El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la concesión de la Ruta Nacional N°7 a favor de la provincia de San Luis. A través del Decreto N°253/2026, publicado este viernes, se delegó la competencia sobre el corredor vial para garantizar la inversión en infraestructura y el mantenimiento de la traza, en un contexto de negociaciones políticas con diversos mandatarios provinciales.

La medida se concretó luego de las gestiones realizadas el pasado seis de abril por el gobernador Claudio Poggi ante el ministro del Interior, Diego Santilli. El pedido central consistía en extender el plazo de explotación de la Autopista de las Serranías Puntanas, el tramo que une el límite con Córdoba y la frontera con Mendoza, actualmente bajo administración de la provincia de San Luis tras la transformación de la antigua traza en autopista.

La extensión del contrato permitirá gestionar los recursos necesarios para la puesta en valor integral de la ruta. Según los fundamentos de la normativa, la magnitud de las obras de refacción requiere plazos de amortización amplios, los cuales se garantizan mediante el cobro de peajes. No obstante, se aclaró que la traza continúa bajo jurisdicción nacional y no representa una transferencia de dominio.

En paralelo a estas definiciones de gestión, el escenario político nacional se mantiene activo. Trascendió que el gobierno nacional ofreció al gobernador Maximiliano Pullaro el apoyo con candidatos de baja intensidad en su distrito a cambio de su respaldo para la eliminación de las PASO.

En los próximos días, la Dirección Nacional de Vialidad y las autoridades puntanas iniciarán las conversaciones técnicas para establecer las condiciones definitivas de los nuevos convenios de explotación que impactarán en el desarrollo económico, territorial y social de la región.

El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales emplazados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. A pesar de esta delegación, el Estado nacional mantendrá la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre los caminos involucrados.

La decisión quedó establecida a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según el artículo primero de la normativa, las jurisdicciones alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

El texto oficial aclara que la delegación tendrá un carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”. En este sentido, se subraya que la medida no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales, los cuales permanecerán bajo la exclusiva titularidad del Estado nacional.

Para hacer efectiva esta herramienta, las provincias deberán suscribir convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En dichos acuerdos se deberán individualizar los tramos a concesionar, el plazo de la delegación, el régimen de supervisión y la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a posibles reclamos. Estos convenios requerirán la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y las concesiones resultantes no podrán superar los 30 años de duración.

En cuanto al financiamiento, el decreto establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos ajenos a la concesión otorgada. Asimismo, se determinó que si las provincias no convocan a la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación quedará sin efecto de manera automática.

Finalmente, la normativa invita a las jurisdicciones que no fueron incluidas originalmente a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior, con el objetivo de asumir la administración, reparación o mantenimiento de las rutas que atraviesan sus territorios en el marco del fortalecimiento del régimen federal.

En Tandil se replicó en las últimas horas a la medida de fuerza que vienen sosteniendo transportistas rurales en diferentes provincias del país. El reclamo, que ya cumple diez días de protesta, tiene como epicentro la demanda de una actualización en la tarifa del kilómetro de viaje. Los trabajadores del volante advirtieron que la rentabilidad del sector se ha visto pulverizada por los constantes incrementos en los costos operativos, con especial énfasis en el precio del combustible.

“Nos están pagando la tarifa atrasada. Y el gasoil sube a cada rato y no dan los números como para viajar”, sentenció Rubén, uno de los transportistas movilizados en los puntos de acceso a la ciudad, en diálogo con el ciclo radial La Mañana, de El Eco Multimedios. El trabajador  reflejó el malestar generalizado que atraviesa a los prestadores del servicio de carga de cereales y otros productos agropecuarios. En concreto, los camioneros movilizados en Tandil contaron que pertenecen a la delegación Necochea de Atcade, la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos.

La movilización en el partido se hizo visible en puntos estratégicos para la logística regional. Los transportistas se concentraron en el cruce de la Ruta 74 y la entrada a María Ignacia Vela, como así también en el paraje La Vasconia, en la intersección de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 74. En estos lugares, los camiones permanecen a la vera del camino como señal de protesta ante lo que consideran una situación económica asfixiante.

El núcleo del conflicto radica en la brecha existente entre los ofrecimientos cámaras de acopiadores y las necesidades reales de los transportistas. Según explicaron los manifestantes, la pretensión es lograr un 40 por ciento de aumento para equilibrar las cuentas, una cifra que dista significativamente de las propuestas recibidas hasta el momento en las mesas de negociación.

Al respecto, Rubén detalló la infructuosa marcha de las tratativas: “Nos ofrecieron un 14 por ciento y nosotros la queríamos llevar a un 40 por ciento. Y después nos querían arreglar con un 25 por ciento, pero es muy poco todavía, muy poco”. Para los transportistas, aceptar un incremento menor no soluciona el problema de fondo, ya que cualquier ajuste es rápidamente absorbido por las subas en el surtidor. “Ellos te pagan un 25 por ciento y después te suben el gasoil a los tres o cuatro días y es lo mismo que nada”, lamentaron.

La situación, plantearon, se agrava al considerar que muchos de los servicios se están liquidando con valores que no han sido actualizados desde finales del año pasado. “Está bajísimo porque están pagando la tarifa de diciembre”, denunció el transportista, remarcando que “después cuando vos hacés los viajes los números no te dan, quedan muy bajos los números”.

Los transportistas aclararon que el foco principal de la protesta está puesto en el traslado de granos. “Hoy por hoy lo que se está afectando más es el cereal, porque después todo lo otro está circulando”, explicaron desde los puntos de concentración. Esta decisión busca visibilizar el reclamo ante los dadores de carga específicos del agro sin bloquear de manera total el tránsito de otros insumos esenciales.

En cuanto a la modalidad de la protesta en la zona de María Ignacia Vela, se destacó que existe un respeto por la decisión individual de cada trabajador, aunque se lamenta la falta de una adhesión total. “En el Cruce de Vela vamos a estar hoy, firmes. Pero también aprovecho a decir que en Vela somos como 50 camiones y todos no nos adhieren. Es una lástima que no nos apoyen. Hay un resto de camioneros que no van y pueden circular porque este reclamo es para todos, pero pueden circular normalmente ellos. El que no decide adoptar la medida de fuerza, el que no se une puede trabajar normalmente, hay libertad de acción”, aclaró Rubén.

El grupo local de movilizados reúne a aproximadamente 20 transportistas que decidieron mantenerse firmes hasta obtener una solución. La medida adoptada en Tandil, explicaron, se toma en sintonía con las directivas y la situación que se vive en Necochea y Bahía Blanca, destinos finales de gran parte de la producción cerealera de la zona.

La incertidumbre sobre la duración del paro persiste, mientras los camiones continúan apostados en las rutas. Para los trabajadores, la ecuación es simple pero dramática: “Hoy está todo caro y todos tenemos familia, y viajar barato tampoco nos sirve”. La expectativa ahora está puesta en una nueva convocatoria que permita acercar las partes y establecer una tarifa que contemple los incrementos del gasoil, garantizando la sustentabilidad de una actividad clave para la economía de Tandil y la región.

En la privatización de corredores viales que impulsa el Gobierno de Javier Milei, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa. Si bien mostró intenciones de ser oferente para la concesión de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas y otros tramos de rutas nacionales, ahora denunció irregularidades en la licitación por parte de la Rosada.

Así lo aseguró el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, quien contó que mandaron una nota al Ministerio de Economía pidiendo la intervención de Defensoría del Pueblo (tanto la nacional como la provincial) en el proceso de concesión de rutas. El objetivo, sostuvo, es garantizar “plena transparencia” en un proceso que, denunció, sufrió modificaciones sustanciales a último momento.

“Pretendemos que hagan de veedor y que participen de todo el proceso de selección”, dijo en conferencia de prensa desde la Gobernación. Y destacó que a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego, alterando las condiciones originales. Para la Provincia, esos movimientos “desvirtúan” la competencia y abren sospechas sobre posibles arbitrariedades en la adjudicación de las concesiones.

La solicitud surgió porque las autoridades nacionales modificaron 33 artículos del pliego una semana antes de que venza el plazo para presentar las ofertas. “Cambiaron la contratación cuando ya estaba iniciada”, remarcó el ministro Katopodis antes de señalar que “todos esos cambios desvirtúan el proceso”.

Se trata de un tema sensible para el Gobierno de Kicillof porque decidió postularse para administrar tres tramos de rutas nacionales, incluyendo autopistas como la Riccheri y caminos estratégicos como las rutas 226, la 3 o la 205.

La empresa pública provincial formalizó su participación luego de comprobar que los pliegos de las concesiones viales no incluían una cláusula que prohíba expresamente la participación de compañías estatales. Actualmente, está en marcha el proceso de evaluación de las ofertas y hay al menos 10 en condiciones de ganar.

En ese contexto, Katopodis defendió el perfil de la empresa pública, a la que definió como “superavitaria” y con estándares de servicio que, dijo, pueden verificarse en corredores como la Autopista Buenos Aires–La Plata o la Ruta 2. Y no descartó que la administración libertaria pretenda “hacer algún negociado con la adjudicación de estas concesiones”.

Katopodis fue más allá y sugirió que el esquema licitatorio podría esconder un modelo de negocios basado en peajes más caros y nuevos puntos de cobro. “Hay una clara intención de recaudar más”, advirtió, al tiempo que contrapuso el modelo de Aubasa que, según remarcó, reinvierte el 100% de sus ingresos en obras y mantenimiento.

A fines de año pasado y en el marco del avance de la Red Federal de Concesiones (RFC), el Gobierno nacional oficializó el llamado a licitación pública para la Etapa II del proyecto, que permitirá la concesión de casi 1.900 kilómetros que corresponden a la segunda etapa y que va hacia la privatización de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1843/2025, fue publicada en el Boletín Oficial, y beneficiará a rutas que atraviesan la provincia de Buenos Aires, como la 3, 5, 226 y 205, entre otras. La licitación pública nacional e internacional apunta a la construcción, explotación, administración y mantenimiento de diversas rutas.

En este contexto, a principios de marzo, Autopistas de Buenos Aires S.A. presentó su oferta para quedarse con los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones-Etapa II, que incluyen la autopista Ricchieri, el corredor Ezeiza-Cañuelas y las rutas nacionales 3, 205 y 226.

La licitación contempla la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de corredores, además de la prestación de servicios al usuario y el desarrollo de explotaciones complementarias para generar ingresos bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley 17.520.

Obras paralizadas. Retraso en el trabajo de bacheo. Reclamo de vecinos. Crecimiento de los accidentes viales. Problemas para transportar la producción agropecuaria. Esas son algunas de las causas y consecuencias del mal estado de las rutas nacionales del país que, de acuerdo a un informe, alcanza a casi el 65% de la red vial nacional.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina) advirtieron por la seguridad de quienes transitan estas rutas, cuyo estado empeora con el correr de los meses debido a la falta de mantenimiento. Un detallado informe técnico elaborado por trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad, encendió las alarmas por el crítico estado de la red vial y puso el foco en varias rutas estratégicas que atraviesan la provincia de Buenos Aires.

Según el relevamiento, entre el 65% y el 70% de la calzada se encuentra en estado regular o malo, una situación que se agrava en corredores clave para la producción, la logística y la seguridad vial bonaerense. En ese sentido, destacan que desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, Vialidad atraviesa el proceso de desmantelamiento institucional más profundo desde su creación.

Con 75% menos de presupuesto que en 2023 y casi mil despidos durante la gestión libertaria, el mantenimiento preventivo fue abandonado y reemplazado por bacheos precarios que solo “administran el riesgo”. En ese sentido, se detectaron calzadas con fallas estructurales graves, baches profundos y deformaciones que han reducido la velocidad media de circulación a unos 60 km/h, incrementando significativamente los costos logísticos y la siniestralidad vial.

El informe sostiene que el mantenimiento preventivo fue prácticamente eliminado y reemplazado por bacheos precarios, incapaces de frenar el deterioro estructural de las calzadas.

Actualmente, los corredores más comprometidos tienen que ver con la paralización de los contratos de recuperación y mantenimiento y a la falta de ejecución presupuestaria del Impuesto sobre los Combustibles, que legalmente debería volcarse al bacheo, conservación y señalización.

En la provincia de Buenos Aires, son varios los trayectos con problemas. De hecho, el informe relevó que sólo el 36,8% de las rutas nacionales que pasan por el territorio están en buen estado. Mientras que el 11,5% es regular, el 51,7% está en mal estado. Si se compara con otras provincias, en Córdoba el 12% está en mal estado; en Santa Fe el 53,6%; La Pampa 38,6% y San Luis 2,2%.

La RN 3, tiene un alto tránsito que al menos entre los 14 tramos desde la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, hasta Azul, con alta congestión. Su traza se caracteriza por poseer un alto nivel de tránsito con un gran porcentaje de vehículos pesados: casi el 60%. Transportan agregados pétreos, cal y cemento hacia la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano como así también granos a los puertos de Rosario o de Bahía Blanca.

Además, circulan unos 9800 autos por día en el tramo desde Cañuelas a San Miguel del Monte, unos 6500 desde Las Flores hasta Azul, y otros 3500 desde la intersección de la ruta 226 hasta Coronel Dorrego.

Cabe recordar que el año pasado y tras una demanda del municipio de Azul al Gobierno de Javier Milei por el mal estado de la ruta 3, desde Vialidad Nacional calificaron como “infundado” el reclamo por el deterioro y aseguraron que el trazado no presenta daños. Sin embargo, luego “pidieron per5dón” y prometieron trabajos sobre la calzada. Es que las obras aquí permanecen paralizadas y hay un alto nivel de siniestralidad vial, lo que llevó a vecinos a hacer varias manifestaciones.

La ruta 5, que se extiende desde Luján hasta Santa Rosa, La Pampa, presenta deterioros en tramos largos, generando peligrosidad y reclamos por falta de mantenimiento, aunque hay obras de autopista en progreso entre Mercedes y Suipacha para mejorar la circulación y la seguridad vial.

En efecto, el informe destaca que existe deterioro severo de la cartera asfáltica, bajo la situación actual no pueden desarrollarse velocidades que en promedio sean superiores a los 80 km/h, lo cual además eleva el tiempo de viaje, tornándolo más costoso. Se estima que el 30% de los vehículos que transitan allí son pesados y, además del reclamo de vecinos, también intendentes han pedido retomar las obras.

La ruta 7, entre Junín y Chacabuco, presenta un estado mixto: el tramo principal está convertido en autopista con mejoras en seguridad vial, pero enfrenta problemas de mantenimiento, obras paralizadas y riesgos persistentes en accesos y colectoras. El informe destaca que actualmente se observan baches, falta de señalización e iluminación que generan peligros de seguridad vial.

Existen quejas vecinales por baches profundos en pasos a nivel (ej. km 212), colectoras deterioradas, ausencia de demarcación, iluminación deficiente y pastizales en banquinas, elevando riesgos para tránsito pesado. De hecho, tras una serie de accidentes, el intendente de Chacabuco, Darío Golía, le reclamó a Nación que "recapacite" y continúe con las obras en la ruta 7.

La ruta 33 se extiende en la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Conecta ciudades de producción agrícola, cada vez más difícil, debido a que transita un pavimento altamente deteriorado y su tránsito es complejo. “La situación requiere una reconstrucción total más que un bacheo superficial”, señala la Fepevina, quien destaca la presencia de deformaciones y “cráteres”.

Diagnósticos técnicos entre Casilda, Venado Tuerto, Trenque Lauquen, Rufino y Bahía Blanca, revelan fallas estructurales como pérdida de la capacidad portante de la subrasante, lo que significa que el daño no es solo superficial, sino que la base sobre la que apoya el asfalto ha cedido. También intendentes bonaerenses elevaron sus quejas.

Durante la primera quincena de enero, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó un total de 966 conductores que conducían con algún grado de alcohol en sangre en operativos en diferentes rutas del país. Además, volvió a destacarse una falta que sigue en crecimiento y con una multa que puede costar muy cara, como la de los “tapa patente”.

En total, según la ANSV, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos y se labraron 5.085 actas de infracción por incumplimientos a la normativa vigente. La falta principal fueron los casos de alcoholemia positiva.

Además de esta infracción, los controles permitieron identificar otras conductas de riesgo frecuentes en las rutas argentinas. Se labraron 838 infracciones por falta de RTO o VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y otras 586 por no utilizar el cinturón de seguridad.

Sin embargo, una falta que cada vez se vuelve más común y se vincula a la “viveza criolla” tiene que ver con la falta de patente o que estén tapadas de manera intencional. En ese sentido, se detectaron 372 casos, mientras que otros 30 fueron por uso indebido de banquinas, una maniobra considerada de alto riesgo.

En 2025, la ANSV detectó y sancionó a 7.235 conductores que circulaban sin patente o con las chapas adulteradas en rutas y autopistas. Muchos lo hacen para asegurarse de que el dominio se vuelva ilegible y así esquivar una foto-multa. Sin embargo, la penalización costar miles de pesos.

La normativa nacional exige que todos los vehículos -incluidos acoplados y semirremolques- tengan sus chapas patentes colocadas, visibles, legibles y sin ningún tipo de aditamento. También establece que, si un vehículo circula sin patente o la lleva en un lugar incorrecto, no puede continuar su marcha hasta regularizar la situación.

Para evitar ser tomados por los radares, los conductores usan sogas, cintas colgantes o adhesivas, y hasta suelen despintar los números o letras. Estas maniobras son cada vez máscomunes y están siendo detectadas por los operativos de tránsito que se realizan cada semana en autopistas y rutas del país.

Si bien durante 2024 y 2025 hubo faltantes de chapas, el Gobierno nacional aseguró que se encuentra regularizado. En caso de robo, hurto, pérdida o deterioro, se podrá circular con la patente provisoria de papel oficial por hasta 60 días.

El uso correcto de las patentes en cada vehículo es supervisado en los controles que la ANSV realiza en todo el país. La multa por circular sin la chapa identificatoria puede llegar a $1.807.000 en la provincia de Buenos Aires.

Más allá del despliegue de más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos en el marco del Operativo de Sol a Sol 2025/26, el Gobierno de Axel Kicillof incorporará este verano nuevos controles orientados a detectar de manera más precisa infracciones cada vez más habituales, como manejar sin cinturón de seguridad o usando el teléfono celular.

En concreto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, precisó este lunes en conferencia de prensa que el Ministerio de Transporte desplegará drones en las rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico para controlar infracciones como el uso del celular por parte de los conductores, así como la falta de utilización del cinturón de seguridad.

“Tanto Transporte como Aubasa llevarán adelante distintos operativos en puntos fijos a lo largo de todas las rutas del Atlántico, como se viene haciendo en otras temporadas. Este verano se agregará el uso de drones e inteligencia artificial; se suma esta tecnología para identificar a aquellos que, en lugar de manejar con las dos manos, están distraídos mirando el celular o no tienen colocado el cinturón de seguridad”, informó Bianco desde la Gobernación.

Cabe recordar que actualmente, manejar sin cinturón de seguridad puede tener una multa de entre $85.550 y $171.100, mientras que por usar celular puede trepar a $342.200.

La idea es reforzar los controles habituales, ahora con la incorporación de tecnología de última generación, en conjunto con otras herramientas, entre ellas los controles de tránsito, el monitoreo de los corredores y la asistencia ante emergencias y siniestros viales.

Uno de los aspectos centrales será el control del transporte de pasajeros, con una fiscalización del transporte interjurisdiccional, que incluirá operativos tanto en ruta como en las terminales de salida.

De hecho, durante el fin de semana se desarrollaron en el Corredor Atlántico y en la Autopista Buenos Aires–La Plata, donde se controlaron más de 1.700 vehículos, se retuvieron cerca de 50 licencias de conducir y se registraron alcoholemias positivas de hasta 1,90 gramos por litro de sangre.

El ministro de Seguridad, Javier Alonso, por su parte, puso el foco en el despliegue de seguridad y destacó que este operativo se apoya en la inauguración de nuevas bases policiales en toda la provincia. “Esto nos permite tener una reserva operacional y hacer que este sea el Operativo Sol a Sol donde menos policías salen del Conurbano”, señaló.

Según precisó, solo 200 efectivos serán trasladados hacia la Costa Atlántica, mientras que el resto del dispositivo se cubrirá con personal local. “Es importante porque vamos a mantener el estándar de prevención y patrullaje durante el verano y el resto del año”, afirmó.

El operativo contará con más de 20.000 policías, con un total de 28.000 efectivos involucrados, y llegará a 60 municipios turísticos, además de los centros recreativos del Conurbano para quienes no viajen pero disfruten de espacios como la ribera del Río de la Plata. “Vamos a controlar la Costa Atlántica, los corredores viales y los centros recreativos”, indicó Alonso.

El ministro también destacó la incorporación de 200 patrulleros nuevos y 60 motos, adquiridos por decisión de Kicillof, y la mejora en las áreas de Defensa Civil. “Vamos a estar preparados para incendios y emergencias, y articulando con Salud con helicópteros y aviones sanitarios para traslados de urgencia”, sostuvo.

Además, adelantó un trabajo específico sobre nocturnidad y consumos problemáticos: “Estamos armando esquemas de guardias en las salidas de boliches junto a los municipios, para garantizar derivaciones rápidas y prevenir situaciones de riesgo”.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires llamó a una consulta pública para definir el proyecto de construcción de la autovía en la Ruta 11 entre Mar de Ajó y Pinamar, un tramo de 48 kilómetros que completará el trayecto San Clemente-Mar del Plata.

La reunión está prevista para el próximo 3 de diciembre a las 11:00 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. De esta manera se podrá llegar desde CABA a Pinamar, por la autovía 2, la Ruta 63 y la autovía 11, siempre con doble mano, con la lógica ganancia en tiempo y seguridad para los automovilistas.

La futura autovía contará con doble calzada, banquinas pavimentadas y un cantero central de 16 metros de ancho para separar los sentidos de circulación. El diseño incluye sistemas de retornos en accesos estratégicos, iluminación en intersecciones, señalización completa y obras hidráulicas para el escurrimiento del agua. Además, se construirán dársenas, refugios peatonales y demás infraestructura de seguridad vial.

Los 48 kilómetros de la futura autovía desde Mar de Ajó pasará por Nueva Atlantis, Punta Médanos, Costa Esmeralda hasta llegar a Pinamar. Se estima una inversión de USD 94,3 millones, con un plazo de ejecución estimado de 18 meses, y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del Programa de Seguridad Vial del AMBA.

En medio del reclamo de varios intendentes -entre ellos el jefe comunal de Tandil, Miguel Ángel Lunghi- al Gobierno de Javier Milei por la paralización de la obra pública en el país que afecta el estado de las rutas nacionales, los transportistas salieron a reclamar por el estado de los caminos, que complican su trabajo.

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que nuclea a más de 40 cámaras, pidió públicamente “que se reparen las rutas y caminos del país de forma urgente”. Y en ese sentido sostuvo que “la situación actual se ha vuelto verdaderamente crítica” por lo que se necesitan “medidas paliativas urgentes”.

“Aunque hace tiempo que junto con otras organizaciones empresarias venimos alertando sobre el mal estado de las rutas, la situación actual se ha vuelto verdaderamente crítica. Hoy estamos frente a una emergencia nacional, y eso se traduce en el aumento de incidentes viales, en muchos casos con pérdidas de vidas”, dijo el presidente de FADEEAC, Cristian Sanz.

Tras destacar el anuncio del Gobierno nacional sobre la nueva Red Federal de Concesiones (RFC), indicaron en un comunicado que ese tipo de procesos demandan plazos prolongados y trámites administrativos que muchas rutas no están en condiciones de esperar.

“Por este motivo, necesitamos medidas paliativas urgentes. Nuestra Federación recibe a diario reportes de rutas llenas de cráteres, sin señalización, con banquinas deterioradas y puentes al borde del colapso. La red vial quedó obsoleta frente al crecimiento económico y requiere atención inmediata”, afirmó Sanz.

Según un informe de la entidad, en los últimos cuatro años relevaron más de 22.000 km de rutas con geolocalizaciones, fotos y videos, y entregaron ese material a autoridades provinciales y nacionales, pero no obtuvieron respuestas. “Ante la falta de acción, reiteramos nuestro ofrecimiento no sólo para acceder a esa información sino para formar parte de mesas de trabajo”, enfatizó.

De acuerdo a lo informado, el transporte de cargas es el principal consumidor de gasoil de la Argentina, pudiendo representar hasta el 45% del combustible que se consume en el país. Esos 6 mil millones de litros anuales, a $1328 el litro, generan unos 850 mil millones de pesos para el Estado nacional en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).

Vale recordar que, por Ley, lo recaudado por ICL debe ir al fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SISVIAL), creado para financiar obras viales. A esto se suma que, pese a sus promesas, el Gobierno nacional viene aumentando el ICL periódicamente. En este escenario, Sanz pidió “el inicio inmediato de las obras para no tener que seguir lamentando la pérdida de vidas”.

Por eso desde la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, se realizaron durante este primer semestre del año más de 5 mil controles en camiones que circularon por 18 Rutas Provinciales, en 14 partidos de la provincia de Buenos Aires

Estos operativos de control de cargas se efectuaron sobre las Rutas Provinciales Nº 2, 6, 10, 11, 13, 20, 29, 36, 40, 41, 50, 51, 59, 67, 74, 76, 88, 215; abarcando las localidades de La Plata, Ensenada, Punta Indio, Verónica, San Vicente, San Miguel del Monte, Gral. Belgrano, Gral. Las Heras, Campana, Gral. Alvear, Saladillo, Mar del Plata, Ayacucho y Puan.

Se trata  de controles que tienen como objetivo preservar el estado de la red vial, su infraestructura y mantenimiento, ya que permite detectar y prevenir el exceso de peso de vehículos de gran porte que causan daños significativos en el pavimento, puentes y otras estructuras viales, además de aumentar el riesgo de accidentes.

Protección de la infraestructura vial: El exceso de peso en los vehículos, especialmente en camiones, acelera el deterioro del pavimento, generando grietas, deformaciones, demandando costosas reparaciones y repavimentaciones. 

Seguridad vial: Los vehículos con sobrepeso tienen menor capacidad de frenado y maniobrabilidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes, especialmente en situaciones de emergencia o condiciones climáticas adversas. 

Preservación de la inversión pública: Al evitar el deterioro prematuro de las carreteras, los controles de peso ayudan a proteger la inversión pública realizada en infraestructura vial, evitando gastos innecesarios en reparaciones. 

Mejora de la eficiencia del transporte: Al tener rutas en mejores condiciones, se facilita el flujo del transporte mejorando  la circulación. 

La Provincia de Buenos Aires viene intensificando  estos controles por lo que lanzó, hace unos meses atrás, el Sistema Integrado de Control de Cargas, que contempla el uso de balanzas dinámicas para tener un mejor seguimiento de toda la logística, el flujo y las prioridades de inversión en las rutas.

 Esto implica que, hasta 2027 y por etapas, más de 20 corredores provinciales contarán con 40 nuevos sitios con balanzas dinámicas para el control de pesos y cargas. 

En lo que queda del año se contempla la instalación de 14 de esas balanzas y otras 20 en los próximos dos años. Actualmente, hay tres en funcionamiento y otras tres que están en proceso de rehabilitación.

La priorización en la ubicación de las balanzas de control, que alcanzarán a más de 20 rutas provinciales, responde a criterios productivos regionales, a oportunidades logísticas a potenciar según la planificación estratégica territorial y a cuestiones administrativas, como los contratos ya existentes para la instalación de estos dispositivos.

Dado el abandono de las obras públicas por parte del gobierno nacional y de la total falta de reparaciones en las rutas nacionales, el gobierno de la Provincia de Buenos considera fundamental contar con este tipo de herramientas de control para evitar el mayor deterioro posible y garantizar una mayor seguridad vial. 

Como suele suceder ante cada fin de semana largo, quienes planeen salir a la ruta en auto, deben tener en cuenta una serie de consejos para disfrutar a pleno el receso. Prestar mucha atención tanto a la documentación básica que hay que tener a mano como a una serie de precauciones necesarias para no pasar un mal momento.

Para salir a la ruta es obligatorio llevar:

Si el auto carga GNC, deberá tener oblea y tarjeta amarilla. También prestar atención a que las patentes estén legibles, normalizadas y sin aditamentos.

Controle el matafuego, más allá de que no se lo pidan en un control policial. También se recomienda, aunque no es obligatorio, llevar:

Para viajar seguros en familia:

Más allá de la cartelería:

En el marco de la temporada de verano, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se realizarán operativos en 150 puntos estratégicos de todo el país. En lo que va de enero ya fiscalizaron más de 300 mil micros, camiones y vehículos particulares.

Desde la salida de micros en terminales de ómnibus hasta controles a los conductores que viajan por vacaciones por diferentes rutas, los operativos están distribuidos a lo largo y ancho de cada provincia con el principal objetivo de prevenir siniestros viales y hacer respetar los derechos de los pasajeros.

Asimismo, durante la primera quincena de enero se llevaron adelante más de 300 mil controles, en los cuales se emitieron en total 6.022 actas de infracción.

Por último, con respecto a los controles del transporte de carga y pasajeros, los puntos de mayor cantidad de fiscalizaciones fueron el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes y Santiago del Estero.

La Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, comunicó que, debido al recambio turístico de la primera quincena de enero de 2025, hoy y mñana se restringirá la circulación de camiones con carga de más de 7 (siete) toneladas de porte bruto en la Autovía 2, como así también en las rutas provinciales 11, 36, 56, 63, 74 y la Autopista Buenos Aires–La Plata, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas.

En sentido a la Costa Atlántica, la restricción para circular camiones será hoy, entre las 14 y las 23.59 y mañana, de 6 a 14. 

Hacia la Ciudad de Buenos Aires, estará limitado el tránsito de camiones hoy, de 14 a 23.59. También en la Autopista Buenos Aires – La Plata, desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta la ciudad de La Plata.

En la Ruta Provincial 2 (Autovía 2), desde el kilómetro 40,5 del Ramal Buenos Aires–Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires–La Plata hasta el Kilómetro 400 (Camet).

La Ruta Provincial 11, desde la intersección con la Provincial 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal). 

En la Ruta Provincial 36, desde la rotonda con la Ruta Provincial 10 (prolongación Av. 66 en La Plata) hasta la intersección con Provincial 11 (Pipinas).

En la Ruta Provincial 56, desde su intersección con la Provincial 11 (General Conesa) hasta su intersección con la Provincia 74 (General Madariaga).

Para la Ruta Provincial 63, desde el Distribuidor de Transito con Ruta Provincial 2 (Dolores) hasta la Intersección con Ruta Provincial 11 (Esquina de Crotto).

En la Ruta Provincial 74, desde su intersección con la Provincial 56 (Maipú) hasta su intersección con la Ruta Provincial 11 (Pinamar).

La medida establece exceptuar de toda restricción para circular, temporaria o permanente, a los vehículos de autotransporte de cargas menores a SIETE (7) toneladas de porte bruto y a los vehículos que a continuación se detallan: 

-De transporte de leche cruda, sus productos derivados, y envases asociados.

-De transporte de animales vivos.

-De transporte de pescado y mariscos congelados.

-De transporte de productos frutihortícolas en tránsito.

-De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación audiovisual.

-De atención de emergencias.

-De grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o para su traslado al punto más próximo a aquel donde pueda quedar depositado, y en regreso en vacío.

-De transporte de combustible, de gas natural comprimido y gas licuado de petróleo.

-De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como de gases transportados a particulares para asistencias sanitarias domiciliaria, en ambos casos, cuando se acredite que se transportan a dichos destinos.

-De transporte de medicinas.

-De transporte de depósitos final de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.

-De transporte que deba circular en cumplimiento directo e inmediato de una orden judicial.

-De transporte de sebo, hueso y cueros.

-Cuando se oponga a disposiciones que en idéntico sentido dicte la Secretaría de Gestión del Transporte de la Nación, y/o la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y/o la Agencia Nacional de seguridad Vial, sobre una misma vía, día y horario.

Por otra parte, Vialidad Provincial aconsejó a los conductores: circular con las luces bajas encendidas; con la V.T.V. actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados; haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.

La diputada nacional Danya Tavela realizó un pedido de informes en el que le solicitó al Gobierno nacional que explique “los motivos por los cuales se paralizaron las obras en la Ruta Nacional N° 7 en el tramo comprendido en la provincia de Buenos Aires”. “Me preocupa el estado de la ruta y los plazos de las obras”, afirmó.

La legisladora radical, que reside en Junín, explicó que las obras en la Ruta Nacional  7 “mejoran la integración productiva, optimizan la conexión con los puertos, agilizan traslados, reducen los costos logísticos y de transporte y benefician el intercambio comercial y el turismo”.

En ese sentido, Tavela le pidió al Ministerio de Infraestructura y a la Dirección Nacional de Vialidad que informen “los motivos por los cuales no se retomaron las obras en la Ruta Nacional N° 7 en el tramo comprendido en la provincia de Buenos Aires y detallen cuántos kilómetros tiene pendientes de finalización”.

“La culminación de la obra mejorará las condiciones de seguridad vial y en consecuencia permitirá reducir la probabilidad de accidentes, redireccionar el flujo de vehículos en general y principalmente del transporte pesado, y agilizar los tiempos de viaje, para los aproximadamente 6.400 vehículos que la transitan por día”, aseguró Tavela.

Además la diputada por la provincia de Buenos Aires le pidió al Ejecutivo que “informe cuándo se terminarán las obras y en qué fecha la Ruta Nacional N° 7 estará íntegramente transitable”.

“Vemos con preocupación que las obras que habían sido retomadas durante el 2023, se encuentren paralizadas, siendo estas fundamentales y de extrema importancia para los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires”, finalizó Tavela.

Las obras viales en Ruta 2 se encuentran en plena ejecución, con un avance del 60 por ciento y a pocas semanas del inicio de temporada los trabajos entrarán en veda, con lo cual el sector del corredor en obra quedará transitable. Asimismo, durante el mes de diciembre, el Gobierno provincial dará inicio a la obra de construcción de la Autovía 11, tramo Villa Gesell – Mar Chiquita, trabajos que no afectarán a la circulación del turismo, por tratarse de la creación de una nueva calzada.

Con una inversión actual de más de 30 mil millones de pesos, se está ejecutando la repavimentación de la Ruta Provincial N°2, una obra que beneficiará a seis partidos bonaerenses. Las tareas se desarrollan en una longitud total de 146 kilómetros, y consisten en la repavimentación de ambas calzadas y banquinas, incluyendo retornos o vinculaciones entre las mismas; señalización horizontal, reconstrucción de barandas en el puente sobre el Río Samborombón, rehabilitación e iluminación.

El administrador de Vialidad, Hernán Y Zurieta, comentó: “Estamos interviniendo dos tramos muy transitados durante la temporada estival, por este motivo desde mediados de diciembre y hasta el fin de temporada no se realizarán trabajos en la calzada, con el propósito de dar fluidez al tránsito” y agregó “teniendo en cuenta que ejecutamos un 60 por ciento de la obras, vamos a dejar transitables los tramos ya intervenidos. Creemos que es fundamental garantizar que las y los turistas puedan viajar seguros y con la tranquilidad de que la ruta está en condiciones”.

Comienza la construcción de la Autovía 11, tramo Villa Gesell – Mar Chiquita

Con una inversión de más de 130 millones de dólares, financiadas parcialmente por el  Banco Interamericano de Desarrollo, la obra de construcción de la Autovía Ruta Provincial N° 11, comienza durante el mes de diciembre. El tramo a intervenir tiene una longitud de 72,4 km, comprendido entre las localidades de Villa Gesell y Mar Chiquita. Los trabajos no afectarán la calzada existente, ya que se trata de la construcción de una nueva vía que se ubicará mayormente sobre el margen noroeste, paralela y separada a 16 metros de la actual.

Esta nueva autovía, pertenece al conjunto de rutas que conforman el Sistema Vial Integrado del Atlántico, a desarrollar en los partidos de General Madariaga, Villa Gesell y Mar Chiquita. La obra a ejecutar consistirá en la construcción de una segunda calzada y en la repavimentación de la calzada existente. Además, se construirán banquinas pavimentadas en ambas calzadas, y la duplicación de 7 puentes sobre cursos hídricos permanentes y 54 alcantarillas.

Asimismo, la obra prevé la construcción de sistemas de retornos a nivel dispuestos a una distancia promedio de 3,5 km, situados convenientemente a fin de evitar largos recorridos de los propietarios frentistas. También incluye la remodelación de las intersecciones existentes en los accesos a Villa Gesell, Mar Azul y Mar de las Pampas, y la construcción de una nueva intersección rotacional en el acceso al Balneario Parque Mar Chiquita.

Los nuevos cuadros tarifarios en los peajes de la red vial nacional concesionada comenzaron a regir hoy, con un aumento que va del 50% al 66% en los corredores viales nacionales, que incluye el Acceso Riccheri, los accesos Norte y Oeste a la ciudad de Buenos Aires y el Corredor Vial N° 18.

Las nuevas tarifas se redondean a múltiplo de $ 50 para facilitar la gestión de cambio en vías de cobro, informó la Dirección Nacional de Vialidad.

Luego de que Vialidad Nacional efectuara la correspondiente evaluación técnica, la aprobación del nuevo esquema responde a que la última actualización tarifaria había sido realizada en mayo de 2023, por lo cual se buscó atender la variación de precios registrada en ciertos componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, a fin de garantizar el nivel de prestación de los servicios a las personas usuarias.

En consecuencia, las motocicletas (categoría 1) pasaron de pagar $ 100 a $ 150 mientras que los autos (categoría 2) de $ 150 a $ 250 (en horas no pico), y de $ 200 a $ 300 (en horas pico).

En el caso de los camiones de hasta dos ejes (categoría 3), la tarifa pasó de $ 300 a $ 400 (hora no pico) y de $ 400 a $ 600 (hora pico).

Los camiones de hasta cuatro ejes (categoría 5), que abonaban $ 450 (hora no pico) pasaron a pagar $ 750, y los que pagaban $ 600 (hora pico) abonan $ 900; en tanto los camiones de hasta seis ejes (categoría 6) de $ 600 y $ 800 pasaron a pagar a $ 1.000 y $ 1.200 respectivamente; y camiones de más de seis ejes (categoría 7) de $ 750 y $ 1.000 a $ 1.250 y $ 1.500.

El horario pico en estos accesos rige de lunes a viernes de 7 a 11 y de 16 a 20 (en ambos sentidos); y los sábados, domingos y feriados de 11 a 15 (en sentido hacia la provincia de Buenos Aires) y de 17 a 21 (en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires).

Estos aumentos también se aplicarán en todos los tramos de los corredores viales bajo jurisdicción nacional que poseen peajes con tarifas similares a los de los accesos metropolitanos: I (rutas 34 y 9), II (188), III (12 y 16), IV (8, 36 y A-005), V (19 y 34), VI (9, 193, 34, A-012 y A-008), VII (3, 205 y 226), VIII (7), IX (autopista Ezeiza Cañuelas, además de Riccheri), X (5) y el 18 (R12, 14, 135, A-015, 117 y 174). (Télam)

Muchos son los ciudadanos que, confiados de las posibilidades que ofrece la aplicación Mi Argentina, dejaron de circular con algunos documentos o papeles impresos de los vehículos.

No obstante, en el último tiempo hubo algunos inconvenientes con la App y en ciertas ocasiones no muestra las pólizas de seguros. De modo que, si en algún control rutero el automovilista es detenido y se confía en que llevaba todo de manera digital, es pasible de ser multado.

Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación indicaron que por un evento de seguridad informática que impactó en los recursos de la red interna de la SSN, “continuamos trabajando en el proceso de recuperación de los principales servicios tecnológicos del Organismo”.

Por ello, hasta tanto logren restaurarlo, recomendaron circular con la póliza impresa o digital descargada en el celular.  

Vale mencionar que, de acuerdo al régimen de contravenciones y sanciones por faltas cometidas a la Ley de Tránsito, circular sin portar el comprobante del seguro, será sancionado con una multa que va desde 30 U.F. hasta 100 U.F; mientras que hacerlo sin tener cobertura de seguro vigente, la multa irá desde 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

Las U.F son unidades fijas que equivalen al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial.

Actualmente, según lo informado por el Automóvil Club Argentino sede Ciudad de La Plata, y de acuerdo a lo publicado en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el valor de una unidad fija para el bimestre comprendido entre los meses de mayo y junio es de 256,80 pesos.

La Dirección de Vialidad bonaerense informó que hoy, mañana y el lunes próximo se restringirá la circulación de los vehículos de gran porte por la autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2 y otras cinco rutas bonaerenses, con el objetivo de facilitar el desplazamiento vehicular y prevenir siniestros de tránsito en rutas turísticas con motivo del fin de semana largo. 

La restricción de circular a camiones de 7 toneladas de porte alcanza a la Autovía 2, Rutas Provinciales 11, 36, 56, 63 y 74, y la Autopista Buenos Aires–La Plata, detalló el comunicado oficial.

En sentido a la Costa Atlántica, la restricción durante la presente jornada comenzó a las 18 y se extenderá hasta las 23.59; en tanto que este viernes se concretará de 6 a 14. El lunes, sentido a Ciudad de Buenos Aires la restricción regirá de 14 a 23.59.

En la Autovía 2, la restricción afectará desde el kilómetro 40,5 del ramal Buenos Aires–Mar del Plata de la Autopista Buenos Aires–La Plata hasta el kilómetro 400 (Camet); y en la Ruta provincial 11, desde intersección con Provincial 36 (Pipinas) hasta el kilómetro 537 (Chapadmalal).

En la Ruta Provincial 36 no podrán circular camiones de gran porte desde la rotonda de la Provincial 10 (prolongación Av. 66 de La Plata) hasta la intersección con Provincial 11 (Pipinas) y por la Ruta 56, desde su intersección con la Ruta Provincial 11 (General Conesa) hasta su intersección con la Ruta Provincia 74 (General Madariaga).

En la Ruta 63 la restricción operará desde el Distribuidor de Tránsito con Ruta Provincial 2 (Dolores) hasta Intersección con Ruta Provincial 11 (esquina de Crotto) y en la Ruta Provincial 74, desde su intersección con la Ruta Provincial 56 (Maipú) hasta su intersección con la Ruta Provincial 11 (Pinamar).

Excepciones 

Vialidad bonaerense precisó que quedan exceptuados de esta prohibición, los vehículos de transporte de leche cruda, sus productos derivados y envases asociados; transporte de animales vivos, de pescado y mariscos, de productos frutihortícolas; los vehículos de emergencias; el transporte exclusivo de prensa y unidades móviles de televisión; grúas/asistencia a vehículos averiados o accidentados; transporte de combustible, de medicinas o de residuos sólidos urbanos y/o patogénicos.

Se recomienda a los conductores circular con las luces bajas encendidas; con la VTV actualizada; respetar las velocidades máximas y mínimas; colocarse el cinturón de seguridad; no sobrepasar a otro vehículo con presencia de doble línea amarilla; y haber dormido y descansado antes de emprender un viaje y no beber alcohol.

Otro consejo que destacaron es que los niños menores de 12 años deben viajar en el asiento trasero correctamente sujetados.

La empresa pública Corredores Viales y el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires acordaron avanzar en la fiscalización en rutas nacionales que atraviesan el territorio bonaerense para reducir los siniestros viales. Las primeras líneas de acción serán fiscalización y comprobación automática de velocidad vehicular a través de radares fijos y móviles; controles de alcoholemia y de documentación, y controles preventivos al transporte de pasajeros y de carga. 

En un convenio de cooperación firmado por el presidente de Corredores Viales, Gonzalo Atanasof, y el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, se comprometieron a trabajar en la prevención, control, fiscalización y constatación de infracciones de tránsito exclusivamente en los corredores viales nacionales concesionados por la empresa pública y que atraviesan el territorio bonaerense. Se trata de las rutas 3, 5, 7, 8, 9, 188, 205, 226 y las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. 

“Para la empresa pública la seguridad vial es una política de Estado, así lo entendimos desde el primer día por pedido de Gabriel Katopodis. Hoy estamos fijando pautas de trabajo muy claras con el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, con el que ya venimos trabajando. Tenemos que reducir la cantidad de muertes en accidentes de tránsito, la principal causa de fallecimiento en jóvenes de entre 15 y 35 años. Es urgente generar acciones coordinadas unificando criterios y atacando los principales factores de riesgo vial: el exceso de velocidad, la distracción por el uso del celular y la conducción bajo el efecto de alcohol”, afirmó Atanasof. 

Entre los puntos acordados figuran desarrollar y aplicar en forma conjunta y coordinada políticas para contrarrestar y disminuir los índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito, priorizando medidas de educación, difusión y concientización, apoyadas en la fiscalización, comprobación y sanción de infracciones, en el marco de las normas que regulan la materia de tránsito y seguridad vial en la Provincia de Buenos Aires.

Rutas seguras

Por su parte, D’Onofrio destacó que “hoy firmamos un convenio muy importante para coordinar los esfuerzos entre las distintas agencias gubernamentales nacionales y provinciales. Vamos a trabajar fuertemente en lo que tiene que ver con seguridad vial, con radarización y con controles físicos en todas las rutas y, fundamentalmente, en lo que respecta a controles de cargas con la instalación de balanzas dinámicas y distintos operativos para controlar no sólo el sobrepeso que nos rompe las rutas sino también en un trabajo integrado con ARBA, AFIP y la CNRT a fin de que todas las agencias gubernamentales puedan hacer que las rutas sean seguras. Así que este es un gran día para la provincia de Buenos Aires”, resaltó el ministro provincial.

Instrumentos homologados

Además de campañas de concientización, a través del ministerio y/o los municipios, se realizarán “controles preventivos de velocidad mediante la utilización de instrumentos cinemómetros y otros equipos o sistemas automáticos o semiautomáticos o manuales, fotográficos o no, fijos o móviles, cuya información no pueda ser alterada manualmente”, especifica el convenio.

Todos los equipos, se aclara, deberán estar homologados, verificados y autorizados para su uso, respetando, sin excepción, los lineamientos establecidos en las leyes nacionales 24.449 y 26.363, en la Ley Provincial 13.927 y en su Decreto Reglamentario 532/09, de metrología legal vigentes y demás normativa nacional y provincial atinente. También se realizarán controles preventivos de alcoholemia y/o sustancias psicoactivas a los conductores.

Corredores Viales es una empresa pública cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y Vialidad Nacional. Administra 6 mil kilómetros de rutas en 13 provincias argentinas.