Las Madres Territoriales, el grupo de mujeres que recorre el país para acompañar a familias que atraviesan situaciones de consumos problemáticos, visitaron Tandil y llevaron su “abrazo” a los barrios de la ciudad. En una actividad impulsada por el Municipio, mantuvieron un encuentro con organizaciones sociales que abordan la temática, y destacaron las políticas públicas y el trabajo articulado que se lleva adelante a nivel local. Además, confirmaron a Natalia Lorea como referente tandilense de la organización.

“En 25 años de trabajo, algo que nos llamó mucho la atención es cómo están trabajando en Tandil. Nos impactó cómo están trabajando con el tema de adolescencia. Y nos impactó que Tandil nos haya ofrecido unas herramientas que nosotros nos vamos a llevar. Trabajan con niños y adolescentes. Nosotros tenemos mucho recorrido porque hacemos territorio, y poder ver la forma en la que están trabajando es importante”, destacó Norma Galeano, directora del grupo que tiene representantes en todo el país.

Durante la tarde del viernes 22 de mayo, las integrantes mantuvieron el mencionado encuentro, mientras que el sábado 23 -con base en la sede de Amar- recorrieron La Movediza y otros barrios de la ciudad. “Entendimos que era importante poner nuestra semilla acá, sobre todo mostrar el trabajo que estamos haciendo a nivel nacional y ver desde qué lugar nosotros podemos ayudar a Tandil”, dijeron sobre su visita.

Asimismo, destacaron la calidez recibida durante su estadía, así como también la posibilidad brindada por el Municipio para concretarla: "Vimos una ciudad hermosa, preciosa, donde nos acogieron, donde nos brindaron todo, donde vimos que había mucha disponibilidad, y hubo mucha gente que acompañó. Sin conocernos nos abrieron las puertas".

Sobre el trabajo territorial de abordaje de los consumos problemáticos, y en particular desde su experiencia recorriendo el país, las Madres hicieron hincapié en la importancia de acercara a las familias las herramientas y políticas públicas. 

“Lo que nosotros hacemos es un peregrinar, sobre todo informar de todo lo que hay, porque a veces la gente no está informada de todos los grupos, de lo que están haciendo, cómo se está trabajando. Queremos contarle a la gente que no baje los brazos, que hay herramientas en Tandil como para empezar a trabajar”, marcaron. 

“En el encuentro con el Municipio y organizaciones vimos eso. Si las familias por están mal y les cuesta hablar sobre la problemática, es contarles que nosotras hemos pasado por esto. Para que se puedan abrir y que puedan acercarse hasta algún lugar a pedir ayuda. Porque sin duda la ayuda está”, agregaron. 

En ese marco, se oficializó la incorporación de Natalia, una vecina del barrio Las Tunitas, quien desde la fecha se desempeña como referente local de Madres Territoriales, integrando así a Tandil en la mesa nacional de la organización.

“Fui nombrada Madre Territorial hace un mes. Nos estamos organizando, pero de ese mes a desde que empecé hasta ahora se ha trabajado un montón. Ya están sumadas a otras madres de diferentes barrios, y estamos trabajando en conjunto con los demás entidades de La Movediza y Las Tunitas”, expresó Natalia.

En la misma línea, las referentes nacionales subrayaron el valor de la nueva representación: "Con Natalia, hoy estamos dejando una representante y Tandil le está diciendo sí a nuestra compañera. Entonces, de esa forma nosotros estamos viendo que hay un camino, que hay un camino que sabemos que va a ir bien".

Desde la gestión municipal, Carolina Arce, directora de Prevención Social y Comunitaria, destacó la importancia de la articulación: "Con la Mesa de Consumos, formada hace un mes aproximadamente, estamos haciendo un recursero para que todas las personas que están en adicción y para las familias. Para que las respuestas no sean fragmentadas, sino facilitarle este circuito institucional a la familia. Porque muchas veces lo que más cuesta es saber dónde referenciarse, que les den la respuesta correcta. Como entes estatales, y desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que facilitarles ese camino".

El cierre de la jornada dejó un mensaje claro sobre la responsabilidad compartida: "Es importante que se conozca que en Tandil están trabajando, cómo están poniendo las manos en el arado sobre esto, la responsabilidad que está poniendo Tandil".

“Quiero demostrarle a las mamás que sí se puede”. La frase pertenece a Natalia Lorea, referente de Madres Territoriales en Tandil, y resume el eje del testimonio que compartió junto a Mónica Rodríguez durante una entrevista en “Plataforma Magazine”, por ECO TV y la 104.1 FM.

Ambas atravesaron durante años situaciones de consumo problemático con sus hijos y hoy forman parte de una red de acompañamiento para otras familias. Lejos de un relato derrotista, las dos mujeres eligieron poner el foco en la recuperación, en los procesos y en la necesidad de sostener redes comunitarias.

“Después de todo lo malo, se vinieron cosas buenas”, aseguró Lorea al contar que su hijo, hoy de 23 años, lleva cuatro años desde “el día uno”, como llaman dentro del grupo al inicio de la recuperación.

“Va a ser papá, formó su familia, sigue en su trabajo y gracias a Dios todavía se sigue manteniendo en pie, peleándola día a día”, relató.

Rodríguez, por su parte, contó que su hijo Gonzalo, de 26 años, atraviesa actualmente una internación y tratamiento. “Esta vez se interna y no voy a aflojar”, sostuvo al recordar las dificultades y retrocesos que atravesaron durante los últimos años.

Ambas integran Madres Territoriales, una organización conformada principalmente por madres y familiares de personas con consumos problemáticos, situaciones de vulnerabilidad social y exclusión.

En ese marco, días atrás anunciaron una charla abierta que brindarán este viernes desde las 17.30 junto al Municipio en el CIC de Movediza (La Pastora y Misiones) en la que se otorgarán herramientas y espacios de escucha para familias que atraviesan problemáticas similares.

“Una no lo puede creer”

Las historias de ambas comenzaron de manera similar: cambios de conducta por parte de sus hijos, ausencias prolongadas, violencia y faltantes en el hogar.

“Mi historia arranca con mi hijo en consumo desde muy chico, desde los 14, pero yo como mamá me di cuenta casi a los 18, cuando ya estaba todo más que complicado”, contó Lorea.

Según relató, las primeras señales aparecieron en modificaciones de comportamiento. “Las contestaciones, las llegadas tardes, todas las veces en que no sabés dónde está. Y a eso le sigue la falta de cosas en la casa”, enumeró.

“Al principio no lo querés aceptar”, reconoció. “Lo negué tanto que después, cuando me fue yendo bien, dije: ‘quiero demostrar que sí se puede’”, sostuvo.

Rodríguez atravesó un proceso similar. “Mi hijo Gonzalo se inició en el consumo más o menos a los 14 años, con marihuana”, recordó. “Una niega el estado del problema del nene. Mi hija me decía: ‘mamá, Gonzalo tal cosa’. Y yo le decía ‘no, no’. Una no lo puede creer”, relató.

Con el tiempo, explicó, comenzaron los episodios de violencia y hurtos. “Faltaban cosas en la casa. Yo tenía que trabajar y cuando venía encontraba que algo faltaba”, señaló. Incluso relató que en una oportunidad realizó una denuncia contra su propio hijo.

Internaciones y procesos judiciales

Las dos madres coincidieron en que el acceso a una internación compulsiva suele implicar un largo recorrido previo y múltiples gestiones familiares.

Lorea recordó que, tras “golpear muchísimas puertas”, logró obtener una internación compulsiva ordenada por un juez. “En mi caso, él tenía muchos problemas con la justicia: iba a terminar preso o me lo iban a matar”, sostuvo.

Rodríguez también recurrió a la vía judicial. “Esta es la segunda internación compulsiva que tiene, estuve buscando siempre la orden del juez, que no es muy fácil”, afirmó.

En Argentina rige la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, sancionada en 2010, que establece un enfoque de derechos humanos y promueve tratamientos comunitarios e interdisciplinarios, priorizando las alternativas ambulatorias por sobre las internaciones.

La normativa define que la internación involuntaria debe ser un recurso terapéutico excepcional y sólo puede aplicarse cuando exista una situación de riesgo cierto e inminente para la persona o terceros.

Además, la ley exige dictámenes profesionales interdisciplinarios, la constatación de que no existen otras alternativas eficaces y un informe sobre las estrategias previas implementadas.

“Un chico complicado no puede decidir”

Uno de los puntos sobre los que más insistieron las integrantes de Madres Territoriales fue en las dificultades que, según describieron, suelen aparecer luego de obtenida la autorización judicial.

“Yo te puedo decir que, hoy en día, no es tanto el juzgado”, sostuvo Lorea. “Generalmente tenemos fiscales y jueces que se toman el tiempito de leer los legajos de cada chico”, comentó.

Sin embargo, indicó que muchas veces los obstáculos aparecen en las evaluaciones posteriores dentro del sistema de salud. “El juez te puede firmar la autorización, pero muchas veces los llevan, los evalúan y, si el psicólogo o el psiquiatra considera que el chico está apto para la sociedad así esté drogado, haya tenido un intento de suicidio o una agresión en la casa, lo vuelven a mandar a la casa”, cuestionó.

“Un chico complicado no puede decidir”, afirmó.

En ese sentido, aclaró que el planteo de las familias no apunta contra los trabajadores de salud mental, sino a la necesidad de una evaluación más integral. “Muchas veces toman como que nosotros vamos contra el hospital o el área de salud mental. Y no vamos contra ellos, sino que a veces pedimos que se tomen un poquito de tiempo de evaluar al chico, pero también para hablar con la familia”, expresó.

“Hay chicos que realmente están en peligro y está en peligro su familia también”, agregó.

Redes de acompañamiento

Actualmente, el hijo de Rodríguez realiza tratamiento en la organización Vientos de Libertad, en Tandil, mientras que el hijo de Lorea continúa su proceso en Vencer para Vivir, en Zárate.

Además, mencionaron otros dispositivos de atención y destacaron el crecimiento de espacios comunitarios vinculados a la recuperación de personas con consumos problemáticos.

La propia articulación entre ellas surgió a partir de una entrevista periodística previa, también en El Eco Multimedios. “Yo la vi en la tele y mi hermana me pasó la nota. La busqué y le escribí”, recordó Rodríguez sobre el primer contacto con Lorea.

Desde entonces, ambas participan activamente de Madres Territoriales y de grupos de acompañamiento para familias y personas recuperadas. “Nada mejor que otro par para poder contenerse”, resumieron.

La organización mantiene abiertas distintas vías de contacto a través de Instagram, en la cuenta nobajo_losbrazos, y mediante WhatsApp al 249 421-7100, donde también funcionan grupos de apoyo para padres y jóvenes en recuperación.

El Municipio de Tandil realizará este viernes una jornada abierta sobre consumos problemáticos y abordaje comunitario, junto a la organización social Madres Territoriales. La iniciativa contará con propuestas pensadas para fortalecer el intercambio, la reflexión y las redes de acompañamiento en los barrios de la ciudad.

La iniciativa es organizada por la Dirección de Prevención Social y Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana, en articulación con distintas áreas municipales vinculadas al trabajo territorial y comunitario.

La actividad central será una charla abierta a la comunidad, que se llevará a cabo este viernes 22 de mayo a las 17:30 en el CIC de La Movediza, ubicado en la intersección de La Pastora y Misiones. El objetivo será compartir herramientas, experiencias y miradas construidas desde el trabajo cotidiano en territorio, poniendo en valor el rol de las organizaciones sociales en la prevención y el acompañamiento de situaciones de consumo problemático.

Durante la tarde del viernes, además, entre las 14 y las 17:30, se desarrollará una exposición de dispositivos, programas y experiencias vinculadas al abordaje de los consumos problemáticos en el mismo espacio.

Las actividades continuarán el sábado 23 de mayo, de 9 a 13, con recorridas territoriales en distintos barrios de la ciudad, entre ellos La Movediza, Villa Gaucho y Las Tunitas, en el marco de una agenda de trabajo comunitario y fortalecimiento de redes locales junto al Municipio.

Madres Territoriales es una organización integrada principalmente por madres y familiares que acompañan situaciones de vulnerabilidad social, exclusión y consumos problemáticos. Desde una perspectiva comunitaria, impulsan acciones de escucha, acompañamiento y construcción de redes para personas y familias atravesadas por estas problemáticas.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana destacaron la importancia de sostener estos espacios de encuentro y articulación comunitaria para abordar de manera integral situaciones complejas vinculadas a los consumos problemáticos, promoviendo redes de cuidado y acompañamiento en el territorio.

Con el objetivo de fortalecer las estrategias comunitarias de prevención y acompañamiento frente a los consumos problemáticos, el Municipio de Tandil y la organización social Madres Territoriales realizarán una charla abierta sobre consumos problemáticos y abordaje comunitario. El encuentro será el próximo viernes 22 de mayo a las 17:30 en el CIC de Movediza.

La propuesta es impulsada por la Dirección de Prevención Social y Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana, junto a distintas áreas municipales vinculadas al trabajo territorial y comunitario. La actividad buscará generar un espacio de intercambio, escucha y reflexión en torno a las problemáticas de consumo, el acompañamiento familiar y la construcción de redes comunitarias de contención.

Madres Territoriales está integrada principalmente por madres y familiares que acompañan situaciones de consumos problemáticos, vulnerabilidad social y exclusión. Desde una perspectiva comunitaria y territorial, la organización desarrolla tareas de escucha, acompañamiento y fortalecimiento de redes para personas y familias atravesadas por distintas problemáticas sociales.

La charla estará abierta a toda la comunidad y se llevará a cabo en el CIC de Movediza, ubicado en la intersección de La Pastora y Misiones. Durante el encuentro se compartirán herramientas, experiencias y miradas construidas a partir del trabajo cotidiano en los barrios, con el objetivo de poner en valor el rol de las organizaciones sociales y comunitarias en las tareas de prevención y acompañamiento.

Además, entre las 14 y las 17:30 del mismo viernes, se desarrollará una exposición de dispositivos y experiencias vinculadas al abordaje de consumos problemáticos.

Las actividades continuarán el sábado 23 de mayo, de 9 a 13, con recorridas territoriales en distintos barrios de la ciudad, entre ellos Movediza, Villa Gaucho y Tunitas, en el marco de una agenda de trabajo comunitario y fortalecimiento de redes locales impulsada junto al Municipio de Tandil.

El centro de día Amar La Movediza se consolida como un espacio de contención y transformación en el corazón de uno de los sectores con mayores desafíos sociales de la ciudad. Su coordinador, Gastón Canale, explicó que la institución se sostiene sobre tres pilares fundamentales que permiten un abordaje integral de las problemáticas territoriales: el trabajo de personas que alguna vez buscaron ayuda y hoy son agentes capacitados, el respaldo de la Secretaría de Protección Ciudadana y el acompañamiento de las iglesias, que aportan el sostén espiritual.

“Es una unión de personas que queremos realmente ayudar”, definió Canale al describir la esencia de este proyecto que no solo se limita a los consumos problemáticos, sino que abarca la salud mental y diversas situaciones de extrema vulnerabilidad. Según el referente, el centro recibe diariamente casos de violencia de género y personas que se encuentran en un estado de estancamiento vital, a quienes se intenta motivar para que, a pesar de las circunstancias, no se resignen.

La magnitud de la demanda en los barrios es evidente en las estadísticas que maneja la institución. Desde que iniciaron las actividades con mayor intensidad en febrero, aproximadamente 140 personas han pasado por la sede de La Movediza de forma permanente. A este número se suma un promedio similar en el centro ubicado en Las Tunitas, además del trabajo ambulatorio que se realiza mediante seguimiento telefónico y visitas domiciliarias para aquellos que no pueden acercarse a las sedes.

“Es un montón”, reconoció el coordinador, quien detalló que el acompañamiento incluye desde la prevención con niños hasta el trabajo con talleristas y asistencia personalizada. El foco está puesto en situaciones donde la familia llega “devastada” buscando soluciones urgentes. En este contexto, Canale advirtió sobre la recurrencia de la violencia de género y la violencia intrafamiliar, muchas veces disparadas por el consumo de alcohol, al que calificó como un factor “tremendo” de desestabilización.

El diagnóstico del coordinador es profundo: observa una población desmotivada, sumida en estados de depresión que derivan en diversos trastornos. “La persona está muy sola en su propia vida”, reflexionó. Por ello, los talleres buscan que los asistentes conecten con herramientas internas y virtudes que el día a día ha opacado. Gastón Canale subrayó que el objetivo es recuperar la autoestima para salir del estancamiento que lleva a la depresión.

Al analizar las edades de quienes asisten, el referente de Amar La Movediza señaló que la franja más crítica se sitúa entre los 14 y los 30 años, aunque el problema atraviesa todas las edades. Hizo especial hincapié en la necesidad de visibilizar el alcohol como una de las sustancias más destructivas en la actualidad, por encima incluso de otras drogas duras que también tienen una fuerte presencia en el barrio.

“Hay una fragmentación familiar profunda”, explicó el coordinador. Describió un escenario donde los padres, de entre 40 y 50 años, se encuentran agotados y sin herramientas para enfrentar el consumo de sus hijos, mientras que los hermanos sufren las consecuencias colaterales de esa dinámica. Esta realidad requiere, según su visión, una mirada humana que muchas veces el sistema burocrático no ofrece.

En ese sentido, relató la experiencia de un joven que, tras pasar por múltiples internaciones fallidas, logró abrirse al ser escuchado y abrazado. “Está faltando eso de humanidad”, sentenció el coordinador, quien además planteó que existe una “incomprensión generacional” que no se resuelve con mayor presencia policial ni con vecinos armándose. Para el referente, detrás de la delincuencia vinculada al consumo hay una “llamada de atención profunda” que no fue atendida ni orientada a tiempo.

Uno de los logros más destacados de la institución es la creación del denominado Escuadrón de Rescate y Sanación. Se trata de un grupo de personas que llegaron a Amar La Movediza en situaciones críticas, lograron transformar sus vidas, recuperaron sus vínculos familiares y hoy se desempeñan como agentes multiplicadores para ayudar a otros jóvenes.

“Llegaron rotos, desesperados, y hoy son transformadores sociales”, destacó Gastón Canale. Este modelo busca empoderar a la comunidad bajo la premisa de que la solución depende, en gran medida, del compromiso de los propios ciudadanos. Si bien reconoció que el Estado no puede hacerse cargo de todas las fragmentaciones familiares, instó a las familias a asumir su responsabilidad sin culpas.

Respecto a la relación con el sistema público, el coordinador confirmó que trabajan en conjunto con el área de Salud Mental, el CPA y otras instituciones. No obstante, fue crítico con la burocracia y la falta de escucha real hacia las necesidades de la gente. Finalmente, Canale enfatizó la necesidad de recuperar valores como el perdón y los límites que preservan la vida. “Nadie habla del perdón y tenemos que aprender a perdonarnos, nos equivocamos en la vida”, concluyó.

El pasado jueves se llevó a cabo el encuentro abierto “Hablemos: prevención en consumos problemáticos” en el Teatro del Fuerte, que contó con una importante participación de vecinos, instituciones locales y referentes comunitarios. La propuesta reunió a distintos especialistas que abordaron la temática de los consumos problemáticos desde diferentes áreas.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por Mesa Solidaria Tandil y la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, con el propósito de generar un espacio de información, reflexión y diálogo sobre una problemática que impacta de manera transversal en la comunidad.

La propuesta incluyó un panel de exposiciones y un espacio de intercambio con el público, promoviendo de esta manera la construcción de herramientas colectivas para el abordaje comunitario.

En primer lugar, expuso el doctor Guillermo Dorado, director de la UDI GENS (Unidad de Desintoxicación Intensiva), médico psiquiatra egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psiconeurofarmacología por la Universidad Favaloro. Su intervención propuso una mirada de la problemática desde la psiconeurofarmacología, explicando de manera accesible los efectos de las sustancias y los procesos vinculados a los consumos problemáticos.

Luego fue el turno del operador territorial Gastón Canale, quien compartió la experiencia de trabajo en el fortalecimiento de dispositivos territoriales en diferentes barrios de Tandil, con especial énfasis en zonas como Movediza y Tunitas, donde se desarrollan tareas de acompañamiento y abordaje en territorio.

A continuación, expuso el abogado Esteban Ignacio Viñas, especialista en criminalidad económica y ex juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, con una extensa trayectoria en el ámbito judicial. Su presentación aportó una perspectiva desde la política criminal, con foco en la prevención y el acompañamiento institucional.

El cierre del panel estuvo a cargo de Enzo Gioventu, quien compartió su testimonio como persona en recuperación y su actual labor en tareas de acompañamiento y prevención en la región de San Blas, Patagones y Viedma. Su relato generó un momento de fuerte impacto y conexión con el público presente.

Finalmente, se abrió un espacio de intercambio con preguntas y reflexiones por parte de los asistentes, lo que permitió enriquecer el debate y avanzar en posibles articulaciones entre instituciones y actores comunitarios interesados en fortalecer las estrategias de prevención y abordaje de los consumos problemáticos.

Este jueves se desarrollará en Tandil una importante charla abierta sobre prevención en consumos problemáticos. La propuesta, titulada “Hablemos”, tendrá lugar a las 19:30 en el Teatro del Fuerte, ubicado en Fuerte Independencia 360, y estará dirigida a toda la comunidad.

La iniciativa es organizada por Mesa Solidaria Tandil junto a la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio, que acompañará la actividad. El encuentro busca generar un espacio de información, reflexión y diálogo en torno a una problemática que atraviesa a distintos sectores sociales, promoviendo además herramientas de prevención y abordaje comunitario.

Bajo el nombre “Hablemos: prevención en consumos problemáticos”, la jornada apunta a fortalecer la construcción colectiva de estrategias, fomentando la participación ciudadana y el intercambio de experiencias.

Un panel con múltiples miradas

Durante el encuentro se desarrollará un panel de exposiciones integrado por especialistas y referentes vinculados al trabajo territorial, la salud mental y el ámbito judicial.

Entre los disertantes estará Enzo Gioventu, adicto recuperado que compartirá su experiencia personal como herramienta de acompañamiento y prevención, actualmente desarrollando su labor en la zona de San Blas, Patagones y Viedma.

También participará el doctor Guillermo Dorado, director de UDI GENS (Unidad de Desintoxicación Intensiva), médico psiquiatra formado en la Universidad de Buenos Aires y magíster en Psiconeurofarmacología por la Universidad Favaloro, con amplia trayectoria en el abordaje clínico de los consumos problemáticos.

El panel contará además con la presencia de Gastón Canale, operador territorial en los barrios Movediza y Tunitas desde la Secretaría de Protección Ciudadana, con experiencia en el acompañamiento de personas y familias en contextos complejos.

A su vez, expondrá el abogado Esteban Ignacio Viñas, especialista en criminalidad económica y ex juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, quien aportará una mirada desde el ámbito judicial y la política criminal.

Espacio de participación

Además de las exposiciones, la actividad incluirá un espacio abierto para preguntas, reflexiones e intercambio con el público, con el objetivo de fortalecer el diálogo comunitario y promover la construcción conjunta de herramientas frente a los consumos problemáticos.

La charla será abierta y gratuita, invitando a toda la comunidad a participar de este espacio de encuentro y concientización.

El Municipio acompañará la realización de la charla abierta “Hablemos”, un espacio de encuentro y reflexión destinado a informar y promover herramientas de prevención frente a los consumos problemáticos. La actividad se realizará el jueves 9 de abril a las 19.30 en el Teatro del Fuerte y está dirigida a toda la comunidad, con el objetivo de generar un ámbito de diálogo y acompañamiento sobre una problemática que atraviesa a distintos sectores sociales.

Carolina Arce, directora del área de Prevención Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana, dialogó con El Eco Multimedios y describió el panorama actual en la ciudad. Con una situación cada vez más palpable en la sociedad, la funcionaria contó que la propuesta surgió de una iniciativa de Mesa Solidaria y Mirmidones, en una articulación que desde el Estado local consideran fundamental.

Arce comentó que la idea es visibilizar el trabajo que desde la dependencia se viene realizando con un perfil bajo junto con los dispositivos barriales. “Consideramos que es momento de dar a conocer cómo trabajamos con situaciones de extrema vulnerabilidad para que la gente sepa dónde referenciarse”, indicó.

Cabe mencionar que en la actualidad funcionan tres dispositivos barriales: en Las Tunitas se encuentra “Amar Tunitas”, ubicado en Bolivia 541; en La Movediza está “Amar Movediza”, en Azucena y Paseo de los Niños; y también se trabaja junto con la Bicicletería Comunitaria. A su vez, la funcionaria remarcó que en Villa Gaucho todavía no hay un espacio físico, pero sí hay operadores trabajando.

Arce detalló la forma de trabajo que tienen estos espacios. En primera instancia se realiza una escucha en la institución, se genera contención, se asesora y, de acuerdo a la complejidad del caso, se decide el tratamiento.

En ese sentido, indicó que puede ser ambulatorio o con derivación a alguna comunidad terapéutica que articula con el Municipio. Actualmente trabajan con centros en Trenque Lauquen, Zárate y Pilar. También en la ciudad existe un trabajo coordinado con “Vientos de Libertad”, un dispositivo que, según Arce, trabaja correctamente a pesar de atravesar un desfinanciamiento por parte de la Sedronar.

“Lo que es el tema de internaciones, generalmente no se realizan en la misma ciudad porque hay estadísticas que indican que no funcionan; entonces lo que se trata es de derivar”, explicó. Al trabajar con personas en situación de vulnerabilidad social que no pueden solventar los gastos, la Secretaría paga la admisión a la comunidad y luego se busca comprometer a la familia.

El objetivo de este compromiso familiar es acompañar de forma integral, ya que al terminar el tratamiento el paciente debe volver a su lugar de origen. Arce agregó que, si bien se trabajaba a partir de los 12 años, se bajó la edad para fortalecer la prevención.

Respecto al crecimiento de la problemática como consecuencia de la crisis económica, la funcionaria hizo hincapié en que la clave es la articulación entre el Estado y las instituciones territoriales. “Falta conocer un poco lo que está haciendo el de al lado”, cerró.

La propuesta, organizada por la Secretaría de Protección Ciudadana y Mesa Solidaria, busca construir herramientas colectivas para el abordaje comunitario.

Durante la jornada se desarrollará un panel con especialistas y referentes como Enzo Gioventu, quien compartirá su experiencia personal; Guillermo Dorado, con trayectoria en el abordaje clínico; Gastón Canale, referente en el trabajo barrial; y Esteban Ignacio Viñas, quien aportará la mirada desde el ámbito judicial.

La actividad será el jueves a las 19.30 en el Teatro del Fuerte. Desde Protección Ciudadana recordaron que la entrada es libre y gratuita.

Con el acompañamiento del Municipio de Tandil, se realizará en la ciudad la charla abierta “Hablemos”, un espacio pensado como un lugar de encuentro y reflexión orientado a brindar información y herramientas de prevención frente a los consumos problemáticos.

El evento se desarrollará el jueves 9 de abril a las 19:30 en el Teatro del Fuerte (Fuerte Independencia 360) y estará abierto a toda la comunidad. La propuesta busca generar un ámbito de diálogo, contención y acompañamiento en torno a una problemática que atraviesa a diversos sectores de la sociedad.

Bajo el título “Hablemos: prevención en consumos problemáticos”, la iniciativa es organizada por la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio junto a Mesa Solidaria. El objetivo es promover un espacio de intercambio y construcción colectiva a partir de distintas miradas y experiencias, favoreciendo el acceso a información y herramientas para un abordaje comunitario.

La jornada contará con un panel de exposiciones integrado por especialistas y referentes vinculados al trabajo territorial, la salud mental y el ámbito judicial. Participarán Enzo Gioventu, quien compartirá su experiencia personal como aporte a la prevención; Guillermo Dorado, con trayectoria en el abordaje clínico de estas problemáticas; Gastón Canale, referente del trabajo comunitario en barrios de la ciudad; y Esteban Ignacio Viñas, quien ofrecerá una perspectiva desde el campo judicial y la política criminal.

Además de las exposiciones, se habilitará un espacio de intercambio con el público para preguntas y reflexiones, con la intención de fortalecer la participación y el diálogo comunitario.

La propuesta es organizada en el marco de distintas acciones orientadas a reforzar la prevención, la información y el acompañamiento comunitario frente a los consumos problemáticos.

En una entrevista con el ciclo radial La Mañana (104.1 Tandil FM, EcoTV y El Eco Streaming), la concejal de Acción Tandilense - La Libertad Avanza Nadia Cisneros contó que desde hace dos años participa de forma activa en la comisión de seguridad de Villa Gaucho, un espacio que nació con el objetivo de canalizar reclamos ante el aumento del delito. “No tiene nada que ver con la política”, aclaró.

En esa línea, reconoció la preocupación que genera “la venta de estupefacientes y el consumo problemático” en la barriada. El debate tomó una nueva dimensión a partir de la denuncia que realizó en estas páginas un comerciante de Villa Italia que, ante la falta de respuestas de las autoridades, señalizó en una pizarra un punto de venta de drogas en la calle Maritorena al 0.

Cisneros señaló que este caso era conocido por los integrantes del Foro de Seguridad, ya que la problemática había sido elevada previamente sin obtener resultados concretos. “La comisión vecinal de Villa Italia presentó este tema” en el espacio que preside Daniela Gatti, indicó.

Una problemática que crece

Sin embargo, amplió el tema al exponer su preocupación en torno a una problemática “en crecimiento” y que gana terreno en edades más tempranas. “Eso es preocupante”, admitió y aclaró que “no es un problema de los barrios sino que atraviesa a toda la ciudad”.

Cisneros relató que, cuando dieron los primeros pasos para crear la comisión vecinal de Villa Gaucho, “teníamos un problema de consumo en un lugar puntual”. En medio de las gestiones impulsadas por un grupo de contribuyentes, lograron “desactivar” ese punto, pero advirtió que el fenómeno se desplazó hacia otras zonas.

Asimismo, destacó que se llevaron adelante gestiones territoriales para mitigar los riesgos. En conjunto con otros vecinos, se logró la instalación de cámaras de seguridad y se realizaron tareas de poda de árboles para mejorar la iluminación en sectores críticos del barrio. “Hubo acciones, pero no alcanzan”, alertó.

Entonces, hizo hincapié en que estas medidas deben ser acompañadas por “determinación política y por políticas públicas” que aborden la problemática, dado que “la situación no está fácil”.

Al referirse a la coordinación de los distintos niveles del Estado, apuntó que “es muy fácil” apuntar las responsabilidades, pero que no es la solución. Incluso demandó una mejor articulación y coordinación con las comisiones vecinales para conocer los protocolos de actuación de los espacios abocados a la temática que, por su complejidad, requiere una amplia intervención.

Otro de los desafíos es el “narcomenudeo”, modalidad que complejizó la vigilancia, ya que los vendedores no siempre mantienen puntos fijos, sino que utilizan estrategias para desplazarse. “Antes se escuchaba sobre lugares de venta, pero ahora es todo más complejo”, concluyó.

La denuncia vecinal

El propietario de un almacén ubicado en la esquina de Magallanes y Laprida denunció que a pocos metros de su comercio funciona desde hace varios años un “aguantadero” dedicado a la venta de drogas, dijo que la policía está al tanto de todo y reclamó soluciones por parte de las autoridades locales.

El vecino decidió hacer público su malestar de una manera directa: en una pizarra colocada en la puerta de su negocio escribió: “Venta de droga. Maritorena 86”, en referencia a la propiedad denunciada.

Fuentes policiales consultadas por El Eco de Tandil confirmaron la recepción de las denuncias vecinales, pero aseguraron que “fueron presentadas ante la Fiscalía de Drogas” y que “la investigación es llevada adelante por Narcotráfico”.

Un día después, en el marco de una investigación por un robo ocurrido en un comercio del barrio Procrear, un operativo policial realizado el jueves por la mañana terminó con el arresto de un sospechoso y con el secuestro de elementos de interés para la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, perteneciente a la comisaría Tercera y al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Tandil, en el marco de una causa que investigó un hecho delictivo ocurrido durante la madrugada del martes.

De acuerdo a la información policial, los efectivos dieron cumplimiento a una orden de allanamiento, registro y detención en un domicilio de Maritorena 86.

La jueza Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, abordó la problemática de la salud mental y las adicciones, dijo que la Ley vigente constituye “un avance” y se refirió a las limitaciones que enfrenta el Poder Judicial ante la creciente demanda por parte de la población.  “Faltan lugares de internación”, resaltó.

Entrevistada en “Tandil Despierta” –por ECO TV y la 104.1 FM-, la magistrada defendió en primer término el espíritu de la normativa actual, la Ley 26.657, sancionada en 2010 por el Congreso de la Nación.

“La Ley de Salud Mental constituye un avance”, afirmó, pero aclaró que a los jueces “no nos permite ordenar la internación; nos permite ordenar la evaluación”.

En ese esquema, explicó que son los efectores de salud quienes determinan si corresponde o no una internación. “¿Qué es lo que mejora la Ley de Salud Mental? Que si un efector de salud decide internar a una persona, esa internación va a control de legalidad. Eso significa que va a un juzgado que analiza que haya un justificativo por el cual esa persona está internada”, detalló.

“Si bien la decisión no es nuestra, nosotros controlamos que la decisión esté bien tomada”, agregó.

En ese marco, la magistrada con 17 años de trayectoria como jueza y actual presidenta del Foro de la Justicia de Familia (Fojufam), señaló que, pese a las críticas recibidas acerca de supuestas trabas para las internaciones involuntarias, en la práctica sí existen. 

“Infinidad de personas son internadas en forma involuntaria: nosotros en enero tuvimos 22 internaciones en mi Juzgado. Esas 22 internaciones son involuntarias”, precisó.

Sin embargo, sostuvo que el problema no radica en la norma sino en su implementación. “La gente le echa la culpa a la Ley de Salud Mental. Pero lo que nos falta son políticas públicas. La Ley de Salud Mental contiene avances”, enfatizó.

Monserrat cuestionó especialmente el diseño actual de los dispositivos públicos. “Las políticas públicas tal como están pensadas, incluido el CPA (Centro Provincial de Atención a las Adicciones), se basan en la voluntad del adicto. Nosotros cuestionamos eso: si el adicto tuviera voluntad, no sería adicto. Por lo tanto, no se puede solo trabajar con personas que tienen voluntad, porque no la tienen, la tienen viciada”, argumentó.

En esa línea, explicó que Argentina optó por un modelo de instituciones abiertas. “La Argentina eligió para sus políticas públicas que los lugares de internación sean abiertos y que estén basados en la voluntad. Solo reciben personas que quieren rehabilitarse”, describió.

Y dijo que, frente a una negativa del paciente, el margen judicial es acotado. “Nosotros sí tenemos un único recurso: poder ordenar el traslado por la fuerza de esa persona al centro de salud mental donde va a ser evaluado”, dado que –continuó explicando- “las personas solo pueden ser internadas involuntariamente cuando está en riesgo su persona o ponen en riesgo a terceros”.

“La drogadicción es un drama mundial”

Sobre la gravedad del fenómeno, Monserrat fue categórica: “La drogadicción es el drama contemporáneo. No es el drama de Tandil, ni de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina; es un drama mundial”.

Además, advirtió que esta problemática “atraviesa todas las edades, todos los géneros y todas las clases sociales”, aunque con matices: “Algunos consumen ‘de la buena’, otros consumen ‘de la mala’. El que consume ‘de la buena’, a lo mejor puede tener una mejor calidad de vida, y si pertenece en una clase social alta es muy probable que se pueda enmascarar”, consideró.

“A mí me llegan comentarios extraoficiales de que, en sectores de alto estrés por ejemplo, la droga es muy habitual en profesionales. Pero nadie habla de profesionales que se drogan”, expuso.

La magistrada también remarcó que la problemática excede a la enfermedad en sí misma. “El problema de salud mental no es solamente la patología: el entorno influye mucho. Si usted tiene dos personas con la misma patología y una no tiene ningún entorno social o su entorno social no es protector, esa persona no va a estar estimulada”, sostuvo. 

Por eso, señaló que una evaluación integral requiere “del psiquiatra, que determina la patología; el psicólogo, que determina el comportamiento; y el trabajador social, que analiza el entorno”.

Otro rasgo frecuente de la persona adicta, añadió la jueza, es la falta de conciencia de enfermedad, algo que complejiza la problemática.

“Hay una regla general bastante habitual: las personas con problemas de salud mental —y ahí incluimos la adicción— no tienen conciencia de enfermedad". 

Y comparó que "la mayoría de las personas con diabetes sabe que es diabética y sabe que se tiene que controlar; pero las personas con problemas de salud mental no tienen conciencia y, como la medicación les cambia la personalidad o su forma de moverse, empiezan a no querer tomarla”.

En cuanto a la evolución de la demanda, indicó que, según datos del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), en el Municipio Tandil se pasó de atender “35.000 a 48.000 personas en los últimos dos años”, debido al traspaso, al sistema público, de personas que se atendían en el sector privado.

“No hay ningún Estado que esté preparado para afrontar esa demanda”, evaluó.

Falta de lugares para la internación

Durante la entrevista en el piso de El Eco Multimedios, Monserrat aseguró que desde el Juzgado que dirige observan no solo “un aumento de las internaciones” sino también de “tentativas de suicidio, donde vemos un incremento en adolescentes”.

“La problemática es sumamente seria y, como todo aquello que afecta a toda la sociedad en su conjunto, requiere de políticas públicas”, subrayó.

En este punto, Monserrat planteó que el déficit es estructural. “Hoy no hay organismos públicos, y cuando hablo de organismos públicos estoy hablando de organismos que paga el Estado, cualquiera sea el Estado”, afirmó.

Y aclaró que la problemática “no es de hoy ni de este Gobierno; viene pasando desde hace muchos gobiernos”.

En ese proceso –sostuvo- hubo “una delegación de responsabilidades del Estado nacional y el Estado provincial en los municipios”, que “hoy deben ocuparse de salud mental, niñez vulnerada y trabajo”, entre otras áreas.

Como ejemplo concreto, mencionó el caso de “un joven con un problema serio de salud mental que es sumamente agresivo” para el cual se solicitó una vacante en el Hospital "Alejandro Korn", de La Plata, sin éxito. “Ese joven tiene que estar en una institución cerrada, no puede estar en una institución abierta porque genera mucho riesgo para sí y para terceros”, explicó.

También describió las dificultades que aparecen cuando no hay cobertura médica. “Si la persona con drogadicción no tiene obra social y no tiene recursos, el único lugar con el que trabaja el CPA está en Chapadmalal, que solo trabaja si la persona quiere rehabilitarse”, contó.

“Entonces –añadió- vienen las madres a pedirnos algo que no les podemos dar porque no hay lugares donde internar a esos jóvenes”.

En cambio –expresó- “si usted tiene una obra social podemos obligar a las obras sociales a que consigan una vacante”.

Según Monserrat, la falta de dispositivos adecuados impacta incluso en menores de edad. “Hemos tenido jóvenes en centros de salud mental durante meses —y estamos hablando de menores de edad— porque no había un lugar adecuado al que pudieran acudir, y eso porque la Provincia no nos daba respuesta”, señaló.

Finalmente, insistió en que la Ley “tiene sus aspectos positivos” y defendió la intervención sanitaria en la decisión de internar.

“¿Cómo yo desde el Derecho puedo decidir internar a una persona cuando mis conocimientos no me permiten saber si existe riesgo para sí o para terceros? Son los efectores de salud los que deciden”, sostuvo. 

No obstante, consideró que esos profesionales deben extremar criterios: “Que sean un poquito más finitos cuando evalúan y tengan en cuenta los riesgos que enfrentan si consideran que la persona no es riesgosa. Si luego esa persona comete un delito, van a terminar siendo responsables ellos también”, reclamó.

Como horizonte, planteó la necesidad de “nuevas instituciones que no se basen solamente en la voluntad del adicto; necesitamos instituciones cerradas que trabajen con la persona y que le den lo que no tiene: esperanza de vida”.

“La gente que se droga ha perdido la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza, que sepan que pueden tener motivos para seguir viviendo”, concluyó.

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Al referirse a la situación local en materia de consumo problemático de sustancias, la jueza Silvia Monserrat afirmó que hay “chicos muy jóvenes, adolescentes de 13 ó 14 años, con serios problemas de adicción”.

De todas maneras, la titular del Juzgado de Familia 1 aclaró que “ya no hay una aquí y un allá; la droga está en todos lados, es de fácil acceso y en muchos casos —sobre todo en los chicos muy jóvenes— está muy relacionada con el delito”.

En ese sentido advirtió que “empiezan a drogarse y después delinquen para tener plata para seguir drogándose. Y en muchos casos la droga hace que el delito sea más violento porque la persona pierde los frenos inhibitorios”.

Ante las críticas que reciben los juzgados, Monserrat envió un mensaje directo a las familias: “Quiero hablarles a esas madres y explicarles que, cuando ustedes vienen a mi juzgado o van al juzgado del doctor Ramiro Saralegui y les explicamos lo que sucede, no es que no queremos hacer: es que nosotros no tenemos recursos. Lo único que podemos hacer es requerirle al Estado”.

“Si el Estado no nos otorga esa vacante, ya no depende de nosotros”, cerró.

El Instituto Amemt fue escenario el pasado viernes de un encuentro abierto de diálogo y reflexión en torno a la problemática de las adicciones, una realidad que afecta a distintos sectores de la comunidad y que, según remarcaron los organizadores, debe ser entendida también como un grave problema de salud pública.

La jornada se desarrolló en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la sede ubicada en Las Heras 1135 y reunió a una amplia convocatoria integrada por dirigentes, egresados, alumnos, actores sociales vinculados a la temática y vecinos interesados en aportar miradas y propuestas frente al avance de los consumos problemáticos.

La apertura estuvo a cargo del fundador y presidente de Amemt, Raúl Escudero, quien dio la bienvenida a los presentes y destacó la necesidad urgente de abordar esta realidad desde una perspectiva integral, articulando esfuerzos entre instituciones y la comunidad.

Luego tomó la palabra el licenciado Alfonso De Nicola, presidente y director del Centro Terapéutico GENS, quien desarrolló las principales variables técnicas, sociales y sanitarias que conforman el complejo escenario de los consumos problemáticos. En su exposición, subrayó la importancia de comprender el fenómeno en toda su dimensión, atendiendo tanto a los factores individuales como a los contextos sociales que lo atraviesan.

Tras las exposiciones se abrió un espacio de intercambio entre los asistentes, en el que surgieron inquietudes, experiencias y propuestas concretas. Como resultado del encuentro, se asumió el compromiso de avanzar en la conformación de equipos multidisciplinarios de trabajo, con el objetivo de profundizar el abordaje y coordinar acciones futuras.

Desde la organización señalaron que la iniciativa no se agota en este conversatorio, sino que constituye el punto de partida de una nueva etapa orientada a fortalecer el trabajo conjunto frente a una problemática que interpela a toda la sociedad.

La directora del Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos (CPA) de Tandil, Alejandra Esains, aseguró que en el último año aumentó exponencialmente la consulta vecinal en el organismo y lo atribuyó a diversas variables.

En diálogo con El Eco de Tandil, la trabajadora social con especialización en salud social y comunitaria describió un escenario marcado por un incremento en la demanda del servicio y señaló que “en este momento, estamos en más de 800 personas que consultan por mes. Podría decir que hace dos meses estábamos en alrededor de 700 y que hace tres meses eran cerca de 600 los consultantes”.

Sobre las causas de este aumento, la funcionaria analizó: “Creo que, por un lado, hay una mayor inserción del CPA en la comunidad, hay un mayor reconocimiento de lo que se hace acá. Pero, por otro lado, también hay un incremento del consumo en un contexto económico que conduce a condiciones de mayor vulnerabilidad”, afirmó.

El fenómeno no solo se expresa en la demanda espontánea al organismo. “Podemos decir que en los últimos meses se han incrementado bastante las consultas por situaciones de consumo, tanto a nivel individual –es decir, personas que se acercan voluntariamente a solicitar atención– como de familiares u otros referentes que piden ayuda para un ser querido”, contó Esains.

A esto –dijo- se suma el rol de otros organismos estatales: “Y también se incrementó a partir de derivaciones de organismos del Estado que visualizan estas problemáticas en personas que vienen acompañando”, aseguró.

El CPA -que depende de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud bonaerense- cuenta en Tandil con dos extensiones territoriales, en los barrios Movediza y Tunitas, algo que permite ampliar el alcance del trabajo y observar de cerca cómo evolucionan los consumos.

“Al estar en esos territorios articulando con otros actores institucionales y sociales podemos dar cuenta del incremento del consumo, e incluso también podemos dar cuenta del incremento del consumo en población cada vez más pequeña”, advirtió.

En esa línea, Esains señaló un cambio significativo y sostuvo que “hace un tiempo atrás, no acompañábamos tantos procesos de adolescentes, pero ahora sí”.

Asimismo destacó otra tendencia que se volvió visible en los últimos meses. “Algo que observamos en este último tiempo es que, a diferencia de hace aproximadamente un año -cuando los consultantes eran en su mayoría varones-, se ha incrementado el número de mujeres que se acercan a la consulta”.

-¿Qué lectura puede hacer de esta situación?

-Creo que hay más mujeres que consultan por ellas mismas. Antes, las mujeres que se acercaban lo hacían para pedir ayuda para un hijo, para un hermano, para su pareja… Ahora hay un mayor reconocimiento de la problemática que padecen.

-El domingo pasado, una nota publicada en el suplemento La Vidriera de este Diario evidenció –de acuerdo a datos aportados por el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP)- que, en lo que va del año, se registró el nacimiento de un bebé por mes con Síndrome de Abstinencia Neonatal, algo estrechamente vinculado al consumo de sustancias materno. ¿Cómo abordan esta problemática desde el CPA?

-En relación al incremento del consumo perinatal, estamos acompañando a muchas mujeres embarazadas -o cuyos hijos o hijas ya nacieron-, que están en situación de consumo. Creo que esto también ha hecho variar un poco el número en cuanto a la demanda. Y sí, es una problemática que venimos abordando y que se ha incrementado mucho. Es un problema que implica también empezar a estudiar, a formarnos y a buscar otras herramientas porque observamos que esas mujeres llegan a nosotros, como organismo provincial, mayoritariamente cuando ya fueron a parir. Entonces creemos que estamos llegando tarde.

-¿Qué trabajo están haciendo en ese sentido?

-Tuvimos la posibilidad de generar un espacio articulado con Salud Comunitaria y con Salud Mental del Municipio para poner en común como estábamos viendo la problemática. Para pensar en estos abordajes que son sumamente complejos, es necesario pensar esta problemática no desde un lugar punitivista, de castigo, sino incorporando una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género. Por eso nos pareció sumamente importante generar este espacio para poder construir una estrategia que se convierta en una política pública local. Sentimos que hay mucha desarticulación en estos abordajes; por ahí cada quien va trabajando con miradas diferentes y esto hace que no se terminen garantizando los derechos para las personas gestantes ni para los niños y niñas. Acá intervienen Organismos de Niñez, la Justicia, el Servicio Social del Hospital y lo que nos pareció importante es empezar a detectar tempranamente esta problemática para que se pueda generar una transformación real y que esto no le implique complicaciones a los pibes cuando ya nacieron.

-¿Y cómo se puede detectar prematuramente?

-Con un trabajo intersectorial. Desde la Educación Sexual Integral (ESI), por ejemplo, desde la escuela. Pero es evidente también que ha habido programas del Estado Nacional que desaparecieron y que eso implica contar con menos equipos. El desmantelamiento de las políticas públicas hace a que la prevención ya no se esté dando como antes del gobierno de Javier Milei.

Por otro lado, Esains describió el panorama cotidiano atravesado por la complejidad de los procesos de salud mental y por la diversidad de situaciones con las que llegan las personas al sistema público.

En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, aprobada por el Congreso de la Nación en 2010, la directora del CPA explicó que las puertas de ingreso son múltiples y responden a realidades muy distintas: “Hay quienes llegan a la consulta por voluntad propia, hay quienes llegan acompañados con familiares y están también quienes llegan a partir de solicitud de otros organismos, como puede ser la Justicia o los Organismos de Niñez”, contó.

Esa amplitud de recorridos convive, además, con diferentes niveles de conciencia y disposición frente al tratamiento: “Hay quienes están con la decisión y la voluntad de comenzar un tratamiento y hay quienes están porque sienten la obligación de estar”, aseguró.

En ese escenario, el trabajo del equipo se orienta a sostener ese proceso aun cuando la demanda inicial no surge del propio deseo de quien consulta.

“En esos casos, se trabaja mucho en poder construir esa voluntad”, señaló Esains y subrayó que uno de los mayores desafíos es acompañar cuando “no está el deseo, la voluntad y el reconocimiento de quien está viviendo esta problemática”.

En este punto, el rol de las familias aparece como un componente clave, aunque no siempre se logra su participación. “A veces es la familia la que se acerca, pero eso no siempre se logra. De todas maneras, hemos visto un incremento en la participación de los familiares y del entorno cercano de la persona”, destacó.

Esains remarcó además que la normativa nacional contempla la posibilidad de una internación involuntaria, aunque como una medida excepcional y regulada.

“Sabemos que la posibilidad de internación o de pensar en un tratamiento involuntario no es lo mejor, pero la familia tiene que saber que cuando esa persona está en riesgo o pone en riesgo a su entorno, esa situación se puede judicializar y se puede solicitar una internación”, afirmó pero advirtió que se trata de una herramienta que sólo debe utilizarse en circunstancias extremas y siempre con la intervención de la Justicia.

-¿Ese proceso judicial es lento?

-No, no es lento. La Ley estipula los plazos. Pero es una herramienta que utilizamos como último recurso. Es necesario, primero, buscar diferentes estrategias para poder acompañar a la persona en su entorno, para poder garantizar que se sostengan los vínculos afectivos, los vínculos familiares y toda esa red de apoyo que es necesario construir para acompañar estos procesos. El consumo problemático es multicausal, sumamente complejo y no podemos pensar que se va a resolver abordándolo solamente desde un efector de salud. Porque cuando pensamos en personas que están en situación de consumo, muchas veces nos encontramos con personas que no tienen acceso al sistema de salud, que fueron excluidas del sistema educativo, que no tienen acceso al trabajo o a la vivienda.

-¿Esas personas vulnerables constituyen la mayoría de quienes se acercan al CPA?

-Sí, son la mayoría, pero no son las únicas. Hay que tener bien claro que el consumo atraviesa toda la sociedad, no está exclusivamente vinculado con la vulnerabilidad socioeconómica. Aunque sí es cierto que la vulnerabilidad socioeconómica determina o profundiza de alguna manera las situaciones de consumo.

-¿Cuántas personas trabajan en el CPA?

-El equipo tiene aproximadamente 30 personas, entre psicólogos, psiquiatras, trabajadoras y trabajadores sociales, personal administrativo y psicopedagogas.

-¿Cree que es suficiente esa cantidad de trabajadores para sostener la demanda?

-Hace un año, cuando llegaba una persona, tenía turno de una semana para la otra. Pero hubo algo que modificamos en los procesos de admisión: antes se hacían de manera individual y ahora se hacen con una dupla de trabajadores, de manera interdisciplinaria, lo que es mucho más rico e interesante. Eso también hace que los turnos de admisión se reduzcan. Ahora no contamos con lista de espera, pero tal vez los turnos de admisión son a 15 días.

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Una madre alertó porque un comercio de la zona de la Plaza del Tanque vende alcohol a menores. Además, hizo mención a un caso en el que una nena de 14 años debió ser atendida por una ambulancia y trasladada al Hospital Municipal luego de ingerir vino y una bebida a base de vodka.

Pero además, dio cuenta de la dificultad para denunciar el hecho. Contó que se dirigió a la Policía, donde la derivaron al Municipio. En la comuna le indicaron que se traslade a la Dirección General de Inspecciones y Habilitaciones, pero la oficina había culminado su horario de atención al público, por lo que la madre deberá esperar que pase el fin de semana para alertar del caso. En comunicación con el 103, sumó, le transmitieron sobre la dificultad de los controles.

“No está bueno que hay comercios cerca de las escuelas que vendan alcohol a menores de 18 años, no está bueno”, expresó Andrea. La mujer contó que supo del caso de la menor alcoholizada ya que su propia hija se encontraba con ella al momento en el que debieron llamar al servicio de salud.

“Hay locales habilitados que venden alcohol a menores. Le vendieron a chicos de 14 años”, relató la madre, quien sumó que “una de las chicas terminó alcoholizada siendo trasladada por la ambulancia y atendida en la Guardia”, precisó.

Andrea relató que fue su propia hija –de 14 años-, quien el jueves 13 entre las 2 y las 3 de la tarde la llamó por teléfono advirtiéndole que habían estado tomando alcohol, y que su amiga se encontraba descompuesta. La respuesta de Andrea fue que dieron aviso a la madre de la chica afectada, y por su parte llamó al colegio –que prefirió mantener en reserva-. 

“Ellos tienen libre un horario y vuelven a clase, estaban por entrar a un taller”, señaló la madre, quien agregó que la menor debió quedar internada en el nosocomio local.

“La mamá de la nena se acercó a mi hija después del colegio, nos pusimos a hablar y nos contó más detalles de lo sucedido”, sumó Andrea. La madre de la menor alcoholizada, indicó, revisó el resumen de la billetera virtual de su hija y comprobó la compra de alcohol en un comercio de la zona.

Tras el hecho, la comunidad de padres se puso en contacto y evalúan presentarse ante las autoridades de las escuelas para compartir la situación. “Estamos hablando con otros padres, para que tomen medidas en este sentido”, adelantó Andrea.

Sin embargo, no logró hacer la denuncia. Al terminar su horario de trabajo se dirigió a la Policía, donde fue derivada al Municipio. En la comuna fue nuevamente derivada pero a las oficinas de Inspección, ubicadas en la Terminal. Como ya había concluido el horario de atención al público, deberá esperar al lunes 17. En paralelo se propuso denunciar mediante la aplicación Centinela y el número 103, donde contó que le fue señalada la dificultad de controlar ese tipo de situaciones.

El Municipio avanza con la confirmación de un convenio de acompañamiento a la organización Vientos de Libertad, que administra el centro barrial de acompañamiento en consumos problemáticos que fue cerrado por el gobierno nacional.

“Ahora lo tiene Legales. Lo estamos analizando en cuestiones muy finas del convenio, pero el espíritu es ese, poder acompañar formalmente a la institución. En principio de acá a diciembre que es el cierre del ejercicio así que de acá a diciembre está el compromiso de hacer un acompañamiento”, informó María Eugenia Civalleri, subsecretaria de Desarrollo Humano y Hábitat del Municipio, en diálogo con El Eco de Tandil.

Cabe recordar, el centro barrial de Vientos de Libertad en La Movediza es otro de los espacios que la organización administra en la ciudad. En el barrio brinda asistencia directa a 28 personas, aunque de manera indirecta llega a más de 150. Fue el pasado 31 de agosto cuando los referentes del lugar recibieron la comunicación de la Sedronar –bajo la órbita del Ministerio de Salud-, que informaba del cese de funcionamiento del centro barrial. El del espacio de Tandil fue parte del cierre otros 50 lugares similares de todo el país.

Desde Vientos de Libertad anunciaron que mantendrán abierto el centro barrial hasta tanto avancen las acciones que llevan a cabo para asegurar su permanencia. "Decimos que a este espacio lo cierra el Estado Nacional, pero lo decide sostener la organización popular”, habían transmitido al respecto.

Civalleri sostuvo que el Municipio –desde Desarrollo Humano y desde Protección Ciudadana-viene trabajando desde hace tiempo con Vientos de Libertad. “Ellos tienen un trabajo sostenido a nivel territorial con lo que son situaciones de consumo, sobre todo en La Movediza y en Villa Aguirre, con lo cual venimos articulando por situaciones específicas”, indicó.

Además, la funcionaria señaló que “venimos también estando al tanto de la situación de que el Gobierno Nacional primero ha paralizado el acompañamiento económico para con ellos, y ahora tomó la decisión formal de no sostener el financiamiento de uno de los espacios territoriales. En función de eso veníamos charlando y habíamos dispuesto la posibilidad de avanzar en la firma de un convenio de colaboración donde podamos aportar en términos económicos para el funcionamiento de la institución. No del sostenimiento, sino en términos de colaboración. Estamos formalizando ese acompañamiento”, indicó Civalleri.

La funcionaria hizo mención a que el trabajo realizado por Vientos de Libertad “es una de las tantas políticas que el Estado Nacional ha decidido dar de baja y desestimar el acompañamiento”. Y en el mismo sentido consideró que el rol de la organización “es importante en términos de que ellos tienen un compromiso en acompañamientos a familiares que están transitando situaciones de consumo problemático, ellos logran un compromiso real, por lo cual articulamos desde el Municipio situaciones específicas, o sea que sabemos que el trabajo que hacen es genuino y es importante”.

Civalleri recordó además a que la organización contaba con un convenio de la Sedronar y que “en otro momento el Estado Nacional entendía que eran dispositivos genuinos de funcionamiento en territorio y hoy sabemos que el Estado Nacional tiene un corrimiento absoluto de estas temáticas y eso recae de manera directa en los gobiernos locales como ha pasado con otras políticas sociales este año”.

Si bien el acompañamiento que se analiza no permitirá el financiamiento integral del centro barrial, si aportará –manifestaron desde la Comuna –“cuestiones de lo cotidiano, acompañamiento de transporte o movilidad, o algún recurso específico para actividades que desarrollan”. Además, el Municipio incorporó a la organización en el convenio con el Banco de Alimentos para aportar en el acceso al stock de dicha entidad.

Consultada por cuándo podría hacerse efectivo el convenio, Civalleri estimó que “en las próximas semanas, no debería tardar mucho más que eso. Entiendo que quedan ver cuestiones administrativas y específicas desde el punto de vista legal, pero no debería llevar mucho más que una o dos semanas”, concluyó.

Un centro barrial que acompañaba a casi 30 vecinos con consumos problemáticos en La Movediza fue uno de los 50 espacios similares que el gobierno nacional cerró en todo el país. Desde la organización Vientos de Libertad –a cargo del lugar-, decidieron mantener las puertas abiertas hasta avancen con el Municipio en la posibilidad de darle una continuidad al trabajo que contiene, brinda asistencia terapéutica y talleres a personas del barrio.

“Los centros barriales nuestros funcionan desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y la realidad es que deja un vacío muy grande. El cierre supone el desfinanciamiento de un equipo completo de trabajo, compuesto por trabajadores sociales, psicólogos, referentes, coordinadores, que son compañeros que pasaron por la problemática de consumo, o personas que han acompañado a algún familiar. Son personas del mismo barrio, talleristas. Implica que hay un espacio cerrado, la falta de un espacio de referencia y que hay muchos compañeros y compañeras que se quedan sin un proceso ambulatorio en su barrio”, compartió Brenda Di Spalatro, referente de Vientos de Libertad.

Según informó la integrante de la organización, fue el pasado 31 de agosto cuando recibieron la comunicación de la Sedronar –bajo la órbita del Ministerio de Salud-, que dejaba de funcionar el centro barrial junto a otros 50 espacios similares de todo el país. Si bien el de La Movediza brindaba asistencia a 28 personas, llegaba en concreto a más de 150 de manera indirecta.

“Esta decisión de cierre viene acompañada desde hace un año atrás con un desfinanciamiento total de la política pública que logramos las organizaciones en 2015, y a través de la cual logramos un reconocimiento de lo que veníamos haciendo en el territorio, en cada barrio del país, y acá en Tandil en Villa Aguirre y en La Movediza en particular”, sostuvo la referente, quien también hizo mención a que dicha política tuvo como base “que hay lugares donde el Estado no llega, y darles la oportunidad a los pibes y las pibas de hacer procesos en sus barrios en horarios en donde las otras instituciones no están abiertas”.

Pese a un sostenido reclamo, tanto de parte de Vientos de Libertad como de otras organizaciones, Nación avanzó con la política anunciada, y días atrás se confirmó el cierre.

“Desde el Estado Municipal ni bien se enteró de esta situación, nosotros avisamos a ellos y nos convocaron enseguida a una reunión para ver cómo nos podían acompañar y ahí estamos en charla a ver cómo podemos hacer para sostener este espacio porque realmente preocupa que la falta de institucionalidad en el barrio de La Movediza”, señaló Di Spalatro sobre el vínculo con las autoridades comunales de cara a una posible continuidad del centro barrial.

Mientras tanto, indicó, desde la organización tomaron la decisión de mantener el funcionamiento del lugar. “Estamos viendo la posibilidad de ver cómo sostenemos. Estas semanas venimos sosteniendo el laburo, porque para nosotros no nos da lo mismo que las personas se queden sin un proceso ambulatorio, cortar de un día para el otro la terapia, entonces nosotros decimos que a este espacio lo cierra el Estado Nacional, pero lo decide sostener la organización popular”.

Además, la referente de Vientos de Libertad remarcó la falta de criterio para el cierre del centro barrial. “Fue sin ningún criterio, porque nosotros veníamos trabajando a la perfección en la entrega de informes, con registro de las personas que acompañamos, historias clínicas y legajos. O sea que no hubo criterio para el cierre, fue una lotería”, planteó.

De cara al futuro del reclamo, desde las organizaciones se encuentran en un proceso de judicialización de la medida. Además, presentaron un petitorio al ministro de Salud Mario Lugones, “para que pueda rever esta decisión, son 500 millones que se ahorra el Estado Nacional con el cierre de estos 50 centros barriales. Nosotros decidimos que la organización popular sostenga este espacio y luchar hasta que el Estado Nacional vea y revea su decisión, que aumente las partidas presupuestarias para que podamos seguir trabajando y que las personas que menos tienen puedan tener procesos de calidad”.

Cabe recordar, Vientos de Libertad tiene a su cargo una casa convivencial que da respuesta a internaciones por consumos problemáticos –de manera gratuita-, a personas tanto de Tandil como de la región. “Sin Vientos, no es lo mismo”, señaló Di Spalatro.