Christa Pike, la mujer estadounidense condenada a muerte por el asesinato de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995, presenta una mejoría en su estado de salud tras haber sobrevivido a una ejecución fallida. Según indicó su abogado, la mujer de 50 años ya puede caminar por sus propios medios y comunicarse con mayor claridad, logrando formar oraciones completas.

El episodio ocurrió el 30 de septiembre, cuando se le administraron dos dosis letales de pentobarbital. Pike es, según el Death Penalty Information Center, la única persona que ha sobrevivido tras recibir fármacos de inyección letal durante una ejecución. Testigos presenciales relataron que, durante el procedimiento, la mujer permaneció despierta y llegó a preguntar a los funcionarios si era normal la sensación que experimentaba en su brazo.

Tras el intento fallido, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación externa y suspendió las ejecuciones programadas en el estado. Por su parte, los representantes legales de Pike presentaron una moción de emergencia para exigir al Departamento de Correccionales de Tennessee la preservación de pruebas, incluyendo registros y los números de lote de los fármacos utilizados. Según informes de CNN, la moción detalla que se intentó acceder a la vía intravenosa mediante el uso de al menos siete agujas.

En un comunicado oficial, sus abogados informaron sobre su situación actual:

Christa Pike fue dada de alta de un hospital local y ahora se encuentra en el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson, donde estuvo recluida durante más de 30 años. Está agradecida con los equipos de emergencia y con el personal médico por la atención brindada en estas circunstancias extraordinarias.

Actualmente, los médicos supervisan su evolución para determinar si existen daños irreversibles en su funcionamiento cognitivo o psicológico. Pike permanece bajo tratamiento en la prisión mientras se continúa monitoreando su recuperación física y motriz.

El juez del Tribunal en lo Criminal 1, Martín Viceconte, dictó una sentencia condenatoria que pone fin a una investigación judicial que involucró a dos sujetos con un amplio historial delictivo en la región. Los imputados, Juan Sebastián Kalil Alía y Nicolás Benjamín Rodríguez, fueron juzgados bajo la modalidad de juicio abreviado por una serie de hechos que afectaron la propiedad privada, comercios locales y servicios públicos esenciales.

La causa principal, acumuló diversos expedientes que detallan el accionar de los acusados. En el caso de Juan Sebastián Kalil Alía, el magistrado dio por probada su participación en nueve hechos delictivos, entre los que se destacan robos agravados por efracción, hurtos simples y reiteradas violaciones de domicilio. Por su parte, Nicolás Benjamín Rodríguez resultó condenado por siete hechos, incluyendo robos agravados por escalamiento, un intento de robo en poblado y en banda en concurso ideal con entorpecimiento de servicios públicos, además de un delito de encubrimiento.

El primer hecho atribuido a Alía ocurrió el 5 de enero de 2023 en una vivienda de la calle Vicente López al 300. Según consta en el expediente, el imputado, junto a otro sujeto, violentó la reja de una ventana para ingresar al domicilio y sustraer una motocicleta Mondial, dos notebooks, bebidas alcohólicas y un televisor de 42 pulgadas. La investigación, que contó con testimonios de las víctimas y registros de cámaras de seguridad, permitió vincular al acusado con el botín, el cual fue recuperado posteriormente en un domicilio de la calle Ugarte.

En otro de los episodios, fechado el 9 de marzo de 2024, Alía fue aprehendido tras ingresar sin autorización a dos domicilios particulares, uno de ellos en la calle Reconquista y otro en la calle Vicente López. El procedimiento policial, ratificado por los funcionarios intervinientes, detalló que el imputado fue sorprendido escondido en el patio trasero de una de las propiedades tras ser perseguido por vecinos que intentaban evitar un robo en una iglesia lindante.

Respecto a Nicolás Benjamín Rodríguez, uno de los hechos más graves ocurrió el 6 de abril de 2024 en el Parque Industrial de Tandil. En esa oportunidad, Rodríguez, junto a otros dos individuos, cortó el alambrado perimetral y sustrajo cables de cobre del tendido eléctrico, afectando el suministro de iluminación pública. La rápida intervención del personal de seguridad privada y de la policía permitió la aprehensión de los implicados, quienes fueron sorprendidos con herramientas y parte del cableado sustraído.

El juez destacó en sus fundamentos que la conducta precedente de ambos imputados, quienes ya contaban con antecedentes penales, fue un factor determinante para la graduación de la pena. En el caso de Alía, se consideró su condena previa dictada en marzo de 2023, mientras que Rodríguez registraba una sentencia del Juzgado Correccional 1  de junio de 2023. Estas circunstancias, sumadas a la pluralidad de hechos, demostraron una mayor peligrosidad y una clara insistencia volitiva contraria al respeto de los bienes jurídicos ajenos.

Durante el proceso, se valoraron pruebas contundentes como registros fílmicos del Centro de Monitoreo del Municipio, actas de inspección ocular y testimonios de las víctimas, quienes reconocieron los elementos sustraídos. En el caso del robo a la Escuela Ejército Argentino 36, ocurrido en abril de 2024, la investigación logró determinar que Rodríguez recibió electrodomésticos y alimentos provenientes del ilícito, siendo identificado por cámaras de seguridad en las inmediaciones del establecimiento educativo.

El magistrado desestimó la existencia de eximentes o atenuantes, basándose en la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal y la falta de explicaciones alternativas por parte de los acusados. La sentencia impuso a Juan Sebastián Kalil Alía la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, mientras que Nicolás Benjamín Rodríguez fue condenado a tres años y diez meses de prisión, ambos con accesorias legales y costas del proceso.

Los imputados, quienes ya se encontraban privados de su libertad, continuarán alojados en unidades penitenciarias del Servicio Penitenciario Bonaerense para cumplir con el tiempo de reclusión dictaminado por el tribunal.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores, integrado por los jueces Christian Ariel Rabaia, María Claudia Castro y Juan Paulo Gardinetti, dictó este lunes la sentencia de prisión perpetua para Francisco Waldemar Reddy, de 22 años. El joven policía fue hallado culpable de asesinar a su familia en un establecimiento rural de Chascomús.

La condena, que no permite la posibilidad de libertad condicional, establece una expectativa de cumplimiento de 40 años. Los magistrados determinaron que el acusado cometió homicidio calificado por el vínculo contra su padre, Diego Reddy (44); homicidio agravado por alevosía respecto de su madrastra, María Eugenia Suárez (47); y homicidio simple por la muerte de su medio hermano, Ignacio Reddy (11).

El móvil principal del triple crimen fue de carácter económico. Según se acreditó en el juicio, el 28 de diciembre de 2023, el condenado vendió 20 vacas de cría Aberdeen Angus propiedad de su padre sin autorización y a un precio inferior al de mercado. Posteriormente, intentó justificar la desaparición de sus familiares mediante una falsa denuncia de secuestro extorsivo.

Sobre el ataque a María Eugenia Suárez, el fiscal Jonatan Robert señaló durante la instrucción: “Ella quizás nunca se enteró”.

El cuerpo de Diego Reddy fue hallado el 31 de diciembre entre pastizales, mientras que el pequeño Ignacio falleció en el hospital San Vicente de Paul tras recibir un disparo y sufrir una brutal golpiza. La investigación confirmó que el arma utilizada, un rifle calibre 22, fue solicitada por el propio Francisco a un familiar bajo la excusa de ir a cazar, y fue hallada posteriormente en el vehículo del oficial.

El estado de Tennessee se prepara para ejecutar a Christa Pike, quien se convertirá en la primera mujer en recibir la pena capital en dicha jurisdicción en más de 200 años. La mujer, de 50 años, fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en 1995, cuando ambas participaban en un campamento de formación laboral.

El crimen, que conmocionó a la ciudad de Knoxville, involucró a Pike y a su entonces novio, Tadaryl Shipp. Según los testimonios judiciales, la víctima fue torturada y asesinada, hallándose en su cuerpo un pentagrama grabado. Mientras que Pike recibió la pena de muerte, Shipp, quien tenía 17 años en aquel momento, fue sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

Este lunes, el gobernador Bill Lee rechazó formalmente la solicitud de clemencia presentada por la defensa. En un comunicado oficial, el mandatario expresó:

Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y revisar exhaustivamente el caso, mantengo la sentencia del estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir.

Los abogados de la condenada argumentaron que, de ser juzgada en la actualidad, no recibiría la pena de muerte, citando un historial documentado de abuso sexual infantil, abandono y negligencia que no fue debidamente considerado por el jurado original. Sandra Babcock, experta en género y pena de muerte de la Facultad de Derecho de Cornell, señaló que el caso resulta conmovedor debido a la combinación de violencia sufrida en la infancia, la juventud de la acusada al momento del hecho y su salud mental.

Por su parte, Ashlee Sellars, allegada a Pike, relató que la condenada ha solicitado que sus seres queridos no presencien el momento de su ejecución.

Ella no quiere que pasemos por eso

, afirmó Sellars. En contraste, la madre de la víctima ha manifestado su deseo de que la sentencia se cumpla para que su hija pueda descansar en paz.

En la resolución, el juez Daniel Petrone rechazó la impugnación que presentaron los tres imputados y consideró que la pertenencia de los imputados a la comunidad gitana y la invocación de sus usos y costumbres “no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.

En mayo de este año, el Tribunal Oral Federal de San Juan pudo probar que la víctima de 13 años fue captada mediante el pago de un “precio dotal” de $825 mil. Aun así, se supo que, después de contraer matrimonio, fue sometida a explotación laboral, doméstica y a graves abusos físicos.

El fallo incluía una reparación económica de 75 millones de pesos a favor de la joven, en sintonía con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, destaca el portal Fiscales.

Según se estableció, Isabel y Alberto Cristo sometieron a V.S.Y., de 13 años, a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil con su hijo Franco, de 20, entre marzo y abril de 2022, en Neuquén.

Para concretar la unión, entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente. La fiscalía también atribuyó a Franco haber mantenido actos sexuales con la joven, que hasta entonces no había tenido relaciones, al menos tres veces durante el rito matrimonial. Una de esas situaciones derivó en un embarazo que llegó a término. NA

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Azul confirmó la condena contra un hombre que había sido sentenciado por incumplir una medida judicial de prohibición de acercamiento y, posteriormente, sustraer dos perfumes de una farmacia de Tandil.

El tribunal rechazó el recurso presentado por la defensa y ratificó la sentencia dictada el 7 de abril de 2026 por el Juzgado en lo Correccional del Departamento Judicial de Azul, con sede en Tandil.

De acuerdo con el fallo, el hombre fue condenado a cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento por los delitos de desobediencia y hurto, en concurso real. Además, al considerar una condena anterior de seis meses de prisión de ejecución condicional, cuya condicionalidad fue revocada, se fijó una pena única de diez meses de prisión de efectivo cumplimiento.

Uno de los hechos analizados ocurrió el 7 de enero de 2024, cuando el sindicado se encontraba en las inmediaciones del domicilio de una mujer ubicado sobre calle Baigorria al 300 de Tandil.

Sobre el acusado pesaba una medida cautelar de restricción de acercamiento e impedimento de contacto personal, por interpósita persona y por cualquier medio de comunicación. La medida había sido dictada por el Juzgado de Garantías Nº 1 de Tandil el 25 de octubre de 2023 y tenía una vigencia de 180 días.

Según quedó establecido en la causa, el hombre conocía la existencia de la restricción y, pese a ello, se encontraba dentro del radio de exclusión establecido respecto del domicilio de la denunciante.

La defensa había argumentado que, después de dictada la medida, la propia mujer había retomado el contacto con el hombre y que ambos habían reanudado la convivencia. Por ese motivo, sostuvo que el incumplimiento de la orden judicial no había producido una afectación concreta y que la conducta debía considerarse atípica.

Los jueces rechazaron ese planteo.

La Cámara consideró especialmente relevante que la restricción había sido dispuesta en el marco de una causa iniciada por denuncias relacionadas con lesiones leves, amenazas y daños, bajo las previsiones de la Ley de Protección contra la Violencia Familiar.

El tribunal remarcó que, mientras una medida de este tipo se encuentra vigente, su cumplimiento no queda sujeto a la voluntad de las personas involucradas. Su modificación, ampliación o cese debe ser decidido por el órgano judicial que la dispuso.

Además, los jueces destacaron que el día del incumplimiento existía un contexto de conflicto que, a criterio del tribunal, demostraba que la situación de riesgo que había motivado la medida no estaba superada.

Según consta en el expediente, personal policial concurrió al domicilio a raíz de un llamado que alertaba sobre una situación de violencia familiar. En el lugar, la mujer manifestó que había sido golpeada y los efectivos observaron una lesión en una de sus piernas y el cabello revuelto.

El propio implicado reconoció que conocía la restricción vigente, que había retomado la convivencia con la mujer y que ese día habían mantenido una discusión durante la cual la empujó.

Para la Cámara, estos elementos permitieron descartar que se tratara de un incumplimiento meramente formal.

El segundo hecho ocurrió el 21 de marzo de 2025, alrededor de las 18.50, en la farmacia Simplicity, ubicada en calle 9 de Julio al 600 de Tandil.

Según se estableció judicialmente, el hombre ingresó al comercio y tomó dos cajas de perfume marca Cher. Luego salió del establecimiento sin abonarlas y se retiró con los productos en su poder.

Fue aprehendido pocos minutos después, a algunas cuadras del lugar, y tenía consigo los elementos sustraídos.

Este hecho fue calificado como hurto, previsto en el artículo 162 del Código Penal.

La defensa no formuló un cuestionamiento concreto respecto de este episodio en el recurso de apelación. Por ese motivo, la condena por el hurto llegó firme a la instancia de la Cámara y el tribunal se concentró en analizar el planteo relacionado con el delito de desobediencia.

Otro de los argumentos de la defensa apuntó a que el incumplimiento de una medida dictada bajo la Ley 12.569 debía recibir primero las respuestas previstas por esa normativa, antes de recurrir a una condena por el delito de desobediencia contemplado en el artículo 239 del Código Penal.

La Cámara tampoco hizo lugar a ese planteo.

Los jueces entendieron que las herramientas previstas por la Ley de Protección contra la Violencia Familiar —entre ellas advertencias, trabajos comunitarios, comunicaciones a organismos y asistencia a programas reflexivos, educativos o terapéuticos— tienen una finalidad preventiva y educativa y no constituyen sanciones que reemplacen la aplicación del delito de desobediencia.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que esas medidas tampoco constituyen una instancia previa obligatoria que deba agotarse antes de acudir a la Justicia Penal.

La Cámara consideró que, cuando el incumplimiento de una orden judicial reúne los elementos del delito de desobediencia, puede intervenir la Justicia Penal.

Con los votos coincidentes de los jueces Gustavo Agustín Echevarría, Carlos P. Pagliere y Damián Pedro Cini, la Cámara resolvió rechazar el recurso de apelación presentado por la defensa y confirmar la sentencia dictada en abril de este año.

De esta manera, quedó firme la pena de cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento por los hechos ocurridos en Tandil en enero de 2024 y marzo de 2025, para el hombre, identificado como Marcos Nahuel Quiñones.

A esa condena se sumó la pena anterior de seis meses de prisión de ejecución condicional, cuya condicionalidad fue revocada, por lo que la pena única quedó establecida en diez meses de prisión de efectivo cumplimiento.

La resolución de la Cámara fue registrada el 19 de agosto de 2026.

Una docente de Corrientes fue condenada a tres años de prisión en suspenso tras comprobarse que exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobar materias. La mujer, quien se desempeñaba como profesora interina en la Escuela N° 563 de Colonia Carlos Pellegrini, fue hallada culpable de los delitos de abuso de autoridad y concusión.

La resolución fue dictada por la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag, quien homologó un juicio abreviado pleno. Además de la pena de prisión, la docente recibió tres años de inhabilitación para ejercer el cargo y se le impuso una multa de 360.000 pesos.

La investigación judicial se centró en dos hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025. En el primer episodio, registrado entre junio y julio, la profesora solicitó 100.000 pesos a una estudiante para aprobarla sin asistir a clases. La víctima llegó a entregar 30.000 pesos, pero la docente insistió mediante mensajes de WhatsApp para obtener el saldo restante, bajo la advertencia de que no aprobaría el módulo si no concretaba el pago.

El segundo caso ocurrió en abril de 2025, cuando la docente pidió 150.000 pesos a otra alumna bajo la misma modalidad extorsiva. En esta oportunidad, el dinero fue transferido a través de la plataforma Mercado Pago. La causa logró reconstruir ambos episodios mediante audios, capturas de conversaciones, comprobantes de transferencias, testimonios, informes sociales y las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.

Como parte de la sentencia, la mujer deberá fijar residencia, presentarse cada tres meses ante la Oficina Judicial y abstenerse de cometer nuevos delitos. Asimismo, se dictó una restricción de acercamiento de 100 metros respecto de las denunciantes y la prohibición de realizar actos de hostigamiento. Finalmente, la Justicia estableció una reparación económica de 480.000 pesos, debiendo abonar 240.000 pesos a cada una de las estudiantes damnificadas.

El abogado Sebastián Queijeiro, uno de los representantes legales de la querella consignó que la audiencia de cesura se llevó a cabo de manera virtual, con la participación de los culpables desde sus celdas.

El 6 de julio pasado, un jurado popular había hallado por unanimidad a los tres responsables por el delito de homicidio agravado por alevosía, codicia, premeditación y el uso de arma de fuego.

En este contexto, Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, se mostró conforme con la decisión de la Justicia, pero recriminó que el acusado de diseccionar el cuerpo “siga en libertad. Es algo que no entiendo como la persona que descuartizó a Fernando esté libre hasta el comienzo del juicio. Estamos en Argentina”.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida.

Pérez Algaba fue asesinado el 18 de julio de 2023 en un campo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, adonde había ido para cobrar una deuda que tenía con Pilepich, según la acusación.

El financista recibió dos balazos y su cuerpo fue descuartizado y esparcido en un arroyuelo en el sur del Gran Buenos Aires. Parte del cadáver fue encontrada dentro de una valija y una joven trans que en principio había sido imputada porque la maleta era de su propiedad, finalmente fue sobreseída y no irá a juicio.

La principal hipótesis es que fue asesinado para dejar sin efecto una deuda de 200 mil dólares por cuatro departamentos que reclamaba.

La querella sostiene que el móvil del homicidio fue el dinero y considera que tanto Pilepich como Vargas planearon el ataque, la gestora le tendió una trampa a Pérez Algaba al trasladarlo hasta un campo de General Rodríguez, Gil y Carrizo ayudaron a trasladar el cadáver, mientras que el comisario se encargó de desmembrarlo y ocultarlo en las valijas para luego esparcirlo en un arroyuelo de Ingeniero Budge. NA

El exdictador sirio Bashar Al-Assad fue condenado en ausencia a la pena de muerte por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil iniciada en 2011, que dejó cerca de medio millón de muertos.

La sentencia contra Assad es la primera dictada en su contra bajo las autoridades de transición, que en 2026 comenzaron a juzgar, tanto presencialmente como en ausencia, a figuras del antiguo Gobierno.

El Cuarto Tribunal Penal de Damasco también condenó a muerte a Atef Najib, primo materno de Assad, por liderar la represión en la provincia meridional de Daraa que desencadenó el levantamiento y posteriormente la guerra civil, reportaron Euronews y France 24.

Bajo fuertes medidas de seguridad, Najib permaneció dentro de una jaula y vestido con uniforme a rayas de prisionero mientras el juez leía la sentencia.

Najib, que también fue un exgeneral de brigada bajo la antigua cúpula del Ejército sirio y dirigía la rama de Seguridad Política en la provincia de Daraa en 2011, se convirtió en uno de los altos cargos de mayor rango en ser juzgado. El tribunal destacó la ejecución “intencionada de menores de 15 años” y “torturas resultantes en muertes”.

Assad y su hermano Maher huyeron a Rusia después de que los insurgentes entraran en Damasco en diciembre de 2024.

Además de Al-Assad y Najib, el tribunal impuso la pena capital a siete exjerarcas del depuesto régimen: Maher al-Assad, Fahd al-Freij, Muhammad Ayoush, Louay al-Ali, Qusay Mahyoub, Wafiq Nasser y Talal al-Asimi, todos ellos prófugos, de acuerdo con el expediente judicial, según la agencia siria Saná. NA

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil dictó una sentencia que obliga a los propietarios de dos perros de raza Bull Terrier a indemnizar a un vecino de un barrio privado ubicado en Ingeniero Maschwitz, partido de Escobar. El fallo de la Sala L confirmó la responsabilidad de los dueños por las lesiones provocadas a la víctima, fijando una compensación económica de 2.700.000 pesos, más los intereses correspondientes.

El episodio ocurrió el 18 de agosto de 2022, cuando el damnificado transitaba por las calles internas del complejo habitacional acompañado por su perro, un Schnauzer mini. En ese momento, fue sorprendido por los dos animales, que habían salido de un lote cercano. Según consta en la demanda, el hombre resultó herido en una de sus manos al intentar resguardar a su mascota durante el ataque, mientras otros vecinos intentaban intervenir para controlar la situación.

El informe pericial ratificó que los perros se encontraban sueltos al momento del incidente. Como consecuencia, la documentación médica acreditó que la víctima sufrió una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, lo que requirió una intervención quirúrgica para la colocación de material de osteosíntesis. Actualmente, el hombre presenta una incapacidad física parcial y permanente del 11 por ciento, derivada de las secuelas funcionales y la cicatriz de la operación.

Por otro lado, el tribunal decidió eximir de responsabilidad al consorcio del country. Los magistrados evaluaron que la entidad cumplió con las obligaciones previstas en su reglamento interno, habiendo advertido y sancionado previamente a los propietarios que permitían que sus animales circularan sin supervisión.

Un tribunal del estado de Nuevo México ordenó el jueves a la empresa Meta pagar 567 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños ocasionados a los jóvenes a través de sus plataformas digitales. Según consideró el juez, la compañía matriz de Instagram y Facebook creó una molestia pública, por lo que también se le ordenó implementar una serie de medidas de seguridad orientadas a proteger a los usuarios menores de edad.

El fallo se dictó durante la segunda fase de un juicio que la firma perdió en marzo. En la primera instancia, un jurado había ordenado a la empresa pagar 375 millones de dólares en sanciones civiles, tras determinar que la compañía infringió la ley estatal de protección al consumidor al tergiversar los niveles de seguridad de sus redes sociales para los niños.

Al respecto, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, celebró la resolución judicial:

“La decisión de hoy es una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales hacen a sus hijos y para todos los niños que merecen crecer en un entorno en línea más seguro”.

Por su parte, desde la empresa anunciaron a última hora del jueves que apelarán la sentencia. Un portavoz de la compañía afirmó en un comunicado: “Seguimos confiando en nuestra trayectoria de protección de los adolescentes en línea y continuaremos defendiéndonos frente a acusaciones que tergiversan los hechos”.

El Tribunal Oral 1 del Departamento Judicial de Quilmes condenó a un abusador serial a la pena de 30 años de prisión y el Banco de Datos Genéticos de la Suprema Corte Bonaerense cumplió un rol clave para probar su culpabilidad.

Según la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Sebastián Ariel Figueroa, de 40 años, fue declarado penalmente responsable por cuatro hechos: abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo agravado por el uso de arma (primeros dos antecedentes); abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo de no ha podido acreditarse de ningún modo (tercer acontecimiento) y abuso sexual con acceso carnal (cuarto hecho), en concurso real.

Los jueces Fernando Ernesto Celesia, Analia Verónica Reyes y María Cecilia Maffei acreditaron que el implicado vulneró la integridad sexual de las víctimas “K.E.M.” -el 4 de julio de 2010-; “L.S.O.” -el 29 de diciembre de 2013-; “L.R.” -el 23 de abril de 2013-; y “F.N.M.” -el 1º de enero de 2012-.

Además, los magistrados ordenaron la extracción de sangre al hombre, con el objetivo de inscribirlo en el Registro Nacional de Datos Genéticos y el Banco Nacional de la Provincia de Buenos Aires (conforme a  la ley provincial 13869 y ley nacional 26.879), así como la notificación pertinente al Registro de Condenados por delitos Sexuales, dependiente del Ministerio de Justicia bonaerense.

El coordinador del Banco de Datos Genéticos provincial Walter Bozzo declaró en el juicio y señaló que la institución concretó un entrecruzamiento de los perfiles genéticos comparados y halló el ADN perteneciente al abusador serial.

“Su laboratorio almacena evidencias biológicas obtenidas en el marco de investigaciones por delitos contra la integridad sexual, correspondientes a imputados o condenados en ese tipo de casos”, explicaron las autoridades. NA

Además, fueron inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos, por el cobro de sobornos y administración fraudulenta contra el Estado en el marco del caso de la empresa constructora Skanska.

Asimismo, se dictaron penas para exdirectivos de la firma sueca y otros intermediarios; de los 30 acusados que llegaron a la instancia del juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

Mario Piantoni, exmáximo responsable de la compañía en la región; Gustavo Vago, expresidente de la empresa en el país; y Javier Azcárate, exgerente comercial fueron condenado a cuatro años de prisión. El resto de los exdirectivos como Eduardo Varni; Héctor Obregón; Juan Carlos Bos; Alejandro Gerlero; y Roberto Antonio Zareba recibieron la pena de tres años en prisión condicional.

El Tribunal que anunció el veredicto del caso estuvo compuesto por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez.

El Caso Skanska fue el primer hecho de corrupción que se destapó durante el primer mandato kirchnerista, donde se investigó el supuesto pago de sobornos y sobreprecios por parte de la constructora sueca, con el objetivo de adjudicarse las obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004.

La empresa señalada de direccionar licitaciones y sobornar a ex funcionarios públicos fue acusada, además, de ocultar este esquema con la utilización de un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma, en las que se simulaban servicios que nunca se prestaron.

La prueba fundamental que destapó la maniobra fue una grabación de la propia compañía, en la que un ejecutivo afirmaba que había recibido el pago de coimas a cambio de asegurarse las obras.

Anteriormente, el exministro de Planificación fue condenado por la tragedia de Once; la Corte Suprema de Justicia dejó firme la sentencia en noviembre de 2025 y fijó la pena en cuatro años de prisión por ser considerado partícipe necesario por cometer delito de administración fraudulenta. NA

El exsenador nacional Edgardo Kueider fue condenado a dos años de prisión en suspenso por la Justicia paraguaya, a través del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que dictó el fallo luego de haberlo encontrado culpable por el delito de tentativa de contrabando de dinero.

Su exsecretaria y actual pareja, Iara Guinsel, también recibió una pena, pero menor: fue condenada a 1 año y 10 meses de arresto bajo la misma modalidad por ser coautora del delito de contrabando en grado de tentativa.

Previo al veredicto, ambos imputados cumplieron 18 meses de prisión domiciliaria, en la ciudad de Asunción, tiempo que absorbió la mayor parte del proceso judicial y que sería restado a cada una de las condenas.

Este proceso judicial comenzó con la detención de ambos, el 4 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Foz de Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay), donde autoridades aduaneras encontraron 211 mil dólares, 3.9 millones de pesos argentinos y 646 mil guaraníes, en el auto donde viajaban, todos no declarados.

El tribunal tipificó el hecho como contrabando de divisas en grado de tentativa, por considerar que el dinero en efectivo constituye una mercancía que debe ser declarada ante la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios.

Por otra parte, Kueider enfrenta otro proceso en Paraguay por la presunta compra ilegal de seis departamentos de lujo en Asunción, hecho que complejizó la situación de ambos acusados, ya que el Ministerio Público paraguayo presentó otra imputación en su contra por presunto lavado de dinero, debido a que los fondos podrían ser de origen ilícito.

Meses atrás, Paraguay aprobó la extradición de Kueider y Guinsel solicitada por la justicia argentina. Una vez que regresen al país, se espera su detención inmediata por estar señalados por presunto de enriquecimiento ilícito. NA

El Tribunal Oral Federal Nro. 4 condenó a los exfuncionarios kirchneristas Julio de Vido, exministro de Planificación, y José López, exsecretario de Obras Públicas, a cinco años de prisión. La sentencia incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos debido a los delitos de administración fraudulenta contra el Estado y el cobro de sobornos en el marco del Caso Skanska.

El veredicto, anunciado este mediodía por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez, también alcanzó a otros implicados. De los 30 acusados que llegaron al juicio oral iniciado en el año 2024, 17 personas resultaron absueltas.

En relación con la firma sueca, Mario Piantoni, Gustavo Vago y Javier Azcárate fueron condenados a cuatro años de prisión. Por su parte, Eduardo Varni, Héctor Obregón, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba recibieron penas de tres años en prisión condicional.

El Caso Skanska representó el primer hecho de corrupción destapado durante el primer mandato kirchnerista. La investigación se centró en el pago de sobornos y sobreprecios para la adjudicación de obras de ampliación de dos gasoductos en el año 2004. La maniobra se ocultó mediante un sistema de facturas falsificadas emitidas por más de 20 empresas fantasma.

La prueba clave que permitió avanzar en la causa fue una grabación de la propia compañía, en la cual un ejecutivo admitía el pago de coimas. Cabe recordar que Julio de Vido ya contaba con una condena previa por la tragedia de Once, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2025 con una pena de cuatro años de prisión.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó al exjefe de Operaciones Navales Claudio Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional en el marco del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia ocurrida el 15 de noviembre de 2017 en la que murieron sus 44 tripulantes.

La sentencia fue dictada por los jueces Mario Gabriel Reynaldi, Luis Alberto Giménez y Enrique Nicolás Baronetto, quienes consideraron a Villamide responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado.

En cambio, el tribunal resolvió absolver por unanimidad a los otros tres imputados: el contralmirante Luis López Mazzeo, el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Héctor Correa, al entender que no existían elementos suficientes para dictar una condena en su contra.

El proceso judicial, que comenzó el 3 de marzo, incluyó más de 30 audiencias en las que declararon expertos submarinistas, excomandantes, oficiales y suboficiales retirados de la Armada. El objetivo fue determinar si existieron incumplimientos funcionales relacionados con la misión que terminó con la desaparición del submarino.

Según la resolución, Villamide fue considerado responsable por irregularidades en el manejo operativo del ARA San Juan y por las decisiones adoptadas antes y durante la misión. No obstante, la pena impuesta no implica el cumplimiento efectivo de prisión, ya que se trata de una condena condicional.

Los fundamentos del fallo serán dados a conocer en una fecha posterior, dentro del plazo previsto por el Código Procesal. Recién entonces las partes podrán analizar la sentencia y decidir si presentan recursos de apelación.

Un hombre fue sentenciado a la pena de dos años de prisión por modificar su testimonio durante el juicio contra el exjuez Walter Bento, condenado por encabezar una asociación ilícita.

Diego Barrera incurrió en el delito de falso testimonio tras modificar la comparecencia ofrecida en la etapa de instrucción, por lo que el Tribunal Federal 2 de Mendoza lo declaró culpable al aceptar la solicitud del fiscal Federico Baquioni.

La investigación inició luego de que los fiscales generales Dante Vega y Gloria María André detectaran contradicciones entre las dos exposiciones del implicado, quien en un primer momento dio detalles acerca del mecanismo para negociar libertades, beneficios procesales y arrestos domiciliarios, mientras que nombró a diferentes abogados y miembros de las fuerzas de seguridad como partícipes activos en esa asociación ilícita.

No obstante, en 2023 afirmó haber sido víctima de presuntas represalias ejercidas por miembros del Ministerio Público Fiscal (MPF), letrados que lo asistieron legalmente y dirigentes políticos, en tanto que señaló que su testimonio fue “armado” y agregó que no conocía a Bento.

Barrera, su esposa y los dos hijos de esta mujer fueron condenados a prisión perpetua por el secuestro y el crimen del despachante de aduanas Diego Aliaga, caso que derivó en la investigación contra Walter Bento.

Los investigadores constataron que desde 2007 existía una asociación ilícita que concedía la libertad a detenidos o imputados y reducía medidas coercitivas a cambio de vehículos, coimas en dólares e inmuebles, por lo que la impunidad se garantizaba a través de las resoluciones que establecían faltas de mérito, sobreseimientos o modificaciones en las carátulas de las causas.

El 8 de noviembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados destituyó a Bento como titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza por “mal desempeño en sus funciones”, mientras estaba detenido en la cárcel de Cacheuta con prisión preventiva.

El exjuez federal recibió 18 años de prisión, tras ser hallado culpable de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica. NA

El exministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.

Los jueces lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de Cammesa, Luis Beuret, y al exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.

En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 4 de septiembre, a las 14. NA