El conflicto entre los municipios de Tandil y Azul por el traslado de una familia en situación de extrema vulnerabilidad sumó este jueves un nuevo capítulo. El intendente Miguel Lunghi envió una intimación administrativa a su par azuleño, Nelson Sombra, para exigir explicaciones formales por el operativo realizado el pasado 13 de agosto y reclamar que la comuna vecina vuelva a asumir la responsabilidad por la asistencia del grupo familiar.

La presentación, a la que tuvo acceso El Eco, enviada bajo el título “Intimación administrativa. Exigencia de informes técnicos y resarcimiento por traslado irregular de personas en situación de vulnerabilidad”, expresa el “más enérgico rechazo y formal protesta” del Gobierno local por lo sucedido. Según trascendió en los últimos días, y consta en el documento, once personas pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron trasladadas en un vehículo oficial de Azul y dejadas en una estación de trenes en desuso de Tandil.

El episodio ocurrió durante la noche del pasado jueves 13 de agosto y fue detectado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo. Tras observar la presencia de un grupo numeroso de personas en inmediaciones de la Estación de Ferrocarril, agentes de Protección Ciudadana intervinieron y activaron el protocolo previsto para situaciones de vulnerabilidad. Desde entonces, el Municipio de Tandil tomó a su cargo la asistencia de la familia.

En los días posteriores, además, se conoció que el grupo familiar había aumentado a 13 integrantes, entre ellos cinco menores. Los adultos y niños permanecen alojados en pensiones de la ciudad con acompañamiento municipal, mientras que cuatro de los menores ya fueron escolarizados en establecimientos educativos tandilenses.

En la nota enviada a Sombra, Lunghi cuestionó especialmente que el traslado se haya realizado sin comunicación previa entre ambos municipios, sin un informe de derivación y sin articulación entre las áreas encargadas de la asistencia social.

El escrito sostiene que no existió ningún aviso a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil que permitiera conocer con anticipación la situación del grupo, sus antecedentes y las razones por las cuales se había decidido trasladarlo desde Azul.

Para el Ejecutivo tandilense, esa falta de coordinación significó trasladar de hecho a otra jurisdicción una problemática social que debía continuar siendo atendida por el municipio de origen. “Este proceder evade de forma ilegítima las obligaciones de asistencia social primaria radicadas en el domicilio de los afectados”, plantea la presentación.

La cuestión adquirió una relevancia todavía mayor por la presencia de niños y adolescentes. En ese sentido, Lunghi hizo referencia en la intimación a la Ley Provincial 13.298, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, y a la Ley Nacional 26.061, y sostuvo que el procedimiento habría vulnerado principios vinculados con el interés superior del niño y la protección integral.

Desde Tandil ya habían advertido que la situación requería una intervención especial debido a la presencia de menores y a una medida judicial vinculada con el grupo familiar. Según se informó, además, existía una disposición de custodia dinámica en el marco de una causa judicial.

El planteo de Lunghi se produce luego de que funcionarios del Municipio de Azul brindaran públicamente su propia versión sobre lo ocurrido.

El secretario de Desarrollo de la Comunidad de Azul, Omar Seoane, sostuvo que la familia había solicitado voluntariamente el traslado porque tenía intención de radicarse en Tandil y negó que hubiera existido abandono de persona. Según explicó, desde la comuna se les había ofrecido una alternativa vinculada con la custodia, pero el grupo habría rechazado esa posibilidad.

La explicación azuleña, sin embargo, no coincide con la mirada expresada por las autoridades tandilenses. Desde el Municipio local señalaron que, más allá de cuál haya sido la voluntad de la familia respecto de trasladarse a Tandil, no existió una comunicación institucional previa que permitiera garantizar las condiciones de llegada, alojamiento y asistencia.

La secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Macieri, habían cuestionado que una familia con menores fuera trasladada hasta una estación ferroviaria que no se encuentra operativa sin que previamente se hubiera articulado con el Municipio de destino.

El caso también derivó en actuaciones judiciales. En Azul, el concejal Agustín Puyou presentó una denuncia contra un funcionario del área de Desarrollo de la Comunidad y posteriormente anticipó que ampliaría la presentación para alcanzar a otros responsables del procedimiento.

Ahora, a través de la intimación formal, Lunghi busca que la administración de Sombra brinde información precisa sobre lo ocurrido.

El jefe comunal tandilense estableció un plazo de 48 horas hábiles desde la recepción de la nota para que Azul entregue un informe técnico detallado con los antecedentes de las intervenciones realizadas con la familia.

Entre otros elementos, solicitó información sobre las actuaciones del Servicio Local relacionadas con los menores de edad, eventuales intervenciones por violencia de género y todos los antecedentes vinculados con salud, educación, trabajo y vivienda. El informe deberá estar firmado por los profesionales que intervinieron y por el secretario del área, además de explicar cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sociales que motivaron el traslado.

También reclamó que se identifique de manera fehaciente a los funcionarios y agentes municipales que ordenaron y ejecutaron el operativo mediante el cual la familia fue trasladada hasta Tandil.

El tercer punto central del reclamo apunta directamente al futuro de la familia: Lunghi pidió que Azul arbitre los mecanismos necesarios para coordinar un retorno seguro y asumir definitivamente la asistencia en su jurisdicción de origen.

El intendente también incorporó al reclamo una cuestión económica. Desde el momento en que la familia fue encontrada en la Estación de Ferrocarril, distintas áreas municipales debieron poner en marcha recursos para atender la emergencia.

La presentación detalla que Tandil debió disponer de recursos humanos, logísticos y financieros para garantizar alojamiento provisional, asistencia alimentaria y atención sanitaria de urgencia.

En ese marco, Lunghi dejó expresamente planteada la reserva del derecho del Municipio a reclamar a Azul la totalidad de los gastos que ya fueron realizados y aquellos que continúen generándose mientras se mantenga la asistencia de la familia.

El pedido de resarcimiento ya había sido anticipado por funcionarios tandilenses en los primeros días del caso, cuando remarcaron que el Municipio debió hacerse cargo de una situación que, según su postura, se originó a partir de una decisión adoptada por otra administración sin ningún tipo de coordinación.

Mientras se desarrolla el conflicto institucional, Tandil continúa atendiendo las necesidades inmediatas del grupo familiar.

Uno de los avances registrados durante los últimos días fue la escolarización de cuatro de los menores, que ya retomaron sus actividades educativas en establecimientos de la ciudad. El resto de los integrantes permanece alojado en pensiones locales con acompañamiento económico del Municipio.

En paralelo, las áreas municipales continúan trabajando sobre cuestiones vinculadas con alimentación, abrigo, salud y otras necesidades básicas. Desde Tandil señalaron que el objetivo inmediato es garantizar el resguardo de los menores y evitar que la situación de vulnerabilidad se profundice mientras se define el futuro del grupo.

El documento enviado a Sombra también contiene una advertencia concreta sobre los pasos que podría adoptar el Ejecutivo tandilense si no obtiene una respuesta satisfactoria.

Lunghi dejó establecido que, ante el silencio, una negativa o una respuesta considerada evasiva, Tandil podría avanzar con acciones civiles para reclamar los gastos de asistencia, realizar presentaciones ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires y evaluar la radicación de denuncias penales por parte del Departamento Ejecutivo.

De esta manera, el episodio dejó de ser solamente una controversia vinculada con la asistencia de una familia y pasó a convertirse también en un conflicto institucional entre los dos municipios. Tandil busca ahora que Azul explique formalmente qué ocurrió, quién tomó la decisión de trasladar al grupo, bajo qué criterios se realizó el operativo y cómo se garantizará la continuidad de la asistencia.

Mientras tanto, la prioridad expresada por el Municipio de Tandil continúa puesta en la protección de la familia, especialmente de los menores, y en garantizar sus necesidades básicas. Pero, al mismo tiempo, el Ejecutivo local dejó en claro que pretende que la administración azuleña asuma las responsabilidades que considera correspondientes y que se haga cargo de los costos generados por la intervención de emergencia.

Lucía Girado, artista plástica nacida en Tandil, atraviesa un complejo proceso judicial y personal tras descubrir que el gobierno de Jorge Macri licitó la bóveda familiar ubicada en el Cementerio de la Recoleta. La estructura, que resguarda los restos de su padre y otros familiares desde 1890, fue incluida en un plan de concesiones para instalar locales gastronómicos o tiendas de regalos.

La artista, que reside actualmente en Recoleta, manifestó su preocupación ante la falta de información sobre el paradero de los restos de sus seres queridos.

“Quiero saber qué hicieron con los restos de mi papá. Nadie sabe nada y es lo que quiero averiguar, como también quiero frenar la licitación”, expresó Girado en diálogo con la prensa.

A pesar de que desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calificaron la bóveda como un espacio abandonado, la damnificada desmintió categóricamente esta versión. Según explicó, en 2023 inició los trámites de dominio en el Cementerio de la Chacarita y contaba con la intención de restaurar la propiedad, la cual presenta el apellido Girado Casagemas en su fachada.

La licitación, enmarcada en la Disposición N° 278/DGCOYP/26, otorga la concesión por cinco años con el objetivo de ampliar los servicios en el cementerio. Ante este escenario, la tandilense busca evitar llegar a instancias judiciales extremas y prioriza obtener respuestas sobre la ubicación de sus familiares.

“El gobierno de la ciudad no se puede hacer el desentendido de que esto no tiene dueño”, concluyó.

La Fundación Acnur Argentina alertó en el Día de la Niñez que, según las últimas estimaciones del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), más de uno de cada cinco menors vive actualmente en zonas de conflicto.

Para visibilizar esta problemática, Fundación Acnur Argentina impulsó la iniciativa La Guerra NO es un Juego, de acuerdo con el material que hizo llegar a la Agencia Noticias Argentinas.

Actualmente, alrededor del 65% de la población mundial infantil vive en países afectados por conflictos.

En muchos de estos contextos, la violencia y la persecución obligan a familias enteras a desplazarse.

Son 45 millones los niños y niñas que debieron huir de sus hogares para salvar sus vidas.

Desde Sudán hasta Gaza, Afganistán o Ucrania, las crisis dejan en evidencia una dolorosa realidad: los niños y niñas siempre están entre los más afectados durante los conflictos y las guerras, alerta el documento de la Fundación Acnur.

Además de la violencia directa, enfrentan graves consecuencias indirectas, como el difícil acceso al agua potable, el riesgo de mortalidad debido a enfermedades y desnutrición, la falta de vacunas y atención médica o las altas probabilidades de interrumpir su educación.

El impacto de los conflictos sobre la infancia se agrava aún más ante la destrucción de escuelas y hospitales, el bloqueo de la ayuda humanitaria por parte de los grupos armados y el desplazamiento forzado.

Miles de niños y niñas se ven obligados a cruzar fronteras solos y en la huida muchos son reclutados para luchar como soldados o son víctimas de redes de trata y esclavitud sexual.

Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, está en el terreno para brindar protección y asistencia a millones de niños y niñas que debieron escapar de sus hogares para salvar sus vidas.

Junto a autoridades nacionales, organizaciones internacionales y socios locales, trabaja para acompañar a la infancia desplazada y buscar soluciones duraderas.

Entre sus principales acciones, procura que los niños y niñas no acompañados o separados de sus familias reciban atención y accedan a servicios de búsqueda y reunificación familiar; que los recién nacidos sean registrados al nacer; y que la infancia con discapacidad reciba el apoyo que necesita.

Además, impulsa espacios seguros, actividades de apoyo psicosocial y oportunidades educativas para que los niños y niñas forzados a huir puedan reconstruir sus vidas y recuperar cierta estabilidad.

En este contexto, Fundación Acnur Argentina llamó a colaborar económicamente a través de FUNDACIONACNUR.ORG/DONA

A lo largo de estos años, numerosas celebridades se han sumado a esta campaña, entre ellas Osvaldo Laport, Embajador de Buena Voluntad de Acnur, Georgina Barbarossa, Claudia Villafañe, Marcela Kloosterboer, Eleonora Wexler, Benjamín Vicuña, Isabel Macedo, Juan Carlos Baglietto, Eugenia Tobal, Josefina “La China” Ansa y Flavia Palmiero, entre otros.

“Ningún niño o niña debería acostumbrarse a oír alarmas antiaéreas, jugar entre escombros o saber que en cualquier momento puede verse obligado a huir para salvar su vida. En el Día de la Niñez es fundamental recordar que millones de chicos y chicas viven una infancia atravesada por el conflicto y el desplazamiento forzado. Cuando la guerra obliga a huir, la protección se vuelve urgente”, afirmó Paula Martínez Álvarez, directora de Comunicaciones de Fundación ACNUR Argentina. (NA).

La crisis en el fútbol mundial alcanzó un nuevo punto de ebullición a 7 meses de las elecciones presidenciales en la FIFA. Tras el fallido plan del FIFA Forward Enterprise (FFE), la relación entre la entidad con sede en Suiza y la UEFA se encuentra en su momento más crítico, con la organización europea manteniendo su amenaza de boicot a las competiciones internacionales.

El conflicto se intensificó tras un cónclave en Rabat, donde la FIFA intentó bajar la tensión. Sin embargo, la UEFA respondió con firmeza a través de un comunicado oficial replicado por diversos medios, señalando que las condiciones para levantar la medida no han sido satisfechas.

“Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de este tipo para desfigurar el fútbol. Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino”.

La incertidumbre se traslada ahora al calendario deportivo inmediato. El próximo 5 de septiembre está pautado el inicio de la Copa del Mundo Sub 20 femenina en Polonia, con la participación de selecciones europeas como España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. La vigencia del boicot pone en duda la normal realización del evento.

Por su parte, la Conmebol intervino en la disputa haciendo un llamado a la institucionalidad. El organismo sudamericano celebró el retiro del proyecto FFE, pero expresó su preocupación por las acciones unilaterales. Mientras tanto, el 18 de noviembre cerrarán las candidaturas para las elecciones presidenciales del 18 de marzo de 2027, en un contexto donde el futuro de Gianni Infantino al frente de la institución es objeto de intensos debates.

El rey Felipe VI recibirá este jueves al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el palacio de Marivent, ubicado en Palma. El objetivo del encuentro es analizar en profundidad la crisis migratoria que ha afectado a la ciudad autónoma en los últimos días.

Según informó este miércoles la Casa Real, la reunión se llevará a cabo a las 18:00, apenas unas horas antes de que el jefe del Estado inicie su viaje hacia Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente.

El monarca ha seguido con preocupación los acontecimientos recientes y ha mantenido contacto telefónico con Juan Jesús Vivas. El pasado 1 de agosto, el rey expresó su indignación por los graves sucesos ocurridos tanto en Ceuta como en Melilla.

En un comunicado oficial, el monarca subrayó la responsabilidad del Estado en la seguridad de las ciudades autónomas y la necesidad de evitar que se repitan hechos que han derivado en la pérdida de decenas de vidas. Al respecto, el comunicado señaló:

“El Estado debe velar por su seguridad y por evitar que estos hechos, que además, se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas, vuelvan a repetirse”.

El rey también destacó la importancia de transmitir a las poblaciones de Ceuta y Melilla el apoyo y cariño del resto de España de manera unida y determinante. Desde el inicio de la crisis, Felipe VI ha mantenido comunicación constante con los presidentes de ambas ciudades autónomas, así como con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quienes les ha trasladado palabras de ánimo y firmeza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está considerando reiniciar seriamente las operaciones de combate a gran escala en Irán, incluyendo ataques que serán más grandes que la “Operación Furia Épica” lanzada el 28 de febrero, informó ayer jueves Axios.

“Estoy considerando un ataque a gran escala. Más grande que nunca antes. Estoy cerca de tomar una decisión. Todos estamos listos para ella”, dijo Trump en una entrevista, y agregó que Irán no había recibido “suficiente dolor aún”.

Israel “se uniría en dos minutos si se lo pidiera”, dijo Trump, aunque admitió que habría “consecuencias” para Israel si se uniera al ataque. Trump no mencionó un plazo para su decisión, agregó el informe.

Hasta el miércoles, las fuerzas estadounidenses habían lanzado ataques contra objetivos militares iraníes durante 12 días consecutivos después del fracaso de un memorándum de entendimiento de junio que tenía el propósito de reabrir el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent de referencia internacional subió al nivel más alto en dos meses, alcanzando los 100 dólares por barril ayer por la mañana después de que dos buques petroleros saudíes fueron atacados en el Mar Rojo.

Hasta un 68 por ciento de adultos estadounidenses opinaron que “no valía la pena librar” la guerra con Irán, mientras que sólo el 28 por ciento dijo que sí valía la pena, de acuerdo con una encuesta publicada por The Washington Post e Ipsos la semana pasada. (NA).

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) volvió a encender el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría impulsar un nuevo plan de lucha si el Gobierno nacional de Javier Milei no incorpora las actualizaciones salariales previstas por la norma en los haberes que se cobrarán en agosto. El planteo fue realizado tras un plenario de secretarios generales y cuenta con el respaldo de las distintas asociaciones de docentes.

En este escenario, volvió a crecer la posibilidad de que las casas de estudio de todo el país dicten medidas de fuerza en protesta por el planteo del Ejecutivo de no cumplir con la ley. Desde la federación sostuvieron que “no hay más excusas” para demorar la implementación de la ley y exigieron que el salario correspondiente a julio, que se percibirá en agosto, incluya la totalidad de las actualizaciones previstas por la legislación. En ese sentido, remarcaron que la Ley de Financiamiento Universitario “debe ser un piso desde el cual partir para poder avanzar más allá en el trabajo paritario”.

El reclamo fue reforzado luego de que la Corte Suprema dejara firme la obligación del Gobierno nacional de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, al cerrar la vía judicial que había utilizado el Ejecutivo para intentar frenar su implementación. Para la Conadu, ese fallo elimina cualquier argumento para postergar el cumplimiento efectivo de la norma.

La secretaria general de la Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al referirse al escenario abierto tras el fallo judicial: “Al Gobierno se le acabaron las excusas. Con el salario de julio tienen que pagar lo que nos deben y si no lo hacen, habrá medidas de fuerza. El conflicto universitario no está cerrado, hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo”.

Entre las resoluciones adoptadas por el plenario, la federación acordó exigir el cumplimiento inmediato de los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles. Además, reclamó una pronta convocatoria a paritarias y facultó a su mesa ejecutiva para avanzar en acciones políticas, administrativas y eventualmente judiciales. En la misma línea, la Conadu resolvió evaluar en un próximo plenario si el Gobierno cumple con la resolución judicial y, en caso contrario, analizar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza.

Por su parte, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (ADULP) acompañó la resolución de la federación nacional, lo que incrementa la posibilidad de que las clases en esa casa de estudios vuelvan a verse afectadas. Tras haber protagonizado distintos paros, ceses de actividades y clases públicas, el conflicto universitario vuelve a escalar con el respaldo del fallo judicial.

Florencia Peña decidió iniciar acciones legales contra la productora Luzu TV, dirigida por Nico Occhiato, en el marco de una demanda por daños y perjuicios. El reclamo económico asciende a un total de 750 millones de pesos.

El monto inicial que se había contemplado era de 200 millones de pesos, cifra que correspondía exclusivamente al cumplimiento del contrato que la actriz mantenía vigente con el medio audiovisual hasta el mes de diciembre. Sin embargo, la cifra se elevó significativamente al incluir la demanda por los daños ocasionados tras su desvinculación.

La confirmación de la noticia fue brindada por Barby Franco, esposa del abogado Fernando Burlando, quien representa a la actriz en esta causa judicial. Durante su participación en el programa Pasó en América, la panelista detalló: “Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios”.

Este conflicto legal se suma a un presente complejo para la productora, que recientemente atravesó un escándalo mediático vinculado a la difusión de información falsa sobre Jorge Messi.

La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (Aiepa) presentó una acción judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para cuestionar la aplicación del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, que dispone el traspaso del personal no docente y de los docentes extraprogramáticos de establecimientos educativos de gestión privada al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), en reemplazo del sistema nacional administrado por Anses.

La medida alcanza a los docentes extraprogramáticos —quienes desarrollan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria— y al personal no docente de los colegios privados de la Provincia. Hasta el momento, esos trabajadores realizan sus aportes al régimen nacional de seguridad social.

Desde la entidad señalaron que el cambio genera incertidumbre respecto de la aplicación del nuevo esquema previsional y sostuvieron que aún no existe un marco normativo y administrativo que otorgue claridad sobre el procedimiento que deben seguir las instituciones educativas.

“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por Anses”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepa.

Según estimaciones difundidas por la asociación, la modificación podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores del sector, incluyendo personal auxiliar, no docente y docentes extraprogramáticos.

Entre los planteos realizados por la entidad, se menciona la posibilidad de un impacto económico para las instituciones educativas debido a eventuales modificaciones en el régimen de contribuciones patronales, así como un posible incremento en el porcentaje de aportes personales de los trabajadores bajo el sistema provincial.

Aiepa también advirtió que el cambio podría tener implicancias previsionales para parte del personal alcanzado, particularmente para quienes desarrollaron gran parte de su trayectoria laboral bajo el régimen nacional y podrían no reunir los requisitos necesarios para acceder a una jubilación provincial.

En ese contexto, la asociación promovió una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte bonaerense, con el objetivo de que se determine la validez de la normativa provincial y se dicten medidas que, según sostiene la entidad, brinden seguridad jurídica a las instituciones alcanzadas.

Entre los fundamentos expuestos por Aiepa figuran la vigencia del régimen nacional de seguridad social, la necesidad de coordinación entre los distintos niveles del Estado y la posibilidad de que las instituciones educativas enfrenten reclamos de organismos nacionales y provinciales por la determinación del régimen previsional aplicable.

La entidad también informó que realizó presentaciones ante la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep), solicitando que no se exija la incorporación del personal extraprogramático a la planta funcional mientras no exista una definición normativa o judicial sobre la cuestión.

El conflicto adquirió una nueva dimensión institucional luego de que el Estado Nacional, por intermedio del Ministerio de Capital Humano, promoviera una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra la Provincia de Buenos Aires, bajo la carátula “Estado Nacional —Ministerio de Capital Humano— c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente CSJ 001481/2026-00.

En esa presentación, el Gobierno nacional solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la normativa provincial y requirió una medida cautelar para suspender su aplicación mientras se resuelve el fondo de la controversia.

“La aplicación inmediata del régimen provincial puede colocar a las instituciones educativas en una situación de grave incertidumbre jurídica, con riesgo de superposición de obligaciones, mayores costos laborales, eventuales reclamos de organismos nacionales y perjuicios para el personal alcanzado”, señalaron desde la entidad.

La crisis que atraviesa el canal de streaming Blender escaló este viernes tras conocerse la desvinculación de todo el equipo de producción del ciclo Hay Algo Ahí. La medida, que fue ejecutada el jueves por la tarde, impidió la salida al aire del programa conducido por Tomás Rebord, quien se encuentra de vacaciones, y afectó también al resto de la programación, incluyendo el espacio de José María Listorti.

Según trascendió, el operativo se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad en el edificio del canal. Tomás Rebord, a través de sus declaraciones, calificó la decisión como un superataque contra su programa y su persona. El conductor manifestó su desconcierto ante la falta de respuestas por parte de las autoridades de la empresa.

Ayer, Blender, el medio en el que trabajo hace tres años, decidió despedir a todo mi equipo de trabajo, a toda mi producción. Durante todo el día de ayer intenté comunicarme con las autoridades del canal tratando de tener algún tipo de explicación o establecer algún tipo de negociación y no recibí respuesta; ni siquiera me atendieron.

Por su parte, la empresa Blender difundió un comunicado donde defendió su accionar. La firma aseguró que honra sus compromisos con más de 100 trabajadores y atribuyó el conflicto a un grupo reducido de personas que, según sostuvieron, intentó presionar a la compañía mediante el uso de la pantalla durante una negociación salarial. En contrapartida, los trabajadores denunciaron el despido de al menos 10 compañeros tras reclamar el cumplimiento de acuerdos salariales asumidos a principios de 2026 y exigieron su reincorporación inmediata.

El conflicto ocurre en un contexto de crecimiento para la señal, que en 2025 se posicionó como el tercer canal de streaming con mayor audiencia del país. Asimismo, la situación se desarrolla días después de que el Gobierno porteño preadjudicara el Canal de la Ciudad a Cale Group, empresa propiedad de Augusto Marini, quien también es dueño de Blender y del canal Carajo.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que el dólar estadounidense será el eje central del comercio en una eventual «nueva Venezuela». Esta proyección forma parte de la estrategia económica que impulsa la administración del presidente Donald Trump para fortalecer la moneda norteamericana en el escenario global.

Bessent explicó que Venezuela se reincorporará al sistema financiero internacional bajo la adopción de la divisa estadounidense. Según el funcionario, las restricciones impuestas durante los últimos años complicaron las operaciones en dólares y obligaron a Caracas a buscar alternativas comerciales menos competitivas.

El jefe de las finanzas norteamericanas señaló que el país sudamericano comercializó petróleo con descuentos hacia China debido a la falta de acceso directo a la liquidez estadounidense. El funcionario argumentó que el retorno al uso formal de la divisa otorgará mayores ventajas de estabilidad y apertura en los mercados de capitales.

Finalmente, el secretario vinculó esta visión con otros escenarios geopolíticos, como los casos de Irán y Rusia. Bessent aseguró que Washington no dudará en aprovechar la fortaleza de su moneda para respaldar a sus aliados y presionar a las naciones que no se alineen con sus políticas.

El gobierno de los Estados Unidos se impuso un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo permanente con el propósito de poner fin a la guerra con Irán. Sin embargo, el proceso enfrenta dificultades inmediatas debido a la creciente inestabilidad en Medio Oriente. El cronograma comenzó tras la firma de un memorándum de entendimiento, según indicó el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance.

A pesar de los esfuerzos diplomáticos, Teherán advirtió sobre sus denominadas líneas rojas. El presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se pronunció al respecto en declaraciones difundidas por la agencia oficial de noticias IRNA: “Como hemos demostrado en el pasado curso de negociaciones, nos mantenemos firmes en el cumplimiento de las condiciones y las líneas rojas establecidas, así como en la defensa de los intereses de la nación iraní”.

El memorando, firmado el miércoles en Francia por el presidente estadounidense Donald Trump, dio inicio a un período de negociaciones que comenzó este viernes y concluirá el 17 de agosto, según aclaró Vance en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

La situación en el terreno se mantiene crítica. Durante la madrugada de este viernes, al menos 18 personas murieron y otras 33 resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos israelíes contra zonas residenciales del sur del Líbano, informó el Centro de Operaciones de Emergencias de Salud Pública del Ministerio de Sanidad libanés. Las localidades de Harouf, Sharqieh, Kfar Sir, Kfar Remmen y Kfar Tebnit fueron algunos de los puntos alcanzados por los bombardeos.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la muerte de cuatro soldados israelíes en el sur del Líbano tras el impacto de un objeto aéreo contra su tanque. Entre los fallecidos se encontraba un comandante de batallón blindado. Las FDI investigan si el ataque fue perpetrado mediante un dron explosivo lanzado por Hizbulá. En un incidente posterior, un oficial israelí resultó gravemente herido y otros cuatro soldados sufrieron lesiones leves debido a otro ataque con drones.

Ante este escenario, el primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió que su país “hará pagar un precio muy alto a Hezbolá”. Pese a la tensión, el Canal 12 de Israel informó sobre un posible cese al fuego, aunque un funcionario aclaró que las fuerzas israelíes permanecerán en la zona de seguridad. “Si nos atacan, responderemos”, sentenció la fuente citada por el medio.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció este lunes que su país tendrá a su cargo la presidencia de la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Según un informe de Xinhua, el acto protocolar se llevará a cabo el próximo viernes en la ciudad suiza de Ginebra.

Pocos minutos después del anuncio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta en la red social Truth Social para confirmar el avance diplomático. En su mensaje, el mandatario sostuvo:

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está completo”.

En el mismo comunicado, Donald Trump informó sobre la reapertura inmediata y libre de peajes del estrecho de Ormuz, además de ordenar el levantamiento inmediato del bloqueo naval estadounidense. Por otro lado, se indicó que las negociaciones adicionales entre ambas naciones para alcanzar un acuerdo final quedarán pospuestas hasta que las partes cumplan con los compromisos establecidos conforme al MoU.

El Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes alcanzaron este miércoles un acuerdo para mejorar el financiamiento de las universidades públicas, en un intento por destrabar un conflicto que se extendió durante varios años. El entendimiento incluye una recomposición salarial del 24,33%, además de incrementos en partidas destinadas al funcionamiento de las casas de estudio, hospitales universitarios y becas estudiantiles.

Según lo acordado, el incremento salarial se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los haberes vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre, calculado sobre los salarios de septiembre. Desde el Gobierno señalaron que la actualización contempla la inflación acumulada hasta mayo de este año, la recomposición del desfasaje de 2025 y una recuperación parcial del poder adquisitivo perdido durante 2024.

Además, las partes resolvieron reactivar las negociaciones paritarias con una periodicidad máxima de tres meses, uno de los principales reclamos que sostenían los sindicatos universitarios.

En materia presupuestaria, el acuerdo prevé una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de este mes. También se incorporará una partida adicional de 50.000 millones de pesos para hospitales universitarios durante 2026.

Por otra parte, se confirmó un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

A pesar del avance logrado en las negociaciones, el conflicto no quedó completamente cerrado. Las universidades mantendrán el reclamo judicial ante la Corte Suprema para que se garantice el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vigente, mientras que el Ejecutivo anticipó que buscará volver a discutir el esquema de financiamiento durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

El acuerdo fue presentado por el Gobierno como una herramienta para descomprimir la tensión con el sector universitario, aunque desde la Casa Rosada ratificaron su intención de impulsar modificaciones al sistema de financiamiento en el futuro.

A casi dos meses de la última medida de fuerza de los médicos de cabecera del PAMI en reclamo por el empeoramiento de sus honorarios, un segmento que en el sector se atribuye a un gesto separatista de la filial cordobesa del gremio APPAMIA convocó a un nuevo paro de 72 horas. Aunque la medida fue considerada ilegítima por la conducción central del sindicato, cuenta con el aval de 800 médicos de distintas provincias, sobre un total de 5.000 que brindan atención primaria en la obra social.

La protesta se focaliza en el pedido de duplicar los honorarios mensuales que los profesionales cobran por paciente, pasando de los 2.100 pesos actuales a 4.200 pesos, según lo exigido por el entorno de Atilio Rossi, referente de la filial cordobesa. Por su parte, el PAMI anunció recientemente una suba retroactiva a mayo que elevará la cápita a 2.400 pesos.

Consultado sobre el impacto de esta situación, el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, remarcó que el conflicto trasciende lo gremial:

En PAMI nada concluye, todo se acrecenta. Están parando los médicos y es todo un gran descontrol porque los especialistas adhieren y lo que hacen es diferir los turnos. Si la pregunta es si se siente este paro, lo que se siente es que se van complicando las cuestiones para los pacientes todos los días. Andan como maleta de loco.

Desde el organismo que conduce Esteban Leguizamo buscaron llevar tranquilidad a los afiliados mediante un comunicado oficial. Las autoridades señalaron que se trata de una medida con baja adhesión y aseguraron que la mayoría de los médicos de cabecera continúan atendiendo con normalidad. Además, recordaron que mantienen abierta la mesa de diálogo con las entidades representativas.

El malestar del sector se profundizó tras la resolución del INSSJP 1107/2026, que modificó la forma en que se computan y abonan las prestaciones. Al respecto, los médicos señalan que, al no ser planta permanente, su situación contractual es precaria. Aunque existen versiones sobre posibles juicios por relación de dependencia encubierta, las autoridades del PAMI negaron que se diluyan los vínculos contractuales por este motivo.

La República Argentina condenó este jueves “en los términos más enérgicos” los ataques lanzados por la República Islámica de Irán contra objetivos civiles en Kuwait y Bahréin, que dejaron víctimas fatales, decenas de heridos y severos daños materiales.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina manifestó su rechazo a los bombardeos realizados por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), que tuvieron como blanco la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Kuwait y otras infraestructuras ubicadas en Bahréin.

“La República Argentina condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados por la República Islámica de Irán contra la terminal de pasajeros del aeropuerto internacional del Estado de Kuwait e infraestructuras en el Reino de Bahréin, que resultaron en la muerte de civiles, decenas de heridos e importantes daños materiales”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde el Palacio San Martín consideraron que se trata de “actos injustificados” dirigidos contra infraestructuras vitales y objetivos civiles, los cuales resultan incompatibles con los principios fundamentales del derecho internacional.

Asimismo, el Gobierno argentino expresó su “plena solidaridad con los pueblos y los gobiernos de Kuwait y Bahréin” y reiteró su rechazo a cualquier forma de agresión que ponga en riesgo la estabilidad y la seguridad de la región.

La condena argentina se produjo en medio de una creciente preocupación internacional por la escalada de tensiones en Medio Oriente. En ese contexto, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó en las últimas horas su preocupación por los reportes de víctimas civiles y condenó los ataques contra infraestructura civil.

El titular de la ONU recordó además que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe estrictamente los ataques contra objetivos civiles, e instó a las partes involucradas a respetar las normas internacionales destinadas a proteger a la población en situaciones de conflicto.

La postura argentina se suma así a los pronunciamientos de distintos países y organismos internacionales que reclaman una desescalada de las hostilidades y advierten sobre el impacto humanitario que podría generar una profundización del conflicto en la región.

Rusia ejecutó durante la madrugada de este martes uno de los ataques aéreos más masivos desde el inicio de la guerra en Ucrania. La operación incluyó el despliegue de 73 misiles y 656 drones de largo alcance, dejando un saldo de al menos 13 personas fallecidas y más de 100 heridos en diversas ciudades del territorio europeo.

Las autoridades ucranianas confirmaron que la ofensiva tuvo como principales objetivos a Kiev y Dnipró, donde se registraron víctimas fatales y una destrucción significativa en la infraestructura civil. En la capital, se reportaron cuatro muertes y decenas de heridos, entre ellos menores de edad, además de daños en viviendas, comercios y centros médicos. En Dnipró, nueve personas perdieron la vida, incluyendo un niño hallado bajo los escombros de un edificio residencial que quedó completamente destruido.

Ante la magnitud de los bombardeos, miles de ciudadanos buscaron refugio en estaciones de metro y espacios subterráneos. Mientras tanto, las tareas de rescate continúan en las zonas afectadas, donde se reportaron también daños en Járkov, Zaporiyia y Poltava. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó nuevamente a Estados Unidos y Europa a brindar asistencia militar adicional, con especial énfasis en sistemas de defensa antiaérea y misiles Patriot.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso confirmó la operación y sostuvo que el ataque estuvo dirigido contra empresas del complejo industrial militar ucraniano e infraestructura estratégica. Moscú afirmó que utilizó armamento de largo alcance, misiles hipersónicos y drones, asegurando que todos los objetivos fueron alcanzados. Las autoridades rusas señalaron que esta ofensiva forma parte de una campaña iniciada a finales de mayo contra los centros de decisión del Estado ucraniano.

En paralelo, el conflicto registró episodios en territorio ruso, donde se informó la muerte de un civil en la región de Kursk tras un ataque con drones atribuido a Ucrania, además de un incendio en la refinería de Ilski, en Krasnodar, provocado por aeronaves no tripuladas.

El ataque de este martes se convirtió en uno de los de mayor magnitud registrados desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022 y vuelve a elevar la tensión en un conflicto que, tras más de cuatro años de combates, continúa sin señales concretas de resolución.

El gobierno de Irán suspendió el lunes las negociaciones con Estados Unidos destinadas a poner fin al conflicto en Oriente Medio, según informó la agencia de noticias iraní Tasnim. La decisión se fundamenta en los crímenes que Israel continúa cometiendo en el Líbano y en las violaciones registradas en todos los frentes del alto el fuego alcanzado el 8 de abril.

El equipo negociador iraní confirmó la interrupción del diálogo y del intercambio de textos a través de los mediadores. Esta medida se produce tras un fin de semana de intensos intercambios de fuego. El Comando Central del ejército estadounidense bombardeó instalaciones de radar y control de drones en la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm, en respuesta al derribo de un dron estadounidense MQ-1 por parte de Teherán.

“El equipo negociador iraní suspende, por tanto, el diálogo y el intercambio de textos a través de los mediadores”.

El Comando Central informó que sus aviones de combate eliminaron defensas antiaéreas, una estación de control terrestre y dos drones de ataque. Por su parte, Irán respondió con misiles contra soldados estadounidenses en Kuwait, aunque las autoridades confirmaron que no hubo heridos. En paralelo, Israel anunció nuevos ataques sobre los suburbios del sur de Beirut, tras acusar a Hezbollah de violar la tregua vigente desde el 17 de abril.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baghaei, señaló que las negociaciones se desarrollaban en un ambiente de desconfianza. En tanto, el presidente libanés Joseph Aoun calificó la situación como una agresión inaceptable y sostuvo que el diálogo es la única vía para detener la guerra.

A través de un comunicado, el Tiro Federal de Tandil, fundado en 1924, expresó “profunda preocupación y repudio ante los hechos de violencia ocurridos recientemente en sus instalaciones, donde personas que se encontraban practicando legítimamente una actividad deportiva fueron agredidas física y verbalmente por un grupo de manifestantes”.

Manifestaron que “desde hace más de cien años, nuestra institución desarrolla en forma ininterrumpida actividades vinculadas al tiro deportivo, disciplina reconocida, reglamentada y practicada bajo estrictas normas de seguridad, responsabilidad y control. El predio siempre tuvo como finalidad exclusiva el desarrollo de esta actividad, siendo además parte de la historia deportiva e institucional de la ciudad de Tandil”.

En ese marco, afirmaron que “resulta importante recordar que las viviendas construidas en las cercanías del club fueron estableciéndose con posterioridad a la existencia del Tiro Federal, con pleno conocimiento previo de la actividad desarrollada en el lugar desde hace más de un siglo”.

Y recalcaron que “lo verdaderamente lamentable y preocupante no es solamente el desacuerdo de algunos vecinos respecto a la actividad, sino el nivel de violencia ejercido contra personas que se encontraban practicando deporte de manera pacífica, legal y responsable. Durante el incidente se produjeron agresiones y lesiones a tiradores presentes en las líneas de tiro”.

En ese sentido, señalaron que “existe un hecho que merece ser destacado y valorado por toda la sociedad: pese al clima de extrema tensión y provocación, ninguno de los quince tiradores presentes reaccionó violentamente. Con absoluto profesionalismo, disciplina y respeto por las normas de seguridad, mantuvieron la calma, aseguraron sus armas y evitaron cualquier situación que pudiera agravar aún más el conflicto” y remarcaron que “ese comportamiento demuestra claramente los valores que históricamente promueve nuestra institución: responsabilidad, autocontrol, respeto por la ley y convivencia democrática”.

Como contrapartida, expresaron que “preocupa profundamente que determinadas personas hayan incentivado actitudes agresivas y de confrontación, promoviendo un clima de hostilidad incompatible con cualquier forma de diálogo civilizado. Nada justifica la violencia, las amenazas ni las agresiones físicas contra ciudadanos que ejercen una actividad deportiva legalmente habilitada”.

Por ese motivo, aseguraron que “el Tiro Federal de Tandil reafirma su voluntad permanente de diálogo con todos los sectores de la comunidad, pero también sostiene con firmeza el derecho legítimo a continuar desarrollando una actividad histórica, deportiva y legal, dentro del marco del respeto mutuo y la convivencia social”.

Para cerrar, evaluaron que “defender el deporte, la legalidad y las instituciones centenarias de nuestra ciudad también es defender una sociedad donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y nunca mediante la violencia”.

Un video registrado en las últimas horas dentro del predio del Tiro Federal, y al cúal pudo acceder este medio, volvió a poner en el centro de la escena el conflicto que desde hace años mantienen vecinos del sector con la histórica institución. Las imágenes muestran una situación de extrema tensión, con gritos, acusaciones mutuas, vidrios destruidos y fuertes reproches vinculados al uso de armas, los ruidos molestos y las condiciones de seguridad del lugar.

El episodio se produjo pocos días después de que residentes de la zona denunciaran públicamente que las detonaciones y el movimiento en el predio se habían intensificado. En declaraciones recientes, varios vecinos habían asegurado que la convivencia se volvió “insostenible” y reclamaron soluciones urgentes ante el impacto que generan las actividades del polígono.

En el video difundido puede verse el interior de una de las instalaciones con mamparas destruidas, vidrios astillados y restos de cristales esparcidos en el piso, mientras dos grupos mantienen una fuerte discusión. El intercambio refleja el profundo nivel de desgaste y tensión que atraviesa actualmente el conflicto.

“Rompieron el vidrio, entraron de forma muy violenta”, se escucha decir a una de las personas presentes mientras muestra los daños ocasionados dentro del lugar. Del otro lado, quienes protestaban responden cuestionando el funcionamiento del predio y la presencia de armamento. “Mirá los fusiles que tienen”, expresó uno de los vecinos en medio de los gritos.

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La situación escala rápidamente y aparecen acusaciones cruzadas sobre quién ejerce la violencia. Mientras integrantes de la institución reclaman por los daños sufridos en el edificio, los frentistas aseguran que la violencia cotidiana la padecen ellos debido a las detonaciones constantes.

“Nos dicen violentos cuando ustedes son los que están tirando con fusiles. No podemos vivir así”, expresa una mujer durante el intercambio. En otro momento, otra voz insiste: “No damos más, somos gente desesperada”.

Uno de los puntos más reiterados del reclamo tiene que ver con el impacto acústico de la actividad. En distintos pasajes del video, vecinos exigen inversiones para insonorizar el predio y reducir el ruido que afecta al barrio.

“Pongan la plata que tienen que poner y hagan la acústica”, reclama una de las personas que participa de la discusión. “Hagan la acústica”, repiten varias veces durante el altercado.

Según se escucha en la grabación, una persona habría resultado herida cuando se rompieron los vidrios en medio de la confrontación. “Un vidrio voló y le pegó en la cabeza, tenía toda la espalda llena de vidrio”, relata uno de los presentes, mientras otros intentan bajar el tono de la pelea y piden “parar con esto”.

La difusión de las imágenes profundizó un conflicto que no es nuevo. Tal como habían expresado vecinos en testimonios recientes brindados a El Eco, las quejas contra el Tiro Federal vienen desde hace años y abarcan distintos aspectos. Además de los ruidos molestos provocados por las detonaciones, algunos residentes afirmaron haber encontrado restos de proyectiles o esquirlas en patios y viviendas cercanas.

También denunciaron alteraciones en la vida cotidiana producto de las prácticas realizadas en el lugar, asegurando que los disparos pueden escucharse durante gran parte del día. Varios integrantes de la barriada sostienen que la situación empeoró con el crecimiento urbano de la zona y el aumento de viviendas en los alrededores del predio.

Desde la institución, en tanto, remarcan que el Tiro Federal funciona allí desde hace décadas y cuestionan que ahora se pretenda limitar su actividad. Esa postura también aparece reflejada en el video. “Estamos en una institución que está hace bastante más tiempo que todos ustedes”, sostiene uno de los hombres que participa de la discusión.

En otro tramo del cruce, incluso se escucha a una persona preguntarle a un vecino: “¿Entonces por qué compraste al lado del tiro?”, dejando en evidencia uno de los argumentos históricos de quienes defienden la continuidad de las actividades en el lugar.

El material difundido volvió a generar repercusión en redes sociales y reactivó el debate sobre la convivencia entre la institución y los vecinos del barrio. Mientras continúan los reclamos para que se adopten medidas de mitigación acústica y mayores controles de seguridad, el video dejó expuesto un escenario de tensión creciente que parece lejos de resolverse.

Desde las autoridades del Tiro Federal también se pronunciaron tras el episodio y confirmaron que realizaron una denuncia penal por lo ocurrido. En un audio difundido luego del incidente al que accedió El Eco, uno de los responsables de la institución aseguró que “los vecinos invadieron el tiro, rompieron vidrios” y detalló que un tirador resultó herido producto de los destrozos. “Hay un lesionado con un vidrio que le cortó el cuero cabelludo”, afirmó. 

Además, indicaron que aguardaban la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y sostuvo que impulsarían acciones judiciales por “invasión de propiedad privada, amenazas, lesiones y daños”, en referencia a los hechos registrados durante la confrontación.