Las Madres Territoriales, el grupo de mujeres que recorre el país para acompañar a familias que atraviesan situaciones de consumos problemáticos, visitaron Tandil y llevaron su “abrazo” a los barrios de la ciudad. En una actividad impulsada por el Municipio, mantuvieron un encuentro con organizaciones sociales que abordan la temática, y destacaron las políticas públicas y el trabajo articulado que se lleva adelante a nivel local. Además, confirmaron a Natalia Lorea como referente tandilense de la organización.

“En 25 años de trabajo, algo que nos llamó mucho la atención es cómo están trabajando en Tandil. Nos impactó cómo están trabajando con el tema de adolescencia. Y nos impactó que Tandil nos haya ofrecido unas herramientas que nosotros nos vamos a llevar. Trabajan con niños y adolescentes. Nosotros tenemos mucho recorrido porque hacemos territorio, y poder ver la forma en la que están trabajando es importante”, destacó Norma Galeano, directora del grupo que tiene representantes en todo el país.

Durante la tarde del viernes 22 de mayo, las integrantes mantuvieron el mencionado encuentro, mientras que el sábado 23 -con base en la sede de Amar- recorrieron La Movediza y otros barrios de la ciudad. “Entendimos que era importante poner nuestra semilla acá, sobre todo mostrar el trabajo que estamos haciendo a nivel nacional y ver desde qué lugar nosotros podemos ayudar a Tandil”, dijeron sobre su visita.

Asimismo, destacaron la calidez recibida durante su estadía, así como también la posibilidad brindada por el Municipio para concretarla: "Vimos una ciudad hermosa, preciosa, donde nos acogieron, donde nos brindaron todo, donde vimos que había mucha disponibilidad, y hubo mucha gente que acompañó. Sin conocernos nos abrieron las puertas".

Sobre el trabajo territorial de abordaje de los consumos problemáticos, y en particular desde su experiencia recorriendo el país, las Madres hicieron hincapié en la importancia de acercara a las familias las herramientas y políticas públicas. 

“Lo que nosotros hacemos es un peregrinar, sobre todo informar de todo lo que hay, porque a veces la gente no está informada de todos los grupos, de lo que están haciendo, cómo se está trabajando. Queremos contarle a la gente que no baje los brazos, que hay herramientas en Tandil como para empezar a trabajar”, marcaron. 

“En el encuentro con el Municipio y organizaciones vimos eso. Si las familias por están mal y les cuesta hablar sobre la problemática, es contarles que nosotras hemos pasado por esto. Para que se puedan abrir y que puedan acercarse hasta algún lugar a pedir ayuda. Porque sin duda la ayuda está”, agregaron. 

En ese marco, se oficializó la incorporación de Natalia, una vecina del barrio Las Tunitas, quien desde la fecha se desempeña como referente local de Madres Territoriales, integrando así a Tandil en la mesa nacional de la organización.

“Fui nombrada Madre Territorial hace un mes. Nos estamos organizando, pero de ese mes a desde que empecé hasta ahora se ha trabajado un montón. Ya están sumadas a otras madres de diferentes barrios, y estamos trabajando en conjunto con los demás entidades de La Movediza y Las Tunitas”, expresó Natalia.

En la misma línea, las referentes nacionales subrayaron el valor de la nueva representación: "Con Natalia, hoy estamos dejando una representante y Tandil le está diciendo sí a nuestra compañera. Entonces, de esa forma nosotros estamos viendo que hay un camino, que hay un camino que sabemos que va a ir bien".

Desde la gestión municipal, Carolina Arce, directora de Prevención Social y Comunitaria, destacó la importancia de la articulación: "Con la Mesa de Consumos, formada hace un mes aproximadamente, estamos haciendo un recursero para que todas las personas que están en adicción y para las familias. Para que las respuestas no sean fragmentadas, sino facilitarle este circuito institucional a la familia. Porque muchas veces lo que más cuesta es saber dónde referenciarse, que les den la respuesta correcta. Como entes estatales, y desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que facilitarles ese camino".

El cierre de la jornada dejó un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida: "Es importante que se conozca que en Tandil están trabajando, cómo están poniendo las manos en el arado sobre esto, la responsabilidad que está poniendo Tandil".

“Quiero demostrarle a las mamás que sí se puede”. La frase pertenece a Natalia Lorea, referente de Madres Territoriales en Tandil, y resume el eje del testimonio que compartió junto a Mónica Rodríguez durante una entrevista en “Plataforma Magazine”, por ECO TV y la 104.1 FM.

Ambas atravesaron durante años situaciones de consumo problemático con sus hijos y hoy forman parte de una red de acompañamiento para otras familias. Lejos de un relato derrotista, las dos mujeres eligieron poner el foco en la recuperación, en los procesos y en la necesidad de sostener redes comunitarias.

“Después de todo lo malo, se vinieron cosas buenas”, aseguró Lorea al contar que su hijo, hoy de 23 años, lleva cuatro años desde “el día uno”, como llaman dentro del grupo al inicio de la recuperación.

“Va a ser papá, formó su familia, sigue en su trabajo y gracias a Dios todavía se sigue manteniendo en pie, peleándola día a día”, relató.

Rodríguez, por su parte, contó que su hijo Gonzalo, de 26 años, atraviesa actualmente una internación y tratamiento. “Esta vez se interna y no voy a aflojar”, sostuvo al recordar las dificultades y retrocesos que atravesaron durante los últimos años.

Ambas integran Madres Territoriales, una organización conformada principalmente por madres y familiares de personas con consumos problemáticos, situaciones de vulnerabilidad social y exclusión.

En ese marco, días atrás anunciaron una charla abierta que brindarán este viernes desde las 17.30 junto al Municipio en el CIC de Movediza (La Pastora y Misiones) en la que se otorgarán herramientas y espacios de escucha para familias que atraviesan problemáticas similares.

“Una no lo puede creer”

Las historias de ambas comenzaron de manera similar: cambios de conducta por parte de sus hijos, ausencias prolongadas, violencia y faltantes en el hogar.

“Mi historia arranca con mi hijo en consumo desde muy chico, desde los 14, pero yo como mamá me di cuenta casi a los 18, cuando ya estaba todo más que complicado”, contó Lorea.

Según relató, las primeras señales aparecieron en modificaciones de comportamiento. “Las contestaciones, las llegadas tardes, todas las veces en que no sabés dónde está. Y a eso le sigue la falta de cosas en la casa”, enumeró.

“Al principio no lo querés aceptar”, reconoció. “Lo negué tanto que después, cuando me fue yendo bien, dije: ‘quiero demostrar que sí se puede’”, sostuvo.

Rodríguez atravesó un proceso similar. “Mi hijo Gonzalo se inició en el consumo más o menos a los 14 años, con marihuana”, recordó. “Una niega el estado del problema del nene. Mi hija me decía: ‘mamá, Gonzalo tal cosa’. Y yo le decía ‘no, no’. Una no lo puede creer”, relató.

Con el tiempo, explicó, comenzaron los episodios de violencia y hurtos. “Faltaban cosas en la casa. Yo tenía que trabajar y cuando venía encontraba que algo faltaba”, señaló. Incluso relató que en una oportunidad realizó una denuncia contra su propio hijo.

Internaciones y procesos judiciales

Las dos madres coincidieron en que el acceso a una internación compulsiva suele implicar un largo recorrido previo y múltiples gestiones familiares.

Lorea recordó que, tras “golpear muchísimas puertas”, logró obtener una internación compulsiva ordenada por un juez. “En mi caso, él tenía muchos problemas con la justicia: iba a terminar preso o me lo iban a matar”, sostuvo.

Rodríguez también recurrió a la vía judicial. “Esta es la segunda internación compulsiva que tiene, estuve buscando siempre la orden del juez, que no es muy fácil”, afirmó.

En Argentina rige la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, que establece un enfoque de derechos humanos y promueve tratamientos comunitarios e interdisciplinarios, priorizando las alternativas ambulatorias por sobre las internaciones.

La normativa define que la internación involuntaria debe ser un recurso terapéutico excepcional y sólo puede aplicarse cuando exista una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.

Además, la ley exige dictámenes profesionales interdisciplinarios, la constatación de que no existen otras alternativas eficaces y un informe sobre las estrategias previas implementadas.

“Un chico complicado no puede decidir”

Uno de los puntos sobre los que más insistieron las integrantes de Madres Territoriales fue en las dificultades que, según describieron, suelen aparecer luego de obtenida la autorización judicial.

“Yo te puedo decir que, hoy en día, no es tanto el juzgado”, sostuvo Lorea. “Generalmente tenemos fiscales y jueces que se toman el tiempito de leer los legajos de cada chico”, comentó.

Sin embargo, indicó que muchas veces los obstáculos aparecen en las evaluaciones posteriores dentro del sistema de salud. “El juez te puede firmar la autorización, pero muchas veces los llevan, los evalúan y, si el psicólogo o el psiquiatra considera que el chico está apto para la sociedad así esté drogado, haya tenido un intento de suicidio o una agresión en la casa, lo vuelven a mandar a la casa”, cuestionó.

“Un chico complicado no puede decidir”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el planteo de las familias no apunta contra los trabajadores de salud mental, sino a la necesidad de una evaluación más integral. “Muchas veces toman como que nosotros vamos contra el hospital o el área de salud mental. Y no vamos contra ellos, sino que a veces pedimos que se tomen un poquito de tiempo de evaluar al chico, pero también para hablar con la familia”, expresó.

“Hay chicos que realmente están en peligro y está en peligro su familia también”, agregó.

Redes de acompañamiento

Actualmente, el hijo de Rodríguez realiza tratamiento en la organización Vientos de Libertad, en Tandil, mientras que el hijo de Lorea continúa su proceso en Vencer para Vivir, en Zárate.

Además, mencionaron otros dispositivos de atención y destacaron el crecimiento de espacios comunitarios vinculados a la recuperación de personas con consumos problemáticos.

La propia articulación entre ellas surgió a partir de una entrevista periodística previa, también en El Eco Multimedios. “Yo la vi en la tele y mi hermana me pasó la nota. La busqué y le escribí”, recordó Rodríguez sobre el primer contacto con Lorea.

Desde entonces, ambas participan activamente de Madres Territoriales y de grupos de acompañamiento para familias y personas recuperadas. “Nada mejor que otro par para poder contenerse”, resumieron.

La organización mantiene abiertas distintas vías de contacto a través de Instagram, en la cuenta nobajo_losbrazos, y mediante WhatsApp al 249 421-7100, donde también funcionan grupos de apoyo para padres y jóvenes en recuperación.

El titular de la mutual Amemt, Raúl Escudero, y el exfiscal Fabio Molinero participaron del desayuno de Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde brindaron detalles de una iniciativa conjunta que busca saldar una deuda histórica en la ciudad: la creación de un centro terapéutico para el consumo problemático

La propuesta surge como respuesta a un diagnóstico preocupante sobre el crecimiento del consumo de sustancias y la falta de recursos estatales suficientes para atender la demanda de las familias tandilenses.

Fabio Molinero realizó un análisis retrospectivo sobre la evolución del narcotráfico y el consumo en la región. Según el ex fiscal, el punto de inflexión se produjo entre los años 2014 y 2015, cuando comenzó a registrarse el ingreso de sustancias con un poder de daño superior, como el crack y la pasta base. "Hoy estamos en un contexto donde lo que decíamos hace 12 años es una realidad", advirtió quien señaló que el deterioro físico y social que producen estas drogas genera un impacto devastador en los jóvenes y sus entornos familiares.

Fue categórico al señalar que las políticas públicas no se enfocaron adecuadamente en la prevención y la asistencia. En ese sentido, explicó que el proyecto actual se centra en la demanda, es decir, en las personas que ya padecen el consumo problemático. "Faltan dispositivos de internación y una comunidad terapéutica que logre atender situaciones de inmediatez", afirmó, destacando que muchas familias vulnerables quedan al margen de los tratamientos privados, cuyos costos pueden oscilar entre los dos y tres millones de pesos mensuales.

El proyecto cuenta con el respaldo institucional de Amemt, que se comprometió a proveer el recurso humano necesario para el funcionamiento del centro. Raúl Escudero informó que el viernes pasado mantuvieron una reunión formal con la secretaria y el subsecretario de Bienestar Social de la Municipalidad de Tandil para presentar la idea y buscar puntos de colaboración. En dicho encuentro participaron también referentes con experiencia en el área, como Fito Medina, Gastón Canales y Mario Raimondi.

"No todo es dinero, es cuestión de convicción", enfatizó , quien relató que su motivación personal y profesional se vio impulsada por casos trágicos recientes en la ciudad. El dirigente remarcó la necesidad de coordinar la infraestructura vigente, incluyendo al CPA (dependiente de la provincia de Buenos Aires) y los recursos municipales, para ponerlos al servicio de un tratamiento integral. La solicitud concreta al Ejecutivo local incluye la cesión de un espacio físico, ya sea una casa o un terreno, preferentemente ubicado fuera del casco urbano.

Uno de los puntos más debatidos durante la charla fue la aplicación de la Ley de Salud Mental. Molinero calificó como una "barbaridad" las dificultades que enfrentan los padres para lograr la internación de sus hijos cuando la voluntad del paciente está viciada por el consumo. "Hay cantidad de madres dando vuelta con temor de que sus hijos cometan un delito o se agredan ellos mismos", describió el ex fiscal, instando a ordenar los organismos existentes para realizar un seguimiento progresivo de los casos.

Asimismo, se planteó una fuerte crítica hacia la Justicia Federal y la falta de investigaciones de fuste contra el narcotráfico a gran escala en la región. Molinero recordó las carencias logísticas que enfrentan las fuerzas de seguridad dedicadas a las drogas ilícitas, mencionando que en muchas ocasiones carecen de vehículos o recursos básicos para llevar adelante los operativos. "Si el tema fuera prioridad, tendrían los recursos que deben tener", sentenció.

Hacia el cierre de la entrevista, Raúl Escudero aprovechó la presencia del gobernador en la ciudad para reiterar un reclamo que afecta directamente al sector de la salud local. Con un tono irónico pero firme, solicitó que se regularicen los pagos adeudados a las farmacias. "Si nos traen el cheque de la deuda de IOMA de enero y febrero del año 2024, pueden pasar por cualquiera de las farmacias y dejarlos", expresó, subrayando que la salud debe ser una prioridad real en la agenda de la justicia social.

La jueza Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, abordó la problemática de la salud mental y las adicciones, dijo que la Ley vigente constituye “un avance” y se refirió a las limitaciones que enfrenta el Poder Judicial ante la creciente demanda por parte de la población.  “Faltan lugares de internación”, resaltó.

Entrevistada en “Tandil Despierta” –por ECO TV y la 104.1 FM-, la magistrada defendió en primer término el espíritu de la normativa actual, la Ley 26.657, sancionada en 2010 por el Congreso de la Nación.

“La Ley de Salud Mental constituye un avance”, afirmó, pero aclaró que a los jueces “no nos permite ordenar la internación; nos permite ordenar la evaluación”.

En ese esquema, explicó que son los efectores de salud quienes determinan si corresponde o no una internación. “¿Qué es lo que mejora la Ley de Salud Mental? Que si un efector de salud decide internar a una persona, esa internación va a control de legalidad. Eso significa que va a un juzgado que analiza que haya un justificativo por el cual esa persona está internada”, detalló.

“Si bien la decisión no es nuestra, nosotros controlamos que la decisión esté bien tomada”, agregó.

En ese marco, la magistrada con 17 años de trayectoria como jueza y actual presidenta del Foro de la Justicia de Familia (Fojufam), señaló que, pese a las críticas recibidas acerca de supuestas trabas para las internaciones involuntarias, en la práctica sí existen. 

“Infinidad de personas son internadas en forma involuntaria: nosotros en enero tuvimos 22 internaciones en mi Juzgado. Esas 22 internaciones son involuntarias”, precisó.

Sin embargo, sostuvo que el problema no radica en la norma sino en su implementación. “La gente le echa la culpa a la Ley de Salud Mental. Pero lo que nos falta son políticas públicas. La Ley de Salud Mental contiene avances”, enfatizó.

Monserrat cuestionó especialmente el diseño actual de los dispositivos públicos. “Las políticas públicas tal como están pensadas, incluido el CPA (Centro Provincial de Atención a las Adicciones), se basan en la voluntad del adicto. Nosotros cuestionamos eso: si el adicto tuviera voluntad, no sería adicto. Por lo tanto, no se puede solo trabajar con personas que tienen voluntad, porque no la tienen, la tienen viciada”, argumentó.

En esa línea, explicó que Argentina optó por un modelo de instituciones abiertas. “La Argentina eligió para sus políticas públicas que los lugares de internación sean abiertos y que estén basados en la voluntad. Solo reciben personas que quieren rehabilitarse”, describió.

Y dijo que, frente a una negativa del paciente, el margen judicial es acotado. “Nosotros sí tenemos un único recurso: poder ordenar el traslado por la fuerza de esa persona al centro de salud mental donde va a ser evaluado”, dado que –continuó explicando- “las personas solo pueden ser internadas involuntariamente cuando está en riesgo su persona o ponen en riesgo a terceros”.

“La drogadicción es un drama mundial”

Sobre la gravedad del fenómeno, Monserrat fue categórica: “La drogadicción es el drama contemporáneo. No es el drama de Tandil, ni de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina; es un drama mundial”.

Además, advirtió que esta problemática “atraviesa todas las edades, todos los géneros y todas las clases sociales”, aunque con matices: “Algunos consumen ‘de la buena’, otros consumen ‘de la mala’. El que consume ‘de la buena’, a lo mejor puede tener una mejor calidad de vida, y si pertenece en una clase social alta es muy probable que se pueda enmascarar”, consideró.

“A mí me llegan comentarios extraoficiales de que, en sectores de alto estrés por ejemplo, la droga es muy habitual en profesionales. Pero nadie habla de profesionales que se drogan”, expuso.

La magistrada también remarcó que la problemática excede a la enfermedad en sí misma. “El problema de salud mental no es solamente la patología: el entorno influye mucho. Si usted tiene dos personas con la misma patología y una no tiene ningún entorno social o su entorno social no es protector, esa persona no va a estar estimulada”, sostuvo. 

Por eso, señaló que una evaluación integral requiere “del psiquiatra, que determina la patología; el psicólogo, que determina el comportamiento; y el trabajador social, que analiza el entorno”.

Otro rasgo frecuente de la persona adicta, añadió la jueza, es la falta de conciencia de enfermedad, algo que complejiza la problemática.

“Hay una regla general bastante habitual: las personas con problemas de salud mental —y ahí incluimos la adicción— no tienen conciencia de enfermedad". 

Y comparó que "la mayoría de las personas con diabetes sabe que es diabética y sabe que se tiene que controlar; pero las personas con problemas de salud mental no tienen conciencia y, como la medicación les cambia la personalidad o su forma de moverse, empiezan a no querer tomarla”.

En cuanto a la evolución de la demanda, indicó que, según datos del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), en el Municipio Tandil se pasó de atender “35.000 a 48.000 personas en los últimos dos años”, debido al traspaso, al sistema público, de personas que se atendían en el sector privado.

“No hay ningún Estado que esté preparado para afrontar esa demanda”, evaluó.

Falta de lugares para la internación

Durante la entrevista en el piso de El Eco Multimedios, Monserrat aseguró que desde el Juzgado que dirige observan no solo “un aumento de las internaciones” sino también de “tentativas de suicidio, donde vemos un incremento en adolescentes”.

“La problemática es sumamente seria y, como todo aquello que afecta a toda la sociedad en su conjunto, requiere de políticas públicas”, subrayó.

En este punto, Monserrat planteó que el déficit es estructural. “Hoy no hay organismos públicos, y cuando hablo de organismos públicos estoy hablando de organismos que paga el Estado, cualquiera sea el Estado”, afirmó.

Y aclaró que la problemática “no es de hoy ni de este Gobierno; viene pasando desde hace muchos gobiernos”.

En ese proceso –sostuvo- hubo “una delegación de responsabilidades del Estado nacional y el Estado provincial en los municipios”, que “hoy deben ocuparse de salud mental, niñez vulnerada y trabajo”, entre otras áreas.

Como ejemplo concreto, mencionó el caso de “un joven con un problema serio de salud mental que es sumamente agresivo” para el cual se solicitó una vacante en el Hospital "Alejandro Korn", de La Plata, sin éxito. “Ese joven tiene que estar en una institución cerrada, no puede estar en una institución abierta porque genera mucho riesgo para sí y para terceros”, explicó.

También describió las dificultades que aparecen cuando no hay cobertura médica. “Si la persona con drogadicción no tiene obra social y no tiene recursos, el único lugar con el que trabaja el CPA está en Chapadmalal, que solo trabaja si la persona quiere rehabilitarse”, contó.

“Entonces –añadió- vienen las madres a pedirnos algo que no les podemos dar porque no hay lugares donde internar a esos jóvenes”.

En cambio –expresó- “si usted tiene una obra social podemos obligar a las obras sociales a que consigan una vacante”.

Según Monserrat, la falta de dispositivos adecuados impacta incluso en menores de edad. “Hemos tenido jóvenes en centros de salud mental durante meses —y estamos hablando de menores de edad— porque no había un lugar adecuado al que pudieran acudir, y eso porque la Provincia no nos daba respuesta”, señaló.

Finalmente, insistió en que la Ley “tiene sus aspectos positivos” y defendió la intervención sanitaria en la decisión de internar.

“¿Cómo yo desde el Derecho puedo decidir internar a una persona cuando mis conocimientos no me permiten saber si existe riesgo para sí o para terceros? Son los efectores de salud los que deciden”, sostuvo. 

No obstante, consideró que esos profesionales deben extremar criterios: “Que sean un poquito más finitos cuando evalúan y tengan en cuenta los riesgos que enfrentan si consideran que la persona no es riesgosa. Si luego esa persona comete un delito, van a terminar siendo responsables ellos también”, reclamó.

Como horizonte, planteó la necesidad de “nuevas instituciones que no se basen solamente en la voluntad del adicto; necesitamos instituciones cerradas que trabajen con la persona y que le den lo que no tiene: esperanza de vida”.

“La gente que se droga ha perdido la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza, que sepan que pueden tener motivos para seguir viviendo”, concluyó.

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Al referirse a la situación local en materia de consumo problemático de sustancias, la jueza Silvia Monserrat afirmó que hay “chicos muy jóvenes, adolescentes de 13 ó 14 años, con serios problemas de adicción”.

De todas maneras, la titular del Juzgado de Familia 1 aclaró que “ya no hay una aquí y un allá; la droga está en todos lados, es de fácil acceso y en muchos casos —sobre todo en los chicos muy jóvenes— está muy relacionada con el delito”.

En ese sentido advirtió que “empiezan a drogarse y después delinquen para tener plata para seguir drogándose. Y en muchos casos la droga hace que el delito sea más violento porque la persona pierde los frenos inhibitorios”.

Ante las críticas que reciben los juzgados, Monserrat envió un mensaje directo a las familias: “Quiero hablarles a esas madres y explicarles que, cuando ustedes vienen a mi juzgado o van al juzgado del doctor Ramiro Saralegui y les explicamos lo que sucede, no es que no queremos hacer: es que nosotros no tenemos recursos. Lo único que podemos hacer es requerirle al Estado”.

“Si el Estado no nos otorga esa vacante, ya no depende de nosotros”, cerró.

Un hombre con discapacidad y disminución visual falleció tras ser atropellado en Bahía Blanca por un camionero que dio positivo de cocaína.

Según La Nueva, la víctima fue identificada como Osvaldo Ezequiel Quint Rio, quien se desplazaba en silla de ruedas al momento del impacto del camión perteneciente a la empresa de transporte Oslo Ar, patente AD 645 YP. El hecho se produjo en la calle Juncal al 500. El accidente ocurrió sobre las 15 y una ambulancia del servicio de emergencias se presentó en el lugar y confirmó el fallecimiento de Quint Rio.

El conductor fue identificado como Martín Federico Díaz (41), quien no habría advertido la presencia del hombre en silla de ruedas, aplastándolo con las ruedas duales traseras del rodado. Personal de Tránsito Municipal realizó los test correspondientes al camionero. Si bien la prueba de alcoholemia arrojó resultado negativo, el Drugger Test dio positivo para cocaína. De acuerdo con La Nueva, ante esta situación Díaz fue aprehendido en el lugar de los hechos.

Con motivo de conmemorarse el 26 de junio el Día Internacional de la Lucha contra el Narcotráfico, el MTE y Vientos de Libertad –la organización comunitaria que trabaja en la recuperación de jóvenes con consumos problemáticos-, celebró una jornada en defensa de la salud comunitaria.

“A mi Vientos de Libertad me transformó mi vida. Yo vengo de dormir en una plaza en Mar del Plata, y después de entré a la casa convivencial y encontré esa contención, esa familia que yo por ahí no tuve, o por ahí la perdí con el consumo. Por eso pero para mí Vientos es todo”, compartió Bruno, un joven de 26 años que no solo se recuperó, sino que actualmente es coordinador en el espacio barrial de La Movediza.

Vientos de Libertad posee en la ciudad con una casa convivencial en la que reciben jóvenes de Tandil y la región. Estos viven en el lugar atravesando su proceso de recuperación en el marco de un espacio de contención y formación del que también son parte las familias. La organización tiene además centros barriales a los cuales asisten personas en procesos ambulatorios de recuperación. Los mismos funcionan hasta las 22, por lo que permiten a los asistentes contar con un ámbito de compañía.

La jornada tuvo lugar en la Glorieta de la Plaza Independencia, comenzó pocos minutos después de las 9:30 del jueves 26 y se extendió hasta el mediodía. Participaron tanto integrantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y otras organizaciones sociales, como los chicos y chicas de la casa convivencial y los espacios barriales.

La propuesta consistió en visibilizar el trabajo que Vientos de Libertad realiza en la ciudad, en particular los espacios de formación e integración como el taller de barbería, pero también el de música, por lo que hubo espectáculos culturales, una muestra de fotos y  otras propuestas. 

Además, los participantes compartieron un desayuno popular para todas las personas que se acercaron al evento. “No estas solx. Escucha, abrazo y lucha para una nueva generación”, fue la consigna de la jornada.

“La idea es que en el marco del 26 de junio, que es el internacional de la lucha contra el narcotráfico, es visibilizar el trabajo que hacemos, tanto en nuestros centros barriales, como en la casa convivencial, como dispositivo que trabaja la problemática de consumo en el territorio”, contó Gabriela Badenas en diálogo con El Eco de Tandil.

Por su parte Bruno compartió que “del trabajo puedo contar muchas cosas, muchas cosas que venimos haciendo. La necesidad de las personas, del compañero que está en consumo, del familiar. Porque nosotros no solamente trabajamos con el pibe o la piba, sino que trabajamos con un mundo de personas.  Por ejemplo con las familias en proceso, los hermanos en proceso, está el taller de familias, está el taller de mujeres”.

Desde la organización destacaron el trabajo que realizan en cada uno de los centros barriales que gestionan en la ciudad, y que se encuentran abiertos desde la 1 de la tarde hasta las 10 de la noche. “No es que cerramos a las 7 u 8 y ellos se van para su casa. Hoy tienen su plato de comida, tienen dinámica a esa hora, podemos mirar películas”, señaló Bruno.

“Los barriales hoy están abiertos de 1 de la tarde a las 10 de la noche. En La Movediza, lo que ayuda es a la persona que está haciendo un proceso ambulatorio, a tener muchas horas del día con la posibilidad de estar en el barrial. Los procesos ambulatorios son mucho más complejos que un proceso convivencial, porque uno puede estar en la calle todo el día. Pero teniendo la posibilidad de estar en el barrial mucho más tiempo, implica un mayor cuidado a la persona”, sumó Badenas.

La referente recordó además el reclamo que desde la organización impulsan por el descongelamiento de fondos establecido por el gobierno nacional. “Estamos totalmente desfinanciados, y por eso son importantes también estos espacios de visibilización de nuestro trabajo, porque el recurso que nosotros recibimos está congelado desde diciembre del año pasado, no se ha actualizado y además hay un atraso en el pago de ese recurso. Y aún así, con todo eso, nosotros seguimos manteniendo la cantidad de tiempo de trabajo, la cantidad de profesionales que están laburando en nuestros barriales y en nuestra casa convivencial”, remarcó.

En la misma línea planteó que se encuentran “interpelando a todo el Estado, tanto nacional como provincial como municipal, de que nosotros en nuestros barriales somos la primera línea de recepción de la problemática de consumo. Entendiendo que la problemática de consumo no es solo la sustancia sino todo lo que tiene atrás. Problemas habitacionales, acceso a la salud, cuestiones educativas, acceso a laburos y a laburos dignos”, explicó.

Con acuerdo de las partes, días pasados se selló en el Tribunal Oral Criminal 1 un juicio abreviado, en el que el juez Albano Gallicchio convalidó lo resuelto entre acusador y defensa y se definió la pena a imponer a una pareja señalada por múltiples denuncias anónimas como vendedores de estupefacientes, con epicentro en el barrio Las Tunitas.

Precisamente las declaraciones de vecinos y, en especial, de padres acechados por el consumo problemático de sus hijos, coincidieron en distintas denuncias que motivaron el inicio de una pesquisa que arrojó resultados positivos a la hora de encontrar material probatorio que alcance para las imputaciones ahora llevadas a condenas.

En efecto, al decir del fallo, desde el TOC 1 se dio por acreditado que los encausados Milagros Soledad Martens y su pareja Mariano Artola se dedicaron al comercio de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína y marihuana, que las fraccionaban en dosis destinadas directamente al consumidor.

Al decir de la sentencia, quedó demostrado que estos entregaban las mencionadas sustancias a diversos compradores que recibían en su domicilio de calle Picheuta 384 para realizar tales intercambios, o lo hacían de manera ambulante.

También se pudo corroborar que dicha actividad la llevaron a cabo al menos desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 9 de marzo de 2023.

Tal es así, que el 9 de marzo de 2023 aproximadamente a las 13.40 se les secuestró a Martens y Artola del mencionado domicilio particular: ramas con hojas de marihuana, que se encontraban en la habitación principal y también sobre el techo de un galpón de chapa, arrojando un pesaje total de 295 gramos entre contenido y continente. Debajo de la cama, recortes de nylon trasparente, con vestigios de cocaína. Además a Soledad Martens se le encontró de entre las prendas que vestía lo siguiente: en uno de los bolsillos del lado izquierdo de su pantalón seis envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 2 gramos; poseyendo además como producto de dicha actividad ilícita una suma de dinero.

Según el magistrado, todos los estupefacientes secuestrados se encuentran comprendidos en las previsiones de la Ley 23.737 y eran tenidos ilegítimamente por los imputados, con fines de comercialización y para ser entregados en dosis fraccionadas destinadas directamente al consumidor.

Cabe consignar que la pesquisa se inició a partir de denuncias anónimas que los uniformados fueron recibiendo. Una fue realizada el 29 de mayo de 2020 en sede de la Ayudantía Fiscal, donde una persona que quiso guardar su identidad por temor a represalias manifestó que una mujer a quien identificaba como Soledad Martens,  con domicilio en Picheuta 309, como así también otro hombre residente en el fondo de dicho inmueble, vendían sustancias estupefacientes al menudeo.

A partir de allí, se iniciaron tareas de observación y vigilancia asignados al domicilio citado, llevadas a cabo por los funcionarios policiales que efectivamente acreditaron los movimientos que existían en la morada, característicos de la venta al menudeo.

Ya para agosto de 2022, otro policía recibió una nueva denuncia. Un hombre se le acercó mostrándole el DNI en mano, pero solicitando  que se reserve su identidad por miedo a represalias. Detalló al uniformado que tenía un hijo menor de edad el cual es adicto a la droga y si bien desconocía las identidades de las personas que le vendían, supo seguir a su hijo al cual lo ha visto ingresar en una vivienda ubicada en calle Picheuta y Uspallata, donde estaba una  chica que posee un tatuaje de una estrella en uno de sus lados de su cuello.

Con el aporte, se montaron tareas de inteligencia de manera civil para observar efectivamente  si en el lugar hay movimientos compatibles con la venta de estupefacientes y los resultados fueron favorables a la pesquisa.  Se detalló al respecto que se observó un Fiat Uno que resulta ser de los propietarios de los domicilios el cual es utilizado por un hombre o una mujer o ambos, el cual está saliendo y regresando constantemente en horarios nocturnos, como asimismo se vio varias motos y personas caminando que ingresan por la calle Picheuta lugar donde no se logra divisar con la cámara de Centro de Monitoreo Tandil.

Otro de los elementos de prueba volcados al expediente y consiguiente juicio versó sobre la declaración de una mujer, madre de un hijo con problemas de adicciones. Acorralada por la situación de su progenitor, denunció a quien le proveía la droga, efectivamente Soledad Martens.

En su relato, la mujer confió que descubrió que su hijo consumía hacía cinco años en los últimos años la adicción era cada vez peor, con deterioro físico y económico. Contó que su hijo había sido tratado en el CPA Tandil, donde le recomendaron como única salida la internación,  consiguiendo un cupo en la Comunidad 'Cenáculo' de Cañuelas, pero su hijo se negó a concurrir.

Añadió que el hijo perdió trabajos precisamente por el consumo problemático. Recordó que luego empezó a trabajar por su cuenta como pintor y que en uno de los trabajos terminados le pagaron y con ese dinero fue directamente al barrio Las Tunitas, antes que a su casa, a comprar droga.

Al respecto agregó que cuando tenía deudas de dinero con los señalados por la compra de cocaína, su hijo dejaba su moto en carácter de 'prenda' hasta que juntaba el dinero y luego se la devolvían. Incluso ella tuvo que retirarla de la comisaría anteriormente por situaciones similares.

Hasta que un día, su hijo al salir del trabajo no regresó a su domicilio, y dado que no contestaba los llamados telefónicos, tanto a ella como la actual pareja del joven,  sospecharon que se habría dirigido a adquirir estupefacientes para consumir. Al día siguiente por la tarde la pareja logró localizarlo en la casa de un amigo cerca del estadio San Martín, totalmente drogado, y tras recuperarse refirió que ya no tenía ni su teléfono celular ni su moto dado que había entregado el mismo para saldar una deuda de drogas que poseía con Soledad Martens.

Tras el derrotero de testimonios y pruebas recolectadas a lo largo de la instrucción penal preparatoria, el juez dio por probado los hechos y desestimó las declaraciones de los imputados que aludieron a que la droga secuestrada era para uso personal.

Finalmente, se resolvió condenar a la pareja Mariano Artola y Milagros Soledad Martens a la pena de cuatro años de prisión, por resultar autores penalmente responsables del delito de “Comercialización de sustancias estupefacientes en dosis fraccionadas  destinadas al consumidor”, hecho cometido en Tandil al menos durante el lapso que va desde el 29 de mayo de 2020 hasta el 9 de marzo de 2023.

La atención integral de las personas con consumos problemáticos de sustancias representa un gran desafío para el sistema de salud. Con frecuencia, las personas recurren a los servicios de salud para encontrar respuestas ante estas situaciones pero algunas veces, no encuentran en el sistema sanitario una respuesta adecuada a las problemáticas que manifiestan, tanto por dificultades en el acceso como en la continuidad de cuidados. En este sentido, resulta fundamental repensar los modos y estrategias de cuidado y atención a fin de adecuarlos a las necesidades de las personas y al carácter dinámico e histórico de las problemáticas de consumo.

El estigma, el miedo, el dolor, el desamparo son denominadores comunes de quienes atraviesan consumos problemáticos y de sus familias, que muchas veces ven con desesperación cómo no pueden hacer nada por ellos. Es preciso pensar que el consumo es uno los tantos problemas sociales que parte de injusticias y desigualdades estructurales y, por lo tanto, no son una conflictividad individual, sino colectiva.

En Tandil, la Casa Comunitaria Convivencial de Vientos de Libertad -rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)- es un dispositivo que brinda un acompañamiento integral a los jóvenes de los barrios populares con problemáticas de consumo que deciden hacer un proceso de transformación. En la actualidad 20 chicos residen allí y hay lista de espera para ingresar. La apuesta del espacio es que sean ellos quienes, generando un proceso organizativo y político, conduzcan y desarrollen los lugares de acompañamiento.

Organizaciones que trabajan en dispositivos de abordaje del consumo problemático en Tandil solicitaron formalmente al Concejo Deliberante que gestione la reactivación del proyecto de ordenanza para crear una mesa que integre a todos los actores vinculados a la problemática. La petición, cursada el 26 de junio pasado, se fundó en la situación de “emergencia en adicciones” que transita la ciudad y atento a que el expediente fue remitido al Ejecutivo hace un año y nunca regresó a las comisiones legislativas. 

La nota, que tomó estado legislativo y está dirigida al presidente Juan Pablo Frolik, se envió “en el marco del Día Internacional contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas que llevamos a cabo los Centros de Atención y Acompañamiento para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (CAAC) y las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC) pertenecientes a la Sedronar, con el actual titular Dr. Roberto Moro, y congestionadas por las organizaciones sociales Movimiento Evita y MTE con sus respectivos nombres Casa Pueblo Tandil y Vientos de Libertad”.

En concreto, reclamaron que “el asunto 381/2023 ‘Mesa de abordaje integral de consumos problemáticos de sustancias en Tandil’ con el número de expediente 2023/06155/00 vuelva del Poder Ejecutivo a las comisiones de Salud y Seguridad, Derechos Humanos y Género”. 

En tanto, la misiva firmada por Casa Pueblo Tandil y Vientos de Libertad expresó que “esta solicitud se realiza para que el proyecto de ordenanza sea tratado y pueda ser discutido junto a las organizaciones anteriormente mencionadas, como así también con las instituciones de Salud Mental, profesionales y no profesionales especializados en la problemática”. 

Por último, resaltaron que “en virtud de la emergencia en adicciones que se suscita en nuestra ciudad, Casa Pueblo Tandil y Vientos de Libertad Tandil esperamos con urgencia su tratamiento en pos de poder brindar a los y las ciudadanas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y corriendo riesgo de vida, la atención y el acompañamiento adecuados como sujetos de derecho”. 

En octubre del año pasado, el bloque peronista presentó el proyecto de ordenanza para conformar una mesa de abordaje integral de consumos problemáticos, impulsado por Nicolás Carrillo y por el entonces concejal Juan Arrizabalaga, dirigentes de movimientos con gran anclaje en el trabajo comunitario en los barrios periféricos. 

Tras concretar algunas reuniones con integrantes del Gobierno municipal y referentes sociales en la temática, más actores de distintos ámbitos, el expediente se remitió al Ejecutivo para que brinde su opinión, donde se encuentra trabado o demorado hace meses. 

La semana pasada, en el marco de las actividades de visibilización realizadas por las organizaciones que gestionan dispositivos de atención en La Movediza y otros barrios, surgió la importancia de continuar con el tratamiento legislativo de esta propuesta que buscar reunir a todos los actores locales que inciden en las situaciones vinculadas al consumo problemático de sustancias. 

La iniciativa surgió a partir de detectar que en la ciudad funcionan diversos dispositivos de abordaje, algunos de organizaciones políticas y comunitarias pero también otros que desarrollan iglesias evangélicas, además de las políticas del Municipio y la Provincia, por lo cual sería importante aunar los esfuerzos y construir una mirada colectiva ante un problema grande que comienza a desbordar a aquellos que trabajan para dar respuesta a la población vulnerable. 

Con una mirada amplia, nació de considerar que las adicciones no son un problema exclusivo de una familia sino que cobran dimensión comunitaria a partir del impacto que pueden generar en otros ámbitos de convivencia ciudadana. “El problema es de ayer”, señalaba Carrillo y apostaba a reconocerlo para ir hacia una articulación superadora. 

Tras un par de reuniones, nunca se concretó el paso hacia la acción con la institucionalización de este espacio que funcionaría de manera similar a la Mesa de Violencia Intrafamiliar y de Género. 

Tandil se hizo eco del Día Internacional de Lucha contra el Narcotráfico, y las organizaciones que trabajan en la integración de personas con consumos problemáticos llevaron a cabo una jornada en la glorieta de la Plaza Independencia para mostrar todo lo que realizan, así como también para poner la problemática en agenda pública.

“Cuando se agudiza la crisis aumenta el consumo y aumenta el narcomenudeo. Porque realmente si no tenés para comer, a veces, lamentablemente es una salida. Entonces empiezan a aumentar los robos chicos porque al aumentar el consumo aumenta la necesidad de tener dinero para consumir. Nosotros vemos todo eso, la ciudadanía lo ve, pero no vamos a pedir mano dura, pedimos políticas públicas”, expresó en diálogo con El Eco de Tandil Gabriela Badenas, referente de la Casa Convivencial Comunitaria.

Tal como fue anunciado, poco después de las 11 comenzaron los movimientos alrededor de la glorieta. Además de la Casa Convivencial participaron Vientos de Libertad, Casa Pueblo, Convivencia en Diversidad y otras organizaciones.

Cada una compartió propuestas que surgieron de los talleres que realizan, por lo que hubo una olla popular, un espacio de peluquería y barbería, un recital de freestyle y test gratuitos de VIH. También volantearon e intervinieron el espacio público no sólo contando sus diferentes actividades, sino también colocando cartelería con algunos de sus principales planteos.

“Hablemos de narcoestado” fue una de dichas consignas, y al respecto Badenas señaló que la intención fue “poner en agenda esto que está sucediendo, y que no quede en lo individual de la persona que ´si se quiere drogar, que se drogue´, sino que esto es una problemática que nos atraviesa como sociedad”.

Consideró además que los consumos problemáticos “no tiene nada que ver con las clases sociales”, y que la problemática “es la consecuencia de un montón de otros problemas. Nunca es la razón, es la consecuencia”.

Consultada sobre el impacto del trabajo de las organizaciones, la referente contó que en la Casa Convivencial hubo tres personas que pudieron finalizar su proceso de recuperación, y que durante la última semana se sumó otra más, por lo que realizaron el tradicional “fogón” que marca el final del proceso. 

“Y tenemos, de una casa con un grupo de 20 chicos, 10 compañeros que ya hicieron su primera salida y que retornaron a la casa y que continúan haciendo proceso. Para una casa con ese número, llegar más de la mitad de los compañeros, prácticamente llegando a su finalización de proceso, la verdad que es un montón”, destacó.

La referente sumó que la jornada no solo tuvo la intención de dar a conocer las actividades de las organizaciones sino también “reflotar la mesa de abordaje a la problemática del consumo que se hizo el año pasado, en la que se había empezado a trabajar”.

Cabe recordar, durante 2023 hubo una serie de encuentros de organizaciones, instituciones, referentes políticos y territoriales en pos de trabajar en una mesa conjunta que proponga atender la problemática de una manera integral. Sin embargo la iniciativa no continuó, según explicó Badenas por su coincidencia con el final del año y el cambio de gobierno a nivel nacional.

En el mismo sentido la referente adelantó que trabajan en la presentación de un proyecto municipal de promoción, prevención y acompañamiento a las organizaciones que atienden la problemática de consumos. La convocatoria, señaló, no fue sólo a las organizaciones mencionadas sino también a distintas ONG y a la Iglesia.

“Estamos juntando firmas y avales institucionales. Nosotros lo que decíamos es llevar la potencia de la ciudad y mostrarle al Municipio que toda esta gente considera que es necesario que haya un programa financiado por el Municipio para elaborar la problemática del consumo”, concluyó Badenas. 

Integrantes de las organizaciones Vientos de Libertad y Casa Pueblo están juntando firmas para obtener avales de los vecinos de cara a la presentación, ante el Municipio, de un petitorio para que la Comuna de Tandil otorgue algún tipo de asistencia financiera a las ONGs que trabajan en la problemática del consumo de sustancias.

Gabriela Badenas, integrante de Vientos de Libertad, que desde hace 5 años brinda sostén a niños, jóvenes y adultos en situación de consumo de la cuidad y la zona, explicó que “estamos juntando firmas, avales de la población, para luego presentar un proyecto ante el Municipio para la promoprevención y el acompañamiento a las organizaciones que trabajan la problemática del consumo en el territorio”. 

“Tal vez el año pasado no necesitábamos tanto del apoyo municipal, pero hoy sí lo estamos necesitando”, reconoció.

“De paso, estamos dando a conocer nuestro trabajo en el centro, ya que trabajamos en barrios del mal llamado ‘afuera de la ciudad’ y capaz que en el centro no nos conocen tanto”, agregó Badenas ante la consulta de El Eco Multimedios. 

En ese marco, la referente sostuvo que “estamos dando a conocer nuestros dispositivos tanto barriales como convivenciales” y mencionó que “nuestro trabajo es multidisciplinario”. 

Vientos, una rama del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), cuenta en la actualidad con 3 dispositivos de asistencia a la comunidad: uno en el barrio La Movediza al que asisten 15 usuarios; otro en Villa Aguirre al que concurren 30 personas, más la casa convivencial, que sostiene a 20 usuarios. 

Sumando todas las acciones comunitarias, Vientos asiste y acompaña a una población de 300 personas en total.

El miércoles pasado Badenas explicó que “tanto en la casa convivencial como en los espacios barriales, los equipos son similares: tenemos trabajadores sociales, psicólogas y talleristas”. En esos lugares –continuó- “se hace un abordaje integral en toda su escala. Laburamos el acceso a la salud y a la educación y estamos trabajando con el Plan Fines para la finalización escolar”.

“El trabajo que hace Vientos es devolverle derechos a estos pibes”, subrayó.

Cuestiones económicas

En 2019 Vientos de Libertad tuvo la posibilidad de avanzar con un convenio con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) que le permitió sostener económicamente sus espacios con profesionales, coordinadores y otros referentes. Pero en la actualidad “la inflación ha hecho mella en el recurso”, según indicó Badenas.

“El recurso sigue existiendo porque somos parte de la Red Sedronar, pero no está actualizado”, comentó la integrante de la organización. “Entonces no compramos lo mismo que el año pasado”, agregó.

El martes y miércoles pasados, los representantes de la ONG estuvieron entre las 10.30 y las 13 en la esquina de 9 de Julio y San Martín juntando firmas y repartiendo volantes entre los transeúntes para avanzar con el pedido de declaración de la emergencia en adicciones.

En el mismo lugar estarán el sábado y el lunes próximos –el sábado de 16 a 18 y el lunes de 10.30 a 13-, en tanto que el martes permanecerán apostados en la esquina de Quintana y Ameghino (Villa Italia), de 16.30 a 18.

En el petitorio que es acercado a la comunidad solicitando su firma se asegura que “desde los dispositivos de atención y acompañamiento comunitario Vientos de Libertad y Casa Pueblo que realizamos el abordaje de la problemática de consumo en la ciudad en diferentes barrios, creemos que es importante que se implementen políticas públicas concretas desde el Estado municipal para acompañar, sostener y darle continuidad al trabajo que hacemos día a día”. 

“Así como también –se agrega- dar respaldo a las ONG, iglesias, organizaciones que trabajan desde la promoprevención, asistencia y acompañamiento en las adicciones”. 

“Acá pude encontrar un abrazo”

Durante la jornada del miércoles, Badenas estuvo acompañada, entre otros integrantes de la organización, por Ezequiel Carrillo, quien se presentó como “un pibe recuperado”

“La realidad es que mi vida estaba totalmente mal y hoy en día la cambié: soy de Mar del Plata y me vengo a vivir a Tandil. Y esto se trata de poder ayudar a cada pibe y piba que por ahí tiene ganas de salir adelante y no puede buscar la forma”, dijo Carrillo ante el micrófono de este Multimedios. 

Y añadió que “estos lugares nos enseñan un montón: a poder salir adelante, a poder generar conciencia, a pensar de otra manera; también a ver la gravedad de cada cosa que hacemos. Y a ver que las drogas no nos ayudan en nada”. 

“Acá pude encontrar un abrazo, alguien con quien expresarme y confiar en el otro”, reflexionó el joven. 

“Yo fui un pibe que vivió 7 años en la calle: no podía confiar en nadie, no me podía expresar, no podía llorar y todo esto me lo enseña ahora Vientos de Libertad”, contó.

Carrillo finalizó con un mensaje de esperanza para quien se sienta inmerso en la problemática del consumo de sustancias: “A vos compa, que te has alejado, vení, acercate a nosotros que te vamos a abrazar, te vamos a ayudar y juntos vamos a poder salir adelante”, concluyó.

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Entre las propuestas específicas que, según Vientos de Libertad, deben formar parte de un programa de abordaje de los consumos problemáticos, se encuentran: procesos ambulatorios y convivenciales; entrevistas de primera escucha; espacios terapéuticos individual y grupal; espacios comunitarios y para familiares y talleres artísticos, de oficios y deportivos.

Los espacios con que cuenta la organización son la Casa Popular Darío Santillán, en Basílico 1571 (Villa Aguirre) y la Casa Patria Grande de La Movediza, ubicada en Los Tulipanes 2224. 

Para más información, las personas interesadas pueden contactarse con Jazmín (2494 065085) o Sara (2494 564331).

El defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello, planteó la necesidad de que niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos participen de las campañas que buscan reducir la demanda de drogas, para que el mensaje sea más eficaz, al disertar de la última sesión de la Comisión Interamericana para el Control de Estupefacientes (Cicad)."La ausencia en las campañas de la voz de los jóvenes y de su lenguaje en redes sociales conspira contra la reducción de la demanda de drogas", señaló Martello, responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría, al participar del 74° período de sesiones ordinarias de la Cicad, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que actúa como foro para que los Estados Miembros compartan sus opiniones y busquen soluciones al problema de las drogas.En esa línea, planteó que "vivimos una era marcada por una cultura de la inmediatez, con impacto en el consumo y la comercialización, pero las políticas públicas tradicionales de prevención y concientización no logran contraponer una contracultura comunicacional de hábitos saludables que tenga a los propios jóvenes como protagonistas".Para Martello esto se debe "a que cuando llega el momento de diseñar las estrategias, la voz de quienes son o deberían ser las y los destinatarios, en este caso adolescentes y jóvenes adultos, es ajena", informó un comunicado del organismo bonaerense.Durante su disertación, el defensor del Pueblo adjunto tomó como ejemplo a seguir distintas campañas que se realizaron en diferentes países y regiones que "resultan más eficaces al tomar la batuta niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos, aun en contextos complejos"."En definitiva, ellos y ellas dejan de ser meros receptores de información y pasan a ser parte activa de las posibles soluciones", indicó.Martello consideró que "un nuevo paradigma es necesario dado que las cifras oficiales de consumo de drogas y adicciones “nos muestran que estamos ante una problemática global que no deja de crecer".En esa línea, citó que "el Informe de Drogas 2023 de la ONU es realmente contundente: más de 296 millones de personas consumen estupefacientes, lo que supone un aumento de 23% con respecto a la década anterior" y subrayó que "el número de personas que padecen trastornos por consumo de drogas se disparó hasta los 39.5 millones, lo que supone una suba de 45% en 10 años"."América del Sur, región que incluye a la Argentina, no escapa a esta realidad. Por el contrario, el último informe ONU muestra que es una de las subregiones con la mayor proporción de personas en tratamiento por consumo de productos de la cocaína a nivel mundial", explicó.Durante los plenarios de la Cicad, grupos de expertos elaboraron una serie de sugerencias destinadas a los estados para reducir la demanda de drogas.En este sentido, se planteó la necesidad de "esforzarse por fortalecer y ampliar la cobertura de programas y servicios relativos a la prevención, tratamiento y recuperación de los trastornos por consumo de sustancias, para minimizar los efectos adversos en la salud pública del consumo de drogas en el ámbito educativo, familiar, laboral y comunitario, con especial atención a las mujeres, la niñez y la población adolescente".También se indicó "mejorar el acceso y ampliar la oferta de programas de tratamiento para mujeres, con la guía de estándares internacionales de calidad y considerando las necesidades especiales de las mujeres que proveen cuidados".Además, se sugirió "apoyar a niños, niñas y adolescentes que se reincorporan al sistema escolar y fortalecer las actividades de atención y prevención".Finalmente se llama a "fomentar un enfoque integral, equilibrado, multidisciplinario y basado en la evidencia para abordar el creciente problema del uso no médico del fentanilo y otras drogas". (Télam).