La doctora Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo local, abordó la transición hacia el sistema de telepase. Este mecanismo electrónico, que ha reemplazado progresivamente las cabinas de cobro manual de peajes en rutas nacionales y autopistas, busca simplificar el tránsito, aunque requiere que los usuarios se familiaricen con su funcionamiento técnico y administrativo.

En el marco del programa Plataforma Magazine, que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, la funcionaria explicó que el sistema opera mediante una oblea adhesiva que se coloca en el interior del parabrisas del vehículo. 

Para obtenerla, los interesados deben registrarse a través del sitio web oficial telepase.com.ar, donde deberán asociar un medio de pago, como una billetera virtual, tarjeta de crédito o débito. Una vez completado el registro, el usuario puede optar por recibir la oblea en su domicilio o retirarla en centros de instalación autorizados.

Lafourcade hizo hincapié en la importancia de respetar las normas de seguridad al atravesar las cabinas. "El dispositivo debe estar bien ubicado en el parabrisas y es fundamental avanzar únicamente cuando el semáforo en la cabina marca luz verde", señaló. 

Asimismo, recordó que la velocidad máxima permitida al pasar por el peaje es de 20 km/h y que se debe mantener una distancia de 20 metros respecto al vehículo precedente para asegurar que el sistema realice la lectura correctamente.

La defensora aclaró que el proceso de habilitación del servicio puede demorar hasta 72 horas desde el momento del registro. 

Además, destacó que existen centros específicos para la colocación de la oblea, los cuales tienen un costo de 8500 pesos, aunque el usuario también puede realizar la instalación por cuenta propia tras recibir el dispositivo por correo.

Un punto central de la entrevista fue la gratuidad del telepase para personas con discapacidad. Este trámite se gestiona a través de la plataforma Mi Argentina, donde es requisito indispensable tener asociado el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. 

Tras validar los datos, el usuario obtiene un código especial que le permite solicitar la oblea sin costo. La doctora Lafourcade advirtió que, en ocasiones, pueden surgir problemas de vinculación con este símbolo, situaciones en las que la Defensoría del Pueblo puede brindar asistencia técnica.

A pesar de la automatización, el sistema no está exento de fallas. Según la defensora, es frecuente que los usuarios detecten cobros duplicados o cargos por trayectos que no fueron realizados. 

"Siempre recomendamos controlar la página de telepase para verificar que los peajes cobrados coincidan con los recorridos efectuados", indicó Lafourcade. 

Ante estas irregularidades, el usuario debe utilizar el chatbot disponible en el sitio web o comunicarse directamente con la empresa concesionaria de la autopista correspondiente.

La funcionaria aseguró que, tras verificar mediante cámaras que el vehículo no transitó por el lugar, las empresas suelen proceder a la devolución del dinero al medio de pago asociado. 

En caso de no obtener respuestas satisfactorias, los vecinos pueden acercarse a la sede de la Defensoría del Pueblo local, ubicada en Maipú 253, de lunes a viernes, en el horario de 8 a 14. 

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley con el objetivo de que las concesiones de rutas no paguen impuestos de ninguna jurisdicción. Esta medida se enmarca en el proceso de privatización de los caminos viales dependientes de la Nación, que contempla inicialmente 6.000 kilómetros de rutas y prevé alcanzar los 12.000 kilómetros en los próximos meses.

El plan fue anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante el evento Vientos de Cambio, organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Al respecto, el funcionario sostuvo:

“Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”.

El objetivo de la administración del presidente Javier Milei es generar mayores incentivos para que el proceso de desarrollo sea más rápido y económico. Para que el beneficio impositivo alcance las cargas provinciales y municipales, el Ejecutivo deberá contar con el aval de los gobernadores e intendentes, quienes, según Caputo, coinciden en que la inversión en infraestructura es fundamental.

Esta estrategia surge en un contexto de reducción en los recursos destinados al sector. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad cayó al nivel más bajo en tres décadas. En conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el sector registró una reducción real del 70% entre 2023 y 2025.

El informe de la ACIJ detalla que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales disminuyeron un 60% en términos reales, pasando de 826 mil millones de pesos en 2023 a 333 mil millones en 2025. Asimismo, el gasto destinado a obras de construcción vial sufrió un recorte significativo, al pasar de 1.054 mil millones de pesos a 265 mil millones en el mismo periodo.

El mal estado de los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires volvió a quedar en el centro de la discusión, no solo por las dificultades que genera para la producción agropecuaria, sino también por su impacto sobre la seguridad vial, la conectividad y la vida cotidiana de las comunidades del interior.

Un relevamiento elaborado por el Observatorio de Datos Estratégicos contabilizó 15 siniestros viales con 19 víctimas fatales entre 2016 y agosto de 2026. La situación adquiere especial relevancia este año: durante 2026 ya fallecieron cinco personas, la cifra anual más alta de todo el período analizado.

De acuerdo con el informe, tres siniestros fatales registrados durante este año provocaron cinco muertes. El número supera los fallecimientos contabilizados individualmente en cada uno de los años anteriores, con excepción de 2016, cuando se habían registrado cuatro víctimas.

En cuanto a los vehículos involucrados en los episodios relevados, las camionetas concentran el 50 por ciento de la participación, mientras que los camiones y automóviles representan un 20 por ciento cada uno y las motocicletas completan el restante 10 por ciento.

El deterioro de la infraestructura aparece como uno de los principales puntos de preocupación. La provincia de Buenos Aires posee aproximadamente 120.000 kilómetros de caminos rurales, de los cuales alrededor de 70.000 kilómetros, equivalentes al 58 por ciento de la red, se encontraban en condiciones regulares o malas, según trabajos presentados por la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap).

“Los caminos rurales conectan establecimientos productivos, escuelas, tambos, parajes, talleres, plantas de acopio, lagunas y servicios de emergencia. Su función excede ampliamente el traslado de granos: son soporte territorial de la economía y de la vida cotidiana fuera de los centros urbanos”, sostuvo Pedro Perrota, presidente del Observatorio de Datos Estratégicos.

La problemática también tiene un fuerte impacto productivo. Por los caminos rurales bonaerenses circulan anualmente más de 45 millones de toneladas de granos, alrededor de 2.500 millones de litros de leche y más de nueve millones de cabezas de ganado.

A su vez, la red resulta indispensable para garantizar el acceso a establecimientos educativos y servicios esenciales. El relevamiento calcula que existen entre 3.000 y 3.200 establecimientos educativos ubicados en ámbitos rurales, de los cuales aproximadamente 2.500 dependen directamente de caminos no pavimentados.

La Provincia cuenta además con unos 1.739 tambos operativos, cuya actividad requiere una logística permanente y puede verse seriamente afectada cuando las condiciones de los caminos dificultan o directamente impiden la circulación.

“El estado de estos caminos no representa únicamente una dificultad para el sector agropecuario. También condiciona la conectividad, los servicios esenciales y la vida cotidiana de las comunidades rurales”, remarcaron desde el Observatorio.

En medio de este escenario, la preocupación se incrementa ante las perspectivas climáticas para los próximos meses. El presidente de Carbap, Pablo Ginestet, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la llegada del Súper Niño, especialmente sobre una red vial que ya presenta importantes dificultades.

El dirigente rural cuestionó además la respuesta de las administraciones comunales y aseguró que los municipios “hicieron poco y nada” por los caminos rurales.

La situación viene generando cruces entre entidades agropecuarias y gobiernos municipales respecto de quién debe administrar los recursos y cómo debe realizarse el mantenimiento de los caminos. Con la posibilidad de un período marcado por lluvias intensas, el estado de la red rural vuelve así a quedar bajo la lupa, tanto por sus consecuencias económicas como por los riesgos que representa para quienes la utilizan diariamente.

El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de la concesión de ocho tramos de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La medida fue establecida mediante la Resolución 1379/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

La resolución aprueba lo actuado en la segunda etapa de la licitación pública para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de las rutas bajo el régimen de concesión por peaje por un plazo de 20 años. Los corredores concesionados suman más de 3.900 kilómetros y completan un total superior a los 9.000 kilómetros adjudicados en distintos tramos.

Las rutas incluidas en esta etapa atraviesan las provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. Durante el proceso, la Comisión Evaluadora declaró inadmisible la propuesta del consorcio integrado por Lemiro Pablo Pietroboni S.A., Merco Vial S.A. y Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. Asimismo, se desestimaron otras ofertas, entre ellas la de la firma CPC S.A., que había pujado por la totalidad de los tramos.

Para fomentar la competencia, se aplicó el régimen de incompatibilidades previsto en los pliegos generales, el cual limita la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse. Esta adjudicación se enmarca en la Ley Bases, que declaró a la empresa Corredores Viales como sujeta a privatización, y en el Decreto 97/2025, que autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión de obra pública.

El objetivo del Ejecutivo es delegar en el sector privado la gestión de estos nodos viales para atender las crecientes quejas por el estado de las rutas, buscando mejorar el mantenimiento, la seguridad y permitir la ampliación de la infraestructura junto con explotaciones complementarias.

Los diputados nacionales de la Unión Cívica Radical por la provincia de Mendoza, Pamela Verasay y Lisandro Nieri, presentaron un proyecto de ley que tiene como objetivo central reformar el Código Penal. La iniciativa busca elevar las condenas por homicidios y lesiones al volante, crear un delito específico de conducción con alcoholemia e impedir que las causas prescriban durante las instancias de apelación.

Actualmente, manejar bajo los efectos del alcohol no constituye un delito y se sanciona únicamente mediante una multa de tránsito. Ante esta situación, la propuesta del radicalismo, que recoge la demanda de familiares de víctimas, pretende castigar la conducta antes de que derive en una tragedia.

“Procuramos que el derecho penal pueda intervenir antes de que el riesgo creado por una conducción altamente peligrosa se transforme en una tragedia. Al mismo tiempo, los umbrales previstos permiten mantener diferenciada la infracción administrativa de aquella conducta que, por la entidad del riesgo, merece una respuesta penal concreta”, explicó la presidente del Bloque de Diputados de la UCR, Pamela Verasay.

El proyecto también apunta a modificar la normativa vigente que permite que, en ciertos casos, quienes provocan muertes al volante reciban condenas condicionales. La propuesta obliga al cumplimiento efectivo de cárcel y aumenta los plazos de inhabilitación para conducir.

“De esta manera, actualizamos las penas para que las condenas reflejen la gravedad de los hechos y que no sea un delito fácilmente excarcelable. En pocas palabras, queremos que el Código Penal refleje la gravedad de manejar borracho, de fugarse sin atender a la víctima, de violar las velocidades máximas”, añadió Verasay.

Finalmente, la iniciativa busca terminar con la prescripción de causas durante los procesos de apelación. Según los autores, se propone que la sentencia que confirma la condena interrumpa dicho plazo, evitando que el caso concluya mientras se encuentra bajo revisión judicial.

“No resulta razonable que el tiempo que demanda el control judicial de una sentencia condenatoria pueda consumir íntegramente el plazo de prescripción mientras esa condena continúa sometida a revisión por tribunales superiores”, concluyó la diputada.

Un error en el sistema de procesamiento de pagos electrónicos impactó a usuarios de Telepase en la autopista Ricchieri, en el Corredor Sur, el pasado 14 de agosto, entre las 10.00 y las 18.00. Durante ese período, quienes atravesaron el peaje con el sistema vinculado a Mercado Pago recibieron cargos de hasta $155.802 por un trayecto cuyo valor habitual es de $1548 fuera de horario pico.

El incidente afectó a personas que utilizan medios electrónicos automáticos para abonar el peaje y generó preocupación por la magnitud del monto cobrado. La falla, que multiplicó por cien el valor real del servicio, fue detectada tanto por alertas automáticas de consumo como por la revisión mensual de resúmenes bancarios.

La empresa responsable del cobro identificó el inconveniente y resolvió la situación. Sin embargo, persiste la recomendación para quienes hayan utilizado Telepase vinculado a Mercado Pago en la franja horaria señalada: revisar los consumos bancarios y realizar el reclamo correspondiente si se detecta un cobro indebido.

Este caso evidenció la importancia de monitorear los movimientos de manera constante, dado que la automatización puede facilitar errores de gran impacto en la economía personal. En situaciones donde el error de procesamiento multiplica por cien el valor real, el impacto puede ser considerable, en particular para quienes manejan presupuestos ajustados.

Se recomienda a los usuarios activar notificaciones automáticas de consumos en tarjetas y establecer alertas para gastos superiores a determinados montos. Estas herramientas ayudan a detectar rápidamente cualquier anomalía y facilitan el reclamo ante la entidad correspondiente, reforzando la necesidad de un chequeo permanente de los movimientos bancarios ante el uso de sistemas automáticos.

Durante junio de 2026 se registraron 49 víctimas fatales como consecuencia de siniestros viales ocurridos en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con datos no oficiales relevados por el Observatorio de Datos Estratégicos. El informe indica que el promedio mensual fue de 1,6 personas fallecidas por día.

Del total de víctimas, 38 eran hombres (77,5%) y 11 mujeres (22,5%), una distribución que mantiene la tendencia observada tanto en la provincia como a nivel nacional, donde los hombres representan aproximadamente tres de cada cuatro fallecidos en hechos de tránsito.

En cuanto al tipo de usuario vial, 25 víctimas (51,1%) viajaban en automóvil al momento del siniestro, mientras que 16 eran motociclistas (32,6%) y 8 peatones (16,3%). Si bien los ocupantes de vehículos particulares concentraron la mayor cantidad de muertes, el informe advierte que la elevada participación de motociclistas continúa siendo motivo de preocupación por su mayor exposición y vulnerabilidad.

La distribución horaria de los siniestros muestra una mayor concentración de víctimas durante las franjas de menor luminosidad. La noche fue el período con más fallecidos, con 13 casos (26,5%), seguida por la tarde, con 12 víctimas (24,4%); la mañana, con 11 (22,4%); la franja noche-madrugada, con 9 (18,3%); y el período tarde-noche, con 4 fallecidos (8,1%).

De acuerdo con el relevamiento, más de la mitad de las muertes ocurrió entre la tarde y la madrugada, un lapso en el que suelen confluir factores de riesgo como la menor visibilidad, velocidades elevadas, fatiga de los conductores y un mayor movimiento vinculado a actividades recreativas.

El análisis por días de la semana también reflejó una mayor siniestralidad durante los fines de semana. Tanto sábado como domingo registraron 10 víctimas fatales cada uno, lo que representa el 40,8% del total mensual.

Los lunes contabilizaron 9 fallecidos, mientras que martes y viernes sumaron 6 cada uno. Los jueves registraron 5 víctimas y los miércoles presentaron el menor número de casos, con 3.

Según el informe, esta concentración durante los fines de semana responde a un comportamiento que se repite en distintos estudios de seguridad vial, asociado al incremento de viajes turísticos, actividades recreativas y desplazamientos de media y larga distancia.

El relevamiento también señala que 32 de las 49 víctimas fatales (65,3%) murieron en rutas nacionales, rutas provinciales, autopistas, accesos y caminos principales, mientras que las 17 restantes (34,7%) fallecieron en calles y avenidas urbanas.

En total se registraron 25 siniestros viales en corredores principales: 13 ocurrieron en rutas nacionales, donde murieron 15 personas, y otros 12 en rutas provinciales, con un saldo de 17 víctimas fatales.

Las víctimas se distribuyeron en numerosas localidades bonaerenses. Los mayores registros correspondieron a Isla Talavera, en el sector bonaerense del Delta, y Mar del Plata, con cuatro fallecidos cada una.

En segundo lugar se ubicaron Baradero y La Plata, con tres víctimas fatales por ciudad.

Con dos fallecidos aparecieron General Madariaga, Mercedes, Ramallo, Necochea y Pilar, mientras que el resto de las muertes se repartió entre más de veinte municipios, entre ellos Berazategui, Esteban Echeverría, Coronel Dorrego, Coronel Rosales, Campana y Ezeiza.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó este martes a la polémica por el estado de las rutas nacionales y el destino de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles, que por ley deben financiar obras de infraestructura vial.

Durante la puesta en valor de las oficinas de la empresa estatal Aubasa en el Polo Design, el mandatario provincial apuntó directamente contra el Gobierno de Javier Milei y afirmó que los fondos específicos para el mantenimiento de las rutas no están siendo utilizados con ese fin.

"Cuando cada trabajador carga combustible está contribuyendo a un fondo con asignación específica para mantener y expandir la red vial argentina. El problema es que Milei se está robando todos esos recursos", sostuvo Kicillof.

En esa línea, remarcó que "el estado de las rutas nacionales es de un abandono sin precedentes" y aseguró que "no se ejecutó una sola obra", lo que, según dijo, pone en riesgo a quienes transitan por esos caminos.

Las declaraciones del gobernador llegaron luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitara precisar el destino de los cerca de $1,5 billones recaudados a través del impuesto a los combustibles, recursos que deberían destinarse a obras viales.

Consultado en conferencia de prensa, Ravier sostuvo que parte de esos fondos se asigna a Vialidad Nacional, mientras que otra porción queda a disposición del Ministerio de Economía para contribuir al objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal. Sin embargo, no brindó detalles sobre los montos involucrados.

El funcionario nacional aseguró que el Gobierno realiza tareas de bacheo, corte de pasto y señalización, y sostuvo que el debate sobre las rutas debe entenderse dentro de un "cambio de paradigma" respecto de la administración anterior.

La controversia había sido instalada el lunes por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien cuestionó que el Ejecutivo nacional recaude el impuesto específico mientras, según afirmó, "en las rutas hay abandono y desidia".

Katopodis también sostuvo que la Nación retuvo recursos que, por su destino legal, deberían utilizarse para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional.

En ese contexto, el gobernador aprovechó la inauguración del nuevo centro de operaciones de Aubasa, ubicado en las inmediaciones del peaje de Hudson y equipado con tecnología de última generación, para contrastar la política vial bonaerense con la nacional.

"Como contraste, en la Provincia potenciamos la gestión de Aubasa y llevamos adelante un plan integral de obras estratégicas nunca antes visto", afirmó.

Además, ratificó la postura de su administración en favor de la inversión estatal en infraestructura y concluyó: "Estamos convencidos de que la obra pública es un instrumento indispensable para el bienestar de los bonaerenses y el desarrollo de todo el país".

El Paso Internacional Cristo Redentor rompió un récord este lunes ya que permanece cerrado desde hace 27 días como consecuencia de las intensas nevadas, mientras que continúan varados unos dos mil camiones y la pérdida económica es alarmante.

La clausura provisoria del paso principal entre la Argentina y Chile superó la estadística de 2023, cuando se registraron 26 días de inhabilitación durante el invierno de ese año.

La Comisión Nacional de Fronteras informó en las últimas horas que el tránsito internacional en ese paso terrestre seguirá cerrado de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas extremas y desfavorables, “aún con nevadas y fuerte viento”.

En este sentido, las autoridades les recomendaron a los conductores planificar sus viajes y no circular por la zona, mientras que indicaron que “las vialidades de ambos países realizaron arduos trabajos y esfuerzos, con despejes de rutas y dotaciones que hacen posible el funcionamiento” de los complejos aduaneros.

Asimismo, la Coordinación del Centro de Frontera Sistema Cristo Redentor advirtió que el cierre podría extenderse ya que el 17 de agosto se prevé la llegada de un nuevo temporal.

Según la estimación de algunos medios mendocinos, la pérdida económica diaria es de 600 dólares, por lo que si se multiplica ese monto por los dos mil camiones varados, ese valor asciende a los 1,2 millones de dólares.

El cierre se mantiene desde el 14 de julio y las ráfagas de viento oscilan entre los 100 y los 160 kilómetros por hora.

El paso fronterizo resulta clave para el traslado de cargas en dirección a los puertos del Pacífico y conecta el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso. NA

Un intenso temporal de nieve en la cordillera de Los Andes ha provocado el cierre de más de 15 cruces internacionales, afectando gravemente a las provincias de Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro. La situación ha dejado a cientos de camioneros atrapados en las rutas, a la espera de que las condiciones climáticas permitan la reapertura del tránsito.

El Ministerio de Seguridad confirmó que entre los pasos inhabilitados se encuentran Jama, Socompa, San Francisco, Pircas Negras, Pascua Lama, Cristo Redentor y Pehuenche. En el paso de Pino Hachado, la acumulación de nieve y el congelamiento de la ruta 242 han generado un cuello de botella donde permanecen más de 1.500 vehículos.

Luis Hermosilla, uno de los transportistas varados en Añelo, relató la complejidad de la espera junto a colegas de Chile, Brasil y Uruguay:

“Nos para la policía y nos devuelve a una estación de servicio. Dormimos acá en el camión, ocupamos nuestras cajas de cocina para poder cocinar”.

El chofer explicó que la falta de infraestructura adecuada obliga a muchos a permanecer en sus vehículos sin servicios básicos. Por su parte, el Escuadrón 31 ‘Las Lajas’ de Gendarmería Nacional activó el protocolo de emergencia de alta montaña, brindando asistencia con cocinas de campaña y distribución de alimentos. No obstante, la incertidumbre persiste entre los trabajadores.

“No hay información segura de que el paso se va a abrir en algún momento”.

El impacto económico es significativo, ya que muchos conductores cobran por viaje realizado y no reciben compensación por los días de demora. Además, deben afrontar gastos adicionales en combustible para mantener la cadena de frío de las cargas. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad continúan con las tareas de despeje mientras mantienen retenes activos en zonas como Cutral Có, Zapala y Las Lajas, donde se concentran 280 vehículos.

El Gobierno nacional aprobó la precalificación de los oferentes para la tercera etapa de privatización de rutas nacionales, según lo establecido en la Resolución 1024/2026 publicada en el Boletín Oficial. Tras evaluar las propuestas, el Ministerio de Economía confirmó que 22 empresas continúan en carrera para adjudicarse la denominada Red Federal de Concesiones - Etapa III, bajo el régimen de concesión de obra pública por peaje.

Este proceso forma parte del plan para privatizar la empresa estatal Corredores Viales, con el objetivo de concesionar más de 9.000 kilómetros en todo el país. Esta tercera instancia abarca más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en ocho tramos: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco - Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico.

La cartera encabezada por el ministro Luis Caputo detalló que se recibieron 50 ofertas por parte de los 22 participantes. Entre las empresas precalificadas se destacan firmas como CPC, la unión transitoria de empresas (UTE) de José Chediack y Benito Roggio e Hijos, y Panedile Argentina.

Por otro lado, la Comisión Evaluadora desestimó las ofertas presentadas por el consorcio integrado por Compacto S.A., Edmacar Constructora Vial S.A. y Tolcon S.A. para los tramos Centro y Cuyo, al considerar que no cumplían con los requisitos económico-financieros exigidos en los pliegos. Ante la impugnación presentada por este grupo, el Ministerio de Economía rechazó el planteo argumentando que admitir documentos presentados fuera de término alteraría el principio de igualdad entre los participantes.

La apertura del Sobre N° 2, que contiene las propuestas técnicas y económicas definitivas, se llevará a cabo este miércoles 22 de julio a las 09:00 horas a través del portal oficial CONTRAT.AR. Con esta medida, el Ejecutivo busca que los concesionarios privados asuman la construcción, explotación, administración y mantenimiento de los corredores viales.

Las nevadas registradas en distintos puntos del país y los pronósticos que anticipan nuevas precipitaciones llevaron a organismos provinciales a reforzar las advertencias para quienes deban circular por rutas argentinas durante las vacaciones de invierno. En este contexto, Mendoza y Chubut emitieron recomendaciones especiales para los conductores, mientras especialistas en seguridad vial recordaron los cuidados necesarios para transitar sobre nieve y hielo.

En Chubut, la Subsecretaría de Protección Ciudadana solicitó extremar las precauciones debido a la presencia de nieve en distintos tramos de las rutas nacionales. Según el último parte, la Ruta Nacional 25, entre Paso de Indios y Tecka, y sectores de la Ruta Nacional 40 presentan acumulación de nieve sobre la calzada. Asimismo, las rutas provinciales de la Meseta permanecen habilitadas únicamente para vehículos 4x4, ya que las condiciones del camino combinan barro y nieve, lo que reduce considerablemente la adherencia.

Por su parte, el gobierno de Mendoza, a través de Defensa Civil, difundió medidas preventivas para quienes deban viajar por la cordillera. El organismo recomendó consultar diariamente el estado de las rutas antes de salir, dado que las condiciones climáticas pueden modificarse rápidamente. Entre las sugerencias, se destaca circular con el tanque de combustible lleno, llevar abrigo adicional, alimentos energéticos, agua, bebidas calientes y un kit básico con linterna, cables para batería, pala pequeña, soga y elementos para remolque.

Las autoridades y especialistas en seguridad vial coinciden en una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de accidentes. Uno de los elementos fundamentales son las cadenas para nieve, las cuales se recomienda utilizar cuando la acumulación sobre la calzada supera los 10 centímetros o cuando así lo exigen las autoridades. En vehículos con tracción delantera deben colocarse en las ruedas delanteras, mientras que en los de tracción trasera corresponden al eje posterior.

Otro riesgo invernal es el hielo negro, una fina capa de hielo invisible que se forma en sectores de sombra, puentes y curvas. Ante esto, se aconseja reducir la velocidad, evitar movimientos bruscos del volante y utilizar el freno motor. En caso de quedar varado, se recomienda permanecer dentro del vehículo, verificar que el caño de escape no esté obstruido por la nieve para evitar el ingreso de monóxido de carbono y, si se espera un rescate aéreo, retirar la nieve del techo y utilizar elementos de colores llamativos para facilitar la localización.

Con el inicio de la temporada invernal y el consecuente incremento del tránsito hacia destinos turísticos de montaña, nieve, termas y costa, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha el pasado miércoles un operativo especial de fiscalización en los principales corredores viales del país.

La iniciativa se extenderá hasta el 5 de agosto y contempla la instalación de controles en 21 puntos estratégicos distribuidos en 19 provincias. El objetivo es reforzar la prevención y detección de conductas de riesgo al volante durante un período de alta circulación vehicular.

Los operativos incluirán controles de alcoholemia, velocidad, documentación obligatoria, uso del cinturón de seguridad y de Sistemas de Retención Infantil (SRI), además de la fiscalización de maniobras peligrosas, como los sobrepasos indebidos en doble línea amarilla. Asimismo, se verificará el uso de cadenas para nieve en aquellos casos en que las condiciones climáticas lo requieran.

El dispositivo de control combinará puestos fijos y móviles, con apoyo de tecnología aplicada a la fiscalización. En este sentido, la ANSV incorporará el uso de drones para reforzar la detección de infracciones desde el aire, mientras que la rotación de los puntos de control buscará evitar su anticipación por parte de los conductores a través de redes sociales o aplicaciones.

Los operativos se desarrollarán en coordinación con fuerzas provinciales y municipales. Además, en determinados puntos estratégicos se trabajará de manera conjunta con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), lo que permitirá controles simultáneos sobre vehículos particulares y transporte de pasajeros.

Para el despliegue, se afectarán agentes, patrullas, motocicletas, alcoholímetros y alómetros, distribuidos en los principales corredores turísticos del país durante toda la temporada invernal. Según se informó, la estrategia combina presencia territorial, controles dinámicos y herramientas tecnológicas con el objetivo de fortalecer la fiscalización en ruta y reducir la siniestralidad vial.

- Vigencia: 1 de julio al 5 de agosto

- Cobertura: 19 provincias

- Modalidad: controles fijos y dinámicos

- Tecnología: uso de drones para fiscalización aérea

- Documentación vehicular obligatoria

- Alcoholemia

- Velocidad

- Uso de cadenas para nieve

- Uso de cinturón de seguridad y SRI

- Maniobras peligrosas en ruta

El Gobierno nacional rechazó este lunes el recurso presentado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (Aubasa) para suspender la licitación de distintos corredores viales nacionales, entre ellos la Ruta Nacional 226, una de las principales vías de comunicación para Tandil y la región.

La decisión fue oficializada mediante el Decreto 411/26, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, y permite que continúe el proceso de concesión de las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas.

La resolución ratifica el camino adoptado por la administración libertaria a mediados de mayo, cuando adjudicó nuevas concesiones viales y dejó afuera a Aubasa, la empresa controlada por el Gobierno bonaerense que había manifestado su interés en operar esos corredores.

Desde la Nación sostuvieron que la exclusión de la firma provincial respondió a “cuestiones técnicas y objetivas derivadas del incumplimiento de requisitos esenciales establecidos en el pliego que rige la licitación”, argumento que fue reiterado al momento de rechazar el recurso administrativo presentado por la compañía.

Con esta medida, el Ejecutivo nacional dio por concluida la instancia administrativa del reclamo, por lo que el proceso licitatorio podrá seguir adelante sin modificaciones.

La decisión tiene especial relevancia para Tandil debido a que la Ruta 226 constituye uno de los principales corredores productivos y turísticos del centro de la provincia de Buenos Aires. La traza conecta a la ciudad con destinos estratégicos como Mar del Plata, Balcarce, Azul y Olavarría, además de ser una vía clave para el transporte de mercaderías y la circulación de miles de vehículos cada día.

A pesar del revés administrativo, Aubasa todavía conserva la posibilidad de acudir a la Justicia para intentar revertir la decisión del Gobierno nacional. De hecho, semanas atrás el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había anticipado una posible ofensiva judicial al considerar que la gestión nacional busca excluir a la empresa estatal de licitaciones consideradas estratégicas para el sistema vial.

Mientras tanto, el proceso de concesión de la Ruta 226 y del resto de los corredores incluidos continuará su curso, en una definición que vuelve a poner en evidencia las diferencias entre la administración nacional y el Gobierno bonaerense en torno al manejo de la infraestructura vial.

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para la concesión de ocho tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El proceso contempla una extensión superior a los 3.900 kilómetros y una inversión que será ejecutada por empresas privadas.

El ministro Luis Caputo confirmó la participación de 20 oferentes para los corredores, los cuales se encuentran distribuidos en regiones clave para el transporte y la producción nacional. Al respecto, el funcionario señaló:

Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 Km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos.

La iniciativa abarca tramos en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones y Mendoza. Según informaron desde la cartera económica, el modelo busca eliminar los subsidios estatales y transferir la gestión y el mantenimiento al sector privado.

Entre los corredores licitados se encuentran el Tramo Centro (681,92 kilómetros), que vincula zonas productivas entre Córdoba y Santa Fe; el Tramo Noroeste (596,52 kilómetros) que conecta provincias del norte; y el Tramo Cuyo (329,09 kilómetros), vital para el acceso a pasos internacionales hacia Chile. Otros trayectos incluyen los tramos Chaco – Santa Fe, Litoral, Mesopotámico y Noreste, los cuales facilitan la integración logística y el flujo de mercancías entre diversas regiones del país.

El Gobierno nacional avanzó con la adjudicación de nuevas concesiones viales sobre rutas nacionales que atraviesan la provincia de Buenos Aires, en una decisión que profundizó la controversia con la administración del gobernador Axel Kicillof por la exclusión de AUBASA del proceso licitatorio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 706/2026 del Ministerio de Economía de la Nación, que aprobó la segunda etapa de la licitación denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II”. El esquema contempla tareas de construcción, mantenimiento, ampliación, explotación y administración de rutas nacionales por un período de 20 años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la adjudicación a través de sus redes sociales. “Hoy firmé la resolución de adjudicación de los tramos que integran la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones”, señaló. Además, precisó que el Tramo Pampa comprende la Ruta Nacional 5 hasta su empalme con la Ruta Nacional 35, mientras que el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur incluye las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery, junto con las rutas nacionales 3, 205 y 226.

El Tramo Pampa fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., que presentó una tarifa base de peaje de $2.355,37 más IVA. En tanto, el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos de la unión transitoria conformada por Concret-Nor, Marcalba, Pose y Coarco, con una tarifa ofertada de $997 más IVA, considerada la propuesta económica más conveniente.

De acuerdo con la resolución oficial, las empresas adjudicatarias no solo deberán garantizar el mantenimiento y la conservación de los corredores viales, sino también ejecutar nuevas obras, prestar servicios a los usuarios y desarrollar explotaciones complementarias para generar ingresos adicionales.

La definición del Gobierno nacional se produjo luego de que AUBASA, la empresa vial de la provincia de Buenos Aires, intentara participar de la licitación con el objetivo de asumir la gestión de algunos de los corredores, una tarea que actualmente desarrolla en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en la Autovía 2.

Sin embargo, el Ministerio de Economía recomendó desestimar la oferta de la compañía provincial al considerar que no cumplía con los requisitos técnicos exigidos en los pliegos.

La administración bonaerense presentó una impugnación formal contra esa decisión. Desde el Ministerio de Infraestructura provincial sostuvieron que la Nación modificó las condiciones de la licitación durante el proceso con el propósito de dejar afuera a AUBASA, favorecer a empresas privadas y limitar la participación del Estado provincial en un negocio considerado estratégico.

Pese al planteo de la Provincia, el reclamo fue rechazado y el Gobierno de Javier Milei avanzó con la adjudicación definitiva de los corredores viales.

La administración nacional llevó adelante la apertura de sobres correspondiente a la licitación de los tramos que integran la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. Este proceso, que se basa en un modelo de inversión 100% privada, contó con la presentación de 17 oferentes interesados en la gestión de más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales.

El anuncio fue liderado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien detalló que la convocatoria abarca corredores estratégicos situados en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y San Luis. El objetivo primordial de este esquema es optimizar la conectividad y reforzar la seguridad vial en trayectos claves para la logística, el comercio y el turismo nacional.

Según la información oficial brindada por el Ministerio de Economía, la Etapa II-B se divide en cuatro segmentos principales:

El ministro Luis Caputo remarcó que el proceso se ejecuta sin subsidios estatales, reemplazando el gasto público por capitales privados para alcanzar una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Al respecto, el funcionario manifestó:

“Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”

Durante su intervención, el titular de la cartera económica vinculó estas obras con un repunte en la actividad. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector de la construcción registró un crecimiento interanual del 12,7% en marzo. Luis Caputo proyectó que los mejores 18 meses para la economía comenzarán entre mayo y junio.

“Si pensamos en la construcción, para junio o julio ya van a estar en obra los 9.000 kilómetros de corredores viales, eso le va a dar un impulso más. También vamos a estar empezando el proceso de licitación para otros 12.000 kilómetros de rutas nacionales”

Asimismo, el ministro destacó que se están entregando rutas nacionales a las provincias para que inicien obras con financiamiento propio o créditos de organismos como el Banco Mundial, el BID y la CAF. Según su visión, esto permitirá ganar productividad en términos de logística.

No obstante, desde el ámbito privado surgieron matices sobre el impacto de estas medidas. Una fuente del sector consultada por Infobae advirtió que las concesiones viales inciden sobre el 30% de la obra pública, mientras que el 70% restante de la actividad sectorial corresponde a la obra privada.

El Gobierno nacional oficializó la prórroga de la concesión de la Ruta Nacional N°7 a favor de la provincia de San Luis. A través del Decreto N°253/2026, publicado este viernes, se delegó la competencia sobre el corredor vial para garantizar la inversión en infraestructura y el mantenimiento de la traza, en un contexto de negociaciones políticas con diversos mandatarios provinciales.

La medida se concretó luego de las gestiones realizadas el pasado seis de abril por el gobernador Claudio Poggi ante el ministro del Interior, Diego Santilli. El pedido central consistía en extender el plazo de explotación de la Autopista de las Serranías Puntanas, el tramo que une el límite con Córdoba y la frontera con Mendoza, actualmente bajo administración de la provincia de San Luis tras la transformación de la antigua traza en autopista.

La extensión del contrato permitirá gestionar los recursos necesarios para la puesta en valor integral de la ruta. Según los fundamentos de la normativa, la magnitud de las obras de refacción requiere plazos de amortización amplios, los cuales se garantizan mediante el cobro de peajes. No obstante, se aclaró que la traza continúa bajo jurisdicción nacional y no representa una transferencia de dominio.

En paralelo a estas definiciones de gestión, el escenario político nacional se mantiene activo. Trascendió que el gobierno nacional ofreció al gobernador Maximiliano Pullaro el apoyo con candidatos de baja intensidad en su distrito a cambio de su respaldo para la eliminación de las PASO.

En los próximos días, la Dirección Nacional de Vialidad y las autoridades puntanas iniciarán las conversaciones técnicas para establecer las condiciones definitivas de los nuevos convenios de explotación que impactarán en el desarrollo económico, territorial y social de la región.

El Gobierno nacional habilitó a nueve provincias a concesionar tramos de rutas nacionales emplazados en sus respectivos territorios mediante el sistema de obra pública por peaje. A pesar de esta delegación, el Estado nacional mantendrá la titularidad del dominio y la jurisdicción federal sobre los caminos involucrados.

La decisión quedó establecida a través del Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial. El documento lleva las firmas de Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Según el artículo primero de la normativa, las jurisdicciones alcanzadas son Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.

El texto oficial aclara que la delegación tendrá un carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”. En este sentido, se subraya que la medida no implica la cesión del dominio público ni la transferencia de la jurisdicción federal sobre los tramos viales, los cuales permanecerán bajo la exclusiva titularidad del Estado nacional.

Para hacer efectiva esta herramienta, las provincias deberán suscribir convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En dichos acuerdos se deberán individualizar los tramos a concesionar, el plazo de la delegación, el régimen de supervisión y la obligación de mantener indemne al Estado nacional frente a posibles reclamos. Estos convenios requerirán la aprobación de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, y las concesiones resultantes no podrán superar los 30 años de duración.

En cuanto al financiamiento, el decreto establece que los fondos obtenidos por la explotación de los peajes no podrán ser afectados a la construcción o conservación de otros tramos ajenos a la concesión otorgada. Asimismo, se determinó que si las provincias no convocan a la licitación dentro del plazo de un año desde la aprobación del convenio, la delegación quedará sin efecto de manera automática.

Finalmente, la normativa invita a las jurisdicciones que no fueron incluidas originalmente a solicitar su incorporación ante el Ministerio del Interior, con el objetivo de asumir la administración, reparación o mantenimiento de las rutas que atraviesan sus territorios en el marco del fortalecimiento del régimen federal.

En Tandil se replicó en las últimas horas a la medida de fuerza que vienen sosteniendo transportistas rurales en diferentes provincias del país. El reclamo, que ya cumple diez días de protesta, tiene como epicentro la demanda de una actualización en la tarifa del kilómetro de viaje. Los trabajadores del volante advirtieron que la rentabilidad del sector se ha visto pulverizada por los constantes incrementos en los costos operativos, con especial énfasis en el precio del combustible.

“Nos están pagando la tarifa atrasada. Y el gasoil sube a cada rato y no dan los números como para viajar”, sentenció Rubén, uno de los transportistas movilizados en los puntos de acceso a la ciudad, en diálogo con el ciclo radial La Mañana, de El Eco Multimedios. El trabajador  reflejó el malestar generalizado que atraviesa a los prestadores del servicio de carga de cereales y otros productos agropecuarios. En concreto, los camioneros movilizados en Tandil contaron que pertenecen a la delegación Necochea de Atcade, la Asociación de Transportistas de Cereales y Afines por sus Derechos.

La movilización en el partido se hizo visible en puntos estratégicos para la logística regional. Los transportistas se concentraron en el cruce de la Ruta 74 y la entrada a María Ignacia Vela, como así también en el paraje La Vasconia, en la intersección de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 74. En estos lugares, los camiones permanecen a la vera del camino como señal de protesta ante lo que consideran una situación económica asfixiante.

El núcleo del conflicto radica en la brecha existente entre los ofrecimientos cámaras de acopiadores y las necesidades reales de los transportistas. Según explicaron los manifestantes, la pretensión es lograr un 40 por ciento de aumento para equilibrar las cuentas, una cifra que dista significativamente de las propuestas recibidas hasta el momento en las mesas de negociación.

Al respecto, Rubén detalló la infructuosa marcha de las tratativas: “Nos ofrecieron un 14 por ciento y nosotros la queríamos llevar a un 40 por ciento. Y después nos querían arreglar con un 25 por ciento, pero es muy poco todavía, muy poco”. Para los transportistas, aceptar un incremento menor no soluciona el problema de fondo, ya que cualquier ajuste es rápidamente absorbido por las subas en el surtidor. “Ellos te pagan un 25 por ciento y después te suben el gasoil a los tres o cuatro días y es lo mismo que nada”, lamentaron.

La situación, plantearon, se agrava al considerar que muchos de los servicios se están liquidando con valores que no han sido actualizados desde finales del año pasado. “Está bajísimo porque están pagando la tarifa de diciembre”, denunció el transportista, remarcando que “después cuando vos hacés los viajes los números no te dan, quedan muy bajos los números”.

Los transportistas aclararon que el foco principal de la protesta está puesto en el traslado de granos. “Hoy por hoy lo que se está afectando más es el cereal, porque después todo lo otro está circulando”, explicaron desde los puntos de concentración. Esta decisión busca visibilizar el reclamo ante los dadores de carga específicos del agro sin bloquear de manera total el tránsito de otros insumos esenciales.

En cuanto a la modalidad de la protesta en la zona de María Ignacia Vela, se destacó que existe un respeto por la decisión individual de cada trabajador, aunque se lamenta la falta de una adhesión total. “En el Cruce de Vela vamos a estar hoy, firmes. Pero también aprovecho a decir que en Vela somos como 50 camiones y todos no nos adhieren. Es una lástima que no nos apoyen. Hay un resto de camioneros que no van y pueden circular porque este reclamo es para todos, pero pueden circular normalmente ellos. El que no decide adoptar la medida de fuerza, el que no se une puede trabajar normalmente, hay libertad de acción”, aclaró Rubén.

El grupo local de movilizados reúne a aproximadamente 20 transportistas que decidieron mantenerse firmes hasta obtener una solución. La medida adoptada en Tandil, explicaron, se toma en sintonía con las directivas y la situación que se vive en Necochea y Bahía Blanca, destinos finales de gran parte de la producción cerealera de la zona.

La incertidumbre sobre la duración del paro persiste, mientras los camiones continúan apostados en las rutas. Para los trabajadores, la ecuación es simple pero dramática: “Hoy está todo caro y todos tenemos familia, y viajar barato tampoco nos sirve”. La expectativa ahora está puesta en una nueva convocatoria que permita acercar las partes y establecer una tarifa que contemple los incrementos del gasoil, garantizando la sustentabilidad de una actividad clave para la economía de Tandil y la región.