El Congreso de la Nación sancionó apenas 11 leyes en 2025, la cifra más baja desde la recuperación de la democracia, según un relevamiento del Observatorio del Control Público (OCP) de la Fundación Éforo, elaborado a partir de datos públicos oficiales.

El trabajo, titulado “Congreso de la Nación Argentina: análisis institucional histórico del Poder Legislativo (1983-2025)”, señaló que el promedio del período supera las 122 leyes anuales, lo que deja al último año analizado unas 111 leyes por debajo de esa referencia.

La investigación identificó a la composición del Congreso como una de las principales variables para explicar la producción legislativa. Como contraste, destacó que en 2014, cuando el oficialismo contaba con mayoría propia, se sancionaron 191 leyes, el registro más alto de la serie.

Uno de los fenómenos que describe el informe es el crecimiento de la cantidad de bloques parlamentarios. Mientras que en 1983 la Cámara de Diputados funcionaba con dos grandes fuerzas —el peronismo y el radicalismo—, en 2017 llegó a tener más de 40 bloques, varios de ellos con tres integrantes o menos.

En paralelo, el promedio anual de leyes sancionadas descendió de 154 durante el período 1994-1998 a 59 entre 2019 y 2023.

“Este retroceso en la cantidad de leyes aprobadas se vincula directamente con la fragmentación parlamentaria, que reconfigura la labor legislativa y acentúa una dinámica de más proyectos de ley presentados, menor tasa de conversión y menos leyes”, sostuvo el documento.

El relevamiento también expuso la distancia entre las iniciativas que ingresan al Parlamento y las que completan su recorrido. El Congreso recibe entre 2.000 y 4.000 proyectos por año. En 2022, por ejemplo, se presentaron alrededor de 3.000 y se sancionaron 37 leyes.

El estudio contabilizó 417 vetos presidenciales desde 1983 hasta 2025, de los cuales 201 fueron totales y 216 parciales.

Casi la mitad correspondió a los mandatos de Carlos Menem, con 195. Luego se ubicaron Raúl Alfonsín, con 49, y Fernando de la Rúa, con 46.

En el caso de Javier Milei, el informe registró nueve vetos hasta septiembre de 2025, con tres insistencias exitosas del Congreso para sostener las leyes que habían sido objetadas por el Poder Ejecutivo.

Otro de los puntos destacados fue la situación del Presupuesto nacional. Según el relevamiento, 2024 y 2025 fueron los primeros dos años consecutivos sin una nueva ley de Presupuesto aprobada desde la vuelta de la democracia. En ambos ejercicios se prorrogó el correspondiente a 2023.

Dentro del período estudiado, los cinco ejercicios sin aprobación presupuestaria fueron 2011, 2020, 2022, 2024 y 2025.

El documento también repasó mandatos institucionales que continuaban pendientes a 31 años de la reforma constitucional de 1994.

Entre ellos, señaló que nunca se sancionó una nueva Ley de Coparticipación Federal, por lo que sigue vigente el régimen de 1988, concebido como transitorio. Asimismo, indicó que ninguna ley surgió del mecanismo de iniciativa popular.

La distribución de las bancas en la Cámara de Diputados fue otro de los aspectos observados. El informe advirtió que todavía se apoya en el censo de 1980 y calculó que, con los datos poblacionales de 2022, la Cámara debería contar con 363 integrantes, 106 más que los actuales. Bajo ese cálculo, la provincia de Buenos Aires sumaría 42 representantes.

“La mirada histórica permite observar algo más amplio: cómo las instituciones se adaptan a las transformaciones políticas y sociales que atraviesan al país”, expresó Carla Pitiot, vicepresidenta de la Fundación Éforo y directora del OCP.

La Libertad Avanza mantendrá durante los próximos días intensas negociaciones con los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados para alcanzar acuerdos que permitan firmar este miércoles el dictamen del Presupuesto 2027, con el objetivo de llevar el proyecto al recinto el próximo 18 de noviembre.

El oficialismo busca acelerar las conversaciones debido a que durante la primera quincena de noviembre habrá una actividad reducida en la Cámara baja.

Por eso, entre lunes y el martes intentará cerrar los consensos sobre los principales puntos que podrían modificarse del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

“Estamos avanzando bien con las negociaciones con los aliados sobre el Presupuesto y no hay motivos para demorar la firma del dictamen”, señaló a la Agencia Noticias Argentinas un vocero oficialista.

Desde uno de los sectores dialoguistas, en tanto, señalaron que se trabaja con la intención de firmar el despacho el miércoles, aunque advirtieron que están “medio justos de tiempo” y remarcaron que los temas centrales de la discusión son discapacidad y asignaciones sociales.

El esquema de trabajo diseñado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, contempla una última reunión informativa el martes a las 11:00, aunque todavía no fue definido qué funcionario concurrirá a exponer ante los diputados. La discusión del dictamen está prevista para el miércoles a las 14:00.

Las negociaciones

Las conversaciones son encabezadas en Diputados por el presidente de la Cámara, Martín Menem; el titular del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni; y Benegas Lynch.

En paralelo, desde el Gobierno participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien mantiene conversaciones con los gobernadores de los sectores dialoguistas.

La principal condición planteada por el oficialismo es que cualquier modificación al proyecto preserve las metas fiscales del Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal y el superávit primario.

En ese marco, uno de los puntos bajo análisis es la denominada jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro, que contempla unos $14,9 billones y registra un incremento interanual del 163%.

Los bloques dialoguistas y opositores pretenden que una parte de esos recursos pueda ser destinada a reforzar las partidas para las universidades nacionales y las prestaciones por discapacidad.

Desde el Gobierno, sin embargo, sostienen que esos fondos tienen como finalidad atender compromisos con organismos provinciales, nacionales e internacionales, además de emergencias y fondos especiales.

Los reclamos de los bloques dialoguistas

Los bloques de la UCR, el PRO y distintos espacios provinciales reclaman la derogación de los artículos 36 al 41 del proyecto de Presupuesto, que modifican aspectos centrales de la legislación vinculada con discapacidad, y plantean una recomposición de las partidas destinadas al sector.

Otro de los puntos sensibles es la decisión del Gobierno de eliminar la actualización automática de las Asignaciones Universal por Hijo, por Embarazo, ayudas sociales y asignaciones familiares, que actualmente se ajustan de acuerdo con la evolución de la inflación.

Los bloques opositores y dialoguistas pretenden mantener el mecanismo de actualización vigente.

Las universidades nacionales constituyen otro foco de tensión. El proyecto fija para el sector una partida de $7,3 billones, mientras que los rectores reclaman aproximadamente $11 billones.

A esto se suma el reclamo de las 13 provincias que tienen cajas jubilatorias propias, que buscan que el Presupuesto contemple las deudas que Nación mantiene con esos sistemas previsionales.

Los gobernadores también plantearon la necesidad de contar con recursos para la reparación de rutas y la reactivación de obras públicas paralizadas desde 2023.

El reclamo fue llevado a la mesa de negociación durante la reunión que mantuvieron el pasado 16 de octubre con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

El poroteo para conseguir el quórum

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar al menos 129 presentes para reunir el quórum necesario para iniciar una sesión en la Cámara baja.

Por ese motivo, el oficialismo deberá asegurarse el acompañamiento de sus aliados y profundizar las negociaciones con los gobernadores.

Los bloques más cercanos al Gobierno -PRO, UCR, MID, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo- reúnen 24 legisladores.

A partir de allí, la estrategia oficial apunta a sumar a los 9 diputados de Argentina Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

También busca sumar a los 3 legisladores de Elijo Catamarca, vinculados al gobernador Raúl Jalil, y a los 3 diputados de Independencia, que responden al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Como ocurrió en otras votaciones, el Gobierno también espera conseguir el respaldo de alrededor de una decena de diputados de Provincias Unidas, espacio en el que confluyen legisladores de Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut, alineados con los gobernadores Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir, entre otros.

De esta manera, las próximas horas serán determinantes para que el oficialismo logre cerrar un acuerdo que le permita firmar el dictamen el miércoles y llegar al recinto con una mayoría suficiente para avanzar con el Presupuesto 2027. (NA).

Este martes, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Unicen para anunciar la Quinta Marcha Federal Universitaria, el Congreso de la Nación comenzaba a tratar el Presupuesto 2027. Allí se desarrollará otro escenario donde las sesenta universidades públicas del país, representadas en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) darán batalla en el reclamo por financiamiento.

En ese sentido, el rector de la Unicen, Marcelo Aba, expuso que el inicio del debate del presupuesto en las comisiones “le da un valor aún mayor a esta marcha, porque si no logramos que se incluya en el Presupuesto 2027 lo que representa la ley, finalmente la ley madre pasará a ser, como corresponde, el presupuesto”.

Indicó que si no se logran garantizar los recursos para implementar la ley, “tendremos una ley vigente que no va a tener correlato con un presupuesto que no la contempla”.

La Ley de Financiamiento fue aprobada dos veces por el Congreso, vetada otras dos, judicializada y avalada por una medida cautelar que planteó la inconstitucionalidad del segundo veto presidencial.

En tanto, Aba sostuvo que el inicio de la discusión de la Ley Madre, se erige como “un elemento más de por qué esta marcha es fundamental” y puso el foco en “el momento que estamos atravesando como sociedad y como universidad”.

El rector de la Unicen destacó que ayer “comenzó la discusión en el único espacio donde se puede llegar a concretar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Si no logramos que el Congreso revierta la falta de fondos para el sistema universitario en el presupuesto nacional, va a ser muy difícil que logremos luego la aplicación de la ley”.

Por ese motivo, expuso “una razón más y de mucho peso para pedir que nos acompañen en esta quinta marcha, justamente en el día en que la estamos convocando, en que se inicia el tratamiento del presupuesto nacional”.

Sobre las gestiones en el Congreso, Marcelo Aba confirmó que se están dando reuniones con integrantes de la Comisión de Educación y anticipó un pedido formal que ya cursó el bloque de Diputados de Unión por la Patria.

Indicó que ya elevaron un pedido formal a Jefatura de Gabinete para que Carlos Guberman, secretario de Hacienda de la Nación, asista a la Comisión de Educación “con las instrucciones de cómo quedaría el presupuesto con la aplicación de la ley, sobre todo a partir de este fallo”.

Si bien Aba reconoció que la cautelar sorteó la primera instancia, dijo que “es un fallo judicial que establece la inconstitucionalidad del decreto. Por lo tanto, ya no solamente está la cuestión legal parlamentaria, sino la propia Justicia diciendo que tendría que cumplirse”.

Volviendo a las negociaciones, señaló que “lógicamente” cada rector “por la cuestión regional o por algún tipo de afinidad, está trabajando con sus propios congresistas, en principio diputados, para tratar de sostener esa mayoría que nos dio en su momento la validez de la ley”.

Al evaluar los números, el rector de la Unicen ratificó que el CIN solicitó 11 billones para el funcionamiento del sistema universitario en 2027. “Es un número que surge de aplicar el IPC al presupuesto 2023. No tiene incremento en términos reales, es simplemente la aplicación sistemática de la inflación que ha habido, lo llevaría alrededor de 11 billones”, detalló.

Como contrapartida, señaló que “el Gobierno está ofreciendo 7,3”, aunque subrayó “una salvedad de la que poco hablamos. Además de faltar casi 4 billones de pesos, hay casi un billón que se lo reserva. O sea, de los 7 hay un billón que se lo reserva a la Subsecretaría para políticas propias”.

Reconoció que “históricamente ha habido fondos que se reservan, son los que se conocen como debajo de la línea y son cifras menores frente al presupuesto. En este caso estamos hablando de un billón de pesos que se reserva a la Subsecretaría (de Políticas Universitarias) para políticas de promoción que nadie las conoce, nadie sabe lo que es”.

Aba insistió con que “en realidad distribuido hay 6 billones, estamos prácticamente en la mitad. Ese billón que ha quedado debajo de la línea es de manejo discrecional de la propia subsecretaría. Nadie sabe muy bien para qué. O sea, que en realidad es más grave la situación todavía”.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por la administración de Javier Milei prevé un crédito de 7.349.082.049.312 pesos para el conjunto de las universidades nacionales durante 2027. De ese total, 6.326.177.949.919 pesos corresponden a gastos de personal, funcionamiento y transferencias corrientes, mientras que otros 1.022.904.099.393 pesos figuran en partidas “debajo de la línea”.

El monto del proyecto está lejos de los 11 billones que reclama el CIN, que representa a los rectores de las 60 universidades públicas del país. La diferencia ronda el 33 por ciento y se concentra en el componente salarial, que representa cerca del 90 por ciento de los recursos del sistema.

Luego de que la oposición sacudiera el tablero con el pedido de una sesión especial en la Cámara de Diputados para el 15 de octubre, el oficialismo se puso en guardia y trabaja para contrarrestar la intención del adversario de voltear el DNU 70/23, al tiempo que ya marcó una fecha en el calendario para abrir el recinto en modo control de daños activado.

El polémico fallo de la Corte Suprema que convalidó el artículo 154 de la Ley de Tierras habilitando la extranjerización sin límites envalentonó a los bloques de la oposición, que ya coordinan acciones de protesta masiva en las calles y buscan no solamente reponer la vigencia de dicha norma sino llevarse puesto todo el mega decreto presidencial.

El DNU/70 derogó la Ley de Tierras, pero también otras normas fundamentales como la Ley de Alquileres, la de Góndolas, de Abastecimiento y de Compre Nacional.

Además, eliminó los controles de precios de las empresas de medicina prepaga, suprimió la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap) y el Instituto Nacional de la yerba Mate (INYM), autorizó la eventual cesión a privados del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas, liberalizó el transporte aéreo con la política de “cielos abiertos”, hizo cesar el registro obligatorio para importar y exportar, y eliminó los topes a los intereses punitorios que cobran las tarjetas de crédito.

La amenaza sobre todo este paquete desregulatorio puso en alerta al Gobierno, que tiene tiempo hasta el mismo día de la sesión para cortar los circuitos de la oposición a través de acuerdos con sectores dialoguistas.

En una reunión con referentes de bloques aliados que tuvo lugar horas antes de la formalización del pedido de sesión especial de la oposición, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, les informó la intención de abrir el recinto el 21 de octubre para tratar los proyectos de Discapacidad y sobreendeudamiento familiar, y los invitó a trabajar para mejorar los dictámenes de mayoría.

No casualmente, la oposición incluyó estos dos proyectos en el temario de la sesión del 15 de octubre, para que funcionen como cebo y permitan acercarse al quórum.

La oficialización del pedido de sesión opositor para tirar abajo uno de los pilares del andamiaje jurídico sobre el que se sostiene el modelo económico libertario paralizó a la Casa Rosada, que mandó a suspender los canales de diálogo con los dialoguistas en Diputados hasta nuevo aviso.

El primer reflejo -infundado por el temor a quedarse sin el mega decreto- fue sugerir que el oficialismo aceptaría incorporar controles a la compraventa de tierras rurales en la media sanción de la Ley de Inviolabilidad Privada venida del Senado.

Pero no hizo falta llegar tan lejos. Con el paso de las horas, llegó el alivio: se supo que Unión por la Patria y sus aliados circunstanciales estaban lejos de los 129 votos necesarios para el quórum y para derribar el DNU 70/23.

Al mismo tiempo, llegaban buenas noticias desde París, donde 13 mandatarios provinciales (incluyendo al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri) acompañan al presidente Javier Milei al Argentina Week, un road show de inversiones para vender las ventajas competitivas del país a empresarios extranjeros.

El jefe de Estado, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mediante, se estaba metiendo en el bolsillo a gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes en algún momento coquetearon con la oposición y podrían facilitar los votos que le está faltando para abrir la sesión.

En la oposición aún creen que el sentimiento popular a favor de la soberanía que se espiralizó desde que la Scaloneta le mostró al mundo la reinvindicación de las Islas Malvinas como parte del territorio argentino generará un alud de movilizacionismo en las calles y construirá un contexto que presionará a muchos diputados a revisar sus posturas de acá al 15 de octubre.

Razones para desconfiar del Gobierno hay de sobra. En el caso del proyecto de Discapacidad del oficialismo, si bien incorpora la mayor parte de los beneficios incluidos en la ley de emergencia, el texto contrasta abiertamente con el Capítulo 6 del proyecto de Presupuesto Nacional que desfinancia y elimina buena parte de los derechos del sector.

De hecho, desde el Ministerio de Economía ya dejaron trascender que no están de acuerdo con lo dispuesto en el dictamen de mayoría que negoció el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la venia de Karina Milei.

Y en cuanto al proyecto sobre el endeudamiento de las familias, lo que ofrece el oficialismo en su dictamen de mayoría es una redacción cosmética que se reduce a la educación financiera, sin brindar ninguna solución concreta a las seis millones de personas en mora con el sistema financiero.

El otro motivo que tienen los dialoguistas para desconfiar es que hasta ahora el oficialismo no hizo oficial ninguna convocatoria al recinto, más allá de la promesa vaga de una sesión el 21 de octubre.

Por el momento, la única convocatoria efectiva para tratar Discapacidad y Endeudamiento, y para cumplir con los compromisos asumidos con esos colectivos, es la que hizo la oposición para el 15 de octubre.

Más allá de las especulaciones, hoy la cancha está inclinada para el lado del oficialismo, y en la oposición lo reconocen.

En el peor de los casos, razonan, en la sesión del 15 de octubre se aplicará el famoso “principio de revelación” que puso de moda Milei: que quede claro quienes están de un lado de la raya y quienes se ponen del otro.

“La divisoria es entre quienes apoyamos a los discapacitados, a los endeudados y a la soberanía territorial del país, y quienes están por la lógica de la crueldad de Estado y la extranjerización de las tierras”, sostuvo un diputado nacional de Unión por la Patria en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. (NA). 

Con la participación de más de 500 estudiantes de provincias de todo el país, se llevó a cabo en Tandil una nueva edición del II Congreso Nacional y VI Congreso Regional de Relaciones Internacionales.

Se trata de una iniciativa organizada por alumnos de la carrera de Relaciones Internacionales de la Unicen (nucleados en la agrupación Mirada Internacional), con el aporte de graduados, docentes, no docentes y autoridades.

Es además una propuesta académica pero con un perfil marcado por el debate político: la edición 2026 llevó el título de “La crisis del orden liberal: rearme global en tiempos de erosión democrática”, y en el marco de las jornadas expusieron desde el exdiplomático Jorge Arguello hasta el especialista Ricardo Aronskind y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

“Para nosotros es una alegría muy grande, un orgullo muy grande como estudiantes estar garantizando estos espacios para otros estudiantes donde no solamente apostamos a su formación académica y a complementar a su formación curricular, sino que también apostamos a que todos los pibes nos formemos políticamente. Porque el día de mañana vamos a ser actores políticos y la patria hoy nos demanda que estemos a la altura”, expresó Camila Escamilla, estudiante avanzada de Relaciones Internacionales y parte de la organización del Congreso.

El encuentro se realizó durante el jueves 1 y el viernes 2 de octubre, en el Centro Cultural Universitario. Se dio en el marco del 30mo aniversario de la carrera de Relaciones Internacionales, por lo que hubo un encuentro interclaustro al respecto. Pero también se realizaron mesas de ponencias y paneles como el de “Un mundo en transición: poder, conflicto e incertidumbre. ¿Hay un orden detrás del caos?”, donde expuso el exembajador argentino Jorge Argüello, mesas sobre política internacional y religión, y otra sobre política exterior de Estados Unidos y el vínculo con Argentina y América Latina.

También se abordaron temas como la soberanía y el interés nacional, economía y política internacional, periodismo y comunicación y otros.

“Tuvimos un primer día súper convocante, con autoridades de la Facultad, de la Universidad y representantes estudiantiles. Viene saliendo todo muy bien, tenemos más de 500 inscriptos y superamos el número del año pasado, a sala llena”, contó Escamilla.

La estudiante destacó que tuvieron participación de estudiantes de Córdoba, Río Negro, Tierra del Fuego, Buenos Aires, de Jujuy y de diferentes provincias. El evento fue declarado de interés cultural, social y educativo por el Concejo Deliberante, por lo que desde la organización agradecieron al concejal Rogelio Iparraguirre la presentación del proyecto al respecto.

“Los estudiantes seguimos apostando, en este contexto tan adverso no solo económico sino también para la universidad, que este congreso se siga desarrollando. Presentamos una lógica muy clara, que es que la universidad tiene que dialogar con la política y la política tiene que dialogar con la universidad”, planteó la estudiante.

Desde sus inicios, el Congreso de Relaciones Internacionales se viene consolidando como un espacio académico pero también de debate e intercambio político.

Al respecto, la organizadora fue consultada por la participación de jóvenes en el espacio “El Congreso es la fiel representación de que los pibes sí estamos interesados por la política, sí nos movilizamos. Sin que el cuerpo estudiantil apueste a la organización y apueste a la movilización de más estudiantes para la consolidación de estos espacios, esto no sucedería y somos los pibes los que movemos todo”, señaló Escamilla.

La organizadora también se refirió a la participación del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, en el panel de cierre.

“El cierre con Guillermo Moreno tiene que ver con la representación del diálogo entre la universidad y la política. También por los propios aportes académicos que ha hecho Guillermo Moreno a las relaciones internacionales desde el peronismo, desde la tercera posición. Es algo que hace mucho tiempo nosotros no vemos en el peronismo, que es un posicionamiento o una teoría de política internacional frente a las posibilidades de analizar coyunturalmente lo que puede suceder en la disputa hegemónica principal o subyacente a todo, entre Estados Unidos y China”, concluyó.

Tandil será sede el próximo 1 y 2 de octubre del II Congreso Nacional y VI Congreso Regional de Relaciones Internacionales, un encuentro que reunirá a estudiantes, graduados, docentes, investigadores y referentes académicos para debatir sobre los principales desafíos del escenario internacional.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 662, y tendrán como eje central “La crisis del orden liberal: rearme global en tiempos de erosión democrática”.

La propuesta es organizada por la agrupación estudiantil Mirada Internacional y contará durante las dos jornadas con paneles, conversatorios, mesas de ponencias y diferentes espacios de intercambio.

La edición de este año tendrá además un significado especial para la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, debido a que se realizará en el marco de los 30 años de la carrera de Relaciones Internacionales. Como parte de la programación habrá un encuentro interclaustro para analizar el desarrollo de la disciplina y los desafíos actuales de la formación universitaria.

El cronograma comenzará el jueves 1 de octubre a las 8.30 con las acreditaciones, mientras que a las 9.30 tendrá lugar la apertura institucional en la Sala Incaa. Participarán el rector de la Unicen, Marcelo Aba; la vicerrectora Alicia Spinello; la decana de la Facultad de Ciencias Humanas, Josefina Di Nucci; el director de la carrera de Relaciones Internacionales, Javier Luchetti; y la consejera estudiantil Catalina Alvarez.

Posteriormente se realizará el primer panel central, denominado “Un mundo en transición: poder, conflicto e incertidumbre. ¿Hay un orden detrás del caos?”, que estará a cargo de Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta y exembajador argentino en Estados Unidos y Portugal, además de exrepresentante ante las Naciones Unidas.

Durante la primera jornada también habrá una mesa dedicada a “Política Internacional y religión: la Santa Sede como actor internacional entre Francisco y León XIV” y un panel sobre “Argentina y América Latina en la Política Exterior de los Estados Unidos de Trump”, con Alejandro Frenkel y Cecilia Miguez, investigadores del Conicet.

Uno de los momentos especiales del jueves será el encuentro interclaustro por los 30 años de Relaciones Internacionales desde el Centro de la Provincia de Buenos Aires, pensado para poner en discusión el rol actual de la disciplina y los desafíos que atraviesa la formación de los futuros profesionales.

El cierre de la primera jornada estará dedicado a la soberanía marítima, el Atlántico Sur y la cuestión Malvinas, con un panel que contará con las exposiciones de Horacio Tettamanti y Pablo Tettamanti.

El viernes 2 de octubre, las actividades se retomarán a las 8.30. Durante la mañana habrá un panel sobre “Economía Política Internacional: Crisis y transformaciones”, con Valentina Castro y Ricardo Aronskind, además de una mesa especial dedicada al periodismo internacional y la comunicación frente al actual escenario global.

La programación incluirá también el conversatorio “De la Teoría al Territorio: la investigación de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales”, con Damián Paikin, Mariana Calvento, Fernanda Di Meglio y Delfina Campanella, bajo la moderación de Julieta Nicolao.

Por la tarde se realizará el panel “Ciencia, Tecnología y Poder en tiempo de crisis”, con Diego Hurtado y Nevia Vera, y posteriormente habrá un conversatorio destinado a analizar las nuevas disputas en torno a la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de las relaciones internacionales.

También tendrá lugar una nueva clase de la Cátedra Libre de Pensamiento Nacional y Soberanía de la Facultad de Ciencias Humanas, denominada “Aportes del Pensamiento Nacional a las Relaciones Internacionales”, a cargo de Ernesto Dufour.

Finalmente, el cierre del Congreso está previsto para las 18.45 del viernes, con el panel “Primero la patria: Argentina ante el fracaso de la globalización”, que tendrá como expositor al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

A lo largo de ambas jornadas se desarrollarán además mesas de ponencias alrededor de seis grandes ejes: Estados Unidos y las repercusiones del reajuste occidental; militarización del sistema internacional; soberanía, interés nacional y política exterior; internacionalización de actores subnacionales; economía política internacional; y ciencia, tecnología y poder.

La participación requiere inscripción previa, que puede realizarse mediante el formulario dispuesto por la organización.

El presidente Javier Milei convocó a todo el arco político que integra el Congreso de la Nación para acelerar la aprobación del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa fue enviada al Poder Legislativo con el objetivo de proteger los derechos soberanos de la República Argentina, según informó la Oficina del Presidente a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la información brindada, el Gobierno presentó el proyecto como parte del proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Casa Rosada detalló que la propuesta se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan recursos naturales de forma ilegítima, generar incentivos para que cesen esas conductas y brindar herramientas al Estado frente a amenazas externas.

El texto propone derogar el régimen establecido por la Ley N° 26.659, sancionada en 2011, para reemplazarlo por un esquema más severo. En ese sentido, contempla agravar las sanciones penales contra quienes realicen negocios de manera ilegítima en el territorio reclamado por la Argentina, alcanzando también a sus accionistas y proveedores.

Asimismo, la iniciativa establece la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que será regido por un Consejo de Seguridad Nacional. Este organismo tendrá como objetivo articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, además de la protección de las infraestructuras críticas.

En el comunicado, el Ejecutivo argumentó que las medidas implementadas hasta el momento fueron insuficientes e ineficaces. Ante este escenario, el mandatario realizó un pedido explícito a los legisladores:

“No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas”.

Finalmente, Javier Milei invitó a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y pidió darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de la iniciativa en el Congreso.

El Gobierno de Javier Milei volvió a incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 una modificación que apunta a eliminar el mecanismo de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares que paga la Anses.

La iniciativa quedó plasmada en el artículo 17 del proyecto enviado al Congreso, que propone derogar los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160. El primero de ellos establece actualmente la movilidad de las asignaciones familiares y dispone que el ajuste alcance tanto a los montos de las prestaciones como a los límites y rangos de ingresos del grupo familiar utilizados para determinar quiénes pueden acceder al beneficio.

Actualmente, los montos se actualizan mensualmente siguiendo el mecanismo de movilidad vigente, vinculado a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La normativa establece además que la aplicación del índice no puede provocar una disminución en el valor de las asignaciones.

La eliminación de ese esquema no implicaría necesariamente el congelamiento de las prestaciones, pero sí quitaría la actualización automática establecida por ley. De aprobarse el artículo tal como fue enviado, el Poder Ejecutivo tendría mayor margen para determinar los incrementos, ya que el proyecto no incorpora una fórmula automática que reemplace a la vigente.

No es la primera vez que la administración de Milei intenta avanzar en esa dirección. Una modificación similar había sido incluida en la discusión presupuestaria anterior, aunque finalmente no prosperó en el Congreso.

La medida alcanza un universo amplio de prestaciones. Además de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), el régimen comprende las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras.

Para 2027, las planillas presupuestarias contemplan $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares, frente a los $11,68 billones estimados para 2026. Esto representa un incremento nominal del 22,9 por ciento, aunque el monto global no permite determinar de antemano cuánto aumentaría cada prestación durante el próximo año.

En septiembre, la AUH tiene un valor bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años. De ese monto, la Anses paga mensualmente el 80 por ciento, equivalente a $123.224,80, mientras que el 20 por ciento restante queda retenido hasta el cumplimiento de los requisitos correspondientes.

La discusión quedará ahora en manos del Congreso, que deberá tratar el Presupuesto 2027 y definir, entre otros puntos, si mantiene o elimina el mecanismo legal que garantiza la movilidad automática de las asignaciones.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires. El tribunal consideró que un juez no puede dejar sin efecto de manera general una norma sancionada por el Congreso mediante una decisión provisoria.

La resolución dio marcha atrás con la orden de la jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2, Marta Pascual, quien había dictado la medida en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo promovida por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

Los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi sostuvieron que las leyes aprobadas por los mecanismos constitucionales tienen presunción de legitimidad y solo pueden ser neutralizadas mediante una declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad en un caso concreto. Asimismo, ordenaron que la jueza Pascual revise con urgencia su competencia para continuar interviniendo en la causa.

Según los integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, el control judicial no habilita a suspender preventivamente una ley nacional para todas las personas comprendidas en su alcance. Afirmaron que la política criminal integra la esfera de reserva del Poder Legislativo y que los tribunales no pueden examinar la conveniencia de las normas aprobadas por el Congreso.

La Cámara citó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, señalando que ningún juez argentino posee facultades para suspender una ley con efectos generales, ni siquiera como medida cautelar.

La resolución surgió ante la apelación presentada por el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó que la suspensión se apoyara en hipótesis sobre consecuencias futuras sin acreditar una afectación concreta. No obstante, el tribunal aclaró que su decisión no minimiza la situación de los jóvenes detenidos. Si una situación concreta agravara sus condiciones de encierro, el juez a cuya disposición se encuentre el adolescente deberá ordenar medidas urgentes dentro del marco legal vigente.

El debate del Presupuesto se desarrollará mientras la campaña electoral ya comenzó a desplegarse tanto a nivel nacional como en las provincias, una situación que podría complicar las negociaciones del oficialismo con los gobernadores y los bloques dialoguistas, que comenzarán a priorizar sus propios intereses electorales.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el Gobierno deberá girar este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de gastos y recursos para 2027, tal como establece la Ley de Administración Financiera.

La iniciativa tendrá como ejes centrales el mantenimiento del equilibrio fiscal, la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la continuidad del proceso de reducción de la inflación.

El presidente Javier Milei adelantará precisiones sobre el proyecto el próximo lunes a diputados y senadores en un encuentro que se realizará en la Casa Rosada.

En esa reunión también se brindarán detalles de la iniciativa destinada a endurecer las penas contra las empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización del Gobierno argentino.

Tras el envío del tercer presupuesto de su gestión -el oficialismo recién logró aprobar uno el año pasado, durante las sesiones extraordinarias- el Gobierno deberá iniciar una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores y los bloques aliados para conseguir la sanción de la denominada “ley de leyes”.

La estrategia política comenzará a definirse en la Mesa Política que se reúne los martes, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Allí se establecerán los lineamientos que seguirá el oficialismo para negociar con los distintos bloques de la Cámara baja.

Las tratativas se desarrollarán en paralelo al debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Bertie Benegas Lynch, mientras que también tendrá un papel central el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Poroteo

El principal desafío para el Gobierno estará en reunir los 129 votos en la Cámara de Diputados para tener quórum, y aprobar el proyecto y, especialmente, para sostener los artículos centrales durante la votación en particular.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo cuenta con el respaldo de distintos bloques aliados con los que, además, busca construir una alianza electoral, entre ellos el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo.

Sin embargo, esos respaldos no alcanzarían por sí solos para garantizar la aprobación del Presupuesto, por lo que el oficialismo necesitará sumar al menos una decena de votos adicionales en determinados tramos de la votación.

El problema para la Casa Rosada es que varios de los actuales aliados parlamentarios an comenzado a tomar distancia a medida que se acerquen las elecciones y los gobernadores empiecen a concentrarse en sus propias campañas.

Ese es el caso de los espacios de Argentina Federal, vinculados a los mandatarios de Misiones, Hugo Passalacqua; Salta, Gustavo Sáenz; y el espacio Independencia, que tiene como principal referencia al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos sectores ya comenzaron a marcar diferencias con el oficialismo en debates sensibles, como los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad.

Esa tensión podría profundizarse cuando llegue el momento de discutir la distribución de recursos prevista en el Presupuesto 2027 y su impacto sobre las cuentas provinciales.

El escenario será todavía más complejo porque el Gobierno no parece dispuesto a flexibilizar los principales lineamientos que sostienen su programa económico, especialmente el equilibrio fiscal.

Detalles

El Gobierno Nacional realizó en julio un adelanto del Presupuesto 2027 ante la Cámara de Diputados, en el que anticipó un escenario de reducción de la inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica durante el año electoral.

En un documento de 17 páginas, el ministro de Economía, Luis Caputo, cumplió con la obligación de presentar un adelanto de las principales variables del proyecto, que deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, según establece la Ley de Administración Financiera.

El documento sostiene que las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029 contemplan “la continuidad del proceso de normalización y crecimiento de la economía argentina”, en un contexto caracterizado por la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la inflación y la recuperación de los principales agregados de la demanda.

El Ejecutivo prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, que contribuiría a fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, además de mejorar las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Respecto del crecimiento, el Gobierno estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mejora de la inversión, que permitiría generar mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, junto con una recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

En materia laboral, el Ejecutivo proyectó que el mercado de trabajo continuará mostrando una evolución favorable, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de puestos de trabajo acompañando el crecimiento de la actividad económica.

También estimó que la pobreza y la indigencia continuarán descendiendo durante el período proyectado.

En cuanto a los recursos tributarios, el Gobierno calculó que entre 2027 y 2029 habrá “un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio”, principalmente explicado por la evolución de la actividad económica y el crecimiento de las exportaciones.

Sin embargo, el documento también ratifica uno de los principales lineamientos económicos de la gestión: continuar reduciendo la presión sobre el sector privado. (Agencia NA).

La Libertad Avanza (LLA) anunció que pedirá el juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, luego de que la magistrada resolviera suspender por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.

Desde el espacio libertario cuestionaron la resolución al considerar que atenta contra una ley sancionada por el Congreso Nacional y profundiza la situación de impunidad que, según plantearon, atraviesa el territorio bonaerense.

La decisión fue comunicada por Sebastián Pareja, presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, quien adelantó que buscarán avanzar con un jury contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.

“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando”, expresó Pareja.

El diputado nacional profundizó sus críticas contra la resolución judicial y sostuvo: “Siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes. También lo hicieron durante la pandemia. Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo”.

Por su parte, Carlos Curestis, presidente del bloque libertario en el Senado bonaerense, también cuestionó la decisión y aseguró que profundiza la impunidad.

“La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, manifestó.

En tanto, Juan Osaba, titular del bloque de diputados provinciales de LLA, calificó el fallo como “inadmisible” y confirmó la intención de impulsar el proceso contra Pascual.

“Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión”, afirmó.

La resolución de Pascual estableció la suspensión durante 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense, medida que ahora abrió un nuevo frente de disputa entre el espacio libertario y sectores de la Justicia provincial.

En un contexto de marcada tensión política, el director general de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), Gabriel Esterelles, presentó su renuncia al cargo. Aunque el funcionario alegó motivos personales, su salida se produce tras el avance de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados sobre la estructura y competencias de este organismo técnico.

La renuncia ocurre en la antesala de una reunión clave de la Comisión Bicameral de Supervisión Parlamentaria, convocada para este lunes a las 11.30 por su presidente, el senador Agustín Monteverde, y el vicepresidente, el diputado Alberto Benegas Lynch. El encuentro tiene como objetivo cerrar la auditoría interna iniciada a mediados de año, modificar el reglamento interno y avanzar en la designación de nuevos coordinadores en áreas administrativas y técnicas.

La OPC, creada en 2016 para asesorar al Congreso en materia económica, ha visto limitada su capacidad operativa. A mediados de año, la Comisión Bicameral estableció que las áreas técnicas ya no podrán elaborar informes extraordinarios sin autorización previa, una medida que restringe la respuesta ante pedidos urgentes de legisladores. Estos cambios surgieron luego de que el organismo publicara informes que contradijeron estimaciones del Poder Ejecutivo sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario.

El reemplazo de Esterelles, quien ocupaba el puesto desde 2023 y contaba con dos años más de mandato, deberá definirse mediante un concurso público. La reorganización se acelera a solo 15 días de que venza el plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, instancia en la que la OPC suele desempeñar un rol fundamental mediante sus estimaciones de costo fiscal.

La mesa política del Gobierno se volverá a reunir este martes a las 13 con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar los ejes de gestión. Este encuentro se produce tras la primera charla con el PRO y luego del fracaso de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

La intención del oficialismo es incorporar a un integrante del Gabinete en cada reunión para explicar el trabajo de su área. Si bien estaba prevista la presencia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un problema de agenda postergó su participación para el 25 de agosto.

De la mesa participan referentes de la administración de Javier Milei, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández. Todo el proceso cuenta con la supervisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El órgano libertario busca trazar los pasos a seguir en el Congreso. Según uno de sus integrantes, el 26 de agosto podría obtener sanción el proyecto de inocencia fiscal II en la Cámara baja, junto con la aprobación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Asimismo, se prevé una revisión exhaustiva del poroteo de votos.

En el Senado, el Gobierno apunta a avanzar con el Súper RIGI y la ley General de Sociedad, una iniciativa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca modernizar la normativa mediante el uso de inteligencia artificial.

Respecto a la gestión interna, desde Casa Rosada desmintieron críticas contra Sturzenegger tras el traspié de la ley de Tierras. No obstante, reconocieron que en la última reunión hubo autocrítica sobre el recorrido del texto, admitiendo errores de comunicación y falta de timing político al momento de lanzar el debate.

La ciudad de Tandil será sede, entre el 19 y el 21 de agosto, del Congreso de la Región Oeste Arenoso de CREA, denominado “Inteligencia Artificial para la empresa real”. Se trata de un evento que reunirá a integrantes de la comunidad local para abordar algunos de los principales desafíos que atraviesan actualmente a las empresas, con eje en la Inteligencia Artificial, la economía, la competitividad, la inversión y el liderazgo.

Durante tres jornadas, los participantes compartirán experiencias y analizarán distintas herramientas y perspectivas vinculadas con la gestión empresarial, en un contexto marcado por los cambios tecnológicos y económicos. El encuentro también buscará generar espacios de intercambio entre pares y reflexión sobre las decisiones que enfrentan las empresas.

La agenda del congreso es ambiciosa y abarca temáticas de gran relevancia para el sector productivo. El miércoles 19 de agosto, la jornada inaugural se centrará en el análisis macroeconómico bajo el título “Población en baja, agro en alerta. Nuevos horizontes macroeconómicos en un mundo en transición”.

El jueves 20 de agosto, el foco se trasladará hacia la tecnología y su impacto operativo. Los paneles incluirán los temas “La IA dice resolver todo. ¿Sabemos qué hacer con ella?” e “Inteligencia Artificial aplicada a la empresa real. Los que ya se animaron”. Además, se llevará a cabo un taller en vivo titulado “¿Nos animamos?” y una reflexión sobre la educación en el nuevo paradigma: “Desaprender para aprender. ¿Qué pasa con el aprendizaje en la era de la IA”. En ese marco, el especialista en recursos humanos y liderazgo Alejandro Melamed estará presente y compartirá sus conocimientos en el área.

Para el cierre del evento, el viernes 21 de agosto, el programa abordará la competitividad y el factor humano. Las charlas previstas son “Cambio de reglas, nuevas oportunidades. ¿Siguen las ventajas competitivas?”, “Empresarios invirtiendo en el país. ¿Qué están viendo?” y “Liderazgo más humano en la era de la IA. Lo viejo funciona Juan”.

Además de la agenda temática, el congreso contempla además instancias destinadas al intercambio de experiencias y al análisis de problemáticas comunes entre los participantes. La propuesta apunta a vincular los contenidos abordados con los desafíos concretos que enfrentan las empresas en materia de competitividad, inversión y gestión.

Las actividades se desarrollarán durante los días 19, 20 y 21 de agosto, en el marco de la agenda de la comunidad CREA Región Oeste Arenoso. Quienes deseen asistir, deberán inscribirse previamente comunicándose a través de las redes sociales de la organización.

El presidente Javier Milei volverá al Congreso para presentar personalmente el proyecto del Presupuesto 2027, retomando una modalidad que ya había utilizado en 2024. Según confirmaron fuentes parlamentarias del oficialismo, el mandatario se hará presente en el Palacio Legislativo para encabezar la ceremonia.

La decisión representa un cambio respecto de 2025, cuando Milei optó por realizar la presentación desde la Casa Rosada, mediante un mensaje grabado que fue transmitido por cadena nacional.

La exposición llegará en un momento de particular sensibilidad para el Gobierno, que busca asegurar respaldo parlamentario para su agenda económica y, al mismo tiempo, avanzar en acuerdos con gobernadores y distintos sectores de la oposición de cara al próximo año electoral.

En la Casa Rosada consideran al Presupuesto como una herramienta central para el segundo semestre y aspiran a lograr su aprobación. Para el oficialismo, llegar a un año electoral sin la denominada “ley de leyes” representaría una señal negativa para los mercados.

La discusión también estará atravesada por las negociaciones con los mandatarios provinciales, cuyos votos adquirieron mayor peso luego de los últimos tropiezos parlamentarios del Gobierno.

En paralelo, el oficialismo mantiene conversaciones con gobernadores y partidos aliados para definir qué esquema electoral regirá durante 2027. Uno de los principales puntos de discusión es la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa que deberá comenzar su recorrido en el Senado y para la cual el Gobierno necesita reunir apoyos del PRO, sectores de la UCR y distintos mandatarios provinciales.

Durante los últimos días, Diego Santilli retomó reuniones con gobernadores y participó de contactos con dirigentes del PRO. Desde el oficialismo libertario consideran que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con el partido amarillo, aunque reconocen que deberán negociar cada respaldo para alcanzar las mayorías necesarias.

En ese escenario, el Gobierno analiza el reparto de recursos y los acuerdos con las provincias como herramientas para conseguir acompañamiento legislativo. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) también aparecen dentro de las negociaciones.

Milei ya había protagonizado una presentación similar el 15 de septiembre de 2024, cuando expuso el proyecto de Presupuesto desde un atril ubicado en el centro de la Cámara de Diputados.

Aquella decisión implicó desplazar al ministro de Economía de una función que tradicionalmente ocupa el titular de esa cartera. La formación económica del Presidente y su pasado como diputado nacional entre 2021 y 2023 fueron algunos de los elementos que acompañaron aquella determinación.

Sin embargo, el proyecto quedó detenido en comisión debido a las diferencias entre el Gobierno y los gobernadores por el reparto de fondos y finalmente nunca llegó a ser votado.

Un año después, Milei modificó la estrategia y decidió no concurrir al Congreso. En su lugar, presentó el proyecto mediante un mensaje grabado desde la Casa Rosada.

El Presupuesto 2026, en cambio, logró ser aprobado por ambas cámaras durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Se trató de la primera ley presupuestaria sancionada durante la administración libertaria.

Ahora, el Gobierno buscará repetir ese resultado con el Presupuesto 2027, aunque esta vez con el Presidente nuevamente en el Congreso para encabezar la presentación y con una negociación política que estará atravesada por las elecciones del próximo año.

La Ley del Libro, que buscaba desregular la actividad librera en el país, no será tratada en el Congreso. La decisión fue confirmada por el presidente Javier Milei ante una consulta realizada por Infobae, despejando así las dudas sobre el futuro de la normativa que había generado un fuerte rechazo en el sector.

Previamente, la senadora Patricia Bullrich había anticipado que la intención del bloque oficialista es avanzar hacia medidas consideradas más estructurales. En ese sentido, la legisladora sostuvo: “Farmacias y librerías no lo son”.

El anteproyecto, impulsado desde el Ministerio de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger, proponía eliminar la Ley de Defensa de la Actividad Librera. Esta norma establece que el editor es quien fija el precio de venta al público, un sistema conocido como Ley de Precio Fijo. El objetivo del Gobierno era fomentar la competencia de precios para reducir el valor final para los consumidores.

Sin embargo, la propuesta encontró una resistencia masiva en el sector. Libreros, editores y autores argumentaron que el precio único evita que los grandes jugadores realicen prácticas de dumping, protegiendo así a las librerías más pequeñas y garantizando la diversidad bibliográfica. Al respecto, el Ministerio de Desregulación había señalado que la experiencia internacional respalda el enfoque de competencia y que la reforma no buscaba eliminar derechos, sino quitar una prohibición comercial.

En un intercambio con Infobae, el presidente Javier Milei aseguró que existe una perfecta consonancia en el proceso decisorio dentro del equipo de gobierno.

"La agenda legislativa se decide en la mesa política. La mesa política determina cuál es la mejor estrategia de implantación", afirmó el mandatario.

Por su parte, integrantes de la Cámara Argentina de Librerías Independientes se presentaron recientemente en la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados para exponer su postura. Juan Pablo Armenio, miembro de dicha cámara, advirtió sobre las consecuencias de experiencias similares en el exterior, citando el caso de Inglaterra, donde la desregulación derivó en el cierre de 500 librerías.

A pesar de la confirmación presidencial, desde las oficinas de Federico Sturzenegger indicaron que, técnicamente, la norma no se encuentra en ningún proyecto que se pueda debatir actualmente en el Congreso.

Los daños registrados tras los incidentes ocurridos frente al Congreso, que incluyeron la quema de contenedores, veredas rotas y la destrucción del césped en la Plaza de los Dos Congresos, le costarán a la Ciudad de Buenos Aires unos 468 millones de pesos. Un informe del gobierno porteño señaló que, tras los hechos de violencia y vandalismo, se requiere una inversión millonaria para restaurar la zona.

“La Ciudad ya está limpia tras los hechos de violencia y vandalismo de anoche en la zona del Congreso. Quemaron contenedores, rompieron veredas y destruyeron el césped de la Plaza, entre otros daños. El estimado total de los trabajos necesarios asciende a unos 468 millones de pesos”.

Además de los daños en el espacio público, las autoridades indicaron que se produjeron roturas de vidrios en dos patrulleros y una camioneta policial durante los enfrentamientos. Los incidentes se registraron frente al Congreso de la Nación, donde organizaciones sociales, gremiales y políticas se habían concentrado en contra de la Ley de Propiedad Privada, derivando en choques entre manifestantes y efectivos policiales.

El oficialismo buscará aprobar el próximo jueves en el Senado la demorada Ley de Propiedad Privada y avanzar con el debate del Súper RIGI, dos proyectos considerados clave por la Casa Rosada para atraer inversiones.

La Libertad Avanza busca reactivar la agenda en agosto con amplio temario, que incluye también los proyectos Sociedades, Zonas Frías, Salud Mental, mientras aguarda que diputados apruebe la reforma del Banco Central y la reforma de la ley de Inocencia Fiscal.

Por lo pronto, en la primera semana de este mes, el oficialismo buscará aprobar en la sesión convocada para el jueves al mediodía el proyecto de Propiedad Privada, y avanzar en comisión con el debate sobre el Súper RIGI que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados.

La mesa política del Gobierno, que no se reunió la semana pasada, quiere aprobar en el Senado parte del paquete económico, la reforma electoral y la designación de jueces.

Por quinta vez, la bancada de LLA, que preside Patricia Bullrich, apuesta a sancionar la iniciativa denominada “inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales, donde se otorgará un fuerte poder a las provincias para que puedan avalar o rechazar esas compras.

También quiere despejar el camino porque en septiembre el Gobierno quiere destrabar el debate sobre la reforma electoral, que hoy está frenada ya que los bloques dialoguistas se niegan a eliminar la PASO y solo aceptarían tratar una eventual suspensión para las presidenciales del 2027.

El Gobierno llegará al recinto tras cerrar filas en el gobierno entre Bullrich y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien no estaba de acuerdo con los cambios introducidos en la versión número 15.

Si bien está confiado en que tendrá los votos para aprobar el proyecto, el miércoles próximo tendrá una reunión a la tarde con los aliados para tener garantías que no habrá ningún inconveniente.

También tiene la tranquilidad que no presidirá la sesión la vicepresidenta Victoria Villarruel, que estará a cargo del Poder Ejecutivo, con lo cual tampoco tendría que desempatar ya que lo hará el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

La propuesta oficial mantiene que se prohíbe que puedan comprar tierra los Estados Extranjeros y empresas con participación estatal extranjera, cualquiera sea la forma jurídica que adopten, salvo autorización de la provincia donde se encuentre ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.

Se mantuvo que la adquisición de inmuebles rurales en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional, en los términos de dicha normativa.

Se elimina el artículo del silencio administrativo por el cual, si no había un pronunciamiento de la provincia o la Nación en un plazo de seis meses, la venta queda consagrada automáticamente.

El  proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias (Súper RIGI), una de las principales apuestas económicas del Gobierno para atraer inversiones millonarias en sectores de frontera tecnológica, se debatirá el miércoles a las 15.30 en el plenario de las .comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, a fin de avanzar con el dictamen de este proyecto.

En el oficialismo confían en contar con los votos necesarios para firmar el dictamen, gracias al respaldo de los bloques aliados que acompañaron el proyecto en la Cámara de Diputados, aunque la negociación continuará hasta el momento de la sesión. La intención de La Libertad Avanza es llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes y convertirla en ley.

El Súper RIGI es un instrumento concebido por el Ministerio de Economía con el objetivo de captar mega inversiones en industrias de frontera tecnológica a partir de exenciones impositivas y beneficios aduaneros y cambiarios, y alcanzará a proyectos vinculados a actividades que aún no existen en Argentina o que están en etapa de experimentación.

El oficialismo buscará dinamizar sectores como la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, biotecnología, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores e inteligencia artificial.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original (NA).

La Libertad Avanza (LLA) sigue sin reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral que impulsa el Gobierno y crecen las dudas sobre la posibilidad de que el Senado sancione el proyecto en septiembre, como pretende la Casa Rosada.

El principal obstáculo continúa siendo la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que encuentra resistencia tanto en la UCR como en el PRO y en buena parte de los bloques provinciales, cuyos votos resultan decisivos para alcanzar las mayorías especiales que exige la reforma.

La meta del Gobierno es que no haya elecciones primarias en agosto de 2027.

En la Casa Rosada sostienen que las PASO generan un desgaste político y económico innecesario y recuerdan el impacto que tuvieron en 2019, cuando Mauricio Macri quedó prácticamente fuera de carrera tras la amplia derrota frente a Alberto Fernández.

Sin embargo, ante la dificultad para reunir los 37 votos en el Senado y los 129 en Diputados, el oficialismo comenzó a admitir una alternativa: si no consigue eliminar definitivamente las PASO, buscará repetir la fórmula aplicada en 2025 y suspenderlas únicamente para las elecciones de 2027, según confiaron fuentes legislativas a la Agencia Noticias Argentinas.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con gobernadores dialoguistas en busca de respaldo político, aunque hasta el momento no lograron compromisos firmes.

Los mandatarios reclaman recursos para sus provincias y condicionan cualquier acuerdo a una negociación más amplia con la Casa Rosada.

En el Senado esas tratativas las lleva adelante la jefa del senado, Patricia Bullrich, en especial con los bloques que no tienen terminal en ninguna gobernación. En el Senado la llave de la votación sigue estando en manos de la UCR y el PRO.

Los radicales cuentan con diez bancas, pero el bloque está fragmentado y varios de sus integrantes no responden a los gobernadores de sus provincias, lo que obliga al oficialismo a negociar caso por caso.

Hasta ahora, la mayoría de los senadores radicales se inclina por mantener las PASO. Otros aceptarían suspenderlas para los comicios de 2027, pero rechazan su eliminación definitiva.

Entre los gobernadores que se muestran más abiertos a discutir la propuesta oficial aparecen Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), aunque ninguno selló hasta ahora un acuerdo con la Casa Rosada que garantice los votos de sus legisladores.

En el PRO la situación es similar ya que mantiene una postura favorable a conservar las PASO, aunque algunos dirigentes admiten que podrían acompañar una suspensión si forma parte de un acuerdo político más amplio de cara a las elecciones de 2027.

Esa negociación también está atada a las conversaciones entre el macrismo y La Libertad Avanza para definir alianzas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Los bloques provinciales tampoco muestran una posición unificada.

Algunos gobernadores, como Raúl Jalil (Catamarca) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), se pronunciaron a favor de eliminar las PASO, mientras que otros aún no definieron su postura o mantienen abiertas las negociaciones con el Gobierno. En varios casos, además, los mandatarios tienen escasa influencia sobre los senadores de sus distritos, lo que agrega un nuevo factor de incertidumbre al escenario parlamentario.

Con ese panorama, el oficialismo afronta un complejo desafío político: conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con una de las reformas electorales que Javier Milei considera prioritarias antes del inicio del calendario electoral de 2027. (NA).

Por Silvia Rajcher

Si bien las vacaciones corresponden a los empleados legislativas que se les otorga quince días en julio y un mes de enero, los diputados y senadores también se suman a este receso de invierno y se toman 15 días de vacaciones.

De esta manera, la tarea legislativa en la Cámara de Diputados y Senadores se reanudará el 3 de agosto con una abultada agenda, que contempla la reforma electoral, propiedad privada, zonas frías, y los proyectos que enviará el Gobierno sobre cambios en las leyes de Inocencia y reforma del Banco Central.

Pero para poder avanzar en la sanción de sus proyectos, la Mesa Política que diseña la estrategia del oficialismo, bajo la conducción de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, deberá buscar en estos quince días los acuerdos con los dialoguistas para destrabar sanción de los proyectos claves para el oficialismo.

LLA pudo sancionar en las sesiones extraordinarias las leyes de reforma laboral, régimen penal juvenil, e Inocencia Fisca y de Presupuesto, pero desde marzo tuvo serias dificultades para lograr la sanción de los proyectos que impulsó por desacuerdos con los bloques dialoguistas.

De hecho, en estos cuatro meses consiguió aprobar ley de Glaciares, el pago a fondos buitres, y avanzar con los proyectos de Súper RIGI y zonas frías, que ya tienen sanción en la Cámara de Diputados, pero en el caso de este último proyectos sobre cambios en los subsidios del gas no tiene el respaldo de los dialoguistas.

El Senado tiene frenada la reforma electoral que tiene como objetivo eliminar las PASO y si alcanza un acuerdo incorporar un sistema de colectoras, que se envió en el pasado mes de abril y solo tuvo una reunión de comisión, por falta de acuerdos con los bloques dialoguistas.

Para destrabar su sanción el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca acuerdos con los gobernadores y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con los senadores dialoguistas, pero hasta ahora no pudieron conseguir los 37 votos para poder eliminar las elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de octubre del 2027.

En este contexto son claves las negociaciones que buscarán realizar en las próximas semanas para poder juntar los 16 votos que le faltan para poder sancionar este proyecto ya que la LLA tiene 21 legisladores.

El Senado tiene pendiente de trabajo los proyectos de Súper RIGI, de Zonas Frías, que está frenado por la resistencia de los dialoguistas y en especial la UCR, ley General de Sociedades y de Propiedad Privada.

En este último caso, el oficialismo debió postergar por cuarta vez su tratamiento debido a la falta de acuerdo sobre extranjerización de las tierras, y luego del dictamen de mayoría se incluyeron diversas modificaciones que no convencen ni a los aliados ni al Gobierno.

La agenda impulsada por el Gobierno incluye cambios en la ley de salud mental, que terminó el debate en comisión, pero aún no hay dictamen, y los proyectos para combatir la ludopatía, de reforma de la ley de discapacidad, y de derogación de la ley de Etiquetado Frontal. NA

La Mesa Política del Gobierno buscará destrabar la aprobación de proyectos.