ordenar y distribuir homogéneamente los recursos y aquí le dejamos una buena obra antes que dejen sus mandatos, la que no puede ser omitida o freezada como los reclamos que anteriormente se realizaron”.

 La problemática que rodea al boliche bailable ubicado en pasaje Murature, entre Lisandro de la Torre y Figueroa, llegó al Concejo Deliberante a instancias de una nota que presentaron vecinos de la zona a través de la cual solicitaron la reubicación del local.

El expediente ingresó en la Comisión de Seguridad, Derechos Humanos y Género, que el miércoles realizó un primer abordaje del tema. La presidenta del espacio legislativo, Noelia Domenighini (Fuerza Patria), abordó detalles del pedido “recurrente” para la relocalización del emprendimiento privado hacia una zona no residencial, una medida que asoma como compleja en el actual esquema urbano de la ciudad.

En ese sentido, la comisión acordó el traslado de la problemática al Departamento Ejecutivo. El objetivo es determinar si el comercio está cumpliendo con las condiciones de su habilitación y qué tipo de controles se realizaron en los últimos meses.

Según explicó a El Eco Multimedios, el eje central del debate en la comisión giró en torno a la necesidad de obtener datos precisos sobre el funcionamiento de Sol Disco.

Domenighini señaló que enviaron una comunicación formal a la Dirección General de Habilitaciones para conocer si el local registró clausuras o inspecciones recientes.

Por otro lado, la intervención legislativa también alcanzó a la Secretaría de Protección Ciudadana. Si bien la comisión reconoció que la Municipalidad de Tandil no posee competencia sobre el número de efectivos policiales destinados a los operativos de nocturnidad, la consulta apunta a conocer si gestionaron un refuerzo ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La presencia de fuerzas de seguridad a la salida del boliche fue considerada como un factor para “interpelar y controlar a los jóvenes en estas problemáticas que describen los vecinos”, dijo.

El debate

La concejal subrayó que el traslado definitivo “es complejo” en función de la ausencia de un espacio que reúna a los emprendimientos vinculados a la nocturnidad. “Pensar en este tema es pensar en una política de organización de la ciudad a futuro, que no vamos a resolver en lo inmediato”, remarcó.

Sin embargo, consideró como una posibilidad a evaluar en una eventual modificación del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) “si es viable un lugar”, aunque aclaró que “Tandil creció exponencialmente hacia distintos lados y pensar dónde colocar boliches bailables es una discusión que habrá que darse para ver si existe una zona” especifica donde podrían ubicarse estos emprendimientos.

En este sentido, repasó que zonas que fueron consideradas como opciones para la nocturnidad, como los alrededores del Dique, hoy están habitadas por vecinos, lo que la descarta como opción.

Mientras se analiza la problemática, “le podemos dar una respuesta a los vecinos y la manera es haciendo el intercambio con el Ejecutivo”, concluyó Domenighini, dejando en claro que el tratamiento del tema seguirá vigente en la agenda legislativa.

El diputado bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, Matías Civale, presentó un proyecto de ley que busca ampliar el período de sesiones ordinarias en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa del legislador tandilense propone que el trabajo legislativo local se extienda desde el primero de febrero hasta el nueve de diciembre, con el objetivo de abordar las problemáticas que suelen quedar fuera de la agenda anual.

En concreto, la propuesta busca modificar el inciso 2 del artículo 68 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que actualmente establece el período ordinario de los Concejos Deliberantes entre el primero de marzo y el 30 de noviembre. Civale argumentó que el esquema vigente responde a una tradición institucional que ya fue superada en otros ámbitos, como el Congreso de la Nación tras la reforma de 1994.

El esquema de marzo a noviembre responde a una tradición institucional que, históricamente, también caracterizó a otros órganos legislativos del país. En efecto, hasta la reforma constitucional de 1994 el Congreso de la Nación sesionaba ordinariamente entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre, período que posteriormente fue ampliado como parte de un proceso de modernización.

En los fundamentos del proyecto, el legislador explicó que los períodos cortos de sesiones antes de 1994 respondían a una realidad histórica de limitaciones en el transporte y la comunicación, además del vínculo de los legisladores con las actividades rurales. "La historiografía señaló que estos esquemas se encontraban asociados al ciclo agrario", justificó el diputado.

Para el autor de la iniciativa, estas dificultades han sido superadas por la realidad contemporánea. Civale sostuvo que los gobiernos locales enfrentan hoy demandas crecientes de gestión, planificación y control durante todo el año calendario, lo que requiere un funcionamiento deliberativo más continuo y oportuno para la ejecución de partidas presupuestarias y obras públicas.

Extender el período ordinario de sesiones desde el 1º de febrero hasta el 9 de diciembre permitiría fortalecer la continuidad institucional del órgano deliberativo municipal, garantizar un control más oportuno sobre los actos de gobierno y evitar la acumulación de asuntos legislativos.

Finalmente, el tandilense advirtió que la limitación temporal actual obliga a diversos intendentes a postergar asuntos de gestión para las sesiones extraordinarias. Según precisó, una ampliación del período ordinario contribuiría a ordenar el trabajo legislativo municipal en función del calendario real de la gestión pública y la planificación de las administraciones locales.

Organizaciones civiles de Tandil presentaron un nuevo proyecto de ordenanza ante el Honorable Concejo Deliberante con el objetivo de revertir lo que calificaron como un “grave error” cometido en 2009, cuando se desprotegió parte del patrimonio urbano local. La iniciativa fue impulsada por la Asociación Civil Punto Verde Tandil, la Asamblea del Barrio de la Estación y la Asamblea Barrios de Piedra, que además solicitaron formalmente el uso de la Banca XXI para exponer su propuesta.

El planteo apunta directamente a la Ordenanza 11.400, que en su momento derogó la protección de más de 140 calles empedradas contempladas en la Ordenanza 9.821. Según las organizaciones, esa decisión significó una “regresión normativa inaceptable” que vulneró el principio de no regresión patrimonial y ambiental establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

“Es hora de corregir esta vulneración y realizar una reparación histórica que proteja la totalidad de las calles adoquinadas actuales, más de 160”, sostuvieron los referentes en la presentación.

El proyecto propone poner en valor el empedrado como un recurso clave para una ciudad sostenible. En ese sentido, destacan que su estructura permite una mejor absorción del agua de lluvia, reduciendo riesgos de anegamientos, y contribuye a mitigar el efecto de “isla de calor” en comparación con el asfalto.

Además, remarcan que mantener estas calles resulta más eficiente desde el punto de vista económico y ambiental, ya que se aprovecha un material cuyo impacto de extracción ocurrió hace más de un siglo.

Accesibilidad y seguridad vial

La propuesta también incorpora medidas para garantizar una circulación inclusiva y segura. Entre ellas, se contempla la instalación de cruces peatonales accesibles y nivelados en las esquinas, así como la implementación de zonas de “tránsito calmado”, con velocidades reducidas para priorizar al peatón.

Otro de los ejes del proyecto es la revalorización del adoquinado como parte de una obra integral de ingeniería y patrimonio cultural, vinculada al trabajo histórico de los picapedreros que dieron forma a la identidad de Tandil.

En paralelo, se propone el desarrollo de campañas de concientización para abordar las críticas vinculadas al impacto en los vehículos. Según argumentan, con un mantenimiento adecuado —basado en técnicas tradicionales como la “cama y junta de gravilla”— y velocidades moderadas, estas calles pueden garantizar una movilidad segura.

Control y participación ciudadana

La iniciativa también impulsa la creación de una Comisión de Asesoramiento Permanente, integrada por la UNICEN, colegios profesionales y organizaciones sociales, con el objetivo de supervisar las intervenciones en el patrimonio urbano.

“La transparencia en la gestión del patrimonio es un derecho”, remarcaron, al tiempo que cuestionaron decisiones adoptadas sin participación ciudadana en el pasado.

Finalmente, las organizaciones señalaron que el pedido de la Banca XXI busca garantizar el derecho a la participación pública efectiva, en línea con el Acuerdo de Escazú. En ese marco, instaron al Concejo Deliberante a asumir la responsabilidad de avanzar en una reparación histórica y proteger un patrimonio que, aseguran, “no es solo memoria, sino también una apuesta al futuro de la ciudad”.

El concejal Marcos Nicolini (Hechos-Alternativa Tandil) presentó un proyecto para eximir del pago de la Tasa Unificada de Actividad Económica (TUAE) a comerciantes locales durante el mes de abril. La medida abarca a un grupo específico de rubros, a los fines de generar condiciones comerciales equitativas en el marco de la instalación de diversas ferias para Semana Santa.

“Me parece que es una cuestión de equidad para el comerciante que todos los meses paga sus impuestos, no solo las tasas municipales sino también los impuestos nacionales y provinciales”, expresó el edil en diálogo con El Eco de Tandil. “Ahora tiene que haber un consenso y además tiene que haber una aceptación de parte del Departamento Ejecutivo. Está la facultad de veto también. Entonces esto debería salir con un amplio consenso y que el Ejecutivo acepte”, sumó.

La iniciativa fue presentada en el marco de la última sesión del Concejo Deliberante, donde Nicolini pidió la palabra para dar cuenta de que había elevado el proyecto, y solicitó al resto de los bloques que considere el acompañamiento.

El texto de la ordenanza surgió de aquel que durante el 2025 había presentado el concejal mandato cumplido Juan Manzzoni como parte de PRO-MID. A la fecha Manazzoni integra el equipo de Hechos Alternativa Tandil, por lo que el bloque de Nicolini y Matías Meli tomó la propuesta y volvió a elevarla para su posible tratamiento.

En diálogo con El Eco, Nicolini sostuvo que de parte del bloque “tenemos y tuvimos varias iniciativas con respecto a morigerar la presión fiscal. De hecho, no votamos los últimos presupuestos porque nos pareció alta la presión fiscal desde el Municipio con las tasas”.

Al respecto, indicó que “hay una iniciativa del bloque Alternativa Tandil que tomó el Ejecutivo ya hace dos años de hacer la exención de la TUAE para aquellas empresas y comercios que se instalen. Al 100 por ciento el primer año y al 50 por ciento el segundo año. Nuestro proyecto era para todo aquel que abra un comercio o empresa. El Ejecutivo cuando tomó la idea y lo hizo solo para los monotributistas, pero nos parece que tendría que ser para todos”.

En ese marco, y tomando el proyecto original de Manazzoni, el bloque propuso una exención impositiva fiscal pensada para el mes de abril, contemplando el período de ferias de Semana Santa.

“En este caso puntual, lo que nosotros estamos proponiendo es algo que propuso ya el año pasado el concejal mandato cumplido Juan Manazzoni. Estamos trabajando juntos ya hace bastante tiempo y nos pareció una idea buena para que todos los comerciantes que tengan los rubros que de alguna manera compiten con las ferias de Semana Santa, tengan una exención de la TUAE durante el mes de abril”, dijo Nicolini.

“Lo presentamos y le pedí a los concejales que nos aboquemos al tratamiento. Esto va a la Comisión de Economía seguramente. Así que a partir de ahí tendremos que trabajar para lograrlo”, sumó.

En concreto, Alternativa Tandil propuso la eximición de la TUAE para artículos de bazar y menaje, calzado, equipo e indumentaria deportiva, indumentaria para bebés y niños, prendas y accesorios de vestir, ropa interior, prendas para dormir y para la playa.

Entre los considerandos del proyecto, el bloque señaló que “toda actividad comercial debe desarrollarse conforme a la legislación laboral, fiscal y de seguridad, garantizando competencia leal y protección al consumidor”, así como también que “la falta de igualdad de condiciones coloca a los comercios formales en desventaja, provocando una caída significativa en sus ventas durante el mes de Semana Santa, con impacto directo en el empleo registrado y en la recaudación municipal”.