El escenario político en la Casa Rosada atraviesa horas de definiciones respecto a la estrategia legislativa. Este martes, a partir de las 14, los integrantes de la mesa política se reunirán en el despacho del Ministerio del Interior para abordar el tratamiento del proyecto de reforma electoral, en medio de una marcada distancia entre la postura de la senadora Patricia Bullrich y la conducción del Poder Ejecutivo.

La controversia surgió luego de que Patricia Bullrich comunicara a sus pares en la Cámara Alta su intención de desglosar la iniciativa oficialista para tratar el proyecto de Ficha Limpia por separado. Esta maniobra fue confirmada públicamente por el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, a través de sus redes sociales. Sin embargo, desde el entorno del presidente Javier Milei desestimaron rápidamente la propuesta legislativa.

"Patricia no estuvo en la elaboración. Mandamos un proyecto que incluía todo y no cambiamos de idea. Le gusta un poco el protagonismo", sentenció un integrante de la mesa política.

La tensión entre la legisladora y la cúpula del gobierno nacional, que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se profundizó tras las críticas de la senadora hacia el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La senadora había instado públicamente al funcionario a presentar su declaración jurada antes del vencimiento, un gesto que generó malestar en Balcarce 50 por ir a contramano de lo pregonado por el mandatario.

Respecto a la agenda parlamentaria, fuentes oficiales señalaron que el objetivo primordial de la reunión de este martes es afinar la dinámica de los proyectos enviados, manteniendo la integridad del texto original.

"La vedette es la reforma política, pero entendida como la quiere el Presidente y no como le conviene a cada uno", coincidió un funcionario.

En la misma línea, un articulador entre el Ejecutivo y el Congreso remarcó que "todo lo que no haya sido consensuado en mesa política no representa la decisión del Gobierno en su conjunto". Aunque no descartó cambios futuros si se definiera otra estrategia sobre Ficha Limpia, aclaró que por el momento la decisión de no abrir el paquete de reformas se mantiene firme.

Finalmente, el entorno de la senadora busca evitar que la confrontación escale, mientras se dirimen influencias internas de cara al armado de listas para las elecciones de 2027, una tarea que queda bajo la órbita de Karina Milei.

El Gobierno nacional presentó en Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, que impactará en la tarifa de gas en casi toda la provincia de Buenos Aires. De avanzar, unos 800.000 hogares bonaerenses podrían pagar una tarifa mucho más alta.

Con el objetivo de reducir el universo de beneficiarios y focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables, la administración libertaria buscará aprobar este año una serie de cambios que estaban previsto en el Presupuesto 2026 pero que fueron rechazados. Y se dan, ahora, en un contexto marcado por la presión fiscal, el aumento del precio internacional de la energía y el deterioro financiero del fondo que sostiene las bonificaciones en las tarifas de gas.

El proyecto propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía a algunos municipios bonaerenses como, Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, Saavedra, Dorrego, Pringles, Suárez y parte de Bahía Blanca), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Justamente fue en 2021 cuando el régimen se desbordó a partir de una importante ampliación de los usuarios beneficiados, que pasaron de 800.000 a más de 4 millones por una modificación impulsada por el kirchnerismo. Quedaron bajo este paragua municipios de quince provincias del país. En lo que respecta al territorio bonaerense, son unos 90 los distritos que tienen descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

La operatoria del sistema de Zona Fría requiere en la actualidad subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año, una cifra que ahora el Gobierno apunta a limar. Además, para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esa cifra puede alcanzar hoy el 11,25% y la abonan todos los usuarios del país.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Ayacucho; Azul; Balcarce; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chascomús; Colón; Coronel Rosales; Daireaux; Dolores; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Necochea; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Rauch; Rivadavia; Roque Pérez; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Trenque Lauquen; Tres Arroyos y Tres Lomas.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata, una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, La Plata y alrededores. Y completan la lista La Costa; Pinamar; Villa Gesell; Berisso; Ensenada; Brandsen; Cañuelas; Magdalena y Punta Indio.

En los papeles, de aprobarse el proyecto que chocará con la resistencia de los legisladores de las provincias afectadas, el beneficio quedará pulverizado para 1,3 millones de usuarios bonaerenses.. Aunque el Gobierno deja abierta la posibilidad de subsidiar a los hogares vulnerables incluidos en el nuevo régimen Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) por nivel de ingresos. El corte estaría en hasta tres Canastas Básicas Totales, lo que en definitiva dejaría fuera del actual beneficio al 60% de ese universo actual; es decir a unos 800.000 hogares.

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un nuevo proyecto de ley destinado a profundizar el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). El mandatario adelantó, este siete de mayo, que la iniciativa denominada "Súper RIGI" contará con mayores ventajas que la normativa original y estará orientada a actividades productivas específicas.

A través de su cuenta en la red social X, el jefe de Estado explicó que la propuesta aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina. Según detalló el mandatario, la medida servirá para crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía nacional.

Asimismo, el presidente Javier Milei destacó que la implementación de este régimen multiplicará la cantidad de empleos. El objetivo del Gobierno es consolidar un marco de incentivos que atraiga capitales y potencie el desarrollo de áreas de producción que hasta el momento no tenían presencia en el mercado local.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Gobierno avanzará con una denuncia penal contra el diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje ilegal, tras un fuerte cruce ocurrido en el Congreso.

La decisión se produjo luego de que el legislador de Unión por la Patria expusiera durante una sesión en la Cámara de Diputados detalles sobre la vida privada de la esposa del funcionario, lo que encendió la polémica. Desde el oficialismo sostienen que esa información sería de “procedencia sospechosa” y podría haber sido obtenida de manera indebida.

“Tailhade tenía detalles de movimientos míos y de mi familia”, afirmó Adorni, quien cuestionó la difusión de datos vinculados a la intimidad personal y remarcó que se trata de una situación grave que será llevada a la Justicia.

En ese sentido, el Gobierno considera que el accionar del diputado podría encuadrarse dentro de un caso de espionaje ilegal o violación de la privacidad, por lo que la denuncia buscará determinar el origen de la información difundida.

El episodio se originó durante una sesión informativa en la que Adorni brindó explicaciones ante legisladores. Allí, Tailhade hizo referencia al supuesto uso de custodia oficial por parte de la pareja del funcionario y mencionó rutinas y actividades personales, lo que motivó la reacción inmediata del oficialismo.

Lejos de retroceder, el diputado ratificó sus dichos y desafió al Gobierno a avanzar con la denuncia. “Espero con impaciencia” la presentación judicial, sostuvo, al tiempo que negó haber cometido որևէ delito y defendió que su exposición se basó en información de interés público.

El conflicto escaló también al plano político, con la intervención del presidente Javier Milei, quien respaldó a Adorni y cuestionó la difusión de datos personales, al considerar que podría implicar una violación de garantías constitucionales.

De este modo, el caso abre un nuevo frente de tensión entre el oficialismo y la oposición, y ahora quedará en manos de la Justicia determinar si existió o no obtención y divulgación ilegal de información privada.

Durante la presentación de su informe de gestión en el Congreso Nacional, el jefe de gabinete, Manuel Adorni, se refirió a la situación patrimonial de su familia y brindó detalles sobre la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial. El funcionario rechazó la existencia de cualquier tipo de ilícito y remarcó que la Justicia ya se expidió sobre el tema.

Al ser consultado por la presencia de su mujer en el vuelo que trasladó al presidente Javier Milei hacia Nueva York, el funcionario aclaró que la situación fue debidamente analizada.

“Fue aclarado en la justicia que mi esposa viajó como invitada exclusivamente el vuelo de salida del país y que regresó en un vuelo comercial el 15 de marzo de 2026”, expresó ante la Cámara de Diputados.

En ese sentido, Manuel Adorni subrayó que la documentación vinculada al manifiesto de vuelos y las resoluciones aprobatorias no representan ninguna irregularidad. Según explicó, la causa fue archivada tras comprobarse judicialmente que no hubo gasto de viáticos, alojamiento, comida ni de cualquier tipo por parte del Estado Nacional.

El jefe de gabinete también solicitó diferenciar sus gastos privados de los actos de gobierno.

“Quiero dejar en claro que he afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia y que únicamente se circunscribieron a vacaciones personales”, aseveró. Asimismo, se comprometió a presentar su nueva declaración jurada antes del 31 de julio para detallar su patrimonio integral.

Por último, el funcionario desmintió la existencia de contratos entre el Estado y Bettina Angeletti, así como supuestas vinculaciones entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandío. Según sus palabras, no existió incumplimiento al régimen de incompatibilidades previsto en la Ley de Ética Pública y concluyó que probará en la Justicia que no cometió ningún delito.

El presidente Javier Milei confirmó que el próximo miércoles asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante la presentación de su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en un contexto marcado por cuestionamientos judiciales hacia el funcionario.

En una extensa entrevista concedida al canal de streaming Neura, el mandatario sostuvo que su colaborador “dará las respuestas que correspondan” respecto a las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, vinculadas a viajes y adquisición de propiedades.

En el plano económico, Milei volvió a mostrarse optimista y aseguró que la inflación comenzará a desacelerarse en los próximos meses, tras un período de subas sostenidas. “La inflación va a empezar a ceder. Va a empezar con cero este año, no es que vaya a ser cero”, aclaró, al tiempo que remarcó que el Gobierno enfrentó “un ataque feroz contra la moneda” tras su triunfo electoral.

El Presidente explicó que ese escenario generó una caída en la demanda de dinero y una desaceleración de la actividad económica, aunque afirmó que ya se observan señales de recuperación. “La actividad dejó de caer, hay indicadores positivos”, sostuvo, al mencionar datos como la recaudación y los movimientos bancarios.

Por otra parte, el jefe de Estado también se refirió al encuentro que mantuvo en Casa Rosada con el empresario estadounidense Peter Thiel, a quien definió como “anarco capitalista” y elogió su interés por el rumbo del país. Según relató, durante la reunión no se abordaron posibles inversiones, sino que el foco estuvo puesto en la sostenibilidad del modelo liberal impulsado por su gestión.

“Fue una reunión maravillosa. Reconoce los logros y estaba al tanto de todo”, expresó Milei, quien además indicó que el empresario permanecerá en el país durante dos meses.

Finalmente, el mandatario defendió medidas como el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destacando beneficios como la importación de maquinaria usada y la amortización acelerada, en línea con su estrategia de promoción del crecimiento económico.

En las últimas horas, un grupo de representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó al Congreso nacional una batería de propuestas fiscales, laborales y financieras para enfrentar la crisis que atraviesan las pequeñas y medianas empresas (pymes). El planteo surge en un contexto marcado por la caída del consumo interno y las dificultades para sostener la actividad productiva.

Dirigentes del sector participaron de una reunión con diputados nacionales de todos los bloques que integran el recinto, donde expusieron un documento con un diagnóstico respecto de la situación de las pymes y propusieron medidas orientadas a evitar los cierres definitivos de las plantas y recuperar los empleos perdidos en los últimos dos años.

Según dejaron trascender, el encuentro con los legisladores se produjo mientras numerosos comercios advierten por una fuerte retracción en las ventas, una de las principales preocupaciones que hoy atraviesan al sector. Por eso, desde la CAME remarcaron que, sin una recuperación de la demanda, cualquier mejora normativa resulta insuficiente para revertir la situación que enfrentan miles de empresas en todo el país.

El presidente de la entidad, Ricardo Diab, sintetizó este planteo ante los legisladores al señalar que “se puede trabajar en mejores leyes, pero si no hay consumo no se puede transformar nada”. En esa misma línea, el titular de la institución sostuvo que la falta de movimiento en el mercado interno impacta directamente en la inversión, la innovación y la generación de puestos de trabajo. “No podemos tener innovación, inventiva, ni generar empleo. El desafío es que apuntemos a tener un consumo activo”, agregó durante la reunión, donde también analizó los costos impositivos y las dificultades de acceso al crédito.

Más allá del reclamo por la caída del poder adquisitivo, la entidad empresaria presentó un memorándum técnico con reformas concretas para promover un entorno más eficiente, previsible y equitativo. En el plano impositivo, uno de los puntos centrales refiere al IVA, donde se planteó ampliar la base imponible junto con un esquema de devolución automática y focalizada para sectores de menores ingresos.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, la entidad liderada reclamó un régimen diferencial para pymes, con deducción inmediata de inversiones productivas y una reducción de la alícuota general. Según el sector, estas medidas permitirían liberar recursos para capital de trabajo y modernización tecnológica.

Otro capítulo relevante apunta a las cargas patronales, proponiendo reducir las contribuciones marginales para nuevos empleos. En cuanto al impuesto a los débitos y créditos bancarios, la propuesta consiste en convertir el 100% de ese tributo en crédito fiscal utilizable contra IVA o Ganancias en un plazo de dos años.

Finalmente, en materia laboral, el documento impulsa la creación de una Junta Médica Paritaria y una Base Única de Certificados Laborales. Asimismo, se planteó tipificar penalmente la falsificación de certificados médicos y mejorar la interoperabilidad entre organismos como las ART y el SIPA para reducir la litigiosidad y dar mayor previsibilidad al esquema formal.

Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró ayer de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.

Detrás del nombre con que el proyecto fue bautizado, existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.

Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha, y presentó una iniciativa en 2024, que por no haberse tratado perdió estado parlamentario: en este segundo intento va por la revancha.

Con el dictamen de mayoría ya validado, la intención del oficialismo es tratarla durante una sesión a principios de mayo, luego de la esperada presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el informe de gestión del 29 de abril.

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las normas que se buscan derogar se clasifican en seis grupos.

Se encuentran aquellas que se pretenden suprimir por haberse cumplido su objeto, aquellas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, aquellas que suponen trámites inútiles, otras regulaciones que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores, normas que definen obligaciones para instituciones que ya no existen, y aquellas que crean organismos con financiamiento público.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el objetivo de la iniciativa para barrer “legislación obsoleta” es “el ordenamiento normativo”.

“Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa”, indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales “se contabilizan más de un millón de normas”.

“Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano”, señaló.

También enfatizó que existe un “costo fuerte” para la administración pública porque “hay un problema de aplicación” de leyes que perdieron sentido práctico y que ya no son ejecutables.

Además apuntó que “hay organismos y estructuras que se crearon a partir de esas leyes que ya no cumplen ninguna función”.

A su entender, “este ordenamiento normativo es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige y para la certezas de los órganos de la administración para saber qué normas aplicar”.

Cacace aclaró que el de La Libertad Avanza no es el primer gobierno que se dedica a depurar el digesto jurídico, ya que es una tarea que encaró la gestión de Carlos Menem, que continuó Fernando de la Rúa y que retomaron años después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, planteó además que es “extraño que en este momento del país estemos discutiendo la hojarasca”.

Si bien reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar decenas de normas que quedaron obsoletas, como la ley de azotes, o el pago del impuesto a los sellos por la conscripción, advirtió que hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.

“Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador massista.

“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.

Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizados con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.

También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos”, y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.

Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de Unión por la Patria son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.

Sin dudas, uno de los puntos que más controversia durante el debate fue la intención del Gobierno de derogar la ley 11.380 que autoriza al Banco Nación a otorgar préstamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios a ese tipo de entidades.

Al tomar la palabra, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que “solamente con un termo en la cabeza se puede levantar la mano para aprobar una ley de este tipo”.

“Ante todo es una muestra de autoritarismo total hacer estas modificaciones sin consultas mediante”, siguió, y agregó que “esta ley lejos está de tener una implicancia menor” ya que “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”, entre otros sectores. (NA).

La eliminación de las restricciones para que los extranjeros puedan comprar tierras y los cambios en la ley de barrios populares son los principales puntos de la ley de Propiedad Privada, en la que existen sustanciales diferencias entre los bloques dialoguistas y la Libertad Avanza.

Por ese motivo, el oficialismo se abocará esta semana a la búsqueda de acuerdos con los bloques de la UCR, el PRO y los bloques provinciales, para tener primero las firmas para el dictamen y luego para aprobar esta iniciativa en el recinto de sesiones.

“Por ahora no están los votos; se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios”, reconoció una fuente ligada al oficialismo.

Por ese motivo, hasta ayer no se había convocado al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, que presiden los libertarios Agustín Coto, y Nadia Márquez.

Fuentes parlamentarias de la UCR señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que se está estudiando cada capítulo y analizando los cambios que se van a proponer al proyecto.

Una aliada del Gobierno, la senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, también ya expresó sus críticas a la eliminación de las restricciones para los extranjeros para adquirir tierras que hoy solo pueden comprar hasta 1.000 hectáreas.

“En Chubut tenemos más de 200.000 km2 de superficie con zonas de amplio valor estratégico. Me preocupa que sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos”, señaló.

El proyecto modifica la ley 26.737 votada en el 2011, luego del abrumador triunfo de  Cristina Fernández en las elecciones de octubre de ese año donde consiguió la reelección- que puso de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros.

Tierras

En el proyecto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, y todos sus ministros, elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras, y solo establece que se debe pedir autorización cuando se trate de un país extranjero.

Los bloques dialoguistas están de acuerdo en que no se puede permitir que los extranjeros puedan comprar 1.000 hectáreas, pero señalan que tampoco autorizar la compra en forma indiscriminada.

El Gobierno destaca que “la reforma propone modificar el enfoque y concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos. De este modo, se asegurará un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”.

Barrios populares

Otro capítulo que objetan algunos bloques dialoguistas  es la reforma de la ley 27453 ya que al limitar las expropiaciones será más complicado seguir con la regularización de las tierras donde se encuentran los barrios populares, y señalan que puede haber una catarata de desalojos ya que se elimina la prohibición de la suspensión de desalojos por 10 años.

También se suprime el 25 por ciento de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios.

El proyecto deroga los artículos 3, 4 y 5 que eran claves del proyecto ya que se establecía el mecanismo para expropiar las tierras destinadas a los barrios populares.

Además al descentralizar la implementación del régimen de regularización dominial, el Estado no tendrá un rol activo, sino que será un coordinación ya que esa tarea le corresponderá a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El Gobierno señala que esa ley no logró cumplir su objetivo ya que luego de 7 años desde la entrada en vigencia de la ley, tan solo un 0,08 % del suelo de los barrios populares a los que apunta la norma tiene título de propiedad privada, es decir, un número extremadamente bajo de sus habitantes posee título de propiedad sobre la tierra que habita.

Desalojos

El proyecto instrumenta un sistema “exprés” de los desalojos ya que reduce de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago, y de 5 días para lograr el desalojo ya que solo se pedirá el título de propiedad, en lugar de la caución real.

Manejo del fuego

El proyecto elimina artículos de la ley del Manejo del Fuego elimina los artículos centrales de la ley impulsada en el 2020 por Máximo Kirchner que impedía vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años. Y prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.

El Gobierno sostiene que modificar el uso de inmuebles en caso de incendios por plazos extremadamente prolongados, bajo el amparo de garantizar la correcta restauración. (NA).

Por Sebastián Hadida.

La “rosca” por la composición no cesa y se alargó anormalmente, impasse que derivó en la postergación de la resolución de convocatoria a la reunión constitutiva.

“La fecha no está cargada en la agenda ni tampoco los asesores manejan fechas tentativas”, se resignaron fuentes de la oposición en el Senado con las que la Agencia Noticias Argentinas tuvo diálogo.

Desde el entorno de Pareja no dan por confirmada su candidatura para presidir la bicameral, pero aclaran que el jefe del partido La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires “va a hacer lo que pida el presidente (Javier Milei) y la secretaria general del Gobierno (Karina Milei)”.

La idea de la hermana del jefe de Estado es vigilar desde el Congreso a la SIDE, un organismo que controla Santiago Caputo a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, quien maneja la caja de la estructura.

La casi segura asunción de Pareja generó cortocircuitos con el PRO, y en especial con Cristian Ritondo, a quien el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había prometido el cargo durante el verano.

Como el señor Barriga con Don Ramón, el jefe del PRO bonaerense no consigue cobrar nunca por los servicios que le presta al oficialismo como aliado clave en el Congreso: es el eterno acreedor a quien le van prometiendo sucesivamente premios que nunca llegan.

Primero el oficialismo le iba a dar la presidencia de la Cámara baja. No ocurrió. Tampoco logró que el oficialismo le diera un lugar a Jorge Triaca en la Auditoría General de la Nación (AGN), pese a que había un acuerdo de palabra en ese sentido.

Ritondo también empujó sin éxito la conformación de un interbloque entre LLA y el PRO, ofreciéndose como presidente de esa alianza electoral. Por supuesto que esa quimera también se desvaneció en un suspiro.

A su vez, el jefe del bloque amarillo fue el encargado de negociar lugares para el PRO en las listas de LLA para las elecciones del año pasado, y sus gestiones tuvieron un módico resultado ya que fueron muy pocos los candidatos propios que pudo colar en la lista de unidad. NA

En el marco de una situación que califican como terminal, diversas organizaciones y familiares de personas con discapacidad se movilizarán este martes 14 de abril a las 10:30 hacia la sede del Ministerio de Economía. El objetivo de la convocatoria es presentar una nota formal dirigida al ministro Luis Caputo para reclamar la regularización de los fondos destinados al Programa Federal Incluir Salud.

La protesta, impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tendrá lugar en Hipólito Yrigoyen 250. Según explicaron desde la organización, la falta de transferencia de recursos pone en serio riesgo la continuidad de los tratamientos y prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas y afiliados de PAMI, servicios que se encuentran amparados por la Ley 24.901.

Además del reclamo por los pagos adeudados, las entidades exigirán que se aseguren las partidas necesarias para la ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Desde el Foro advirtieron que la emergencia continúa vigente y que el desfinanciamiento afecta de manera directa a numerosas instituciones que hoy atraviesan una crisis profunda, con el peligro inminente de interrumpir servicios esenciales.

En el ámbito legislativo, el peronismo presentó en el Congreso una iniciativa que busca blindar la continuidad de los tratamientos médicos y asistenciales dentro del programa Incluir Salud, ante la incertidumbre que genera el actual esquema de recortes.

Por otro lado, en las últimas horas se generó una fuerte polémica en torno al alcance del ajuste estatal. Tras haber afirmado inicialmente que el ministro Luis Caputo ordenó un recorte generalizado del 20 por ciento en todas las carteras, el periodista Luis Majul se rectificó públicamente. El conductor aclaró que el pedido provino de Manuel Adorni y consiste en un plan de ajuste del dos por ciento del gasto corriente y del 20 por ciento del gasto de capital, esquema que los ministerios deberán presentar antes del 30 de abril.

Al respecto, el periodista expresó a través de sus redes sociales: "Los datos son los datos. Y los errores son los errores. Cuando se cometen, hay que corregirlos y pedir disculpas", expresó.

El monumento a los Dos Congresos amaneció este miércoles con una intervención de Greenpeace en rechazo a la inminente votación de la reforma de la Ley de Glaciares en el Congreso de la Nación. Pasadas las seis y media de la mañana, un grupo de activistas escaló el enrejado de la plaza para desplegar banderas con las consignas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

Personal de la Policía de la Ciudad informó que nueve activistas ingresaron al perímetro tras escalar el cerco perimetral. La acción tuvo como objetivo central visibilizar el reclamo ante la sesión prevista en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo contaría con los votos necesarios para la aprobación de los cambios en la normativa. Tras la intervención, los manifestantes fueron desalojados y se les labraron actas contravencionales. Dos de los militantes, que se encontraban en altura, desistieron de su postura ante la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate (GER).

Los involucrados quedaron a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo del doctor Basavilbaso, quien dispuso la notificación de las contravenciones y su posterior liberación. Este episodio se suma a la tensión política que rodea la reforma de la Ley 26.639, vigente desde 2010, y que ha movilizado a diversos sectores ambientales y opositores.

La protesta de esta mañana guarda relación con los hechos ocurridos el pasado 26 de febrero, cuando 12 manifestantes fueron detenidos en la explanada del Palacio Legislativo. En aquella oportunidad, la intervención de la Policía Federal incluyó el uso de gas pimienta, afectando a periodistas y trabajadores de prensa. Entre los agredidos se encontró el camarógrafo Facundo Tedeschini, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital Ramos Mejía tras ser aprehendido por los efectivos.

Posteriormente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó la liberación del trabajador de prensa y solicitó el sumario correspondiente para investigar el accionar policial durante la cobertura de los hechos.

Desde la organización ambientalista calificaron la intervención como una “acción directa y pacífica” para exponer la gravedad de la reforma impulsada por el gobierno nacional.

“Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege. Esta reforma es regresiva e inconstitucional”, consideró Diego Salas, director de programas de Greenpeace.

Según Salas, de los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico amparado por la Constitución Nacional. Para la tarde de hoy, a partir de las 17, se espera una concentración mayor frente al edificio legislativo para expresar el rechazo a la sanción de la ley.

El Gobierno nacional enviará al Congreso Nacional una nueva Ley de Salud Mental, según comunicó el jefe de gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta oficial de X. Fuentes del Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, revelaron que el proyecto contempla una actualización de la normativa sancionada en 2010, con la intención de “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario”.

Desde la cartera sanitaria argumentaron que la iniciativa “busca proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre, y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”, al mismo tiempo que revelaron que aspiran a clarificar conceptos y criterios técnicos. Para la elaboración del texto se realizó un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes y profesionales, además de actores del ámbito judicial y legislativo.

Entre los impedimentos detectados en la práctica diaria, se observó que solo 16 de 23 jurisdicciones adhirieron formalmente a la ley actual y que solo existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental. En la administración nacional aseguran que el término padecimiento mental es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y generaría demoras en la intervención.

“El proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sucesivas), incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión”, sostuvieron desde el organismo.

Asimismo, se reemplaza el criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con el objetivo de dar lugar a “intervenciones más oportunas y preventivas”. Sin embargo, aclararon que la internación continuará siendo un “recurso excepcional”, pero “necesario”.

El nuevo esquema establece que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, la cual deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario. “Se propone además extender de 10 a 24 horas el plazo de notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia”, detallaron las fuentes oficiales.

Por otro lado, el proyecto propone fortalecer la red de atención con hospitales especializados, marcando una diferencia con la ley vigente que impulsa el cierre de instituciones monovalentes. Actualmente, el sistema cuenta con 30 instituciones públicas de este tipo y al menos 139 privadas. Finalmente, se busca ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, Habilitación y Fiscalización y el Sedronar.

La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata resolvió profundizar su plan de lucha y confirmó la realización de dos semanas de paro durante abril, en el marco del conflicto universitario por presupuesto y salarios.

La decisión fue tomada en una masiva asamblea de afiliados y afiliadas, donde se ratificó la medida en línea con lo definido en el último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Las jornadas de paro quedaron programadas para las semanas que comienzan los lunes 30 de marzo y 27 de abril.

El encuentro se desarrolló en la sede Fonseca de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, con una importante participación del cuerpo docente.

Además, durante la asamblea se resolvió proponer a CONADU la realización de una Marcha Federal Universitaria el próximo 23 de abril, con el objetivo de visibilizar el reclamo en unidad con todos los sectores que integran el sistema universitario.

Por otra parte, el gremio acordó convocar a un nuevo paro en caso de que el Gobierno Nacional avance con el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley de Financiamiento Universitario.

Entre los principales reclamos, ADULP exige el cumplimiento de la Ley 27.759, mayor presupuesto para las universidades, actualización de becas estudiantiles, paritarias libres y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios docentes. La norma fue aprobada por el Congreso, que la confirmó después de un veto del presidente Javier Milei, que hasta ahora no la aplicó pese a una orden judicial para hacerlo.

La controversia en materia salarial tiene que ver con que la norma original dispone un incremento del 50% en los salarios, mientras que en el proyecto de reforma que anuncio el gobierno el incremento es del 12%, en cuotsa.

De esta manera, el conflicto universitario suma un nuevo capítulo, con medidas de fuerza que impactarán en el normal desarrollo de las actividades académicas durante las próximas semanas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó ayer una nueva reunión de mesa política en la que se definieron las prioridades de la agenda legislativa 2026: reforma del Código Penal y un paquete de leyes en defensa de la propiedad privada.

La mesa política definió la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso, y que estará compuesto por la “modificación del Código Penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas” y “leyes sobre propiedad privada” como “la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana”.

“Además se avanzará con la ley de Glaciares, la modificación de la ley de Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario para compatibilizarlas con el equilibrio fiscal”, completó.

La reunión tuvo lugar en medio de las nuevas pruebas aportadas a la causa Libra y a días de la polémica por el vuelo a Punta del Este que realizó con su familia.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, conversaron durante dos horas en las oficinas de la planta baja de Casa Rosada los ministros Diego Santilli (Interior) y Luis Caputo (Economía); el tiular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

También fueron de la partida la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni, que busca ordenar la estrategia para conquistar la media sanción restante de la Ley de Glaciares.

En lo formal, el encuentro le permitió al oficialismo establecer las claves de la agenda legislativa para diagramar las negociaciones que llevarán adelante los actores designados por el mandatario.

En paralelo, Juan Bautista Mahiques se reunió con los ingrentes de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ante quienes “ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales”.

El intercambio ofició además de instancia de contención de crisis luego de que el Poder Ejecutivo atravesara una de las semanas más complejas en el plano mediático y judicial. En los últimos días, luego de la polémica en torno a la figura de Adorni, se conocieron nuevas previas en la causa Libra tras los peritajes al teléfono de Mauricio Novelli con supuestas conversaciones con los miembros del Gobierno aquella noche del 14 de febrero de 2025.

Fue además la primera reunión post cambios en el Gabinete luego de que Mariano Cúneo Libarona y Sebastián Amerio, alfil judicial que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, dejaran el Ministerio de Justicia y fueran reemplazados por Mahiques y Santiago Viola, ambos aprobados por la menor de los Milei.

Los cambios instrumentados parecen tener continuidad en los próximos días. Es que Karina Milei supervisa con estricta atención cada área de la administración para suplantar equipos y poder ampliar su influencia. (NA).

El bloque de diputados de La Libertad Avanza estableció un mecanismo de participación de las audiencias públicas para la reforma de la ley de Glaciares y por el cual solo podrán exponer unos 200 de los 50 mil inscriptos en forma presencial o virtual, por lo que la mayoría deberá hacerlo por escrito o través de un vídeo.

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas que se efectuarán el 25 y 26 de marzo, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de la comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

De esta manera, las exposiciones presenciales se restringirán a casi un centenar mientras, que otro centenar lo hará por Zoom en la segunda audiencia pública. El resto deberá conformarse con mandar su postura por escrito o a través de un vídeo que no podrá superar los cinco minutos.

Esta restricción será rechazada por los sectores opositores del peronismo, la izquierda y Provincias Unidas, que pidieron ampliar las audiencias y que se oponen a la reforma de la ley de Glaciares, cuya sanción es reclamada por un conjunto de gobernadores aliados para impulsar inversiones mineras.

En una resolución firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, se estableció que solo podrán exponer de manera presencial en la primera jornada, o por Zoom en la segunda, los primeros inscriptos de cada uno de los 24 distritos.

“Se invitará a participar en las audiencias de forma presencial el día miércoles 25 de marzo y virtual el día jueves 26 de marzo, a quienes se encuentren dentro de los primeros inscriptos de cada jurisdicción (provincia)”, se señala en la resolución publicada en la web de la Cámara de Diputados, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Se señala que “se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro (24) jurisdicciones del país, asegurando una adecuada participación federal. Todas las presentaciones ya sean las presentadas de forma presencial, virtual, video o por escrito recibidas serán incorporadas al expediente legislativo como antecedentes para su consideración en el marco del tratamiento del proyecto”.

Los legisladores afirman que tomaron esa decisión “en uso de las facultades otorgadas por el artículo 114 bis del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Plan de Trabajo y Reglamento Anexo de la Audiencia Pública” aprobado en la reunión conjunta de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales del 4 de marzo. (NA).

El Congreso Nacional comenzará a reanudar lentamente la actividad parlamentaria, pero con un fuerte control de La Libertad Avanza de la agenda parlamentaria y con un peronismo que no encuentra el mecanismo para recuperar la iniciativa.

El oficialismo retomó la conducción en la Cámara de Diputados y en el Senado y no deja espacio para que le quieran marcar los temas a debatir, luego de haber pasado un año donde el PJ junto a algunos aliados habían manejados los hilos del Parlamento y sancionaron leyes en contra del Gobierno.

En esa nueva etapa, y con el oficialismo como primera minoría en la Cámara de Diputados y con paridad en el Senado, tiene el control de la agenda parlamentaria que en esta semana estará abocada a la conformación de comisiones y a una breve sesión en la Cámara alta para avanzar con el debate de los pliegos.

En este contexto, los bloques peronistas no han podido enhebrar una estrategia para romper el férreo control que ejercen los libertarios debido a las divisiones que existen en su seno por la falta de una estrategia del peronismo a nivel nacional.

Voceros parlamentarios señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que en Diputados es muy difícil en el peronismo acordar una posición única. Señalan que en el caso del debate de Glaciares hay divisiones, ya que hay legisladores que votarán junto a sus gobernadores y otros encabezan la protesta contra la reforma de esa iniciativa que permitirá avanzar con emprendimientos mineros.

Este escenario permite al oficialismo avanzar sin dificultades en el armado de la distribución del poder tanto en Diputados como en el Senado, donde junto a sus aliados se quedarán con las comisiones consideradas estratégicas, lo que le permitirá manejar sin problemas la agenda parlamentaria.

Diputados

La Cámara de Diputados constituirá esta semana 18 comisiones, aunque el oficialismo mantendrá el control de los principales organismos asesores para impulsar su agenda parlamentaria.

En diciembre se armaron nueve comisiones -denominadas de gestión- que quedaron en manos de La Libertad Avanza y ahora sumara otras cuatro sustanciales para la LLA.

Fuentes legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que entre el martes, miércoles, y jueves se constituirán 18 comisiones, de las cuales 9 serán para el peronismo, cuatro para La Libertad Avanza, tres para Fuerzas del Cambio -integrado por el PRO, UCR, MID, y Por Santa Cruz y dos el Interbloque Unidos (Encuentro Federal, Provincias Unidas, y Coalición Cívica).

De todos modos, los organismos que le corresponderán al peronismo son aquellos que “teóricamente” no marcan agenda, aunque a veces puede surgir algún tema que empiece a tener impacto público, como sucedió el año pasado con discapacidad.

La lista

La Libertad Avanza tiene las presidencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Legislación Penal, de Justicia, de Recursos Naturales, de Relaciones Exteriores, de Mercosur, de Asuntos Constitucionales, de Legislación del Trabajo y de Familia, Juventudes y Niñez.

Ahora el oficialismo sumará a las comisiones de Legislación General -donde se mantendría en el cargo Santiago Santurio-, Discapacidad, Energía y Combustibles y Acción Social y Salud Pública.

Para las fuerzas opositoras quedarán las presidencias de las comisiones de Agricultura, Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Comercio; de las Personas Mayores; Industria; Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social, Educación; y Población y Desarrollo Humano; Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Otro tema central de la agenda será el armado de las Audiencias Públicas para el 25 y 26 de marzo sobre la ley de Glaciares, ya que la inscripción superó todas las expectativas y ya se inscribieron más de 34.000 expositores. El oficialismo aún no definió como podrá instrumentar estas reuniones públicas.

Senado

La Cámara de Senadores realizará una sesión el próximo miércoles a las 14 para dar ingreso a los pliegos del juez Carlos Mahiques -padre del ministro de Justicia- con el fin de que pueda permanecer por cinco años más en la Cámara Federal de Casación Penal y de la exsenadora Lucila Crexell, como embajadora en Canadá.

El principal objetivo que tiene el oficialismo es da ingreso a los pliegos de Carlos Mahiques, de Crexell y seis militares, y aquellos que ingresen hasta esa fecha, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Además, se debatirán en esa sesión, dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009.

Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y va a cumplir 75 años el 1 noviembre que es la edad que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional, pero ahora el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años más.

Crexell, quien fue senadora hasta diciembre del 2025-fue propuesta como embajadora en Canadá, pero su designación no estará exenta de polémica porque cuando votó a favor de la ley Bases había trascendido que la iba a proponer como embajadora en la Unesco. (NA).

La Cámara de Diputados reanudará su actividad desde la próxima semana con la constitución de 18 comisiones, aunque el oficialismo mantendrá el control de los principales organismos asesores para impulsar su agenda parlamentaria.

Las comisiones son claves para poder sancionar las leyes, ya que son las encargadas de estudiar y emitir los dictámenes que se tratan en el recinto de sesiones, y por eso es central tener las presidencias para definir los temas que se abordarán.

En diciembre se armaron nueve comisiones -denominadas de gestión- que quedaron en manos de la Libertad Avanza y ahora sumara otras cuatro sustanciales para la LLA.

Fuentes legislativas señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que entre el martes, miércoles y jueves se constituirán 18 comisiones, de las cuales nueve serán para el peronismo, cuatro para La Libertad Avanza, tres para Fuerzas del Cambio -integrado por el PRO, UCR, MID y Por Santa Cruz- y dos para el Interbloque Unidos (Encuentro Federal, Provincias Unidas, y Coalición Cívica).

De todos modos, los organismos que le corresponderán al peronismo son aquellos que “teóricamente” no marcan agenda, aunque a veces puede surgir algún tema que empiece a tener impacto público, como sucedió el año pasado con discapacidad.

La Libertad Avanza tiene las presidencias de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación Penal, Justicia, Recursos Naturales, Relaciones Exteriores, Mercosur, Asuntos Constitucionales, Legislación del Trabajo, y Familia, Juventudes y Niñez.

Ahora el oficialismo sumará a las comisiones de Legislación General-donde se mantendría en el cargo Santiago Santurio-, Discapacidad, Energía y Combustibles y Acción Social y Salud Pública.

Para las fuerzas opositoras quedarán las presidencias de las comisiones de Agricultura, Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Comercio; de las Personas Mayores; Industria; Economía, Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social, Educación; y Población y Desarrollo Humano; Mujeres y Diversidad; Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales.

Hasta se supo que la comisión de Educación la mantendrá el macrista y exministro Alejandro Finocchiaro, y que Provincias Unidas aspiraba a la presidencia de Agricultura, ya que los diputados de ese bloque son de las provincias vinculadas al agro como Santa Fe y Córdoba.

La agenda

Martes 17

Cultura; Pequeña y Mediana Empresa; Legislación General, Comercio; de las Personas Mayores; Industria; y Economía.

Miércoles 18

Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales; Transporte; Acción Social y Salud Pública; Educación; Población y Desarrollo Humano; y Energía y Combustibles.

Jueves 19

Mujeres y Diversidad; Discapacidad, Vivienda y Ordenamiento Urbano; Agricultura y Ganadería; y Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales. (NA).