Luego de que la Justicia de Faltas haya impuesto una multa económica y ordenado la demolición de cuatro construcciones ilegales en un loteo de calle Israel, el Municipio remitió cartas documento a los titulares para recabar información de cada uno. En diálogo con La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1, el responsable de la Secretaría Legal y Técnica, el doctor Juan Maciá Cantarelli, brindó detalles del accionar comunal de cara al futuro de la causa.

Entre otros aspectos, hizo mención al posible rol de los profesionales intervinientes –agrimensores, arquitectos y otros-, y explicó que los titulares de los lotes comercializados como condominios se encuentran todavía en plazo para apelar la resolución judicial. Además, hizo mención a que mantendrán una reunión con autoridades de la Usina por la bajada de luz en el lugar.

Maciá confirmó que el loteo condenado cuenta con seis cotitulares, los cuales fueron notificados, lo mismo que el propio desarrollador que figura como titular de uno de los condominios. “Queremos ver en qué situación, cuál es su estado, por qué construyeron, por qué adquirieron ahí y paralelamente nutrirnos de información con respecto a todo lo que es la cuestión privada en ese condominio”, planteó el funcionario.

También indicó la necesidad de considerar el “entramado que hay detrás de los adquirientes”, y conocer cuánto de lo realizado fue de buena o mala fe, para recorrer “los distintos caminos con cada uno”. 

Sin los pasos correspondientes por la Secretaría de Planeamiento –planos y demás-, Maciá Cantarelli sostuvo que deberán revisar el accionar de quienes podrían haber intervenido en el proyecto –desde arquitectos a ingenieros, escribanos e inmobiliarias- y que debido a ese motivo “hay que ver si hay más profesionales, no solo este desarrollador comprometido”.

Más denuncias

El secretario de Legal y Técnica hizo referencia a que analizan las bajadas de luz, y que durante la semana mantendrán reuniones con personal de la Usina “para ver en qué condiciones fue solicitada la bajada del suministro”.

El funcionario dijo desconocer los detalles de la posible demolición o relocalización de las construcciones, aunque consideró la dificultad de regularizar de acuerdo al fallo emitido por la Justicia. Sin embargo explicó que “toda sentencia puede ser apelada”, y que los desarrolladores se encuentran en plazo para hacerlo. En tal caso, la causa pasará a una instancia judicial superior.

Por otra parte existe una denuncia penal en curso, presentada por la secretaria de Protección Ciudadana, por amenazas de parte de los desarrolladores del loteo en el marco de una inspección municipal. “Resolvimos asesorarla,  y ella hizo la correspondiente denuncia. Esto va a transitar por vías que esperemos que sean pacíficas y que se vaya resolviendo todo de manera sensata y racional”, pidió Maciá.

Denuncia y condena

Cabe recordar, el caso de calle Israel fue hecho público por la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024. Desde la organización ciudadana denunciaron las construcciones pero también la existencia de un portón ubicado sobre una calle pública. En junio pasado, el concejal Rogelio Iparraguirre presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo de cuenta de la situación en el lugar.

A partir de entonces, el gobierno local realizó una inspección en el loteo, confirmó que el mismo había sido comercializado bajo la figura de condominio –pese a estar prohibida en esa zona-, y que no tenía planos presentados. Además, desde la Comuna señalaron que el mismo desarrollo estaba denunciado en la Justicia de Faltas y en Provincia.

Días atrás se conoció la resolución del Juzgado de Faltas N°2 –a cargo del juez Oliveto-, que condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente. Impuso dos multas económicas que suman poco más de 20 millones de pesos, además de ordenar la demolición o relocalización de cuatro construcciones ubicadas cerca del arroyo que cruza el terreno. Los desarrolladores tienen un plazo de 60 días para cumplir lo dispuesto.

Los concejales de Acción Tandilense / La Libertad Avanza presentaron un proyecto de comunicación para pedir información sobre un conjunto de lotes que se ofrecen en venta, ubicados sobre Zona Protegida, en la esquina de las calles Cima y Dante Alighieri. El lugar, dijeron desde el bloque, cuenta con bajada de luz de la Usina y hasta calles internas abiertas. Sumaron también que trata de otro de los casos que había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras.

“La información la tienen desde marzo”, dijo, en referencia al gobierno local, el concejal Federico Sánchez Chopa. “Estamos en julio y lo que me llamó la atención es que pasé hace pocos días y vi gente pegando ladrillos en este lugar. Con lo cual, no han dado intervención. Lo que vemos es que hay una clara intención de no hacer las cosas que tiene que cumplir el Ejecutivo”, planteó el referente de Acción Tandilense / La Libertad Avanza, quien agregó que “lo que uno ve es que se habla del PDT como bandera, pero se controla poco del PDT”.

Fue durante la última sesión del Concejo Deliberante, el pasado 16 de julio, cuando el bloque llevó al recinto el proyecto de comunicación que resultó aprobado por unanimidad. La iniciativa se presentó el mismo día en el que el Municipio comunicó de la demolición del portón ubicado sobre calle Israel, en el loteo sobre el cual la Justicia avanzó luego de que Fuerza Patria haya hecho público el caso.

“La Asamblea de las Sierras a nosotros nos presentó un informe a fines del 2023, principios del 2024, donde estos temas ya estaban. Es decir, que ya hace tiempo que están en conocimiento de la situación. Pero  es como que una vez que transcienden o toman estado público o más público, ahí es donde comenzarían a actuar. Lo dejo en potencial. Porque cuando uno trabaja en lo público, lo que trata de hacer es prevenir antes de llegar a estas situaciones”, sumó Sánchez Chopa.

En concreto, el pedido de informes de Acción Tandilense advierte por las subdivisiones y/o edificaciones existentes en la parcela partido 103 (Tandil), Circunscripción 1, Sección F, Chacra 231, Parcela 2 (Partida 1564). El lugar, indica el texto presentado “se encuentra en el Área Complementaria entre las cotas IGM doscientos veinte metros sobre el nivel del mar (+220 msnm) y doscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar (+250 msnm), por lo tanto forma parte de la Zona Protegida Natural Sierras de Tandil y la superficie mínima de parcelas admitida es de 1,5 has”.

A partir de la información que recibieron los concejales, constataron la apertura de calles, la colocación de postes de hormigón y alumbrado público, “como así también se ha constatado la existencia de pilares de suministro eléctrico y bajadas de luz en distintas fracciones, presencia de subdivisiones internas, varias de ellas con diversas construcciones, y carteles ofreciendo la venta o permuta de parcelas, circunstancias que, en su conjunto, constituyen indicios de un presunto proceso de subdivisión, urbanización y/o construcción que podría no contar con las autorizaciones municipales correspondientes”.

Por tal motivo, el proyecto presentado por el presidente del bloque Acción Tandilense / La Libertad Avanza solicitó conocer el estado actual de la parcela en término de subdivisiones, si se han realizado y aprobado o rechazado subdivisiones en el lugar, si existe un expediente administrativo vinculado a construcciones en la parcela y si se otorgaron permisos de obra, entre otros.

Por otra parte pidieron que desde el Ejecutivo especifiquen cuál es la superficie autorizada para construir, saber la zonificación aplicable a los inmuebles edificados, y si las obras cuentan con excepciones o permisos especiales.

Con foco en los controles que el gobierno local debería impulsar ante estos casos, el bloque de Acción Tandilense solicitó saber si se emitieron actas de inspección al loteo, si se detectaron incumplimientos o infracciones y si en ese caso se tomaron medidas de paralización, clausura, regularización o si se aplicaron sanciones. Además, pregunta por las columnas de alumbrado público y por las bajadas de energía eléctrica existentes.

La senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley para establecer un cupo laboral femenino en la industria de la construcción de la provincia de Buenos Aires. La propuesta planteó que, como mínimo, el 10 por ciento del personal afectado a determinadas obras esté integrado por mujeres, con el objetivo de promover una mayor igualdad de oportunidades en un ámbito históricamente masculinizado.

La iniciativa, denominada “Nosotras Construimos”, fue elaborada junto a referentes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) y trabajadoras del sector. Según se detalló, el proyecto alcanzaría a las obras públicas ejecutadas por la Provincia, organismos descentralizados, empresas estatales, contratistas y concesionarias, así como también a emprendimientos privados que reciban subsidios, beneficios o financiamiento estatal.

Entre los fundamentos de la propuesta se señaló que la construcción continúa siendo una de las actividades con menor participación femenina en el mercado laboral argentino, a pesar del crecimiento que registró en los últimos años la incorporación de mujeres en distintos oficios vinculados al sector.

En ese sentido, Raverta sostuvo que el problema no radica en la falta de capacitación, sino en las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de trabajo en la actividad. El proyecto busca, además, generar herramientas que faciliten la formación y la inserción laboral, promoviendo condiciones más equitativas dentro del sector.

La iniciativa ingresó al Senado bonaerense bajo el expediente E 258 2026-2027 y deberá ser analizada en las comisiones correspondientes antes de avanzar en su tratamiento legislativo.

De prosperar, la provincia de Buenos Aires incorporaría una política específica para fomentar la participación de mujeres en la construcción, una actividad que en los últimos años comenzó a mostrar experiencias de inclusión, aunque todavía con una presencia minoritaria de trabajadoras.

El concejal de Fuerza Patria cuestionó la demora del Ejecutivo en responder los pedidos de informes y la parálisis en el tratamiento de una ordenanza clave para crear un “DNI de los lotes”. Advirtió sobre la proliferación de construcciones ilegales en zonas protegidas, criticó el rol de la Usina Municipal y Popular de Tandil y denunció una alarmante falta de control urbanístico por parte de la gestión del intendente Miguel Lunghi.

El concejal Rogelio Iparraguirre, referente del bloque justicialista, volvió a poner en el centro del debate la problemática de los desarrollos urbanísticos irregulares en las sierras de Tandil. En declaraciones al programa Ultimo Bondi de la radio El Eco, el legislador denunció que el Ejecutivo aún no respondió el pedido de informes presentado en la última sesión del Concejo Deliberante, ni ha avanzado en el tratamiento de una propuesta normativa orientada a transparentar la comercialización de tierras. Según el edil, esta situación de inercia municipal no solo fomenta la violación de la normativa vigente en la Zona Natural Protegida, sino que deja a los vecinos en una situación de vulnerabilidad frente a posibles estafas.

Iparraguirre señaló que la falta de respuestas por parte de la gestión local es una constante que se agrava ante la flagrancia de las infracciones. El foco de la crítica se centró en la proliferación de los denominados condominios clandestinos, una figura legal que se utiliza de forma distorsionada para subdividir parcelas en áreas donde el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) lo prohíbe.

"No hay semana en la que no le envíe a los funcionarios del Ejecutivo un caso nuevo de loteos irregulares", afirmó el concejal, resaltando que la incapacidad de ejercer control por parte del Estado municipal está socavando su propia autoridad institucional.

La propuesta central del bloque opositor, presentada originalmente a principios de marzo, consiste en la reimplantación del Certificado de Aptitud Urbanística. Esta herramienta, que funcionó en el municipio hasta el 2011, actuaría como un "DNI del lote". El objetivo primordial es que cualquier vecino, antes de adquirir una parcela, pueda exigir al vendedor este documento oficial que certifique que el terreno es subdividible y apto para construir según los indicadores del PDT.

Iparraguirre subrayó que muchos compradores actúan de buena fe y son engañados mediante figuras como el fideicomiso o el condominio en zonas donde la parcela mínima es de 1.500 metros cuadrados o directamente está prohibido urbanizar.

El proyecto de ordenanza lleva más de cuatro meses en manos del Ejecutivo para su evaluación técnica, sin que hasta la fecha haya retornado al Concejo para su debate. "Llevan más días reteniendo la ordenanza que renglones tiene el proyecto", ironizó el concejal, quien calificó la demora como una decisión política de "cajonear" una solución a un problema recurrente. Para el legislador, la ausencia de esta herramienta facilita que desarrolladores "osados" sigan comercializando lotes a precios accesibles en zonas protegidas, bajo la premisa de que "se construye primero y se pide permiso o excepción después".

La implementación de este certificado no solo brindaría seguridad jurídica a los ciudadanos, sino que obligaría a las dependencias municipales, como la Dirección de Obras Privadas, a tomar una postura activa antes de que el hecho consumado de la construcción sea irreversible. El edil recordó que el cumplimiento de la ley es lo que rige para la inmensa mayoría de los tandilenses y que resulta injusto que la osadía de unos pocos prevalezca sobre el patrimonio natural que es bien común de toda la comunidad.

Condominio ilegal: Demolición de las casas, multas y denuncia penal

Uno de los puntos más críticos que subrayó Iparraguirre se basó en un reciente fallo del juez de Faltas, el doctor Oliveto, respecto a una construcción ilegal en la calle Israel. Según el relato del concejal, en el 2022 la Justicia de Faltas ordenó la paralización de una obra en un condominio tras una denuncia de un propio particular. Pese a la existencia de una orden de paralización vigente y del conocimiento formal del Municipio, que actuó como parte en el proceso, se levantaron seis viviendas en el lugar.

"El juez Oliveto le hace un claro llamado de atención a la Municipalidad de Tandil", explicó Iparraguirre, detallando que el magistrado cuestionó duramente a áreas como Vialidad y Obras Públicas por no haber garantizado el cumplimiento de la orden de frenar los trabajos. El fallo judicial sienta un precedente importante al destacar que el ejercicio de la propiedad privada no es absoluto, especialmente cuando colisiona con el patrimonio natural y las normativas de planeamiento. En ese sentido, el legislador advirtió sobre el impacto ambiental que estas construcciones tienen sobre las cuencas y el escurrimiento de aguas en la ciudad.

La persistencia de las obras a pesar de las órdenes judiciales y administrativas evidencia, para la oposición, una falta de autoridad política alarmante. Iparraguirre manifestó que este descontrol genera un "clima de ley de la selva" donde el Estado municipal parece resignar su poder de policía frente a los desarrolladores privados. Esta situación, sostuvo, es la que motiva la necesidad urgente de reformar los mecanismos de habilitación y control de obras en todo el partido de Tandil.

La crítica del concejal también alcanzó a la Usina Municipal y Popular de Tandil. El proyecto de ordenanza propone que la empresa de economía mixta esté obligada a solicitar el Certificado de Aptitud Urbanística antes de realizar cualquier conexión eléctrica en nuevos desarrollos. Iparraguirre cuestionó que la prestataria brinde servicios a loteos que están claramente en flagrancia respecto a la normativa, facilitando así la consolidación de barrios informales en zonas no aptas. "Nuestra empresa municipal no puede ignorar que se está violando la norma", sentenció.

Finalmente, el debate se trasladó a la discusión de fondo sobre el Plan de Desarrollo Territorial y el Plan de Manejo de la Zona Natural Protegida, temas que calificó como los "grandes pendientes" de la ciudad. El concejal denunció que el gobierno de Miguel Lunghi está iniciando una rediscusión del PDT sin convocar a los bloques de la oposición ni a los concejales que integran la Comisión de Gestión Territorial.

Para Iparraguirre, Tandil atraviesa un fin de ciclo tras 23 años de gestión de la misma fuerza política, lo que se traduce en una pérdida de capacidad de planificación frente al crecimiento demográfico.

El legislador concluyó instando al Ejecutivo a abandonar la lógica de "gobierno hegemónico" y abrirse a una discusión seria sobre el ordenamiento del territorio. Aseguró que su bloque no busca ser obstruccionista, habiendo acompañado herramientas fundamentales como el Presupuesto, pero que no permitirán que se siga hipotecando el futuro ambiental de Tandil por la falta de gestión y transparencia en el control de las construcciones y los loteos serranos.

Durante el mes de mayo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba del 4,1% respecto de igual mes de 2025. Según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el acumulado de los primeros cinco meses de este 2026 presentó un aumento del 2,5% en comparación con el mismo período del año anterior. En cuanto a la serie desestacionalizada, se observó una variación positiva del 6,3% respecto del mes previo, mientras que el índice de tendencia-ciclo marcó un incremento del 0,6% mensual.

En lo que respecta al consumo aparente de insumos, el organismo oficial detalló variaciones interanuales positivas lideradas por "Pinturas para construcción", con un 23,6%, seguidas por el apartado "Resto de los insumos" -que abarca grifería, tubos de acero sin costura y vidrio plano- con un 18,3%. También registraron incrementos los "’Mosaicos graníticos y calcáreos" (11,1%), el "Hormigón elaborado" (10,1%) y el "Hierro redondo y aceros para la construcción" (9,6%).

Por el contrario, el Indec reportó caídas en el consumo de otros materiales clave. La baja más pronunciada se dio en "Pisos y revestimientos cerámicos", con un descenso del 19,6%. A este comportamiento negativo se sumaron el "Asfalto" (-8,2%), los "Ladrillos huecos" (-8%), las "Placas de yeso" (-7,8%), el "Yeso" (-7,4%), las "Cales" (-6,8%), los "Artículos sanitarios de cerámica" (-3,2%) y el "Cemento portland" (-1,3%).

En relación con el mercado laboral, los datos oficiales indicaron que los puestos de trabajo registrados en la actividad de la construcción en el sector privado alcanzaron un total de 379.459, lo que representa una suba del 1,2% interanual. En cuanto a la edificación privada, la superficie autorizada en 246 municipios ascendió a 1.451.267 metros cuadrados en abril, un alza del 16,6% frente al mismo mes de 2025.

Sobre las expectativas para el trimestre junio-agosto de 2026, entre las compañías dedicadas a obras privadas, el 67,3% previó que el nivel de actividad no cambiará. En el segmento de la obra pública, el 60,2% de los consultados anticipó que la actividad se mantendrá sin variantes.

Por otra parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI manufacturero) registró una caída del 5,7% respecto de 2025. Según el Indec, 14 de las 16 divisiones presentaron bajas interanuales. Las mayores disminuciones se dieron en "Maquinaria y equipo" (-23,4%) y en "Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes" (-15,9%). El bloque de alimentos y bebidas experimentó una baja del 3%, con comportamientos dispares: mientras la molienda de oleaginosas subió un 10,4%, la producción de carne vacuna retrocedió un 7,7% y la aviar un 12,5%.

Las únicas divisiones con incrementos fueron la "Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear", con un alza del 19,4%, y los "Productos de tabaco", que avanzaron un 14,6%.

En las últimas horas, este Diario confirmó la sentencia condenatoria que ventiló el Juzgado de Faltas por la denuncia municipal en torno al condominio irregular que disparó un fuerte debate político y una exposición en la opinión pública.

Tal se informó oportunamente, el Municipio tomó intervención por el avance en la construcción en un área prohibida e incluso construyendo sobre una calle pública, y presentó la denuncia ante el juzgado de Faltas, desde donde recientemente se conocieron las principales decisiones en torno al litigio.

A más precisiones, el Juzgado de Faltas 2 condenó a Corica Gutiérrez Bienes Raíces S.R.L. por haber ejecutado obras sin autorización municipal y por incumplir una orden de paralización vigente.

Sobre las principales medidas a implementar, al decir del fallo, se destacaron la imposición de una multa ambiental de aproximadamente 21.512.507 pesos.  También una segunda multa por infracción al Código de Edificación de aproximadamente 2.886.886 pesos. El monto total de la sanción impuesta por el juez alcanza los 24.399.393 pesos.

Asimismo, el magistrado municipal ordenó demoler o relocalizar cuatro construcciones ubicadas dentro de la franja de restricción hídrica, dentro de un plazo de 60 días desde que la sentencia quede firme.

Las otras dos construcciones, que se encuentran fuera de la franja de restricción hídrica, no quedan regularizadas. Solo podrán permanecer si obtienen la aprobación administrativa correspondiente y cumplen íntegramente con el Plan de Desarrollo Territorial, el Código de Edificación y toda la normativa aplicable.

En otro de los puntos del fallo, el juez señaló que si la empresa no cumple la sentencia, se dispone la intervención de la Secretaría Legal y Técnica para promover las acciones judiciales pertinentes.

A la vez, se mantiene la prohibición de innovar, por lo que no podrán continuar obras, ampliaciones o modificaciones en el predio.

En ese contexto, se ordena a Ingresos Públicos y Obras Privadas mantener bloqueado cualquier trámite relacionado con el inmueble hasta el cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, se oficia a las áreas de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial, Ambiente, Vialidad y Protección Ciudadana para que realicen el seguimiento y control del cumplimiento.

Además de sancionar a la empresa citada por la construcción clandestina, el juez en su sentencia dirige recomendaciones y exhortaciones al propio Municipio y a la Usina para fortalecer los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las distintas áreas involucradas.

 Obras clandestinas en Zona Protegida: los vecinos amenazaron a funcionarios que fueron a inspeccionar

En otro orden de asuntos dentro del mismo escenario delicado que hacen a la construcción denunciada en la Zona Protegida, tal como se anticipó en estas páginas, se formalizó la denuncia penal contra responsables del desarrollo señalado.

A más datos, la secretaria Alejandra Marcieri denunció a Juan Ignacio Córica Gutiérrez.

Se pidió a la justicia al respecto que se investigue la posible comisión de “Amenazas agravadas”, “Atentado y resistencia contra la autoridad” y cualquier otro delito que pudiera surgir durante la Investigación Penal Preparatoria.

Asimismo, la funcionaria solicitó el dictado urgente de medidas de protección.

La denuncia se enmarca en las actuaciones administrativas que el Municipio viene desarrollando respecto de un emprendimiento inmobiliario ubicado en la Chacra 142, Parcela 3, donde desde 2022 existen distintos expedientes relacionados con solicitudes de subdivisión; proyectos urbanísticos; construcciones presuntamente irregulares;  actuaciones del Tribunal de Faltas e intervenciones de la Comisión Municipal de Gestión Territorial.

Como se informó en ediciones pasadas, durante una inspección realizada por funcionarios municipales, el denunciado habría mantenido una conducta hostil destinada a impedir el normal ejercicio de las funciones de control.

Según la denuncia,  increpó reiteradamente a los inspectores; sostuvo que los funcionarios estaban ingresando a un lote privado; intentó impedir el desarrollo de la inspección; profirió expresiones consideradas intimidatorias y en un momento se arrojó sobre el vehículo oficial manifestando que intentaban atropellarlo.

Según la denuncia, todo ello quedó registrado mediante filmaciones.

Sobre las amenazas, el escrito destaca especialmente una frase atribuida al denunciado y dirigida directamente a Alejandra Marcieri: “Usted por ingresar a un lote privado, usted señora va a ver cómo va a quedar."

La denunciante afirma que dicha expresión le generó temor por su integridad física y considera que constituye una amenaza agravada.

A la vez, se alude en la presentación el delito de Violencia de género. Al decir de la denuncia, el además del contenido intimidatorio, la presentación sostiene que la conducta debe analizarse también desde una perspectiva de violencia de género, por tratarse de una amenaza dirigida contra una mujer que ejercía funciones públicas de fiscalización.

Como pruebas, la funcionaria presentó en su informe, registros fílmicos del episodio; imágenes; los antecedentes administrativos municipales, más documentación obrante en expedientes públicos vinculados al inmueble.

Vale consignar que el caso volvió a la agenda pública cuando el concejal Rogelio Iparraguirre pidió informes por el loteo irregular en una Zona Protegida, por arriba de la cota permitida para desarrollos inmobiliarios múltiples.

El mismo caso había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. La entidad ciudadana publicó, en noviembre de 2024, una imagen de un portón ubicado sobre calle Israel, poniendo en cuestión la ocupación de la arteria pública.

A partir de la solicitud de informes, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas de la comuna, Luciano Lafosse, confirmó dos de las sospechas que pesaban sobre el lugar: que parte había sido comercializado como condominio -pese a que esa figura está prohibida para Zona Protegida-, y que las construcciones en marcha eran obras clandestinas. En concreto, las viviendas no contaban con la presentación reglamentaria de planos ante los organismos municipales correspondientes.

El funcionario sostuvo además que habían inspeccionado el loteo -dijo, incluso antes de la denuncia de la Asamblea-, y que tras detectar la irregularidad radicaron una denuncia en el Juzgado de Faltas 2, a cargo del juez Oliveto. En el mismo sentido, hicieron una presentación a Hidráulica de Provincia, ya que por el lote pasa un arroyo semipermanente.

Otro dato que se supo en los últimos días fue que la construcción de las viviendas estuvo a cargo del mismo desarrollador que tiempo atrás se vio envuelto en un escándalo: en un loteo de La Elena, un trabajador que se desempeñaba en el movimiento de suelo agredió brutalmente a un vecino que se acercó a preguntar por las tareas en el lugar.

Ese caso motivó un debate en torno a la proliferación de ventas -estafas-, mediante la figura de condominio en Tandil. Cabe recordar, en particular en Zona Protegida, la del condominio no es una modalidad permitida para la subdivisión de lotes. Vecinos que han adquirido terrenos de esa manera resultaron estafados: no deberían poder luego escriturar más de una vivienda en el conjunto del lote.

Este lunes, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Luciano Lafosse, consideró que “sería deseable” que la Justicia de Faltas ordene la demolición de las seis viviendas y el complejo de cabañas con distintos grados de avance de construcción, a través de la figura de condominio, en Israel y Lanza de Basto, en la Zona Protegida Sierras de Tandil, entre las cotas 250 y 280 metros sobre el nivel del mar. “Es lo que debería suceder en función de nuestra normativa”, ratificó.

En tanto, señaló que están a la espera de la respuesta a la carta documento enviada por el área de Legales de la comuna, con la que le exigieron a los desarrolladores “la remoción de un portón que está obstruyendo la vía, que está en el cruce de las calles Lanza de Basto e Israel, dando un plazo perentorio de 48 horas”. Cumplido ese tiempo, el Municipio retirará la estructura trasladando el cargo económico a los infractores.

“Estamos en los plazos para ver si se remueve o no se remueve, si no lo removeremos nosotros como Municipio. Tienen 48 horas a partir de la notificación”, precisó en diálogo con La Mañana de El Eco (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).

Lafosse sostuvo que “hace un tiempo ya, el Municipio actuó con dos distintas instancias” en el predio denunciado y mencionó en primer lugar, “a Vialidad Municipal, que tiene a su cargo el área de Hidráulica, en la que hubo una denuncia porque a ese predio lo atraviesa un curso de agua semipermanente”.

Agregó que “también se actuó con la Dirección de Obras Privadas, se labraron las actas de infracción que pasaron a la Justicia de Faltas Municipal para las actuaciones”.

Precisó que el Juzgado de Faltas interviniente requirió más información y concedió una prórroga a pedido de los propietarios para ampliar datos. “Eso está actualmente en la Justicia local”, precisó.

En cuanto a las razones que llevaron al avance de este loteo y construcciones irregulares, el funcionario expuso que “se ha detectado una práctica que es legal que tiene que ver con los condominios urbanísticos que, amparados en una figura legal que tiene reconocimiento constitucional, después se termina comercializando de alguna manera vulnerando la confianza de los vecinos que compran, porque les terminan vendiendo una fracción indivisa de un determinado predio”.

A más datos, señaló que “en este caso el predio no involucra lo que los vecinos compraron como lote sino que los que ellos compran es un porcentaje de una manzana, en el que como dice la escritura a la que acceden, es una fracción que no se puede dividir, con lo cual la responsabilidad de cada uno de los condóminos es hacia todo el predio. No refiere la responsabilidad a un lote o a lo que ellos ven como su propiedad, sino que todos son dueños de todo como si fuera una superficie común”.

Indicó que muchas veces el condominio se acompaña con un plano “en el que cada uno cree que es propietario de una determinada parcela, pero ese lote no existe realmente”.

Por lo tanto, aclaró que en el predio de Israel y Lanza de Basto “solamente se puede construir una única vivienda” y confirmó que la comuna desconoce cuántos lotes se generaron en ese condominio. “Lo que nosotros pudimos relevar son seis viviendas en construcción y unas cabañas”, dijo.

En cuanto al futuro de esas construcciones, evaluó que “si uno tuviera que tomar la decisión, si dependiera de lo que nosotros podemos hacer, podría haber una única vivienda, por lo que debería demolerse, sería deseable que pasara”.

Por otro lado, Lafosse recordó que la semana pasada, funcionarios de Obras Privadas y de Protección Ciudadana realizaron una inspección en el predio, situación en la que se produjo un “diálogo difícil, conflictivo, bastante tensionante” con los compradores, “porque ellos alegan que al tener una propiedad privada pretenden desconocer que esa es una calle pública, en la cual solicitaban a los funcionarios municipales si tenían una orden de allanamiento para poder entrar en ese predio “.

Descartó que hayan radicado denuncias por amenazas, aunque resaltó que “sí hubo actuaciones que nutren la causa que está en la Justicia local, en las que se da cuenta de que las obras que se habían paralizado en su momento no se respetó esa paralización, con lo cual agrava la situación”.

El secretario de Obras Públicas describió que “esto es una dinámica que se ha dado en distintos sectores de la ciudad. Hemos ido logrando frenar algunas situaciones de estas características por actuaciones que se han podido ir teniendo”. Sin embargo, manifestó que “el territorio es bastante extenso como para tener presente cada una de las parcelas, pero en la medida en que vamos teniendo algún conocimiento, a veces actuamos de oficio como la otra vez en algunos loteos de La Elena”.

Por otra parte, sobre la conexión de luz en ese parcelamiento irregular, Lafosse explicó que “estamos trabajando en coordinación con la Usina Municipal para evitar que se baje la energía eléctrica en determinados sectores en los que no hay una subdivisión aprobada por el Municipio”.

Apuntó que en este caso, el condominio accedió a la luz porque “esto fue anteriormente a estas acciones que nosotros hemos ido coordinando con la Usina para evitar que se sigan generando estas subdivisiones del territorio sin las autorizaciones” y añadió que “en la medida en que empiezan a tener disponibilidad de servicios, sobre todo la luz, tienen acceso a determinada calidad de vida que sin tener luz o teniendo una sola bajada para una cantidad de lotes resulta más conflictiva”.

En cuanto a la gestión del servicio, sostuvo que en caso de estas superficies ubicadas en zona de sierras, la Usina habilita una única bajada de luz una vez que realizó consultas ante el Municipio y el Oceba.

Por último, Lafosse recomendó que “cualquier potencial comprador que pretenda adquirir una fracción de tierra debería asesorarse muy precisamente, porque sabemos que existen todas estas prácticas”.

Y expresó que “fundamentalmente se plantea a cualquier persona que pretenda, o tenga la expectativa, o tenga algún ahorro disponible para poder comprar algún lote o predio, que se acerque a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Catastro, que está en Chacabuco y Maipú, para hacer las consultas” con el objetivo de chequear la situación parcelaria del inmueble que le ofrecen.

La provincia de Buenos Aires se consolidó como el principal distrito en materia de obra privada a nivel nacional. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, elaborado sobre la base de estadísticas del Indec, la provincia concentró alrededor de un tercio de toda la superficie autorizada para construir en Argentina entre 2021 y 2025.

Al sumar la Ciudad de Buenos Aires, ambas jurisdicciones reunieron cerca de la mitad de los 85 millones de metros cuadrados registrados durante dicho período. El estudio detalla que, en esos cinco años, se otorgaron 312.272 permisos de construcción que totalizaron 84,3 millones de metros cuadrados.

Tras cuatro años consecutivos de caída, en 2025 la superficie autorizada mostró una recuperación del 6 por ciento respecto de 2024, aunque todavía se ubicó por debajo de los niveles registrados al comienzo de la serie. En territorio bonaerense, los municipios con mayor volumen de construcción fueron Escobar, Tigre, La Plata, Almirante Brown y Berazategui, todos con más de un millón de metros cuadrados autorizados.

El conurbano, sin contar a la Ciudad de Buenos Aires, lideró el ranking nacional con 20,9 millones de metros cuadrados autorizados, lo que representa el 24 por ciento del total nacional. Esta cifra quintuplica al segundo aglomerado, Córdoba, que registró 4,2 millones de metros cuadrados.

Otros distritos del interior también mostraron una actividad significativa, como Necochea con 471.885 metros cuadrados, Pergamino con 395.743, Junín con 387.075, Mar Chiquita con 307.918, Lobos con 265.142, Balcarce con 264.611, Mercedes con 263.253 y Ramallo con 262.901 metros cuadrados.

Al analizar la construcción en relación con la cantidad de habitantes, el informe advierte que el conjunto del conurbano bonaerense registra apenas 0,35 metros cuadrados construidos por habitante por año, un valor inferior al de la Ciudad de Buenos Aires, que alcanza los 0,8 metros cuadrados por habitante.

El caso de construcciones clandestinas sobre calle Israel -en Zona Protegida- volvió a poner en debate una problemática que crece en Tandil: las estafas de venta de lotes mediante la modalidad de condominio. Por el tema, El Eco consultó a profesionales del Colegio de Agrimensores Distrito II, del Consejo Profesional de Agrimensura de la Provincia de Bs. As., quienes recordaron que todos los particulares con dudas sobre posibles operaciones inmobiliarias pueden recurrir a la entidad para informarse o bien consultar a un agrimensor de la localidad.

“Nos puede consultar a nosotros, siempre. O al área de Catastro en la Municipalidad. La consulta es un ratito”, dijo Esteban Kain, presidente del mencionado Colegio. “Ningún profesional puede aprobar un proyecto que no esté avalado por la norma, y queremos dejar en claro que los agrimensores no estamos detrás de esto. Es importante que si alguna persona detecta que hay un agrimensor en este tipo de operatoria, que lo denuncie al Colegio Profesional”, agregó.

Los agrimensores tienen un rol central en la regularización de proyectos inmobiliarios, y en particular en que los propietarios cuenten con planos de subdivisión. Por ese motivo evalúan las aptitudes del predio según en qué zona de la Ciudad se encuentra el predio, si está o no en Zona Protegida y relevan los datos de los predios a intervenir, determinan el lugar de los mojones, y están a cargo de una serie de gestiones vinculadas a la apertura de calles, estudios hidráulicos, dotación de infraestructura y servicios, entre otros.

“Se presenta un proyecto en el Municipio y hay que cumplir todo ese requerimiento. Recomendamos al comitente qué es lo que se puede hacer en ese lugar, de acuerdo a la normativa vigente”, explicó.

“Una vez que todo el proceso avalado en la Municipalidad, con el final de obras de infraestructura, es cuando se autoriza esa subdivisión. Son procesos largos y dependiendo del caso, suelen ser costosos”, detalló.

Desde el Colegio de Agrimensores del Distrito II explicaron también que la figura de condominio no es ilegal en sí misma. Suele darse por ejemplo, en sucesiones de cualquier propiedad o terreno común, que un porcentaje queda para cada familiar según como se trate la herencia. Pero siempre, remarcaron, dicho condominio es indiviso y sobre el total de la propiedad, no de una parte física específica o delimitada del inmueble.

En el mismo sentido remarcaron que no se puede utilizar la figura de condominio para subdividir un macizo en zonas en las que la normativa vigente limita la cantidad de lotes y construcciones posibles. Por ejemplo, en la Zona Natural Protegida, donde las cotas de altura determinan loteos no menores a 1,5 hectáreas, con áreas en las que no se permiten parcelas menores a 10 hectáreas.

“En el último tiempo proliferaron en la ciudad ofertas de ventas de lotes mediante la modalidad de condominio. Se trata de falsas subdivisiones por fuera de la normativa, que a futuro no habilitarán a los compradores a contar con la titularidad individual de lo que compraron. No podrán obtener permiso de obra para construir en ese espacio que les vendieron. El día de mañana, no van a lograr tener escritura propia, ni obtener crédito hipotecario", explicaron sobre tales casos.

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó en marzo pasado un proyecto de ordenanza para reforzar los controles al respecto. La iniciativa propone crear un Certificado de Aptitud Urbanística –una especie de DNI de cada terreno-, a partir de los cuales los posibles compradores o vendedores podrán saber qué se puede desarrollar y qué no en cada lugar.

El proyecto continúa en análisis de parte del Ejecutivo Municipal, y el propio gobierno local inició una campaña para alertar por intentos de estafa mediante la venta por condómino.

El caso de calle Israel había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024. El bloque Fuerza Patria elevó un pedido de informes para conocer detalles de la situación del loteo. Desde la Comuna confirmaron a El Eco que fue comercializado como condominio, y que las obras ya construidas no cuentan con los planos correspondientes, por lo que son ilegales.

A través de la Secretaría Legal y Técnica, el Ejecutivo emplazó a los responsables de un desarrollo inmobiliario clandestino para que en un plazo de 48 horas retiren un portón y un muro que obstruyen el paso hacia la calle Lanza del Vasto. El organismo advirtió que, de no cumplirse la manda, la comuna procederá a la demolición de la estructura con cargo a los infractores.

Tras la exposición pública de los preservacionistas y el pedido de informes en el Concejo, la Municipalidad dio un paso en la regularización del uso del espacio público y la preservación de las normativas urbanas en áreas sensibles de la ciudad. Tras una inspección técnica, el Gobierno local notificó formalmente a los desarrolladores de un condominio que se construye sin autorización en la denominada Zona Protegida, exigiéndoles la liberación inmediata de una vía de circulación que había sido cercada de manera ilegítima.

La intervención administrativa se originó a partir de las actuaciones realizadas por el Área de Catastro, donde los técnicos verificaron una transgresión flagrante a las leyes de ordenamiento territorial. Según pudo confirmar este Diario, los inspectores detectaron la construcción de un muro de mampostería revocado, complementado con un portón corredizo, que interrumpe la libre circulación de la calle Israel. Esta estructura impedía no solo el acceso vehicular, sino también el tránsito peatonal hacia la calle Lanza del Vasto, transformando un bien de dominio público en un acceso restringido para beneficio de un privado.

La medida adoptada por la Secretaría Legal y Técnica se enmarcó en un contexto de creciente demanda de control sobre los emprendimientos que se asientan en las zonas de sierras, donde la normativa es particularmente estricta. El avance de este tipo de cerramientos sin permiso municipal generó preocupación en las autoridades locales, ya que afecta de forma directa la conectividad de los barrios y sienta un precedente peligroso para la planificación urbana de Tandil.

El informe elevado por las áreas competentes fue determinante para que el Ejecutivo emitiera la orden de retiro inmediato.

En la notificación enviada a los responsables, se dejó constancia de que la existencia de dicho portón constituye una afectación directa al dominio público municipal. El documento oficial al que tuvo acceso este Diario,  subrayó que la situación se encuentra en evidente contravención con normativas de jerarquía nacional y local, lo que motivó el establecimiento de un plazo perentorio de 48 horas para que la calzada vuelva a su estado original, bajo el apercibimiento de utilizar la fuerza pública para restituir la legalidad del sector.

El loteo en Zona Protegida no presentó planos y tiene una causa judicial: "Son obras clandestinas"

El dictamen elaborado por el cuerpo legal del Municipio se fundamentó en tres pilares normativos que garantizan la integridad de las calles como bienes comunes. En primer lugar, se invocó el Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece con claridad que las calles son bienes de dominio público del Estado. Por tal carácter, su uso debe estar garantizado de manera irrestricta para toda la comunidad, resultando jurídicamente imposible que un particular se apropie de una traza vial o limite su acceso mediante estructuras físicas.

Asimismo, la construcción obstruccionista vulneró los preceptos del Plan de Ordenamiento Territorial (PDT), bajo la Ordenanza 9865. Este marco normativo, que rige el crecimiento de Tandil, prohíbe terminantemente realizar cualquier tipo de obra, construcción o instalación que cierre, obstruya o desvíe de forma directa o indirecta un camino público.

El Artículo VII.26 de dicha norma es taxativo al respecto, señalando que la preservación de la red vial es una prioridad para el interés general y no puede quedar supeditada a intereses privados o desarrollos inmobiliarios no autorizados.

Por otra parte, se citó el Código de Edificación vigente, sancionado bajo la Ordenanza 5580. En este punto, el Ejecutivo recordó que toda obra realizada sin el correspondiente permiso municipal y que afecte el interés general comunitario es considerada automáticamente en contravención. Según lo previsto en el Artículo 1.3.3.6 de dicho cuerpo legal, ante órdenes de corrección o demolición no cumplidas por los particulares, el intendente y su gabinete tienen la facultad de ordenar el retiro de los elementos en falta mediante el uso de los equipos operativos de la propia Municipalidad.

La situación del condominio en cuestión se agravó debido a su carácter de "clandestino". Al desarrollarse en una Zona Protegida y no contar con las habilitaciones correspondientes, la elevación de muros y portones sobre la vía pública fue interpretada como un desafío a la autoridad de aplicación. Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que no es la primera vez que se detectan intentos de cerrar accesos en zonas de alta valorización inmobiliaria, lo que ha llevado a un endurecimiento de las sanciones y controles.

La intimación cursada por la Secretaría Legal y Técnica no se limitó a la orden de retiro, sino que incluyó una advertencia económica y administrativa para los propietarios. En el caso de que el portón y el muro no sean removidos en el tiempo estipulado, la Municipalidad procederá a efectuar el retiro y la demolición de la estructura de forma directa. Sin embargo, esta tarea no será gratuita para el infractor, ya que todos los gastos que la operatividad irrogue serán trasladados y reclamados legalmente a los responsables.

Esta modalidad de ejecución directa, contemplada en el Artículo VII.26.2 del Plan de Ordenamiento Territorial, busca evitar que el erario público deba costear los errores o las faltas cometidas por desarrolladores privados. Los costos de maquinaria, personal y logística para liberar la calle Israel serán liquidados y enviados al contraventor bajo la forma de cargos especiales, los cuales, de no ser abonados, podrían derivar en ejecuciones fiscales y embargos sobre las parcelas involucradas en el desarrollo.

Además del recupero de los gastos de demolición, los infractores deberán afrontar las multas y sanciones adicionales que determine el Juzgado de Faltas. La normativa edilicia vigente establece escalas punitivas elevadas para quienes construyen en contravención, especialmente cuando se trata de afectaciones al dominio público. La Secretaría de Legales enfatizó que la apertura de la calzada no exime al privado de las responsabilidades legales previas por haber levantado una estructura clandestina en un área de protección ambiental.

Finalmente, el documento recordó que la libre circulación por la calle Israel es un derecho de todos los ciudadanos y que la conectividad hacia la calle Lanza del Vasto es estratégica para la zona. La determinación del Ejecutivo municipal de actuar con celeridad en este caso responde a una política de "tolerancia cero" frente a las tomas o bloqueos de calles, una problemática que ha ido en aumento ante el crecimiento de la ciudad hacia las laderas serranas, donde la línea entre lo privado y lo público suele verse desdibujada por emprendimientos sin planos aprobados.

La llegada del futuro shopping, el destino del centro comercial, la necesidad de construir una ciudad más compacta y el debate permanente sobre el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) fueron algunos de los ejes abordados por el arquitecto Roberto Guadagna durante el desayuno de Tandil Despierta. Con una mirada enfocada en el largo plazo, el especialista sostuvo que Tandil atraviesa una etapa de profundas transformaciones que demandarán planificación, infraestructura y acuerdos entre el Estado y el sector privado.

Uno de los temas que genera mayor expectativa es la construcción del nuevo paseo comercial. Para Guadagna , se trata de un proyecto que tendrá una influencia inédita para la escala de Tandil.

"Por la dimensión del proyecto en relación con la ciudad, va a tener un impacto similar al que representan las Galerías Pacífico en Buenos Aires", afirmó, al anticipar que modificará los hábitos de consumo y, en consecuencia, la dinámica del microcentro.

El arquitecto explicó que, en jornadas de temperaturas extremas, muchas personas elegirán realizar sus compras en un espacio cerrado y climatizado, reduciendo parte del movimiento tradicional del centro. Sin embargo, aclaró que esto no debe interpretarse como una amenaza, sino como una oportunidad para repensar y revitalizar el sector.

En ese sentido, propuso retomar iniciativas como el proyecto de Centro a Cielo Abierto para fortalecer la experiencia urbana y recordó que procesos similares ya ocurrieron en ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata.

De todos modos, relativizó el alcance del impacto. Según indicó, sectores comerciales consolidados fuera del microcentro, como Villa Italia o la avenida Brasil, poseen dinámicas propias que difícilmente se vean afectadas por la apertura del shopping.

Más allá del aspecto comercial, Guadagna dedicó buena parte de la charla al crecimiento urbano. Defendió el modelo de ciudad compacta, una tendencia que actualmente adoptan muchas ciudades modernas.

"La discusión ya no pasa por seguir expandiendo indefinidamente los límites urbanos, sino por aprovechar mejor el suelo disponible mediante la densificación y el crecimiento en altura", sostuvo.

Recordó que durante su paso por la Secretaría de Obras Públicas, entre 2016 y 2017, se realizaron estudios que proyectaban que Tandil podría albergar alrededor de 300.000 habitantes dentro del actual ejido urbano, siempre que el desarrollo estuviera acompañado por la infraestructura necesaria.

No obstante, advirtió que densificar no implica simplemente construir más edificios.

"Cada proceso de densificación debe ir acompañado por una evaluación permanente de la capacidad de las redes de agua, cloacas, energía, transporte y servicios públicos", explicó.

Para Guadagna, uno de los conceptos centrales del urbanismo es "construir ciudad", una tarea que va mucho más allá de levantar viviendas.

El primer paso consiste en generar suelo urbano, una tarea que actualmente encuentra limitaciones en Tandil debido a la escasez de tierras fiscales.

"A diferencia de otras ciudades, aquí el Estado prácticamente debería salir a comprar tierras para urbanizarlas, algo muy difícil de sostener con los recursos disponibles", señaló.

Pero disponer de suelo tampoco es suficiente.

"Después hay que llevar infraestructura, abrir calles, extender redes, incorporar transporte y equipamiento urbano. Todo eso requiere inversiones muy importantes", agregó.

Por ese motivo, consideró indispensable fortalecer la articulación entre el Estado y el sector privado.

"Construir ciudad requiere acuerdos público-privados y una mirada estratégica", resumió.

Consultado sobre el debate en torno al Plan de Desarrollo Territorial, Guadaña aclaró que no se trata de elaborar un nuevo instrumento, sino de actualizar permanentemente una herramienta que debe acompañar la evolución de la ciudad.

Explicó que constantemente ingresan pedidos de modificación provenientes de distintos sectores y que esa dinámica refleja la tensión natural entre los intereses públicos y privados.

Al mismo tiempo, reconoció que muchas de las intervenciones proyectadas dependen de recursos que hoy son escasos.

"La situación financiera de los distintos niveles del Estado es compleja, especialmente después de la fuerte reducción de la obra pública nacional", afirmó.

Entre las prioridades mencionó la necesidad de avanzar con obras hidráulicas que permitan acompañar el crecimiento urbano.

Explicó que no toda la ciudad presenta las mismas características geográficas. Mientras el pedemonte, el centro y la zona hasta la Ruta Nacional 226 responden a una lógica de pendientes naturales, al norte de la ruta aparece una configuración de valle que requiere soluciones técnicas específicas para el manejo del agua.

Finalmente, se refirió a uno de los debates urbanísticos más recurrentes en Tandil: la altura de los edificios.

Lejos de rechazar esa posibilidad, sostuvo que puede formar parte de una estrategia de crecimiento siempre que se preserven las visuales hacia las sierras, uno de los principales activos paisajísticos de la ciudad.

En ese marco, mencionó a la avenida Del Valle como uno de los corredores donde podrían admitirse construcciones considerablemente más altas que las actuales, incluso triplicando las alturas hoy permitidas, sin afectar la identidad paisajística de Tandil.

"La clave es orientar el crecimiento hacia los lugares adecuados para que la ciudad pueda seguir desarrollándose sin perder aquello que la hace única", concluyó.

Fabián Mestralet, integrante de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, ratificó que había advertido en 2024 sobre el loteo en Zona Protegida que, sobre el fin de semana, denunció el Departamento Ejecutivo ante la Justicia de Faltas. El debate resurgió en el Concejo Deliberante, a partir de un pedido de informes impulsado por Fuerza Patria que fue votado por unanimidad.

El preservacionista ubicó las construcciones irregulares en una manzana ubicada en las calles Israel y Lanza de Basto. “Abarca una zona que está dentro del área protegida porque tiene una altura elevada, pero además cuando uno va, primero se encuentra con un portón en una calle que en teoría es pública, y se encuentra con un loteo que es absolutamente irregular”, explicó en diálogo con “La mañana de El Eco” (104.1 Tandil FM y El Eco Streaming).

Confirmó que esta subdivisión formó parte de la presentación de una serie de denuncias que realizaron, que “lamentablemente no hemos tenido una respuesta pública del Municipio” y ratificó que el loteo en cuestión “siguió avanzando”.

En tanto, sumó como “algo muy preocupante que ahora tenemos la respuesta de un funcionario municipal que dice que no tiene planos, pero sin embargo cuando uno va al lugar se encuentra con que tiene diez medidores de la Usina. Si no tiene planos, cómo la Usina le va a bajar la luz”.

Cuestionó que la Usina, una empresa con capitales municipales mayoritarios, “si no tiene planos, cómo le va a bajar la luz. La verdad que no se entiende” y concluyó que “es absolutamente irregular. Es un lugar muy elevado que, como bien dice el propio funcionario, a lo sumo podría haber una sola construcción”.

En tanto, Mestralet señaló que en el momento que denunciaron había tres construcciones, pero “evidentemente han avanzado, hay más; pero además los medidores que estaban bajados, que nosotros sacamos las fotos y lo presentamos al Municipio eran no menos de nueve o diez. En ese momento, en 2024”.

En igual sentido, reflexionó que “uno se pregunta cómo puede ser que la propia empresa municipal le provea el servicio a algo que es absolutamente irregular, que según el propio funcionario no tiene planos y que avanzó, evidentemente, sin ningún tipo de control. La verdad que no se explica”, insistió.

En tanto, consideró que la Usina “debería retirarlos, así como hicieron en el loteo este donde agredieron al vecino, que fue la Usina y los retiró el Municipio, como mínimo tendría que retirar los medidores”.

Mestralet remarcó que “tendría que haber una explicación pública”, porque “la Usina cuando uno va a hacer un trámite, le exige a la persona que va los papeles correspondientes, como mínimo una certificación de propiedad o alquiler”.

En relación a las expectativas ante la judicialización del caso, señaló que “la Justicia evaluará y se verán las medidas. En realidad eso ahí no tendría que estar. Es así de claro”.

Ante la repregunta, el preservacionista refrendó que “esas casas ahí no tendrían que estar”, al tiempo que recordó que a un vecino de Villa Cordobita lo hicieron demoler, hace un año, una vivienda en un lugar donde carecía de autorización.

Mestralet apuntó también a la comercialización de lotes que no existen en los planos. “Se multiplican las estafas y casos absolutamente irregulares que son muy nocivos paras sierras. Nosotros trabajamos desde el punto de vista ambiental, entendiendo que hay que preservar las sierras, pero la verdad que también nos encontramos con que es absolutamente irregular y viola cualquier principio de ley. Pareciera que hay algunas personas que pueden avanzar y hacer cualquier cosa y el resto de los vecinos que cumplimos la ley nos tenemos que atener a aquellas cosas que está previsto en la ley que se pueden hacer en cualquier lugar de la ciudad, no solamente en las sierras”, analizó y focalizó en el principio de “igualdad ante la ley”.

En tanto, confirmó que quien comercializa este emprendimiento irregular es el mismo que ofrecía el de La Elena donde resultó agredido un vecino y agregó que “hay varios loteos” ya que “nosotros en 2024 denunciamos 20 casos. Los tenemos mapeados y están en el sitio de la Asamblea que es asambleasierrastandil, que pueden encontrar el acceso al mapa. Esos son los que fehacientemente hemos comprobado que son irregulares, por supuesto que debe haber muchos más, porque nosotros lo hacemos como vecinos con nuestros medios”.

Y cuestionó que “el Estado municipal, con todas las herramientas que tiene, tendría un poder de contralor mucho más efectivo” y expuso que los funcionarios deberían responder ante la fiscalización.

En esa línea, apuntó que si la ONG integrada por vecinos, a partir de denuncias de otros vecinos, va a comprobar a los lugares, saca fotos y usa mapas satelitales para comparar, “el Municipio tiene todas las herramientas para hacerlo, claramente. Si se deja avanzar esto, claramente, es o por mecanismos de excepción o porque no se está controlando como corresponde”.

Por otra parte, aclaró que desde la Asamblea, en 2024 realizaron las presentaciones ante Mesa de Entradas, dirigidas a los funcionarios que correspondía, pero “no tuvimos una sola respuesta por ninguno de los casos. Públicamente se da una respuesta por una manzana en Don Bosco, donde hay una persona que puede hacer una sola construcción en esa manzana y quiere dividir en siete lotes y hacer dos construcciones por cada lote. Ese es el único caso donde intervino el Municipio, que no sabemos en qué estado estará”.

En tanto, atribuyó la reciente denuncia del Ejecutivo, a que “tomó estado público” este segundo caso que calificó como “absolutamente irregular”, al tiempo que advirtió que “hay muchos más”.

Mestralet remarcó que “la obligación de los funcionarios es hacer lo que corresponde y evitar que ese tipo de proyectos avance”, argumentando que “es absolutamente irregular, no se cumple la ley, y por otro lado, tiene consecuencias terribles para la ciudad. Justamente por eso hay una Zona Protegida y hay un Plan de Ordenamiento que se tiene que cumplir, es una ley, y lamentablemente vemos que en muchos casos no se hace cumplir. Los que tienen que dar las explicaciones son los funcionarios y tienen que revertir la situación”.

Consultado sobre el debate para actualizar el PDT, Mestralet insistió con que  “si hay una ley vigente, se tiene que cumplir. Parece algo increíble, sobre todo si uno se lo plantea como vecino a funcionarios públicos”.

En paralelo, evaluó que “si una persona porque tiene cierto grado de influencia, tiene dinero o se le ocurre avanzar y hace cualquier cosa en cualquier lugar y vende lotes que en realidad no existen legalmente, que no se podrían hacer, en lugares que tienen consecuencias ambientales que son desastrosas para el resto de la ciudad, entonces para qué existe la ley”.

Para Mestralet, “primero se tiene que cumplir el PDT, para empezar” y agregó que “cualquier modificación, lo que planteamos nosotros es que primero se tiene que hacer una auditoría de todo lo que se hizo en la Zona Protegida, antes de hacer cualquier cosa, y ninguna modificación puede legalizar aquello que se hizo mal, que se dejó avanzar haciendo la vista gorda, como este proyecto por ejemplo, o que se le dio una excepción irregular. Todos esos proyectos no se pueden legalizar. De alguna manera se tiene que volver para atrás con esto”.

Por otra parte, Fabián Mestralet confirmó que la Asamblea Ciudadana planteó objeciones a la construcción de un colegio en avenida Fleming y manifestó que el Municipio “debería transparentar y dar a conocer el proyecto, y las personas que lo presentan”.

Consideró que la institución educativa “es un negocio” para el cual los promotores “necesitan la firma de un funcionario que les habilite una excepción y que el Municipio haga una obra a costa de todos los contribuyentes para poder habilitar esa excepción, agua y cloacas mínimo”.

Explicó que el emplazamiento a unos 300 metros aproximadamente de la Curva de la Muerte “es absolutamente inadecuado” y fundamentó que “inclusive, según el PDT, la norma municipal, eso está por encima de la cota 220 (metros sobre el nivel del mar). Ahora aparentemente los particulares hicieron una medición y dicen que no, que está por debajo de esa cota. Sin embargo, la medición es particular, no es que la hizo el Municipio con algún profesional contratado que se puede verificar y encima, dan por válida esa medición del privado. Es muy irregular”.

Por otro lado, evaluó que si bien en la zonificación vigente el uso educativo estaría permitido, “tienen que presentar estudios de impacto ambiental y un montón de documentación que tendría que ser pública, además, y hay que hacer una obra que no está en el presupuesto, que demanda alrededor de 180 millones de pesos, que gran parte de la obra la pagamos entre todos los vecinos”.

El loteo y las construcciones de calle Israel —ubicados en Zona Protegida— por los cuales Fuerza Patria pidió informes al Ejecutivo, fueron denunciados por el Municipio ante la Justicia de Faltas y el gobierno provincial. El hecho derivó en causas, una de ellas porque el lote se subdividió bajo la modalidad de condominio, pese a estar prohibido en ese lugar. Así lo informó el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, en una entrevista con El Eco de Tandil. En los últimos días, el Intendente recibió a funcionarios y al juez Oliveto para trabajar en el caso.

Entre otros aspectos, Lafosse confirmó que se trata de obras clandestinas que no cuentan con planos aprobados a nivel municipal, y aseguró que desde la Comuna realizaron inspecciones incluso antes de la denuncia presentada por la Asamblea por la Preservación de las Sierras. También señaló que existen una causa en curso en el Juzgado N°2 , y que el juez Oliveto otorgó una ampliación de plazos para que los propietarios aporten la documentación requerida.

De cara a la continuidad del caso, planteó que se tomarán acciones para regularizar la situación. “Siempre va a haber opciones para regularizar. La más crítica de todas es la demolición. Que se mande a demolición algunas de las viviendas que están ahí”, sostuvo.

Fue en la sesión del pasado jueves 25 de junio del Concejo Deliberante cuando Rogelio Iparraguirre presentó un pedido de informes por un loteo y construcciones sobre calle Israel.

El concejal vinculó el caso con otro debate en curso, y por el que él mismo elevó un proyecto de ordenanza: la comercialización de lotes bajo la figura de condominio en Zona Natural Protegida Sierras de Tandil. Si bien la normativa vigente permite el condominio para determinados desarrollos, no aplica para subdividir lotes en el área serrana.

El loteo ya había sido denunciado por la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre de 2024. La organización ciudadana había publicado la imagen de un portón que impedía ingresar al desarrollo, en calle pública.

De acuerdo a información a la que accedió El Eco, pese a la prohibición las construcciones se llevaron a cabo en lotes comercializados bajo la figura de condominio. Y el desarrollador a cargo fue el mismo que estuvo implicado en un caso similar en La Elena, donde un vecino resultó brutalmente agredido y el Municipio paralizó los trabajos.

Tras el pedido de informes, se llevó a cabo una reunión en la Municipalidad. Estuvieron presentes Lafosse junto al juez Pedro Oliveto, y también los funcionarios Manuel Aguerre –Obras Privadas-, Mauro Ortega –Vialidad-, Guillermina Cadona –subsecretaria de Coordinación-, y de manera remota el secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli y el secretario de gobierno Miguel Lunghi.

El encuentro tuvo el fin de informar al Intendente Miguel Lunghi de las acciones realizadas a la fecha, el estado de situación y la continuidad del caso.

-Hubo una reunión de funcionarios con el Intendente y el juez de Faltas Pedro Oliveto para analizar el caso de un supuesto loteo irregular en Zona Protegida. ¿Qué se trató y qué se definió en ese encuentro?

-Luciano Lafosse: Se hizo un repaso de todas las acciones que se habían tenido. El Intendente nos pidió que lo informáramos respecto de la situación, tanto de la situación puntual como la de las acciones que nosotros habíamos realizado como Municipio. También se planteó alguna idea de cómo actuar a futuro.

-¿Cómo se va a actuar a futuro?

-En términos generales, inspeccionar y hacer nuevas instrucciones. Nosotros ya hemos hecho inspecciones tanto con el área de Vialidad como con el área de Obras Privadas. Y acciones que generaron dos denuncias. Una denuncia en Hidráulica de Provincia porque al predio ese lo cruza un arroyo semipermanente, y en Obras Privadas también hubo un una acción que derivó en una causa que está tratando el Juzgado de Faltas, Oliveto.

-Causas iniciadas por el Municipio…

-Sí, a partir de la denuncia, de haber inspeccionado y detectar que había obras que estaban en condición clandestina. Sin haber hecho la presentación de los planos previamente, como debía ser.

-¿Cómo es la situación hoy de esas obras en ese lugar?

- Ninguna tiene presentación de planos.

-¿Se vendió como condominio?

-Hay un condominio que está dividido inicialmente por una familia, y eso es lo que está tratando el Juzgado de Faltas. Había alguna ampliación de plazos que el juez de Faltas había dado para ver si podían aportar la documentación definitiva de la aprobación de esa división.

-Pero en principio, por la información que ustedes ya tienen, se trata de obras por lo menos fuera de la normativa…

-Son obras clandestinas y realmente son obras que están fuera de la normativa porque no se presentaron los planos. Toda obra que se realiza debería tener el paso inicial de la de la autorización de esa obra por el área de Obras Privadas.

-¿Cómo recibió el Intendente la información que le compartieron?

-Preocupado por la situación. Y como siempre nos planteó generar acciones nuevas para tratar de poner en regla, o que se tomen acciones en función de la normativa.

-¿En referencia a los controles?

-Controlar y eventualmente tomar decisiones. Más allá de los controles, que haya acciones concretas para tratar de ver cómo se puede regularizar esa situación y que esté todo ajustado a la normativa.

-¿Existe la posibilidad de regularizar esto?

.Sí, siempre va a haber opciones para regularizar. La más crítica de todas es la demolición. Que se mande a demolición algunas de las viviendas que están ahí.

-Trascendió en los últimos días que hubo inspecciones municipales en el lugar que terminaron con hechos de violencia para con funcionarios del Municipio. ¿Fue así?

-No, no llegó a la violencia. Sí hubo situaciones.

-¿Van a responder el pedido de informes de Fuerza Patria?

-Sí, por supuesto.

-¿Cómo sigue esto?

- Vamos a tomar nuevas acciones para tratar de realizar más inspecciones, inspecciones nuevas. Ver cómo es la situación porque puede llegar a ser que se haya modificado respecto a la situación que nosotros teníamos documentada.

-Este caso lo había denunciado la Asamblea por la Preservación de las Sierras en noviembre del 2024. ¿Por qué se llegó hasta este punto si tenían conocimiento de esto?

-Nosotros tuvimos también algunas acciones en función, no de eso, sino que en función de haber conocido la situación. Esas acciones que nosotros tomamos fueron previas a la denuncia que habían hecho en ese momento. Todas las acciones que nosotros hicimos fueron inclusive previas a esa a esa denuncia.

-¿Y las construcciones fueron previas a las inspecciones?

-Sí, el empezar con la construcción es lo que origina las actuaciones nuestras.

-Los desarrolladores construyeron casas sin haber presentado nada al Municipio...

-Claro. Eso es lo que origina la primera de las actuaciones nuestras. Porque no estaban presentados los planos previamente que deben presentarse antes de cualquier inicio de obra.

Por años, la impresión 3D estuvo asociada a pequeñas piezas de plástico o prototipos industriales. Sin embargo, en San Javier, Córdoba, el emprendedor Agustín Gore llevó esta tecnología a otra escala: imprimir casas enteras utilizando barro. El proyecto, bautizado como Barrobot, emplea una impresora gigante para depositar capas de una mezcla de tierra, arena, agua y fibras naturales.

Sobre esta iniciativa, que se posiciona como única en Argentina y América del Sur, el creador señaló:

“Unimos saberes ancestrales e innovación tecnológica”.

El desarrollo es fruto del trabajo conjunto entre Agustín Gore y su socio, Gustavo Mutio, quienes desde hace más de cuatro años buscan combinar automatización, sustentabilidad y acceso a la vivienda. El sistema funciona mediante un diseño arquitectónico dividido en capas horizontales, donde la máquina deposita el material siguiendo coordenadas precisas, similar a un sistema CNC.

La estructura que actualmente se encuentra en construcción es un domo, elegido por su eficiencia técnica y económica. Según explicó Gore, el diseño permite aprovechar la capacidad del barro para ser reciclado y ofrece una resistencia estructural superior. Además, la disposición interna de las paredes, inspirada en la naturaleza, mejora notablemente el aislamiento térmico de la vivienda.

El domo tendrá un diámetro de siete metros y una superficie interna de 28 metros cuadrados. Una de las ventajas destacadas es la posibilidad de integrar instalaciones eléctricas y cañerías durante la impresión, evitando tareas posteriores de picado en las paredes.

A pesar de los prejuicios sobre la durabilidad del material, los responsables han realizado pruebas de resistencia a la intemperie con resultados positivos. El objetivo final es democratizar el acceso a la bioconstrucción.

“Queremos que el barro gane el lugar que se merece, que deje de ser una rareza o un lujo”, concluyó Agustín Gore, quien planea fabricar más máquinas para facilitar la construcción de viviendas a precios competitivos.

El concejal Rogelio Iparraguirre dialogó con El Eco Multimedios y planteó su mirada sobre las reuniones que el Ejecutivo municipal convocó para debatir el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), en vistas de modificarlo.

“Inicia una discusión que durante 23 años no dio”, expresó el referente de Fuerza Patria en diálogo con Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1.

Iparraguirre hizo mención a que la convocatoria se limitó solo a los colegios técnicos y no a los concejales, pero también dio cuenta de una serie de críticas a la gestión territorial del gobierno local, en particular por herramientas e instrumentos que el PDT habilita pero que “no han sido muy utilizados”. 

Además, sostuvo la necesidad de elaborar en primer término un diagnóstico preciso sobre la realidad local y el impacto del Plan a dos décadas de su sanción, antes de avanzar en cualquier modificación normativa. 

“Debiéramos pasar en limpio dónde estamos parados los tandilenses en cuanto a los procesos internos que ha venido viviendo nuestra ciudad para poder poner en contexto la discusión que vamos a tener, más allá de que Lunghi o quien sea convoque o no convoque ”, manifestó Iparraguirre, enfatizando que "esto tiene que ver con el presente y con el futuro de Tandil".

En relación con la metodología de trabajo elegida por el Gobierno municipal, el concejal fue tajante al señalar que la exclusión de los sectores políticos es un error estratégico. "Si ahora podemos hacerlo sin convocar a fulano o a mengano créanme que es una tontera a esta altura y quien tiene esa intención se va a chocar contra la pared", advirtió.

Asimismo, el referente de Fuerza Patria cuestionó la gestión de los instrumentos previstos en la normativa vigente. "Nosotros entendemos que el PDT contiene un montón de instrumentos y herramientas muy virtuosos el problema es que no han sido utilizados", afirmó. Según su visión, omitir un balance del proceso interno que ha vivido la ciudad llevaría a "errar al viscachazo" en la rediscusión del plan.

Iparraguirre identificó dos fenómenos críticos que, a su entender, han marcado la última década en Tandil y que generan tensiones los objetivos originales del ordenamiento territorial. 

El primero es la "fractura y desintegración social". Al respecto, describió que se trata de una "fractura social que nosotros llamábamos ‘el cristal roto’ hace ya mucho tiempo, casi en soledad. Hoy es innegable,  inocultable que coexisten dos realidades ya demasiado diametralmente opuestas borroneando una de las características más distintivas y potentes de Tandil históricamente que fue la integración social".

El segundo proceso señalado fue  “el crecimiento sostenido sin planificación”. Al respecto sostuvo que "hubo una autoridad municipal que creyó que su único rol frente al crecimiento innegable de Tandil era sentarse a aplaudir y en realidad quien gobierna, quien gestiona frente a procesos de crecimiento es entender la oportunidad de lo que eso significa. Para planificar y ejercer autoridad y control sobre ese crecimiento. Ninguna de esas cosas ocurrieron", sentenció.

En cuanto a las herramientas técnicas, Iparraguirre enumeró instrumentos como el Banco Municipal de Tierra, el Fondo de Desarrollo Urbano, los convenios y consorcios urbanísticos, y los planes especiales. "La enorme mayoría de estas, no han sido utilizadas o han sido utilizadas de manera muy pobre", lamentó. 

Sobre el Fondo del Desarrollo Urbano, explicó que su eficacia depende de que se afecten fondos específicos para financiar infraestructura. Y planteó que el municipio dejó pasar oportunidades de captar renta urbana que “fondee” al mencionado recurso. 

En ese sentido puso como ejemplo el cambio de normativa para determinadas avenidas de la ciudad -Avellaneda, Brasil, Alvear-, " para que tuvieran indicadores que permiten construir hasta 15 metros de altura”, explicó. Según Iparraguirre, en los últimos años se han iniciado más de 50 carpetas en ese sector. 

"Sin el Estado eso no se podía hacer. A partir de esa decisión del sector público, el metro cuadrado se ha multiplicado por 10 o por 15  en la avenida Brasil que hace no tantos años era una avenida de tierra", agregó, marcando que desde el gobierno local se podría haber intervenido en los desarrollos, activando las herramientas del PDT, para reinvertir en infraestructura para el conjunto de la ciudad.

La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) presentó un duro informe este miércoles en la Cámara de Diputados, donde denunció la pérdida de más de 90 mil puestos de trabajo desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Durante su exposición ante la comisión de Vivienda, los representantes del sindicato advirtieron que la parálisis de la obra pública ha tenido un impacto directo en el empleo. Según detallaron, más de la mitad de los trabajadores afectados pertenecían al sector de la construcción de viviendas.

El gremio cuestionó al Gobierno por la interrupción de los proyectos de vivienda social y exigió el acceso a datos oficiales precisos sobre el estado de las obras. Asimismo, los referentes de la Uocra manifestaron su preocupación por la falta de políticas públicas orientadas a la formación laboral de los trabajadores del sector, en un contexto marcado por la caída de la actividad.

En medio del fuerte aumento de los costos de la construcción en Argentina, comenzaron a aparecer en el mercado las primeras casas prefabricadas chinas, una alternativa modular que promete reducir de forma significativa el valor por metro cuadrado.

Agunos modelos importados ya se comercializan desde los 931.000 pesos por metro cuadrado, un valor considerablemente menor frente a los costos actuales de construir una vivienda tradicional en el país. Hoy, levantar una casa en Argentina tiene un costo estimado que se ubica entre 1.600.000 y 2.500.000 pesos por metro cuadrado, dependiendo de los materiales, la ubicación y el nivel de terminaciones.

Al tipo de cambio actual, esos valores equivalen aproximadamente a entre 1.062 y 1.841 dólares por metro cuadrado. En comparación, las viviendas modulares chinas parten desde unos 660 dólares por metro cuadrado. La diferencia puede alcanzar hasta 1.000 dólares menos por metro cuadrado frente a una obra tradicional, especialmente en proyectos con mayores costos de mano de obra y materiales.

Las casas prefabricadas chinas están construidas con estructuras de acero galvanizado y paneles tipo sándwich, materiales que apuntan a reducir tiempos de obra y mejorar la aislación térmica. Los modelos que comenzaron a ofrecerse en plataformas online pueden incluir cocina, baño, instalaciones eléctricas básicas, ventanas con doble vidrio y diferentes opciones de mobiliario.

El sistema modular llega prácticamente listo para ensamblar y requiere una base simple para su instalación. Uno de los puntos que más llama la atención es el tiempo de armado: los fabricantes aseguran que algunos módulos pueden quedar instalados en apenas 10 horas.

A pesar de las ventajas en tiempos y costos, existen puntos a considerar antes de avanzar con una operación de este tipo. El precio publicado corresponde únicamente al valor base del metro cuadrado y no contempla otros gastos vinculados a la importación, tales como el envío internacional, impuestos aduaneros, logística local y adecuación del terreno.

Además, no todos los municipios cuentan con normativas claras para este tipo de construcciones modulares, algo que puede variar según la jurisdicción. Otro punto clave es que muchas de estas operaciones no califican para créditos hipotecarios tradicionales, ya que se trata de productos importados y no de construcciones convencionales.

A nivel interanual, el Índice del Costo de la Construcción de la Ciudad de Buenos Aires (ICCBA) experimentó un aumento del 24,4 por ciento en abril, según los datos aportados por el Instituto de Estadística y Censos porteño. El ascenso es menor que la variación de precios general de los últimos doce meses (32,4), de igual manera que el mes previo.

De esta manera, el indicador alcanzó un valor general de 31.097,0 puntos, compuesto mayoritariamente por la prevalencia de la suba en mano de obra, que trepó un 34,0 por ciento interanual, seguido por gastos generales, que escalaron 31,6 en un año, mientras que en última instancia aparecen los materiales con un incremento del 16,9 por ciento.

En el detalle del comportamiento de los ítems de obra, aparece el de Trabajos preliminares y excavaciones como el de mayor incremento, con una suba del 38,6 por ciento interanual; seguido por Otros trabajos y gastos, donde los precios aumentaron un 32,4 por ciento; y Estructura portante junto con Pinturas, ambos con un alza del 28.

Le sigue de cerca el costo de Yesería y cielorrasos, que se encareció un 27,8 por ciento, mientras que el de Albañilería subió 24,7, Vidrios y cristales escaló 21,7 en el último año, e Instalación sanitaria avanzó 21,6.

En el análisis mensual, la mano de obra subió 5,2 por ciento, los gastos generales aumentaron 2,4 y los materiales 1,5. En lo que respecta al ítem de obra, Instalación sanitaria junto a Pinturas registraron el mayor incremento, con 4,5 por ciento, mientras que en contraposición el único descenso fue el de Instalación de ascensores, con una baja del 0,3.

En cuanto al costo salarial de la construcción, el reporte reveló que en abril se registró un incremento del 5,5 por ciento en comparación con el mes anterior y de 34,2 en términos interanuales. NA

El Municipio de Tandil concretó este viernes la firma del contrato para avanzar con la terminación de tres nuevas viviendas correspondientes al Programa de Autoconstrucción Asistida de Viviendas con Ayuda Mutua, una política pública destinada a acompañar a familias que no pueden acceder a la vivienda por medios propios ni a través de créditos hipotecarios.

La iniciativa, impulsada por el Municipio y creada por ordenanza del Honorable Concejo Deliberante, promueve un modelo de trabajo colaborativo basado en el esfuerzo compartido, la ayuda mutua y el acompañamiento técnico del Estado local.

Actualmente el programa está integrado por 22 familias adjudicatarias, seleccionadas mediante un sorteo público entre personas inscriptas en el Registro de Demanda Habitacional del Municipio.

Las viviendas se construyen en el predio delimitado por las calles Salta, Azucena, Alvarado y Paseo de los Niños.

Allí, las familias desarrollan las obras con su propia mano de obra, mientras que el Municipio aporta los terrenos —que serán abonados una vez finalizadas las casas—, materiales de construcción, calefactores, termotanques y un equipo técnico conformado por trabajadores sociales, maestros mayores de obra y albañiles.

En septiembre de 2025 el Municipio concretó la entrega de las primeras tres viviendas del programa, marcando un paso importante en la implementación de esta política habitacional orientada a generar soluciones concretas para familias tandilenses.

La firma del acuerdo para esta nueva etapa se realizó en el despacho del intendente Miguel Ángel Lunghi, y corresponde a la contratación de mano de obra calificada para completar las unidades habitacionales en ejecución.

El contrato fue suscripto entre el Municipio de Tandil y la empresa Grupo Fratta S.A., representada por su presidente Lucas Ghio, en el marco del proceso administrativo correspondiente a la obra, del que también formaron parte la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, y el subsecretario Alejo Alguacil.

De acuerdo con la documentación oficial, los trabajos contemplan la ejecución de las tareas necesarias para la terminación de tres casas del programa de autoconstrucción, conforme a los pliegos técnicos y administrativos previstos para la obra.

Desde el Municipio destacaron que la continuidad de estas obras permite seguir fortaleciendo una política pública que busca ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y consolidar procesos de organización comunitaria y cooperación entre vecinos y Estado.

De esta manera, los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que conforman la medición, en el primer cuatrimestre del año resultaron 0,6 por ciento superiores a los realizados durante enero-abril de 2025.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “conforme avanza el año observamos una leve mejora de los despachos de insumos para la construcción residencial, traccionada de manera gradual por la consolidación de la estabilidad macroeconómica en curso”.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los siguientes productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya: ladrillos cerámicos, cemento Portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas e impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos. NA