“Sierras arriba, casas abajo”, dice el informe de 42 páginas que recibió el gobernador Axel Kicillof de mano de integrantes de la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil. Se trata de un pormenorizado diagnóstico de la situación en torno a la urbanización del cordón serrano y del presente de las canteras activas, con detalles de su impacto en la ciudad.

"Le planteamos dos situaciones con respecto a las sierras. La de las canteras y la de la construcción. Las canteras sabemos que en parte tuvieron una respuesta con la Ley de Paisaje Protegido, pero hay otras funcionando. Lo que vemos es un nivel de destrucción muy notorio. Pedimos que revisen los estudios de impacto ambiental y los controlen para que al menos se cumpla con eso", explicó Ana Fernández –integrante de la Asamblea-, en diálogo con el programa La Mañana de El Eco, que se emite por Eco TV, Tandil FM 104.1 y El Eco Streaming.

Fue en el marco de la visita de Axel Kicillof a Tandil que la Asamblea presentó la carpeta al mandatario bonaerense. En concreto, el informe da cuenta del avance de la construcción en las sierras a partir de la comparación de fotografías satelitales.

A su vez, el texto recupera gran parte de la normativa existente, y en particular hace mención a las herramientas de control y planificación legisladas pero hasta el momento no implementadas, como el Plan de Manejo de la Zona Especial Sierras de Tandil Protegidas que establece el Plan de Desarrollo Territorial (PDT). 

“El crecimiento de la superficie edificada desde 2010 muestra alta fragmentación y dispersión, con un notable avance sobre las áreas serranas, contrariando las estrategias del PDT”, explicaron desde la Asamblea en el petitorio.

En ese sentido una de las primeras solicitudes planteadas en el informe es que la Provincia intervenga para que el Municipio avance –con participación ciudadana- en la redacción y puesta en práctica del Plan de Manejo. Y en paralelo que cesen las autorizaciones para nuevas obras o ampliaciones de construcción sobre las sierras hasta que el mismo no se apruebe.

Entre otras solicitudes, a partir del petitorio la Asamblea exigió al Ejecutivo Provincial que “establezca la restricción a la construcción sobre las Sierras de Tandil”, y también en relación a la legislación vigente que lleve a cabo “estudios de Impacto ambiental de todo lo que se pretenda realizar en la zona serrana, realizado por equipo técnico competente e imparcial”.

El informe hace referencia además a la necesidad de “informar previamente a la población sobre los proyectos, considerar las observaciones de personas físicas o jurídicas y responderlas públicamente con fundamentación ambiental y urbanística”, así como también a que “se garantice el acceso público a las Sierras, así como acompañamiento para la educación ambiental y la promoción de prácticas de cuidado del Patrimonio Natural y Cultural”.

En diálogo con El Eco Multimedios, Ana Fernández planteó que el avance de la construcción sobre el paisaje serrano “no solo afecta la conservación de las tierras, sino también tiene impactos significativos para la ciudad en su conjunto y el presupuesto público. Cualquiera que transita de día o de noche ve que las sierras están iluminadas, lo que demuestra un impacto muy grande. El Plan de Ordenamiento es claro en evitar el avance urbano sobre el cordón serrano y conservar las sierras, ya que son las cabeceras de las cuencas hídricas".

En el marco del informe también incorporaron fotografías sobre el impacto ambiental generado por la explotación canteril activa, así como también los “pasivos ambientales de gran magnitud” que constituyen las canteras sin explotación que se encuentran dentro de la zona protegida.

Al respecto, señalaron que “las canteras que permanecen activas evidencian un gran aumento del impacto de la extracción”, que “las construcciones avanzaron, de forma dispersa, sobre las sierras”, que “el valle interserrano Don Bosco está siendo altamente antropizado y urbanizado”, que “la invasión urbana del arco serrano, contraria el plan de ordenamiento y afecta las cuencas hídricas”,  que “la ocupación urbana de las Sierras conlleva creciente reclamos de servicios difíciles de prestar y altísimo costo” y que “la construcción sobre las Sierras constituye una apropiación privada del paisaje”.

Uno de los aspectos más destacados del petitorio lo constituye la relación trazada entre las intervenciones sobre el entorno serrano y su impacto en la cuenca hídrica de la ciudad, y su posterior derivación en inundaciones.

La renovación de autoridades municipales del 10 de diciembre pasado trajo consigo recambios en el gabinete local. Entre otros nuevos funcionarios, Javier López asumió al frente de la Secretaría de Legal y Técnica, un área clave de la gestión, con intervención transversal en el conjunto de la estructura comunal.

En una entrevista a fondo con El Eco de Tandil, el abogado –criado en Villa Italia y formado en la UBA- repasó algunos de los principales temas a los que se encuentra abocado. Desde la compleja situación en Villa del Lago –a la espera de la decisión de la Justicia, llevan concretadas 14 permutas y aseguró que no se verá afectada la declaración de Zona de Interés Ambiental-, las sanciones al propietario del predio del Ex Policlínico –que se comprometió en 90 días a comenzar a definir qué va a pasar con el lugar-, los avances en las gestiones para que Tandil cuente con una Secretaría o Juzgado Federal luego de haber mantenido reuniones con autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación, y el adelanto de la llegada de Ricardo Gil Lavedra a la ciudad.

“Los funcionarios públicos debemos a darle respuestas a la gente, sobre todo al ciudadano porque somos gobiernos de cercanía. Nosotros caminamos la calle en Tandil, vivimos en Tandil, tenemos muchísima gente conocida en Tandil, entonces debemos darle respuestas a la gente y respuestas que tienen que ser concretas”, compartió sobre la impronta que comenzó a imprimirle a la Secretaría.

En su primera experiencia en la gestión pública, López se había desempeñado como síndico de la Usina. Al finalizar su función volvió a dedicarse de lleno a su estudio, hasta que recibió el ofrecimiento para hacerse cargo del área de Legal y Técnica.

“Lo más importante es la satisfacción de poder hacer por la ciudadanía. Estoy en un desafío mucho mayor y lo primero en lo que pienso es en mis viejos, en mi familia, en mi hija, en mi compañera de vida y en todo lo que pueda hacer desde el lugar de la Secretaría de Legal y Técnica, en hacer por la ciudadanía, en acompañar el proyecto de Miguel y de todo el equipo de gobierno”, expresó.

- Comentabas antes de empezar la nota de avances con respecto a la posibilidad de crear una dependencia de la Justicia Federal en la ciudad. ¿Cómo fueron esas gestiones y en qué estado están?

-Desde que entré a la Secretaría, Julio Elichiribehety me dio la posibilidad de que podamos llevar adelante distintos proyectos en los cuales pudiéramos obtener mejores cosas para Tandil.  Uno de ellos fue un proyecto antiguo del año 2018, la creación de una Secretaría o un Juzgado Federal en Tandil.

La ciudad tiene una Defensoría Oficial Federal y tiene una Fiscalía Federal, y los Juzgados Federales están radicados en Azul. Se hicieron gestiones y en el mes de febrero, junto al jefe de Gabinete tuvimos una entrevista en el Ministerio de Justicia de la Nación a cargo del doctor Cúneo Libarona. 

Nos entrevistó un asesor del Ministro, de mucha confianza de él. Le contamos nuestro proyecto y se comprometió a que podamos trabajar con el tema y que le lleváramos un proyecto ya más avanzado. Seguramente en esa oportunidad el Ministro de Justicia podría recibir al Intendente.

-¿Qué permitiría la creación de la Secretaría o el Juzgado Federal en la ciudad? 

-Por un lado la inmediatez de que el funcionario que tiene que resolver las cuestiones esté en Tandil. Eso para la Justicia es muy importante. Por otro, entendemos que esto también le daría a Tandil un mayor protagonismo en materia judicial.

Y también el hecho de ir consolidando un poco esta idea que en algún momento estuvo en Tandil muy presente, de la creación de un Departamento Judicial. Si bien la Justicia Federal se rige por otro carril distinto al de la Justicia ordinaria y Provincial, entendemos que todas estas cuestiones de ir consolidando instituciones judiciales en Tandil implican también fortalecer esta idea. 

Que el día de mañana el crecimiento de Tandil sea acompañado con la creación o el nombramiento de Tandil como Departamento Judicial en la Provincia de Buenos Aires.

-Son gestiones de mucho tiempo ¿No?

-Sí, entiendo que son gestiones que llevan tiempo, pero creo que el crecimiento de Tandil que la ciudad ha mostrado en los últimos 20 años, y sobre todo aceleradamente en los últimos 10 años hace que estos tiempos puedan acelerarse. 

Hoy, por ejemplo, la creación del edificio en Uriburu 750 para tener todas las dependencias judiciales en un mismo lugar, creo que es una señal también de que es un momento en donde Tandil debería luchar y unir esfuerzos entre, por ejemplo, la asociación de magistrados, la asociación de abogados de la ciudad, y poder luchar por este sueño que en algún momento fue que Tandil se constituya como Departamento Judicial. Si todos unimos esfuerzos, vamos a poder lograrlo.

Consultado sobre Villa del Lago, López comenzó brindando un panorama general de la situación, desde la declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental y la posterior judicialización del conflicto. 

Cabe recordar, tras la presentación de un particular la Justicia declaró inconstitucional la normativa, y la Comuna interpuso un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley , la cual está en tratamiento desde diciembre. En paralelo a una nueva resolución judicial, desde el Municipio continúan avanzando con las permutas de lotes, de las cuales llevan 14 concretada y otras 26 en proceso.

-¿Cómo es la situación actual con respecto a Villa del Lago luego de la última presentación ante la Justicia?

-Estamos esperando el resultado, pero lo que hay que entender es que la sentencia hoy no está firme. Con lo cual la Corte puede, de hecho debería revisar lo decidido por la Cámara, que eso es lo que pide el Municipio.

Lo que decida la Corte no se traslada automáticamente a otros procesos porque no es un proceso de incidencia colectiva. Es un planteo individual el que está planteado, de hecho, en relación a un único lote, a una parcela, que lo pide un particular. 

-¿Y eso no sienta precedente para los otros lotes? ¿Cada propietario tendría que hacer su propia presentación?

-Exacto. Y si el Municipio resultara con una resolución adversa, que creo que no debería pasar al menos en todo, tendría la posibilidad de ir a la Corte de Nación, si hay alguna afectación de alguna cuestión de implicancia federal. 

Y por otro lado, si la sentencia le resultara desfavorable, también cabría la posibilidad de que el actor pudiera ir a la Corte de Nación. Los tiempos de la Corte de la Provincia no son iguales para todos los procesos. A veces se tarda entre un año o dos años en resolver, pero no quiero aventurarme porque la sentencia puede salir en un tiempo menor o en un tiempo mayor. 

Después en el frente judicial de todo el universo de personas que entienden que tienen derechos legítimos sobre algún terreno en Villa del Lago, judicializado hay muy poco. Creo que son tres o cuatro procesos más de la misma naturaleza en los que se interpuesto una acción declarativa de certeza. O sea, se pidió que la Justicia se pronuncie sobre una determinada cuestión. En este caso es si las ordenanzas son constitucionales o no. 

Lo que hay que destacar acá es que tampoco ninguno tiene sentencia firme. Es decir, están en el camino que marca la Justicia de todos los pasos necesarios para llegar a obtener un pronunciamiento firme.

-¿Está en juego la declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental?

-Eso no está en juego. Es decir, la Declaración de Zona Especial de Interés Ambiental que ha sido convalidada por la Provincia, no está en juego y entiendo que es algo que el Municipio ha ejercido de manera responsable y de manera legal.

Lo que el fallo de Mar del Plata cuestionó de alguna manera es la facultad del Municipio de dictar una ordenanza que, a entender de la Cámara, podía tener un sesgo expropiatorio. 

Y en este sentido, lo que el Municipio plantea es que la ordenanza no es expropiatoria, sino que le permite al Municipio iniciar un mecanismo de permuta, de adquisición de esos lotes y o de expropiación de esos lotes ubicados dentro de la Zona de Interés Ambiental. 

Pero para hacer la expropiación el Municipio debería instar un mecanismo de expropiación a través del dictado de una norma provincial que lo permita. El Municipio no dice que va a expropiar, sino que es una de las alternativas. No se avanzó en ninguna y sí en permutas.

-Durante los últimos días, el predio del Ex Policlínico volvió a estar en la agenda pública a raíz de manifestaciones de vecinos con respecto a la inseguridad. ¿Cómo es la situación hoy y cuál es la tarea que lleva adelante el Municipio?

-El Municipio lo primer que hizo es activar el procedimiento que correspondía a través de las denuncias de vecinos. Se constató y verificó que había pastizales altos, que había basura que se había acumulado en el lugar.

Nosotros empezamos a interactuar con Inspección y evaluamos las distintas acciones que podíamos tener, y entendimos que lo primero que había que resolver de inmediato era el tema del mantenimiento del lugar.

Pero hay una cuestión más importante que también tiene que ver con las necesidades de los vecinos, es decir, qué va a pasar con ese lugar.

-¿Y le cabe alguna sanción al propietario? 

- Hay una ordenanza que establece que el Municipio puede ejecutar una multa por el predio, eso está para todos los predios que están en esta situación.

Pero nosotros entendíamos que tenía que haber un doble abordaje. Es decir, qué va a pasar con el lugar aparte de los costos del mantenimiento. Nos preocupa por sobre todo qué va a pasar con el lugar, qué destino va a tener ese predio, esa manzana que en algún momento supo ser un lugar muy importante para toda Villa Italia y para la comunidad especialmente de la familia ferroviaria. 

Ahora hay un grupo de médicos que está trabajando en un proyecto muy importante para un centro médico, no en todo el lugar, sino en algunos de los lotes. En una reunión con uno de los miembros de ese equipo médico me contó de su proyecto. Están muy entusiasmados, con muchas ganas de llevarlo adelante, y también obviamente ellos están preocupados por la situación de los restantes lotes.

-No es el único predio privado con pastos altos por el que hay reclamos. ¿Cuesta generar la intimación o lograr que los propietarios intervengan sobre el predio?

-Sí, cuesta. No todos los casos son iguales, hay predios en los cuales el propietario es una sociedad y esa sociedad no tiene los representantes legales en Tandil, o no son ubicables. Hay predios que pueden haber pertenecido a personas que hoy están fallecidas y que no se pueden ubicar a sus herederos. 

Entonces esos predios a veces tienen este peligro, por un lado, de las cuestiones que afectan la salubridad del lugar o pueden afectar, digamos, cuestiones de higiene en el barrio. También pueden generar focos de inseguridad porque pueden ser lugares donde se ponga, se lo utilicen con alguna finalidad no lícita.

-¿Pero se le cobra al propietario del predio del Ex Policlínico por las tareas de limpieza del lugar?

-Sí, tiene que pagar. Nosotros tuvimos una reunión con el propietario y la abogada. Fue el viernes 5 de abril. Estuvieron en la Secretaría de Legales y ellos se comprometieron a abonar. Y a su vez, también, dentro de un plazo de 90 días hábiles administrativos, a empezar a interactuar con el Municipio en ver qué va a pasar con ese lugar.

Se cumplió otro paso administrativo en la decisión política de preservar la ladera serrana de Villa del Lago, donde el Concejo Deliberante ya declaró la utilidad pública de 600 parcelas y conformó una Zona Especial de Interés Ambiental (ZEIA). Tras el plazo estipulado en la ordenanza, el Departamento Ejecutivo elevó el informe sobre los 71 lotes que quedaron afuera de la medida tendiente a incorporar al dominio público esas tierras ubicadas sobre las sierras. El voluminoso expediente pasó a la Comisión de Obras Públicas y Urbanización para su evaluación.

Del total de 71 parcelas que contaban con algún tipo de ocupación, se presentaron 58 personas para acreditar titularidad o posesión de lotes, mientras que las 13 restantes desistieron al vencerse el plazo previsto. Del documento también surge que 29 cuentan con escrituras y planos visados o convalidados, otros 5 casos sólo adjuntaron la escritura y 24 presentaron derechos posesorios.

Ahora se aguarda que los concejales estudien el trabajo que desarrolló la Subsecretaría de Coordinación de Jefatura de Gabinete, a cargo del doctor Juan Martín Pissani; el área de Legal y Técnica que encabeza el doctor Andrés Curcio y la directora de Desarrollo Urbano, arquitecta Victoria Deguer.

Con las conclusiones, los legisladores podrían optar por incorporar nuevas parcelas a la declaración de utilidad pública, con el objetivo de sumarlas al patrimonio del Municipio y a los fines de garantizar la preservación ambiental de esa ladera serrana.

El artículo 5 de la Ordenanza 16.897 establecía que los titulares de dominio o poseedores de buena fe de inmuebles correspondientes a la chacra 150 que no hayan sido declarados de utilidad pública, debían dar inicio a los trámites tendientes a regularizar la situación parcelaria, en un plazo de 180 días contados a partir de la promulgación de  la norma, bajo apercibimiento de procederse a la declaración de utilidad pública de los mismos.

A tal efecto, la  autoridad de aplicación del Plan de Desarrollo Territorial debía notificar fehacientemente a los sujetos obligados dentro del plazo de 30 días de promulgada la norma.

Notificaciones y presentaciones

En diálogo con El Eco de Tandil, el subsecretario de Coordinación del Municipio, Juan Martín Pissani, explicó que el artículo 5 de la ordenanza otorgaba un plazo de 180 días para que aquellas personas que se consideraran con algún tipo de derecho regularizaran su situación parcelaria.

Y agregó que también obligaba al Departamento Ejecutivo a realizar las notificaciones, que “se concretaron tanto a través de oficiales notificadores, como por medio de escribano y también, con el objetivo de garantizar aún más la publicidad, se publicó en el Boletín Oficial”.

De este modo, como primer paso notificaron a todos los tenedores de las parcelas que no formaron parte de las 600 declaradas de utilidad pública, que eran 71. “El plazo corría para los quedaron por fuera de la utilidad pública”, aclaró y agregó que se los citaba para presentar documentación que acreditara propiedad.

“De ese universo tenemos 71 parcelas que estaban alcanzadas por el artículo 5 y hubo 58 presentaciones. De esas 58 presentaciones, 29 están con expediente de obra, tienen el plano presentado, algunos con plano convalidado y otros con plano en trámite”, detalló y confirmó que esos 29 disponen de la escritura.

Otra tanda se presentó para decir qué tipo de condición tenía frente al inmueble. Entre ellos, hubo 5 que presentaron escrituras y otros 24 expusieron que tienen algún tipo de derecho posesorio sobre el inmueble, a través de distintos tipos de documentos.

Pissani expuso que en ciertos casos se adjuntó un papel firmado entre particulares, donde una persona le cede a la otra un derecho que estaba poseyendo.

En paralelo, hay otras 13 personas que no se presentaron ante el Municipio, a pesar de la notificación que se concretó por diversas vías.

Voluminoso expediente

El informe que el Ejecutivo remitió, el lunes pasado, al Concejo se compone de cinco anexos y en los tres primeros consta un relevamiento fotográfico, donde se observa el estado de ocupación y los eventuales avances de obra en cada una de las 71 parcelas. Ahora se encuentra en la Comisión de Obras Públicas y se extendieron copias digitalizadas a los distintos bloques políticos.

“Ese es el informe que hemos elevado. Después, los detalles están en cada uno de los anexos. Es voluminoso lo que se elevó, porque no solamente es el informe con cinco anexos sino también las notificaciones”, describió el subsecretario.

En principio, en el anexo 1 están detallados los 29 casos que se presentaron y que disponen de plano con expediente en la Dirección de Obras Privadas y en el anexo 2 figuran otros 24 que alegaron derechos posesorios.

“Lo que se hizo fue elevar los informes. Ahora el Concejo deberá ver quién acreditó la condición de forma fehaciente y legal frente al inmueble”, adelantó Pissani. A partir del análisis, podría ocurrir que el Legislativo decida sumar más parcelas a la declaración de utilidad pública al considerar que los tenedores no logran acreditar propiedad.

En este nuevo paso, el Legislativo estudiará la situación de las 71 parcelas y determinará cuáles cumplieron con el artículo 5. En caso de que considere que hay lotes donde no se cumplimentó, podrá evaluar si los incorpora dentro del grupo de las que fueron declaradas de utilidad pública.

En paralelo, entre los tenedores que declararon derechos posesorios habría casos de lotes ocupados con contenedores, alguna casilla rodante o construcciones precarias de planchones.

En ese sentido, la primera inspección ocular se había realizado en marzo de 2021 y se fue actualizando, ya que hubo casos en que a pesar del decreto que frenaba las innovaciones sobre la Chacra 150, siguieron construyendo. En los casos detectados, se labraron actas, algunas de las cuales tramitan en el Juzgado de Faltas.

“Hay un detalle, pero no es el objeto del informe. A nosotros lo que nos obligaba la ordenanza era a elevar este nivel de detalle para ver quién se había presentado en el Departamento Ejecutivo a cumplir con el artículo 5. No sobre si hubo infracciones en lo que tiene que ver con materia de obra”, precisó Pissani.

Sin embargo, aclaró que en las 71 parcelas que quedaron fuera de la utilidad pública existe algún nivel de ocupación, de otro modo hubieran formado parte de las 600.

En paralelo, confirmó que durante el proceso se produjeron algunas ocupaciones de lotes que forman parte de los 600 ya declarados de utilidad pública, por lo que tomó intervención la Justicia de Faltas. En esos casos, “no queda otra que volver las cosas a su estado originario”, garantizó.

Tarea meticulosa

Por último, Juan Martín Pissani destacó “el trabajo que se ha hecho desde Desarrollo Urbano, que llevó el relevamiento de la Chacra 150, y después en el acompañamiento junto con Legales, en las notificaciones y demás, fue de hormiga, pero un buen trabajo”.

El equipo que llevó adelante todo el proceso estuvo a cargo de la directora de Desarrollo Urbano Victoria Deguer y del secretario de Legal y Técnica Andrés Curcio, con el acompañamiento del Concejo Deliberante. “Todos los bloques se pusieron con este tema”, valoró Pissani.

Negociaciones con reserva

En paralelo al informe sobre la situación de los 71 lotes de Villa del Lago que por el momento están fuera de la declaración de utilidad pública, comenzaron las conversaciones por los 600 que el Municipio busca incorporar al dominio público.

En las negociaciones, hay dos grandes grupos. Uno corresponde al síndico de la quiebra, que dispone de la mayor cantidad de parcelas, y el resto lo conforman particulares.

“Se está conversando con el síndico”, confirmó Juan Martín Pissani, aunque evitó dar detalles para no entorpecer la negociación. También afirmó que “se han presentado particulares en Legales, que lleva un detalle de las presentaciones que también son de lo más variadas, desde el que tiene escritura hasta el que acompaña derechos posesorios, y con la parte de la quiebra”.

El subsecretario de Coordinación reiteró que “estamos en plena negociación” y precisó que el diálogo es entre el Municipio y cada propietario, aunque aclaró que en el caso de la quiebra, enmarcada en una causa judicial, la Justicia está de por medio, más allá de la figura del síndico.

Desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil compartieron un nuevo comunicado en el que denunciaron que en la zona de Villa del Lago se siguen incendiando terrenos y se continúa alambrando y construyendo.

“Hace unos días se aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública una gran parte del cerro, pero que legitima lo irregular. No solo ‘negocian’ con un montón de avivados sino que ni siquiera buscan resolver las situaciones orientando la construcción a áreas adecuadas de la ciudad y atendiendo la necesidad genuina de la población al acceso a  la tierra. Les dan indicadores urbanísticos a quienes deberían impedirles construir”, comenzaron redactando.

Remarcaron que la reciente declaración del lugar como Zona Especial de Interés Ambiental es solo un “maquillaje verde” ya que el Municipio aún permite y consolida la construcción sobre las sierras.

“Las autoridades hacen en Villa del Lago, como en muchos lugares de las Sierras, lo que dicen no hacer en otros casos: negociar sobre posiciones de hecho, reconocer derechos sin dilucidar las situaciones irregulares. Es decir, legitimar lo que se ha hecho clandestino y en contra de la variada normativa existente que el Ejecutivo se empeña en desconocer”, remarcaron.

Indicaron que, según la norma de ordenamiento territorial, donde no hay agua ni posibilidades adecuadas de saneamiento no se pude construir y se preguntaron cuándo las autoridades harán cumplir la normativa.

“Basta caminar Villa del Lago para ver que se sigue avanzando en la ocupación. Incluso las casas que ya estaban, toman los terrenos aledaños. Destrucción de cubierta vegetal, caminos consolidados artificialmente, alambrados y más alambrados. Agua subiendo en camiones. Efluentes bajando. Fuego inmobiliario. Villa del Lago es ‘Villa Avivada’ y resume los resultados de una gestión que emparcha tarde y mal, para no cumplir y hacer cumplir leyes antipáticas para el negocio inmobiliario”, concluyeron.

Durante el fin de semana, la Secretaría de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Viviendas y la Dirección General de Inspección y Habilitaciones del Municipio, realizaron controles en la zona de Villa del Lago e infraccionaron a los propietarios de lotes donde se detectaron obras en construcción.

Actualmente, la construcción en la zona está suspendida por un decreto municipal y en la sesión del 25 de junio del Honorable Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza que declara de utilidad pública la adquisición del dominio por parte de la comuna, de un importante porcentaje de los inmuebles correspondientes a la Chacra 150 de la Circunscripción I, Sección E del Partido de Tandil.

En esa normativa sólo se exceptúan de la declaración a 75 lotes en los que ya existían construcciones, por lo que se encuentran en situación de ocupación efectiva.

La nueva legislación también exhorta al Departamento Ejecutivo para que se suspendan los permisos de obra nueva y las incorporaciones de obras existentes, en las parcelas cuya adquisición de dominio se declaró de utilidad pública, hasta tanto se obtenga la propiedad del área en cuestión.

Asimismo establece que los titulares de los inmuebles que no fueron declarados de utilidad pública en esa ordenanza, deberán completar los trámites tendientes a regularizar la situación parcelaria de los mismos.

El Secretario de Planeamiento Urbano Ambiental, Obras y Viviendas, Luciano Lafosse, explicó que “el sábado se realizaron inspecciones y se infraccionaron los casos en los que detectamos construcciones que se estaban realizando, que por supuesto se paralizaron y las actuaciones y actas se elevaron al Juzgado de Faltas”. Además, confirmó que los controles continuarán de forma permanente

El debate por la construcción en la zona de Villa del Lago volvió a resurgir y las críticas en torno a la polémica afloraron nuevamente, luego de que la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras compartiera un comunicado cargando contra el Municipio.

Bajo el título “¿Quién gobierna en Villa del Lago?”, desde la agrupación arremetieron contra el Ejecutivo por, según ellos, no controlar las construcciones ni los tendidos eléctricos que se están instalando.

“Más construcciones, más torres de luz, más alambrados, más carteles de venta. En Villa del Lago lo que parece suspendido es el Estado presente haciendo cumplir lo que aprueba y pregona”, señalaron en la misiva.

Advirtieron que de nada sirve aprobar ordenanzas para que queden simplemente en papeles mientras se deja que se avance sobre las sierras. “Se nota el apuro por ocupar, mientras el Gobierno calma a la opinión pública con ordenanzas de suspensión de construcciones”, agregaron.

“Deberían hacerse cargo éticamente y pecuniariamente de los perjuicios ambientales y económicos que genera construir donde no hay agua, donde no hay posibilidades de tratar adecuadamente los efluentes y donde mantener calles y los servicios que las requieren en condiciones es muchísimo más caro que en las zonas apropiadas para el crecimiento urbano. Como ciudad perdemos sierras y ganamos problemas. Hace años denunciamos el avance y lejos de evitarlo los gobernantes les llevan la luz y permiten que construyan. El resto de los ciudadanos nos recibimos de giles. Gobernantes: ¡Ni una casa más en las sierras!”, culmina la encendida proclama.

La aclaración del Municipio 

Consultado por El Eco de Tandil, el subsecretario de Coordinación del gobierno, Juan Martín Pissani, desmintió estas versiones y afirmó que desde noviembre no se registraron cambios en el lugar. Dio cuenta de que las inspecciones se realizan con regularidad, la última efectuada la semana pasada, en la que ninguna maniobra prohibida fue identificada.

“No hay construcciones nuevas, hubo una cuestión con el cimiento de una obra ya detectada antes, que podría dar lugar a un delito penal. Tendido u obra eléctrica nueva no hay nada”, aclaró.

Lo llamativo del asunto es que hay inmobiliarias y particulares que siguen ofreciendo terrenos en Villa del Lago, cuando hay un decreto que suspende el inicio de nuevas edificaciones y cuando, además, eventualmente el área podría declararse de utilidad pública.

En este sentido, explicó que la compraventa no está restringida y que “cualquier dueño de un terreno ahí puede venderlo, siempre y cuando tenga los papeles. El tema es que si sale la ordenanza  puede quedar sujeto a expropiación o compra”.

“Es un riesgo que estarán asumiendo. Hay que ver los papeles llegado el caso de que se apruebe la ordenanza y el Municipio se tenga que sentar con todas las personas que aleguen tener algún derecho. Se verá que documentación poseen”, especificó.

Pissani expuso que se encuentran trabajando en el proyecto presentado a fines del año pasado y que elaboraron un informe actualizado solicitado por el cuerpo Legislativo para adjuntar a la documentación. “Con la pandemia, la atención y la prestación de servicios se derivaron a otras cuestiones en el marco de la cuestión sanitaria, pero de a poco vamos retomando los temas”, cerró.

El freno a la construcción 

De este modo, a través de una ordenanza, pretende declarar de utilidad pública la adquisición de los terrenos del área mediante operatorias basadas en la compraventa, permuta, donación, expropiación u otro mecanismo legal. Quedan excluidas aquellas que a la fecha tengan planos y permisos de obra debidamente aprobados por las áreas competentes. La propuesta está siendo analizada por las áreas pertinentes y en la próxima semana habría una reunión con el Concejo para tratar el tema. Mientras tanto, a comienzos de mayo se prorrogó por otros seis meses la suspensión de los permisos de obra nueva en el lugar, en base al decreto firmado por el intendente Lunghi  el 7 de noviembre pasado para impedir que se siguiera interviniendo sobre el macizo.

Vale reseñar que en el sector hay más de 250 parcelas, cuya superficie construida no supera el 10 por ciento, pero que ha generado problemas por la provisión de servicios y por algunos incumplimientos con las normativas existentes en torno a los parámetros de edificabilidad. Esto encendió la alarma de diferentes agrupaciones ambientalistas preocupadas por la proliferación de obras “irregulares” en el sector y sus consecuencias  en el entorno.

Luego de la polémica que se generó el año pasado, que sumó opiniones técnicas y rechazos de la Asamblea Ciudadana por la Preservación de las Sierras, el Ejecutivo extendió la vigencia de un decreto y prorrogó por otros seis meses la suspensión de los permisos de obra nueva en Villa del Lago.

En medio de una compleja situación en la que se encuentran las parcelas y la inexistencia de infraestructura y servicios esenciales, el acto administrativo firmado por el intendente Miguel Lunghi y el jefe de Gabinete Oscar Teruggi extiende los alcances de la primera disposición, cuyo plazo vencía el jueves pasado.

La medida prorroga “en todos sus términos” la vigencia del Decreto 4.215/19 por el plazo de 180 días, y establece remitir copia a las secretarías de Gobierno, de Desarrollo Humano y Hábitat, de Legal y Técnica, de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, de Protección Ciudadana, de Economía y Administración, y a las direcciones de Inspección General y Habilitaciones y de Desarrollo Urbano.

El nuevo decreto se basa en la disposición firmada el 7 de noviembre del año pasado, en la cual se suspendieron por 180 días los permisos de obra nueva y las incorporaciones en la subdivisión preexistente de las parcelas originarias de la firma Tandil Inversora SA Comercial, Industrial, Inmobiliaria, Minera y Agrícola Ganadera.

Entre los motivos que llevaron al dictado de ese acto administrativo, detallaron que “las opiniones vertidas por las distintas áreas técnicas en el marco el expediente administrativo 17.078/19 se mantienen en la actualidad”, y señala que el contexto actual postergó el tratamiento de las actuaciones vinculadas al tema.

A propósito de este aspecto, la prórroga también se enmarca en la demora en la discusión legislativa del proyecto de ordenanza elevado por el Departamento Ejecutivo a comienzos de este año, con el que busca declarar de utilidad pública los lotes que aún no cuenten con planos y permisos de obra debidamente aprobados por el Municipio.

La situación de las 675 parcelas en las que se encuentra dividida el área serrana de Villa del Lago se presentaba como el primer tema complejo a debatir en el ámbito legislativo. Sin embargo, la pandemia del coronavirus postergó su tratamiento en el marco de la suspensión de las actividades por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas para evitar la propagación del virus.

Los fundamentos del primer decreto

La decisión de extender el plazo para limitar nuevos permisos de obra se basa en los argumentos expuestos en el primer decreto. Entre ellos, se citó el Plan de Desarrollo Territorial en cuanto a la estrategia de preservación de recursos naturales, que además plantea el objetivo particular de considerar al cordón serrano “como una unidad de paisaje integral, susceptible de preservar en sus valores geológicos, estético paisajístico, hídricos, geomorfológicos, culturales e identitarios, estableciendo un régimen de tratamiento especial”.

En tanto, indica que se crea la “Zona Protegida Natural Sierras de Tandil asimilando los términos a la ley provincial 12.704 referente a paisajes protegidos, reconociéndose como tal a aquellas áreas de la superficie y/o del subsuelo terrestre y/o cuerpos de agua existentes que, por razones de interés general deban sustraerse de la libre intervención humana a fin de asegurar la existencia a perpetuidad de uno o más elementos naturales o la naturaleza en su conjunto”, por lo cual se declara de interés público su protección y conservación, y establece que el predio en cuestión forma parte de la zona protegida por encontrarse por sobre la cota 220.

Y agrega que si bien en la Zona Protegida Natural “se permite el uso de la vivienda unifamiliar se define como no urbanizable al espacio territorial del Área Complementaria comprendido por sobre la cota 280”.

En ese sector “se prohíben todas las edificaciones que puedan generar necesidades de infraestructuras y servicios urbanos, representen el asentamiento de actividades específicas del medio urbano en detrimento de las propias del medio rural o hagan perder el carácter rural al paisaje de su entorno”.

En otro de los considerandos, el decreto firmado el 7 de noviembre aborda la cuestión de la protección de las aguas superficiales y se respalda nuevamente en el Plan de Desarrollo Territorial, que “prohíbe las obras, construcciones o actuaciones que puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los ríos, arroyos, canales y cañadas cualquiera sea el régimen de propiedad de zonificación del espacio territorial, de acuerdo a la legislación vigente y la competencia de los órganos correspondientes”.

El marco regulatorio también prohíbe “verter, inyectar o infiltrar en dichas aguas compuestos químicos, orgánicos o fecales que, por su toxicidad, concentración o cantidad, degraden o contaminen las condiciones de estas aguas”.

En cuanto al vuelco de efluentes, el Plan de Desarrollo Territorial prohíbe “la construcción de pozos y/o cámaras sépticas para el saneamiento de las viviendas, las cuales sólo podrán ser autorizadas cuando se den las suficientes garantías justificadas de que no suponen riesgo la calidad de las aguas subterráneas”.