En un reciente juicio abreviado, el Tribunal en lo Criminal 1 dictó sentencia para con un tandilense investigado y apresado por venta de estupefacientes en su domicilio.

El juez Albano Gallicchio dio por probado que al menos durante el lapso del 8 de febrero hasta el 26 de abril de 2023, Luis Martín Aquino comercializó en su domicilio particular de calle Darragueira 569 depto. 5, estupefacientes, concretamente marihuana en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, que tuvo en su poder.

Al decir del fallo, en distintas oportunidades, Aquino entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores que se constituían en su domicilio para realizar tales intercambios. Así, el 26 de abril de 2023 aproximadamente a las 19, Aquino tuvo en su domicilio sito en Darragueira 569 depto. 5 los siguientes elementos: en la cocina -en un mueble de madera- un bolso térmico de mano de color rojo con diez envoltorios de nylon de color negro con un peso de 19,8 gramos de marihuana. En un bajo mesada, recortes de nylon de color negro. En el patio, una planta de marihuana de 2,40 metros de altura y 3,540 kg de peso. En el comedor –bajo la escalera- recortes de nylon de color negro con faltantes circulares. En la habitación superior, sobre un mueble de madera, una caja de cartón con 47,8 gramos de flores de marihuana, junto a otra caja conteniendo 96,3 gramos de flores de marihuana, seis frascos de vidrio, tres de ellos con flores de marihuana con un pesaje de 658 gramos entre contenido y continente, mientras que el resto poseía vestigios de marihuana. Del mismo mueble, en la parte baja, una balanza de color blanco en funcionamiento, modelo SF-400 capacidad 10000gx1g.

Todos los estupefacientes secuestrados se encuentran comprendidos en las previsiones de la ley 23.737 y eran tenidos ilegítimamente por Luis Martín Aquino con fines de comercialización y para ser entregados en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, en tanto el resto de los elementos descriptos resultan demostrativos de dicho propósito, expuso el juez.

Cabe consignar que el imputado y su defensa alegaron inocencia, señalando que las sustancias secuestradas eran para consumo personal, versión no aceptada por el magistrado.

“La afirmación de Aquino de ser consumidor de marihuana, y detentar la guarda y posesión de la sustancia ilícita para su consumo personal, no excluye la alta probabilidad -hasta aquí demostrada- de que la misma estuviera destinada a ser puesta en el microtráfico. De allí, que con la prueba reunida se permite concluir, sin que exista duda al respecto, que la tenencia de estupefacientes tenía como finalidad su comercialización más allá de su consumo personal. La cantidad y forma en que se encontró la sustancia estupefaciente en distintos recintos de su domicilio, fraccionada en dosis listas para la venta -envoltorios de nylon y frascos conteniendo cogollos de marihuana-, sumado al hallazgo de una balanza, resultan circunstancias que valoradas en conjunto con los diálogos telefónicos obtenidos, permite descartar -sin lugar a dudas- la versión de los hechos que proporcionó Aquino”.

Por ello, en atención a la coherencia de los hechos del caso traídos por el Ministerio Público Fiscal y su congruencia con los elementos de juicio válidamente recolectados, albino concluyó en que la versión acusatoria resulta consistente frente a los dichos exculpatorios

Así, se resolvió condenar a Luis Martin Aquino, alias 'Titi', a la pena de cuatro años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor”, hecho cometido en Tandil entre el  8 de febrero y 26 de abril de 2023.

En juicios celebrados en el TOC 1 previo a la feria judicial que termina, la Justicia resolvió la suerte procesal de dos personas señaladas por vender estupefacientes al menudeo desde sus respectivos domicilios. Ambos fueron sentenciados a prisión.

En uno de los debates celebrados, el magistrado Carlos Pocorena dio por probada la responsabilidad penal de sendos imputados, a pesar que la defensa de ambos coincidía en alegar inocencia, acusando incluso que la policía le había plantado la droga en los respectivos allanamientos.

En efecto, el magistrado dio por acreditado que al menos durante el lapso que va del 2 de marzo al 11 de agosto de 2022, Milagros Jacqueline Orieta, comercializó en su domicilio particular de calle De los Granaderos esquina Del Libertador –vivienda de planchones situada en una loma–, cocaína en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Al decir del fallo, en distintas oportunidades Orieta entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores que concurrían a su domicilio, según quedó constatado por el material probatorio que efectivos policiales realizaron tras tareas de seguimiento, con observaciones y filmaciones.

En tal sentido, el 11 de agosto, aproximadamente a las 18.45, Orieta tuvo en su domicilio un recipiente plástico de color blanco marca “Rexona” el cual contenía 17 envoltorios con cocaína en su interior con un peso de 6,8 gramos.

Más allá del reproche de la defensa que alegó que esa sustancia no era de la implicada, el juez se inclinó por la hipótesis de la Fiscalía, condenado así a la nombrada, actualmente con prisión domiciliaria en calle de los Granaderos  305, a la pena de cuatro años de prisión, como autora penalmente responsable del delito de “comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor”.

En el segundo de los casos ventilados por el Tribunal, el mismo juez dio por probado que entre el 27 de julio y 11 de noviembre de 2022, Juan Ignacio Ferrari tuvo en su domicilio de calle Argerich 1167, a los fines de ser comercializados, marihuana y cocaína en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Según reza el fallo, en distintas oportunidades Ferrari entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores que se acercaban a su domicilio para realizar tales intercambios.

A propósito de la sentencia, vale consignar que el acusado negó los hechos. Declaró que " en el domicilio nunca se vendió droga. Que en su casa nunca tuvo material estupefaciente, que el secuestro corresponde a bolsas que le ´plantó´ personal policial”.

Asimismo, refirió  que sí es consumidor de droga y unos días previos al allanamiento había realizado una compra de 3,2 gramos de cocaína los cuales pagó con 8 mil pesos que le prestó su esposa tras haber percibido un plan social. Al decir de su versión, esos envoltorios no tenían la sustancia deseada y aparentemente era yeso.

Preguntado por la droga que efectivamente le hallaron en su morada, manifestó que su señora observó como “un funcionario policial tiró bajo su placard el sobre de jugo Tang conteniendo estupefaciente, que era un funcionario policial de barba".

Así, entonces, la hipótesis traída por el Ministerio Público Fiscal fue negada por el acusado, a la vez que propuso 'fue plantada por el personal policial'. No obstante, señaló el juez,  no ofreció prueba que respalde esa proposición rival en contrario.

Así, en razón de la ausencia de evidencias de peso al respecto, dicha postura del implicado “se presenta solo como un intento de mejorar la situación procesal, a la vez que no logra conmover las probanzas arriba relevadas y explicadas- que por su coherencia y congruencia conforman de manera consistente a la pretensión acusatoria”, manifestó el juez en su veredicto.

Consecuentemente, se resolvió condenar a J Ferrari Rodriguez, actualmente alojado en la Unidad 37, a la pena de cuatro años de prisión por “ tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor”.

Con acuerdo de las partes, días pasados se selló en el Tribunal Oral Criminal 1 un juicio abreviado, en el que el juez Albano Gallicchio convalidó lo resuelto entre acusador y defensa y se definió la pena a imponer a una pareja señalada por múltiples denuncias anónimas como vendedores de estupefacientes, con epicentro en el barrio Las Tunitas.

Precisamente las declaraciones de vecinos y, en especial, de padres acechados por el consumo problemático de sus hijos, coincidieron en distintas denuncias que motivaron el inicio de una pesquisa que arrojó resultados positivos a la hora de encontrar material probatorio que alcance para las imputaciones ahora llevadas a condenas.

En efecto, al decir del fallo, desde el TOC 1 se dio por acreditado que los encausados Milagros Soledad Martens y su pareja Mariano Artola se dedicaron al comercio de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana, que las fraccionaban en dosis destinadas directamente al consumidor.

Al decir de la sentencia, quedó demostrado que estos entregaban las mencionadas sustancias a diversos compradores que recibían en su domicilio de calle Picheuta 384 para realizar tales intercambios, o lo hacían de manera ambulante.

También se pudo corroborar que dicha actividad la llevaron a cabo al menos desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 9 de marzo de 2023.

Tal es así, que el 9 de marzo de 2023 aproximadamente a las 13.40 se les secuestró a Martens y Artola del mencionado domicilio particular: ramas con hojas de marihuana, que se encontraban en la habitación principal y también sobre el techo de un galpón de chapa, arrojando un pesaje total de 295 gramos entre contenido y continente. Debajo de la cama, recortes de nylon trasparente, con vestigios de cocaína. Además a Soledad Martens se le encontró de entre las prendas que vestía lo siguiente: en uno de los bolsillos del lado izquierdo de su pantalón seis envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 2 gramos; poseyendo además como producto de dicha actividad ilícita una suma de dinero.

Según el magistrado, todos los estupefacientes secuestrados se encuentran comprendidos en las previsiones de la Ley 23.737 y eran tenidos ilegítimamente por los imputados, con fines de comercialización y para ser entregados en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Cabe consignar que la pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas que los uniformados fueron recibiendo. Una fue realizada el 29 de mayo de 2020 en sede de la Ayudantía Fiscal, donde una persona que quiso guardar su identidad por temor a represalias manifestó que una mujer a quien identificaba como Soledad Martens,  con domicilio en Picheuta 309, como así también otro hombre residente en el fondo de dicho inmueble, vendían sustancias estupefacientes al menudeo.

A partir de allí, se iniciaron tareas de observación y vigilancia asignados al domicilio citado, llevadas a cabo por los funcionarios policiales que efectivamente acreditaron los movimientos que existían en la morada, característicos de la venta al menudeo.

Ya para agosto de 2022, otro policía recibió una nueva denuncia. Un hombre se le acercó mostrándole el DNI en mano, pero solicitando  que se reserve su identidad por miedo a represalias. Detalló al uniformado que tenía un hijo menor de edad el cual es adicto a la droga y si bien desconocía las identidades de las personas que le vendían, supo seguir a su hijo al cual lo ha visto ingresar en una vivienda ubicada en calle Picheuta y Uspallata, donde estaba una  chica que posee un tatuaje de una estrella en uno de sus lados de su cuello.

Con el aporte, se montaron tareas de inteligencia de manera civil para observar efectivamente  si en el lugar hay movimientos compatibles con la venta de estupefacientes y los resultados fueron favorables a la pesquisa.  Se detalló al respecto que se observó un Fiat Uno que resulta ser de los propietarios de los domicilios el cual es utilizado por un hombre o una mujer o ambos, el cual está saliendo y regresando constantemente en horarios nocturnos, como asimismo se vio varias motos y personas caminando que ingresan por la calle Picheuta lugar donde no se logra divisar con la cámara de Centro de Monitoreo Tandil.

Otro de los elementos de prueba volcados al expediente y consiguiente juicio versó sobre la declaración de una mujer, madre de un hijo con problemas de adicciones. Acorralada por la situación de su progenitor, denunció a quien le proveía la droga, efectivamente Soledad Martens.

En su relato, la mujer confió que descubrió que su hijo consumía hacía cinco años en los últimos años la adicción era cada vez peor, con deterioro físico y económico. Contó que su hijo había sido tratado en el CPA Tandil, donde le recomendaron como única salida la internación,  consiguiendo un cupo en la Comunidad 'Cenáculo' de Cañuelas, pero su hijo se negó a concurrir.

Añadió que el hijo perdió trabajos precisamente por el consumo problemático. Recordó que luego empezó a trabajar por su cuenta como pintor y que en uno de los trabajos terminados le pagaron y con ese dinero fue directamente al barrio Las Tunitas, antes que a su casa, a comprar droga.

Al respecto agregó que cuando tenía deudas de dinero con los señalados por la compra de cocaína, su hijo dejaba su moto en carácter de 'prenda' hasta que juntaba el dinero y luego se la devolvían. Incluso ella tuvo que retirarla de la comisaría anteriormente por situaciones similares.

Hasta que un día, su hijo al salir del trabajo no regresó a su domicilio, y dado que no contestaba los llamados telefónicos, tanto a ella como la actual pareja del joven,  sospecharon que se habría dirigido a adquirir estupefacientes para consumir. Al día siguiente por la tarde la pareja logró localizarlo en la casa de un amigo cerca del estadio San Martín, totalmente drogado, y tras recuperarse refirió que ya no tenía ni su teléfono celular ni su moto dado que había entregado el mismo para saldar una deuda de drogas que poseía con Soledad Martens.

Tras el derrotero de testimonios y pruebas recolectadas a lo largo de la instrucción penal preparatoria, el juez dio por probado los hechos y desestimó las declaraciones de los imputados que aludieron a que la droga secuestrada era para uso personal.

Finalmente, se resolvió condenar a la pareja Mariano Artola y Milagros Soledad Martens a la pena de cuatro años de prisión, por resultar autores penalmente responsables del delito de “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas  destinadas al consumidor”, hecho cometido en Tandil al menos durante el lapso que va desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 9 de marzo de 2023.

En un reciente juicio abreviado las partes acordaron la condena a imponer a un imputado por venta de estupefacientes. La jueza Virginia Florencia Giombini, avaló lo arribado entre acusador y defensa y se emitió el fallo.

En efecto, al decir del veredicto, se acreditó que al menos durante el lapso que va desde el 18 de abril hasta el 29 de junio de 2022, Marcelo Fabián Leiva comercializó en su domicilio particular,  ubicado en calle Argerich 1817, sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana, que tuvo en su poder en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor. 

De esa forma, en distintas oportunidades Leiva entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores quienes se constituían en su domicilio para realizar tales intercambios. 

Así, el 29 de junio de 2022 aproximadamente a las 15.30, tras la pesquisa que derivó en un allanamiento,  se secuestró en el domicilio de Leiva recortes de nylon, un recipiente de plástico con 8,5 gramos de cocaína, 23,4 gramos de marihuana, cuatro envoltorios de cocaína y otros cuatro envoltorios de cocaína con un peso total de 13,6 gramos; dinero y un teléfono celular. Todos los estupefacientes secuestrados comprendidos en las previsiones de la ley 23.737 y eran tenidos ilegítimamente por el acusado.

Tras reproducirse la prueba de cargo, la jueza señaló que  a partir del indicio de sospecha generado por las denuncias recibidas en sede policial, se iniciaron las observaciones sobre el domicilio y pudieron detectarse numerosas maniobras en los movimientos de Marcelo Leiva, compatibles con la comercialización de estupefacientes

Ello se reflejó principalmente en las declaraciones testimoniales de los funcionarios policiales, que dieron cuenta de la presencia de personas en el domicilio por pocos minutos, personas que arribaron al lugar por diversos medios -caminando, en bicicleta, en moto-, pero nunca ninguna de ellas por lapsos prolongados de tiempo, corroborando la sospecha respecto de una actividad de comercialización de sustancias.

Así, se resolvió condenar a Leiva alias “Chinito” o “Loro”, a la pena de cuatro años y seis meses de prisión, como autor penalmente responsable del delito de “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor”

Al filo del cierre de la feria judicial, trascendió el fallo condenatorio del Tribunal Oral Criminal 1 contra una mujer que fue denunciada e investigada por vender droga en Las Tunitas, desde donde la propia barriada, con vecinos acorralados por los hechos de inseguridad y padres con hijos presos al consumo problemático, había denunciado la comercialización de estupefacientes. Dichas exposiciones, se sumaron a una profusa pesquisa policial que derivó en “cara de moneda”, la mujer conocida por la actividad ilícita que ahora fue sentenciada.

A más detalles de la condena, el juez Guillermo Arecha dio por acreditado que al menos durante el lapso que va desde agosto de 2018 hasta el 26 de febrero de 2021, Luciana Yesica Sánchez,  alias “cara de moneda”, con domicilios alternativos en calle Expedición al Desierto 367 y Yapeyú 89, comercializó allí como así también de manera ambulante en la vía pública, sustancias estupefacientes, concretamente cocaína en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor. 

La investigación se propició por la información preliminar del oficial Walter Omar Kain de la Policía Federal, quien había declarado que recibió información sobre una mujer con tobillera electrónica colocada que vendía droga al menudeo en la ciudad en un domicilio específico. A partir del dato, se profundizó la pesquisa en pos de establecerla o desecharla.

El policía amplió la investigación con las tareas de recolección de información, observación y vigilancia que derivaron en el nombre de Luciana Yesica Sánchez. 

Luego se sumaron otros efectivos de las fuerzas, quienes con sus distintos roles y tareas, pudieron sumar prueba e indicios para constatar que la actividad desarrollada por la sospechosa, a quien se la divisó con conductas y movimientos característicos de la comercialización de estupefacientes al menudeo. Esto es,  llegada de personas al domicilio, ingresos y egresos en corto tiempo, encuentros breves de personas en distintos lugares de la ciudad con intercambio de elementos pequeños (‘pasamanos’).

“Es la que vende droga a los pibes”

A la investigación se sumó lo aportado por el oficial de policía Matías Rodolfo Stutz, quien en el marco de otra causa se topó con el mismo nombre: Luciana Yesica Sánchez.

El uniformado confió que cuando realizó un allanamiento por orden judicial en un domicilio del barrio Las Tunitas, el propietario de la finca, progenitor del joven que era investigado por un robo, le manifestó al policía: "todo eso que están buscando lo tienen que buscar acá arriba (señalando en dirección a calle Del Libertador) en lo de Luciana Sánchez, que es quien compra lo robado a cambio de la droga. A esa tienen que allanar, es la que le da la droga a los pibes” (SIC).

En ese contexto y por esos días, se sumó que la policía recibió la visita de un grupo de vecinos del mismo barrio, quienes se presentaron como padres preocupados por los últimos hechos delictivos ocurridos.

El efectivo escuchó los relatos de cada uno de ellos. Algunos resultaban ser padres de adolescentes consumidores de droga, otros, víctimas de los hechos delictivos que eran directamente relacionados con la compra de drogas, dado que lo que robaban lo canjean para comprar. 

A más denuncias, los vecinos manifestaron que existe una amplia red de vendedores en el barrio, que existe sujetos allí que son utilizados como dealer y finalmente el consumidor, o sea sus hijos. 

Algunos manifestaron que habían intentado internar a sus hijos o que estaban en plenas gestiones para hacerlo. Entre los lugares de comercialización citaron varios domicilios, entre ellos precisamente la residencia de “cara de moneda”. 

Añadieron a más datos que también remiseros dieron cuenta que llegaban hasta las propiedades señaladas con sus pasajeros, los cuales se bajaban y regresaban minutos después, aparentemente luego de realizar la transacción siempre en horario nocturno.

Del profuso seguimiento que se hizo de la sospechosa, se tomó conocimiento que con el fin de asegurar el dinero obtenido de la venta de droga entregaba lo recaudado a su madre, quien residía en una vivienda del Barrio 17 de Agosto, con el propósito de que en caso de sufrir un allanamiento en su vivienda el dinero no fuera encontrado. 

Cabe destacar que este último domicilio mencionado era precisamente la morada anterior que dio inicio a la investigación 

Otra denuncia

En la causa constaba otra denuncia realizada por una vecina por un hecho aislado que terminó vinculándose con la sospechosa y la venta de estupefacientes.

La mujer confió que determinado día un joven  del barrio le solicitó prestado el teléfono celular para mandar mensajes por WhatsApp a su novia. En confianza la mujer se lo prestó. Acto seguido este se retira del domicilio con el celular en su poder y pasado 20 minutos regresó, manifestándole que el celular lo tenía Luciana Sánchez, alias “cara de moneda”, y que este se lo había intercambiado por una bolsa de cocaína, y que si ella le entregaba dinero lo podría volver a recuperar el teléfono. 

La mujer agregó que por su adicción a las drogas sabía que Luciana Sánchez vendía cocaína al menudeo en su domicilio de calle Expedición al Desierto y del Libertador. Que la venta era un promedio de 15 gramos por día en envoltorios de un gramo, por 500 pesos, y que manejaba un promedio de 20 mil pesos por día, dinero que le entregaba a la madre, quien vive frente a su domicilio, a fin de que no sea hallado. 

A todos estos testimonios se sumó como prueba, las intervenciones telefónicas que acreditaban la venta de droga 

El descargo de la condenada

Vale reseñar que una vez detenida, la imputada prestó declaración y negó dedicarse a la comercialización de droga, que sólo consumía.

“Yo no vendo, estoy bien económicamente, yo compré para consumir”, dijo frente a los judiciales en su descargo. 

Dijo que necesitaba declarar por sus hijos, en especial por su hija que toma la teta. Insistió con ella es el único sostén económica de sus hijos (tres varones de 15, 12 y 7, y una beba de un año y cinco meses).

Sobre su situación económica, detalló que cobraba una asignación y planes, cobrando  17 mil y a veces  23 pesos, y también tenía otro plan de  12.800 pesos, mientras que en el comercio del barrio que tenía recaudaba  5 mil pesos por día.

La mujer se quejó porque “todos podemos hacer una llamada anónima y acusarnos que vendemos droga”, pero que era víctima de la “mucha envidia” que había en el barrio. 

Sobre la droga secuestrada, dijo que consumía cuando caía en depresión, y que consumía siempre en ausencia de sus hijos. 

La condena 

Sobre el fallo, el TOC 1 resolvió condenar a Luciana Yesica Sánchez, alias “cara de moneda”, a la pena de cinco años de prisión, como autora penalmente responsable del delito de “Comercialización de estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor”.

A través de juicios abreviados, el TOC emitió sentencias con sus respectivas condenas por diversos ilícitos cometidos en la ciudad. 

El juez Guillermo Arecha consignó en uno de ellos que se acreditó que al menos durante el lapso de tiempo comprendido entre el mes de marzo y el 23 de julio de 2020, Mauro Alejandro Gonnet y Washington Sosa comercializaron en la vía pública marihuana en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor, acondicionada en envoltorios de nylon conocidos como “piedras” o en cogollos contenidos en frascos, que vendían en sus domicilios o bien en el motovehículo en el que Gonnet se desplazaba a tales fines.

Fueron sentenciados a la pena de cuatro años de prisión, por resultar autor penalmente responsable del delito de “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor”

Otra condena

En tanto que entre el 8 de abril del 2021 y el 5 de mayo del 2021, en el domicilio de calle 12 de octubre 1364 y también en forma ambulante en la vía pública, Federico Castaño comercializó estupefacientes –marihuana- en dosis fraccionadas que se encontraban en su vivienda, utilizando para el fraccionamiento y entrega al comprador frascos de vidrios. 

La venta se concretaba tanto en forma personal, como también mediante la utilización de su línea telefónica móvil.

Es así que el 5 de mayo de 2021, siendo alrededor de las 16.50, Castaño tuvo bajo su guarda y disposición, con fines de comercialización en su vivienda sustancias estupefacientes y otros elementos vinculados a la venta, distribuidos en distintos sectores del lugar: en el patio una planta de marihuana de 2.15 metros de alto –con un pesaje de 14.83 kilogramos-, en la estantería de chapa de su habitación un frasco de yogurt con tapa blanca conteniendo marihuana, una lata de chapa de forma octogonal conteniendo marihuana, en un ropero de madera color claro perchas de las cuales colgaban ramas de marihuana, en otro de los compartimentos dos cordeles de alambre de los cuales también había ramas de marihuana, sobre el suelo tres cajones de madera pertenecientes al placar junto con dos cajas de zapatos de cartón conteniendo flores de marihuana. Todo ello arrojó un guarismo total de 2,835 kilogramos. 

Asimismo, en la habitación se hallaron además dieciocho frascos de vidrio, la mayoría de ellos con sus respectivas tapas y vacíos, 5.000 pesos, y sobre la heladera de la cocina se halló una balanza tipo almacén. 

A la vez, le fueron secuestrados dos teléfonos celulares, los cuales fueron peritados y arrojaron comunicaciones que aludían a la venta de marihuana. 

Así, se condenó a Castaño a cuatro años de prisión la  “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas al consumidor”.

Sentenciados por un robo

En otro de las causas analizadas del TOC 1, se dio por acreditado que a las 11.30 del  13 de julio de 2020, Julián Della Casagrande y Santiago Emanuel Romero, junto a otro sujeto no identificado, abordaron a un vecino en calle Montevideo y  Roca, momentos en que la víctima se encontraba recogiendo cosas de su coche y, con la intención de robarle, el primero de ellos lo tomó del cuello por la espalda y le exigió la entrega de su teléfono celular, y los restantes maleantes se sumaron al hecho a golpes de puño contra el damnificado a fin de quitarles sus pertenencias, logrando que este caiga al piso y con ello apoderarse de un teléfono celular, y un par de zapatillas, además de dinero.

De la denuncia de la víctima se desprendió el dato de quienes hubieran llevado a cabo de manera premeditada el ilícito aquí demostrado, que fuera aportado por el damnificado al momento del hecho a los oficiales de policías intervinientes, quienes, de manera continua llevaron a cabo una investigación a través de la red social Facebook, logrando identificar a los malhechores antes nombrados, y a quienes el mismo damnificado reconoció como los autores del robo. 

Seguidamente, se examinó el celular robado, arrojando como resultado que la imagen de perfil de la red social WhatsApp utilizada en dicho teléfono sería la de Santiago Emanuel Romero, quedando reflejado que se encontraría en su poder. Por último, el resultado positivo en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio de Romero, donde se encontró el celular y las zapatillas propiedad del denunciante, lo que permitió sin esfuerzo sostener la existencia del hecho y la participación que en el mismo debe atribuirse a los imputados.

Así se resolvió condenar a Julián Della Casagrande y a Santiago Emanuel

Romero, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, como autores penalmente responsables del delito de “Robo calificado por ser cometido en poblado y en banda.

En un reciente fallo del TOC 1 a través de un juicio abreviado se definió el procesamiento de Marcelo “Chueco” Garzón (67), pensionado, quien otra vez fue sentenciado por vender droga, delito por el cual ya había purgado otras condenas. 

Sobre los nuevos hechos, según el veredicto del juez Guillermo Arecha que avaló el acuerdo arribado entre las partes, se acreditó que al menos durante el lapso que va desde el 20 de noviembre de 2019 hasta el 20 de febrero de 2020,  Marcelo Garzón, con domicilio en calle Montiel 1418, comercializó estupefacientes, concretamente marihuana y cocaína, en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

El nombrado, en distintas oportunidades fue filmado por la policía cuando entregó las sustancias a diversos compradores que se hacían presentes en su domicilio y que daban un pago a cambio.

Asimismo, el 20 de febrero de 2020 a la 1 aproximadamente,  en la Terminal de Ómnibus,  Garzón fue interceptado por una comisión policial que le secuestró una bolsa blanca que contenía cocaína que guardaba entre sus ropas. 

Lo secuestrado en los domicilios

Al decir del fallo, se acreditó que durante el lapso temporal comprendido entre el mes de julio y el 26 de agosto de 2020, Garzón comercializó en sus domicilios alternativos de calle Montiel  1418 y 1443, estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor. 

Asimismo, el  26 de agosto de 2020 a las 14 en el interior del domicilio sito en Montiel 1443, Garzón tuvo bajo su guarda y disposición, en el interior de una caja empotrada en la pared detrás de la puerta de ingreso a la vivienda, una bolsa de nylon transparente conteniendo 41 envoltorios de nylon con cocaína con un peso total de 56 gramos; mientras que en el interior de la vivienda sita en calle Montiel 1418, en la cocina, una balanza marca 'Molero'; en una habitación la suma de 2.350 pesos.

Sobre las observaciones registradas por la policía, quedó en evidencia la llegada de distintas personas al lugar que se entrevistaban con el encartado por un breve lapso, realizaban el intercambio de elementos pequeños y luego se retiraban.

A la vez, las filmaciones reportaron cómo  Garzón mostraba en actitud de vigilia y expectante ante los movimientos en el lugar, accediendo libremente a los domicilios de Montiel 1418 y 1443, con la particularidad que en este último ingresaba, tomaba algo de su interior y seguidamente mantenía los encuentros señalados.

Al decir del fallo, estas conductas, por su frecuencia y repetición calcada, unidas al hallazgo del material estupefaciente acondicionado en pequeños envoltorios, permitieron inferir que Garzón se dedicó, en el lapso observado y con habitualidad, a su comercialización en los términos del art. 5 inciso C de la Ley 23.737.

Así, se resolvió condenar Garzón, alias “chueco”, actualmente alojado en la Unidad Penal  37 Barker, a la pena de seis años de prisión, como autor penalmente responsable del delito de “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor –dos hechos en concurso real-“

El descargo del acusado

Cabe consignar que sobre la aprehensión en la Terminal, al momento de prestar declaración Garzón hizo su descargo y acusó a la policía de implantarle la droga. 

Dijo que cuando se bajó del colectivo rumbo a la agencia de remís, aparecieron como siete u ocho personas -una sola mujer- que dijeron "...policía, policía...!", lo pusieron contra la pared; en dicha circunstancia, mirando hacia la pared y con las manos en alto apoyadas, un policía le puso un arma corta en la cabeza a un par de centímetros y en ese momento sintió (hace el ademán llevándose sus manos a los genitales) que le ponen algo; que luego le patean el bolso un cachito y escuchó que piden que llamen a los testigos.

Siguió relatando sobre la escena que cuando se arma todo ese alboroto, ve que los remiseros se asoman de la remisería que está en el edificio de la Terminal que da sobre calle Italia; allí se acercan dos personas que eran remiseros, que en ese momento ya lo tenían esposado con las manos detrás. Cuando venían caminando los testigos, antes de que llegaran junto a él, escucha que uno de los policías dijo "tenemos que hacer la pantomima con el colectivo"; sobre lo que él interpretó que decían que tenían que ir a revisar el colectivo, pero no sabe si lo hicieron.

Relató que luego le revisaron su bolsito y  no tenía nada allí, solo sus cosas; que de allí lo llevaron al baño de la Terminal, al que concurren juntamente con los testigos. Allí se comienza a sacar la ropa y cuando se baja el calzoncillo se cae una bolsita, y los policías dijeron "acá esta, acá está". 

En su declaración aclaró que toma droga y lo hace con amigos; lo que le buscó como coartada para explicar que "en los teléfonos habrá conversaciones de droga y con gente, esa es mi verdad".

Una vez apresado –siguió contando-, en la dependencia policial todos quieren hacerse los amigos y le decían "...bueno no tenías drogas, pero como teníamos el dato que traías te la pusimos..."; 

Para el juez, la versión de los hechos que proporcionó el señalado fue refutada por otras pruebas de cargo que han sido incorporadas a la investigación que, por su relación, coherencia y relevancia, autorizan a adquirir la convicción de la existencia del hecho criminoso y de la participación penalmente responsable que debe atribuirse al imputado.

Sobre el accionar policial implantándole la droga, se añadió que las afirmaciones no contaron otra prueba que sus dichos y que, por el contrario, las actuaciones policiales tuvieron contundentes respaldo probatorio, incluso dicho informe fue firmada voluntariamente por el propio imputado. 

Los antecedentes 

En la sentencia, se computó como circunstancia potenciadora de la sanción penal a imponer, las condenas anteriores que registraba el señalado.

En efecto, el  14 de junio de 2002 Garzón fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, imponiéndole la pena de cinco años de prisión, habiendo sido incorporado al régimen de libertad asistida por el Juez de Ejecución el 02 de febrero de 2009.

Posteriormente, el 22 de septiembre de 2010, el TOC 1 lo volvió a condenar al reincidente por los delitos de “cohecho activo y Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización fraccionados en dosis destinadas a consumidor en concurso real”, imponiéndole la pena de cuatro años y nueve meses de prisión. Como se encontraba detenido desde el 22 de octubre 2009 la pena quedó firme el 12 de octubre de 2010, por lo que cumplió parcialmente la misma en condición de penado. Asimismo en dicho cómputo la pena venció el 22 de julio de 2014.

Luego, el  29 de septiembre de 2017, Garzón fue nuevamente condenado por este Tribunal a cinco años de prisión, otra vez por la comercialización de estupefacientes, actividad ilícita realizada desde el 3 de septiembre de 2014 hasta el 1 de junio de 2016.

Al encontrarse excarcelado desde el  30 de septiembre de 2019, la sentencia quedó firme el  20 de junio de 2020. En consecuencia, no cumplió la misma en condición de penado, por lo que no cabe la declaración de reincidencia a su respecto.

El flagelo que atraviesan cientos de familias por los efectos del consumo de estupefacientes tuvo su correlato en un expediente judicial, donde quedó sustanciado cómo un abuelo desesperado por la salud de su nieto primero, y una madre de otro joven después, denunciaron quienes le facilitaban la droga a sus seres queridos. Las denuncias por separado tuvieron un destino común: dos mujeres dedicadas al narcomenudeo en el barrio Las Tunitas.

Los testimonios citados promovieron la investigación para corroborar sus dichos y, tras un seguimiento y posterior allanamiento en el que se secuestró material probatorio, confirmaron el ilícito al cual se dedicaban las mujeres a las que “conocían todos en el barrio pero nadie hace nada”, al decir de aquel abuelo que forzó la pesquisa. 

En las últimas horas, a través de un juicio abreviado, el TOC 1 convalidó al acuerdo de las partes (fiscalía y defensa) y dio por acreditado que al menos durante el lapso que va desde el 9 de septiembre de 2017 hasta el 15 de marzo de 2019, Fabiana Haydee Villafañe y Jennifer Jael López, ambas domiciliadas en calle Del Libertador 450, comercializaron, concretamente cocaína y marihuana, que tenía en su vivienda.

Villafañe López utilizando sus teléfonos celulares acordaron la cantidad (dosis) y precio, y luego entregando las mencionadas sustancias a diversos compradores que se hacían presentes en sus domicilios y que daban un pago a cambio.

En otras situaciones, Fabiana Villafañe utilizaba para fines de reparto y entrega, su vehículo particular marca Volkswagen dominio ELB-747.

Así, en el domicilio sito en calle Del Libertador, el  15 de marzo de 2019, tuvieron bajo su guarda y disposición a los fines de ser comercializados los siguientes elementos: en la cocina, sobre la heladera, recortes de nylon color blanco. En la habitación de Villafañe, dentro de una zapatilla, un envoltorio de nylon blanco conteniendo 0,8 gramos de clorhidrato de cocaína; en un monedero color rosa, la suma de 7.000 pesos en efectivo. En la habitación de Jennifer Jael López, sobre un televisor, un paquete de bicarbonato de sodio, tarjetas, virulana y cuchillos (sustancias de corte y elementos de fraccionamiento; en el ropero, sobre un estante, un envoltorio de cocaína de 0,4 gramos; en las apuntadas circunstancias de lugar y tiempo, tuvo entre las prendas que vestía (corpiño) la suma de 1.500 pesos en efectivo en tres billetes de 500.

Asimismo en dicho domicilio se encontraba residiendo también Héctor María Fontes, quien ejerció la tenencia de sustancias estupefacientes y demás elementos secuestrados y que a su vez tenía en su poder en el automotor Renault Laguna dominio BAK-614, debajo de la palanca de frenos, una bolsa de nylon conteniendo 17.000 pesos.

La denuncia primigenia

En el mismo veredicto, el juez se tomó de los dichos de aquel abuelo que prestó declaración testimonial para “salvar” a su nieto de la situación que vivía.

Relató  que era abuelo de un joven de 20 años de edad, que esta con un tratamiento ya que es consumidor de estupefacientes. Contó que desde hace ya tiempo su nieto sacó cosas de su casa y las entrega a Fabiana Villafañe, Nicolás López Gómez, Ninosca Dominicana, Paola Quero o Daiana Puebla a cambio de estupefacientes, que no sabía qué tipo de estupefacientes es. 

Recordó que en algunas oportunidades le llevó un televisor 20 pulgadas, un acolchado sin usar y una campera de abrigo y,  en la última le sacó la Tablet que usaba su bisnieto. 

Asimismo detalló que su nieto iba a Las Tunitas, por Fortineros al fondo donde termina la calle, que viven uno enfrente de los otros. Allí le abastecían la droga. 

Cuando se le preguntó sobre cómo llegó a su conocimiento que los nombres citados se encontraban involucrados en la comercialización de droga, refirió sin titubear que lo sabía porque era el comentario de todo el barrio Las Tunitas, “que estas personas venden la droga a menores de edad”.

Dijo que estaba cansado de que nadie haga nada y que esto sucede frente a los ojos de todos en el barrio. Insistió con que tenía a su nieto que está saliendo del consumo de droga, que se encontraba en tratamiento en el Centro de Salud Mental de Tandil y está en pareja con una chica, ambos tienen un hijo de tres años, y precisamente la pareja de su nieto también le comentó quiénes eran los que le vendían la droga.

Una mamá

A la declaración del abuelo, se sumó más luego otra vecina que quiso mantener su denuncia como anónima por miedo a represalias, y manifestó que una mujer a la que identificó como Fabiana Villafañe con domicilio en Del Libertador esquina Fortineros vendía estupefacientes, concretamente cocaína. 

La denunciante, también refirió que tiene su hijo menor de edad seriamente afectado por el consumo de drogas, y de averiguaciones en el barrio donde vive como así también de revisar el teléfono celular de su hijo, pudo determinar las apuntadas circunstancias en torno a Fabiana Villafañe (…).

A los días de haber recibido sendos testimonios, en el Sistema de Emergencias 101 se recibió un llamado de una voz masculina que no quiso identificarse que manifestó que a partir de las 23 comienzan a vender estupefacientes, en el domicilio sito en calle Los Fortineros y Del Libertador. A partir de allí, se propició una investigación que derivó en el allanamiento, detenciones y ahora condenas. 

Arresto domiciliario

Tras analizar las pruebas acumuladas en el expediente, el juez entendió que las evidencias traídas a juicio respecto de Jennifer Jael López y Fabiana Haydeé Villafañe, no solo dan soporte a una mera tenencia de estupefacientes, sino que permiten avanzar a grados más comprometidos de actividad ilícita, como lo es la tenencia con fines de comercialización e incluso el comercio propiamente dicho de estupefacientes, todo lo cual surge patente de las probanzas antes desplegadas.

Consecuentemente, se condenó a Jennifer Jael López, de apodo “Jenny”, de profesión empelada doméstica, y a Fabiana Haydeé Villafañe, a la pena de cuatro años de prisión. En tanto que Héctor María Fontes, fue sentenciado a la pena de un año de prisión de ejecución condicional por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

Para las mujeres, se estableció como modalidad de cumplimiento de la pena impuesta la prisión domiciliaria. 

Se tuvo en consideración la particular circunstancia de resultar ambas madres de niños menores de edad, por lo que habrá de determinarse que el cumplimiento efectivo de la pena que se les impone les permita a la vez cumplir con sus obligaciones parentales –tal como fuera solicitado por las partes-

Al mismo tiempo se requerirá la adjudicación a por parte del Servicio Penitenciario  de una pulsera magnética de localización con sistema de control GPS, en miras a que eventualmente pueda cumplir con tareas laborales y otras salidas previamente especificadas, dentro de un horario autorizado.

En recientes juicios abreviados, se selló la suerte procesal de imputados que estaban señalados por el delito de comercialización de estupefacientes.

Uno de los debates que arribó al acuerdo de acusador y defensa a la hora de fijar condena, con el aval del TOC 1, derivó en la pena para madre e hijo que, desde su domicilio en el barrio La Movediza, vendían droga al menudeo.

En efecto, al decir del fallo, la investigación se propició tras una denuncia anónima que llevó a trabajos de seguimiento policial con la coordinación judicial para luego concretar un allanamiento en el que se secuestraron los elementos suficientes para dar por acreditado el delito investigado.

Bajo ese proceso, se terminó apresando primero, y condenando ahora a María Eugenia Nieto y su hijo Rodrigo Alejandro, a la pena de cinco años y seis meses de prisión para la primera y cuatro años para el segundo, considerados autores penalmente responsable de los delitos de comercialización de sustancias estupefacientes, en forma reiterada, entre el 6 de febrero de 2018 y el 15 de marzo de 2018, y entre el mes de febrero de 2019 y el 1 de agosto de 2019.

Según consta en el veredicto, se acreditó que al menos durante el lapso de tiempo citado, la acusada, domiciliada en Paseo de los Niños 1970, comercializó en ese domicilio sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor. En distintas oportunidades entregó las mencionadas sustancias a diversos compradores que se hacían presentes en tal domicilio y que daban un pago a cambio.

Asimismo, lo hizo con su hijo Rodrigo Alejandro Nieto en otro de los períodos de tiempo en el que fueron investigados de manera encubierta, con filmaciones e interceptación de las comunicaciones telefónicas que tenían con los clientes.

Otros condenados

También en otro juicio acordado entre las partes, el Tribunal emitió otro fallo condenatorio para otro tandilense acusado del mismo delito.

En efecto, se probó que al menos durante el lapso que va desde el 18 de enero 2017 hasta el 10 de octubre de 2018, Sergio Fabián Acevedo y Nicolás Safenreiter, comercializaron cocaína como marihuana en sus domicilios como así también en la vía pública.

Ambos implicados recibieron la sentencia de cuatro años de prisión, como autores penalmente responsables del delito señalado.