La situación de la Ruta Nacional 5 volvió a quedar en el centro de la preocupación por los últimos accidentes fatales que se registraron en su traza. Desde la Fundación Estrellas Amarillas se advirtió sobre la gravedad del escenario y se planteó la necesidad de “avanzar con soluciones concretas”.

El último siniestro se produjo este domingo 22 de marzo en Chivilcoy, en el que perdió la vida un médico de 36 años que chocó de frente con un camión, a pocos metros del Acceso Néstor Kirchner.

Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, mostró un informe reciente que expone datos contundentes: el 92% de los siniestros fatales en la Ruta Nacional 5 corresponden a choques frontales, una de las formas más letales de colisión.

En una carta elevada al secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann, desde Estrellas Amarillas piden “la transformación integral de la Ruta Nacional N° 5 en autovía”.

En el texto argumentan que “la Ruta 5 es el eje central que articula el transporte de producción, insumos y alimentos entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Rosa, y vía estratégica que conecta polos de desarrollo como Vaca Muerta y los circuitos turísticos de la cordillera. Sin embargo, su infraestructura actual ha quedado obsoleta frente a un flujo diario de 1.200 vehículos de gran porte”. Así, afirman que “esta situación ha convertido a la ruta en una ‘trampa mortal’. Las estadísticas de siniestralidad de los años 2024 a 2026 son alarmantes, con un 60% de las muertes producidas en choques frontales que podrían evitarse con una calzada dividida”.

El relevamiento también pone el foco en otros factores determinantes, como el exceso de velocidad. En ese sentido, se mencionan registros de vehículos circulando a velocidades muy por encima de lo permitido.

Otro de los datos que surge del informe contradice percepciones habituales: la mayor cantidad de muertes no ocurre de noche, sino durante el día. El 41% de los casos se registra por la mañana y el 33% por la tarde, lo que refuerza la idea de que el problema no está asociado únicamente a la visibilidad, sino a condiciones estructurales y conductas de manejo.

Desde la Fundación remarcan la necesidad de medidas inmediatas ante la falta de avances en obras de mayor escala como la autovía. Entre las propuestas se destacan la instalación de radares, mayores controles y la construcción de rotondas en puntos críticos.

En la carta citada, en tanto, señalan “soluciones concretas”, como un “modelo mixto de financiamiento”, para “evaluar un esquema donde los sectores productivos beneficiarios (agroindustria, logística energía) aporten capital para la obra”. También sugieren “incentivos fiscales”, de modo de “implementar deducciones impositivas para las empresas que participen en la infraestructura, replicando modelos de otras regiones”. Y la aplicación de la Ley 23.966, para “destinar un porcentaje especifico de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos para el mejoramiento de la vía”.

“Las rutas no son un gasto, son una inversión en competitividad y vida”, cierran desde la Fundación.

En un clima de creciente tensión política y social, organizaciones sociales, sindicales y militantes realizan este martes cortes totales en los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, quien espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría confirmar su condena por la causa Vialidad.

Uno de los bloqueos más importantes ocurre en la Autopista Buenos Aires–La Plata, a la altura de Quilmes, entre Bernal y Wilde, y afecta ambos sentidos de circulación. En sentido a CABA, los vehículos deben desviarse en los kilómetros 27 y 21, mientras que hacia La Plata el tránsito se interrumpe en el kilómetro 9.

La protesta incluye otros puntos clave del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA):

Mientras tanto, Cristina Kirchner permanece en la sede del Partido Justicialista Nacional, en la calle Matheu, Ciudad de Buenos Aires. En las inmediaciones se congregan dirigentes políticos, legisladores, sindicalistas y militantes que ingresan y salen del edificio en un clima de incertidumbre y expectativa.

La medida de fuerza se enmarca en una jornada de alerta y movilización convocada por sectores del sindicalismo y las organizaciones sociales afines al kirchnerismo, que acusan a la Corte de intentar una “proscripción política” contra la exmandataria.

La tensión crece mientras se aguarda la decisión del máximo tribunal, que podría ratificar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N.º 2.

Casi dos semanas después de que el tandilense Marcos Zarrabeitía perdiera la vida en un accidente ocurrido a pocos kilómetros de la entrada a De la Canal, y luego de que desde la Unión de Usuarios Viales alzaran la voz para pedir mayor seguridad en las rutas del partido de Tandil, comenzaron a arreglar la cinta asfáltica en la Ruta Provincial 30.

Esta semana la Provincia empezó a tapar los peligrosos baches y pozos que había sobre el asfalto, como así también a nivelar el camino que se encontraba en mal estado por las huellas generadas por los camiones. De hecho, incluso también rellenaron las banquinas.

Vale recordar que a principios de febrero Carlos Castilla Simois, referente de la Unión de Usuarios Viales, había visitado los estudios de Eco TV y, en diálogo con el programa Tandil Despierta, había manifestado que “el lobby es importante” y que “tenemos que unir muchísimos esfuerzos”.

En esa línea, había mencionado que desde el grupo se reunieron con la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, para trasladarle las demandas y había insistido en que “hay que avanzar, hay que trabajar y hay que luchar, es un poco el tema de la política”. 

Previo a la convocatoria en la esquina de Pinto y Rodríguez, el paro general comenzó en Tandil con una manifestación del Movimiento 1ero de Octubre. La agrupación referenciada en la figura de Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica cortó ambas manos de la Ruta Nacional 226 durante el transcurso de la mañana del jueves.

“Como es el paro general estamos apoyando eso, a ver si hay un cambio en el gobierno”, expresó Gisel, una de las militantes que ofició de vocera durante la medida a la cual asistieron medio centenar de vecinos. 

El rechazo a las medidas económicas del gobierno nacional fue la principal motivación del corte, donde también hubo críticas a las autoridades municipales y denuncias por los aumentos de alquileres.

El llamado a movilizar había comenzado a circular días atrás, a través de las redes sociales del Movimiento 1ero de Octubre. Por lo tanto se montó un amplio operativo de fuerzas de seguridad en el cual intervino Policía, Policía Vial y hasta Gendarmería Nacional.

Anunciado para las 9, los convocados se reunieron en la intersección de la ruta y la calle Antártida Argentina, sobre uno de los laterales de la rotonda. Pasadas las 9:30, los presentes dispusieron cubiertas de camiones sobre la cinta asfáltica y desplegaron las banderas del mencionado movimiento, así como las del Movimiento 1ero de Mayo, rama regional de la agrupación.

Por su parte Gendarmería se ubicó en la misma zona que los manifestantes, mientras que Policía lo hizo a poco más de 100 metros del lugar a los fines de desviar el tránsito hacia entradas alternativas a la ciudad. 

La convocatoria no incluyó acampe ni otras medidas más que la presencia de los militantes en la rotonda, y estimaron permanecer en el corte hasta poco después del mediodía.

Cabe recordar, el Movimiento 1ero de Octubre es una agrupación identificada con las figuras de la dirigente social Griselda Altamirano y Jorge “Mono” Lezica, aunque ninguno de los dos se hizo presente durante la mañana.

“El Municipio no asiste con nada”

“No hay ninguna demanda concreta. Obviamente sí lo que se nota en el día a día, es el aumento de todo, que ya casi es insostenible, es eso por lo que venimos acá”, expresó Gisel en diálogo con El Eco de Tandil.

La dirigente señaló que si bien el Movimiento 1ero de Octubre cuenta con presencia barrial en la ciudad, no poseen sedes en todos los barrios. Consultada por el clima que percibe de parte de los vecinos , Gisel sostuvo que “la necesidad” es uno de los elementos sobre los que estos dan más cuenta.

“Hay gente que no le alcanza para pagar los alquileres y ahora este mes hubo un aumento terrible de la luz”, lamentó Gisel en referencia a un contexto ya casi generalizado que escapa a la situación en barrios populares.

En sintonía con la posición del Movimiento, Gisel sostuvo que pese a la compleja realidad económica, las autoridades locales no acompañan. “El Municipio de acá de Tandil no asiste con nada, no asiste con leña, no está asistiendo con garrafas, no está asistiendo con absolutamente nada en estos momentos. Entonces, bueno, es eso más lo que está pesando acá en Tandil”, planteó. 

A su vez, sobre la medida del corte de ruta en concreto, la militante sostuvo que “esa es la idea, de que se note, no solamente acá en Tandil, sino fuera también. Que se está haciendo hoy un paro. Entonces la idea es que si hay un paro, que se note, que se sienta”, concluyó.

La resolución 943/2023, publicada el 15 de diciembre pasado en el Boletín Oficial y que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó la implementación del denominado "protocolo antipiquetes" en que "la recurrencia, intensidad, extensión y frecuencia de la interrupción del tránsito en rutas, autopistas y otras vías transitables ha derivado en una situación insoportable para la población que sufre esos actos ilícitos, en desmedro de su trabajo y de su calidad de vida".

Entre los principales puntos, el llamado "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" impulsado por el gobierno del presidente Javier Milei entiende por impedimentos al tránsito "cualquier concentración de personas o colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeren el ancho de las calles, rutas o avenidas, o que estorbaren el tránsito ferroviario, aun cuando no crearen una situación de peligro, o que impidieren el ingreso de personas a lugares públicos o empresas".

La medida indica que serán "las fuerzas policiales y de seguridad federales" las que "intervendrán frente a impedimentos al tránsito (...) sin que necesariamente medie orden judicial".

Según el protocolo, el accionar de las fuerzas de seguridad "estará orientada a despejar los accesos y las vías" de tránsito "hasta dejar liberado el espacio destinado a la circulación".

En otro de sus artículos, la resolución del Ministerio de Seguridad asegura que los efectivos "emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente" y que tendrán "especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos".

La fuerza que utilicen los agentes, sin embargo, "será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales", aclara la normativa.

El "protocolo antipiquetes" fija que, "en la medida de lo posible, deberán ser identificados los autores, cómplices e instigadores" de la protesta "mediante filmaciones y otros medios digitales o manuales", y abre la posibilidad de que puedan ser detenidos "cuando corresponda legalmente".

Además de quienes participen en una movilización de protesta, "serán identificados los vehículos con los cuales los manifestantes hubieran sido transportados".

La resolución gubernamental expresa que los datos "de los autores, cómplices, instigadores y organizadores" de la protesta serán enviados al Ministerio de Seguridad para que se adopten en su perjuicio las medidas correspondientes

La misma información será comunicada a las autoridades a cargo de la protección de los menores cuando se comprobara que niños y adolescentes hubieran sido llevados a la manifestación.

El protocolo promovido por el Gobierno indica que podrá "demandar judicialmente a las organizaciones y personas" que convoquen a una protesta "por el costo de los operativos" de seguridad "que se hubieran desplegado para hacer cesar los actos ilegítimos".

Inclusive, el Gobierno puede iniciar "acciones de resarcimiento por los daños y perjuicios que hubieren sido ocasionados contra el patrimonio público y las personas" en la manifestación.

Por último, el protocolo establece la creación de un "registro de las organizaciones que participan de las acciones" y de "infractores identificados de cada una de esas entidades".

El Partido Obrero y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) presentaron un hábeas corpus colectivo para que "se deje sin efecto de manera inmediata" el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional y que tendrá su primera implementación práctica ante la marcha convocada por la Unidad Piquetera para la tarde del miércoles, desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.Néstor Pitrola, diputado nacional electo del Partido Obrero del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), junto al Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y referentes de organismos de derechos humanos presentaron el hábeas corpus preventivo y colectivo este mediodía ante el Juzgado Criminal y Correccional Nro. 13 a cargo del Juez Subrogante, Gustavo Miguel Pierretti,En el texto, solicitaron que "se deje sin efecto de manera inmediata la Resolución 943/2023" del Ministerio de Seguridad, que -indicaron- afecta "la libertad ambulatoria e integridad física" de los que se movilizarán.La presentación lleva la firma de Pitrola, Pérez Esquivel, la coordinadora nacional del Serpaj, Elizabeth Quintero, y de la abogada de la Asociación de Profesionales en Lucha, Liliana Alaniz."Las amenazas de la ministra (Patricia) Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social que al 1% diario de inflación, sino por parte de la ministra Bullrich", advirtió Pitrola en declaraciones a Télam.El dirigente del PO sostuvo que, por un lado, "el protocolo es ilegal porque afecta el artículo 14 de la Constitución y el derecho a la protesta que también es constitucional".Por otra parte, aseguró que las "persecuciones con métodos de espionaje usando los servicios de inteligencia de manera ilegal" contra las organizaciones sociales y la movilización bajo "la amenaza de quitar un plan" implican un hecho "discriminatorio y violatorio de la ley".Por su parte, la abogada Alaniz señaló que el protocolo "llega al absurdo de que cualquier persona que este viajando en un tren puede ser afectada" a pesar de que plantean que con estas medidas buscan "garantizar la libre circulación"."En nuestro país el estado de derecho que rige dice que ninguna persona puede ser privada de su libertad sin orden judicial. Se pone en este protocolo una figura de flagrancia a un delito lo que per se ningún delito puede serlo, sino que compete exclusivamente al poder judicial", apuntó.Añadió que, aunque el protocolo "tiene una serie de ilegalidades, arbitrariedades e inconstitucionalidades", en esta acción de hábeas corpus "tendemos a cortar inmediatamente los efectos que puedan tener en la movilización del día 20".En la presentación a la que tuvo acceso Télam se señala que "las disposiciones de la cuestionada resolución constituyen la suspensión ilegal de derechos amparados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional".Asimismo se sostiene que la resolución de la cartera de Seguridad se asemeja, "en los hechos, a un estado de excepción o de sitio, sin haberse dado los supuestos que así lo habiliten"."Esta acción, se hace extensiva a los de los niños, niñas y jóvenes que participen de la movilización del 20 de diciembre, por el inminente y grave riesgo de que lo dispuesto mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad afecte su interés superior y el principio de especialidad, que cuentan con jerarquía constitucional", añadieron.En el texto también se recuerda que "hace 22 años, el 20 de diciembre de 2001, fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad 38 personas en la Ciudad de Buenos Aires"."Asesinatos cuya responsabilidad cae en un gobierno del cual Patricia Bullrich formaba parte", apuntaron y también detallaron otros hechos durante su pasada gestión en la cartera de seguridad como las manifestaciones del 14 y 18 de diciembre con motivo de la reforma previsional propuesta en el Congreso o "el operativo que terminó con la vida de Rafael Nahuel"."La ultra intención del `Protocolo`, mediante la señalización de un grupo particular de manifestantes, presentándolos como "enemigos sociales" remonta a la metodología de las dictaduras y genocidios que se sucedieron en el país y en el mundo", subrayaron.Con la presentación "se busca resguardar el derecho a la libertad ambulatoria y la integridad física de las personas que participen de la manifestación del próximo 20 de diciembre".Desde el PO también anticiparon que mañana abogados, organizaciones de derechos humanos y dirigentes políticos van a estar en las cabeceras de las estaciones de trenes para "impedir que Bullrich con su protocolo detengan el acceso de cualquier persona a CABA".

El Gobierno bonaerense no aplicará el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien consideró que la medida "criminaliza la protesta"."Sé que hay contactos entre la ministra de Seguridad de Nación y el ministro de Seguridad de la provincia (Javier Alonso). Es algo que corresponde y tiene un carácter operativo, institucional", dijo el funcionario a radio La Red.No obstante, aclaró: "A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo de orden público. Creemos que criminaliza la protesta".Además, si bien reconoció que las movilizaciones tiene que tener "cierto orden", dijo que el conjunto de disposiciones anunciado por el Ejecutivo nacional "sobrepasa un límite establecido durante todos estos años de democracia".Consultado respecto de la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitar los planes sociales a quienes cortan calles, Bianco respondió que esas prestaciones se deben hacer efectivas si los beneficiarios de los programas "cumplen con sus obligaciones"."Nosotros junto con los municipios y las cooperativas siempre trabajamos con estos programas que tienen un objetivo darle un ingreso a aquellas personas que cumplen una función reciban lo que corresponde", añadió.Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, consideró que el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sabe "cómo restaurar el orden en el marco del estado de derecho" sin necesidad de apelar al protocolo de mantenimiento del orden público dispuesto por la cartera de Seguridad nacional.En declaraciones formuladas a Radio 10, el funcionario explicó que "en los últimos cuatro años la gestión trabaja con un método muy específico que dio resultados"."Recordemos que el exministro Sergio Berni supo cómo despejando la autopista Buenos Aires-La Plata con nuestra forma de trabajar. El protocolo atañe a las fuerzas federales y es una decisión de otro ámbito de competencia", remarcó Alonso.Cuando se le consultó en la entrevista sobre cuál era su opinión sobre el protocolo de orden público, el ministro respondió que primero se debe "esperar a ver qué ocurre"."Nosotros nos subordinamos a las órdenes de la justicia. Cuando tenemos que despejar y actuar, la policía trabaja, llama al fiscal e informa. Somos auxiliares de la justicia. El protocolo es un curso de acción, un conjunto de reglas que establece reglas de actuación para aplicar en situaciones concretas", describió.Luego, dijo que a su modo de ver "el orden surge de la gestión del conflicto" y fundamentó: "Para nosotros el orden es importante, pero resolver las causas que están detrás del conflicto también lo es".Posteriormente, Alonso contó que conversó "con las autoridades del Ministerio de Seguridad" de la Nación, con quienes coincidieron "en que el punto más crítico" de la problemática del delito tiene que ver con lucha contra el narcotráfico y con la prevención, para evitar que maten a una persona por un celular o una cartera".Al respecto, sostuvo que "la preocupación de los bonaerenses pasa por la violencia que genera el narcomenudeo y la violencia lesiva, no es que tienen preocupación por los piquetes".Finalmente, resaltó que se trabaja y se coordina "muy bien con Nación" y ejemplificó: "Pedimos ayuda ante el temporal en Bahía Blanca y el respaldo estuvo"."Destaco que estamos construyendo una coordinación que nos permite trabajar juntos. Tenemos la obligación legal y el mandato popular de establecer todos los acuerdos que podamos para mitigar el delito en la provincia y es lo que vamos a hacer", señaló y concluyó: "No podemos generar un enfrentamiento que impida fortalecer la seguridad".

La asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó "preocupación" por el nuevo "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación" presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtió que "las peores tragedias" de la historia argentina "han llegado de la mano de las políticas represivas"."Abuelas de Plaza de Mayo se suma a las manifestaciones de preocupación ante el anuncio de un nuevo 'Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación' comunicado, ayer, por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich", expresó hoy la Asociación en un comunicado.Asimismo, señaló que el anuncio "no respeta derechos y garantías elementales" previstos por la Constitución y los estándares internacionales para "los ciudadanos que deseen manifestar su descontento con las medidas de cada gobierno de turno".También remarcó que la protesta social "es un derecho pero también una garantía para el diálogo democrático entre el pueblo y sus representantes"."Las peores tragedias de nuestra historia han llegado de la mano de las políticas represivas", sostuvo la histórica organización de derechos humanos.Y solicitó: "A poco de cumplir 40 años de la democracia más larga de nuestra historia, pedimos a nuestros gobernantes el respeto a los derechos y garantías de nuestra Carta Magna".De esta manera, Abuelas de Plaza de Mayo se sumó al repudio manifestado por otras organizaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron al protocolo anunciado ayer por Bullrich para asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, como una medida "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social en respuesta a las políticas de ajuste del Gobierno.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este jueves "un protocolo para el mantenimiento del orden público" con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como "inconstitucional" y una "amenaza" ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.Bullrich anunció que "las cuatro fuerzas federales" podrán intervenir "si hay un delito flagrante" durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa."Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una presentación ante la prensa en la sede de la cartera de Seguridad, en Gelly y Obes 2289, en el barrio porteño de Recoleta.

El reclamo de la Escuela Secundaria 4 de Villa Alduncin por la falta calefacción en el establecimiento no es nuevo. El pedido comenzó hace varios meses y, de hecho, ante la falta de respuestas, semanas atrás debieron suspender las clases.

"Estamos protestando a ver si nos escuchan", dijo Sofía, presidenta del Centro de Estudiantes. "Organizamos una sentada para ver si el Concejo Escolar de una vez puede arreglar la calefacción o poner los aire acondicionado que prometió. También vinieron arquitectos a medir las ventanas para poner burletes pero nunca llegaron", agregó.

Este martes por la mañana, luego de organizar una sentada en la institución, consiguieron reunirse con la responsable de la Jefatura Distrital de Educación, Florencia Mena, y acordaron volver a encontrarse el miércoles a las 10 en un lugar a definir.

No obstante, a fin de visibilizar la problemática, ya que hasta el momento no les dieron soluciones, optaron por cortar la Colectora Macaya.

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Los sectores del transporte de carga que durante casi 10 días realizaron un paro por el faltante de gasoil, en las últimas horas decidieron levantar los cortes de ruta en diferentes puntos del país, y continuar desarrollando asambleas para definir los pasos a seguir. 

En Tandil, la medida se replicó a partir de este lunes y si bien no se interrumpió la circulación vehicular, decenas de camiones permanecieron apostados en la banquina y en la rotonda de las rutas 30 y 226 para visibilizar el reclamo. 

La protesta fue organizada por la Unión Nacional de Transportistas y Afines de la República Argentina (Untra), Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (Sutap) y desde las entidades explicaron que la medida de fuerza se desactivó en señal de respeto al fallecimiento de Guillermo Jara, el camionero que fue atacado el lunes en la ruta 65, a la altura de la ciudad de Daireaux. 

El hombre murió tras protagonizar un cruce con los manifestantes que cortaban el tránsito, cuando esquivó el piquete y recibió una pedrada que impactó sobre el parabrisas, tras lo que perdió el control del camión y volcó.

Asimismo, anticiparon que siguen en estado de asamblea para continuar con el plan de lucha. 

El origen de la medida de fuerza fue el faltante de gasoil y la provisión del mismo a precios acordes, pero también apareció en los pedidos de los transportistas una actualización de la tarifa de flete de granos.

En esta línea,  las cámaras del transporte, que no participaron del paro, y los dadores de carga se reunieron el miércoles por el tema tarifario y acordaron un aumento del 16 por ciento de la tarifa de fletes de granos.

Paro agropecuario 

Por otro lado, la problemática ligada al suministro de gasoil está atascada en un cuello de botella y se siguen registrando inconvenientes con el stock. Por este motivo, ahora sería el sector agropecuario el que volvería a las rutas en señal de protesta, aunque sin interumpir el tránsito. 

De este modo, con dos semanas de anticipación para intentar generar alguna solución, la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización de granos y hacienda para el 13 de julio. 

Por su parte, Matías Meli, titular de la Sociedad Rural de Tandil, en diálogo con el programa “Cosas que pasan” (ECO TV y 104.1 Tandil FM) ratificó que, en este marco "el principal problema es el gasoil para la producción y el faltante de algunos insumos como herbicidas y neumáticos. La situación se agrava cada día más y estamos con preocupación porque no vemos que el Gobierno resuelva el problema”. 

Asimismo, deslizó que en Tandil hay petroleras que venden un cupo limitado y a un precio más elevado que el oficial. Al respecto, reiteró que “el que necesita combustible tiene que pagar sobreprecios; antes no había tanta diferencia entre empresas y ahora sí”.

Faltantes 

Además, el dirigente ruralista criticó la falta de acción del Estado nacional para regular las especulaciones sobre los precios y la disponibilidad de stock, que los obliga a "mendigar" para cargar un tanque. 

Y en tanto, detalló que aunque haya productores dispuestos a pagar de más, tampoco es que ello garantiza una provisión adecuada y suficiente de combustible en este periodo de intensa actividad agraria. La cosecha del maíz, y la siembra de trigo y cebada representan grandes consumos de gasoil en este momento, que se sigue vendiendo a cuentagotas. 

Por último, aludió al cierre de importaciones y las dificultades que se van a producir para conseguir diversos suministros y componentes para la manufacturación, no sólo en el sector agropecuario, sino también en el ámbito comercial, farmacéutico y otros.

“Con este cierre de importaciones se va a gravar más la situación y el que tenga algunos productos va a levantar los precios y volvemos a lo de siempre”, cerró. 

Las organizaciones que nuclean a los transportistas esperan que las autoridades gubernamentales los reciban para resolver los reclamos. Mientras tanto, se mantienen piquetes en distintas partes del país y los referentes a nivel local de Transportistas Autoconvocados Unidos, permanecen en alerta desde el lunes en las inmediaciones de la intersección de la Ruta Nacional 226 con la Ruta Provincial 30.

Walter Cepeda, uno de los camioneros apostados en el lugar, habló con este Diario y expuso que están invitando a los transportistas que pasan por el lugar a acompañar el reclamo y visibilizar el conflicto. 

De este modo, a lo largo de la jornada fue posible observar cómo cada vez más camiones se sumaban a la protesta -aunque sea por un rato- y estacionaban en la banquina, sin afectar la cinta asfáltica. 

Anuncio de bloqueos 

Asimismo, Cepeda afirmó que las entidades esperan poder reunirse con representantes del Ejecutivo nacional para avanzar en la canalización de diversas demandas vinculadas, sobre todo, al reabastecimiento de gasoil y al reajuste tarifario del flete, con una cláusula gatillo para que las tarifas sean proporcionales a la suba de combustible. 

No obstante, la cartera de Transporte dirigida por Alexis Guerrera iba a mantener un encuentro con los manifestantes la semana pasada, pero la reunión no se produjo y los camiones siguieron en las rutas argentinas protestando. 

En tanto, el entrevistado aseguró que “si fracasa la reunión con el Gobierno vamos a endurecer las medidas” y aclaró que se bloqueará  el paso de camiones, con la excepción de unidades que trasladen insumos hospitalarios, oxígeno, alimentos perecederos y hacienda en pie. El tráfico de automóviles y vehículos que no sean de carga podrá circular con normalidad. 

Además, el transportista detalló que en Tandil hay un cupo de gasoil de 150 litros en las estaciones de servicio vinculadas a YPF y de 100 litros en las de la empresa Shell. Al respecto, ilustró que tiene compañeros que han demorado entre 12 y 13 horas en cargar 150 litros de combustible, una cifra que no alcanza para completar los viajes y que genera complejos retrasos. 

Conflicto extendido 

Con problemas de stock de gasoil y sobreprecios en todo el país, excepto en Tierra del Fuego, un sector de los transportistas, nucleados en la Mesa Coordinadora de Propietarios de Transportes de Cargas Generales y otras organizaciones autoconvocadas, iniciaron la semana pasada bloqueos en los accesos al puerto de Rosario y posteriormente definieron extender las protestas hacia otras regiones, entre ellas la provincia de Buenos Aires y uno de los focos fue Tandil. 

En este marco, las repercusiones del conflicto llegaron a la localidad y los transportistas se trasladaron a la ruta en señal de advertencia.

Por otro lado, la protesta nacional tuvo un episodio grave alrededor de las 17 del lunes cuando en la ruta 65, a la altura de la ciudad de Daireaux, murió un camionero que antes había tenido un cruce con los manifestantes, esquivó el piquete y recibió una pedrada que impactó sobre el parabrisas, tras lo que perdió el control del camión y volcó.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que le pedirá al Gobierno nacional que le quite los planes sociales a "quienes corten las calles y no cumplan con la ley""Hay que sacarles los planes sociales a quienes corten las calles y no cumplan con la ley", dijo Rodríguez Larreta en declaraciones a la prensa, al presentar obras en el caso histórico de la Ciudad desde el Museo de la Ciudad.“Le vamos a pedir al Gobierno nacional que corte los planes sociales a quienes no cumplen las condiciones, y el plan social dice que el chico tiene que estar en la escuela”, afirmó el titular del Ejecutivo porteño y se quejó particularmente de la participación de menores de edad en el acampe de la semana pasada sobre la avenida 9 de Julio que realizaron durante 48 horas organizaciones piqueteras de izquierda.Además, Rodríguez Larreta dijo que también solicitarán que se "corte el ingreso" a la ciudad de Buenos Aires para impedir el acceso de manifestantes, en la próxima protesta prevista.Asimismo, dijo que la Policía de la Ciudad actuará para prevenir casos de violencia, y recordó la actuación policial en el desalojo de la autopista a la altura de Constitución, durante el acampe sobre la 9 de Julio de la semana pasada.Justamente, al analizar ese acampe, el jefe de Gobierno porteño afirmó que “lo que pasó fue una extorsión" y afirmó que le da "mucha bronca porque usan a la gente”.“¿A alguien se le ocurre que esa gente viene de forma espontánea?”, se preguntó, y agregó: “Los traen extorsionados, el plan lo manejan organizaciones que los extorsionan y ponen a los chicos de escudo; son unos cobardes, los chicos tendrían que estar en el colegio”.Asimismo, sostuvo que es necesario “replantear todo el sistema de planes sociales” y dijo que “hay gente que no toma un trabajo para no perder el plan”.Insistió en que desde su Gobierno le pidieron a la administración nacional que “actúen y le saquen el plan a los que corresponda” y dijo que “no se va permitir la violencia”.“Le pedimos al Gobierno (nacional) que ayude en la coordinación, en cubrir el ingreso a la Ciudad. Trabajando juntos vamos a terminar con este problema, pero hay que terminar con las extorsiones”, concluyó.

Tras una asamblea celebrada este lunes por la mañana, los integrantes del Movimiento Primero de Octubre, que desde el miércoles pasado se encuentran realizando un corte en la Ruta Nacional 226, adelantaron la manifestación a fin de restringir el tránsito también en Pujol.

A través de un comunicado, el pasado sábado los manifestantes habían anticipado que desde este lunes, ante la indiferencia del Estado, los cortes serían totales y se obstaculizarían también las colectoras y caminos alternativos para circular. En esa línea, esta mañana movieron el acampe a fin de obstaculizar otra arteria.

De acuerdo a lo que habían comunicado a este medio, con la protesta procuran garantizar el desarrollo de distintas unidades productivas dentro de las cooperativas mediante el aporte de equipamiento, máquinas y materia prima, convenios con el Estado nacional, provincial y municipal para la compra de los productos que se elaboren en esos ámbitos.

En diálogo con El Eco de Tandil los manifestantes detallaron que adelantaron unos metros el acampe y que dejarán libre la banquina para que los vecinos de la zona puedan pasar. No obstante, informaron que los viajantes no podrán atravesar el corte, de modo que tendrán que hacerlo por otras vías alternativas.

En reclamo del desarrollo de distintas unidades productivas dentro de las cooperativas mediante el aporte de equipamiento, máquinas y materia prima, integrantes del movimiento Primero de Octubre continúan con su acampe sobre la Ruta Nacional 226, a la espera de una resolución. Una protesta social bloquea la circulación por la Ruta 226 y ocasiona trastornos a automovilistas

Desde el pasado miércoles por la mañana la organización montó una protesta frente a los galpones que alquilan, a la altura de Pujol, y aún se mantienen allí, ante la presencia de personal de Gendarmería.

La medida de fuerza comenzó a las 9 de la mañana del miércoles y se replicó en algunas ciudades como Olavarría, Azul y Mar del Plata. Según informó Griselda Altamirano, referente del Movimiento, esta tarde la Asamblea resolverá las medidas para el viernes.

Cabe mencionar que para poder evitar el bloqueo, los automovilistas deben desviar su marcha por la rotonda de Dinamarca, por Magallanes o por Pujol.

Desde la empresa Corredores Viales, concesionaria de la Ruta 226, se informó los desvíos con balizamiento preventivo que se realizan sobre esa ruta a raíz del corte realizado por una manifestación:

Mar del Plata: el corte se ubica en el KM 5 de RN 226, sentido ascendente (hacia Tandil). Se realiza un desvío desde el km 5 hasta el km 7, donde se desvía el tránsito de ambos sentidos por carril descendente (hacia Mar del Plata). Tandil : En KM 167 se desvía tránsito por calle Dinamarca hasta Beiró; luego se toma la calle Empleados Municipales y finalmente retoman RN 226 en el KM 170. Azul : El corte está en la rotonda de ingreso a Azul, km 299, y el tránsito de ambos sentidos se desvía por colectora de sentido ascendente (hacia Bahía Blanca).

Ayer, desde las 10 y hasta las 16, el Movimiento 1 de Octubre se instaló en la Ruta 226 a la altura de Magallanes con sus banderas y música de protesta para manifestar la adhesión al reclamo que están realizando en el norte del país.

La lucha fue en acompañamiento a la Corriente 1 de Mayo que lidera Carlos “Perro” Santillán desde Jujuy, por los trabajadores “que están siendo sometidos” y reclaman el pase a planta permanente y salario mínimo a los capacitadores laborales no docentes; y que ningún trabajador municipal cobre menos de 21.600 pesos.

“Denunciamos que Daniel Arroyo es cómplice al permitir que el gobernador de Cambiemos de la provincia de Jujuy, el radical Gerardo Morales, tenga a todo un pueblo hambreado para seguir sometiéndolo”, destacó la líder en Tandil, Griselda Altamirano.

Cabe recordar que hace dos semanas, el mismo objetivo los llevó a movilizarse desde la 226 hasta el frente de la Sociedad Rural, iniciando así un itinerario que los llevó a pasar por Azul, las Flores, San Miguel del Monte, Cañuelas y finalmente hasta el Cabildo de Capital Federal, junto a otras organizaciones políticas, para exigir que el Gobierno mande junto con el pueblo.

Sin embargo, Altamirano reveló que luego de la caravana que realizaron, su dirigente máximo de la Corriente 1 de Mayo les pidió que vayan a Jujuy “contra la represión y los salarios dignos” y así estar presente en a zona misma del conflicto.

Del sur al norte

“Allá los compañeros están cobrando tres mil pesos por mes en blanco, sin poder acceder a ningún beneficio social, a la vez que hay trabajadores que están los mataderos y les pagan solamente con las achuras, sin siquiera una remuneración económica”, describió enfáticamente.

Explicó que cuando transitaron todos esos kilómetros, pudieron ver la desolación y la miseria que hay en Santiago del Estero, Catamarca y todo el norte del país. Cuando llegaron a Jujuy se sorprendieron al ver a las personas sin ropa de trabajo, con ojotas y en piso de tierra desenvolviendo su labor. “Las propias dependencias Municipales son un abandono terrible”, indicó.

En su representación de la situación, manifestó la grave realidad que se vive en esa zona “con desidia, abandono y una notable desnutrición infantil”.

Dijo ver niños con los brazos como huesos que sobreviven gracias a la venta de cotorras, tortugas o cactus. “Claramente por ahí no pasó ningún Gobierno, ni (Mauricio) Marcri, ni Cristina (Fernández), ni Alberto Fernández”, aseveró.

Remarcó entonces su idea de que los gobernantes necesitan despegarse de los intereses empresariales y de la oligarquía, ya que son mil familias de la Pampa Húmeda las que se enriquecen con todo lo que puede ser distribuido en el resto de país.

Ahondó sobre la necesidad de que se propongan proyectos reales de reactivación e inserción. “Que inviertan en abrir fábricas de alpargatas, zapatillas, mesas o de lo que sea y le den trabajo digno a la gente”, exhortó.

Un reclamo solidario, sin jurisdicción

Antes esto, impuso como necesario combatir la sectorización que plantean “todas las clases dominantes” de que cada uno debe pelear en su jurisdicción, lo que a su parecer llevó a introducir una “falsa conciencia de clases”. Por el contrario, su defensa va en ser profundamente solidario con otro argentino, esté donde esté.

“De ninguna manera el Movimiento 1 de Octubre o la Corriente 1 de Mayo van a dejar tirado a un compañero y allá en el norte lo están y por eso resolvimos esta manifestación”, explicó.

Asimismo, reveló que hasta el momento los trabajadores jujeños no han recibido la asistencia social y alimentaria correspondiente del gobierno nacional, puntualmente mencionó a Daniel Arroyo y vinculó su “complicidad” con el gobernador radical de esa provincia Gerardo Morales, considerando que “pretenden que el ajuste y la esclavitud sigan pasando”.

Incluso, Altamirano dijo que han tratado de reenviar las partidas que les correspondían a ellos pero no han sido aceptadas, por lo que cree que se trata de una falta “notable de voluntad política”, sino que “quieren que se sigan muriendo de hambre”.

La manifestación en la calzada nacional continuó hasta las 16 y ya Altamirano advirtió que la semana que viene se acoplarán a nuevas jornadas con corte de ruta que se van a programar en Jujuy, de hecho si es necesario y no hay respuestas satisfactorias, pasarán la Navidad en la ruta.

La medida se llevó a cabo simultáneamente en Azul (Ruta 3 y avenida Piazza), Tandil (Ruta 226) y Olavarría (Ruta 226 a la altura de la entrada al Cerro Negro).

Desde las 10 de este miércoles, el Movimiento 1 de Octubre se instaló en la Ruta 226 con sus banderas y música de protesta para manifestar la adhesión al reclamo que están realizando en el norte del país. 

La lucha es en acompañamiento a la Corriente 1 de Mayo que lidera Carlos “Perro” Santillán desde Jujuy, por los los trabajadores “que están siendo sometidos” y reclaman el pase a planta permanente y salario mínimo a los capacitadores laborales no docentes; y que ningún trabajador municipal cobre menos de 21.600 pesos.

“Denunciamos que Daniel Arroyo es cómplice al permitir que el gobernador de Cambiemos de la provincia de Jujuy, el radical Gerardo Morales, tenga a todo un pueblo hambreado para seguir sometiéndolo”, destacó la líder en Tandil, Griselda Altamirano.

Cabe recordar que hace dos semanas, el mismo objetivo los llevó a movilizarse desde la 226 hasta el frente de la Sociedad Rural, iniciando así un itinerario que los llevó a pasar por Azul, las Flores, San Miguel del Monte, Cañuelas y finalmente hasta el Cabildo de Capital Federal, junto a otras organizaciones políticas, para exigir que el Gobierno mande junto con el pueblo.

Sin embargo, Altamirano reveló que ante el pedido de “El Perro” también se dirigieron hasta la zona misma de conflicto, así que viajaron a Jujuy. En su descripción de la situación, manifestó la grave realidad que vive en norte del país “con desidia, abandono y una notable desnutrición infantil”. 

Advirtió que el corte continuará hasta la tarde y que, si es necesario y no hay respuestas satisfactorias, pasarán la Navidad en la ruta. La medida se está llevando cabo simultáneamente en Azul (Ruta 3 y avenida Piazza), Tandil (Ruta 226) y Olavarría (Ruta 226 a la altura de la entrada al Cerro Negro).

El corte que lleva adelante el Movimiento 1 de Octubre desde la semana pasada en la Ruta 226 y Aeronáutica Argentina continúa por tiempo indeterminado y los vecinos de la zona expusieron reclamos por los inconvenientes que la medida está ocasionando en el tránsito.

Personal de la Policía de Seguridad Vial realiza el correspondiente desvío de tránsito en ambos sentidos de circulación, desde Dinamarca, en el kilómetro 168, hasta la rotonda de la calle Rauch.

Vecinos que residen en Darragueira y en Aeronáutica Argentina principalmente, se ven desbordados porque gran parte del tránsito que circula por la Ruta es desviado por esas arterias, lo cual le quita la calma habitual a la barriada.

Las quejas

María Luján, una de las frentistas, contó que “desde el miércoles a la madrugada que está colapsado el tránsito por el piquete”.

Además, aseguró que por las noches hay mucho ruido, a lo cual no están habituados. “Estamos cansados”, admitió.

Por su lado, Miriam sostuvo que “no estamos acostumbrados a tanto tránsito, camiones, micros de larga distancia, mucho ruido. Es un caos”.

“Por ejemplo, no saqué el auto para ir al mercado porque es imposible, la gente que no conoce se desorienta, no sabe por dónde ir. Los del barrio más o menos nos manejamos pero para los que no son de la zona es complejo”, manifestó.

El corte

El corte comenzó el miércoles por la mañana y el principal reclamo del Movimiento 1 de Octubre liderado por Griselda Altamirano es la creación de puestos de trabajo.

Un grupo de manifestantes, en su mayoría mujeres y niños, se apostaron en la Ruta 226 y Aeronáutica Argentina el miércoles alrededor de las 10 y esparcieron neumáticos sobre la cinta asfáltica. El tránsito quedó interrumpido y los vehículos tuvieron que ser desviados hacia las colectoras. Durante la noche pernoctaron en carpas en el lugar y lo siguen haciendo.

El corte tuvo réplica en las localidades de Azul y Olavarría. Por el momento, el protesta sigue por tiempo indeterminado porque además el diálogo se cortó luego de que la agrupación bloqueara el jueves el ingreso de la sede local del Ministerio de Trabajo, y realizara lo mismo el viernes en la oficina regional de la Anses ubicada en Pinto al 500.

Los referentes de la agrupación expusieron que la decisión de visualizar nuevamente la protesta llega luego de la falta de respuestas por parte del director Regional de Empleo y Trabajo del Ministerio de Trabajo Nacional para la Región Pampena, Gonzalo Santamarina, funcionario al que apuntaron particularmente.

Altamirano expresó que “el reclamo continúa siendo el mismo, porque aún no encontramos reacción al petitorio en el que solicitamos trabajo genuino, salario digno y cese de los despidos”.

En efecto, en el mes de septiembre el movimiento había entregado en la sede local de Anses regional un documento y hace poco más de dos semanas había efectivizado un corte sobre la vía nacional a la altura de calle Pedersen. En esa oportunidad Santamarina participó de una reunión en la que lograron calmar los ánimos y la organización levantó la medida.

“Si Santamarina quiere jugar a ver quién se cansa primero, si el PRO no entiende que tiene que mediar una solución política y práctica,  esto se va a extender en el tiempo. Nosotros no tenemos ningún problema en venir todos los días acá y permanecer en la ruta el tiempo que sea necesario”, advirtió Griselda Altamirano por último.