A través de un comunicado, el Tiro Federal de Tandil, fundado en 1924, expresó “profunda preocupación y repudio ante los hechos de violencia ocurridos recientemente en sus instalaciones, donde personas que se encontraban practicando legítimamente una actividad deportiva fueron agredidas física y verbalmente por un grupo de manifestantes”.

Manifestaron que “desde hace más de cien años, nuestra institución desarrolla en forma ininterrumpida actividades vinculadas al tiro deportivo, disciplina reconocida, reglamentada y practicada bajo estrictas normas de seguridad, responsabilidad y control. El predio siempre tuvo como finalidad exclusiva el desarrollo de esta actividad, siendo además parte de la historia deportiva e institucional de la ciudad de Tandil”.

En ese marco, afirmaron que “resulta importante recordar que las viviendas construidas en las cercanías del club fueron estableciéndose con posterioridad a la existencia del Tiro Federal, con pleno conocimiento previo de la actividad desarrollada en el lugar desde hace más de un siglo”.

Y recalcaron que “lo verdaderamente lamentable y preocupante no es solamente el desacuerdo de algunos vecinos respecto a la actividad, sino el nivel de violencia ejercido contra personas que se encontraban practicando deporte de manera pacífica, legal y responsable. Durante el incidente se produjeron agresiones y lesiones a tiradores presentes en las líneas de tiro”.

En ese sentido, señalaron que “existe un hecho que merece ser destacado y valorado por toda la sociedad: pese al clima de extrema tensión y provocación, ninguno de los quince tiradores presentes reaccionó violentamente. Con absoluto profesionalismo, disciplina y respeto por las normas de seguridad, mantuvieron la calma, aseguraron sus armas y evitaron cualquier situación que pudiera agravar aún más el conflicto” y remarcaron que “ese comportamiento demuestra claramente los valores que históricamente promueve nuestra institución: responsabilidad, autocontrol, respeto por la ley y convivencia democrática”.

Como contrapartida, expresaron que “preocupa profundamente que determinadas personas hayan incentivado actitudes agresivas y de confrontación, promoviendo un clima de hostilidad incompatible con cualquier forma de diálogo civilizado. Nada justifica la violencia, las amenazas ni las agresiones físicas contra ciudadanos que ejercen una actividad deportiva legalmente habilitada”.

Por ese motivo, aseguraron que “el Tiro Federal de Tandil reafirma su voluntad permanente de diálogo con todos los sectores de la comunidad, pero también sostiene con firmeza el derecho legítimo a continuar desarrollando una actividad histórica, deportiva y legal, dentro del marco del respeto mutuo y la convivencia social”.

Para cerrar, evaluaron que “defender el deporte, la legalidad y las instituciones centenarias de nuestra ciudad también es defender una sociedad donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la violencia”.

Un video registrado en las últimas horas dentro del predio del Tiro Federal, y al cúal pudo acceder este medio, volvió a poner en el centro de la escena el conflicto que desde hace años mantienen vecinos del sector con la histórica institución. Las imágenes muestran una situación de extrema tensión, con gritos, acusaciones mutuas, vidrios destruidos y fuertes reproches vinculados al uso de armas, los ruidos molestos y las condiciones de seguridad del lugar.

El episodio se produjo pocos días después de que residentes de la zona denunciaran públicamente que las detonaciones y el movimiento en el predio se habían intensificado. En declaraciones recientes, varios vecinos habían asegurado que la convivencia se volvió “insostenible” y reclamaron soluciones urgentes ante el impacto que generan las actividades del polígono.

En el video difundido puede verse el interior de una de las instalaciones con mamparas destruidas, vidrios astillados y restos de cristales esparcidos en el piso, mientras dos grupos mantienen una fuerte discusión. El intercambio refleja el profundo nivel de desgaste y tensión que atraviesa actualmente el conflicto.

“Rompieron el vidrio, entraron de forma muy violenta”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras muestra los daños ocasionados dentro del lugar. Del otro lado, quienes protestaban responden cuestionando el funcionamiento del predio y la presencia de armamento. “Mirá los fusiles que tienen”, expresó uno de los vecinos en medio de los gritos.

Una publicación compartida de El Eco de Tandil (@elecodetandil)

La situación escala rápidamente y aparecen acusaciones cruzadas sobre quién ejerce la violencia. Mientras integrantes de la institución reclaman por los daños sufridos en el edificio, los frentistas aseguran que la violencia cotidiana la padecen ellos debido a las detonaciones constantes.

“Nos dicen violentos cuando ustedes son los que están tirando con fusiles. No podemos vivir así”, expresa una mujer durante el intercambio. En otro momento, otra voz insiste: “No damos más, somos gente desesperada”.

Uno de los puntos más reiterados del reclamo tiene que ver con el impacto acústico de la actividad. En distintos pasajes del video, vecinos exigen inversiones para insonorizar el predio y reducir el ruido que afecta al barrio.

“Pongan la plata que tienen que poner y hagan la acústica”, reclama una de las personas que participa de la discusión. “Hagan la acústica”, repiten varias veces durante el altercado.

Según se escucha en la grabación, una persona habría resultado herida cuando se rompieron los vidrios en medio de la confrontación. “Un vidrio voló y le pegó en la cabeza, tenía toda la espalda llena de vidrio”, relata uno de los presentes, mientras otros intentan bajar el tono de la pelea y piden “parar con esto”.

La difusión de las imágenes profundizó un conflicto que no es nuevo. Tal como habían expresado vecinos en testimonios recientes brindados a El Eco, las quejas contra el Tiro Federal vienen desde hace años y abarcan distintos aspectos. Además de los ruidos molestos provocados por las detonaciones, algunos residentes afirmaron haber encontrado restos de proyectiles o esquirlas en patios y viviendas cercanas.

También denunciaron alteraciones en la vida cotidiana producto de las prácticas realizadas en el lugar, asegurando que los disparos pueden escucharse durante gran parte del día. Varios integrantes de la barriada sostienen que la situación empeoró con el crecimiento urbano de la zona y el aumento de viviendas en los alrededores del predio.

Desde la institución, en tanto, remarcan que el Tiro Federal funciona allí desde hace décadas y cuestionan que ahora se pretenda limitar su actividad. Esa postura también aparece reflejada en el video. “Estamos en una institución que está hace bastante más tiempo que todos ustedes”, sostiene uno de los hombres que participa de la discusión.

En otro tramo del cruce, incluso se escucha a una persona preguntarle a un vecino: “¿Entonces por qué compraste al lado del tiro?”, dejando en evidencia uno de los argumentos históricos de quienes defienden la continuidad de las actividades en el lugar.

El material difundido volvió a generar repercusión en redes sociales y reactivó el debate sobre la convivencia entre la institución y los vecinos del barrio. Mientras continúan los reclamos para que se adopten medidas de mitigación acústica y mayores controles de seguridad, el video dejó expuesto un escenario de tensión creciente que parece lejos de resolverse.

Desde las autoridades del Tiro Federal también se pronunciaron tras el episodio y confirmaron que realizaron una denuncia penal por lo ocurrido. En un audio difundido luego del incidente al que accedió El Eco, uno de los responsables de la institución aseguró que “los vecinos invadieron el tiro, rompieron vidrios” y detalló que un tirador resultó herido producto de los destrozos. “Hay un lesionado con un vidrio que le cortó el cuero cabelludo”, afirmó. 

Además, indicaron que aguardaban la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y sostuvo que impulsarían acciones judiciales por “invasión de propiedad privada, amenazas, lesiones y daños”, en referencia a los hechos registrados durante la confrontación.

Un buque con bandera de Islas Marshall y tripulación china a bordo fue atacado cerca del estrecho de Ormuz el pasado lunes. El hecho fue confirmado este viernes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, quien precisó que hasta el momento no se registraron informes de víctimas.

Ante la gravedad de la situación, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, hizo un llamado urgente a utilizar el multilateralismo y el diálogo para resolver el conflicto en la región. Durante la Convención Marítima de las Américas (MCA) celebrada en la capital panameña, el funcionario expresó su preocupación por el "impacto negativo en los inocentes trabajadores del mar".

Según los datos proporcionados por la OMI, la crisis geopolítica afecta a miles de trabajadores y embarcaciones. “Tenemos aproximadamente 20.000 marinos oficiales atrapados, unos 1.500 buques que no pueden navegar de una forma segura mientras el conflicto continúe”, advirtió Arsenio Domínguez.

En este contexto, el máximo representante del organismo internacional instó a buscar soluciones diplomáticas: “El llamado al multilateralismo y al diálogo para que las tensiones puedan disminuir y se pueda regresar a transportar y operar las cargas de buques de forma cotidiana”

Asimismo, Arsenio Domínguez puntualizó que mantuvo conversaciones con diversos países involucrados, incluyendo a las naciones del golfo y el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, Gerardo Bósquez, presidente del comité organizador de la MCA 2026, coincidió en que el diálogo es fundamental para crear puentes en el estrecho de Ormuz.

La Convención Marítima de las Américas, desarrollada entre el siete y el ocho de mayo, contó con la participación de unos 40 países y se posiciona como un espacio clave para la cooperación y la innovación en el sector marítimo regional.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida de fuerza surge como respuesta a la denuncia del gremio sobre la intención del Gobierno nacional de concretar 700 despidos y eliminar 1.000 funciones de las 3.000 que el organismo desempeña actualmente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la iniciativa oficial: "Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar".

Según trascendió, el organismo cuenta hoy con 2.300 trabajadores. En este escenario, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presiona para avanzar con el vaciamiento de la institución. Esta postura encuentra cierta resistencia en el presidente del ente, Miguel Romero, funcionario vinculado a Luis Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el sindicato detallaron que el recorte afectaría tareas críticas como los ensayos microbiológicos en alimentos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, el control de contaminantes y el análisis de calidad de agua. También se verían comprometidos los servicios de metrología, la calibración de instrumentos y los ensayos de seguridad en materiales de construcción, electricidad y transporte.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Rodolfo Aguiar. El dirigente subrayó que el INTI no representa una carga para las arcas públicas: "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

Finalmente, el gremialista alertó sobre "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar". 

El Gobierno nacional sigue con atención la filtración de un documento interno del Pentágono que sugiere un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto de la disputa por las Islas Malvinas, un escenario que genera expectativa, aunque también prudencia en la Casa Rosada.

La información, difundida por la agencia Reuters, abrió interrogantes sobre la posición de Washington y fue analizada de cerca por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes mantienen una línea de acción basada en la cautela y la estrategia diplomática.

Desde el entorno oficial remarcaron que cualquier modificación en el posicionamiento estadounidense podría resultar favorable para la Argentina, aunque insistieron en que el país continuará sosteniendo su reclamo histórico en el marco de la negociación bilateral, tal como lo establece la resolución 2065 de la ONU.

Mirada prudente del Gobierno

El presidente Milei ya había anticipado una postura moderada frente a este tipo de escenarios. Según expresó en distintas oportunidades, su gestión impulsa el reclamo soberano en todos los foros internacionales y busca ampliar el respaldo de otros países, como ocurrió recientemente con Chile.

En la misma línea, Quirno reforzó la posición argentina al cuestionar la ocupación británica y rechazar los argumentos basados en la autodeterminación de los habitantes de las islas. Desde el oficialismo subrayan que se trata de una disputa entre Estados, por lo que ese principio no resulta aplicable en este caso.

La reacción del Reino Unido no se hizo esperar: desde Londres reiteraron que la soberanía “no está en discusión” y recordaron el referéndum realizado en 2013, cuyo resultado no es reconocido por la Argentina. Por su parte, voceros estadounidenses evitaron pronunciamientos concretos y mantuvieron la tradicional postura de neutralidad.

Más allá de los cruces diplomáticos, el episodio vuelve a ubicar en el centro del debate un conflicto histórico que sigue abierto. En ese contexto, en el Gobierno insisten en avanzar con “cerebro frío y estrategia”, a la espera de definiciones que puedan reconfigurar el escenario internacional en torno a la cuestión Malvinas.

Al menos tres buques portacontenedores fueron atacados este miércoles en el estrecho de Ormuz, apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego con Irán. Según informaron fuentes de seguridad marítima y la institución Operaciones de Comercio Marítimo (Ukmto), se trata de la primera intercepción de embarcaciones reportada por las fuerzas iraníes desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero.

Uno de los navíos afectados fue el Epaminondas, con bandera de Liberia y operado por una firma griega. El buque sufrió daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohete al noreste de Omán. Según el reporte oficial, "Se le había acercado una lancha artillada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", la cual abrió fuego sin contacto previo por radio. La tripulación, compuesta por 21 personas, resultó ilesa.

En paralelo, un segundo buque identificado como el MSC Francesca, con bandera de Panamá, fue atacado a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, aunque no registró daños. 

Un tercer barco, el Euphoria, también fue alcanzado y habría quedado varado. Desde la Guardia Revolucionaria confirmaron la operación a través de un comunicado: "La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores".

Las autoridades iraníes justificaron la medida alegando que las embarcaciones no cooperaron y pusieron en peligro la seguridad de la navegación. "Los dos buques fueron escoltados hasta la costa iraní", indicaron medios estatales, tras asegurar que los navíos "fueron incautadas por el CGRI y dirigidas a la costa iraní". Ante esta situación, el organismo advirtió que "Se advierte contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación en esta vía marítima".

El incidente generó una reacción inmediata en los mercados, donde los precios del crudo subieron alrededor de un uno por ciento. Jonathan Chappell, director general sénior del banco Evercore, analizó el panorama: "La guerra con Irán y el cierre del estrecho no tienen precedentes y no hay perspectivas claras sobre el resultado final ni el calendario, lo que crea el potencial para más ruido mediático y volatilidad". 

Actualmente, el tránsito por el estrecho, que solía ser de 130 buques diarios, se mantiene bajo estricta vigilancia internacional.

Ucrania atacó dos refinerías rusas y otros objetivos petroleros clave durante la noche del sábado al domingo, según informaron funcionarios. Los ataques se produjeron apenas unas horas después de que Estados Unidos concediera a Moscú otra exención a la venta de su petróleo sancionado.

El comandante de las fuerzas de drones de Kiev, Robert “Madyar” Brovdi, declaró a través de Telegram que las fuerzas ucranianas alcanzaron las refinerías de petróleo de Novokuybyshevsk y Syzran, esta última ubicada a unos 1.000 kilómetros de la frontera. También se reportaron ataques en la terminal petrolera de Tikhoretsk, el puerto de Vysotsk en el mar Báltico y un depósito de combustible en Sebastopol, en la Crimea ocupada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso no reconoció formalmente los impactos, aunque anunció que sus defensas aéreas interceptaron 258 drones ucranianos durante la jornada. Sin embargo, autoridades regionales confirmaron las consecuencias de la ofensiva. El gobernador de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, señaló ataques contra instalaciones industriales, mientras que en Krasnodar se informó un incendio en el depósito de Tikhoretsk que requirió el despliegue de 224 personas y 56 equipos para su extinción.

En la región de Leningrado, el gobernador Aleksandr Drozdenko confirmó que un ataque con drones provocó un incendio en el puerto de Vysotsk, el cual fue controlado durante la mañana del sábado. Robert “Madyar” Brovdi no ocultó que estas acciones fueron una respuesta directa a la prórroga de la exención estadounidense, que permite la venta de crudo ruso por vía marítima hasta el 16 de mayo. El militar acusó a la administración norteamericana de cinismo y advirtió sobre el costo en vidas ucranianas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó la medida el viernes, en un intento de la administración del presidente Donald Trump por aliviar la presión sobre los precios mundiales del crudo. Un portavoz de la institución afirmó que el objetivo es garantizar que el petróleo esté disponible para quienes lo necesiten en medio de las tensiones globales.

La decisión generó controversia, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había sugerido previamente que la licencia no sería renovada. Según el enviado especial del presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, esta extensión afectará a 100 millones de barriles de petróleo ruso, sumándose a una cantidad similar ya cubierta por licencias anteriores.

El impacto económico de estas medidas es significativo para el presupuesto de Moscú. Según la Agencia Internacional de Energía, los ingresos energéticos de Rusia casi se duplicaron en marzo, alcanzando los US$ 19.000 millones, frente a los 9.750 millones registrados en febrero.

Un numeroso grupo de jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires encendió una fuerte señal de alerta por la situación previsional del sector. A través de un comunicado, advirtieron sobre una “crisis sin precedentes” y reclamaron la urgente intervención de las autoridades para revertir lo que consideran una pérdida sustancial de derechos adquiridos.

El eje del conflicto gira en torno a la movilidad jubilatoria. Según sostienen, las jubilaciones del sector dejaron de actualizarse en línea con los salarios de los magistrados en actividad, pese a que una normativa vigente desde 1972 garantiza ese mecanismo automático. “Los haberes han perdido su carácter móvil”, remarcaron, en referencia a un principio clave del sistema previsional judicial.

De acuerdo con lo denunciado, la situación se agravó a partir de una acordada de la Suprema Corte bonaerense de 2022, luego complementada en 2023, que introdujo nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad. Esas mejoras, sin embargo, no fueron trasladadas a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) resolviera excluirlas del cálculo de los haberes.

Como consecuencia, aseguran que hoy existe una brecha de entre el 35% y el 40% entre los ingresos de trabajadores activos y pasivos de igual escalafón y antigüedad. “En la práctica, esto vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria”, advirtieron desde el Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses.

El reclamo no se quedó solo en lo declarativo. La controversia ya se trasladó al ámbito judicial, con el inicio de centenares de procesos en el Fuero Contencioso Administrativo provincial. Las demandas fueron impulsadas por los propios afectados, que buscan recomponer sus haberes y restituir el criterio histórico de actualización.

En una nota difundida días atrás, firmada por los exmagistrados Silvina Darmandrail y Gabriel Luis Rojas, se denunció que “se están transgrediendo derechos adquiridos en materia previsional”, en un contexto que calificaron como especialmente grave, teniendo en cuenta la avanzada edad de muchos de los perjudicados.

El planteo sumó además el respaldo institucional de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su más enérgico acompañamiento al reclamo. Desde ese espacio advirtieron que la situación “vulnera los cimientos mismos de la seguridad jurídica y la dignidad de quienes han dedicado su vida al servicio de justicia”.

“Un jubilado percibe hoy entre un 35% y un 40% menos que un magistrado en actividad de igual escalafón y antigüedad”, indicaron.

Los denunciantes fueron más allá al señalar que se trata de “una violación flagrante al principio de legalidad”, en la medida en que normas de menor jerarquía estarían alterando lo dispuesto por una ley vigente. El conflicto abre así un nuevo frente de tensión en la provincia, con impacto directo en uno de los pilares del sistema judicial.

“No existe independencia judicial posible si el Estado, mediante artificios reglamentarios, confisca los haberes de sus magistrados jubilados”, concluyeron.

La estabilidad en el Estrecho de Ormuz sufrió un nuevo revés este sábado. Apenas un día después de haber anunciado la reapertura del paso, la Guardia Revolucionaria de Irán informó que volvió a imponer un "control estricto" sobre esta vía marítima estratégica para el comercio del petróleo mundial.

Esta medida revierte la breve distensión del viernes y devuelve al canal a un estado de bloqueo casi total, afectando una de las rutas de suministro energético más importantes del mundo. Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el gobierno iraní justifica esta decisión como una respuesta directa al continuo bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre los puertos de la República Islámica.

Según el Mando Militar iraní, no se permitirá el libre tránsito mientras Washington persista en sus esfuerzos por asfixiar el comercio marítimo del país. Este retroceso complica las chances de una tregua comercial, dificultando los esfuerzos diplomáticos de mediadores que intentan evitar un conflicto de mayor escala.

La peligrosidad de la situación quedó demostrada con un incidente reportado por la Agencia de Seguridad Marítima del Reino Unido (UKMTO). Según informes oficiales, lanchas patrulleras vinculadas a la Guardia Revolucionaria dispararon contra un petrolero que intentaba navegar por el estrecho. Este ataque directo subraya que el "control estricto" anunciado no es solo retórico, sino una realidad operativa que pone en riesgo inmediato la seguridad de las tripulaciones y la infraestructura comercial internacional en la región.

En un contraste táctico, mientras el paso marítimo permanece restringido, Irán optó por reabrir su espacio aéreo a la aviación civil. No obstante, las autoridades de Teherán han sido claras: el control de Ormuz se mantendrá bajo vigilancia militar hasta que se levanten las sanciones portuarias estadounidenses.

Con el precio del crudo bajo presión y una presencia naval internacional creciente en la zona, el estrecho se consolida nuevamente como el epicentro de una crisis global que parece lejos de resolverse.

El secretario de defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó este jueves una dura advertencia a Irán en el marco de un alto el fuego que se encuentra en un punto crítico. El funcionario aseguró que Washington está "listo para actuar" en caso de que Teherán no acepte las condiciones de paz planteadas por el presidente Donald Trump.

Durante una rueda de prensa, el integrante del gabinete estadounidense fue tajante respecto a la capacidad militar de su país. "Estamos listos para actuar a la orden de nuestro presidente y con solo presionar un botón", afirmó Pete Hegseth, quien es considerado un sector duro dentro del gobierno tras su paso por la cadena FOX.

Las negociaciones, que se habían iniciado el 12 de abril en Islamabad, Pakistán, se encuentran actualmente estancadas. Ante la falta de acuerdos, Estados Unidos ordenó un bloqueo del Estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de embarcaciones desde y hacia los puertos iraníes. "Los estamos vigilando", advirtió el secretario de defensa a la cúpula militar de Irán.

El gobierno estadounidense prepara el envío de 10.000 efectivos adicionales a la zona de conflicto. Pete Hegseth instó al régimen a "elegir sabiamente" y remarcó que las capacidades bélicas de ambos países no son comparables: "Esta no es una lucha justa. Nos estamos fortaleciendo cada vez más. Ustedes están desenterrando sus lanzadores y misiles restantes sin posibilidad de reemplazarlos".

La escalada de violencia tuvo su punto más álgido el pasado 28 de febrero, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel terminó con la vida del máximo líder iraní, el ayatollah Ali Khamenei. Aquel episodio desencadenó una respuesta de Teherán con drones y misiles, además del cierre inicial del paso estratégico de Ormuz. El pasado ocho de abril se había pactado una tregua de 15 días, pero la falta de consenso en las mesas de diálogo ha vuelto a poner al mundo en alerta.

La Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA) informó que este jueves 16 y viernes 17 de abril se retomará la atención, tras el paro nacional de 72 horas que tuvo un alto acatamiento en todo el país. Aun así, indicaron que el conflicto con el PAMI continúa abierto y que el gremio avanzará en la definición de un nuevo plan de lucha ante la falta de respuestas y la negativa al diálogo por parte de las autoridades.

De acuerdo al comunicado oficial, “el Consejo Directivo de APPAMIA, junto a los delegados de todas las seccionales del país, evaluó en el día de la fecha la contundente medida de fuerza de 72 horas, cuyo acatamiento fue masivo en todo el territorio nacional, ratificando la unidad de los médicos de cabecera y el acompañamiento de todos los jubilados”.

La entidad remarcó que la adhesión a la medida “constituye una clara señal frente al intento de ajuste impulsado por PAMI mediante la Resolución 1107, que pretende profundizar el deterioro de las condiciones laborales y salariales de los profesionales”.

En ese sentido, APPAMIA cuestionó los argumentos oficiales y advirtió sobre el impacto económico de las decisiones adoptadas. “Las declaraciones de los representantes de PAMI y del actual Director Ejecutivo resultan falaces y carentes de sustento, ya que la implementación de dicha resolución implica una reducción cercana al 50% de remuneraciones que ya eran insuficientes", informó.

Al mismo tiempo, el comunicado denunció atrasos en los pagos a otros profesionales del sistema. “A esta grave situación se suma la deuda que aún mantiene PAMI con los odontólogos, quienes todavía no han percibido los pagos adeudados, profundizando la crisis que atraviesan los prestadores”, se manifestó.

La organización también alertó sobre situaciones de conflicto laboral, denunciando que "continúan los despidos arbitrarios, las prácticas patoteriles y las maniobras de intimidación contra quienes reclaman por sus derechos, hechos que configuran una política de persecución inaceptable”.

En el apartado resolutivo, APPAMIA informó una serie de medidas a seguir. Si bien se retomarán las actividades los días 16 y 17 del corriente mes, “bajo estricto cumplimiento de la normativa y del contrato vigente, priorizando la atención de nuestros adultos mayores”, se mantendrá "el estado de alerta y movilización permanente en todas las delegaciones del país”.

Asimismo, se indicó que se avanzará en un “nuevo plan de lucha ante la negativa sistemática de PAMI al diálogo, lo que obliga al gremio a profundizar y endurecer las medidas gremiales”. También se solicitará la “intervención urgente de las autoridades ministeriales, en defensa de la paz social, exigiendo la inmediata apertura de una mesa de diálogo”. En esa línea, especificaron que consideran que ”el actual Director Ejecutivo de PAMI no reúne condiciones para ser un interlocutor válido”.

Finalmente, se llamó a “constituir el Frente de Unidad Sindical, integrado por las distintas asociaciones gremiales nucleadas en PAMI, para fortalecer la defensa colectiva de todos los trabajadores”.

Para concluir, la entidad expresó un fuerte posicionamiento frente a los hechos denunciados. “APPAMIA repudia enérgicamente todo acto de persecución, intimidación y amedrentamiento sufrido por nuestros afiliados durante estas 72 horas de paro legítimo, y reafirma su compromiso con la defensa irrestricta del trabajo digno y la salud de nuestros jubilados”.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, instruyó el inicio de gestiones para entablar negociaciones directas con el Gobierno de Líbano. El objetivo central de esta iniciativa es alcanzar un acuerdo para el desarme de Hezbolá, aunque la propuesta llega acompañada de la ratificación de que no habrá un cese de las hostilidades en el corto plazo.

A pesar del anuncio de apertura al diálogo, Netanyahu fue enfático al descartar un alto el fuego con el país vecino. Esta postura generó una reacción inmediata en Beirut, donde las autoridades políticas mantienen una posición firme respecto a las condiciones necesarias para cualquier tipo de acercamiento diplomático con la administración israelí.

En declaraciones brindadas a la cadena CNN, un funcionario libanés aseguró que no aceptarán participar de conversaciones mientras continúe la ofensiva militar sobre su territorio. La fuente oficial fue tajante al señalar que no existirán "negociaciones bajo fuego" tras conocerse el plan de acción trazado por el mandatario de Israel.

El escenario actual profundiza la crisis en la región, con un Israel que busca soluciones políticas sin detener su operativo militar y un Líbano que condiciona cualquier avance a la detención de los bombardeos. La comunidad internacional observa con atención este estancamiento, donde la posibilidad de una salida negociada parece lejana ante la falta de garantías de seguridad mutuas.

La polémica que envuelve a Carlos Navarro Montoya y el Club Santamarina por la deuda millonaria en un restaurante de Tandil continúa dando de qué hablar. En diálogo con La Mañana de El Eco (El Eco Streaming), el abogado que representa a la empresa gastronómica, Ignacio Barrios, reveló detalles del conflicto y apuntó directamente contra el exdirector técnico como responsable de los consumos impagos.

“Mi cliente asistía y brindaba servicio gastronómico al señor Navarro Montoya y era él mismo quien firmaba los tickets. Ellos están haciendo mención a que existe un acuerdo con el club, pero eso nosotros no lo tenemos especificado”, explicó el letrado.

En ese sentido, remarcó que “el club inclusive manifestó, a través de un comunicado, que no tiene ninguna obligación con el espacio gastronómico ni con el ex director técnico”, desligándose así de cualquier responsabilidad en la deuda.

Asimismo, Barrios sostuvo que “en su momento se le mencionó a su cliente que no tenían la obligación de abonar lo que no les pertenecía”, en relación a la postura adoptada por la institución.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de un cambio en el rumbo del reclamo. “Si manifiestan y se comprueba que existe un acuerdo con el club se realizarán los reclamos correspondientes hacia la institución y se pedirán disculpas públicas a Navarro Montoya, pero hoy quien firmó y avaló los consumos es él”, declaró.

Según detalló, Navarro Montoya consumía en el restaurante junto a su cuerpo técnico y su familia desde hace aproximadamente un año, acumulando una deuda que ronda los diez millones de pesos. “Al ser una figura pública y tener una situación de aval, mi cliente tuvo una actitud de buena fe”, agregó el abogado, al tiempo que señaló que durante meses se intentó cobrar sin éxito.

“Mi cliente tuvo intentos de cobrar esa deuda, pero hubo palabras cruzadas. Se consultaba de autoridad en autoridad sobre cómo se iba a pagar, pero nadie le daba respuestas y la situación seguía en un limbo”, describió.

Finalmente, explicó que el vínculo entre las partes se originó por una cuestión de cercanía. Navarro Montoya comenzó a asistir al restaurante debido a que se alojaba en el hotel lindero, lo que facilitó la frecuencia de los encuentros y los consumos que hoy están en disputa.

“Esperamos que la Justicia tome cartas en el asunto a la brevedad y que la situación se resuelva de la forma mas rápida posible”, aseguró Ignacio Barrios. "Mi cliente no quiere sacar ningún redito económico, simplemente que se le pague lo que se consumió", concluyó.

Alrededor de 85 organizaciones sociales iniciarán este martes un plan de lucha progresivo en todo el territorio nacional, que incluirá cortes de ruta y movilizaciones. El reclamo central se dirige contra la decisión del Gobierno nacional de eliminar cerca de 900.000 planes sociales de 78.000 pesos mensuales, para reemplazarlos por un esquema de vouchers destinados a la capacitación laboral.

La iniciativa impulsada por la gestión del presidente Javier Milei, que entrará en vigencia plena desde noviembre, busca transformar las transferencias monetarias directas en instancias de formación profesional. Sin embargo, la medida despertó fuertes críticas de diversos gremios y agrupaciones, que advierten sobre el impacto negativo en la economía de los barrios populares.

En este marco, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) confirmó que se manifestará en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata y llevará adelante cortes en los accesos que conectan a la capital con ciudades vecinas, incluyendo el Puente Pueyrredón. En el interior de la provincia de Buenos Aires, las protestas se replicarán en la Ruta 2, a la altura de Mar del Plata, y en las localidades de San Nicolás, Pergamino y Bahía Blanca.

Desde las organizaciones sostuvieron que la eliminación del programa Volver al Trabajo, prevista para esta semana, afectará gravemente la red comunitaria. Según detallaron, solo en la ciudad de La Plata existen 38.000 beneficiarios que dejarán de percibir el estipendio actual.

Por su parte, el Ministerio de Capital Humano trabaja en una red federal de instituciones para ofrecer títulos profesionales con aval del sector productivo. La intención oficial es que los beneficiarios accedan a herramientas que mejoren su inserción laboral. Como antecedente, en enero se inició una prueba piloto con 20 desocupados en un centro de formación del barrio porteño de Paternal.

Ante este escenario, desde la CCC calificaron la medida como un "ataque" que pretende desarticular "la red comunitaria que nuestro pueblo creó en los barrios populares". A través de un comunicado, la organización sentenció: "No podemos permitir esta masacre social y económica sin luchar".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que Irán podría ser “eliminado” en una sola noche y aseguró que ese escenario “podría” concretarse de forma inminente, incluso el martes por la noche.

“Todo el país podría ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa, según reportó la cadena CNN.

En ese marco, Trump reiteró que Estados Unidos podría atacar infraestructura clave iraní —como centrales eléctricas y puentes— si Teherán no accede a un acuerdo o no reabre el estratégico estrecho de Ormuz, una vía fundamental para el transporte global de petróleo. Además, remarcó que el plazo para una respuesta vencía este martes a las 20 (hora de Miami).

Una operación de rescate “compleja y angustiosa”

Durante la misma conferencia, el jefe de Estado destacó la magnitud del operativo militar desplegado tras el derribo de un caza F-15E en territorio iraní. Según indicó, la misión de rescate fue “una de las más grandes, complejas y angustiosas jamás intentadas” por las fuerzas armadas estadounidenses.

El operativo incluyó el despliegue inicial de 21 aeronaves y, posteriormente, la participación de 155 aviones, entre ellos bombarderos, cazas, aeronaves de reabastecimiento y unidades de rescate. El piloto fue finalmente localizado y evacuado mediante un helicóptero HH-60W Jolly Green II.

“El heroico oficial de sistemas de armas del F-15E había eludido la captura en tierra en Irán durante casi 48 horas. Eso es mucho tiempo cuando estás en malas condiciones y sangrando”, expresó Trump.

Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, señaló que los servicios de inteligencia detectaron que las autoridades iraníes estaban “avergonzadas y, en última instancia, humilladas” por el éxito de la operación.

Ratcliffe también reveló que la CIA implementó una “campaña de engaño” para confundir a las fuerzas iraníes que buscaban al aviador, lo que permitió hallarlo oculto en una grieta de la montaña y confirmar que se encontraba con vida.

Amenaza a medios por filtraciones

En otro tramo de su exposición, Trump denunció la filtración de información sensible vinculada al operativo de rescate y advirtió que su administración buscará identificar al responsable.

Según explicó, la divulgación de datos sobre el rescate de uno de los tripulantes complicó la misión para localizar al segundo, ya que alertó a las fuerzas iraníes. “La operación se complicó mucho más porque un informante reveló que tenemos uno, que hemos rescatado a otro, pero que hay otro ahí fuera al que estamos intentando capturar”, sostuvo.

El mandatario también aseguró que Irán ofreció recompensas para capturar al piloto, lo que incrementó el riesgo de la misión. “Además de un ejército hostil, muy talentoso, muy bueno, muy malvado, teníamos millones de personas intentando conseguir la recompensa”, afirmó.

Finalmente, Trump lanzó una advertencia directa a los medios de comunicación: “Vamos a ir a la empresa de medios que lo publicó y le vamos a decir: ‘Seguridad nacional, entréguenlo o irán a la cárcel’”, concluyó.

La estadía de Carlos Navarro Montoya en Tandil sumó un capítulo judicial inesperado. El histórico ex-arquero de Boca Juniors e Independiente, quien se desempeñó como director técnico del Club y Biblioteca Ramón Santamarina, fue denunciado por un restaurante local tras concretarse una presunta estafa millonaria.

El conflicto legal gira en torno a una deuda que ascendería a los diez millones de pesos. Según relataron los responsables del comercio gastronómico damnificado, el vínculo con el ex-entrenador se extendió durante su permanencia en el cargo deportivo. “Estuvo un año comiendo de arriba”, habría asegurado uno de los encargados del establecimiento.

Navarro Montoya había sido contratado a finales de 2024 para liderar el primer equipo de Santamarina en el Torneo Federal A. Sin embargo, su ciclo fue breve y concluyó tras dirigir apenas ocho partidos. Durante ese tiempo, la relación con el restaurante se basó en una confianza que, según los denunciantes, fue “vulnerada”.

“En principio nos dijo que pagaría después y que no habría problemas. Luego agregó que sería Santamarina el que se haría cargo de los pagos, pero hasta ahora nadie nos pagó”, detalló uno de los denunciantes sobre la modalidad de los consumos realizados.

El conflicto avanzó al punto de que en las próximas horas se radicará una denuncia penal. El abogado Ignacio Barrios será quien realice la presentación judicial por el delito de estafa. “Contamos con los tickets, cámaras de vigilancia y testimonios que acreditan los hechos”, sostuvo el letrado.

En dialogo con América TV, Navarro Montoya señaló que ni los damnificados ni el abogado se comunicaron con él para informarle sobre el hecho. “Comíamos en el restaurante que se encontraba al lado del hotel, que tenía un convenio con el club. Yo firmaba para cerciorar al club de que el consumo era mío y que el lugar llevara un control”, declaró. En esa misma línea, indicó que “el club no solo no le pagó al restaurante, sino que a mí ni a mi cuerpo técnico tampoco”.

“Me llama la atención que el matrimonio dueño del lugar no se haya comunicado conmigo, porque teníamos una buena relación”, sostuvo el ex-entrenador. “A mi me quedó una deuda muy grande. Yo entiendo que cuando está el nombre y apellido de una persona conocida las cosas toman una trascendencia mucho mayor, pero incluso todos los futbolistas que estuvieron conmigo el año pasado también están en juicio con el club”, concluyó.

El gobierno de Estados Unidos brindó detalles precisos sobre el rescate de dos pilotos de su Fuerza Aérea que habían desaparecido luego de que la aeronave en la que se trasladaban fuera derribada en territorio de Irán. Según informó la administración que encabeza el presidente Donald Trump, el operativo permitió extraer al primer aviador desde atrás de las líneas enemigas, mientras que el segundo permaneció oculto en una zona montañosa.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense destacó la relevancia histórica del suceso:

Esta es la primera vez en la memoria militar que dos pilotos de Estados Unidos han sido rescatados, por separado, en lo profundo de territorio enemigo

De acuerdo con la información oficial, la CIA puso en marcha una campaña de engaño para desorientar a las fuerzas de la República Islámica antes de proceder con la extracción. Mientras el gobierno de Irán instaba a la población civil a capturar al "piloto enemigo" a cambio de una recompensa, el militar se encontraba escondido en la grieta de una montaña.

La misión fue calificada por la Casa Blanca como "una misión casi cinematográfica", aunque no estuvo exenta de complicaciones críticas. Durante el despliegue, dos helicópteros Black Hawk recibieron disparos y problemas técnicos en dos aviones de transporte obligaron a las fuerzas armadas a destruirlos en el lugar para evitar que cayeran en manos enemigas.

Trump explicó que el Pentágono y su equipo de gobierno mantuvieron un estricto silencio durante más de 24 horas para no poner en riesgo la vida del oficial de sistemas de armas, quien estaba siendo "cazado" por fuerzas opositoras que se aproximaban a su ubicación. El aviador, que fue localizado gracias a coordenadas precisas enviadas por la agencia de inteligencia, se encuentra gravemente herido pero las autoridades confirmaron que logrará recuperarse.

Por su parte, medios estatales iraníes reportaron que los ataques aéreos registrados el sábado en el suroeste del país causaron al menos tres muertos e hirieron a otras tantas personas. Pese a la resistencia del mando militar conjunto de Irán, que afirmó haber atacado las aeronaves de rescate, los helicópteros pudieron dirigirse a un espacio aéreo seguro para completar la evacuación de los uniformados.

En medio de la conciliación obligatoria dictada por la Provincia ante el conflicto por el cierre de FATE, los trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense. El objetivo es impulsar el avance de una ley de “ocupación temporal” de la planta, cuya actividad cesó hace un mes.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que ya se había manifestado el jueves pasado en La Plata, buscará concretar nuevas reuniones con legisladores. La intención es que el cuerpo trate la normativa de ocupación temporánea del establecimiento para impedir el desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga en el país.

El proyecto de ley propone declarar la fábrica de “utilidad pública”. Con esta medida, los operarios pretenden preservar la producción de cubiertas para camiones y colectivos, evitando la desaparición de una industria estratégica. Al respecto, el titular del gremio, Alejandro Crespo, señaló en diálogo con Agencia DIB:

“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”

Durante la semana pasada, los delegados mantuvieron encuentros con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica, mientras que los representantes de La Libertad Avanza no participaron de las reuniones. Los legisladores se comprometieron a analizar la propuesta y recibir nuevamente a los trabajadores el miércoles 25. Asimismo, el gremio planea reunirse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.

El conflicto se originó el pasado 18 de febrero de 2026, cuando la firma anunció el cierre definitivo de su única planta, fundamentando la decisión en la caída de ventas y la apertura de importaciones. Desde el inicio, el gremio denunció un lockout patronal, asegurando que los operarios encontraron las puertas cerradas con cadenas al intentar ingresar a sus puestos.

La tensión se incrementó en las semanas posteriores debido a la falta de pago de salarios durante la conciliación, lo que derivó en sumarios y multas aplicadas por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo. A pesar de los 920 despidos informados inicialmente, se estima que más de la mitad de los trabajadores ya aceptaron acuerdos de desvinculación con la empresa.

En una nueva jornada de extrema tensión en Medio Oriente, un ataque con misiles lanzado por Irán impactó en la ciudad de Dimona, ubicada al sur de Israel. La localidad es reconocida internacionalmente por albergar una de las instalaciones nucleares más importantes del país, lo que eleva la preocupación por el alcance de la ofensiva en el día 22 de la guerra.

Según los primeros reportes de las autoridades y servicios de emergencia, el bombardeo dejó un saldo de al menos 40 personas heridas. Si bien la mayoría de los afectados presenta lesiones de diversa consideración, el corresponsal de la cadena Fox News, Mike Tobin, informó que gran parte de los heridos no reviste gravedad extrema, con una excepción alarmante.

De acuerdo a lo consignado por el periodista, un niño habría sufrido heridas graves como consecuencia del impacto de esquirlas. El menor fue trasladado de urgencia para recibir atención médica especializada, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en las zonas afectadas por las explosiones en el sur israelí.

La ofensiva iraní no se limitó únicamente al territorio de Israel. En el marco de esta escalada, también se registraron ataques contra los Emiratos Árabes Unidos, consolidando una expansión del conflicto que mantiene en vilo a la comunidad internacional. Hasta el momento, no se ha informado de daños estructurales directos en la planta nuclear de Dimona tras el impacto del misil en la zona urbana.

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata resolvió profundizar su plan de lucha y confirmó la realización de dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto universitario por presupuesto y salarios.

La decisión fue tomada en una masiva asamblea de afiliados y afiliadas, donde se ratificó la medida en línea con lo definido en el último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Las jornadas de paro quedaron programadas para las semanas que comienzan los lunes 30 de marzo y 27 de abril.

El encuentro se desarrolló en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con una importante participación del cuerpo docente.

Además, durante la asamblea se resolvió proponer a CONADU la realización de una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo en unidad con todos los sectores que integran el sistema universitario.

Por otra parte, el gremio acordó convocar a un nuevo paro en caso de que el Gobierno Nacional avance con el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales reclamos, ADULP exige el cumplimiento de la Ley 27.759, mayor presupuesto para las universidades, actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes. La norma fue aprobada por el Congreso, que la confirmó después de un veto del presidente Javier Milei, que hasta ahora no la aplicó pese a una orden judicial para hacerlo.

La controversia en materia salarial tiene que ver con que la norma original dispone un incremento del 50% en los salarios, mientras que en el proyecto de reforma que anuncio el gobierno el incremento es del 12%, en cuotsa.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con medidas de fuerza que impactarán en el normal desarrollo de las actividades académicas durante las próximas semanas.