La coparticipación bruta que reciben los municipios bonaerenses registró una retracción del 12 por ciento en términos reales durante los dos primeros meses de este año. Así lo determinó un relevamiento realizado por la Consultora PPA, que advierte además sobre una pérdida de fondos de libre disponibilidad en favor de aquellos que poseen una asignación específica.

El análisis se centra en la coparticipación bruta, que representa el 16,14 por ciento de los recursos totales que la Provincia transfiere de manera automática a las intendencias. Este proceso se realiza antes de aplicar descuentos por aportes a instituciones como el IPS o IOMA, sumado a otros fondos compensadores. Según el trabajo, en enero y febrero se produjo una caída de 14.820 millones de pesos en las transferencias totales.

De acuerdo a PPA, “la estructura de transferencias muestra un cambio relevante", caracterizado por la disminución de los recursos de libre disponibilidad y el incremento de los fondos con asignación específica. Durante el primer bimestre, mientras la coparticipación bruta cayó 94.963 millones de pesos, el Fondo de Financiamiento Educativo subió 80.005 millones de pesos, lo que conlleva una pérdida de autonomía para los jefes comunales.

Ante este escenario, una delegación del Foro de Intendentes de la UCR, liderada por su presidente, Maximiliano Suescún, mantuvo un encuentro con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. En la reunión, solicitaron que el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que actualmente cuenta con un 70 por ciento de afectación específica, pase a ser de libre disponibilidad.

A pesar de la tendencia general, el impacto fue dispar entre los distritos. El informe señala que “incluso municipios que mejoraron mucho su coeficiente de reparto en el 2026 (es el coeficiente por el cual se define cuánto del 16,1% que se transfiere le toca a cada uno), en el 2026, no lograron compensar la caída de la masa coparticipable ”.

No obstante, 53 municipios lograron subas en el total de transferencias. Entre los que se destacan aparecen Carmen de Areco (+14,5 por ciento), Lobos (+10,1 por ciento), General Rodríguez (+9,8 por ciento), Chacabuco (+8,7 por ciento), Monte (+8,5 por ciento), Campana (+8,1 por ciento), Capitán Sarmiento (+7,9 por ciento), Pergamino (+7,8 por ciento) y Cañuelas (+siete por ciento).

En la vereda opuesta, otros distritos sufrieron caídas superiores al tres por ciento. Los casos más notorios fueron San Isidro (-11,7 por ciento), Pinamar (-10,8 por ciento), Vicente López (-10,2 por ciento), Villa Gesell (-9,2 por ciento), Malvinas Argentinas (-nueve por ciento), Monte Hermoso (-8,9 por ciento), Saavedra (-7,8 por ciento), General San Martín (-7,8 por ciento) y General Viamonte (-7,7 por ciento).

El senador Sergio Vargas, titular de la bancada de los libertarios dialoguistas, impulsó una reforma integral de la Ley de Coparticipación municipal. La iniciativa del bloque Unión y Libertad busca actualizar una normativa que rige desde hace casi 40 años y define el reparto de recursos para los 135 distritos bonaerenses.

En declaraciones al medio Diputados Bonaerenses, Sergio Vargas explicó los alcances de la propuesta: "Presentamos un nuevo proyecto de coparticipación. Es bastante novedoso y revolucionario, lo ha preparado gente muy técnica. Es importante reformar una ley de 1987, modificamos los tipos de coeficientes para el CUD para ponderar a los municipios por otros factores, como las escuelas".

El proyecto estipula que las comunas pasen a recibir el 21% del total de ingresos que percibe la Provincia por impuestos sobre los Ingresos Brutos no descentralizados, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y Coparticipación Federal. Cabe destacar que, actualmente, la ley vigente establece un 16,14%.

La distribución se basaría en cuatro factores fundamentales: un 60% entre todas las municipalidades, un 30% para distritos con establecimientos de salud, un 5% para servicios de seguridad y otro 5% para instituciones educativas.

Al respecto, Sergio Vargas alegó que "hoy en día, los Estados municipales atienden un conjunto súper amplio de demandas, relacionadas a educación, formal y no formal, seguridad, proximidad, medioambiente, reciclado, limpieza, seguridad, prevención del delito, tránsito, muy disímiles a las consideradas hace casi 40 años cuando se aprobó la Ley que hoy regula el mecanismo bajo el que reciben fondos coparticipables desde Provincia".

La normativa también contempla que el 2% de la explotación de casinos y juegos de azar se destine al municipio anfitrión, mientras que un 21% se reparta por coeficientes generales. Además, propone una cláusula de coparticipación automática para todo fondo nacional sin destino específico que llegue a la Provincia.

"Dejamos de castigar a los municipios que tiene una buena performance de recaudación, para alentar a la eficiencia recaudatoria", precisó el legislador. Según sus estimaciones, la reforma aumentaría las transferencias en un 31,2% respecto a los valores actuales.

“Nuestra propuesta amplía la base coparticipable, sometiendo a debate en formato de proyecto de ley como es que se van a repartir los recursos públicos”, sostuvo Sergio Vargas. "Al ampliar la base coparticipable los 135 municipios de la provincia ganan, porque son más los fondos que se afectan para distribuir. Y como consecuencia lógica, son menos los recursos que el Poder Ejecutivo provincial tiene para distribuir discrecionalmente", concluyó.

Las transferencias automáticas de recursos del Estado Nacional hacia las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires experimentaron en marzo una nueva retracción en términos reales. Si bien los envíos totales alcanzaron los $5.050.838 millones, esto representa una caída del 4,3 por ciento al descontar el efecto de la inflación.

De acuerdo con el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), esta baja se produce a pesar de un incremento nominal del 26,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, cuando se enviaron $3.995.000 millones. La persistencia del proceso inflacionario terminó por licuar el poder adquisitivo de los fondos transferidos a las jurisdicciones.

La contracción de los recursos distribuidos por coparticipación neta, que excluye leyes especiales y compensaciones, fue aún más profunda que la del consolidado total, alcanzando un descenso real del 7,4 por ciento. El informe atribuye este fenómeno principalmente al desempeño de los dos pilares del sistema tributario argentino: el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que en conjunto representan aproximadamente el 94 por ciento de la masa coparticipable neta.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, la recaudación registró una disminución real interanual del 12,7 por ciento. El documento explica que en este resultado “influyó el cambio de administración tributaria originado en la modificación del esquema de anticipos de las empresas”.

Por otro lado, el IVA mostró una variación negativa del cuatro por ciento en términos reales durante el tercer mes del año.

En lo que respecta al análisis desglosado, existe una importante disparidad en el impacto de la caída de recursos. Salta se destacó como la única jurisdicción del país que logró una variación positiva en sus ingresos reales, con un leve incremento del 0,4 por ciento. En el extremo opuesto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la más perjudicada, con un descenso real de sus recursos del 7,2 por ciento.

Entre los distritos con mayor peso en el reparto, la provincia de Buenos Aires recibió $1.183.104 millones, lo que representó un descenso del 1,8 por ciento, mientras que Santa Fe y Córdoba registraron caídas más pronunciadas del seis por ciento y 6,1 por ciento respectivamente.

Sin embargo, los datos de marzo no parecen aislados. Al analizar el acumulado de los primeros tres meses del año, las transferencias automáticas totales sumaron $16.342.000 millones. En términos reales, esto representa una contracción del 6,4 por ciento para el consolidado de todas las jurisdicciones, donde los números de la provincia de Buenos Aires marcan una caída de cinco puntos.

La Provincia de Buenos Aires resignó recaudación por $ 82 mil millones en enero a raíz de una caída de la coparticipación nacional que, a su vez, se produjo porque los bajos niveles de consumo interno impactaron negativamente en la recaudación de impuestos.

En enero, las transferencias a las provincias se derrumbaron un 6,7%, en promedio, lo que implica un recorte global de unos $400.000, medido contra el mismo mes del año pasado.

El foco de la caída de las remesas nacionales se explica por una merma en la recaudación del IVA, del 12%. El resto de los impuestos coparticipables, en tanto, cayó un 2,1%. El dato evidencia que el origen del recorte de fondos para el tesoro bonaerense es la baja en el consumo interno, que es lo que graba el IVA.

“ Con este modelo todas las provincias pierden ”, señaló a raíz de esos datos el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Añadió que “la caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”.

“La caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional. Las provincias perdemos ingresos genuinos, mientras suplimos el abandono de la Nación en funciones clave como la obra pública”, indicó el funcionario.

Los datos aparecen en medio de la tensa negociación del gobierno nacional con una serie de gobernadores en torno de la reforma laboral, que se tratará en el Senado. El Ejecutivo por ahora se niega a resignar el capítulo que baja el impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, que los mandatarios resisten porque implica una caída de las transferencias a sus distritos.

La reforma laboral que el gobierno de Javier Milei aspira a hacer aprobar en el congreso a mediados del mes entrante podría supone un recorte de fondos adicional para el Tesoro de la provincia de Buenos Aires de casi $400.000 millones, a raíz de los cambios que introduce en su capítulo fiscal.

La estimación del costo fiscal de la reforma surge de un estudio elaborado por técnicos del por técnicos de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos que indica que los cambios en materia de impuestos que están incluidos en la reforma implican una caída de la coparticipación total proyectada de unos $3.187 billones.

El gobierno incluyó en la reforma laboral un capítulo fiscal que rebaja tres puntos la alícuota de Ingresos Brutos a las sociedades (las grandes pasarían de pagar 35 a 31,5% las chicas del 30 a 27%). Y que elimina el impuesto cedular contenido en el anterior, es instaurado durante el gobierno de Mauricio Macri, que de hasta 15% pasa a 0.

Ese recorte implica para la provincia de Buenos Aires una caída de la coparticipación que el estudio calcula en $397.257.914.360. El gobierno de Axel Kicillof lo suma al recorte de fondos automáticos que, según un cálculo que Nación no convalida pero que está judicializado ante la Corte Suprema, alcanza a los 14,7 billones de pesos.

Segunda en el ranking de perdidas quedaría Santa Fe, con $ 161.673 millones y luego Córdoba con $ 160.628 millones menos.

El capítulo impositivo está en el centro de las negociaciones que lleva adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores de la oposición dialoguistas, incluyendo a algunos del peronismo. Lo mandatarios presionan por cambios que morigeren la motosierra fiscal para sus distritos y esa podría ser la clave para que la iniciativa avance.

Esas reuniones, sin embargo, no incluyeron hasta ahora encuentros con Axel Kicillof, que los viene solicitando desde que ganó las elecciones de septiembre pasado.

Un informe reciente elaborado por la consultora PPA puso el foco en la evolución del Coeficiente Único de Distribución (CUD) durante 2026 y reveló que Tandil figura entre los municipios bonaerenses que registraron mayor caida en los fondos de coparticipación en relación con el año anterior.

El análisis se conoció luego de que el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires oficializara esta semana los valores del CUD para este año. A partir de esos datos, la consultora examinó las variaciones respecto de 2025 y remarcó “la aplicación de los topes normativos a las caídas del coeficiente y las diferencias observadas entre municipios”.

El CUD es el indicador que permite distribuir los recursos coparticipables entre los 135 municipios bonaerenses. Para su cálculo se tienen en cuenta múltiples variables, entre ellas la población, la superficie y la producción en materia de salud. 

En este contexto, Tandil se ubicó entre los diez distritos con las mayores disminuciones en su Coeficiente Único de Distribución, al pasar de 1,05% en 2025 a 1,01% en 2026. El listado lo encabeza Vicente López, que descendió de 1,58% a 1,52%, seguido por Azul (de 0,73% a 0,70%), Chascomús (de 0,51% a 0,49%), General San Martín (de 2,33% a 2,24%), Hipólito Yrigoyen (de 0,187% a 0,180%), General Viamonte (de 0,41% a 0,39%), San Antonio de Areco (de 0,22% a 0,21%), Ayacucho (de 0,43% a 0,41%) y San Pedro (de 0,62% a 0,60%).

Desde la consultora PPA también indicaron que nueve municipios vieron limitada la reducción del CUD al tope máximo del 5% establecido en la ley de financiamiento aprobada en diciembre por la Legislatura bonaerense. Entre esos distritos se encuentran Ezeiza, Florentino Ameghino, General Madariaga, Leandro N. Alem, Maipú, Pila, Pinamar, San Isidro y Tordillo.

Por el contrario, los municipios que mayor crecimiento tuvieron en el CUD con relación a 2025 fueron Chacabuco (15,68%), Campana (+12,5%), Capitán Sarmiento (+10,6%) y Exaltación de la Cruz (+10,5%). Entre los distritos más populosos, presentaron subas significativas La Plata (+2,06%), General Rodríguez (+6,71%) y Quilmes (+0,79%).

Desde que asumió el Gobierno nacional, el promedio mensual de coparticipación a las provincias argentinas es un 13% menor al registro previo, durante la gestión de Alberto Fernández.

Así lo aseguró el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, quien afirmó que la recaudación nacional sigue “en caída libre” y son las provincias las que sufren el impacto. De hecho, tanto por menores Ganancias y la baja de retenciones, la recaudación en mayo se derrumbó un 18% en términos reales, lo que llevó a los gobernadores a encender una alarma.

“En el mes de mayo, los recursos de origen nacional netos de la Compensación del Consenso Fiscal tuvieron una abrupta caída real de -25% interanual”, escribió en la red social X el ministro. Y agregó que a la pérdida del 13% de la coparticipación desde que llegó Milei al poder, “se suma al desplome de transferencias obligatorias (-75%) y a la deserción del Gobierno nacional en obras y programas”.

De acuerdo al análisis de López, durante 2024 las distintas provincias, producto de las medidas nacionales, perdieron alrededor de 10 billones de pesos de recursos coparticipables, que cayeron -9% el año pasado con respecto a 2023.

“A esto se suma la pérdida por transferencias obligatorias no automáticas que acumula $7,7 billones (constantes de mayo-25), lo que equivale a una pérdida de 72% real respecto de las TNA acumuladas en los 18 meses previos a la asunción del Gobierno actual”, añadió.

Y para graficar “la asfixia” en sus arcas que sufren los gobernadores, aseguró que el año pasado solamente 3 de cada 10 pesos que recaudó Nación quedaron en manos de las provincias.

Finalmente, rechazó la idea sobre que el Gobierno nacional no aumentó la presión tributaria. “Si bien a nivel general (Nación + Provincias) la presión permaneció invariante (27,8%), fueron las provincias las que la redujeron de 5,1% a 4,8%, mientras la Nación la aumentó de 22,8% a 23%”, cerró López.

Desde la asunción del presidente Javier Milei, las provincias argentinas dejaron de percibir más de $15,5 billones por coparticipación, una pérdida que equivale a cerca de 12 mil millones de dólares. Según el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, esa caída no responde a una coyuntura económica, sino a un modelo fiscal regresivo que transfiere recursos desde los territorios al gobierno central.

“El ajuste no lo está haciendo la Nación, lo están pagando las provincias”, señaló Girard, al explicar que, durante 2024, los ingresos coparticipables cayeron 12,3% en términos reales, mientras que los no coparticipables apenas retrocedieron un 1,2%.

Entre las decisiones que generaron esta situación, el funcionario bonaerense destacó la reintroducción del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría —que volvió a afectar a trabajadoras y trabajadores—, la eliminación de la devolución del IVA y la rebaja de Bienes Personales en el marco de un blanqueo fiscal “a tasa cero”.

“El gobierno benefició a los sectores de mayores ingresos y aumentó impuestos no coparticipables, como el PAIS y los combustibles, para sostener su recaudación. Así, los de arriba pagan menos, los de abajo más, y las provincias reciben cada vez menos”, explicó Girard.

El informe también advierte que, a pesar de una supuesta recuperación, los datos del primer trimestre de 2025 reflejan una caída interanual del 4,1% en la recaudación total y una baja del 8,8% en el IVA, lo que confirma la profundización de la recesión. La leve suba en Ganancias responde exclusivamente a la ampliación del tributo a asalariadas y asalariados.

La mejora de apenas un 1,2% en la coparticipación no alcanza a revertir el deterioro del año anterior, que dejó a las provincias en rojo por más de $15 billones. “No hay milagro fiscal. Hay un Estado nacional que se financia debilitando a las provincias y municipios”, aseguró el titular de ARBA.

Para Girard, lo que está en juego es mucho más que una cuestión fiscal: “Estamos frente a un ajuste deliberado, que castiga a jubiladas, trabajadores y a las economías locales. Detrás de cada punto de recorte hay hospitales con menos insumos, escuelas sin mantenimiento y obras que se paralizan. Esto no es reducir privilegios, es debilitar al Estado que garantiza derechos”, concluyó.

Al término de una audiencia en la sede de la Corte Suprema de Justicia, a la que asistieron el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, se labró un acta en la cual las partes informaron que, en cinco días hábiles, presentarán ante el máximo tribunal los términos del acuerdo “vinculado al cumplimiento de la medida cautelar”.

Tras el encuentro, Jorge Macri anunció el acuerdo desde sus redes sociales: “Queremos darle la certeza a los porteños de que la Ciudad va a cobrar el 2,95 por ciento establecido por la medida cautelar que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Macri consideró así que se dio un “paso muy importante gracias a un esfuerzo conjunto con el Gobierno nacional”, y ratificó que el acuerdo “es un avance más en nuestro camino para lograr la restitución del 3,5 por ciento de los fondos coparticipables que nos quitó el kirchnerismo”.

Fuentes oficiales explicaron ante la Agencia Noticias Argentinas que las partes acordaron cumplir con el pago del 2,95 por ciento distribuido en un 1,40 por ciento diario y un 1,55 por ciento semanal, en tanto el resto necesario para llegar a 2,95 se paga como diferencial o queda a “a cuenta”.

El Gobierno nacional pondrá por escrito en cinco días y suscribirá los términos de un acuerdo que, hasta el momento, se había alcanzado sin las formalidades correspondientes.

Fuentes del Gobierno porteño señalaron que, con la firma de las condiciones que se pactaron en la audiencia, Nación “reconoce” que el fallo del máximo tribunal es “correcto” y debe cumplirlo.

La cita entre el Gobierno nacional y el Ejecutivo porteño se realizó desde las 11 en la sala Carmen Argibay, ubicada en el cuarto piso de Talcahuano 550, sede de la Corte Suprema.

Por el Gobierno porteño, además de Macri, asistieron el procurador general Martín Ocampo; el ministro de Justicia, Gabino Tapia, y la directora general de Asuntos Judiciales, Tributarios y Fiscales María Cristina Cuello.

De parte de Nación, formaron parte del encuentro también el secretario Legal y Administrativo, José María García Hamilton, la subsecretaria de coordinación fiscal, Valeria Sánchez, y el secretario de Legal, Alejandro Speroni.

Según informaron a esta agencia fuentes del Ministerio de Economía, el ministro de Economía, Luis Caputo, no formó parte del encuentro por tratarse de una reunión de carácter “técnico”.

Por esa razón la cartera decidió enviar un equipo de funcionarios que “entienden” las particularidades del expediente.

En representación de la Corte participó de la audiencia el secretario de Juicios Originarios, Alejandro Rodríguez, quien suscribió el acta.

El 22 de diciembre de 2022 el máximo tribunal había dictado una medida cautelar que reconocía a la Ciudad el coeficiente de coparticipación del 2,95 por ciento, pero el gobierno de Alberto Fernández no cumplió con ese fallo.

Resuelta la cautelar, ahora el máximo tribunal debe dirimir sobre la cuestión de fondo de la demanda por la coparticipación. NA

Tandil recibirá cerca de $398 millones por la tercera entrega del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal (FFFM) que distribuye la administración bonaerense.

Por este concepto, en la primera cuota la comuna había recibido $121.291.920, durante febrero y $392.621.945 en mayo. Para todo el ejercicio se espera que al municipio ingresen $1.212.000.000, aunque el monto podría ser mayor debido a las actualizaciones.

La novedad se dio a conocer el pasado jueves, luego de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezara el acto en el que se firmó el tercer desembolso del FFFM, que asciende a $38.106 millones para los 135 distritos.

El FFFM se compone, en total, de unos $116.000 millones. Se trata de recursos no reintegrables y de libre disponibilidad para todos los municipios, con el objetivo de acompañar a las gestiones locales ante “la caída de ingresos y de la actividad económica”. Y se distribuyen mediante el Código Único de Distribución (CUD) que cada distrito tiene asignado.

Para el depósito del FFFM, la gestión bonaerense estableció la siguiente forma de pago para la última entrega: un 30% antes del 30 de octubre de este año.

Kicillof destacó que “además de la caída de la recaudación que se produjo como consecuencia de las medidas económicas del Gobierno nacional, estamos siendo sometidos a una política que apunta deliberadamente a fundir y a asfixiar a las provincias”. “Esa pérdida injusta e ilegal de los recursos que nos corresponden se da en un contexto en el que se multiplican las necesidades: en cada recorrida observamos que aumenta la demanda de alimentos, medicamentos, salud y educación pública y gratuita”, añadió.

“Aun con todas esas dificultades, y al mismo tiempo que continuamos reclamando por los recursos que les corresponden a los 17 millones de bonaerenses, la Provincia de Buenos Aires está cumpliendo con el compromiso sellado en la Legislatura con los 135 municipios”, aseguró el Gobernador y añadió: “Así como las provincias nos debemos hacer cargo de muchos aspectos en los que el Gobierno nacional ha desertado, sabemos que los distritos están cumpliendo un rol fundamental para atender a cada vecino y vecina que sufre la crisis generada por las actuales políticas económicas”.

Por último, Kicillof remarcó: “Nos honra poder cumplir con nuestros compromisos producto del esfuerzo, la eficacia y la sensibilidad: contra la crueldad, nuestra tarea consiste en acompañar y proteger al pueblo de la provincia de Buenos Aires”. “Es para eso que trabajamos, para construir un Estado presente, transparente y, sobre todo, más humano”, concluyó.

De esta manera, luego del encuentro que el alcalde porteño mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional accedió a cumplir con la medida cautelar que dictara el máximo tribunal y abonará el 2,95 por ciento de coparticipación por el reclamo capitalino.

“Se va a cumplir con lo que la Corte indica a partir del 1 de agosto, en el porcentaje que dice. Y vamos a ir juntos a la Corte a dialogar. Por eso el pago de la deuda va a ser parte de la charla”, afirmó Macri en declaraciones a la prensa tras el encuentro de ayer con Caputo en el Palacio de Hacienda.

El mandatario porteño dijo tener la “tranquilidad de que a partir de ese momento se empiece a cumplir con esta indicación y juntos vamos a buscar una solución definitiva a esta discusión”.

Además del jefe de Gobierno y el titular de Economía, durante la reunión estuvieron presentes la subsecretaria de Coordinación Fiscal provincial, Valeria Sánchez, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo.

Jorge Macri calificó como “muy buena” la reunión y consideró que “es importante ir juntos a la Corte a buscar un acuerdo definitivo, que es lo que nos va a dar tranquilidad a todos. A la Ciudad y a la Nación”.

“Caputo cumple en este sentido con la palabra empeñada y para nosotros es una tranquilidad. Este Gobierno sin duda heredó este problema, y no es el que nos sacó los recursos. Destacamos que esté cumpliendo, aunque sea unos meses después, con lo que la Corte indica a partir del 1 de agosto”, añadió Macri.

La Ciudad dejó de percibir desde el 9 de septiembre de 2020 más de 4,8 billones de pesos; antes de la quita de coparticipación, esos fondos representaban el 25 por ciento del total de ingresos de la Ciudad.

Esta deuda representa más de tres años del gasto anual de inversiones en obras públicas y mantenimiento, y más de cuatro años y medio del presupuesto en Promoción Social.

Para continuar con la administración del distrito, la actual gestión de la Ciudad tomó medidas de austeridad y de reestructuración operativa, entre ellas, “achicar el Estado, revisar y recortar contratos, reducir un 40 por ciento el alquiler de edificios y postergar la realización de obras de infraestructura”, indicaron fuentes del gobierno capitalino.

El reclamo de la Ciudad comenzó en 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández le quitó recursos a al territorio porteño para asistir a la provincia de Buenos Aires en medio de la pandemia de Covid-19.

La anterior administración nacional nunca cumplió con la medida cautelar dictada por la Corte el 22 de diciembre de 2022, que le reconocía a la Ciudad un coeficiente de coparticipación del 2,95 por ciento, en lugar del 1,4 que actualmente recibe.

Por otra parte, luego de que se hiciera público el acuerdo, el presidente del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, celebró la restitución de los recursos a la jurisdicción porteña.

“Cumplir con el fallo de la Corte es una excelente noticia para los vecinos de la Ciudad y un gran paso hacia la seguridad jurídica”, expresó Ritondo en sus redes sociales.

A su vez, la diputada nacional y referente del PRO María Eugenia Vidal también festejó el entendimiento, al recordar que “Alberto Fernández le robó fondos de la coparticipación a la Ciudad para tapar la incapacidad de (Axel) Kicillof en la Provincia. Hoy Caputo se comprometió con @jorgemacri a ponerle fin a esa injusticia. Desde el 1° de agosto los recursos de los porteños vuelven a la Ciudad”, destacó Vidal. NA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a rechazar la invitación al pacto al que llamó Javier Milei para julio, y en sintonía con el expresidente Mauricio Macri reclamó la restitución de fondos que el Gobierno nacional recortó a las provincias. Sin embargo, lo hizo con un tono más combativo al asegurar que la Rosada le “afanó” fondos coparticipables a las provincias de manera “indebida e ilegal”.

“Cuando nos invitan a firmar pactos, primero paguen lo que deben y lo que le afanaron a cada una de las provincias, porque sino vale todo”, lanzó Kicillof durante el cierre del segundo Congreso Productivo Bonaerense que se desarrolló en Mar del Plata.

El reclamo de Kicillof fue el mismo día que Macri haga un pedido similar, pero a través de su red social X. Allí el expresidente instó a Milei a cumplir con la medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de diciembre de 2022, que le devolvía fondos a la Ciudad de Buenos Aires que le había recortado el Gobierno de Alberto Fernández, con una suba porcentual de 1,4% a 2,95% de coparticipación que aún no fue ejecutada.

“Lo estamos reclamando ante la Corte Suprema de Justicia, queremos que devuelvan los recursos que indebidamente e ilegalmente se llevaron de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias”, se plegó Kicillof.

Por último, el mandatario provincial acusó al Gobierno libertario de “desmantelar y desintegrar el Estado”. Según dijo ante empresarios e industriales bonaerense, “ya está afectando a todas las provincias”.

El ex presidente y líder del PRO, Mauricio Macri, le reclamó al gobierno del mandatario Javier Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema en la coparticipación de la Ciudad y aseguró que "el sacrificio que están haciendo los argentinos requiere de un gobierno ejemplar".

"Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley Bases", comenzó Macri.

En su cuenta de X, sostuvo que "para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

"Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", enfatizó el ex mandatario nacional.  

Y agregó: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos".

El pedido del ex mandatario hace referencia a un fallo de diciembre de 2022, cuando la Corte Suprema dictó una medida cautelar a favor del reclamo de la ciudad de Buenos Aires contra el Gobierno nacional por la detracción de más de un punto de coparticipación federal en 2020, que fue asignado a la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal, por unanimidad, le devolvió con carácter de provisoriedad el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables. 

La medida cautelar obliga al Estado nacional a devolver ese dinero que, no obstante, no satisface el total del reclamo de la Ciudad, que es del 3,50 por ciento. Según la Corte, la decisión no afectaba a los ingresos del resto de las provincias.

En ese marco, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, viene reclamando desde su asunción que los fondos que se recortaron durante la gestión del ex jefe de Estado, Alberto Fernández, sean restituidos a la Ciudad mediante el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia. 

“Los inversores también ven que los fallos se cumplan”, señaló el alcalde porteño esta mañana al reiterar su solicitud respecto de la coparticipación y hacer alusión a la necesidad del Gobierno nacional de atraer divisas al país.  

En tanto, durante su primer informe de gestión ante la Legislatura porteña, el jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, hizo mención a la demanda que viene llevando a cabo la ciudad desde que fueron recortados dichos fondos. 

“Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes”, aseguró Grindetti.

Y enfatizó: “Ya pasaron 6 meses del nuevo Gobierno: venimos pidiendo con firmeza que se acate el fallo”.

En línea con la solicitud del ex presidente y el jefe de Gobierno porteño, el presidente del bloque PRO en la Cámara Baja Cristian Ritondo hizo publica hoy la presentación de un proyecto en el Congreso para que Nación transfiera los fondos adeudados.

“La situación actual respecto a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires necesita una solución urgente. La medida cautelar dictada por la Corte Suprema debe ser acatada para restablecer los fondos que fueron modificados unilateralmente por el anterior gobierno kirchnerista”, aseguró Ritondo en redes sociales. 

Y agregó: “El cumplimiento de las decisiones judiciales es imprescindible para asegurar la estabilidad institucional. Tampoco dicha decisión afecta el presupuesto ni el objetivo de déficit cero, que compartimos desde el primer día”.

En este sentido, el presidente del PRO bonaerense enfatizó: “Respetar las instituciones y las decisiones del Máximo Tribunal es crucial para construir un país normal”. 

Las arcas provinciales tuvieron un leve respiro en lo que va de mayo por un aumento de los giros por coparticipación. En medio de la necesidad del Gobierno de aprobar la Ley Bases, en lo que va del mes, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) experimentaron un cambio significativo en los envíos automáticos nacionales.

Así lo resaltó un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige el economista Nadin Argañaraz, que mientras en los primeros 15 días del mes reflejaban una caída interanual real del 15%, alineada con la baja acumulada a abril del 19%, solo el jueves 16 y el martes 17 las sumas enviadas se duplicaron.

Es que, mientras en la primera quincena del mes los desembolsos sumaron un total de $1,1 billones, solo en las mencionadas 48 horas se enviaron a las distintas jurisdicciones unos $2 billones, prácticamente el doble de lo acumulado hasta ese momento.

“Las empresas que cerraron balances a fines de 2023 empezaron a pagar los saldos de las declaraciones juradas del impuesto a las Ganancias. Ocurre que, con tan significativa devaluación del peso en diciembre, las empresas con activos dolarizados registraron importantes ganancias de capital, lo que implicó que paguen mucho más impuesto a las ganancias”, explicó el instituto.

Si se mantiene el incremento real interanual del acumulado de los primeros 22 días de mayo durante el resto del mes, se daría un salto del 48% interanual real respecto a mayo de 2023, un aumento muy significativo en comparación con los meses anteriores.

En tanto, siempre según el IARAF, la que más se “beneficiaría” por esta situación sería la provincia de Buenos Aires. En los primeros 22 días del mes, tuvo una disminución de $9.272 millones en comparación con el año pasado. Sin embargo, de confirmarse esto, pasaría a percibir $272.064 millones más que hace 12 meses. Santa Fe y Córdoba serían otras de los distritos con cifras positivas.

Para el instituto, si esto termina por confirmarse “los envíos del mes de mayo serían los mayores en términos reales para un mes desde el año 2010”. 

 El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió hoy a reclamar a la Nación por los fondos de coparticipación recortados en 2020 y pidió a la gestión nacional que encabeza Javier Milei que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad.

Al exponer en el 41° Congreso Anual del IEAF, el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Macri enfatizó: "Seguimos esperando del Gobierno nacional los fondos de coparticipación fijados por el fallo de la Corte".

"Ya es tiempo de que se cumpla", insistió. "Son recursos que necesitamos y que nos corresponden constitucionalmente", agregó el alcalde porteño ante empresarios y demás invitados.

"Los bonos de la Ciudad se cotizan al 98 sobre 100 cuando los bonos en general de la Argentina están en 60 sobre 100. Con esa misma disciplina, no vamos a gastar un peso de más, pero sí todos los pesos que correspondan y sean necesarios para mejorar la salud, la educación, la seguridad, la cultura y continuar con nuestro plan de inversiones", subrayó.

Asimismo, dijo que en la Ciudad "una gestión austera y responsable ha comenzado" y en consecuencia, "no se gasta más de lo que entra". "Por tercer año consecutivo vamos a tener superávit financiero", expresó.

En ese contexto, Macri reclamó a la Nación el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó subir al 2,95% el coeficiente de la Coparticipación Federal que debería recibir la Ciudad, tras el recorte establecido en 2020 por la administración peronista encabezada por Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Por otra parte, el ex intendente de Vicente López dijo en el Congreso del IAEF que la Argentina se encuentra frente a un "momento bisagra"; "una oportunidad genuina para salir adelante y hacerlo en conjunto, con grandeza y sin mezquindades", acotó.

"Es un momento raro de la Argentina", agregó, al hacer mención a que su espacio político, el PRO, también es oposición. Pero aclaró que el partido amarillo quiere que "a este Gobierno le vaya bien".

"Tenemos muchas ganas de que a este Gobierno le vaya bien porque necesitamos que a la Argentina le vaya bien", afirmó, aunque reconoció que el país transita por un momento económico complejo que impacta especialmente en la clase media.

Asimismo, consideró que "este cambio de época combina una razonable incertidumbre, con una esperanza muy potente", ante la posibilidad de que "esta vez valga la pena" el esfuerzo que realiza la sociedad.

"Los liderazgos deben tener la certeza del rumbo, pero la sensibilidad de no dejar a nadie atrás", comentó finalmente.

Gobernadores de once provincias abrieron este viernes las sesiones legislativas en sus respectivos distritos y entre sus discursos sobresalieron críticas al recorte de fondos a sus distritos y pedidos al Gobierno nacional por el envío de "los recursos que corresponden", como antesala del mensaje del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa en el Congreso de la Nación.

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, dejó inaugurado el 52° período de sesiones ordinarias en la Legislatura unicameral de ese distrito, con un discurso marcado por duras críticas al Gobierno nacional, en el que afirmó que al Poder Ejecutivo "no le gustó para nada que la justicia nos haya dado la razón".

"La justicia nos dio la razón, no solo a nosotros sino también al federalismo como concepto", dijo Torres en el primer tramo de su alocución, al hacer mención al conflicto desatado con el Gobierno nacional por el envío de fondos coparticipables, y advirtió: "Vamos a demostrar de dónde salen los recursos que la Nación viene dilapidando".En sintonía, el gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, en su primer mensaje al frente del Ejecutivo aseguró: "No vamos a dejar de pedirle a la Nación por los recursos que nos corresponden y que nos pertenecen a los jujeños, llámese impuestos a la ganancia, fondos de incentivo docente, subsidios de transporte, que hacen a la previsibilidad y la posibilidad de proyectar sabiendo con qué recursos contamos".

En esta misma línea, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, afirmó durante la apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial que en un país con "altos índices de pobreza, no permitiremos que el Estado abandone su rol social" y anunció que insistirá ante la Corte Suprema de Justicia en su reclamo por los fondos coparticipables.

El mandatario radical señaló que "al igual que Mendoza, demandaremos a Nación ante la Corte Suprema por los recortes de coparticipación por Impuesto a las Ganancias" y puntualizó que "es razonable que el Gobierno exija que las provincias paguen sus deudas, como es justo que se le abone a Corrientes lo que le corresponde por ley".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ratificó su idea de "acelerar cambios" para "recuperar el orden" y reconoció la necesidad de "poner en crisis muchas de las cosas que se venían haciendo" en la Ciudad para "salir del piloto automático y dar nuevas discusiones".

Durante su discurso de inauguración del período de sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, Macri bajó los decibeles a la demanda que había expresado con vehemencia en diciembre pasado, cuando instó a Casa Rosada a cumplir con el fallo ordenado por la Corte Suprema de Justicia nacional, que estableció en un 2,95 el porcentaje que debe recibir la Ciudad por los fondos coparticipables.

"Existe un fallo de la Corte Suprema que le dio la razón a nuestro reclamo y tenemos la tranquilidad de estar dialogando con un Gobierno que está dispuesto a cumplirlo. Para eso, nuestros equipos están avanzando, pero esperamos que ese cumplimiento sea pleno y lo más rápido posible", expresó.

En un intento por mostrar sintonía con la gestión de Javier Milei, dijo que trabajan con la Nación "en el traspaso de la administración del puerto, la Terminal de Retiro, la Inspección General de Justicia, el Registro de la Propiedad Inmueble y algunas competencias de la supervisión del área de salud".

El gobernador radical de Chaco, Leandro Zdero, en un discurso con duras críticas y cuestionamientos a las últimas definiciones administrativas de su antecesor Jorge Capitanich, denunció que en la provincia "reinaba el desorden, la desidia y la corrupción estructural en el Estado".

Respecto a la relación con la gestión de Milei, Zdero mencionó la colaboración del Gobierno nacional para la refinanciación dado que la provincia "no disponía de fondos para afrontar el pago de los servicios del bono" lo que colocaba al gobierno "en default".

Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, llamó a "hacer un gran acuerdo" entre Nación y las provincias para "ratificar la voluntad de dialogar y trabajar en equipo" con el gobierno de Javier Milei.

"Para ello, la Nación debe escucharnos y conocer nuestras dificultades y potencialidades", dijo Figueroa al inaugurar en la  mañana de este viernes el 53 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, donde destacó el "rol protagónico" que tiene la Patagonia en el país.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, prometió encabezar un "gobierno decente" en su discurso inaugural de sesiones ordinarias de la Legislatura local, que se centró en un balance del estado en el que recibió la provincia, donde mencionó hechos de corrupción y abandono que le achacó a anteriores administraciones kirchneristas.

Con respecto al recorte de transferencias nacionales, el mandatario alertó que "vivimos en una provincia con respirador artificial" y que dichos ingresos "representa el 40% del presupuesto provincial", aunque no aclaró si ese porcentaje corresponde también a los ingresos por Regalías.

Durante la inauguración del 53º período de sesiones en la provincia de Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck manifestó su "preocupación" por el "ataque al federalismo" de parte del Gobierno nacional, al cual calificó "no solo como un ataque a las provincias en sí, con la restricción y con la eliminación de fondos que históricamente veníamos recibiendo, sino también con un ataque, con un agravio a los gobernadores como representantes del pueblo".

En tanto, en la apertura de sesiones legislativas de gobernadores que se encuentran alineados al espacio de Unión por la Patria (UxP), hubo críticas al gobierno por el recorte de transferencias nacionales y un pedido de "equidad" a la hora de mensurar los costos para resolver la cuestión fiscal.

"Los problemas fiscales de la Nación se deben resolver con medidas cuyos costos se soporten equitativamente", dijo el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, al hablar ante la Asamblea Legislativa provincial donde reiteró la necesidad de federalismo y solicitó nuevamente "un gran acuerdo nacional entre las provincias y la Nación".

El gobernador peronista señaló que "Salta es la segunda provincia más afectada por los recortes de transferencias nacionales", con "una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12%, lo que impacta sensiblemente en los gastos que deben afrontar la provincia y los municipios".

Su par de la provincia de Tierra del Fuego, Gustavo Melella reconoció en su discurso de apertura de sesiones legislativas que la situación económica derivada de la gestión anterior "necesitaba correcciones" pero consideró que la respuesta a esa situación no debió ser "un plan inconsistente e inequitativo".

"Argentina vuelve a asistir a un proyecto que ya conocemos y vivimos en su esencia más profunda. Un modelo político, económico y social que prioriza intereses sectoriales, con ajuste a costa de los trabajadores y desconociendo a las provincias", aseveró el mandatario fueguino.

El gobernador formoseño y presidente del Congreso Nacional del PJ, Gildo Insfrán, advirtió que "quienes prometieron solucionar los problemas del país, solamente los están empeorando", al inaugurar el 51 periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura norteña.

Insfrán alertó que "ningún país puede desarrollarse verdaderamente si no tiene unidad nacional" y que para lograrla "es necesario que todas las provincias tengan igualdad de posibilidades de desarrollo, eliminando las históricas asimetrías que existen en nuestra Patria".

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, lamentó "haber tenido razón en diciembre" cuando había advertido "acerca del impacto negativo que vislumbrábamos por el efecto del modelo económico y jurídico" del Gobierno nacional y anunció dos proyectos para paliar la situación económica que contemplan un "aporte extraordinario", al inaugurar el período legislativo 2024.

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, expresó su preocupación por la "difícil situación nacional e internacional" al abrir el 119° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial donde anunció que llevará adelante una reforma electoral, un ajuste en el empleo público y que se fortalecerá el acceso a la información pública.

La justicia federal falló  a favor de la provincia de Chubut y, en su resolución, obligó al Gobierno nacional a devolverle al distrito los fondos coparticipables, informaron fuentes judiciales.La determinación fue tomada por el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Hugo Sastre.El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, había reclamado a la Justicia el dictado de una medida "autosatisfactiva" contra el Estado Nacional para que "case" la retención automática de sumas de la coparticipación de la provincia en concepto de reembolsos por préstamos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y el reintegro inmediato de lo ya retenido.En la demanda se reclamó hacer cesar "la retención automática de fondos coparticipables" que "son utilizadas como una herramienta de presión política para bloquear recursos coparticipables", según el texto al que tuvo acceso Télam.La provincia concretó la presentación del texto de la demanda ante el juzgado federal de Rawson, a cargo del juez Sastre, quien dio vista a la fiscalía para manifestarse sobre la competencia de ese Tribunal y la competencia de la medida solicitada, informaron a Télam fuentes judicialesEl fiscal federal de Rawson Fernando Gelvez dictaminó que el Juzgado Federal 1 de esa ciudad es competente para intervenir en el caso, postuló que debe admitirse "formalmente la medida autosatisfactiva" pedida y ante ello juez quedó en condiciones de resolver.El magistrado "debe declararse competente para entender en estos actuados, admitiendo formalmente la medida autosatisfactiva articulada", sostuvo el dictamen fiscal al que tuvo acceso Télam.La medida que pide el gobierno de Chubut " resulta de competencia del Juzgado Federal Nro. 1 de Rawson, por encontrarse demandado el Estado Nacional, más precisamente el Ministerio de Economía, con domicilio en Av. Hipólito Irigoyen N° 250, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", agregó el fiscal.En la demanda de 77 carillas, a la que tuvo acceso Télam, el gobierno de Chubut pidió dictar la medida autosatisfactiva que ordene "el cese de la retención automática que, en concepto de reembolsos por préstamos acordados en el marco del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto Nro. 286/95), realiza sobre las sumas que ha de percibir la provincia del Chubut por Coparticipación Federal de Impuestos"."Esta situación deberá mantenerse por el plazo de la emergencia económica, financiera y administrativa del Estado Provincial dispuesto mediante la Ley Nº VII N° 94", sostuvo la presentación firmada por el gobernador Torres, el fiscal de Estado de Chubut Andrés Giacomone, el fiscal adjunto Lucas Papini y el abogado Javier Stampone.En la demanda se reclama también que se ordene al Estado Nacional "renegociar la deuda en condiciones razonables que impliquen un plazo mínimo de 5 años de amortización y una modificación de las condiciones actuales de actualización de la deuda por CER".En concreto se pide aplicar "una tasa BADLAR en pesos bancos privados para operaciones superiores a $ 1.000.000, en un plazo de 30 a 35 días, más un spread de 200 a 300 puntos básicos".En su defecto, se solicita autorizar a la provincia a tomar "un nuevo endeudamiento con el exclusivo destino de cancelar la deuda con el Fondo Fiduciario Provincial mediante la emisión de un título de deuda cancelable en un plazo de 5 años en pesos o dólares, bajo la legislación nacional o extranjera".El gobierno de Chubut reclamó que se ordene al Estado Nacional "hacer inmediata devolución a la provincia de las sumas ($10.516.610.155,08) retenidas automáticamente hasta el día 23/02/2024 de la coparticipación federal -como las posteriores hasta la notificación de la sentencia".A lo largo de la demanda se explicó en relación a la deuda que "la tasa de interés se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el avance del proceso inflacionario ocasionado por las políticas implementadas por el propio Estado Nacional causó que la deuda se incremente a la friolera suma de $ 124.565.021.767,23 para el presente año 2024"."Atendiendo a la gravedad de la situación, ya desde el mes de diciembre de 2023 la provincia del Chubut viene realizando reiterados pedidos de refinanciación -demostrativa de su manifiesta voluntad de pago-", se agregó.Y se remarcó que hay "necesidad imperiosa de proceder a su cancelación en condiciones que no tornen de imposible cumplimiento la satisfacción de los servicios esenciales del Estado Provincial".El gobernador advirtió que hay "real riesgo" de no poder cumplir objetivos en educación pública "a partir de la abusiva retención de recursos por el Gobierno Federal" y lo mismo podría ocurrir con los salarios de los empleados públicos "pese al carácter alimentario de los mismos"Ayer, la legislatura del Chubut aprobó un proyecto de ley en el que "se encomienda al Poder Ejecutivo a realizar todas las acciones administrativas, judiciales y métodos alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y el atropello del gobierno nacional al retener fondos que por derecho le corresponden al estado provincial".En otro artículo establece que "lo indicado implica también la realización de las acciones de igual tenor tendientes a la recuperación de los recursos correspondientes al mes de febrero del 2024 del régimen de coparticipación federal de impuestos, la ley 26206 y ley de educación nacional por los meses de diciembre del 2023, enero y febrero del 2024 y los fondos correspondientes al fondo de compensación del transporte público".

Los gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) expresaron su "total respaldo y apoyo" al mandatario de Chubut, Ignacio Torres, y exhortaron al Gobierno nacional a "cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia"."No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", indicaron los mandatarios de JxC en un comunicado, difundido por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.En el texto, el grupo de mandatarios manifestó "su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut Ignacio Torres en este duro momento por el que están pasando los chubutenses" y piden al Gobierno "cumplir" con la Constitución.

"El Gobierno Nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemente los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia", agregaron.El comunicado lleva la firma de Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).Torres -que también forma parte del grupo de gobernadores de JxC- advirtió que interrumpirá la salida de petróleo y gas de la provincia si el Ministerio de Economía de la Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a su distrito."Si para el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo de Chubut para la Argentina. Y ahí te quiero ver", desafió el gobernador durante un acto en ese distrito, y luego detalló en sus redes sociales que el Gobierno nacional "retuvo ilegalmente $13.500 millones".El planteo del mandatario fue respaldado también por el grupo de mandatarios patagónicos, entre los que se encuentran Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Rolando Figueroa (Neuquén); y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El gobierno bonaerense emitió este lunes la reglamentación del “Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal” en la que determinó que las intendencias con necesidades financieras podrán pedir adelantos.

El Ejecutivo provincial publicó en su Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Economía para reglamentar el Fondo de $ 116.000 millones, que será distribuido entre las comunas bonaerenses, creado por medio del artículo 32 de la Ley Nº 15.480. Kicillof resolvió que la asignación de fondos se realizará utilizando el Coeficiente Único de Distribución (CUD), vigente durante el ejercicio fiscal 2023.

La reglamentación establece que los recursos entregados “serán no reintegrables, de libre disponibilidad y deberán ser solicitados previamente por los titulares de los Departamentos Ejecutivos Municipales”.

La resolución confirma además que los montos entregados a municipios se desembolsarán de la siguiente manera: “hasta el 15 de febrero de 2024, un diez por ciento (10 %)”; “hasta el 30 de abril de 2024, al menos un treinta por ciento (30 %) adicional”; “hasta el 31 de julio de 2024, al menos otro treinta por ciento (30 %) adicional”; y “hasta el 30 de octubre de 2024, el treinta por ciento (30 %) restante”.

Por otro lado, el texto publicado en el Boletín Oficial bonaerense aclara que “a los municipios que presenten sus solicitudes con posterioridad al plazo indicado, no se les podrá asegurar el pago en las fechas mencionadas”.

Asimismo, se señala que “los municipios que presenten necesidades financieras por desequilibrios y/o erogaciones no previstas, podrán solicitar adelantos de los recursos que le correspondan por el ‘Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal’”. Estos adelantos serán evaluados y resueltos por el Ministerio de Economía.

Porcentajes

En rigor, el Coeficiente Único de Distribución (CUD) es el parámetro que se utiliza para distribuir los recursos coparticipables de la provincia de Buenos Aires entre los distritos y se computa en base a diferentes variables como población, superficie, producción en salud, entre otras. En sintonía, el caudal girado por el Estado bonaerense es utilizado, en general, para afrontar gastos y corrientes y la concreción de diversas obras públicas para las comunidades.

Así, en 2024, el CUD para Tandil será de 1,04562. Se trata del mismo índice que el año pasado y el mismo que en 2022. En 2016, la coparticipación que recibía la comuna era de 1,10155 y en el último lustro esta proporción se redujo en un 2,6 por ciento. Vale reseñar que como 2020 fue un año signado por la pandemia, se repitieron en 2021 los coeficientes del año anterior, pero en 2022 los cálculos se descongelaron. No obstante, la variación está muy por debajo de las fluctuaciones que sufren otros distritos y la ciudad mantiene una torta estable de recursos a lo largo del tiempo.