La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) volvió a encender el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría impulsar un nuevo plan de lucha si el Gobierno nacional de Javier Milei no incorpora las actualizaciones salariales previstas por la norma en los haberes que se cobrarán en agosto. El planteo fue realizado tras un plenario de secretarios generales y cuenta con el respaldo de las distintas asociaciones de docentes.

En este escenario, volvió a crecer la posibilidad de que las casas de estudio de todo el país dicten medidas de fuerza en protesta por el planteo del Ejecutivo de no cumplir con la ley. Desde la federación sostuvieron que “no hay más excusas” para demorar la implementación de la ley y exigieron que el salario correspondiente a julio, que se percibirá en agosto, incluya la totalidad de las actualizaciones previstas por la legislación. En ese sentido, remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario “debe ser un piso desde el cual partir para poder avanzar más allá en el trabajo paritario”.

El reclamo fue reforzado luego de que la Corte Suprema dejara firme la obligación del Gobierno nacional de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, al cerrar la vía judicial que había utilizado el Ejecutivo para intentar frenar su implementación. Para la Conadu, ese fallo elimina cualquier argumento para postergar el cumplimiento efectivo de la norma.

La secretaria general de la Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al referirse al escenario abierto tras el fallo judicial: “Al Gobierno se le acabaron las excusas. Con el salario de julio tienen que pagar lo que nos deben y si no lo hacen, habrá medidas de fuerza. El conflicto universitario no está cerrado, hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo”.

Entre las resoluciones adoptadas por el plenario, la federación acordó exigir el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles. Además, reclamó una pronta convocatoria a paritarias y facultó a su mesa ejecutiva para avanzar en acciones políticas, administrativas y eventualmente judiciales. En la misma línea, la Conadu resolvió evaluar en un próximo plenario si el Gobierno cumple con la resolución judicial y, en caso contrario, analizar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza.

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) acompañó la resolución de la federación nacional, lo que incrementa la posibilidad de que las clases en esa casa de estudios vuelvan a verse afectadas. Tras haber protagonizado distintos paros, ceses de actividades y clases públicas, el conflicto universitario vuelve a escalar con el respaldo del fallo judicial.

Florencia Peña decidió iniciar acciones legales contra la productora Luzu TV, dirigida por Nico Occhiato, en el marco de una demanda por daños y perjuicios. El reclamo económico asciende a un total de 750 millones de pesos.

El monto inicial que se había contemplado era de 200 millones de pesos, cifra que correspondía exclusivamente al cumplimiento del contrato que la actriz mantenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre. Sin embargo, la cifra se elevó significativamente al incluir la demanda por los daños ocasionados tras su desvinculación.

La confirmación de la noticia fue brindada por Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, quien representa a la actriz en esta causa judicial. Durante su participación en el programa Pasó en América, la panelista detalló: “Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios”.

Este conflicto legal se suma a un presente complejo para la productora, que recientemente atravesó un escándalo mediático vinculado a la difusión de información falsa sobre Jorge Messi.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) presentó una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para cuestionar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de establecimientos educativos de gestión privada al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), en reemplazo del sistema nacional administrado por Anses.

La medida alcanza a los docentes extraprogramáticos —quienes desarrollan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria— y al personal no docente de los colegios privados de la Provincia. Hasta el momento, esos trabajadores realizan sus aportes al régimen nacional de seguridad social.

Desde la entidad señalaron que el cambio genera incertidumbre respecto de la aplicación del nuevo esquema previsional y sostuvieron que aún no existe un marco normativo y administrativo que otorgue claridad sobre el procedimiento que deben seguir las instituciones educativas.

“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por Anses”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

Según estimaciones difundidas por la asociación, la modificación podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores del sector, incluyendo personal auxiliar, no docente y docentes extraprogramáticos.

Entre los planteos realizados por la entidad, se menciona la posibilidad de un impacto económico para las instituciones educativas debido a eventuales modificaciones en el régimen de contribuciones patronales, así como un posible incremento en el porcentaje de aportes personales de los trabajadores bajo el sistema provincial.

Aiepa también advirtió que el cambio podría tener implicancias previsionales para parte del personal alcanzado, particularmente para quienes desarrollaron gran parte de su trayectoria laboral bajo el régimen nacional y podrían no reunir los requisitos necesarios para acceder a una jubilación provincial.

En ese contexto, la asociación promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense, con el objetivo de que se determine la validez de la normativa provincial y se dicten medidas que, según sostiene la entidad, brinden seguridad jurídica a las instituciones alcanzadas.

Entre los fundamentos expuestos por Aiepa figuran la vigencia del régimen nacional de seguridad social, la necesidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado y la posibilidad de que las instituciones educativas enfrenten reclamos de organismos nacionales y provinciales por la determinación del régimen previsional aplicable.

La entidad también informó que realizó presentaciones ante la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep), solicitando que no se exija la incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional mientras no exista una definición normativa o judicial sobre la cuestión.

El conflicto adquirió una nueva dimensión institucional luego de que el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Capital Humano, promoviera una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, bajo la carátula “Estado Nacional —Ministerio de Capital Humano— c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente CSJ 001481/2026-00.

En esa presentación, el Gobierno nacional solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la normativa provincial y requirió una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo de la controversia.

“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, señalaron desde la entidad.

La crisis que atraviesa el canal de streaming Blender escaló este viernes tras conocerse la desvinculación de todo el equipo de producción del ciclo Hay Algo Ahí. La medida, que fue ejecutada el jueves por la tarde, impidió la salida al aire del programa conducido por Tomás Rebord, quien se encuentra de vacaciones, y afectó también al resto de la programación, incluyendo el espacio de José María Listorti.

Según trascendió, el operativo se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad en el edificio del canal. Tomás Rebord, a través de sus declaraciones, calificó la decisión como un superataque contra su programa y su persona. El conductor manifestó su desconcierto ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la empresa.

Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron.

Por su parte, la empresa Blender difundió un comunicado donde defendió su accionar. La firma aseguró que honra sus compromisos con más de 100 trabajadores y atribuyó el conflicto a un grupo reducido de personas que, según sostuvieron, intentó presionar a la compañía mediante el uso de la pantalla durante una negociación salarial. En contrapartida, los trabajadores denunciaron el despido de al menos 10 compañeros tras reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026 y exigieron su reincorporación inmediata.

El conflicto ocurre en un contexto de crecimiento para la señal, que en 2025 se posicionó como el tercer canal de streaming con mayor audiencia del país. Asimismo, la situación se desarrolla días después de que el Gobierno porteño preadjudicara el Canal de la Ciudad a Cale Group, empresa propiedad de Augusto Marini, quien también es dueño de Blender y del canal Carajo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el dólar estadounidense será el eje central del comercio en una eventual «nueva Venezuela». Esta proyección forma parte de la estrategia económica que impulsa la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la moneda norteamericana en el escenario global.

Bessent explicó que Venezuela se reincorporará al sistema financiero internacional bajo la adopción de la divisa estadounidense. Según el funcionario, las restricciones impuestas durante los últimos años complicaron las operaciones en dólares y obligaron a Caracas a buscar alternativas comerciales menos competitivas.

El jefe de las finanzas norteamericanas señaló que el país sudamericano comercializó petróleo con descuentos hacia China debido a la falta de acceso directo a la liquidez estadounidense. El funcionario argumentó que el retorno al uso formal de la divisa otorgará mayores ventajas de estabilidad y apertura en los mercados de capitales.

Finalmente, el secretario vinculó esta visión con otros escenarios geopolíticos, como los casos de Irán y Rusia. Bessent aseguró que Washington no dudará en aprovechar la fortaleza de su moneda para respaldar a sus aliados y presionar a las naciones que no se alineen con sus políticas.

El gobierno de los Estados Unidos se impuso un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo permanente con el propósito de poner fin a la guerra con Irán. Sin embargo, el proceso enfrenta dificultades inmediatas debido a la creciente inestabilidad en Medio Oriente. El cronograma comenzó tras la firma de un memorándum de entendimiento, según indicó el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Teherán advirtió sobre sus denominadas líneas rojas. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se pronunció al respecto en declaraciones difundidas por la agencia oficial de noticias IRNA: “Como hemos demostrado en el pasado curso de negociaciones, nos mantenemos firmes en el cumplimiento de las condiciones y las líneas rojas establecidas, así como en la defensa de los intereses de la nación iraní”.

El memorando, firmado el miércoles en Francia por el presidente estadounidense Donald Trump, dio inicio a un período de negociaciones que comenzó este viernes y concluirá el 17 de agosto, según aclaró Vance en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La situación en el terreno se mantiene crítica. Durante la madrugada de este viernes, al menos 18 personas murieron y otras 33 resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos israelíes contra zonas residenciales del sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Pública del Ministerio de Sanidad libanés. Las localidades de Harouf, Sharqieh, Kfar Sir, Kfar Remmen y Kfar Tebnit fueron algunos de los puntos alcanzados por los bombardeos.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la muerte de cuatro soldados israelíes en el sur del Líbano tras el impacto de un objeto aéreo contra su tanque. Entre los fallecidos se encontraba un comandante de batallón blindado. Las FDI investigan si el ataque fue perpetrado mediante un dron explosivo lanzado por Hizbulá. En un incidente posterior, un oficial israelí resultó gravemente herido y otros cuatro soldados sufrieron lesiones leves debido a otro ataque con drones.

Ante este escenario, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que su país “hará pagar un precio muy alto a Hezbolá”. Pese a la tensión, el Canal 12 de Israel informó sobre un posible cese al fuego, aunque un funcionario aclaró que las fuerzas israelíes permanecerán en la zona de seguridad. “Si nos atacan, responderemos”, sentenció la fuente citada por el medio.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes que su país tendrá a su cargo la presidencia de la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Según un informe de Xinhua, el acto protocolar se llevará a cabo el próximo viernes en la ciudad suiza de Ginebra.

Pocos minutos después del anuncio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta en la red social Truth Social para confirmar el avance diplomático. En su mensaje, el mandatario sostuvo:

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”.

En el mismo comunicado, Donald Trump informó sobre la reapertura inmediata y libre de peajes del estrecho de Ormuz, además de ordenar el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. Por otro lado, se indicó que las negociaciones adicionales entre ambas naciones para alcanzar un acuerdo final quedarán pospuestas hasta que las partes cumplan con los compromisos establecidos conforme al MoU.

El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes alcanzaron este miércoles un acuerdo para mejorar el financiamiento de las universidades públicas, en un intento por destrabar un conflicto que se extendió durante varios años. El entendimiento incluye una recomposición salarial del 24,33%, además de incrementos en partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y becas estudiantiles.

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. Desde el Gobierno señalaron que la actualización contempla la inflación acumulada hasta mayo de este año, la recomposición del desfasaje de 2025 y una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido durante 2024.

Además, las partes resolvieron reactivar las negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses, uno de los principales reclamos que sostenían los sindicatos universitarios.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes. También se incorporará una partida adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Por otra parte, se confirmó un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

A pesar del avance logrado en las negociaciones, el conflicto no quedó completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema para que se garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras que el Ejecutivo anticipó que buscará volver a discutir el esquema de financiamiento durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El acuerdo fue presentado por el Gobierno como una herramienta para descomprimir la tensión con el sector universitario, aunque desde la Casa Rosada ratificaron su intención de impulsar modificaciones al sistema de financiamiento en el futuro.

A casi dos meses de la última medida de fuerza de los médicos de cabecera del PAMI en reclamo por el empeoramiento de sus honorarios, un segmento que en el sector se atribuye a un gesto separatista de la filial cordobesa del gremio APPAMIA convocó a un nuevo paro de 72 horas. Aunque la medida fue considerada ilegítima por la conducción central del sindicato, cuenta con el aval de 800 médicos de distintas provincias, sobre un total de 5.000 que brindan atención primaria en la obra social.

La protesta se focaliza en el pedido de duplicar los honorarios mensuales que los profesionales cobran por paciente, pasando de los 2.100 pesos actuales a 4.200 pesos, según lo exigido por el entorno de Atilio Rossi, referente de la filial cordobesa. Por su parte, el PAMI anunció recientemente una suba retroactiva a mayo que elevará la cápita a 2.400 pesos.

Consultado sobre el impacto de esta situación, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, remarcó que el conflicto trasciende lo gremial:

En PAMI nada concluye, todo se acrecenta. Están parando los médicos y es todo un gran descontrol porque los especialistas adhieren y lo que hacen es diferir los turnos. Si la pregunta es si se siente este paro, lo que se siente es que se van complicando las cuestiones para los pacientes todos los días. Andan como maleta de loco.

Desde el organismo que conduce Esteban Leguizamo buscaron llevar tranquilidad a los afiliados mediante un comunicado oficial. Las autoridades señalaron que se trata de una medida con baja adhesión y aseguraron que la mayoría de los médicos de cabecera continúan atendiendo con normalidad. Además, recordaron que mantienen abierta la mesa de diálogo con las entidades representativas.

El malestar del sector se profundizó tras la resolución del INSSJP 1107/2026, que modificó la forma en que se computan y abonan las prestaciones. Al respecto, los médicos señalan que, al no ser planta permanente, su situación contractual es precaria. Aunque existen versiones sobre posibles juicios por relación de dependencia encubierta, las autoridades del PAMI negaron que se diluyan los vínculos contractuales por este motivo.

La República Argentina condenó este jueves “en los términos más enérgicos” los ataques lanzados por la República Islámica de Irán contra objetivos civiles en Kuwait y Bahréin, que dejaron víctimas fatales, decenas de heridos y severos daños materiales.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina manifestó su rechazo a los bombardeos realizados por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que tuvieron como blanco la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Kuwait y otras infraestructuras ubicadas en Bahréin.

“La República Argentina condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del Estado de Kuwait e infraestructuras en el Reino de Bahréin, que resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde el Palacio San Martín consideraron que se trata de “actos injustificados” dirigidos contra infraestructuras vitales y objetivos civiles, los cuales resultan incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional.

Asimismo, el Gobierno argentino expresó su “plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin” y reiteró su rechazo a cualquier forma de agresión que ponga en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región.

La condena argentina se produjo en medio de una creciente preocupación internacional por la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese contexto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó en las últimas horas su preocupación por los reportes de víctimas civiles y condenó los ataques contra infraestructura civil.

El titular de la ONU recordó además que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe estrictamente los ataques contra objetivos civiles, e instó a las partes involucradas a respetar las normas internacionales destinadas a proteger a la población en situaciones de conflicto.

La postura argentina se suma así a los pronunciamientos de distintos países y organismos internacionales que reclaman una desescalada de las hostilidades y advierten sobre el impacto humanitario que podría generar una profundización del conflicto en la región.

Rusia ejecutó durante la madrugada de este martes uno de los ataques aéreos más masivos desde el inicio de la guerra en Ucrania. La operación incluyó el despliegue de 73 misiles y 656 drones de largo alcance, dejando un saldo de al menos 13 personas fallecidas y más de 100 heridos en diversas ciudades del territorio europeo.

Las autoridades ucranianas confirmaron que la ofensiva tuvo como principales objetivos a Kiev y Dnipró, donde se registraron víctimas fatales y una destrucción significativa en la infraestructura civil. En la capital, se reportaron cuatro muertes y decenas de heridos, entre ellos menores de edad, además de daños en viviendas, comercios y centros médicos. En Dnipró, nueve personas perdieron la vida, incluyendo un niño hallado bajo los escombros de un edificio residencial que quedó completamente destruido.

Ante la magnitud de los bombardeos, miles de ciudadanos buscaron refugio en estaciones de metro y espacios subterráneos. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en las zonas afectadas, donde se reportaron también daños en Járkov, Zaporiyia y Poltava. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó nuevamente a Estados Unidos y Europa a brindar asistencia militar adicional, con especial énfasis en sistemas de defensa antiaérea y misiles Patriot.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la operación y sostuvo que el ataque estuvo dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura estratégica. Moscú afirmó que utilizó armamento de largo alcance, misiles hipersónicos y drones, asegurando que todos los objetivos fueron alcanzados. Las autoridades rusas señalaron que esta ofensiva forma parte de una campaña iniciada a finales de mayo contra los centros de decisión del Estado ucraniano.

En paralelo, el conflicto registró episodios en territorio ruso, donde se informó la muerte de un civil en la región de Kursk tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, además de un incendio en la refinería de Ilski, en Krasnodar, provocado por aeronaves no tripuladas.

El ataque de este martes se convirtió en uno de los de mayor magnitud registrados desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y vuelve a elevar la tensión en un conflicto que, tras más de cuatro años de combates, continúa sin señales concretas de resolución.

El gobierno de Irán suspendió el lunes las negociaciones con Estados Unidos destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim. La decisión se fundamenta en los crímenes que Israel continúa cometiendo en el Líbano y en las violaciones registradas en todos los frentes del alto el fuego alcanzado el 8 de abril.

El equipo negociador iraní confirmó la interrupción del diálogo y del intercambio de textos a través de los mediadores. Esta medida se produce tras un fin de semana de intensos intercambios de fuego. El Comando Central del ejército estadounidense bombardeó instalaciones de radar y control de drones en la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm, en respuesta al derribo de un dron estadounidense MQ-1 por parte de Teherán.

“El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores”.

El Comando Central informó que sus aviones de combate eliminaron defensas antiaéreas, una estación de control terrestre y dos drones de ataque. Por su parte, Irán respondió con misiles contra soldados estadounidenses en Kuwait, aunque las autoridades confirmaron que no hubo heridos. En paralelo, Israel anunció nuevos ataques sobre los suburbios del sur de Beirut, tras acusar a Hezbollah de violar la tregua vigente desde el 17 de abril.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que las negociaciones se desarrollaban en un ambiente de desconfianza. En tanto, el presidente libanés Joseph Aoun calificó la situación como una agresión inaceptable y sostuvo que el diálogo es la única vía para detener la guerra.

A través de un comunicado, el Tiro Federal de Tandil, fundado en 1924, expresó “profunda preocupación y repudio ante los hechos de violencia ocurridos recientemente en sus instalaciones, donde personas que se encontraban practicando legítimamente una actividad deportiva fueron agredidas física y verbalmente por un grupo de manifestantes”.

Manifestaron que “desde hace más de cien años, nuestra institución desarrolla en forma ininterrumpida actividades vinculadas al tiro deportivo, disciplina reconocida, reglamentada y practicada bajo estrictas normas de seguridad, responsabilidad y control. El predio siempre tuvo como finalidad exclusiva el desarrollo de esta actividad, siendo además parte de la historia deportiva e institucional de la ciudad de Tandil”.

En ese marco, afirmaron que “resulta importante recordar que las viviendas construidas en las cercanías del club fueron estableciéndose con posterioridad a la existencia del Tiro Federal, con pleno conocimiento previo de la actividad desarrollada en el lugar desde hace más de un siglo”.

Y recalcaron que “lo verdaderamente lamentable y preocupante no es solamente el desacuerdo de algunos vecinos respecto a la actividad, sino el nivel de violencia ejercido contra personas que se encontraban practicando deporte de manera pacífica, legal y responsable. Durante el incidente se produjeron agresiones y lesiones a tiradores presentes en las líneas de tiro”.

En ese sentido, señalaron que “existe un hecho que merece ser destacado y valorado por toda la sociedad: pese al clima de extrema tensión y provocación, ninguno de los quince tiradores presentes reaccionó violentamente. Con absoluto profesionalismo, disciplina y respeto por las normas de seguridad, mantuvieron la calma, aseguraron sus armas y evitaron cualquier situación que pudiera agravar aún más el conflicto” y remarcaron que “ese comportamiento demuestra claramente los valores que históricamente promueve nuestra institución: responsabilidad, autocontrol, respeto por la ley y convivencia democrática”.

Como contrapartida, expresaron que “preocupa profundamente que determinadas personas hayan incentivado actitudes agresivas y de confrontación, promoviendo un clima de hostilidad incompatible con cualquier forma de diálogo civilizado. Nada justifica la violencia, las amenazas ni las agresiones físicas contra ciudadanos que ejercen una actividad deportiva legalmente habilitada”.

Por ese motivo, aseguraron que “el Tiro Federal de Tandil reafirma su voluntad permanente de diálogo con todos los sectores de la comunidad, pero también sostiene con firmeza el derecho legítimo a continuar desarrollando una actividad histórica, deportiva y legal, dentro del marco del respeto mutuo y la convivencia social”.

Para cerrar, evaluaron que “defender el deporte, la legalidad y las instituciones centenarias de nuestra ciudad también es defender una sociedad donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la violencia”.

Un video registrado en las últimas horas dentro del predio del Tiro Federal, y al cúal pudo acceder este medio, volvió a poner en el centro de la escena el conflicto que desde hace años mantienen vecinos del sector con la histórica institución. Las imágenes muestran una situación de extrema tensión, con gritos, acusaciones mutuas, vidrios destruidos y fuertes reproches vinculados al uso de armas, los ruidos molestos y las condiciones de seguridad del lugar.

El episodio se produjo pocos días después de que residentes de la zona denunciaran públicamente que las detonaciones y el movimiento en el predio se habían intensificado. En declaraciones recientes, varios vecinos habían asegurado que la convivencia se volvió “insostenible” y reclamaron soluciones urgentes ante el impacto que generan las actividades del polígono.

En el video difundido puede verse el interior de una de las instalaciones con mamparas destruidas, vidrios astillados y restos de cristales esparcidos en el piso, mientras dos grupos mantienen una fuerte discusión. El intercambio refleja el profundo nivel de desgaste y tensión que atraviesa actualmente el conflicto.

“Rompieron el vidrio, entraron de forma muy violenta”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras muestra los daños ocasionados dentro del lugar. Del otro lado, quienes protestaban responden cuestionando el funcionamiento del predio y la presencia de armamento. “Mirá los fusiles que tienen”, expresó uno de los vecinos en medio de los gritos.

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La situación escala rápidamente y aparecen acusaciones cruzadas sobre quién ejerce la violencia. Mientras integrantes de la institución reclaman por los daños sufridos en el edificio, los frentistas aseguran que la violencia cotidiana la padecen ellos debido a las detonaciones constantes.

“Nos dicen violentos cuando ustedes son los que están tirando con fusiles. No podemos vivir así”, expresa una mujer durante el intercambio. En otro momento, otra voz insiste: “No damos más, somos gente desesperada”.

Uno de los puntos más reiterados del reclamo tiene que ver con el impacto acústico de la actividad. En distintos pasajes del video, vecinos exigen inversiones para insonorizar el predio y reducir el ruido que afecta al barrio.

“Pongan la plata que tienen que poner y hagan la acústica”, reclama una de las personas que participa de la discusión. “Hagan la acústica”, repiten varias veces durante el altercado.

Según se escucha en la grabación, una persona habría resultado herida cuando se rompieron los vidrios en medio de la confrontación. “Un vidrio voló y le pegó en la cabeza, tenía toda la espalda llena de vidrio”, relata uno de los presentes, mientras otros intentan bajar el tono de la pelea y piden “parar con esto”.

La difusión de las imágenes profundizó un conflicto que no es nuevo. Tal como habían expresado vecinos en testimonios recientes brindados a El Eco, las quejas contra el Tiro Federal vienen desde hace años y abarcan distintos aspectos. Además de los ruidos molestos provocados por las detonaciones, algunos residentes afirmaron haber encontrado restos de proyectiles o esquirlas en patios y viviendas cercanas.

También denunciaron alteraciones en la vida cotidiana producto de las prácticas realizadas en el lugar, asegurando que los disparos pueden escucharse durante gran parte del día. Varios integrantes de la barriada sostienen que la situación empeoró con el crecimiento urbano de la zona y el aumento de viviendas en los alrededores del predio.

Desde la institución, en tanto, remarcan que el Tiro Federal funciona allí desde hace décadas y cuestionan que ahora se pretenda limitar su actividad. Esa postura también aparece reflejada en el video. “Estamos en una institución que está hace bastante más tiempo que todos ustedes”, sostiene uno de los hombres que participa de la discusión.

En otro tramo del cruce, incluso se escucha a una persona preguntarle a un vecino: “¿Entonces por qué compraste al lado del tiro?”, dejando en evidencia uno de los argumentos históricos de quienes defienden la continuidad de las actividades en el lugar.

El material difundido volvió a generar repercusión en redes sociales y reactivó el debate sobre la convivencia entre la institución y los vecinos del barrio. Mientras continúan los reclamos para que se adopten medidas de mitigación acústica y mayores controles de seguridad, el video dejó expuesto un escenario de tensión creciente que parece lejos de resolverse.

Desde las autoridades del Tiro Federal también se pronunciaron tras el episodio y confirmaron que realizaron una denuncia penal por lo ocurrido. En un audio difundido luego del incidente al que accedió El Eco, uno de los responsables de la institución aseguró que “los vecinos invadieron el tiro, rompieron vidrios” y detalló que un tirador resultó herido producto de los destrozos. “Hay un lesionado con un vidrio que le cortó el cuero cabelludo”, afirmó. 

Además, indicaron que aguardaban la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y sostuvo que impulsarían acciones judiciales por “invasión de propiedad privada, amenazas, lesiones y daños”, en referencia a los hechos registrados durante la confrontación.

Un buque con bandera de Islas Marshall y tripulación china a bordo fue atacado cerca del estrecho de Ormuz el pasado lunes. El hecho fue confirmado este viernes por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, quien precisó que hasta el momento no se registraron informes de víctimas.

Ante la gravedad de la situación, el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, hizo un llamado urgente a utilizar el multilateralismo y el diálogo para resolver el conflicto en la región. Durante la Convención Marítima de las Américas (MCA) celebrada en la capital panameña, el funcionario expresó su preocupación por el "impacto negativo en los inocentes trabajadores del mar".

Según los datos proporcionados por la OMI, la crisis geopolítica afecta a miles de trabajadores y embarcaciones. “Tenemos aproximadamente 20.000 marinos oficiales atrapados, unos 1.500 buques que no pueden navegar de una forma segura mientras el conflicto continúe”, advirtió Arsenio Domínguez.

En este contexto, el máximo representante del organismo internacional instó a buscar soluciones diplomáticas: “El llamado al multilateralismo y al diálogo para que las tensiones puedan disminuir y se pueda regresar a transportar y operar las cargas de buques de forma cotidiana”

Asimismo, Arsenio Domínguez puntualizó que mantuvo conversaciones con diversos países involucrados, incluyendo a las naciones del golfo y el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, Gerardo Bósquez, presidente del comité organizador de la MCA 2026, coincidió en que el diálogo es fundamental para crear puentes en el estrecho de Ormuz.

La Convención Marítima de las Américas, desarrollada entre el siete y el ocho de mayo, contó con la participación de unos 40 países y se posiciona como un espacio clave para la cooperación y la innovación en el sector marítimo regional.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas para este jueves en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). La medida de fuerza surge como respuesta a la denuncia del gremio sobre la intención del Gobierno nacional de concretar 700 despidos y eliminar 1.000 funciones de las 3.000 que el organismo desempeña actualmente.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, expresó su rechazo a la iniciativa oficial: "Intentan destruir una de las instituciones públicas más prestigiosas y necesarias para toda la comunidad. Del INTI depende en buena medida el desarrollo y el crecimiento de toda la sociedad. Vamos a un paro y el Gobierno tiene que saber que las medidas se van a incrementar".

Según trascendió, el organismo cuenta hoy con 2.300 trabajadores. En este escenario, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, presiona para avanzar con el vaciamiento de la institución. Esta postura encuentra cierta resistencia en el presidente del ente, Miguel Romero, funcionario vinculado a Luis Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el sindicato detallaron que el recorte afectaría tareas críticas como los ensayos microbiológicos en alimentos para detectar bacterias como Salmonella, Escherichia coli y Listeria, el control de contaminantes y el análisis de calidad de agua. También se verían comprometidos los servicios de metrología, la calibración de instrumentos y los ensayos de seguridad en materiales de construcción, electricidad y transporte.

"No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. Están poniendo en riesgo a toda la población", advirtió Rodolfo Aguiar. El dirigente subrayó que el INTI no representa una carga para las arcas públicas: "El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario".

Finalmente, el gremialista alertó sobre "la militarización del INTI, una presencia policial absolutamente desproporcionada mediante la cual se intenta que no se pueda ejercer el derecho de protestar. Hacemos directamente responsable al Gobierno nacional por cualquier hecho que el próximo jueves hubiera que lamentar". 

El Gobierno nacional sigue con atención la filtración de un documento interno del Pentágono que sugiere un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto de la disputa por las Islas Malvinas, un escenario que genera expectativa, aunque también prudencia en la Casa Rosada.

La información, difundida por la agencia Reuters, abrió interrogantes sobre la posición de Washington y fue analizada de cerca por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, quienes mantienen una línea de acción basada en la cautela y la estrategia diplomática.

Desde el entorno oficial remarcaron que cualquier modificación en el posicionamiento estadounidense podría resultar favorable para la Argentina, aunque insistieron en que el país continuará sosteniendo su reclamo histórico en el marco de la negociación bilateral, tal como lo establece la resolución 2065 de la ONU.

Mirada prudente del Gobierno

El presidente Milei ya había anticipado una postura moderada frente a este tipo de escenarios. Según expresó en distintas oportunidades, su gestión impulsa el reclamo soberano en todos los foros internacionales y busca ampliar el respaldo de otros países, como ocurrió recientemente con Chile.

En la misma línea, Quirno reforzó la posición argentina al cuestionar la ocupación británica y rechazar los argumentos basados en la autodeterminación de los habitantes de las islas. Desde el oficialismo subrayan que se trata de una disputa entre Estados, por lo que ese principio no resulta aplicable en este caso.

La reacción del Reino Unido no se hizo esperar: desde Londres reiteraron que la soberanía “no está en discusión” y recordaron el referéndum realizado en 2013, cuyo resultado no es reconocido por la Argentina. Por su parte, voceros estadounidenses evitaron pronunciamientos concretos y mantuvieron la tradicional postura de neutralidad.

Más allá de los cruces diplomáticos, el episodio vuelve a ubicar en el centro del debate un conflicto histórico que sigue abierto. En ese contexto, en el Gobierno insisten en avanzar con “cerebro frío y estrategia”, a la espera de definiciones que puedan reconfigurar el escenario internacional en torno a la cuestión Malvinas.

Al menos tres buques portacontenedores fueron atacados este miércoles en el estrecho de Ormuz, apenas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara la extensión del alto el fuego con Irán. Según informaron fuentes de seguridad marítima y la institución Operaciones de Comercio Marítimo (Ukmto), se trata de la primera intercepción de embarcaciones reportada por las fuerzas iraníes desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero.

Uno de los navíos afectados fue el Epaminondas, con bandera de Liberia y operado por una firma griega. El buque sufrió daños en el puente de mando tras ser alcanzado por disparos y granadas propulsadas por cohete al noreste de Omán. Según el reporte oficial, "Se le había acercado una lancha artillada de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán", la cual abrió fuego sin contacto previo por radio. La tripulación, compuesta por 21 personas, resultó ilesa.

En paralelo, un segundo buque identificado como el MSC Francesca, con bandera de Panamá, fue atacado a unas ocho millas náuticas al oeste de Irán, aunque no registró daños. 

Un tercer barco, el Euphoria, también fue alcanzado y habría quedado varado. Desde la Guardia Revolucionaria confirmaron la operación a través de un comunicado: "La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores".

Las autoridades iraníes justificaron la medida alegando que las embarcaciones no cooperaron y pusieron en peligro la seguridad de la navegación. "Los dos buques fueron escoltados hasta la costa iraní", indicaron medios estatales, tras asegurar que los navíos "fueron incautadas por el CGRI y dirigidas a la costa iraní". Ante esta situación, el organismo advirtió que "Se advierte contra cualquier actividad que perjudique la seguridad de la navegación en esta vía marítima".

El incidente generó una reacción inmediata en los mercados, donde los precios del crudo subieron alrededor de un uno por ciento. Jonathan Chappell, director general sénior del banco Evercore, analizó el panorama: "La guerra con Irán y el cierre del estrecho no tienen precedentes y no hay perspectivas claras sobre el resultado final ni el calendario, lo que crea el potencial para más ruido mediático y volatilidad". 

Actualmente, el tránsito por el estrecho, que solía ser de 130 buques diarios, se mantiene bajo estricta vigilancia internacional.

Ucrania atacó dos refinerías rusas y otros objetivos petroleros clave durante la noche del sábado al domingo, según informaron funcionarios. Los ataques se produjeron apenas unas horas después de que Estados Unidos concediera a Moscú otra exención a la venta de su petróleo sancionado.

El comandante de las fuerzas de drones de Kiev, Robert “Madyar” Brovdi, declaró a través de Telegram que las fuerzas ucranianas alcanzaron las refinerías de petróleo de Novokuybyshevsk y Syzran, esta última ubicada a unos 1.000 kilómetros de la frontera. También se reportaron ataques en la terminal petrolera de Tikhoretsk, el puerto de Vysotsk en el mar Báltico y un depósito de combustible en Sebastopol, en la Crimea ocupada.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso no reconoció formalmente los impactos, aunque anunció que sus defensas aéreas interceptaron 258 drones ucranianos durante la jornada. Sin embargo, autoridades regionales confirmaron las consecuencias de la ofensiva. El gobernador de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, señaló ataques contra instalaciones industriales, mientras que en Krasnodar se informó un incendio en el depósito de Tikhoretsk que requirió el despliegue de 224 personas y 56 equipos para su extinción.

En la región de Leningrado, el gobernador Aleksandr Drozdenko confirmó que un ataque con drones provocó un incendio en el puerto de Vysotsk, el cual fue controlado durante la mañana del sábado. Robert “Madyar” Brovdi no ocultó que estas acciones fueron una respuesta directa a la prórroga de la exención estadounidense, que permite la venta de crudo ruso por vía marítima hasta el 16 de mayo. El militar acusó a la administración norteamericana de cinismo y advirtió sobre el costo en vidas ucranianas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó la medida el viernes, en un intento de la administración del presidente Donald Trump por aliviar la presión sobre los precios mundiales del crudo. Un portavoz de la institución afirmó que el objetivo es garantizar que el petróleo esté disponible para quienes lo necesiten en medio de las tensiones globales.

La decisión generó controversia, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había sugerido previamente que la licencia no sería renovada. Según el enviado especial del presidente Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, esta extensión afectará a 100 millones de barriles de petróleo ruso, sumándose a una cantidad similar ya cubierta por licencias anteriores.

El impacto económico de estas medidas es significativo para el presupuesto de Moscú. Según la Agencia Internacional de Energía, los ingresos energéticos de Rusia casi se duplicaron en marzo, alcanzando los US$ 19.000 millones, frente a los 9.750 millones registrados en febrero.

Un numeroso grupo de jueces, funcionarios y miembros del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires encendió una fuerte señal de alerta por la situación previsional del sector. A través de un comunicado, advirtieron sobre una “crisis sin precedentes” y reclamaron la urgente intervención de las autoridades para revertir lo que consideran una pérdida sustancial de derechos adquiridos.

El eje del conflicto gira en torno a la movilidad jubilatoria. Según sostienen, las jubilaciones del sector dejaron de actualizarse en línea con los salarios de los magistrados en actividad, pese a que una normativa vigente desde 1972 garantiza ese mecanismo automático. “Los haberes han perdido su carácter móvil”, remarcaron, en referencia a un principio clave del sistema previsional judicial.

De acuerdo con lo denunciado, la situación se agravó a partir de una acordada de la Suprema Corte bonaerense de 2022, luego complementada en 2023, que introdujo nuevas subcategorías salariales para el personal en actividad. Esas mejoras, sin embargo, no fueron trasladadas a los jubilados, luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) resolviera excluirlas del cálculo de los haberes.

Como consecuencia, aseguran que hoy existe una brecha de entre el 35% y el 40% entre los ingresos de trabajadores activos y pasivos de igual escalafón y antigüedad. “En la práctica, esto vacía de contenido el derecho a la movilidad jubilatoria”, advirtieron desde el Foro de Jueces, Ministerios Públicos y Funcionarios Jubilados Bonaerenses.

El reclamo no se quedó solo en lo declarativo. La controversia ya se trasladó al ámbito judicial, con el inicio de centenares de procesos en el Fuero Contencioso Administrativo provincial. Las demandas fueron impulsadas por los propios afectados, que buscan recomponer sus haberes y restituir el criterio histórico de actualización.

En una nota difundida días atrás, firmada por los exmagistrados Silvina Darmandrail y Gabriel Luis Rojas, se denunció que “se están transgrediendo derechos adquiridos en materia previsional”, en un contexto que calificaron como especialmente grave, teniendo en cuenta la avanzada edad de muchos de los perjudicados.

El planteo sumó además el respaldo institucional de la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que expresó su más enérgico acompañamiento al reclamo. Desde ese espacio advirtieron que la situación “vulnera los cimientos mismos de la seguridad jurídica y la dignidad de quienes han dedicado su vida al servicio de justicia”.

“Un jubilado percibe hoy entre un 35% y un 40% menos que un magistrado en actividad de igual escalafón y antigüedad”, indicaron.

Los denunciantes fueron más allá al señalar que se trata de “una violación flagrante al principio de legalidad”, en la medida en que normas de menor jerarquía estarían alterando lo dispuesto por una ley vigente. El conflicto abre así un nuevo frente de tensión en la provincia, con impacto directo en uno de los pilares del sistema judicial.

“No existe independencia judicial posible si el Estado, mediante artificios reglamentarios, confisca los haberes de sus magistrados jubilados”, concluyeron.