El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires detectó 191 toneladas de exceso de carga durante una serie de operativos realizados en los últimos días en distintos corredores viales. Las inspecciones alcanzaron a 262 transportistas y derivaron en la confección de 40 actas de infracción.

Los controles se desplegaron en La Plata, Cañuelas, Ezeiza, Ituzaingó, el peaje Hudson y Dock Sud. También se instalaron puestos en los cruces de la ruta 6 con la 3 y con la 215, además de distintos puntos de la ruta 205.

Según informó la cartera que conduce Martín Marinucci, las cargas en infracción fueron sancionadas y retiradas de los corredores viales. “No vamos a permitir que se ponga en riesgo la vida”, sostuvo el ministro al referirse a los resultados de las fiscalizaciones.

“Cada camión que transita por nuestras rutas con más carga de la permitida representa un grave riesgo, para el conductor y para terceros. La sobrecarga genera que no se vire de la misma manera, no se frene a tiempo y además de eso deteriora la cinta asfáltica”, explicó.

Para estas tareas, el organismo utiliza balanzas dinámicas, que permiten verificar el peso de los vehículos. Desde la dependencia provincial señalaron que las inspecciones también apuntan a combatir la evasión impositiva vinculada con cargas no declaradas.

Los procedimientos incluyeron la revisión de las condiciones del transporte de pasajeros, tanto terrestre como fluvial. Los agentes verificaron habilitaciones, documentación, condiciones de circulación y el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero al Volante.

En el transporte automotor se inspeccionaron 351 vehículos y se labraron 32 actas por distintas infracciones al régimen de transporte de pasajeros.

Por otra parte, se controlaron 62 embarcaciones en el Delta bonaerense, en la Estación Fluvial de Tigre. En ese caso, se detectó una unidad en infracción.

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial también realizó controles de alcoholemia en el peaje Dock Sud de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Los agentes detectaron a 49 conductores que dieron positivo. Los infractores fueron multados y se les impidió continuar circulando, con el objetivo de evitar riesgos para ellos y para terceros.

El Gobierno nacional anunció la finalización de trabajos de reparación y recuperación en más de 1.000 kilómetros de rutas nacionales, en el marco del programa de privatización vial denominado Red Federal de Concesiones (RFC). Las intervenciones abarcan distintos corredores estratégicos del país y tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las tareas comprenden sectores de las rutas nacionales 5, 12, 14, 35 y 174, además de corredores vinculados con el Mercosur. El esquema contempla la participación de empresas concesionarias responsables de ejecutar las obras y mantener las trazas.

Uno de los principales avances se registró en el denominado Tramo Pampa, donde la empresa Corredor Vial 5 S.A.U. completó la totalidad de los trabajos de recuperación previstos sobre las rutas nacionales 5 y 35, que atraviesan las provincias de Buenos Aires y La Pampa.

En total, fueron restaurados 546,65 kilómetros entre Luján y Santa Rosa, mediante intervenciones destinadas a mejorar el estado de la infraestructura vial.

Las tareas incluyeron bacheo, fresado, sellado de fisuras, reparación y hormigonado de losas, además del perfilado y calce de banquinas en distintos sectores.

Si bien el plazo original para completar estas intervenciones era de un año desde el inicio de la concesión, los trabajos finalizaron en apenas tres meses, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno.

"El nuevo sistema de concesiones sigue mostrando resultados concretos con el objetivo de transformar la infraestructura vial argentina", expresó el ministro de Economía, Luis Caputo, al destacar los avances del programa.

A estas obras se suman más de 360 kilómetros recuperados en las rutas nacionales 12 y 14, correspondientes al Tramo Oriental, y otros 59 kilómetros de la Ruta Nacional 174 y el puente Rosario-Victoria, incluidos en el Tramo Conexión.

El plan de concesiones tiene especial relevancia para Tandil, debido a que la Ruta Nacional 226 forma parte de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones, dentro del denominado Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur.

Este corredor también comprende las rutas nacionales 3 y 205, junto con las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery.

La inclusión de la 226 resulta significativa para la región, ya que constituye una de las principales vías de conexión de Tandil con otras localidades bonaerenses y concentra un importante movimiento de vehículos particulares, transporte de cargas y tránsito turístico.

Sin embargo, el anuncio de los más de 1.000 kilómetros reparados no implica que se hayan ejecutado obras sobre la Ruta 226, sino que confirma avances en otros corredores comprendidos dentro del mismo programa nacional.

Por el momento, la información difundida no precisa fechas de intervención ni trabajos específicos sobre el tramo de la 226 que atraviesa Tandil.

La Red Federal de Concesiones está organizada en tres etapas, que comprenden distintos corredores viales distribuidos en buena parte del territorio argentino.

La primera etapa incluye el Tramo Oriental, integrado por las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que recorren sectores de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. También contempla el Tramo Conexión, correspondiente al puente Rosario-Victoria, sobre la Ruta Nacional 174.

La segunda etapa abarca el Tramo Pampa, compuesto por las rutas nacionales 5 y 35, y el Tramo Sur - Atlántico - Acceso Sur, que incluye las rutas 3, 205 y 226, además de los principales accesos viales del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La tercera etapa contempla ocho corredores adicionales. Entre ellos se encuentran el Tramo Centro, con 681 kilómetros sobre las rutas 9, 19 y 34; el Mesopotámico, con 276 kilómetros sobre las rutas 12 y 18; y el Centro-Norte, con 536 kilómetros de la Ruta 34.

También se incorporan el Tramo Noroeste, con 596 kilómetros; el Litoral, con 547 kilómetros; el Noreste, con 456 kilómetros; el Chaco-Santa Fe, con 497 kilómetros; y el Tramo Cuyo, que comprende 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7 en Mendoza.

Con este esquema, el Ejecutivo nacional busca avanzar en un nuevo modelo de gestión de la infraestructura vial, mediante concesiones privadas que contemplan tareas de mantenimiento, recuperación y operación de las rutas.

Mientras el Gobierno destaca los primeros resultados del programa, en Tandil la atención está puesta en las futuras intervenciones sobre la Ruta Nacional 226, una vía fundamental para la conectividad regional y la actividad económica.

Circular por una ruta implica estar preparado para situaciones inesperadas. Una de ellas es la aparición repentina de animales sobre la calzada, una circunstancia que puede provocar accidentes graves si el conductor no reacciona de manera adecuada. Vacas, caballos, perros y distintos animales silvestres pueden cruzarse en el camino, especialmente en zonas rurales y durante las horas de menor visibilidad.

En Tandil y otros sectores de la provincia de Buenos Aires, donde numerosas rutas atraviesan establecimientos agropecuarios y espacios naturales, la presencia de animales sueltos constituye un peligro que requiere especial atención.

Aunque el primer impulso de muchos automovilistas es realizar una maniobra brusca para esquivar al animal, los especialistas en seguridad vial advierten que esa reacción puede resultar incluso más peligrosa que la propia presencia del obstáculo.

Ante la aparición de un animal sobre la calzada, lo más importante es mantener la calma, reducir la velocidad y conservar el control del vehículo.

Si el conductor detecta al animal con suficiente anticipación, debe levantar el pie del acelerador y comenzar a frenar de manera progresiva, siempre teniendo en cuenta las condiciones del tránsito y la distancia respecto de otros vehículos.

Cuando el encuentro es repentino, la prioridad debe ser mantener la estabilidad del automóvil y evitar maniobras que puedan provocar una pérdida de control.

Dar un volantazo para esquivar al animal puede ocasionar un choque frontal, una salida de la ruta o un vuelco, especialmente cuando se circula a velocidades elevadas.

Si el vehículo cuenta con sistema de frenos ABS y es necesario realizar una frenada de emergencia, se debe presionar el pedal con firmeza y mantenerlo accionado, sin bombearlo. En vehículos sin este sistema, la técnica de frenado requiere especial cuidado para evitar el bloqueo de las ruedas.

También es fundamental observar el tránsito que circula detrás y en sentido contrario, siempre que las circunstancias permitan hacerlo sin distraerse del peligro inmediato.

Cuando un animal se encuentra detenido en medio de la ruta, la recomendación es disminuir la velocidad hasta detenerse en un lugar seguro, manteniendo una distancia prudente.

No se debe intentar atravesar el espacio que deja el animal si existe riesgo de que se mueva repentinamente. Tampoco conviene acercarse demasiado, ya que puede asustarse y reaccionar de manera imprevisible.

En el caso de vacas y caballos, su tamaño y peso representan un peligro considerable. Además, estos animales pueden desplazarse inesperadamente al escuchar el motor, la bocina o percibir las luces del vehículo.

No se recomienda tocar bocina de manera insistente ni utilizar las luces altas para intentar ahuyentarlos, porque estas acciones pueden provocar movimientos bruscos.

Si el animal no se retira, lo más seguro es esperar y solicitar asistencia a las autoridades competentes o al servicio de emergencias viales correspondiente.

Los animales de gran porte representan uno de los riesgos más importantes para quienes circulan por rutas rurales.

Una vaca adulta puede pesar varios cientos de kilos, mientras que un caballo también posee una masa considerable. Por eso, una colisión contra cualquiera de estos animales puede provocar daños estructurales graves en un automóvil y lesiones severas a sus ocupantes.

Además, debido a la altura de sus cuerpos, existe el riesgo de que parte del animal impacte contra el parabrisas o el habitáculo.

Por este motivo, cuando se atraviesan sectores señalizados por la posible presencia de ganado, es fundamental adaptar la velocidad y mantener una observación permanente de las banquinas y los campos cercanos.

Los perros, zorros, liebres y otros animales de menor tamaño también pueden generar situaciones peligrosas.

En estos casos, la reacción instintiva suele ser intentar esquivarlos rápidamente. Sin embargo, una maniobra evasiva brusca a velocidad de ruta puede hacer que el vehículo invada el carril contrario o termine fuera de la calzada.

La recomendación general es frenar de manera controlada y mantener la trayectoria, evitando movimientos repentinos del volante. Si existe espacio suficiente y condiciones seguras para evitar el contacto, cualquier maniobra debe realizarse de forma progresiva.

La decisión dependerá de la velocidad, la distancia disponible, las características del camino y la presencia de otros vehículos.

La conducción nocturna incrementa las dificultades para detectar animales sobre la ruta. La menor visibilidad reduce el tiempo disponible para reaccionar y, en algunos casos, el color del pelaje puede dificultar que el conductor distinga al animal del entorno.

Por eso, es importante circular a una velocidad que permita detener el vehículo dentro de la distancia iluminada por los faros.

También se recomienda prestar especial atención a las banquinas, reducir la velocidad en sectores rurales y extremar los cuidados al amanecer y al atardecer, momentos en los que muchas especies presentan mayor actividad.

Las luces altas pueden utilizarse cuando las condiciones lo permiten y no se encandila a otros conductores, pero deben cambiarse a bajas cuando sea necesario.

Otro aspecto importante es que la presencia de un animal puede indicar que hay otros cerca. Si una vaca, un caballo o un animal silvestre cruza la ruta, conviene reducir la velocidad y observar atentamente antes de continuar.

Si el accidente no pudo evitarse, lo primero es evaluar la seguridad de los ocupantes y del lugar.

Cuando el vehículo puede desplazarse y resulta seguro hacerlo, conviene retirarlo de la zona de circulación y detenerse en un sitio protegido.

En cambio, si el automóvil queda inmovilizado sobre la calzada, es fundamental advertir a otros conductores sin exponerse innecesariamente al tránsito.

Ante personas heridas, se debe solicitar asistencia médica de inmediato y evitar moverlas, salvo que exista un peligro inminente que haga imprescindible hacerlo.

También se debe dar aviso a la Policía o a los servicios de emergencia vial, informando la ubicación exacta del siniestro.

No es recomendable acercarse ni intentar manipular a un animal herido, ya que puede reaccionar de manera agresiva por miedo o dolor. La intervención debe quedar a cargo de personal capacitado.

Si las condiciones son seguras, pueden registrarse fotografías del lugar, los daños y las circunstancias del accidente, información que podría resultar útil para las actuaciones policiales y el trámite ante la aseguradora.

La presencia de animales sobre la calzada debe informarse a las autoridades, incluso cuando todavía no se haya producido un accidente.

En Argentina, se puede dar aviso al 911, indicando la ruta, el kilómetro aproximado, el sentido de circulación y la cantidad y tipo de animales observados. También se puede contactar al concesionario vial cuando corresponda.

Es importante brindar referencias precisas para facilitar la intervención y advertir a otros automovilistas.

El conductor no debe intentar arrear, perseguir o retirar por sus propios medios a animales de gran porte, especialmente si esto implica descender del vehículo y permanecer sobre la ruta.

En Argentina, la responsabilidad por los daños ocasionados por animales puede involucrar a sus propietarios o responsables, aunque cada situación debe analizarse de acuerdo con las circunstancias del hecho y la normativa aplicable.

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla la responsabilidad por daños causados por animales. A su vez, la Ley Nacional de Tránsito establece obligaciones relacionadas con la circulación y la seguridad vial.

Sin embargo, determinar quién debe responder por un siniestro requiere considerar distintos factores, como la identificación del propietario, las condiciones del camino y las posibles responsabilidades de terceros.

Por eso, después de un accidente de estas características, resulta importante realizar la denuncia correspondiente, conservar la documentación y comunicar el hecho a la compañía aseguradora.

La mejor manera de evitar un accidente con animales es anticiparse a la posibilidad de encontrarlos.

Respetar las velocidades máximas, mantener una distancia prudente, evitar distracciones y prestar atención a las señales preventivas son medidas fundamentales para reducir los riesgos.

También es importante recordar que circular por debajo de la velocidad máxima permitida puede ser necesario cuando existen condiciones de visibilidad reducida, curvas, banquinas con vegetación o antecedentes de animales sueltos.

La presencia de ganado y fauna silvestre forma parte de los riesgos habituales de numerosos caminos rurales. Por eso, una conducción preventiva puede marcar la diferencia entre una situación controlada y un accidente de consecuencias graves.

Fuentes consultadas por El Eco: Ley Nacional de Tránsito 24.449, Código Civil y Comercial de la Nación, Agencia Nacional de Seguridad Vial y recomendaciones generales de conducción preventiva y seguridad vial.

La doctora Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo local, abordó la transición hacia el sistema de telepase. Este mecanismo electrónico, que ha reemplazado progresivamente las cabinas de cobro manual de peajes en rutas nacionales y autopistas, busca simplificar el tránsito, aunque requiere que los usuarios se familiaricen con su funcionamiento técnico y administrativo.

En el marco del programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria explicó que el sistema opera mediante una oblea adhesiva que se coloca en el interior del parabrisas del vehículo. 

Para obtenerla, los interesados deben registrarse a través del sitio web oficial telepase.com.ar, donde deberán asociar un medio de pago, como una billetera virtual, tarjeta de crédito o débito. Una vez completado el registro, el usuario puede optar por recibir la oblea en su domicilio o retirarla en centros de instalación autorizados.

Lafourcade hizo hincapié en la importancia de respetar las normas de seguridad al atravesar las cabinas. "El dispositivo debe estar bien ubicado en el parabrisas y es fundamental avanzar únicamente cuando el semáforo en la cabina marca luz verde", señaló. 

Asimismo, recordó que la velocidad máxima permitida al pasar por el peaje es de 20 km/h y que se debe mantener una distancia de 20 metros respecto al vehículo precedente para asegurar que el sistema realice la lectura correctamente.

La defensora aclaró que el proceso de habilitación del servicio puede demorar hasta 72 horas desde el momento del registro. 

Además, destacó que existen centros específicos para la colocación de la oblea, los cuales tienen un costo de 8500 pesos, aunque el usuario también puede realizar la instalación por cuenta propia tras recibir el dispositivo por correo.

Un punto central de la entrevista fue la gratuidad del telepase para personas con discapacidad. Este trámite se gestiona a través de la plataforma Mi Argentina, donde es requisito indispensable tener asociado el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. 

Tras validar los datos, el usuario obtiene un código especial que le permite solicitar la oblea sin costo. La doctora Lafourcade advirtió que, en ocasiones, pueden surgir problemas de vinculación con este símbolo, situaciones en las que la Defensoría del Pueblo puede brindar asistencia técnica.

A pesar de la automatización, el sistema no está exento de fallas. Según la defensora, es frecuente que los usuarios detecten cobros duplicados o cargos por trayectos que no fueron realizados. 

"Siempre recomendamos controlar la página de telepase para verificar que los peajes cobrados coincidan con los recorridos efectuados", indicó Lafourcade. 

Ante estas irregularidades, el usuario debe utilizar el chatbot disponible en el sitio web o comunicarse directamente con la empresa concesionaria de la autopista correspondiente.

La funcionaria aseguró que, tras verificar mediante cámaras que el vehículo no transitó por el lugar, las empresas suelen proceder a la devolución del dinero al medio de pago asociado. 

En caso de no obtener respuestas satisfactorias, los vecinos pueden acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo local, ubicada en Maipú 253, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14. 

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de que las concesiones de rutas no paguen impuestos de ninguna jurisdicción. Esta medida se enmarca en el proceso de privatización de los caminos viales dependientes de la Nación, que contempla inicialmente 6.000 kilómetros de rutas y prevé alcanzar los 12.000 kilómetros en los próximos meses.

El plan fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Al respecto, el funcionario sostuvo:

“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”.

El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es generar mayores incentivos para que el proceso de desarrollo sea más rápido y económico. Para que el beneficio impositivo alcance las cargas provinciales y municipales, el Ejecutivo deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes, quienes, según Caputo, coinciden en que la inversión en infraestructura es fundamental.

Esta estrategia surge en un contexto de reducción en los recursos destinados al sector. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó al nivel más bajo en tres décadas. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sector registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

El informe de la ACIJ detalla que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales disminuyeron un 60% en términos reales, pasando de 826 mil millones de pesos en 2023 a 333 mil millones en 2025. Asimismo, el gasto destinado a obras de construcción vial sufrió un recorte significativo, al pasar de 1.054 mil millones de pesos a 265 mil millones en el mismo periodo.

El mal estado de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la discusión, no solo por las dificultades que genera para la producción agropecuaria, sino también por su impacto sobre la seguridad vial, la conectividad y la vida cotidiana de las comunidades del interior.

Un relevamiento elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó 15 siniestros viales con 19 víctimas fatales entre 2016 y agosto de 2026. La situación adquiere especial relevancia este año: durante 2026 ya fallecieron cinco personas, la cifra anual más alta de todo el período analizado.

De acuerdo con el informe, tres siniestros fatales registrados durante este año provocaron cinco muertes. El número supera los fallecimientos contabilizados individualmente en cada uno de los años anteriores, con excepción de 2016, cuando se habían registrado cuatro víctimas.

En cuanto a los vehículos involucrados en los episodios relevados, las camionetas concentran el 50 por ciento de la participación, mientras que los camiones y automóviles representan un 20 por ciento cada uno y las motocicletas completan el restante 10 por ciento.

El deterioro de la infraestructura aparece como uno de los principales puntos de preocupación. La provincia de Buenos Aires posee aproximadamente 120.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales alrededor de 70.000 kilómetros, equivalentes al 58 por ciento de la red, se encontraban en condiciones regulares o malas, según trabajos presentados por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

“Los caminos rurales conectan establecimientos productivos, escuelas, tambos, parajes, talleres, plantas de acopio, lagunas y servicios de emergencia. Su función excede ampliamente el traslado de granos: son soporte territorial de la economía y de la vida cotidiana fuera de los centros urbanos”, sostuvo Pedro Perrota, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos.

La problemática también tiene un fuerte impacto productivo. Por los caminos rurales bonaerenses circulan anualmente más de 45 millones de toneladas de granos, alrededor de 2.500 millones de litros de leche y más de nueve millones de cabezas de ganado.

A su vez, la red resulta indispensable para garantizar el acceso a establecimientos educativos y servicios esenciales. El relevamiento calcula que existen entre 3.000 y 3.200 establecimientos educativos ubicados en ámbitos rurales, de los cuales aproximadamente 2.500 dependen directamente de caminos no pavimentados.

La Provincia cuenta además con unos 1.739 tambos operativos, cuya actividad requiere una logística permanente y puede verse seriamente afectada cuando las condiciones de los caminos dificultan o directamente impiden la circulación.

“El estado de estos caminos no representa únicamente una dificultad para el sector agropecuario. También condiciona la conectividad, los servicios esenciales y la vida cotidiana de las comunidades rurales”, remarcaron desde el Observatorio.

En medio de este escenario, la preocupación se incrementa ante las perspectivas climáticas para los próximos meses. El presidente de Carbap, Pablo Ginestet, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la llegada del Súper Niño, especialmente sobre una red vial que ya presenta importantes dificultades.

El dirigente rural cuestionó además la respuesta de las administraciones comunales y aseguró que los municipios “hicieron poco y nada” por los caminos rurales.

La situación viene generando cruces entre entidades agropecuarias y gobiernos municipales respecto de quién debe administrar los recursos y cómo debe realizarse el mantenimiento de los caminos. Con la posibilidad de un período marcado por lluvias intensas, el estado de la red rural vuelve así a quedar bajo la lupa, tanto por sus consecuencias económicas como por los riesgos que representa para quienes la utilizan diariamente.

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La medida fue establecida mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La resolución aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años. Los corredores concesionados suman más de 3.900 kilómetros y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados en distintos tramos.

Las rutas incluidas en esta etapa atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Durante el proceso, la Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta del consorcio integrado por Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Asimismo, se desestimaron otras ofertas, entre ellas la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los tramos.

Para fomentar la competencia, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, el cual limita la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse. Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como sujeta a privatización, y en el Decreto 97/2025, que autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión de obra pública.

El objetivo del Ejecutivo es delegar en el sector privado la gestión de estos nodos viales para atender las crecientes quejas por el estado de las rutas, buscando mejorar el mantenimiento, la seguridad y permitir la ampliación de la infraestructura junto con explotaciones complementarias.

Los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo central reformar el Código Penal. La iniciativa busca elevar las condenas por homicidios y lesiones al volante, crear un delito específico de conducción con alcoholemia e impedir que las causas prescriban durante las instancias de apelación.

Actualmente, manejar bajo los efectos del alcohol no constituye un delito y se sanciona únicamente mediante una multa de tránsito. Ante esta situación, la propuesta del radicalismo, que recoge la demanda de familiares de víctimas, pretende castigar la conducta antes de que derive en una tragedia.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta”, explicó la presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay.

El proyecto también apunta a modificar la normativa vigente que permite que, en ciertos casos, quienes provocan muertes al volante reciban condenas condicionales. La propuesta obliga al cumplimiento efectivo de cárcel y aumenta los plazos de inhabilitación para conducir.

“De esta manera, actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”, añadió Verasay.

Finalmente, la iniciativa busca terminar con la prescripción de causas durante los procesos de apelación. Según los autores, se propone que la sentencia que confirma la condena interrumpa dicho plazo, evitando que el caso concluya mientras se encuentra bajo revisión judicial.

“No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores”, concluyó la diputada.

Un error en el sistema de procesamiento de pagos electrónicos impactó a usuarios de Telepase en la autopista Ricchieri, en el Corredor Sur, el pasado 14 de agosto, entre las 10.00 y las 18.00. Durante ese período, quienes atravesaron el peaje con el sistema vinculado a Mercado Pago recibieron cargos de hasta $155.802 por un trayecto cuyo valor habitual es de $1548 fuera de horario pico.

El incidente afectó a personas que utilizan medios electrónicos automáticos para abonar el peaje y generó preocupación por la magnitud del monto cobrado. La falla, que multiplicó por cien el valor real del servicio, fue detectada tanto por alertas automáticas de consumo como por la revisión mensual de resúmenes bancarios.

La empresa responsable del cobro identificó el inconveniente y resolvió la situación. Sin embargo, persiste la recomendación para quienes hayan utilizado Telepase vinculado a Mercado Pago en la franja horaria señalada: revisar los consumos bancarios y realizar el reclamo correspondiente si se detecta un cobro indebido.

Este caso evidenció la importancia de monitorear los movimientos de manera constante, dado que la automatización puede facilitar errores de gran impacto en la economía personal. En situaciones donde el error de procesamiento multiplica por cien el valor real, el impacto puede ser considerable, en particular para quienes manejan presupuestos ajustados.

Se recomienda a los usuarios activar notificaciones automáticas de consumos en tarjetas y establecer alertas para gastos superiores a determinados montos. Estas herramientas ayudan a detectar rápidamente cualquier anomalía y facilitan el reclamo ante la entidad correspondiente, reforzando la necesidad de un chequeo permanente de los movimientos bancarios ante el uso de sistemas automáticos.

Durante junio de 2026 se registraron 49 víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con datos no oficiales relevados por el Observatorio de Datos Estratégicos. El informe indica que el promedio mensual fue de 1,6 personas fallecidas por día.

Del total de víctimas, 38 eran hombres (77,5%) y 11 mujeres (22,5%), una distribución que mantiene la tendencia observada tanto en la provincia como a nivel nacional, donde los hombres representan aproximadamente tres de cada cuatro fallecidos en hechos de tránsito.

En cuanto al tipo de usuario vial, 25 víctimas (51,1%) viajaban en automóvil al momento del siniestro, mientras que 16 eran motociclistas (32,6%) y 8 peatones (16,3%). Si bien los ocupantes de vehículos particulares concentraron la mayor cantidad de muertes, el informe advierte que la elevada participación de motociclistas continúa siendo motivo de preocupación por su mayor exposición y vulnerabilidad.

La distribución horaria de los siniestros muestra una mayor concentración de víctimas durante las franjas de menor luminosidad. La noche fue el período con más fallecidos, con 13 casos (26,5%), seguida por la tarde, con 12 víctimas (24,4%); la mañana, con 11 (22,4%); la franja noche-madrugada, con 9 (18,3%); y el período tarde-noche, con 4 fallecidos (8,1%).

De acuerdo con el relevamiento, más de la mitad de las muertes ocurrió entre la tarde y la madrugada, un lapso en el que suelen confluir factores de riesgo como la menor visibilidad, velocidades elevadas, fatiga de los conductores y un mayor movimiento vinculado a actividades recreativas.

El análisis por días de la semana también reflejó una mayor siniestralidad durante los fines de semana. Tanto sábado como domingo registraron 10 víctimas fatales cada uno, lo que representa el 40,8% del total mensual.

Los lunes contabilizaron 9 fallecidos, mientras que martes y viernes sumaron 6 cada uno. Los jueves registraron 5 víctimas y los miércoles presentaron el menor número de casos, con 3.

Según el informe, esta concentración durante los fines de semana responde a un comportamiento que se repite en distintos estudios de seguridad vial, asociado al incremento de viajes turísticos, actividades recreativas y desplazamientos de media y larga distancia.

El relevamiento también señala que 32 de las 49 víctimas fatales (65,3%) murieron en rutas nacionales, rutas provinciales, autopistas, accesos y caminos principales, mientras que las 17 restantes (34,7%) fallecieron en calles y avenidas urbanas.

En total se registraron 25 siniestros viales en corredores principales: 13 ocurrieron en rutas nacionales, donde murieron 15 personas, y otros 12 en rutas provinciales, con un saldo de 17 víctimas fatales.

Las víctimas se distribuyeron en numerosas localidades bonaerenses. Los mayores registros correspondieron a Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta, y Mar del Plata, con cuatro fallecidos cada una.

En segundo lugar se ubicaron Baradero y La Plata, con tres víctimas fatales por ciudad.

Con dos fallecidos aparecieron General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar, mientras que el resto de las muertes se repartió entre más de veinte municipios, entre ellos Berazategui, Esteban Echeverría, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Campana y Ezeiza.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este martes a la polémica por el estado de las rutas nacionales y el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que por ley deben financiar obras de infraestructura vial.

Durante la puesta en valor de las oficinas de la empresa estatal Aubasa en el Polo Design, el mandatario provincial apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei y afirmó que los fondos específicos para el mantenimiento de las rutas no están siendo utilizados con ese fin.

"Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos", sostuvo Kicillof.

En esa línea, remarcó que "el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes" y aseguró que "no se ejecutó una sola obra", lo que, según dijo, pone en riesgo a quienes transitan por esos caminos.

Las declaraciones del gobernador llegaron luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitara precisar el destino de los cerca de $1,5 billones recaudados a través del impuesto a los combustibles, recursos que deberían destinarse a obras viales.

Consultado en conferencia de prensa, Ravier sostuvo que parte de esos fondos se asigna a Vialidad Nacional, mientras que otra porción queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. Sin embargo, no brindó detalles sobre los montos involucrados.

El funcionario nacional aseguró que el Gobierno realiza tareas de bacheo, corte de pasto y señalización, y sostuvo que el debate sobre las rutas debe entenderse dentro de un "cambio de paradigma" respecto de la administración anterior.

La controversia había sido instalada el lunes por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien cuestionó que el Ejecutivo nacional recaude el impuesto específico mientras, según afirmó, "en las rutas hay abandono y desidia".

Katopodis también sostuvo que la Nación retuvo recursos que, por su destino legal, deberían utilizarse para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional.

En ese contexto, el gobernador aprovechó la inauguración del nuevo centro de operaciones de Aubasa, ubicado en las inmediaciones del peaje de Hudson y equipado con tecnología de última generación, para contrastar la política vial bonaerense con la nacional.

"Como contraste, en la Provincia potenciamos la gestión de Aubasa y llevamos adelante un plan integral de obras estratégicas nunca antes visto", afirmó.

Además, ratificó la postura de su administración en favor de la inversión estatal en infraestructura y concluyó: "Estamos convencidos de que la obra pública es un instrumento indispensable para el bienestar de los bonaerenses y el desarrollo de todo el país".

El Paso Internacional Cristo Redentor rompió un récord este lunes ya que permanece cerrado desde hace 27 días como consecuencia de las intensas nevadas, mientras que continúan varados unos dos mil camiones y la pérdida económica es alarmante.

La clausura provisoria del paso principal entre la Argentina y Chile superó la estadística de 2023, cuando se registraron 26 días de inhabilitación durante el invierno de ese año.

La Comisión Nacional de Fronteras informó en las últimas horas que el tránsito internacional en ese paso terrestre seguirá cerrado de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas extremas y desfavorables, “aún con nevadas y fuerte viento”.

En este sentido, las autoridades les recomendaron a los conductores planificar sus viajes y no circular por la zona, mientras que indicaron que “las vialidades de ambos países realizaron arduos trabajos y esfuerzos, con despejes de rutas y dotaciones que hacen posible el funcionamiento” de los complejos aduaneros.

Asimismo, la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor advirtió que el cierre podría extenderse ya que el 17 de agosto se prevé la llegada de un nuevo temporal.

Según la estimación de algunos medios mendocinos, la pérdida económica diaria es de 600 dólares, por lo que si se multiplica ese monto por los dos mil camiones varados, ese valor asciende a los 1,2 millones de dólares.

El cierre se mantiene desde el 14 de julio y las ráfagas de viento oscilan entre los 100 y los 160 kilómetros por hora.

El paso fronterizo resulta clave para el traslado de cargas en dirección a los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso. NA

Un intenso temporal de nieve en la cordillera de Los Andes ha provocado el cierre de más de 15 cruces internacionales, afectando gravemente a las provincias de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro. La situación ha dejado a cientos de camioneros atrapados en las rutas, a la espera de que las condiciones climáticas permitan la reapertura del tránsito.

El Ministerio de Seguridad confirmó que entre los pasos inhabilitados se encuentran Jama, Socompa, San Francisco, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor y Pehuenche. En el paso de Pino Hachado, la acumulación de nieve y el congelamiento de la ruta 242 han generado un cuello de botella donde permanecen más de 1.500 vehículos.

Luis Hermosilla, uno de los transportistas varados en Añelo, relató la complejidad de la espera junto a colegas de Chile, Brasil y Uruguay:

“Nos para la policía y nos devuelve a una estación de servicio. Dormimos acá en el camión, ocupamos nuestras cajas de cocina para poder cocinar”.

El chofer explicó que la falta de infraestructura adecuada obliga a muchos a permanecer en sus vehículos sin servicios básicos. Por su parte, el Escuadrón 31 ‘Las Lajas’ de Gendarmería Nacional activó el protocolo de emergencia de alta montaña, brindando asistencia con cocinas de campaña y distribución de alimentos. No obstante, la incertidumbre persiste entre los trabajadores.

“No hay información segura de que el paso se va a abrir en algún momento”.

El impacto económico es significativo, ya que muchos conductores cobran por viaje realizado y no reciben compensación por los días de demora. Además, deben afrontar gastos adicionales en combustible para mantener la cadena de frío de las cargas. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de despeje mientras mantienen retenes activos en zonas como Cutral Có, Zapala y Las Lajas, donde se concentran 280 vehículos.

El Gobierno nacional aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales, según lo establecido en la Resolución 1024/2026 publicada en el Boletín Oficial. Tras evaluar las propuestas, el Ministerio de Economía confirmó que 22 empresas continúan en carrera para adjudicarse la denominada Red Federal de Concesiones - Etapa III, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Este proceso forma parte del plan para privatizar la empresa estatal Corredores Viales, con el objetivo de concesionar más de 9.000 kilómetros en todo el país. Esta tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en ocho tramos: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

La cartera encabezada por el ministro Luis Caputo detalló que se recibieron 50 ofertas por parte de los 22 participantes. Entre las empresas precalificadas se destacan firmas como CPC, la unión transitoria de empresas (UTE) de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina.

Por otro lado, la Comisión Evaluadora desestimó las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo, al considerar que no cumplían con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos. Ante la impugnación presentada por este grupo, el Ministerio de Economía rechazó el planteo argumentando que admitir documentos presentados fuera de término alteraría el principio de igualdad entre los participantes.

La apertura del Sobre N° 2, que contiene las propuestas técnicas y económicas definitivas, se llevará a cabo este miércoles 22 de julio a las 09:00 horas a través del portal oficial CONTRAT.AR. Con esta medida, el Ejecutivo busca que los concesionarios privados asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales.

Las nevadas registradas en distintos puntos del país y los pronósticos que anticipan nuevas precipitaciones llevaron a organismos provinciales a reforzar las advertencias para quienes deban circular por rutas argentinas durante las vacaciones de invierno. En este contexto, Mendoza y Chubut emitieron recomendaciones especiales para los conductores, mientras especialistas en seguridad vial recordaron los cuidados necesarios para transitar sobre nieve y hielo.

En Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana solicitó extremar las precauciones debido a la presencia de nieve en distintos tramos de las rutas nacionales. Según el último parte, la Ruta Nacional 25, entre Paso de Indios y Tecka, y sectores de la Ruta Nacional 40 presentan acumulación de nieve sobre la calzada. Asimismo, las rutas provinciales de la Meseta permanecen habilitadas únicamente para vehículos 4x4, ya que las condiciones del camino combinan barro y nieve, lo que reduce considerablemente la adherencia.

Por su parte, el gobierno de Mendoza, a través de Defensa Civil, difundió medidas preventivas para quienes deban viajar por la cordillera. El organismo recomendó consultar diariamente el estado de las rutas antes de salir, dado que las condiciones climáticas pueden modificarse rápidamente. Entre las sugerencias, se destaca circular con el tanque de combustible lleno, llevar abrigo adicional, alimentos energéticos, agua, bebidas calientes y un kit básico con linterna, cables para batería, pala pequeña, soga y elementos para remolque.

Las autoridades y especialistas en seguridad vial coinciden en una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes. Uno de los elementos fundamentales son las cadenas para nieve, las cuales se recomienda utilizar cuando la acumulación sobre la calzada supera los 10 centímetros o cuando así lo exigen las autoridades. En vehículos con tracción delantera deben colocarse en las ruedas delanteras, mientras que en los de tracción trasera corresponden al eje posterior.

Otro riesgo invernal es el hielo negro, una fina capa de hielo invisible que se forma en sectores de sombra, puentes y curvas. Ante esto, se aconseja reducir la velocidad, evitar movimientos bruscos del volante y utilizar el freno motor. En caso de quedar varado, se recomienda permanecer dentro del vehículo, verificar que el caño de escape no esté obstruido por la nieve para evitar el ingreso de monóxido de carbono y, si se espera un rescate aéreo, retirar la nieve del techo y utilizar elementos de colores llamativos para facilitar la localización.

Con el inicio de la temporada invernal y el consecuente incremento del tránsito hacia destinos turísticos de montaña, nieve, termas y costa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el pasado miércoles un operativo especial de fiscalización en los principales corredores viales del país.

La iniciativa se extenderá hasta el 5 de agosto y contempla la instalación de controles en 21 puntos estratégicos distribuidos en 19 provincias. El objetivo es reforzar la prevención y detección de conductas de riesgo al volante durante un período de alta circulación vehicular.

Los operativos incluirán controles de alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de Sistemas de Retención Infantil (SRI), además de la fiscalización de maniobras peligrosas, como los sobrepasos indebidos en doble línea amarilla. Asimismo, se verificará el uso de cadenas para nieve en aquellos casos en que las condiciones climáticas lo requieran.

El dispositivo de control combinará puestos fijos y móviles, con apoyo de tecnología aplicada a la fiscalización. En este sentido, la ANSV incorporará el uso de drones para reforzar la detección de infracciones desde el aire, mientras que la rotación de los puntos de control buscará evitar su anticipación por parte de los conductores a través de redes sociales o aplicaciones.

Los operativos se desarrollarán en coordinación con fuerzas provinciales y municipales. Además, en determinados puntos estratégicos se trabajará de manera conjunta con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), lo que permitirá controles simultáneos sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Para el despliegue, se afectarán agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros y alómetros, distribuidos en los principales corredores turísticos del país durante toda la temporada invernal. Según se informó, la estrategia combina presencia territorial, controles dinámicos y herramientas tecnológicas con el objetivo de fortalecer la fiscalización en ruta y reducir la siniestralidad vial.

- Vigencia: 1 de julio al 5 de agosto

- Cobertura: 19 provincias

- Modalidad: controles fijos y dinámicos

- Tecnología: uso de drones para fiscalización aérea

- Documentación vehicular obligatoria

- Alcoholemia

- Velocidad

- Uso de cadenas para nieve

- Uso de cinturón de seguridad y SRI

- Maniobras peligrosas en ruta

El Gobierno nacional rechazó este lunes el recurso presentado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) para suspender la licitación de distintos corredores viales nacionales, entre ellos la Ruta Nacional 226, una de las principales vías de comunicación para Tandil y la región.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 411/26, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y permite que continúe el proceso de concesión de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

La resolución ratifica el camino adoptado por la administración libertaria a mediados de mayo, cuando adjudicó nuevas concesiones viales y dejó afuera a Aubasa, la empresa controlada por el Gobierno bonaerense que había manifestado su interés en operar esos corredores.

Desde la Nación sostuvieron que la exclusión de la firma provincial respondió a “cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación”, argumento que fue reiterado al momento de rechazar el recurso administrativo presentado por la compañía.

Con esta medida, el Ejecutivo nacional dio por concluida la instancia administrativa del reclamo, por lo que el proceso licitatorio podrá seguir adelante sin modificaciones.

La decisión tiene especial relevancia para Tandil debido a que la Ruta 226 constituye uno de los principales corredores productivos y turísticos del centro de la provincia de Buenos Aires. La traza conecta a la ciudad con destinos estratégicos como Mar del Plata, Balcarce, Azul y Olavarría, además de ser una vía clave para el transporte de mercaderías y la circulación de miles de vehículos cada día.

A pesar del revés administrativo, Aubasa todavía conserva la posibilidad de acudir a la Justicia para intentar revertir la decisión del Gobierno nacional. De hecho, semanas atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había anticipado una posible ofensiva judicial al considerar que la gestión nacional busca excluir a la empresa estatal de licitaciones consideradas estratégicas para el sistema vial.

Mientras tanto, el proceso de concesión de la Ruta 226 y del resto de los corredores incluidos continuará su curso, en una definición que vuelve a poner en evidencia las diferencias entre la administración nacional y el Gobierno bonaerense en torno al manejo de la infraestructura vial.

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El proceso contempla una extensión superior a los 3.900 kilómetros y una inversión que será ejecutada por empresas privadas.

El ministro Luis Caputo confirmó la participación de 20 oferentes para los corredores, los cuales se encuentran distribuidos en regiones clave para el transporte y la producción nacional. Al respecto, el funcionario señaló:

Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 Km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos.

La iniciativa abarca tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. Según informaron desde la cartera económica, el modelo busca eliminar los subsidios estatales y transferir la gestión y el mantenimiento al sector privado.

Entre los corredores licitados se encuentran el Tramo Centro (681,92 kilómetros), que vincula zonas productivas entre Córdoba y Santa Fe; el Tramo Noroeste (596,52 kilómetros) que conecta provincias del norte; y el Tramo Cuyo (329,09 kilómetros), vital para el acceso a pasos internacionales hacia Chile. Otros trayectos incluyen los tramos Chaco – Santa Fe, Litoral, Mesopotámico y Noreste, los cuales facilitan la integración logística y el flujo de mercancías entre diversas regiones del país.

El Gobierno nacional avanzó con la adjudicación de nuevas concesiones viales sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, en una decisión que profundizó la controversia con la administración del gobernador Axel Kicillof por la exclusión de AUBASA del proceso licitatorio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que aprobó la segunda etapa de la licitación denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. El esquema contempla tareas de construcción, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de rutas nacionales por un período de 20 años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la adjudicación a través de sus redes sociales. “Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones”, señaló. Además, precisó que el Tramo Pampa comprende la Ruta Nacional 5 hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, junto con las rutas nacionales 3, 205 y 226.

El Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., que presentó una tarifa base de peaje de $2.355,37 más IVA. En tanto, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos de la unión transitoria conformada por Concret-Nor, Marcalba, Pose y Coarco, con una tarifa ofertada de $997 más IVA, considerada la propuesta económica más conveniente.

De acuerdo con la resolución oficial, las empresas adjudicatarias no solo deberán garantizar el mantenimiento y la conservación de los corredores viales, sino también ejecutar nuevas obras, prestar servicios a los usuarios y desarrollar explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales.

La definición del Gobierno nacional se produjo luego de que AUBASA, la empresa vial de la provincia de Buenos Aires, intentara participar de la licitación con el objetivo de asumir la gestión de algunos de los corredores, una tarea que actualmente desarrolla en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en la Autovía 2.

Sin embargo, el Ministerio de Economía recomendó desestimar la oferta de la compañía provincial al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.

La administración bonaerense presentó una impugnación formal contra esa decisión. Desde el Ministerio de Infraestructura provincial sostuvieron que la Nación modificó las condiciones de la licitación durante el proceso con el propósito de dejar afuera a AUBASA, favorecer a empresas privadas y limitar la participación del Estado provincial en un negocio considerado estratégico.

Pese al planteo de la Provincia, el reclamo fue rechazado y el Gobierno de Javier Milei avanzó con la adjudicación definitiva de los corredores viales.

La administración nacional llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación de los tramos que integran la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Este proceso, que se basa en un modelo de inversión 100% privada, contó con la presentación de 17 oferentes interesados en la gestión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

El anuncio fue liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que la convocatoria abarca corredores estratégicos situados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. El objetivo primordial de este esquema es optimizar la conectividad y reforzar la seguridad vial en trayectos claves para la logística, el comercio y el turismo nacional.

Según la información oficial brindada por el Ministerio de Economía, la Etapa II-B se divide en cuatro segmentos principales:

El ministro Luis Caputo remarcó que el proceso se ejecuta sin subsidios estatales, reemplazando el gasto público por capitales privados para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Al respecto, el funcionario manifestó:

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”

Durante su intervención, el titular de la cartera económica vinculó estas obras con un repunte en la actividad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector de la construcción registró un crecimiento interanual del 12,7% en marzo. Luis Caputo proyectó que los mejores 18 meses para la economía comenzarán entre mayo y junio.

“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales”

Asimismo, el ministro destacó que se están entregando rutas nacionales a las provincias para que inicien obras con financiamiento propio o créditos de organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Según su visión, esto permitirá ganar productividad en términos de logística.

No obstante, desde el ámbito privado surgieron matices sobre el impacto de estas medidas. Una fuente del sector consultada por Infobae advirtió que las concesiones viales inciden sobre el 30% de la obra pública, mientras que el 70% restante de la actividad sectorial corresponde a la obra privada.