El exministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.

Los jueces lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de Cammesa, Luis Beuret, y al exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.

En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 4 de septiembre, a las 14. NA

Los jueces Mario Eduardo Kohan y María Florencia Budiño rechazaron las presentaciones de las defensas de Ariel Acuña Vega, Axel Emiliano “Pelusa” Rojas y Miguel Pastor “Patoto” Romero Molinas, por lo que, de esta manera, se confirmaron las penas máximas por el delito de homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por ser cometido al lugar poblado y en banda, agravado por la participación en el hecho de un menor de 18 años.

Se acreditó que el 22 de enero de 2024 por la mañana robaron un auto y minutos después interceptaron a Eduardo Aguilera, que se encontraba a bordo de su vehículo con su hija Uma, quien estaba ubicada en el asiento trasero del rodado.

Para los magistrados, los delincuentes vieron a la menor y, mediante intimidación con el empleo de armas de fuego aptas para el disparo, “intentaron apoderarse ilegítimamente del vehículo, siendo que, con el propósito de facilitar y consumar el delito de robo, efectuaron al menos dos disparos en dirección a los ocupantes del rodado, con el conocimiento que estaban creando el riesgo de causarle la muerte, impactando uno de estos en el cuerpo de la niña, quien a causa de las lesiones producidas por dicha agresión falleció horas después”.

Se supo que ninguna de las víctimas del robo puso resistencia, si no que, todo lo contrario, levantaron las manos y entregaron el auto. Pese a la insistencia de la mamá de Uma sobre que la menor se encontraba dentro del vehículo, “los encartados siguieron adelante con su accionar disparando, no al aire o hacia el suelo, sino que efectuaron los disparos directamente hacia el rodado”.

En la misma resolución, de 34 páginas, a la que accedió la agencia Noticias Argentinas, se remarca que las declaraciones de los papás de la víctima fueron categóricas y contundentes para describir el desgarrador hecho que le dio muerte a su hija.

Respecto a Nahuel Santiago Coman, quien fue condenado a cinco años de cárcel por ser considerado participe secundario del robo calificado por el empleo de arma de fuego, también se rechazó la apelación de su defensa, por lo que se confirmó su pena.

En la causa hay otro acusado. Se trata de “Paraguayo” Romero Molinas, quien era menor de edad cuando cometió el ataque, y que fue sentenciado a la pena de 12 años de cárcel tras ser sometido a un juicio abreviado.

Se trató de un caso de impacto, no solo para la sociedad por el crimen de la menor, sino también en la política debido a que Aguilera era agente de la Policía Federal y estaba designado a la custodia de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. NA

La Corte Suprema dejó firme la condena a nueve años de prisión por homicidio simple contra Pablo Torres Lacal, conductor de la lancha que atropelló la embarcación en la que murió Manuel Storani, hijo del líder radical Federico Storani, y su madre, en marzo de 2016. Su detención se había dispuesto para el momento en que el fallo adquiriera firmeza.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los recursos de la defensa para buscar la revisión de la sentencia y la pena dictada. Con este fallo, la condena quedó firme.

Según las actuaciones del caso, ese 31 de marzo de 2016 a la medianoche Manuel Storani (14 años) viajaba junto a su madre Ángeles y otras cuatro personas arriba de la lancha Mad II por el Canal Vinculación. De repente, sin luces y por medio del cauce, apareció la embarcación Shark II, timoneada por Torres Lacal, quien iba acompañado por Francisco Javier Gotti y otro amigo más. No hubo tiempo de reacción: el impacto de la lancha de Torres Lacal fue sorpresivo y a gran velocidad, dando en el medio del Mad II, justo del lado donde estaban ubicados Manuel y Ángeles, quienes fallecieron junto a Gotti.

De acuerdo a declaraciones en el juicio, los tripulantes de la lancha que manejaba Torres Lacal estaban “exaltados”. Los resultados toxicológicos dieron en cero, aunque David Hernán Di Rico, el tercer acompañante de la embarcación, admitió que habían tomado dos cervezas. Estaban yendo a un bar en el Delta.

El juicio a Pablo Torres Lacal llegó más de siete años y medio después de la trágica madrugada en el Delta de Tigre. Tanto Federico Storani como los amigos del colegio de la víctima se presentaron con carteles: “Justicia por Manu”. La defensa buscó plantear que había sido un accidente inevitable.

A fines de 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro condenó al acusado por homicidio simple y le fijó una pena de nueve años. La defensa apeló el fallo, pero fue ratificado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

En octubre del 2025, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó los planteos de la defensa contra la condena. En ese marco, el recurso extraordinario en queja fue presentado ante el máximo tribunal en busca de revocar la decisión. Pero la Corte Suprema también desestimó el pedido. NA

Carola Labrador, la madre de la víctima, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y señaló que el máximo tribunal dejó firme la pena dictada contra el implicado, quien el 20 de septiembre de 2017 fue hallado penalmente responsable por su coautoría en el delito de privación ilegítima de la libertad coactiva seguida de muerte.

“Es lo que se merecen, vivir toda la vida presos”, expresó Labrador tras conocer la decisión de los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkratz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron un recurso de queja que buscaba obtener la libertad de Bermúdez mediante el cese de la prisión preventiva.

En este sentido, la mujer manifestó que “tiene miles de recuerdos” de Candela: “Uno más hermoso que el otro. Su alegría, sus bailes y su amor al prójimo”.

El 29 de junio de 2020, la Cámara de Casación bonaerense ratificó las penas de cadena perpetua para Bermúdez y Leonardo Jara, como así también la pena de cuatro años de prisión para Gómez por ser partícipe necesario, al tiempo que la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires hizo lo propio en 2023.

En tanto, se llevó a cabo un segundo juicio en el que resultaron absueltos el narcotraficante Néstor “Mameluco” Villalba, el carpintero Néstor Altamirano y Héctor “El Topo” Moreyra.

Candela Sol Rodríguez fue secuestrada el 22 de agosto de 2011, en la esquina de la casa en la que vivía, en Villa Tesei, partido de Hurlingham, cuando iba a reunirse con un grupo de amigas. Su muerte, según se determinó en el primer juicio, ocurrió en la transición del 29 al 30 de agosto en el segundo lugar en el que estuvo cautiva.

El cuerpo de la víctima apareció dentro de una bolsa de basura, con signos de asfixia, al costado de la colectora de la Autopista del Oeste, a 30 cuadras de su vivienda. NA

En el marco de la Causa Cuadernos, Leonardo Fariña brindó una declaración ante el Tribunal Oral Federal 7 donde vinculó directamente al empresario Lázaro Báez con el expresidente Néstor Kirchner. Según el testimonio, Báez actuaba como un depositario de confianza del exmandatario.

Durante su exposición, Fariña también se refirió a la presunta cartelización en el sector de la construcción. Al respecto, señaló que la Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba a las empresas y decidía de manera interna quién resultaba adjudicatario de los proyectos.

“La Cámara Argentina de la Construcción aglomeraba empresas y decidían entre ellos mismos quién ganaba una obra y quién no; quién tenía la próxima y quién no; y quién entraba y quién no. Lázaro, por ejemplo, era un marginado de eso”.

Por otro lado, el declarante hizo hincapié en las condiciones financieras de Austral Construcciones, la firma propiedad de Lázaro Báez. Según indicó, la compañía gozaba de una notable celeridad en el cobro de certificados de obra.

“Ellos cobraban muy rápido en relación a los tiempos normales del Estado”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso la exoneración de Ricardo Echegaray, luego de que quedara firme la sentencia judicial que le impuso una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La medida fue comunicada a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), organismo que monitoreaba la situación administrativa del ex funcionario tras su condena por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

La decisión administrativa se fundamenta en el Régimen Disciplinario Unificado del organismo, que establece la exoneración ante la imposición de penas que inhabiliten al agente para el ejercicio de la función pública. Según se informó, la inhabilitación dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 3 ya posee fuerza ejecutoria, tras el rechazo del recurso extraordinario federal por parte de la Cámara Federal de Casación Penal el 12 de mayo de 2024.

Ricardo Echegaray, quien estuvo al frente de la AFIP entre 2009 y 2015, fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión. La investigación judicial se centró en irregularidades detectadas en la empresa Oil Combustibles, donde se determinó que se otorgaron planes de facilidades de pago que permitieron evitar el cobro de una deuda multimillonaria por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Con esta resolución, el organismo recaudador dio cumplimiento a la orden judicial, cerrando administrativamente un proceso que vinculó al ex funcionario con una de las causas de corrupción más relevantes de su gestión. La medida implica su desvinculación definitiva de la estructura estatal, ejecutando así la sanción accesoria impuesta por la Justicia.

A menos de cumplir un año bajo prisión preventiva, se acordó un juicio abreviado para resolver la situación procesal del acusado de un robo en un supermercado de Colectora Macaya casi Pedersen.

Como oportunamente se informó, el 3 de julio entre las 1 y 2, dos hombres, uno de ellos identificado como David Ubaldo Romero (el ahora condenado),  después de escalar un muro perimetral de 1.70 metros de altura existente en calle Ugalde entre Rivas y Pedersen, ingresaron por los fondos hasta la parte posterior de la Distribuidora Islas, sita en Colectora Macaya 37.

En dichas circunstancias, después escalar una casilla de mampostería de 1.90 metros y destruir una ventana de paños fijos sita a tres metros de altura de la base del piso, accedieron al interior del comercio y se apoderaron de carne vacuna, de pollo, botellas fernet, golosinas y mercaderías varias. Munidos del botín, huyeron del lugar.

Anoticiados del comercio violentado, los propietarios de la firma se entrevistaron con vecinos que habían alertado a la policía sobre la presencia de extraños en la zona, más precisamente a una pareja que salía de la distribuidora con bolsas cargadas. 

Un remis para fugarse 

Con el aporte de las cámaras de vigilancia privadas más las del Centro de Monitoreo, se logró reconstruir el periplo de los sospechosos, tomando nota que al menos uno de ellos, desde su casa de apenas unas cuadras,  se había tomado un remis para la ida, desde calle Ugalde al 100 hasta calle Palacios.

Una vez reconstruido e identificado el vehículo utilizado para el transporte de parte de los que se había llevado del comercio, se logró dar con el chofer, quien reconoció haber transportado a un hombre que, una vez arribado a destino, le dijo que no tenía efectivo para pagarle, por lo que quería abonarle con algo de carne y un fernet.

En ese mismo andarivel investigativo, el operador de la remisería ratificaría aquella versión. Detallando que efectivamente había recibido una llamada solicitando un auto a las 4.18 para que se haga presente en calle Ugalde a 123, y el solicitante le expresó textualmente: "sabes si va a tardar mucho"... Posteriormente,  el chofer que había enviado desde la agencia, se comunicó vía radial con el operador y le comunicó: "no me pagaron, me dejó una tira de asado y un fernet".

Sorprendido por la situación, el operador tomó nota de la singular escena y al tener una amistad con el propietario de la distribuidora, advirtió la cercanía del domicilio donde habían solicitado el remis y el comercio, por lo que llamó a su amigo y, efectivamente, Islas le confió que habían ingresado al local a robar.

Asimismo, se añadió como testimonio de prueba los dichos del propio remisero, quien brindó también precisiones sobre el recorrido y el diálogo mantenido con el hasta ahí sospechoso.

A más  detalles, el chofer dijo que no quería recibir la mercancía ofrecida como parte de pago, pero el pasajero le respondió: "agradece que te doy esto porque las consecuencias pueden ser peores". A lo que el trabajador del volante se resignó al no pago en efectivo, recordando también que la mochila que llevaba el sospechoso hacía ruido como de botellas golpeándose y parecía que llevaba mucha mercadería y carne, la cual apenas podía levantar por el peso que poseía y transportaba...".

A la hora de fundamentar atenuante y agravantes para sellar la sentencia, entre otras razones se alegó que el imputado Romero no contaba con antecedentes, mientras que se subrayó que habitaba en la casa de calle Ugalde 123, lugar donde fue detenido, léase a no más de dos cuadras del lugar del hecho. “Lo que demuestra a las claras una mayor impunidad por parte del señalado ya que pese a la vecindad existente entre su domicilio y la Distribuidora Islas, no fue obstáculo para ingresar al mismo y apoderarse de mercadería allí existente”.

Una prueba irrefutable resultó el peritaje de rastros, perteneciente a la Delegación de Policía Científica Tandil, realizado el 3 de julio de 2025 en el local robado, del cual se obtuvieron tres rastros de origen Papilar – Dactilar y un rastro de origen Papilar – Palmar con positivo valor identificativo, aptos para ser sometidos a cotejo. En efecto, dichos rastros fueron cargados en el Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Digitales y Palmares, siendo compatibles con David Ubaldo Romero que figura cargado en el sistema.

Así, se resolvió condenar a David Ubaldo Romero alias “Nano”, a la pena de tres años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de Robo agravado por escalamiento.

El exsecretario de Obras Públicas, José López, prestó declaración este jueves ante el Tribunal Oral Federal Nro. siete en el marco del juicio por la denominada Causa Cuadernos. Durante su intervención, el exfuncionario rechazó las acusaciones y afirmó de manera categórica que nunca integró una asociación ilícita.

En su testimonio, José López buscó desvincular de los cargos a la expresidenta Cristina Kirchner y al exministro de Planificación Julio De Vido. Al respecto, el imputado manifestó ante los magistrados:

"No conozco que se haya formado una asociación ilícita ni tengo elemento alguno que indique haber integrado algo en ese contexto".

Asimismo, el exfuncionario fue tajante al referirse a la conducción de la supuesta organización criminal que se investiga en el proceso judicial. "Nunca vi a Cristina Fernández de Kirchner como jefa u organizadora de una asociación ilícita, tampoco vi en ese sentido a Julio De Vido", resaltó José López durante su declaración ante el tribunal.

El exsecretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7. Con su comparecencia, se dará inicio a la ronda de 43 testimonios planificada para esta nueva etapa del proceso judicial conocido como la causa Cuadernos.

López, quien se desempeñó como funcionario durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015, es considerado el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner. Su relevancia en el expediente radica en su rol como imputado colaborador, figura comúnmente denominada como “arrepentido”. En sus declaraciones previas, confesó haber integrado un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas y señaló vínculos con altos funcionarios que actuaban como organizadores.

La figura de José López cobró notoriedad pública en el año 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento. Además de su testimonio, el cronograma judicial incluye las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano.

En el caso de Marcuzzi, su defensa solicitó una "reparación integral" para obtener el sobreseimiento, pedido que fue rechazado por la fiscal de juicio Fabiana León. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, figura en el expediente como uno de los arrepentidos tras admitir ante la Justicia el pago periódico a ex funcionarios para mantener contratos de concesiones viales.

La etapa testimonial continuará durante el mes de mayo con la convocatoria de varios periodistas que participaron en la investigación inicial, así como ex funcionarios y allegados a los principales acusados, entre ellos la exsecretaria de Néstor Kirchner, Miriam Quiroga.

Actualmente, el tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli rechazó diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los acusados para intentar detener el debate, ratificando así la continuidad del proceso.

El Tribunal N°14 condenó este lunes a Felipe Pettinato a la pena de tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo. El hecho ocurrió el 16 de mayo de 2022 durante un incendio en un departamento del barrio porteño de Belgrano. La justicia consideró al imputado responsable del delito de estrago culposo seguido de muerte, validando la hipótesis de un accidente.

Durante la última audiencia del proceso, el juez Enrique Gamboa dio a conocer el veredicto tras siete jornadas de debate en las que declararon más de 15 testigos y peritos. El imitador de Michael Jackson, que optó por no declarar a lo largo del juicio, ratificó su silencio antes de conocerse la sentencia.

“No voy a hablar ante el veredicto”, afirmó vía Zoom ante el tribunal poco después de las 9 AM.

La resolución judicial se inclinó por la postura del fiscal Fernando Klappenbach, quien había solicitado una pena de cuatro años y siete meses de cumplimiento efectivo al considerar que el acusado intentó ayudar a la víctima. Por su parte, la querella representada por Delia Muzio, madre del médico fallecido, había pedido una condena de 15 años bajo la carátula de estrago doloso, argumentando que Felipe Pettinato no realizó maniobras de rescate mientras el profesional agonizaba.

La sentencia de tres años en suspenso se dictó en concurso real con una condena previa de nueve meses, también en suspenso, que el joven recibió en 2022 por el abuso sexual de una menor de 15 años. Como parte de las obligaciones impuestas, el condenado deberá continuar con sus tratamientos de adicción, fijar un domicilio y entregar una muestra genética al Registro de Abusadores.

En la sala digital estuvieron conectados su padre, Roberto Pettinato, y su hermana, Tamara Pettinato, junto a su pareja, el diputado José Glinski. Los fundamentos del fallo estarán disponibles la próxima semana, momento a partir del cual tanto la querella como la defensa podrán apelar la decisión ante instancias superiores.

La abogada Agostina Páez mantuvo un encuentro esta tarde con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tras pagar la fianza en Brasil por el delito de injuria racial y regresar a la Argentina.

Bullrich publicó un video en su cuenta de la red social X donde abraza a la letrada y expresa su alivio por haber vuelto al país. “¡Vamos, qué alegría!”, manifestó la senadora al momento de conocer a Páez, quien estaba acompañada por su padre, Mariano Páez, y Sebastián Robles, uno de los defensores.

Luego, se sentaron en un bar porteño y charlaron acerca de la situación judicial de la joven de 29 años, a quien Bullrich le expresó su felicidad: “Estoy muy contenta de que estés acá”.

Además, destacó el rol del Consulado argentino por su efectivo accionar, y enfatizó en el tiempo que Agostina permaneció retenida: “¡Tres meses!”. La santiagueña aseguró: “A mí se me frenaron los días por tres meses”.

Por último, la ex ministra de Seguridad le transmitió su aliento a Páez: “Viviste una experiencia que te va a fortalecer en la vida. Con todo, con fuerza”.

Una mujer policía fue condenada a dos años de prisión por la muerte de Daiana Soledad Abregú, quien el 5 de junio de 2022 falleció al ahorcarse con una campera en un calabozo de Laprida.

En un juicio desarrollado en los tribunales de Azul, cuyo fallo se conoció este miércoles, fue condenada a dos años de prisión de ejecución condicional Vanesa Soledad Núñez, de 40 años y oriunda de Laprida, como autora penalmente responsable del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Además, fue inhabilitada de manera especial por cuatro años para ejercer cargos públicos, según consignó el diario El Tiempo de Azul.

En relación con las circunstancias que derivaron en la muerte de Abregú mientras Núñez estaba a cargo de su custodia en la Comunal de Laprida, en el fallo -al que tuvo acceso ese medio- se señala que aquel 5 de junio de 2022, cuando la joven permanecía aprehendida por una contravención, la imputada “incumplió con los deberes a su cargo”.

La tarea de Núñez era “velar -de manera ininterrumpida- por la integridad psicofísica” de Abregú, quien se encontraba privada de su libertad en el sector de calabozos de la Estación de Policía Comunal, en calidad de contraventora. Allí cumplía funciones como “imaginaria de calabozos” e incumplió sus obligaciones al no advertir -y por ende no impedir- que la joven “se diera muerte”.

Núñez fue la única que llegó a juicio por este caso. En un inicio, ella y otros policías que estaban de servicio ese día fueron investigados e incluso detenidos como posibles responsables de la muerte. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada con el avance de la investigación, a cargo del fiscal José Ignacio Calonje, y la causa derivó finalmente en la imputación solo para Núñez por este delito.

Desde el inicio de la causa intervinieron representantes de la Comisión Provincial por la Memoria, quienes también participaron del juicio oral. En un primer momento, y en base a una de las autopsias, ese organismo sostuvo que la joven había sido asesinada por efectivos policiales, pero esa hipótesis fue descartada con el tiempo y los agentes sospechados resultaron sobreseídos.

De acuerdo con el fallo, Núñez “omitió custodiar permanentemente a la única persona detenida en el sector de calabozos”. Para el juez, “existió una omisión voluntaria por parte de un agente estatal de cumplir con su obligación legal de velar por la integridad de las personas bajo su custodia”, lo que configura el delito por el que fue condenada.

A más de cinco años del crimen de Fernando Báez Sosa, Lucas Pertossi se refirió a lo sucedido aquella madrugada en Villa Gesell y aportó detalles sobre un momento clave: el encuentro con sus amigos en una hamburguesería minutos después del ataque. Según su testimonio, la conversación con Máximo Thomsen y el resto del grupo no giró en torno a la agresión, sino que se mantuvo en un plano cotidiano.

Hablamos de la noche, de chicas, de cosas normales

El joven insistió en que nadie mencionó el episodio violento ni expresó preocupación por la víctima. Para Pertossi, ese comportamiento reflejó una falta total de dimensión sobre la gravedad de lo ocurrido. "Actuamos como si nada hubiera pasado", afirmó durante una entrevista en A24, marcando el clima que predominó en ese encuentro.

Desde la cárcel, el condenado expresó arrepentimiento por su falta de reacción frente al hecho: "Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó". Al mismo tiempo, volvió a sostener que no existió un plan previo para agredir a la víctima y definió el suceso como una tragedia que se fue de las manos.

En su declaración, Pertossi también apuntó contra la estrategia que llevó adelante el abogado Hugo Tomei durante el proceso realizado en Dolores. "Me sentí mal defendido", aseguró, al explicar que quiso dar su versión desde el inicio del juicio pero no tuvo la oportunidad. El joven cumple una pena de 15 años de prisión, al igual que Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, mientras que los otros cinco involucrados recibieron perpetua.

Actualmente, su nuevo abogado, Ignacio Juan Domingo Nolfi, presentó un pedido de nulidad de la sentencia y solicitó un nuevo juicio. El reclamo sostiene que la defensa en bloque vulneró garantías constitucionales, ya que los hechos atribuidos a Pertossi fueron notoriamente distintos a los de los otros acusados. Según el fallo, el joven intervino en un foco diferente y su aporte fue calificado como partícipe secundario, sin contacto físico con la víctima ni rastros de sangre en sus prendas.

La serie de hechos incluyó una víctima fatal en 2016 y la Sala II del máximo tribunal penal del país -integrada por los jueces Alejandro W. Slokar, Guillermo J. Yacobucci y Angela E. Ledesma- rechazó los recursos presentados por las defensas contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de La Plata, que los condenó por seis crímenes cometidos bajo el mismo modus operandi.

Según se estableció en la sentencia, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los acusados atraían a hombres solteros mediante la red social Badoo, utilizando el perfil de una mujer para pactar encuentros íntimos.

Una vez concretada la cita, las víctimas eran abordadas por al menos dos hombres que las golpeaban y las obligaban a entregar las llaves de sus domicilios, que luego eran desvalijados.

En uno de los casos, el comerciante Alejandro Scarzella, quien vivía en Hurlingham, fue atraído en 2016 a una vivienda en la localidad de Wilde, donde resultó golpeado y reducido por los acusados. Posteriormente lo introdujeron en el baúl de un automóvil y abandonaron el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires.

La autopsia determinó que la víctima murió dentro del baúl por asfixia posicional e insuficiencia respiratoria.

Por unanimidad, los jueces Slokar, Yacobucci y Ledesma confirmaron las penas impuestas, que según el grado de responsabilidad y participación en cada uno de los seis hechos, van desde los 14 años y medio hasta los 32 años de prisión.

En tanto, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de arresto domiciliario de Juan Mauricio Zabaleta, procesado por el secuestro extorsivo seguido de muerte del empresario portuario Gastón Tallone, ocurrido en 2024.

La misma Sala II del máximo tribunal penal del país, desestimó el recurso presentado por la defensa contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 que le había negado el beneficio.

Zabaleta está procesado como coautor de los delitos de secuestro extorsivo agravado por el cobro del rescate, por la intervención de tres o más personas y por haber dado muerte intencional a la víctima.

El caso involucra el secuestro de Tallone en el barrio porteño del Abasto. El empresario fue trasladado a una quinta en Benavídez, donde fue obligado a gestionar el pago de un rescate de 65 mil dólares. Pese a que el dinero fue entregado, fue asesinado y sus restos habrían sido incinerados a la vera de una ruta cerca de Campana. NA

Brenda Barattini, la arquitecta condenada en 2019 a 13 años de prisión por cortarle los genitales a su amante en Córdoba, recibió la libertad condicional y podrá volver a su provincia natal, Chubut, para vivir y trabajar junto a su madre.

El Juzgado de Ejecución le otorgó el beneficio tras analizar informes favorables y considerar los cursos educativos y laborales que Barattini realizó durante su tiempo en la cárcel de Bouwer. La joven arquitecta había sido condenada por “tentativa de homicidio” en septiembre de 2019.

La noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a su amante durante un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba. La Justicia determinó que lo agredió con una tijera de podar que había escondido debajo de la cama, mientras él estaba indefenso y con los ojos vendados. La víctima logró escapar y pedir ayuda, y fue asistida por una vecina enfermera que evitó que se desangrara en el lugar.

En la escena del ataque, los investigadores encontraron la tijera, cartas y anotaciones que evidenciaban un plan para cometer la mutilación, así como información clave en dispositivos electrónicos. Barattini intentó hacer creer que había sido abusada, pero la investigación descartó esa versión. La fiscalía cambió la carátula a “intento de homicidio” y el tribunal —integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno— la condenó a 13 años de prisión. Además, la Justicia le ordenó indemnizar a la víctima tras aceptar parcialmente la demanda civil.

La condena original de Barattini debía cumplirse en noviembre de 2030, aunque podía acceder a la libertad condicional a partir de noviembre de 2026. Sin embargo, gracias a 10 meses y tres días de reducción obtenidos por los cursos y carreras universitarias que realizó en prisión, recuperó la libertad casi un año antes.

El trámite para la salida anticipada se demoró varias semanas por los estudios y evaluaciones exigidos por la Justicia. Según confirmaron fuentes cercanas al caso, el juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, otorgó el beneficio tras una audiencia en Tribunales 2 donde se analizaron los parámetros de reinserción social y se fijaron las condiciones que Barattini deberá cumplir.

Entre las exigencias, Barattini deberá fijar domicilio en Comodoro Rivadavia, someterse a tratamiento psicológico ambulatorio y reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado). También tiene una orden de restricción: no podrá acercarse a menos de mil metros de cualquier lugar donde pueda estar la víctima, aunque actualmente el hombre no reside en el sur del país. El incumplimiento de estas condiciones podría derivar en su regreso a prisión hasta noviembre de 2030.

Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.

La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.

El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de 84.835 millones, pero fue actualizado a 684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.

Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.

Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. Ese flujo de fondos públicos, según la justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.

Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.

Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental. También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.

En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados. Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas. NA