El exsecretario de Obras Públicas, José López, prestó declaración este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nro. siete en el marco del juicio por la denominada Causa Cuadernos. Durante su intervención, el exfuncionario rechazó las acusaciones y afirmó de manera categórica que nunca integró una asociación ilícita.

En su testimonio, José López buscó desvincular de los cargos a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido. Al respecto, el imputado manifestó ante los magistrados:

"No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto".

Asimismo, el exfuncionario fue tajante al referirse a la conducción de la supuesta organización criminal que se investiga en el proceso judicial. "Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido", resaltó José López durante su declaración ante el tribunal.

El exsecretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7. Con su comparecencia, se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada para esta nueva etapa del proceso judicial conocido como la causa Cuadernos.

López, quien se desempeñó como funcionario durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. Su relevancia en el expediente radica en su rol como imputado colaborador, figura comúnmente denominada como “arrepentido”. En sus declaraciones previas, confesó haber integrado un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y señaló vínculos con altos funcionarios que actuaban como organizadores.

La figura de José López cobró notoriedad pública en el año 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento. Además de su testimonio, el cronograma judicial incluye las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

En el caso de Marcuzzi, su defensa solicitó una "reparación integral" para obtener el sobreseimiento, pedido que fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, figura en el expediente como uno de los arrepentidos tras admitir ante la Justicia el pago periódico a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

La etapa testimonial continuará durante el mes de mayo con la convocatoria de varios periodistas que participaron en la investigación inicial, así como ex funcionarios y allegados a los principales acusados, entre ellos la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Actualmente, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate, ratificando así la continuidad del proceso.

El Tribunal N°14 condenó este lunes a Felipe Pettinato a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 durante un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La justicia consideró al imputado responsable del delito de estrago culposo seguido de muerte, validando la hipótesis de un accidente.

Durante la última audiencia del proceso, el juez Enrique Gamboa dio a conocer el veredicto tras siete jornadas de debate en las que declararon más de 15 testigos y peritos. El imitador de Michael Jackson, que optó por no declarar a lo largo del juicio, ratificó su silencio antes de conocerse la sentencia.

“No voy a hablar ante el veredicto”, afirmó vía Zoom ante el tribunal poco después de las 9 AM.

La resolución judicial se inclinó por la postura del fiscal Fernando Klappenbach, quien había solicitado una pena de cuatro años y siete meses de cumplimiento efectivo al considerar que el acusado intentó ayudar a la víctima. Por su parte, la querella representada por Delia Muzio, madre del médico fallecido, había pedido una condena de 15 años bajo la carátula de estrago doloso, argumentando que Felipe Pettinato no realizó maniobras de rescate mientras el profesional agonizaba.

La sentencia de tres años en suspenso se dictó en concurso real con una condena previa de nueve meses, también en suspenso, que el joven recibió en 2022 por el abuso sexual de una menor de 15 años. Como parte de las obligaciones impuestas, el condenado deberá continuar con sus tratamientos de adicción, fijar un domicilio y entregar una muestra genética al Registro de Abusadores.

En la sala digital estuvieron conectados su padre, Roberto Pettinato, y su hermana, Tamara Pettinato, junto a su pareja, el diputado José Glinski. Los fundamentos del fallo estarán disponibles la próxima semana, momento a partir del cual tanto la querella como la defensa podrán apelar la decisión ante instancias superiores.

La abogada Agostina Páez mantuvo un encuentro esta tarde con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tras pagar la fianza en Brasil por el delito de injuria racial y regresar a la Argentina.

Bullrich publicó un video en su cuenta de la red social X donde abraza a la letrada y expresa su alivio por haber vuelto al país. “¡Vamos, qué alegría!”, manifestó la senadora al momento de conocer a Páez, quien estaba acompañada por su padre, Mariano Páez, y Sebastián Robles, uno de los defensores.

Luego, se sentaron en un bar porteño y charlaron acerca de la situación judicial de la joven de 29 años, a quien Bullrich le expresó su felicidad: “Estoy muy contenta de que estés acá”.

Además, destacó el rol del Consulado argentino por su efectivo accionar, y enfatizó en el tiempo que Agostina permaneció retenida: “¡Tres meses!”. La santiagueña aseguró: “A mí se me frenaron los días por tres meses”.

Por último, la ex ministra de Seguridad le transmitió su aliento a Páez: “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”.

Una mujer policía fue condenada a dos años de prisión por la muerte de Daiana Soledad Abregú, quien el 5 de junio de 2022 falleció al ahorcarse con una campera en un calabozo de Laprida.

En un juicio desarrollado en los tribunales de Azul, cuyo fallo se conoció este miércoles, fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional Vanesa Soledad Núñez, de 40 años y oriunda de Laprida, como autora penalmente responsable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, fue inhabilitada de manera especial por cuatro años para ejercer cargos públicos, según consignó el diario El Tiempo de Azul.

En relación con las circunstancias que derivaron en la muerte de Abregú mientras Núñez estaba a cargo de su custodia en la Comunal de Laprida, en el fallo -al que tuvo acceso ese medio- se señala que aquel 5 de junio de 2022, cuando la joven permanecía aprehendida por una contravención, la imputada “incumplió con los deberes a su cargo”.

La tarea de Núñez era “velar -de manera ininterrumpida- por la integridad psicofísica” de Abregú, quien se encontraba privada de su libertad en el sector de calabozos de la Estación de Policía Comunal, en calidad de contraventora. Allí cumplía funciones como “imaginaria de calabozos” e incumplió sus obligaciones al no advertir -y por ende no impedir- que la joven “se diera muerte”.

Núñez fue la única que llegó a juicio por este caso. En un inicio, ella y otros policías que estaban de servicio ese día fueron investigados e incluso detenidos como posibles responsables de la muerte. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada con el avance de la investigación, a cargo del fiscal José Ignacio Calonje, y la causa derivó finalmente en la imputación solo para Núñez por este delito.

Desde el inicio de la causa intervinieron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes también participaron del juicio oral. En un primer momento, y en base a una de las autopsias, ese organismo sostuvo que la joven había sido asesinada por efectivos policiales, pero esa hipótesis fue descartada con el tiempo y los agentes sospechados resultaron sobreseídos.

De acuerdo con el fallo, Núñez “omitió custodiar permanentemente a la única persona detenida en el sector de calabozos”. Para el juez, “existió una omisión voluntaria por parte de un agente estatal de cumplir con su obligación legal de velar por la integridad de las personas bajo su custodia”, lo que configura el delito por el que fue condenada.

A más de cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi se refirió a lo sucedido aquella madrugada en Villa Gesell y aportó detalles sobre un momento clave: el encuentro con sus amigos en una hamburguesería minutos después del ataque. Según su testimonio, la conversación con Máximo Thomsen y el resto del grupo no giró en torno a la agresión, sino que se mantuvo en un plano cotidiano.

Hablamos de la noche, de chicas, de cosas normales

El joven insistió en que nadie mencionó el episodio violento ni expresó preocupación por la víctima. Para Pertossi, ese comportamiento reflejó una falta total de dimensión sobre la gravedad de lo ocurrido. "Actuamos como si nada hubiera pasado", afirmó durante una entrevista en A24, marcando el clima que predominó en ese encuentro.

Desde la cárcel, el condenado expresó arrepentimiento por su falta de reacción frente al hecho: "Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó". Al mismo tiempo, volvió a sostener que no existió un plan previo para agredir a la víctima y definió el suceso como una tragedia que se fue de las manos.

En su declaración, Pertossi también apuntó contra la estrategia que llevó adelante el abogado Hugo Tomei durante el proceso realizado en Dolores. "Me sentí mal defendido", aseguró, al explicar que quiso dar su versión desde el inicio del juicio pero no tuvo la oportunidad. El joven cumple una pena de 15 años de prisión, al igual que Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, mientras que los otros cinco involucrados recibieron perpetua.

Actualmente, su nuevo abogado, Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó un pedido de nulidad de la sentencia y solicitó un nuevo juicio. El reclamo sostiene que la defensa en bloque vulneró garantías constitucionales, ya que los hechos atribuidos a Pertossi fueron notoriamente distintos a los de los otros acusados. Según el fallo, el joven intervino en un foco diferente y su aporte fue calificado como partícipe secundario, sin contacto físico con la víctima ni rastros de sangre en sus prendas.

La serie de hechos incluyó una víctima fatal en 2016 y la Sala II del máximo tribunal penal del país -integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Angela E. Ledesma- rechazó los recursos presentados por las defensas contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, que los condenó por seis crímenes cometidos bajo el mismo modus operandi.

Según se estableció en la sentencia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los acusados atraían a hombres solteros mediante la red social Badoo, utilizando el perfil de una mujer para pactar encuentros íntimos.

Una vez concretada la cita, las víctimas eran abordadas por al menos dos hombres que las golpeaban y las obligaban a entregar las llaves de sus domicilios, que luego eran desvalijados.

En uno de los casos, el comerciante Alejandro Scarzella, quien vivía en Hurlingham, fue atraído en 2016 a una vivienda en la localidad de Wilde, donde resultó golpeado y reducido por los acusados. Posteriormente lo introdujeron en el baúl de un automóvil y abandonaron el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires.

La autopsia determinó que la víctima murió dentro del baúl por asfixia posicional e insuficiencia respiratoria.

Por unanimidad, los jueces Slokar, Yacobucci y Ledesma confirmaron las penas impuestas, que según el grado de responsabilidad y participación en cada uno de los seis hechos, van desde los 14 años y medio hasta los 32 años de prisión.

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de arresto domiciliario de Juan Mauricio Zabaleta, procesado por el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario portuario Gastón Tallone, ocurrido en 2024.

La misma Sala II del máximo tribunal penal del país, desestimó el recurso presentado por la defensa contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 que le había negado el beneficio.

Zabaleta está procesado como coautor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas y por haber dado muerte intencional a la víctima.

El caso involucra el secuestro de Tallone en el barrio porteño del Abasto. El empresario fue trasladado a una quinta en Benavídez, donde fue obligado a gestionar el pago de un rescate de 65 mil dólares. Pese a que el dinero fue entregado, fue asesinado y sus restos habrían sido incinerados a la vera de una ruta cerca de Campana. NA

Brenda Barattini, la arquitecta condenada en 2019 a 13 años de prisión por cortarle los genitales a su amante en Córdoba, recibió la libertad condicional y podrá volver a su provincia natal, Chubut, para vivir y trabajar junto a su madre.

El Juzgado de Ejecución le otorgó el beneficio tras analizar informes favorables y considerar los cursos educativos y laborales que Barattini realizó durante su tiempo en la cárcel de Bouwer. La joven arquitecta había sido condenada por “tentativa de homicidio” en septiembre de 2019.

La noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a su amante durante un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba. La Justicia determinó que lo agredió con una tijera de podar que había escondido debajo de la cama, mientras él estaba indefenso y con los ojos vendados. La víctima logró escapar y pedir ayuda, y fue asistida por una vecina enfermera que evitó que se desangrara en el lugar.

En la escena del ataque, los investigadores encontraron la tijera, cartas y anotaciones que evidenciaban un plan para cometer la mutilación, así como información clave en dispositivos electrónicos. Barattini intentó hacer creer que había sido abusada, pero la investigación descartó esa versión. La fiscalía cambió la carátula a “intento de homicidio” y el tribunal —integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno— la condenó a 13 años de prisión. Además, la Justicia le ordenó indemnizar a la víctima tras aceptar parcialmente la demanda civil.

La condena original de Barattini debía cumplirse en noviembre de 2030, aunque podía acceder a la libertad condicional a partir de noviembre de 2026. Sin embargo, gracias a 10 meses y tres días de reducción obtenidos por los cursos y carreras universitarias que realizó en prisión, recuperó la libertad casi un año antes.

El trámite para la salida anticipada se demoró varias semanas por los estudios y evaluaciones exigidos por la Justicia. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, el juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, otorgó el beneficio tras una audiencia en Tribunales 2 donde se analizaron los parámetros de reinserción social y se fijaron las condiciones que Barattini deberá cumplir.

Entre las exigencias, Barattini deberá fijar domicilio en Comodoro Rivadavia, someterse a tratamiento psicológico ambulatorio y reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado). También tiene una orden de restricción: no podrá acercarse a menos de mil metros de cualquier lugar donde pueda estar la víctima, aunque actualmente el hombre no reside en el sur del país. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en su regreso a prisión hasta noviembre de 2030.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de 84.835 millones, pero fue actualizado a 684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. Ese flujo de fondos públicos, según la justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas. NA

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, calificó como “un quiebre histórico para Chaco” la condena a cadena perpetua dictada por el jurado popular contra Merenciano Sena, Marcela Acuña y César Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski.

El funcionario sostuvo que el veredicto “le pone fin a 16 años de impunidad y corrupción” y remarcó que un fallo de estas características “era imposible con Jorge Capitanich en el poder”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Matkovich destacó que la sentencia no solo representa justicia para la familia de la joven desaparecida en 2023, sino “el final de un sistema basado en el apriete, el clientelismo y la protección política” que -según afirmó- permitió la consolidación del clan Sena como un actor con poder económico, territorial y vínculos estrechos con la estructura estatal.

“El jurado habló. La Justicia habló. Cecilia finalmente habló”, expresó el ministro, que además subrayó la tarea de la Policía y del Ministerio Público en una causa que calificó como “la más sensible e impactante de las últimas décadas para la provincia”.

Matkovich insistió en que la envergadura de la sentencia solo fue posible por el cambio de signo político en la provincia: “Esto no podía juzgarse con la anterior gestión. El clan Sena estaba incrustado en las estructuras del Estado porque así funcionaba el sistema. Romper eso era condición necesaria para que hubiera Justicia”, afirmó.

El ministro sostuvo que la condena marca también “el cierre de un ciclo político” y señaló que el fallo revela el nivel de penetración territorial y de recursos que acumuló la organización liderada por los Sena.

En ese sentido, citó al politólogo Sergio Berensztein, quien señaló días atrás que el caso evidenció “la degradación institucional profunda y la convivencia entre poder político, pseudomovimientos sociales y estructuras paralelas que manejaban fondos millonarios sin controles”.

Matkovich aseguró que el veredicto envía “un mensaje inequívoco de que en Chaco no habrá más margen para estructuras que operen por fuera de la ley bajo protección estatal”.

También consideró que la decisión del jurado “restaura parte de la confianza perdida” en la Justicia provincial. (NA).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que provocó la muerte de cincuenta y dos personas. Con esta decisión, la pena quedó en condiciones de ser ejecutada y el exfuncionario podría ser detenido, dado que hasta el momento no estuvo preso en el marco de esta causa.

En el plenario realizado este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar por inadmisibles los recursos presentados tanto por la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, como por la Fiscalía, que pretendía un aumento de la pena. De este modo, la sentencia quedó confirmada y en condiciones de ser cumplida.

La tragedia de Once, ocurrida en el sistema ferroviario argentino en 2012, marcó un antes y un después en la historia judicial del país por la magnitud del hecho y la implicación de altos funcionarios. La decisión de la Corte Suprema representa un paso definitivo en el proceso judicial iniciado tras el accidente, al consolidar la responsabilidad penal de De Vido por administración fraudulenta.

Hasta ahora, el exministro no había sido privado de su libertad en relación con este expediente. Sin embargo, la confirmación de la condena por parte del máximo tribunal podría derivar en su detención. El Tribunal Oral Federal N°4, que llevó adelante el juicio, citó a De Vido a presentarse el próximo jueves en el juzgado. El exfuncionario podría recibir el beneficio del arresto domiciliario por razones de edad, ya que tiene 75 años.

El mes pasado, la Cámara Federal de Casación Penal había rechazado un pedido de la defensa de De Vido para declarar prescripta la causa. El exministro fue condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta —por no haber controlado el destino de los fondos públicos— y absuelto por estrago culposo, delito vinculado a las 52 muertes y los heridos.

La resolución firmada el 16 de octubre por la Sala III de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Carlos Mahiques y Diego Barroetaveña, había declarado inadmisible el recurso de la defensa, un planteo que ya había sido desestimado por el Tribunal Oral Federal N°4 en junio de 2025.

El juez Hornos recordó que De Vido fue condenado en octubre de 2018 a cinco años y ocho meses de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, sentencia que luego fue revisada por la Corte Suprema el 1° de agosto de 2024. En esa instancia, el máximo tribunal mantuvo firme la declaración de responsabilidad penal y ordenó solo un nuevo examen del monto de la pena. En cumplimiento de ese reenvío, la Sala III fijó la pena definitiva en cuatro años de prisión el 30 de abril de 2025, decisión que fue apelada y ahora confirmada de manera definitiva.

En su voto, Hornos también remarcó que los hechos se desarrollaron en el marco de un “grosero abuso defraudatorio en perjuicio del Estado Nacional”. Barroetaveña sostuvo que la resolución impugnada contaba con fundamentos jurídicos válidos y que la defensa no demostró defectos graves ni arbitrariedad. Mahiques, en minoría, consideró que el recurso debía ser analizado, aunque su postura no prosperó.

El accidente ferroviario de Once, ocurrido el 22 de febrero de 2012 con un tren de la línea Sarmiento, dejó un saldo de 52 personas fallecidas y 789 heridas. El hecho derivó en múltiples investigaciones judiciales y en dos juicios orales. En el primero, realizado en 2015, fueron condenados el maquinista, los propietarios y exdirectivos de Trenes de Buenos Aires (TBA), y los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

En el segundo juicio, el Tribunal Oral Federal N°4 determinó la responsabilidad de Julio De Vido por no haber controlado el uso de los fondos públicos asignados a la empresa concesionaria, lo que derivó en la condena que ahora quedó firme por decisión de la Corte Suprema.

Una mujer de 47 años fue víctima de una violación en una vivienda de Mar del Plata y por el hecho detuvieron a un feriante, que ya había estado preso y condenado por abuso sexual.

El hecho ocurrió el miércoles 22 de este mes por la noche en una casa de Almirante Brown al 8800. De acuerdo con el diario La Capital, el exconvicto había conocido a la víctima en la feria de Plaza Rocha, en las calles Luro y Dorrego, a la que ambos asistían para atender distintos puestos.

Conforme con los datos obtenidos, ambos acordaron encontrarse en la vivienda del hombre. La mujer desconocía que éste había salido de la cárcel tras cumplir una condena a nueve años de prisión por abuso sexual. Según la reconstrucción, el agresor comenzó a preparar la cena mientras le convidó a la víctima con una bebida alcohólica. Entonces, según su testimonio posterior, ella se descompuso y sufrió mareos. Luego, se descompensó.

Cuando recobró la conciencia, explicó la mujer, el hombre la había violado. Si bien La Capital evita mayores detalles, para el fiscal y los especialistas que examinaron la situación, “la víctima fue abusada sexualmente de manera salvaje”.

Después del ataque, el hombre llevó a la damnificada a la casa de su hermana. De hecho, el contacto entre ambos en la Plaza Rocha había sido dos meses atrás por intermedio de esta, quien tiene un puesto. Desde ahí, al otro día el agresor trasladó a la víctima a su casa de Rosales al 6000, donde volvió a violarla.

Cuando se recuperó parcialmente, la mujer pidió ayuda y fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde hizo la denuncia formal ante el destacamento allí ubicado.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que la justicia de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, será la encargada de investigar dos nuevas denuncias contra Leonardo Cositorto, el empresario ya condenado por múltiples estafas vinculadas a la firma Generación Zoe.

La decisión del máximo tribunal zanjó un conflicto de competencia entre el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y el Juzgado de Control y Faltas de Villa María, Córdoba, que acumula buena parte of las causas por estafa contra Cositorto. La Corte entendió que los hechos denunciados ocurrieron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y, por lo tanto, deben ser juzgados en esa jurisdicción.

Las nuevas denuncias fueron presentadas por dos mujeres, identificadas como C.I.C. y B.N.E., quienes relataron que invirtieron dinero en un fideicomiso de Zoe Emporwerment SA, con la promesa de obtener dividendos mediante un “bot inteligente”. Según las denunciantes, si bien inicialmente recibieron algunos pagos, con el tiempo cesaron y Cositorto nunca cumplió con la reprogramación de los mismos, pese a promesas reiteradas.

El juez bonaerense se había declarado incompetente al considerar que los hechos podrían estar vinculados con la supuesta asociación ilícita investigada en Córdoba. Sin embargo, desde Villa María rechazaron esa conexión y resaltaron que los hechos ocurrieron en territorio bonaerense, por lo que devolvieron el expediente.

En consonancia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que los hechos deben ser juzgados por el tribunal donde se cometieron. “Cualquiera que sea el vínculo de conexión que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos”, recordó el fallo.

Cositorto ya acumula varias condenas: en Salta fue sentenciado a 11 años de prisión y en Corrientes a 12, además de causas elevadas a juicio oral en Córdoba y otras en trámite en Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires y en el fuero federal por lavado de dinero.

El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Lucero Alfonso (presidenta), Ariel Parrillis y Eugenia Zabala Chacur (vocales), tras escuchar los alegatos finales de las partes y realizar la audiencia de cesura de juicio.

El debate, en el que la expolicía llegó acusada de matar a Sofía Mía Ojeda Silva y Bautista Silva Funes, se inició el pasado 13 de octubre en el Tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

A más de una semana del comienzo del juicio, se desarrolló la audiencia de alegatos donde la Fiscalía, representada por Virginia Palacios, sostuvo que la acusada planificó el hecho y actuó durante la madrugada para evitar la intervención de terceros, cuando las víctimas se encontraban en estado de indefensión.

A su vez, mencionó que la prueba recolectada -entre ellas, pericias balísticas, médico-forenses y elementos caligráficos- “permitió acreditar la secuencia de los hechos y la responsabilidad penal de la acusada”. Al momento de solicitar pena, expuso el requerimiento de que sea prisión perpetua.

Por su parte, la querella, ejercida por el abogado Esteban Bustos, acompañó la postura del Ministerio Público Fiscal, sostuvo que el debate demostró la alevosía y la plena conciencia de la imputada, por lo que pidió la misma pena que la fiscal.

Por último, la defensa de Silva, a cargo de Agustina Tobares, solicitó que el Tribunal valorara la historia vital de la imputada desde una perspectiva de género, considerando su contexto personal, familiar y económico.

Cómo ocurrió en un comienzo de la causa, mencionó episodios de violencia en relaciones previas y una situación de endeudamiento que, según su planteo, “habrían afectado su estabilidad emocional”. NA

Julieta Silva fue condenada este miércoles a nueve meses de prisión por violencia contra su esposo. La sentencia se conoció en el marco de un juicio abreviado realizado en Mendoza, donde la acusada fue hallada culpable del delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Se trata de la segunda condena que recibe: en 2018 ya había sido penada por atropellar y matar a su expareja, el rugbier Genaro Fortunato.

La denuncia que dio origen al proceso fue realizada por su actual esposo el pasado 12 de julio, cuando llamó al 911 desde el baño de la casa donde se encontraba refugiado. Al llegar al domicilio, la Policía constató que el hombre tenía lesiones leves.

Tras el hecho, la Justicia imputó a Silva y le dictó prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Posteriormente, la Fiscalía de Instrucción de San Rafael incorporó nuevos cargos por privación ilegítima de la libertad en al menos diez episodios, amenazas simples y desobediencia.

A medida que el expediente avanzó, la defensa de Silva, a cargo de Clarisa Fuentes Rubio y Roberto Castillo, solicitó cerrar la causa o aplicar una pena menor. Finalmente, se resolvió avanzar con un juicio abreviado que se llevó a cabo este miércoles.

Durante la audiencia, el juez la encontró culpable de los hechos, pero decidió que la pena se cumpla bajo modalidad domiciliaria, a pesar de que la Fiscalía solicitaba una condena de cumplimiento efectivo.

Además, el tribunal declaró a Silva reincidente, vinculando esta resolución con su condena anterior por homicidio culposo agravado en la causa por la muerte de Genaro Fortunato. En 2018, había recibido tres años y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación para conducir, tras un fallo unánime.

En cuanto a los delitos de privación ilegítima de la libertad y desobediencia, el juez resolvió su sobreseimiento, por lo que la condena final recae únicamente sobre el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo.

La decisión de mantener la prisión domiciliaria se tomó de acuerdo con lo argumentado por la defensa, que hizo énfasis en su situación personal y antecedentes procesales. No obstante, la Fiscalía manifestó en la audiencia su desacuerdo con el régimen adoptado para cumplir la pena.

En paralelo a la condena, Julieta Silva habló públicamente sobre su situación. En una entrevista con Telenoche, negó los hechos que se le imputan y aseguró que fue víctima de chantaje y extorsión por parte de su actual esposo.

“Empecé a sentir que él usaba situaciones dolorosas que viví para amenazarme. Me filmaba sin que yo supiera, grababa conversaciones y tenía videos íntimos míos. Cuando descubrí esas grabaciones, hasta me arrodillé pidiéndole que las borrara”, relató Silva.

Definió su relación como “complicada y tóxica”, y explicó que la pareja se había formado en un contexto de vulnerabilidad compartida: “Él llegó a mi vida como una persona sufrida, víctima de una relación anterior, atravesado por conflictos familiares; y yo venía de la muerte trágica de Genaro. Me sentí refugiada en él”.

Sobre la denuncia que terminó en condena, Silva reconoció discusiones, pero negó cualquier hecho de violencia física. “No existieron golpes como se dice ni nada de lo que se está contando”, afirmó. Y agregó: “Aposté a construir una familia, pensé que era una etapa difícil que podía superarse. No creí que todo terminaría de esta forma”.