El Gobierno nacional oficializó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales y confirmó la apertura de los sobres económicos para este miércoles. La medida fue formalizada a través de la Resolución 1024/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Tras finalizar la evaluación de las propuestas presentadas, el Ministerio de Economía de la Nación comunicó que 22 oferentes continúan en carrera para adjudicarse la denominada “Red Federal de Concesiones - Etapa III”, la cual se desarrolla bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje. Este proceso forma parte del plan para privatizar la empresa estatal Corredores Viales, con el objetivo de completar un total superior a los 9.000 kilómetros concesionados en todo el país. Esta tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales.

La cartera encabezada por el ministro Luis Caputo detalló que se presentaron 22 oferentes que realizaron 50 ofertas para los ocho tramos en competencia: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. Entre las empresas que superaron la instancia de precalificación se encuentran importantes constructoras como CPC, que presentó ofertas en todos los tramos, la UTE de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina, entre otras.

La normativa también desestimó las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo. La Comisión Evaluadora determinó que este grupo no cumplió con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos.

Dicho oferente presentó una impugnación al dictamen de precalificación, alegando que se debían aceptar documentos adicionales presentados fuera de término. Sin embargo, Economía rechazó el planteo argumentando que “admitir nuevos antecedentes alteraría el principio de igualdad entre los participantes”.

Con la aprobación de esta primera etapa, el Gobierno se prepara para conocer las propuestas técnicas y económicas definitivas. La resolución establece que la apertura del Sobre N° 2 de las ofertas precalificadas tendrá lugar este miércoles 22 de julio, a las 09:00 horas, a través del portal oficial CONTRAT.AR. Con este proceso, el Ejecutivo busca que los nuevos concesionarios privados se hagan cargo de la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales, permitiendo además la realización de explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales.

A dos semanas del inicio de la concesión del corredor vial que incluye a la Ruta Nacional 226 en manos de Corresur, y mientras se esperan certezas sobre la situación laboral de los empleados del puesto de La Vasconia, las estaciones de peaje avanzaron en la incorporación de sistemas de pago electrónico con el objetivo de agilizar la circulación y reducir los tiempos de espera.

En este contexto, la empresa difundió una serie de precisiones para orientar a los conductores sobre el funcionamiento del sistema, las alternativas de pago disponibles y el procedimiento para regularizar el importe cuando un vehículo atraviesa una cabina sin concretar el pago.

En primer lugar, indicaron que las cabinas identificadas con la leyenda “esta estación solo acepta pagos electrónicos” ya no reciben dinero en mano. Los usuarios adheridos a TelePase podrán atravesar estas cabinas sin detenerse, ya que el importe se debita automáticamente del medio de pago asociado.

Alternativas

En tanto, quienes no se encuentren registrados en ese sistema pueden podrán pagar en las vías habilitadas para Pago Electrónico Manual, utilizando tarjetas de débito o crédito con tecnología contactless (NFC) o mediante billeteras virtuales a través de un código QR.

La empresa aclaró que, si por algún motivo el conductor atraviesa una vía sin concretar el pago, no pierde la posibilidad de regularizar la situación. El paso del vehículo quedará registrado mediante sensores y lectores que identifican el dominio, permitiendo cancelar el peaje posteriormente de forma online y evitar la aplicación de multas.

Ante este panorama, la firma elaboró un detalle pormenorizado del proceso administrativo que deben seguir los conductores para mantenerse al día con sus obligaciones viales.

El paso a paso para el pago electrónico

Una vez que el vehículo realizó el paso por la estación de peaje sin haber abonado, el titular debe ingresar al sitio oficial de la empresa para regularizar los viajes.

El portal web www.corresur.com.ar cuenta con un acceso animado y visible en la parte superior, diseñado específicamente para la consulta de deudas. Al hacer clic en esa sección, el sistema redirecciona al contribuyente a una plataforma de validación de datos personales y del vehículo para asegurar la privacidad del trámite.

Para acceder al estado de cuenta, es requisito completar un formulario digital. El usuario deberá ingresar la patente del rodado, el nombre y apellido del titular y los números de DNI o CUIT correspondientes. Asimismo, el sistema solicita un teléfono de contacto y un correo electrónico para enviar las confirmaciones de pago.

Tras la validación de la información, la plataforma mostrará las pasadas pendientes de pago registradas por los sensores de las estaciones asociadas a la patente.

Una vez seleccionadas las deudas, el contribuyente podrá elegir el medio de pago digital para cancelar el saldo y evitar posibles multas por mora.

El sistema de gestión no se limita únicamente a los peajes administrados por la concesionaria. Gracias a una integración de plataformas, la consulta web permite visualizar pasadas pendientes en otros corredores viales que utilizan la misma tecnología de gestión.

Recomendaciones

Pese a la disponibilidad del pago posterior a través de la web, desde Corresur recomendaron la adhesión al sistema TelePase como la alternativa más eficiente para atravesar las estaciones de peaje “sin detener la marcha” y con tarifas “más convenientes”.

La adhesión se realiza en forma gratuita y puede gestionarse de manera online a través del sitio oficial www.telepase.com.ar. Los interesados deberán asociar su vehículo a un medio de pago para que los cobros se efectúen automáticamente en cada viaje.

Nueva concesión

Desde el pasado 1 de julio, la empresa Corresur se hizo cargo de la operación y el mantenimiento de un corredor estratégico para la provincia, que abarca las autopistas Riccheri, Ezeiza-Cañuelas y J. Newbery, junto a las rutas nacionales 3, 205 y 226. El plan integral, que comprende una extensión total de 1.325 kilómetros, puso en marcha frentes de trabajo inmediatos para el bacheo, sellado de fisuras y recuperación de la calzada.

Las primeras intervenciones se concentraron en sectores prioritarios, abarcando 431 kilómetros iniciales. Entre las acciones desplegadas, se destacó la puesta en funcionamiento de cinco plantas asfálticas de última generación, una de las cuales se encuentra radicada en Tandil, con el objetivo de garantizar la logística y reducir los tiempos de ejecución de las obras de bacheo profundo y señalización.

En paralelo con las obras viales, iniciará la “transformación tecnológica progresiva” de las estaciones de peaje. Según se informó, “todas las estaciones de peaje operarán sin pago en efectivo”, por lo que el cobro se realizará a través de medios electrónicos y automáticos con el objetivo de reducir los tiempos de espera, agilizar la circulación y modernizar la experiencia de los usuarios.

Como parte de este proceso, las estaciones incorporarán dispositivos que permitirán abonar el peaje con tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless o mediante códigos QR a través de las billeteras virtuales habilitadas.  TelePASE es el medio de pago recomendado para transitar por las estaciones de manera “más ágil y eficiente”.

Situación laboral

La nueva concesión del corredor vial que incluye a la 226 convocó, por el momento, a 14 de los 35 trabajadores que quedaron desvinculados al finalizar la gestión de Corredores Viales que cumplían tareas en el peaje La Vasconia.

La semana pasada, según pudo establecer este Diario, fueron reincorporados los cuatro supervisores, parte del personal de maestranza, trabajadores de mantenimiento general, soporte técnico y algunos empleados que asistirán en las cajas cuando se incorporen los dispositivos electrónicos de cobro.

Las negociaciones, no obstante, permanecen abiertas entre el Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) y representantes de la firma.

El Gobierno nacional concretó el pasado martes la firma del contrato de concesión de la Vía Navegable Troncal, la principal arteria fluvial por la cual circula cerca del 80 por ciento del comercio exterior argentino. Con este paso, se dio inicio formal a una nueva etapa de gestión privada que, según destacó el Ministerio de Economía, permitirá reducir costos logísticos, modernizar la infraestructura y mejorar la competitividad de las exportaciones.

La concesión quedó bajo la responsabilidad del consorcio integrado por Jan de Nul y Servimagnus, empresas que cumplieron con los requisitos administrativos exigidos. Entre las obligaciones asumidas se encuentra la creación de la sociedad específica Vía Navegable Argentina S.A., el traspaso de activos de la administración estatal y la contratación del personal necesario para ejecutar las tareas de dragado, balizamiento y registro hidrométrico.

A partir del inicio del nuevo esquema, se activó de forma automática una reducción del 13,5 por ciento en el valor del peaje de la vía navegable. Asimismo, comenzarán las obras de profundización del canal y la incorporación de nuevas tecnologías para optimizar la navegación, lo que permitirá que los buques operen con mayor carga y reduzcan sus tiempos de navegación desde los puertos de origen.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que estas mejoras tendrán un impacto directo sobre los costos de las exportaciones y fortalecerán la competitividad de los sectores productivos e industriales. Este proceso marca el fin de la gestión estatal de la estratégica vía para dar paso a un modelo basado en la inversión privada.

El Ministerio de Economía afirmó que la licitación concluyó sin impugnaciones por parte de las empresas participantes y destacó que se trató de uno de los procesos más complejos desde el punto de vista técnico. El procedimiento se desarrolló bajo criterios de transparencia y participación, incluyendo mesas técnicas con usuarios privados, especialistas, productores, industriales, representantes de los sectores naviero y portuario, universidades y provincias ribereñas.

La licitación contó con el acompañamiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo que supervisó el cumplimiento de estándares internacionales. Aunque la operación quedará en manos privadas, el Gobierno mantendrá el rol de autoridad de control y avanzará en la conformación definitiva del Consejo de Control, integrado por representantes de las provincias ribereñas y usuarios privados.

Desde el Ejecutivo señalaron además que el sector privado respaldó el nuevo esquema y calificó la firma del contrato como “un hito histórico para la producción”, al considerar que permitirá consolidar una infraestructura clave para el desarrollo del comercio exterior argentino.

En una medida que busca transformar la gestión de la infraestructura vial en el país, el Ministerio de Economía de la Nación oficializó la adjudicación de tramos estratégicos de la red caminera. El anuncio fue realizado por el ministro Luis Caputo, quien confirmó el avance de la denominada Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones.

A través de sus canales oficiales, el titular de la cartera económica detalló el alcance de esta resolución que impacta sobre una extensa red de caminos nacionales. Según explicó el funcionario, la medida abarca corredores fundamentales para la conectividad y el transporte de carga en diversos puntos del territorio nacional.

"Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones. El Tramo Pampa comprende la RN 5 hasta su empalme con la RN 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, y las RN 3, 205 y 226", indicó Caputo.

Esta adjudicación representa un cambio de paradigma en la administración de las rutas, ya que el Gobierno nacional apuesta por un modelo donde el financiamiento recaiga exclusivamente en el sector privado. En este sentido, el ministro destacó que la iniciativa busca optimizar los recursos públicos y mejorar las condiciones de transitabilidad para los usuarios finales.

Respecto a las condiciones técnicas y económicas de este nuevo esquema, el jefe del Palacio de Hacienda precisó los alcances de la gestión que se llevará adelante en estos corredores: "Son más de 1.800 km de rutas nacionales que pasarán a operar bajo un esquema sin subsidios, con inversión 100 % privada y mejores estándares de servicio para los argentinos".

La firma de esta resolución marca el inicio de una nueva etapa para la infraestructura nacional, centrada en la eliminación de las partidas presupuestarias estatales para el sostenimiento de estas vías. El objetivo planteado por el Ministerio de Economía es que la red se autosustente mediante el aporte de los privados, garantizando así la calidad de las calzadas sin comprometer el equilibrio fiscal.

A pesar de la confirmación de la adjudicación de estos tramos, que incluyen arterias vitales como la Ruta Nacional 3 y la Ruta Nacional 226, el Gobierno aún no ha dado a conocer los nombres de las empresas o consorcios que resultaron ganadores del proceso licitatorio. Se espera que en los próximos días se brinden mayores precisiones sobre las firmas que asumirán la responsabilidad de la operación y mantenimiento de estos 1.800 kilómetros de traza vial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la adjudicación para el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, el consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA resultó ganador con una tarifa de $997 sin IVA.

En el Tramo Pampa, la adjudicación recayó en la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una oferta económica de $2.355,37 pesos IVA.

En el Tramo Sur, el orden de mérito tras el ganador incluyó al consorcio de Panedile Argentina, Supercemento y Eleprint con una tarifa de $ 1.057,85.

En tercer lugar quedaron Benito Roggio e Hijos y Jose Chediack con $1.230,57 pesos, seguidos por Creditech y Construcciones Electromecánicas de Oeste con $1.248. La lista para este sector la completan CPC y Clear Petroleum con $ 1.297,52, y Vial Agro junto a Fontana Nicastro con $1.322,31.

Para el Tramo Pampa, el segundo lugar en el orden fue para CN Sapag y Víctor M. Contreras con una oferta de $2.477,77 pesos. Les siguieron CPC y Clear Petroleum con $2.659,92 y el grupo conformado por Merco Vial, Lemiro Pablo Pietroboni y Asesores Financieros Andalucía con $2.975 pesos.

Los últimos puestos fueron para Vial Agro y Fontana Nicastro con $ 3.219 pesos, y el consorcio liderado por Concret Nor con $3.354 pesos.

El Ministerio de Economía oficializó la incorporación de una nueva circular modificatoria en la licitación pública nacional e internacional 504-0015-LPU25, correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 555/2026, redefine el cronograma del proceso y fija nuevas fechas para la presentación y apertura de ofertas en uno de los proyectos clave del esquema de privatización de la infraestructura vial.

Según lo dispuesto, el cierre para la presentación de propuestas se realizará el 11 de mayo de 2026 a las 12 horas, mientras que la apertura del Sobre número uno quedó establecida para ese mismo día a las 13, a través del sistema CONTRAT.AR. La modificación se inscribe en el proceso iniciado por el Gobierno tras declarar sujeta a privatización a Corredores Viales S.A., en el marco de la ley 27.742 y bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje previsto en la ley 17.520.

El esquema forma parte del proyecto Red Federal de Concesiones, una arquitectura diseñada para transferir al sector privado la operación, mantenimiento y explotación de tramos estratégicos de la red vial nacional. El objetivo explícito es eliminar el déficit operativo y reordenar las cuentas públicas en el área de infraestructura. La licitación en cuestión abarca los tramos Mediterráneo, Puntano, Portuario Sur y Portuario Norte, e incluye no solo la gestión vial sino también la posibilidad de desarrollar explotaciones complementarias.

La Resolución 555/2026 no altera el contenido técnico ni las condiciones estructurales del proceso licitatorio, pero introduce un cambio operativo relevante: la reprogramación de los plazos. La Circular Modificatoria número dos, incorporada a los pliegos, responde a una intervención de la Secretaría de Transporte y se suma a modificaciones previas que ya habían ajustado la documentación licitatoria.

En términos concretos, el Gobierno nacional redefine el calendario en una etapa sensible del proceso, donde se espera la participación de oferentes nacionales e internacionales. El movimiento revela un doble objetivo: el Ministerio de Economía mantiene el control sobre el ritmo del proceso de privatización y, al mismo tiempo, envía una señal hacia potenciales inversores sobre la vigencia del proyecto bajo una administración centralizada.

El Gobierno nacional dio un paso fundamental en el proceso de privatización de rutas nacionales y autopistas al realizar la apertura de las ofertas económicas presentadas por las constructoras interesadas en la concesión de corredores estratégicos. La licitación, que corresponde a la Etapa II - A de la Red Federal de Concesiones, abarca el mantenimiento y la operación de un total de 1.871 kilómetros de caminos, incluyendo las rutas 3, 5, 205 y 226, además de diversas autopistas.

Según los datos publicados en el portal Contrat.Ar, el consorcio integrado por las firmas Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco fue el que propuso la tarifa de peaje más económica para el tramo de 1.325 kilómetros que comprende la Ruta Nacional 226 hasta Mar del Plata, la Ruta 3 hasta Bahía Blanca y la Ruta 205 hasta Bolívar. La oferta presentada por este grupo fue de 997 pesos más IVA.

En tanto, para el corredor de 546 kilómetros sobre la Ruta 5, que une Luján con Santa Rosa, la propuesta más baja fue de 2.355,37 pesos más IVA, por parte de la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste. Con estos resultados, el consorcio ganador se posiciona por delante de competidores históricos del sector vial como Roggio, Panedile de Hugo Dragonetti y Cristóbal López.

El proceso licitatorio no estuvo exento de conflictos políticos. La convocatoria fue impugnada por la gestión del gobernador Axel Kicillof, que participó a través de la empresa Autopistas de Buenos Aires (Aubasa) y resultó descalificada. Diversos funcionarios bonaerenses denunciaron que se filtró su oferta económica antes de tiempo y aseguraron que la disputa legal continuará en la Justicia.

Actualmente, la red de rutas nacionales cuenta con unos 40.000 kilómetros, de los cuales 10.000 ya estaban concesionados y otros 9.000 se encuentran en proceso de privatización. Para el resto de las trazas, el Gobierno nacional autorizó a nueve gobernadores aliados para que implementen el cobro de peajes y garanticen la viabilidad de los caminos.

A través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales emplazados en sus territorios bajo el sistema de obra pública por peaje. La medida, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete Manuel Adorni y el ministro de justicia Juan Bautista Mahiques, beneficia a distritos cuyos mandatarios mantienen vínculos cercanos con la Casa Rosada.

Las provincias alcanzadas por la normativa son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. De esta manera, los gobernadores Juan Pablo Valdés, Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora, Claudio Poggi, Alfredo Cornejo, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Marcelo Orrego y Claudio Vidal podrán asumir la administración y mantenimiento de los tramos viales correspondientes.

El documento oficial aclara que el Estado nacional mantendrá la titularidad y podrá reasumir la gestión de los corredores en cualquier momento. En ese sentido, destaca que la delegación tendrá un carácter “funcional, limitado, temporal y revocable” y que “no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales involucrados, los que permanecerán bajo exclusiva titularidad del Estado Nacional”.

Según los considerandos de la medida, el objetivo es el fortalecimiento del régimen federal, permitiendo que las jurisdicciones provinciales asuman la reparación, ampliación y conservación de las rutas. El decreto también establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a obras ajenas a la concesión otorgada.

Esta decisión nacional se produce en un contexto de fuerte tensión con la administración de Axel Kicillof, luego de que la empresa estatal bonaerense Aubasa fuera excluida del proceso licitatorio destinado a modernizar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos. 

Desde el Gobierno nacional justificaron la decisión alegando motivos técnicos. “Su exclusión responde exclusivamente a cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación, los cuales fueron oportunamente aceptados por todos los oferentes al momento de su presentación”, indicaron.

Frente a esta situación, el ministro de gobierno bonaerense, Carlos Bianco, anticipó una ofensiva judicial al considerar que la Nación busca excluir a la empresa estatal de licitaciones clave para operar rutas nacionales.

Tras la recisión del contrato al último concesionario, el Estado municipal está a cargo de la administración de la Terminal de Ómnibus de Tandil, está ejecutando obras de reacondicionamiento por un monto de 200 millones de pesos y prepara el pliego de bases y condiciones para una nueva licitación. Así lo explicó el subsecretario de Gobierno, Mariano Martina, quien repasó las decisiones que tomaron en relación con el edificio emblemático, área de recepción y egreso de turistas.

En diálogo con “Tandil despierta” (Eco TV y 104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios), el funcionario recordó que “en febrero del año pasado, por pedido del Intendente y a la vista de que se trata de la entrada a la ciudad y de que no estaban las condiciones que se pretendían -tanto las establecidas en el pliego que se hizo en su momento como las que uno puede pretender de una ciudad que es turística, que recibe visitantes todo el tiempo y demás-, nos encomendó ver el estado de situación de la concesión y si había incumplimientos, revocarla, y fue lo que se hizo el año pasado que se revocó la concesión existente”.

Recién llegado al cargo, Martina indicó que el concesionario no se opuso, teniendo en cuenta que había “incumplimientos manifiestos” del contrato de concesión, como la falta de pago del canon, con una deuda acumulada de más de un año. “Era causal suficiente para revocarlo”, afirmó y precisó que “había una parte paga, había deuda en ejecución de apremio; había de todo en cuanto a situación de deuda de canon”.

En tanto, argumentó que el canon que dejó de percibir la comuna “era un número que no iba a hacer la diferencia económica para el Municipio si uno lo pone a la par de la importancia que tiene la Terminal como espacio importante para la actividad turística de la ciudad, entonces se decidió prescindir de contar con ese canon, asumir desde el Estado la administración de la Terminal al menos temporalmente, mientras elaboramos un nuevo pliego de bases y condiciones y un nuevo llamado a licitación”.

En igual sentido, Martina señaló que mientras prepara la documentación para licitar la explotación del predio, “estamos realizando algunas obras que entendemos que son muy importantes en la Terminal, con una inversión fuerte de parte del Municipio para poder mantener ese inmueble que está en la entrada de la ciudad”.

Enumeró que ejecutaron las veredas perimetrales, sumaron la impermeabilización total del techo y se hicieron los baños a nuevo, ampliando los existentes y anexando uno para personas con discapacidad.

En paralelo, también trabajaron en el sector de servicios, área que alimenta y distribuye redes básicas a los locales, pero además renovaron la instalación eléctrica de los espacios comunes.

El exdirector de Juventud resumió que se destinaron más de 200 millones de pesos a la Terminal, con el objetivo de ponerla en condiciones para una nueva licitación, de modo que el futuro concesionario se focalice en dar un buen servicio y no en mantener el edificio.

“Lugar para mejorar y potencialidad, el espacio tiene un montón. La verdad que el Municipio ha centrado la inversión a realizar en ponerla en condiciones desde lo edilicio, pero creemos que hay camino para explotarlo y mejorar el servicio que se presta muchísimo. Creemos que es una tarea que tiene que hacer un concesionario”, dijo.

Aclaró que “el Estado municipal en este momento está administrando temporalmente la Terminal para poder desarrollar esas obras, entregarle al concesionario un edificio en condiciones de ser habilitado, que tenga todos los matafuegos que corresponda y todas las condiciones mínimas que uno le exigiría a cualquier comerciante para habilitar” y reconoció que en la concesión anterior “el edificio se vino abajo”.

En ese sentido, insistió en que avanzan con mejoras en infraestructura, proyectan intervenir en carpinterías y accesos, pero descartó que la comuna prevea de algún sistema de calefacción antes de que llegue el frío. “La idea es colocar puertas automatizadas, por limpieza, evitar ingreso de animales y templar el lugar”, dijo pero ató esta inversión al presupuesto.

En relación con las fechas previstas, el subsecretario manifestó que “tenemos el objetivo de a mediados de año, a fines de junio, tener un nuevo concesionario, principalmente porque si bien el Estado ahora se ha hecho cargo de los arrendamientos de los locales que hay adentro, de las boleterías y todo lo que es el dinero que ingresa cada vez que un colectivo entra a plataforma y demás, no es la ecuación económica conveniente, entra lo mismo que se va, y esa rentabilidad la puede conseguir un tercero”.

Recordó la reforma integral anunciada por Nación antes de la asunción del presidente Javier Milei “quedó en el tintero” y aclaró que “lo que se está haciendo es con presupuesto municipal, con el esfuerzo de todos los tandilenses, y lo estamos tratando de hacer de la manera más eficiente posible, la mayor cantidad de obras usando eficientemente el recurso, mucho por administración municipal, con gran esfuerzo de los trabajadores del Municipio. Se va trabajando en una transición hacia una nueva concesión que pueda explotarla mejor, generar más recursos y a partir de allí, brindar un mejor servicio”.

En cuanto a las expectativas para el proceso, compartió que “pretendemos que haya muchos oferentes, muchos interesados, que haya proyectos innovadores para el espacio, que no simplemente sea alguien que venga a administrar alquileres y brindar servicios, sino que piense la Terminal como un bien estratégico. Nosotros desde el pliego le estamos dando esa mirada en lo que se está elaborando como para abrir el juego a que no solamente piensen en administrar un café y una Terminal, sino pensar el espacio como algo más”.

El Gobierno nacional avanzó con la firma de los contratos sobre la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas 12, 14, 135, A015, 117 y del Puente Rosario–Victoria (RN 174). Se trata de la Etapa I de la red Federal de Concesiones, que comprende la privatización de algunas rutas del país.

De esta forma, desde el pasado miércoles la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. tomó posesión del Tramo Oriental, en adelante Autovía del Mercosur, y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Obring SA, Rovial SA, Edeca SA, Pitón SA y Pietroboni SA, hizo lo propio en el Tramo Conexión, en adelante Conexión Alto Delta.

La primera adjudicataria gestionará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Asimismo, la UTE se encargará del Puente Rosario–Victoria (RN 174), que conecta Entre Ríos y Santa Fe.

La Etapa I está conformada por 741 kilómetros que forman parte del corredor del Mercosur, que facilita el comercio y la integración regional con Brasil y Uruguay. Además, conecta pasos fronterizos estratégicos e incluye el Puente Rosario–Victoria sobre el río Paraná, en cercanía con accesos a puertos y centros productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y el desarrollo logístico.

Según consignó Economía en el comunicado, “el nuevo sistema no contará con ningún subsidio por parte del sector público, que hasta el momento realizaba aportes para sostener un esquema de concesión deficitario y que no brindaba beneficios reales para los usuarios”.

En esa misma línea, señalaron que los nuevos peajes serán de $3.563 en el Tramo Oriental y $3.385 en el Tramo Conexión, con cobro 100% electrónico.

Las concesiones viales impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre decenas de rutas nacionales continúan generando una fuerte polémica en Tandil y en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Las críticas se centran en la precariedad de los pliegos licitatorios y en la extensión de los permisos de concesión por varias décadas, sin que se contemple un plan claro de inversiones por parte de las empresas privadas.

En el caso de Tandil, la preocupación se focaliza principalmente en la Ruta Nacional 226, una vía estratégica para el turismo y la conectividad regional. A este reclamo se suman cuestionamientos similares en torno a las rutas nacionales 3, 5 y 205, así como también a la situación de la autopista Riccheri–Ezeiza.

Bajo este contexto, en las últimas horas el intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo con medida cautelar al considerar inconstitucional la Resolución 1843/2025, que regula los denominados tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones, dentro de la cual se incluyen las rutas mencionadas.

La acción judicial recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, y tiene como objetivo central solicitar la nulidad de dicha resolución. La presentación de Gray, referente del Partido Justicialista, coincide con los reiterados cuestionamientos formulados por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) respecto de la denominada Red Federal de Concesiones.

Desde el Conaduv expresaron su respaldo a la iniciativa judicial y señalaron que la misma busca “resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del gobierno nacional”. 

Según el organismo, el esquema propuesto implica “la continuidad de un régimen de falso peaje que funciona como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto e inviable desde el punto de vista económico”. Asimismo, advierten que podría generar serios perjuicios sociales y económicos, tanto para los usuarios directos como indirectos de la red vial.

Desde el comité remarcaron que la acción judicial pone de relieve “la ausencia de un ente regulador creado por ley, con participación efectiva de los usuarios viales”, una falencia que consideran clave en el esquema planteado por el Ejecutivo nacional.

Finalmente, el Conaduv reiteró la necesidad de avanzar hacia “un proyecto vial libre de peajes que abarque la totalidad de la red caminera del país” y exhortó al Gobierno a reasignar de manera efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles para el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales.

El lunes el Gobierno dispuso el cierre “definitivo” de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial, en una medida que reconfigurará el escenario en torno a la obra pública en la materia.

En diálogo con La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming) el exdirector de asuntos legales del organismo nacional, el tandilense Ricardo Stoddart, analizó los efectos de la decisión impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Desde su perspectiva, observó que la dependencia “ya estaría disuelta” gracias a las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo y advirtió que el proceso seguramente será judicializado por los gremios del sector, que ya lo consideran inconstitucional.

“Vialidad era un organismo con fondos propios, autárquico y descentralizado por ley”, recordó, al tiempo que expresó dudas sobre la eficacia del nuevo esquema: “Si pensamos que disolviendo el organismo se termina la corrupción, no entendemos cuál es realmente el problema”, dijo y apuntó a quienes lo administran.

En otro párrafo de la entrevista, se enfocó en los procesos impulsados para las nuevas concesiones viales y en la prioridad actual del Gobierno en materia de infraestructura vial, y estimó que, mientras se reorganiza el sistema, el país entra en “un limbo” que se extenderá, según estimó, hasta 2027.

“El problema no es el organismo"

Al abordar el tema, Stoddart remarcó que la dependencia “ya estaría disuelta” en virtud del uso de las facultades delegadas que otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo nacional. “No tengo dudas que esto se va a judicializar”, advirtió y argumentó que los gremios vinculados a la actividad “dijeron que se iban a presentar ante la Justicia porque consideran que es inconstitucional la medida”.

Independientemente de este escenario, se mostró a favor de las estructuras que “hagan más eficiente el Estado” y en las cuales “se puedan generar sinergias”.

En efecto, mencionó el caso del exOccovi (Órgano de Control de Concesiones Viales), “manejado por personas nefastas”, que “debía velar y fiscalizar que las obras de los corredores viales se realicen conforme estaban estipulados en los pliegos”.

Bajo la premisa de “siempre estar del lado de hacer más eficientes las estructuras”, durante la gestión de Mauricio Macri “disolvimos” el organismo para dar paso a una “gerencia de planeamiento y concesiones dentro del ámbito de Vialidad”.

No obstante, retomó el tema central y planteó que “si pensamos que disolviendo Vialidad se acaba la corrupción en la obra pública, no estamos entendiendo cuál realmente es el problema”.

“El problema no es el organismo, el problema no es ahora va a haber una nueva agencia de control de concesiones. ¿Quién nos garantiza que eso sea algo que va a ser superador de lo que teníamos?”, alertó para luego considerar que la clave está en “quiénes son los que administran, controlan, dirigen”. En definitiva, “el funcionario es clave en todo esto”.

El organismo y sus alcances

-¿Vialidad tenía autonomía?

-Sí, por supuesto. Ahora parte de lo que son obras va a ir al a la Secretaría de Obras dentro del Ministerio de Economía y habrá una fiscalización a través de esta nueva agencia de control, que no sabemos quién va a estar ahí ni cómo va a funcionar. Me gustaría esperar un poco a ver a quiénes designan y cuál es el poder de fuego que tienen desde ahí adentro. Lo que sí es cierto es que Vialidad era un organismo autárquico, descentralizado, creado por ley, que tenía fondos propios. Había órganos de control dentro de Vialidad que no funcionaron y otras fiscalizaciones externas fuera de Vialidad, como es la Sindicatura General de la Nación que evidentemente no funcionaron por todo lo que pasó desde el 2003 a 2015; no había que ser un erudito en auditorías para darse cuenta que se realizaban pagos y las obras no avanzaban. Vialidad tiene gran responsabilidad de lo que pasó porque siempre tuvo una planta totalmente sobredimensionada. Nosotros cuando llegamos con Mauricio Macri y con Javier Iguacel depuramos la planta, hicimos mucho más eficiente Vialidad Nacional. Es cierto que tiene 24 distritos y una extensión territorial enorme, pero de los 5.600 empleados que tenía, 1.100 estaban en Capital Federal.

-¿Había mucho personal administrativo?

-Primero, una planta totalmente sobredimensionada en la administración, que eso no se depuró, nosotros lo hicimos en su momento. Y después gente en los distritos en las distintas provincias, pero más con carácter administrativo, representación sindical. Obviamente que en cuatro años no podés hacer un proceso virtuoso para terminar con todo eso. Terminó (la gestión de) Mauricio y vino Alberto (Fernández) y así estamos, es como que es un círculo vicioso. Ahora viene Javier Milei, que creo que no tiene un plan. Creo que el Gobierno tiene otros problemas y evidentemente las rutas no son su prioridad. Ahora dicen que vamos a concesionar 9.900 kilómetros. Corredores Viales lo creamos con Javier Iguacel cuando le sacamos la concesión de la autopista Richeri a Cristóbal López. ¿Por qué se la sacamos? Porque no cumplía con las obras que tenía establecidas. Todos los tandilenses pueden ver cada vez que salen de la Capital para volver a Tandil, llegar al rulo de Ezeiza. Toda la obra de ese distribuidor está proyectada hace 20 años para hacerse. Después viajar por las rutas argentinas, agarrar la Ruta 3 es complicado. Nosotros propusimos en su momento la variante de Las Flores, la variante de Monte. Son proyectos que están listos hace ocho años. ¿Por qué no se ejecutan?

-¿Y por qué no se hicieron también?

-Puedo decir lo que pasó entre 2015 y 2019. Nosotros tuvimos récord de despacho de asfalto, histórico. No es una opinión, es un dato. En el gobierno de Mauricio (Macri) récord de despacho de asfalto, récord de construcción de kilómetros de autopista de acuerdo a lo que había construido. Nosotros tenemos 40 mil kilómetros de rutas nacionales pavimentadas y teníamos 1.200 kilómetros de autopista. Es así, es la realidad del país que tenemos. Después vienen gobiernos que tienen otra problemática, otras urgencias. Hoy no sé qué van a hacer de las rutas argentinas.

Los tiempos 

-¿No cree que se vaya a hacer algo?

-Es que no hay tiempo. Es un proceso. Ahora sale la licitación del primer corredor, la Ruta 14 en Entre Ríos, que es la ruta del Mercosur; tiene un tránsito de 25 mil vehículos por día, el 60 por ciento son camiones. Ahora la van a concesionar nuevamente. El proceso de licitación, adjudicación, firma de contrato, hasta que veamos obra de mantenimiento en la ruta 14, que es la primera, no será hasta antes de febrero, marzo de 2027.

-¿Por qué son procesos tan largos?

-Dicen que va a salir en agosto, se hacen las presentaciones, la licitación, supongamos 120 días, 90 días, te queda el 26 y la concesionaria tiene por lo menos 12, 14 meses para simplemente hacer mantenimiento. Eso te lleva febrero, marzo de 2027. No hablo de obras de ampliación, de mejora, de hacer mantenimiento. El 60 por ciento de la red vial es de regular a mala. Lamentablemente son los tiempos.

-¿Y lo que propone Milei para que los gobernadores se hagan cargo de las obras provinciales y que intervengan los privados?

-Los nueve mil kilómetros que se licitan ahora que empieza por Entre Ríos con la ruta 14, la ruta del Marcosur, son los corredores más rentables, que más tránsito tienen. Es decir, para que una concesión entre el costo del mantenimiento, las obras nuevas y demás, se necesita un tránsito mínimo de cuatro mil, 4.500 autos por día. Hay determinadas rutas que se pueden concesionar. Hay rutas que no llegan a los mil tránsitos diarios. ¿Quién se va a hacer cargo? Acá estamos hablando de nueve mil kilómetros que son los más rentables. Los otros 30 mil que Vialidad mantenía por administración, es mucha ruta y si no tenés los fondos es imposible. Está muy bueno decir que las provincias se van a hacer cargo de las rutas, pero podrán hacerlo provincias como Córdoba, San Juan, San Luis, que han dedicado y han hecho obras en infraestructura vial.

-¿Cree que podrían haber tomado otras medidas para evitar la disolución de Vialidad Nacional?

-Estoy de acuerdo con eficientizar las estructuras, lo hicimos con el exOccovi. Pero nada nos garantiza que lo que viene sea mejor que lo que teníamos. Se pueden haber hecho muchos cambios, mejorar; pero parece más fácil cerrarlo. Ahora entramos en un limbo durante cuánto tiempo. Ahora hay que crear la agencia de concesiones y de transporte, hay que mandar a Economía todos los proyectos que tenemos. Vialidad tiene 2.500 proyectos. ¿Quién puede evaluar en la Secretaría de Transporte 2.500 proyectos? No tengo mucha expectativa hasta después de 2027 y mucho menos en la provincia porque la mayoría de las obras que el Gobierno nacional no priorizó está en la provincia de Buenos Aires.

Poco más de un mes después de su elevación, el Concejo Deliberante dará tratamiento hoy al proyecto que contempla la adjudicación para la concesión del servicio de transporte público interurbano de pasajeros de Tandil, que tendrá vigencia por la próxima década.

El expediente fue presentado en febrero pasado por el Ejecutivo en el marco de la licitación pública, que quedó definida según el siguiente esquema: Línea 500 a Transporte 9 de Julio SA.; Línea 501 a Trasportes Ciudad de Tandil SA.; Línea 502 a La Nueva Movediza Transportes SA.; Línea 503 a Transportes General Rodríguez SA.; Línea 504 a Transportes Villa Aguirre SA.; y Línea 505 a Transportes General Belgrano SA.

Durante la sesión de hoy, en la que se especulaba con la inclusión del proyecto del relleno sanitario y la propuesta de indicadores urbanísticos para Sans Souci, los concejales deberán convalidar el encuadre para implementar los nuevos recorridos y frecuencias que incorpora la nueva concesión.

El proceso se realizó acorde al pliego sancionado a mediados de octubre del año pasado por el Concejo Deliberante. El 15 de diciembre se produjo la apertura de los sobres de las ofertas presentadas por las empresas que actualmente controlan el servicio en la ciudad, que ahora deberá ratificarse.

Una vez que se complete el trámite legislativo, el Ejecutivo deberá resolver la reglamentación para su puesta en vigencia y convocar a la firma de los contratos con cada una de las líneas.

La sesión de hoy será clave en función del plazo que abrió la última prórroga vigente, que extendió la actual concesión hasta el 12 de abril próximo. De todos modos, habría consenso entre los bloques para sancionar el proyecto de preadjudicación que elevó la Secretaría de Gobierno e incluir una modificación en el pliego que elimina una de las medidas de comercialización incluidas con miras al desembarco de la SUBE.

En principio, la aplicación del Abono Transporte Tandil –que prevé un número ilimitado de viajes mediante pago anticipado con un costo de 35 boletos planos- no es compatible con el sistema nacional, por lo que los concejales acordaron removerlo, pero mantener igualmente en estudio las limitaciones.

A propósito del consenso, desde el Frente de Todos adelantaron a este Diario que en el tiempo que se extendió el debate, desde la elaboración del pliego de bases y condiciones hasta su aprobación y ahora adjudicación, pudieron incluir una serie de mejoras al planteo presentado por el Gobierno comunal, desde la extensión de los recorridos y las frecuencias hasta la creación de garitas bajo un esquema progresivo. Por eso, y mientras esperan por la SUBE, acompañarían con el voto la adjudicación. El bloque PRO-MID, en tanto, también se mostró en sintonía con la propuesta de preadjudicación presentada.

Disposición transitoria

A más precisiones sobre la instancia en análisis, el concejal de Juntos, Cristian Cisneros, explicó que dentro de la adjudicación quedará incluido un artículo con una “disposición transitoria” que refiere a la figura de comercialización incluida en esta instancia y la incompatibilidad con el sistema nacional.

Así, en relación al punto que enumera las modalidades de comercialización del pliego de licitación oportunamente aprobado, la modificación indica que no será de aplicación “sin perjuicio del compromiso asumido por los concejales para continuar con los estudios y análisis necesarios para lograr la adecuación comercial que sea compatible con el sistema SUBE”.

El artículos 65 del pliego de concesión contempla las formas de comercialización, de las cuales el pasajero frecuente y el boleto combinado universal son configurables por la SUBE, pero que el abono no es compatible con el modelo de negocio, ya que el sistema opera mediante la carga de saldo y no de viajes.

El acuerdo en la redacción del artículo llegó luego de una reunión que los integrantes de la Comisión de Transporte mantuvieron el martes con el presidente de la entidad que nueclea a las seis empresas que se encuentran a cargo del servicio.

Allí, los integrantes del espacio legislativo presidido por el concejal de Juntos, Cristian Cisneros, expusieron las razones por las cuales hay limitaciones técnicas que impiden la aplicación de la figura local.

En respuesta, el representante de los empresarios, Daniel Albanese, solicitó a los concejales que insistan con la incorporación de la medida, que contribuye con el uso del servicio público concesionado.

“Lamentamos que no se pueda implementar porque lo pensamos para el usuario. Vamos a avanzar con la SUBE, pero vamos a insistir con esto”, certificó Cisneros a El Eco de Tandil, que aclaró que la concesión no incluirá el abono Transporte Tandil en esta etapa, pero que la apuesta será mantener las gestiones para que finalmente se concrete.

Mientras se resuelve el pliego de la nueva concesión del transporte público de pasajeros, el proceso de implementación de la SUBE en Tandil presentó un inconveniente en cuanto a la incorporación de una figura definida desde el Gobierno comunal entre las modalidades de comercialización, pero que no implica demora en cuanto al desembarco de la tarjeta.

En principio, la aplicación del Abono Transporte Tandil –que prevé un número ilimitado de viajes mediante pago anticipado con un costo de 35 boletos planos- no es compatible con el sistema nacional, aunque no implique una demora en su puesta en funcionamiento.

Igualmente “seguimos avanzando”, ya que “una cosa no quita a la otra”, por lo que “dejaremos planteadas estas cuestiones para ver si se pueden estudiar en un futuro y si las podemos implementar”, aseguró el secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (h).

En diálogo con el ciclo radial “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM), el funcionario actualizó el estado de situación del trámite y el avance hacia la ubicación de las terminales de autogestión del esquema nacional. En tanto, planteó el inconveniente para la incorporación de una de las tres figuras definidas en el nuevo pliego sancionado por el Concejo Deliberante para la nueva concesión en cuanto a las dificultades técnicas para su ejecución.

El desafío es resolver antes del 12 de abril la concesión del servicio público a las empresas que se presentaron a la licitación. El plazo refiere a la última prórroga otorgada por el Legislativo.

El expediente con el decreto de preadjudicación elevado por el Ejecutivo ya se encuentra en tratamiento en la Comisión de Transporte del Concejo, que deberá evaluar las ofertas realizadas por las seis empresas que actualmente tienen a cargo el servicio para definir la adjudicación. 

Ese paso cerrará un proceso que habilitará la implementación de la SUBE en Tandil, para lo cual una mesa de trabajo se constituyó para resolver el desembarco de la tarjeta en el marco del convenio firmado en noviembre pasado con el Ministerio de Transporte de la Nación.

Puntos para la gestión de las tarjetas

En diálogo con El Eco Multimedios, el secretario de Gobierno ratificó que hubo avances en el trámite en relación al cumplimiento de los requisitos y de las gestiones en la etapa de compatibilidad del sistema local con la SUBE.

En este momento, resta resolver la ubicación de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) en las que los ciudadanos que utilicen el transporte podrán acreditar las cargas electrónicas, aplicar la Tarifa Social y consultar y recuperar el saldo.

Sin plazos en cuanto a la conclusión del procedimiento, esperan definir este punto durante lo que queda de febrero, para elevar la propuesta a Nación. “Nos queda determinar todo lo que es la unidad de gestión SUBE”, que son los lugares donde los usuarios se van a empadronar para luego habilitar el atributo. “No es en las unidades de gestión donde los atributos se cargan, sino que se individualizan las tarjetas, se validan cuando se acercan a las terminales de autogestión y ya se habilitan con el descuento pertinente en el caso que tenga algún beneficio”, aclaró el funcionario.

De acuerdo al modelo de Olavarría, el cual conoció tras una reciente visita, “vimos cómo funcionan esas terminales, que deben tener conexión a internet, energía, deben estar bajo techo”, y también una georreferencia y que “busquemos lugares que tengan la mayor amplitud horaria posible”.

A modo de ejemplo, citó el caso de los jubilados, que accederán a un descuento sobre el valor del boleto plano. El usuario deberá acercarse a una terminal de autogestión, también denominadas “tótems”, colocar la tarjeta sobre la pantalla y “con sus datos cargados irán a validar” ese atributo para que sea efectivo. 

“Una vez que la tarjeta quedó chipeada, no es necesario validarla nuevamente. Se hace una sola vez”, aclaró. De todos modos, la situación cambia con los atributos que tienen relación a condiciones que pueden variar, como por ejemplo, la educación.

“Mientras sean estudiantes secundarios, tendrán que validar todos los años esa condición y, cuando ese usuario pase a ser universitario, validará por otro atributo”, explicó.

El PASE, el Programa de Accesibilidad Socio Educativa para los estudiantes del nivel primario y secundario, será incluido como beneficio dentro del sistema nacional.

“Estamos georreferenciando las TAS en diferentes zonas de la ciudad” bajo un criterio que vincule los recorridos de las líneas de colectivo y que marque espacios con amplitud horaria, como dependencias gubernamentales. “Todavía no terminamos con esa tarea, que es una de las que nos queda pendiente para completar y elevar”, resaltó.

Atributos locales incompatibles

Para la nueva concesión, el Ejecutivo incluyó nuevas modalidades de comercialización como el sistema de pasajero frecuente, la universalización de las paradas del boleto combinado, y un Abono Transporte Tandil.

Los dos primeros no presentan restricciones en cuanto a su implementación en el esquema nocional ya que encuentran un paralelismo bajo la figura de “escalerita” y “trasbordo”. Sin embargo, el abono no sería viable. “Hoy parece que está difícil su implementación, pero vamos a buscarle la vuelta”, enfatizó Lunghi (h).

El planteo surgió en el marco de las conversaciones que las partes mantuvieron luego de la firma del convenio de adhesión de la ciudad a la SUBE. En ese sentido, una de las cuestiones “más complejas” de resolver fue la posibilidad de aplicar ese tipo de pasaje propuesto.

“La semana pasada nos contestaron que no ven viable la aplicación de ese beneficio dentro del sistema nacional porque no funciona como cantidad de viajes sino con dinero (monedero)”, planteó el secretario de Gobierno.

En respuesta, según declaraciones radiales, “les explicamos es que es una suma predeterminada de cantidad de pasajes de boleto plano”, que “siempre es plata”. En efecto, graficó que el abono de 35 viajes al valor del boleto plano le permiten un uso ilimitado durante un determinado período.

Por el momento, desde Nación “nos dicen que no es viable dentro de la SUBE”, que debe funcionar “como un sistema único para todo el país”, expuso.

De todos modos, sostuvo que “vamos a intentar seguir con las gestiones para ver de qué manera logramos implementar el Abono Transporte Tandil en la localidad”.

“La voluntad es tratar de destrabar esto y que se incorpore a la SUBE junto con los beneficios que trae”, ratificó, aunque insistió que “no se trata de una cosa o la otra”, por lo que “seguimos avanzando con la SUBE”.

Y para finalizar, Lunghi (h) se refirió a la posibilidad de incluir figuras que les permitan a las localidades incrementar el índice de pasajeros por kilómetro (IPK) ya que se trata de uno de los ítems “más importantes” que se discute al momento de definir el cuadro tarifario que regirá en la ciudad.

Como estaba previsto, la semana pasada se conocieron  las ofertas de la licitación pública convocada por el Municipio para cubrir todas las líneas del servicio de transporte público urbano de pasajeros de la ciudad.

El llamado se hizo acorde al pliego sancionado a mediados de octubre por el Concejo Deliberante, en aras de dotar a Tandil de un nuevo sistema de transporte después de 13 años. 

De este modo, a la compulsa pública se presentaron solamente las empresas que ya controlan el servicio a nivel local: Transporte Ciudad de Tandil S.A., Transporte General Rodríguez S.A., Transporte 9 de julio S.A., Transporte Villa Aguirre S.A., La Nueva Movediza Transportes S.A. y Transporte General Belgrano S.A. 

Cada una de estas seis firmas realizó una oferta para cubrir una línea única y específica de las establecidas en el pliego. La licitación permitía las ofertas tanto de compañías transportistas locales como de afuera, y se consignó especialmente que en todos los casos las firmas deberán absorber al personal existente. 

Según informaron, durante el acto se abrieron los sobres 1 y 2 de la licitación que contenían toda la documentación solicitada. En tanto, las autoridades comunales precisaron que ahora se deben respetar los plazos establecidos para la presentación de impugnaciones y luego la comisión de preadjudicación podrá comenzar a analizar toda la documentación presentada.

Una vez que esa comisión emita el dictamen correspondiente, se elevará al Concejo Deliberante para su tratamiento y convalidación. Estos pasos administrativos no tienen plazos exactos, pero se irán desarrollando durante las próximas semanas para que en los primeros meses del año se pueda rubricar finalmente el contrato de concesión. 

Los transportistas siguen en carrera 

En concreto, el sistema de transporte incorporó nuevos tramos en los recorridos -que suman más de 16 kilómetros extras-, más frecuencias, mejoras en seguridad, canales de denuncias para usuarios y beneficios para pasajeros frecuentes. 

Así, aunque no cambiaron los actores, sí se modificaron las reglas y ahora las compañías transportistas deberán adaptarse a lo que pide el pliego, que trató de contemplar las nuevas demandas urbanas. Asimismo, el inminente traspaso al sistema SUBE es otra de las aristas que las firmas deberán tener en cuenta para seguir explotando el servicio.

Con los cambios que introdujo la normativa, se espera optimizar los servicios urbanos y desde la Cámara de Transporte de Tandil, el titular de la entidad, Daniel Albanese, sostuvo que “es un desafío” afrontar un nuevo esquema y aseveró también que les otorga “cierta seguridad jurídica para acceder a financiación y a otras cuestiones”.

Además, el titular camarista había adelantado que todas las empresas actuales se iban a presentar aunque no descartaban que hubiera oferentes de otros distritos. En este sentido, afirmó oportunamente que “nos preparamos para afrontar la licitación  de la mejor manera posible y tenemos fe de que vamos a poder competir de igual a igual para mantener nuestra fuente de trabajo histórica, que tenemos desde hace más de 80 años en Tandil”.

Luego de la apertura de los sobres, el referente de los empresarios sostuvo que “cuando vas a los números se agregaron un millón de kilómetros en el año, es un golpe importante y una cantidad muy significativa, tenemos que ver cómo nos acomodamos para cumplir con todos los servicios previstos en el pliego” y aventuró que para marzo podría concretarse la rúbrica.  

“Calculamos que la tarjeta SUBE se implementará en marzo y hay cuatro meses de coexistencia de ambos sistemas; creo que en marzo empezará una nueva historia para el transporte local, y veremos cómo resolver y ajustar algunas cosas”, consideró. 

Cambios en la concesión 

Lo más novedoso del pliego surgió a partir de la implementación de  beneficios para los usuarios de la tarifa plana. En este sentido, habrá un abono mensual que funcionará como un “pase libre” para que los pasajeros de la tarifa plana tengan un beneficio, puedan usar el servicio de forma ilimitada y se estimule la utilización del transporte público. 

También se estableció la creación del Boleto combinado universal-trasbordo, que posibilita  combinación y trasbordo en cualquier punto de la ciudad y con cualquier línea, por un lapso de 45 minutos. Los costos de operar con este encuadre de descuentos serán absorbidos por las empresas y son condiciones ineludibles para operar el servicio.

En paralelo, estos atributos se adicionarán al sistema SUBE cuando llegue el momento del traspaso y se sumarán a los beneficios sociales que tiene la tarifa federal, a través del subsidio a la demanda que provee el Estado nacional: jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, Progresar, monotributistas sociales, veteranos de Malvinas, trabajadoras de casas particulares y demás. 

Por otra parte, de lunes a viernes se estableció una frecuencia de 15 minutos de 5.30 a 7  y de 20 a 22, y de 10 minutos de 7 a 20. Los sábados, se planteó una frecuencia de 15 minutos durante todo el día, y los domingos y feriados de 20 minutos para toda la jornada.

También se incluyeron los tres servicios nocturnos como en el pliego que actualmente está en vigencia. Al respecto, se modificó la frecuencia de los sábados y se unificaron en una única frecuencia de 15 minutos a lo largo de todo el día. 

La reciente aprobación del pliego licitatorio por parte del Legislativo, abrió una nueva instancia para el servicio de transporte público de pasajeros local. Es que tras doce años, el sistema deberá volver a concesionarse y la licitación –que el Ejecutivo deberá encarar en no más de 30 días- es abierta a todo el país. 

Con los cambios que introduce la nueva normativa, se espera optimizar los servicios urbanos y desde la Cámara de Transporte de Tandil acompañaron  la iniciativa. 

Al respecto, el titular de la entidad, Daniel Albanese, sostuvo que “es  un desafío” afrontar una nueva licitación y aseveró que les otorga “cierta seguridad jurídica para acceder a financiación y a otras cuestiones”. 

Si bien aún los empresarios no tienen en su poder el pliego, indicó que deberán estudiar las modificaciones del sistema, y las extensiones y adiciones  de recorridos, para evaluar cómo impacta en el Índice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) final. 

“No deja de ser un adelanto para las empresas que se presenten y adjudiquen, porque hay una serie de instituciones como los abonos de pasajero frecuente y otros, que incentivan el uso del transporte público”, señaló.

No obstante, el también empresario del rubro indicó que todas las empresas actuales se van a presentar y refirió que no descartan que haya oferentes de otros distritos.

En este sentido, afirmó que “nos preparamos para afrontar la licitación  de la mejor manera posible y tenemos fe de que vamos a poder competir de igual a igual para mantener nuestra fuente de trabajo  histórica, que tenemos desde hace más de 80 años en Tandil”. 

Conflicto gremial 

Por otro lado, Albanese  puso el foco en el  conflicto que la UTA (Unión Tranviarios Automotor) mantiene con las patronales y el Estado por la falta de fondos que permitan cumplir con los acuerdos salariales.

La escala de conflictividad derivó en un paro de 48 horas que se efectivizó en el interior del país el miércoles y el jueves. La próxima semana podría haber nuevas medidas de fuerza de no mediar una respuesta que satisfaga a la representación gremial. 

El problema nació a partir de las discrepancias entre el Gobierno nacional y las provincias respecto de qué jurisdicción debe hacerse cargo del último aumento de sueldo para los conductores. En concreto, el reclamo es por la falta del pago de 8 mil millones de pesos que afecta al último acuerdo salarial. 

En este marco, el referente empresarial apuntó que “si no se resuelve habrá nuevos paros, porque el conflicto va por ese carril” y precisó que “el Estado nacional no se ha presentado a las audiencias y en otras ha decido no colaborar con los subsidios”.

Asimismo, subrayó que continúan las negociaciones y que la discusión sigue adelante. Por su lado, explicó que la escala salarial para los choferes es la misma tanto en el Área Metropolitana, como en el interior pero aclaró que, mientras que en el conurbano la Nación desembolsó recursos, no sucedió lo mismo en el resto del territorio y las empresas de transporte no pueden correr con los costos salariales, que en diciembre llegarán a 200 mil pesos. 

“La actividad sigue planchada en un 70 por ciento y no podemos perforar ese techo, nuestra tarifa es la más baja de la región y el Fondo Compensador maneja niveles del año pasado, cuando la inflación de 2022 va a ser, por lo menos, del 100 por ciento. El sector está en crisis en todo el país. Es muy difícil hacer transporte cuando todos los días tenés aumentos en una actividad que está estancada”, concluyó.

La Cámara de Transporte de Tandil elevó el pasado 4 de febrero el nuevo pedido de aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros al Concejo Deliberante, con el consiguiente estudio de costos.

En esta línea, la entidad propone un aumento del orden 65 por ciento, es decir, un boleto a 78,49 pesos, aproximadamente. Actualmente, la tarifa plana es de 47,54 pesos tras la última suba, registrada en diciembre. 

Daniel Albanese, titular de la Cámara, ofreció una entrevista al programa de radio “Cosas que pasan” (104.1 Tandil FM) y afirmó que no han sido convocados para dialogar ni tampoco se les ha solicitado, hasta el momento, información adicional para analizar el tema.

Por su parte, el empresario explicó que todos los cálculos de costos para cubrir cargas salariales y sociales, combustible, arreglos y demás, redundaban en un boleto plano  a 129,60 pesos, una cifra imposible de proponer como aumento tarifario. 

“Solicitamos un 65 por ciento de aumento, en base a la  inflación y a la falta de actualización de subsidios, tratamos de ubicar las tarifas entre las localidades de la región, como Bahía Blanca y Necochea”, expuso con detalle. Bahía Blanca, por ejemplo, tiene un boleto a 76 pesos; Mar del Plata a 60; en Necochea el pasaje cuesta 80 pesos, y en Tandil quedaría en 78,49 pesos. 

Subsidios 

En torno a los subsidios al transporte, explicó que luego del traspié que surgió al no aprobarse  en el Congreso el Presupuesto 2022 y trabajar con las partidas del año anterior, la política subsidiaria había congelada. 

Pero hace unos días el Gobierno nacional dispuso una asignación mensual de 3.200 millones de pesos en el primer trimestre de 2022 al transporte público por automotor de pasajeros urbano y suburbano del interior del país, con un incremento del 40 por ciento respecto de los montos vigentes.

La medida se formalizó mediante la resolución 82/2022 de la cartera encabezada por Alexis Guerrera y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. La resolución estableció la distribución del "Fondo de Compensación al Transporte Público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país" en un monto mensual de 3.200 millones de pesos para el trimestre enero-marzo, totalizando la suma de  9.600 millones para todo el período.

De este modo, también se buscó achicar la brecha entre el interior y las regiones del AMBA y CABA, que tienen tarifas más bajas y que, además, reciben muchos más subsidios del Estado nacional que el resto del país.

SUBE 

En este sentido, Albanese recordó que la política  subsidiaria va atada también al uso del sistema SUBE, algo que en Tandil es aún una cuenta pendiente. “Deberíamos implementar la SUBE a partir de este año. Tandil firmo el convenio para iniciar ese proceso pero falta de equipamiento para ciudades intermedias. Es un compromiso ineludible para recibir los subsidios”, aseguró.

Así, tendrán que licitarse en los próximos meses los equipamientos para poder instalarlos y reconvertir el sistema electrónico de boletos, que a su vez incorporará más tarifas especiales para distintos segmentos poblacionales.

Al respecto, el titular camaraista indicó que “necesitamos más de 90 equipos y va a haber tolerancia para hacer el traspaso mientras igualmente se cobran los subsidios, porque no depende enteramente de nuestra jurisdicción ni de las empresas”. 

Nueva concesión 

Además, el cuerpo Legislativo tiene que redactar en el trascurso del primer semestre de este año un nuevo pliego licitatorio para concesionar el servicio y reconvertirlo acorde al crecimiento poblacional y las necesidades latentes, sobre todo en cuanto a la trazabilidad y la incorporación de  recorridos que amplíen las zonas de influencia. La concesión se venció en febrero de 2020 y fue prorrogada en numerosas oportunidades, pero deberá resolverse durante este periodo. 

De este modo, señaló que accedieron al informe de la Unicen encargado por el Municipio con el objeto de contribuir a delinear un nuevo proyecto, pero evaluó que  la propuesta de recorridos que consta en el estudio es distinta a la actual.

“Primero dicen que tiene que haber cinco líneas, después seis, pero los recorridos trazados dejan a mucha gente sin servicio y nosotros ya  explicamos por qué nos parece que faltó trabajo  de campo en ese estudio. Consideramos que no era favorable para la gente”, describió.

Aún en plena temporada, la infraestructura de la Terminal no ha demostrado grandes avances en los últimos tiempos, en el marco del plan de obras de la concesión asumida en 2020. Tampoco hay novedades acerca de las inversiones de Nación para remodelar el tradicional espacio, que es para muchos visitantes la “cara” de bienvenida a la ciudad.

Al respecto, en agosto del año pasado, el Ministerio de Transporte de la Nación aprobó  la obra de remodelación y puesta en valor integral de la Terminal de Ómnibus de Tandil, con una inversión total de 170 millones de pesos. 

El desembolso de recursos se enmarca dentro del Plan Estratégico de Construcción y Remodelación de Terminales de Ómnibus con alcance a todo el país y se aguardaba, en ese entonces, la firma del convenio luego de las elecciones primarias, que se celebraron el 12 de septiembre. Pero esto nunca sucedió.

Fuentes de la Secretaría de Obras Públicas local le informaron a El Eco de Tandil que se giró toda la documentación correspondiente para suscribir el convenio y poder efectuar el llamado a licitación, pero que no han obtenido respuestas en estos meses.

El movimiento más reciente en torno al tema fue un mail avisando que había cambiado parte de la estructura ministerial  y que como responsable del proyecto había otra persona. 

“Tenemos todo listo para salir a licitar e iniciar las obras, pero estamos esperando que nos envíen el acuerdo, porque supuestamente ya analizaron todo”, indicaron desde la comuna. 

La remodelación

El espacio, que cumple 50 años, será revalorizado a partir de un proyecto del Municipio que se financiará con los mencionados fondos nacionales. En esta línea, se excluyeron del programa los arreglos que corresponden al concesionario, que seguirá adelante con el cronograma de obra establecido en el contrato de explotación. 

Vale reseñar que en enero de 2020 se rubricó el contrato de concesión entre una empresa privada y el Ejecutivo, que tiene una validez de cinco años y contempla un organigrama de obras por etapas, elaborado en base al proyecto macro de puesta en valor del espacio. 

Así, la propuesta en cuestión prevé una remodelación integral, con nuevos espacios dentro de uno de los edificios más emblemáticos de Tandil. De este modo, se pensó la nueva Terminal en base a reformas y reestructuraciones, como los acondicionamientos de la sala de espera, sanitarios y boleterías, y un cerramiento exterior, con un acceso principal actualizado, con materiales y tecnología moderna, entre otras modificaciones.  

Los arreglos del privado 

En 2020, en medio de la pandemia, la actividad de los micros de larga distancia estuvo parada desde marzo hasta diciembre, situación que repercutió en los ingresos económicos del lugar y obligó a algunas modificaciones del cronograma, pero posibilitó el avance de algunas tareas, debido al escaso público que circulaba por allí durante ese tiempo. 

En el tiempo que lleva la refacción del sitio en manos del concesionario, Luis González, se efectuaron cambios en las instalaciones, pero últimamente no hubo movimientos en esta dirección.

En tal sentido, en su momento se reemplazaron algunos paneles de vidrio de la fachada, se rotaron las boleterías para que quedaran de cara a las plataformas de micros, se reubicó el kiosco -que quedó en la entrada sobre la derecha-, en el ala izquierda se emplazó la oficina de informes y un servicio de taxis, se reacondicionaron los locales interiores, se reformó por completo la confitería, se refaccionaron los baños y se colocaron nuevas luminarias LED en algunos sectores. 

Pero a simple vista es posible observar que, según lo previsto en el diagrama para esta altura, falta cambiar el mobiliario interior y la señalética, y por este motivo el corredor central luce descuidado. 

El espacio del ala izquierda que mira hacia el frente, es decir, donde antes estaban las boleterías, permanece ocioso. Tampoco se ha colocado la puerta automática prometida desde hace meses. De hecho, ni siquiera hay puerta de entrada porque se sacaron las de rebatimiento, y el “jardín flotante” de la entrada se ve pobre y deslucido.  

El esquema acordado prevé diferentes inversiones y cambios -algunos muy costosos-durante los cinco años de vigencia del contrato, que sin dudas deberá ser readecuado y puesto en sintonía con las obras que se realicen con los recursos de Nación. 

Ya pasaron una docena de años desde que se puso en marcha la concesión del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad, vigente en principio por una década, pero con la posibilidad legal de efectuar varias prórrogas hasta  rediseñar los pliegos que den lugar a una nueva forma de gestionar el transporte urbano. 

Así, la última prórroga concedida por el Legislativo –la cuarta- venció el 11 de enero de 2022 y fue renovada con los votos oficialistas en la sesión del 28 de diciembre pasado, en la que también se trató el Presupuesto Municipal.  

Vale recordar que la primera extensión del contrato se otorgó en diciembre de 2019 y se aprobó por unanimidad una postergación de hasta doce meses para renovar la concesión -la original caducaba en febrero de 2020- tal cual lo solicitado por el Departamento Ejecutivo en ese entonces, ante la falta de certezas en torno a la política de subsidios para el sector.

Lo que vino después fue la pandemia, que centró la atención en otras cuestiones, y así se llegó hasta la fecha, sin definiciones sobre el tema pero con incrementos en la tarifa que se aplicaron por tramos durante el año pasado. 

Los estudios 

En tanto, el Ejecutivo avanzó en 2021 con el pedido de confección de un estudio, que salió a licitación y fue elaborado por un equipo de la Unicen nucleado en el Pladema. 

Para obtener respaldo técnico, el Gobierno comunal requirió un estudio técnico que fue adjudicado a un grupo de especialistas  de la Unicen, encargados de analizar cuestiones relativas a la traza de recorridos, el índice de pasajeros por kilómetro, los costos y otros detalles que serán de utilidad para evaluar el mejor funcionamiento del sistema de movilidad urbana.

Asimismo, la Cámara de Transporte de Tandil también realizó sus propios aportes en la materia para contribuir a la discusión de qué servicio de transporte necesita la ciudad de acuerdo a su configuración actual, que dista mucho de la que ostentaba en 2010.  

Tras un año de llamados a licitación, gestiones y adecuaciones, finalmente en enero estará lista la firma del contrato para poner en marcha la nueva concesión de la Terminal de Ómnibus, en manos de una firma local  denominada Visigodo SA.

Luego de dos licitaciones fallidas, el Ejecutivo tuvo que incluir modificaciones para relanzar la convocatoria. En este proceso eliminó la obligación de instalar un ascensor y propuso un esquema de inversión por etapas a ejecutar durante el plazo de explotación del lugar, que será de diez años.

Con estos cambios, una única empresa se presentó como oferente, que no era ni la que tenía la concesión anterior, ni la que se presentó en la licitación que quedó desierta, que era Transporte Patagonia. De este modo, en agosto se abrieron los sobres y se comenzaron a cumplimentar los pasos para adjudicar la concesión, que ya se encuentra en la recta final. Vale reseñar que el antiguo concesionario ya entregó el espacio y en este momento existe una especie de “limbo” en torno a la explotación de lugar.

Los pasos 

El subsecretario de Gobierno Martín Romano, le confirmó a El Eco de Tandil que el jueves tuvieron una reunión para avanzar en la firma del contrato que concederá a la nueva sociedad la explotación del predio durante la próxima década. Al respecto, señaló que la Secretaría de Obras Públicas se encuentra abocada a elaborar el informe de aprobación del plan de tareas que deberá desarrollar la empresa y la documentación técnica.

Una vez aprobado el cronograma, se estaría en condiciones de avanzar con los trámites de  preadjudicación –a cargo de la Comisión de Procuración-, para luego confeccionar el decreto de adjudicación y rubricar formalmente el acuerdo. Según refirió, esperan poder finalizar el proceso durante los primeros días de enero para que entre en vigencia la nueva gestión y se retomen los trabajos en la Terminal.

“El cronograma de tareas es amplio. La concesión es por un plazo de 10 años y en cada año tienen que realizar tareas. Lo más fuerte tiene que ser en los primeros dos años, y después realizar tareas de mantenimiento a lo largo de toda la vigencia del contrato”, indicó Romano.

Las condiciones

El Ejecutivo trabaja en los ajustes del plan de tareas, vinculado a la transformación de la dársena de estacionamiento de micros con la colocación de una serie de elementos que permitan ordenar el espacio para la maniobra de las unidades, y también el cerramiento posterior. Esto incluye un mejoramiento en el sector del bufete con un cambio en la modalidad de atención para propiciar una apertura e integrarlo con la sala de espera de los pasajeros. Además, el concesionario deberá instalar el cerramiento de la zona del estacionamiento de vehículos, sobre Buzón.

Desde la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas le informaron a este Diario que están delineando el cronograma y que en la próxima semana habrá mayores certezas. No obstante, ratificó que se cambió el plan de trabajo y de pedido de obras a través de los años, con el objeto de priorizar en los primeros períodos una serie de obras que consideran más urgentes. Con este nuevo esquema, se trata de armar las etapas de trabajo que el concesionario deberá cumplir para que no se le rescinda el contrato.

El pliego original 

El pliego de bases y condiciones propuesto en primera instancia, que derivó en los llamados truncos, contemplaba la creación de una planta abierta con un único acceso central, con el fin de optimizar las medidas de seguridad junto con el cerco perimetral.

El segundo tema clave en ese proyecto fue la accesibilidad. En ese sentido, el nuevo concesionario debía instalar un ascensor a la planta alta, con lo cual se evitará que la comunidad tenga inconvenientes para la realización de los trámites municipales que se concentran en el edificio. Este punto fue desestimado en el último llamado por las inconsistencias que se generaron alrededor de este requisito.

El estacionamiento también incorporaba una reformulación. La entrada y salida de los ómnibus sería la misma, pero se proponía la creación de un cerco, y volvería a funcionar la torre de control con una barrera para habilitar el egreso de las unidades.

Para el estacionamiento, se había planteado la generación de un ticket en el puesto del Taller Protegido que habilitaba al automovilista a permanecer de forma gratuita por 15 minutos o pagando un monto mínimo a partir de ese tiempo. Por otra parte, la propuesta incluía la designación de un sector destinado a encomiendas.

Mejoras necesarias 

Fuentes consultadas en el lugar le comentaron a El Eco de Tandil que aún no fueron notificados oficialmente de ningún cambio y que solamente observaron movimientos en el desmonte de la confitería, que fue entregada por el anterior adjudicatario, Luis González, antes del 1 de diciembre.

Posteriormente se iniciaron las tareas de refacción pero quedaron en suspenso hasta la firma del nuevo contrato, cuando se seguirá adelante con los trabajos.

Algunos de los consultados refirieron que en principio las pretensiones del Ejecutivo en el pliego eran demasiado elevadas y consideraron que hay cuestiones, como la instalación del ascensor, que le correspondería al Municipio, que es quien utiliza la parte superior del predio y no a quien eventualmente se haga cargo de la concesión del espacio.

Usuarios entrevistados por este Diario en el lugar -que toman micros con frecuencia-, consideraron que falta invertir para mejorar las instalaciones y que en los últimos años se ha observado un “deterioro” del área de espera y de plataforma de abordaje de colectivos. También expusieron que podrían mejorarse los servicios ofrecidos a los pasajeros para hacer más ameno el tránsito y espera en el sitio.

Mientras tanto, los trabajadores de la Terminal y los pasajeros  aguardan que pronto se comiencen a materializar los cambios que configurarán la nueva etapa de la Terminal.