La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo vigente la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Estado y ratificó la decisión cautelar dictada en la instancia anterior, la cual se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de diversas universidades nacionales.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar, que el Gobierno cumpliera de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. Asimismo, el tribunal consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta donde se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos. Por este motivo, la resolución de la Corte no tiene efectos económicos inmediatos, pero funciona como un aval implícito a la ley.

El Gobierno Nacional había intentado recusar a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria, pedidos que fueron desestimados por el tribunal. El expediente sobre la cuestión de fondo, que incluye el planteo de inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo la vigencia de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Ejecutivo y ratificó la decisión dictada en la instancia anterior, originada a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la norma, los cuales refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de los programas del estudiantado. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había advertido previamente que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender.

Previamente, el 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo había firmado un acta en la que se comprometía a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos.

Cabe recordar que el planteo de fondo, que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado. En dicho decreto, el Estado había dispuesto que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, argumento que fue desestimado en esta instancia por la justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso histórico en el proceso de modernización del Poder Judicial al poner en consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los tribunales bonaerenses. Además, dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que tendrá a su cargo la supervisión y seguimiento de la iniciativa.

La medida busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando que su utilización se realice de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

El proyecto, que permanecerá abierto a observaciones y sugerencias hasta el próximo 7 de agosto, constituye una experiencia inédita en el ámbito judicial argentino. Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, la Corte busca evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales.

Según la resolución, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, colegios profesionales, universidades y cualquier persona interesada podrán participar de la consulta pública a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del máximo tribunal.

La Suprema Corte destacó que la inteligencia artificial ya se utiliza en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas vinculadas a la gestión de expedientes, análisis de datos, sistematización de jurisprudencia y atención de usuarios. Sin embargo, advirtió que estas tecnologías también presentan riesgos, como la reproducción de sesgos, errores en los resultados o la generación de información inexacta.

En ese sentido, el futuro reglamento apunta a mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y administrativos, facilitar el acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y brindar herramientas de apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar la intervención humana.

El texto establece de manera expresa que ningún sistema de inteligencia artificial podrá asumir la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni la elaboración de los fundamentos jurídicos que sustentan sentencias o resoluciones.

Asimismo, aclara que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios ni agentes de la responsabilidad sobre el contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA. Por el contrario, deberán ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Entre las disposiciones más relevantes, la Corte prohibió a sus integrantes utilizar chatbots de acceso gratuito o comercial, como ChatGPT, para procesar información judicial sensible o vinculada a investigaciones en curso.

La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger datos personales y evitar que información confidencial pueda ser utilizada para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial fuera del control institucional.

De esta manera, la Suprema Corte bonaerense busca avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial, pero bajo reglas claras que preserven la transparencia, la seguridad de los datos y el rol irremplazable de las personas en la administración de justicia.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales mediante la firma del Decreto 467/2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial, modifica los decretos 222/2003 y 588/2003 con el objetivo de eliminar una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.

El decreto, que lleva también la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.

La medida generó diversas interpretaciones respecto a un posible avance para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, tras las jubilaciones de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Desde el entorno de Mahiques admiten que el momento elegido para la medida propicia este tipo de lecturas.

El asesor presidencial Santiago Caputo se manifestó esta mañana a través de la red social X, donde expresó su adhesión a la normativa. Al respecto, sostuvo:

Fuentes oficiales de la Casa Rosada indicaron que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, mantuvo reuniones con el Presidente donde le propuso dos candidatos para completar la integración del máximo tribunal. Según información trascendida, Santiago Caputo vería con buenos ojos avanzar en esta dirección, en línea con la agilización que propone el nuevo decreto.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el interés principal radica en reducir la burocracia para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Operadores judiciales del Gobierno calificaron el trámite actual como complejo, señalando que la revisión de pliegos puede realizarse correctamente a través del proceso establecido por el Senado.

El presidente Javier Milei firmó un decreto que flexibiliza los requisitos pensados para hacer más visible y transparente el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema y deja sin efecto la recomendación para que el mandatario contemple la diversidad de género, especialidad y procedencia regional de los postulantes. 

La medida fue instrumentada mediante el Decreto 467/2026, publicado este 15 de marzo de 2026 en el Boletín Oficial con la firma del ministro de justicia, Juan Bautista Mahiques. La misma busca, según la administración libertaria, simplificar trámites, evitar procesos redundantes y cubrir las vacantes más rápidamente.

La modificación alcanza a los procedimientos establecidos por los decretos 222 y 588 de 2003, que regulaban las designaciones de los máximos cargos judiciales. Según argumentó el Poder Ejecutivo, el objetivo es acelerar los nombramientos, reducir trámites administrativos y adecuar el sistema a los canales digitales de comunicación actuales.

Uno de los cambios centrales es la eliminación de la instancia previa de observaciones ciudadanas que se desarrollaba en el ámbito del Ministerio de Justicia antes de que el Poder Ejecutivo enviara los pliegos al Senado. Hasta ahora, los antecedentes de los postulantes debían publicarse y quedar sujetos a opiniones o impugnaciones antes de formalizar la nominación. Desde el Gobierno nacional sostuvieron que ese mecanismo duplicaba procedimientos ya contemplados en la Cámara alta, donde continúan vigentes las audiencias públicas, la recepción de observaciones de la ciudadanía y el tratamiento de los pliegos por parte de la Comisión de Acuerdos.

Con la nueva normativa, la participación ciudadana seguirá existiendo, aunque quedará concentrada en la etapa legislativa. En ese sentido, remarcaron que “los mecanismos de publicidad, transparencia y control ciudadano no se eliminan”, sino que pasan a desarrollarse exclusivamente en el Senado.

La reforma también introduce cambios en la difusión de los antecedentes de los candidatos. A partir de ahora, la información será publicada en el sitio web oficial del Ministerio de Justicia y en el Boletín Oficial, dejando de lado la obligación de hacerlo en diarios de circulación nacional. Además, los postulantes deberán presentar en un plazo de cinco días sus declaraciones juradas patrimoniales, incluyendo bienes propios, de su cónyuge o conviviente, del patrimonio conyugal y de los hijos menores, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Ética de la Función Pública.

Otro de los puntos modificados involucra a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El organismo continuará verificando la situación impositiva y previsional de los candidatos, pero ahora contará con un plazo máximo de cinco días para emitir los informes correspondientes, los cuales deberán respetar las normas de secreto fiscal. La nueva reglamentación no introduce cambios en el procedimiento constitucional de designación. Se mantienen intactos los requisitos de aprobación por parte del Senado, incluidas las audiencias públicas, las impugnaciones ante la Comisión de Acuerdos y la necesidad de obtener una mayoría de dos tercios de los legisladores presentes para validar cada nombramiento.

La Anses presentó un pedido formal ante la justicia previsional para que se establezca una caución real a prestar por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Esta medida busca garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos en caso de que una futura sentencia definitiva sea adversa a la pretensión de la exmandataria de percibir sus haberes de privilegio.

El requerimiento surge a raíz de un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad, cuyos jueces Sebastián Russo y Juan Fantini ordenaron al organismo abonar de forma provisoria la pensión como viuda de Néstor Kirchner. Dicha prestación había sido dada de baja en 2024, tras la confirmación de la sentencia por corrupción en la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la presentación realizada por la abogada Yanina Luminoso, en representación de la Anses, se advierte que la asignación mensual vitalicia ascendería actualmente a 38 haberes mínimos, lo que equivale a aproximadamente 15,3 millones de pesos. El escrito subraya que el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como la ley 26.854, exigen la constitución de una caución para que las medidas cautelares contra el Estado tengan eficacia práctica.

Mientras la causa sigue su curso, el organismo previsional y el fiscal Juan Carlos Paulucci mantienen sus recursos de queja ante el máximo tribunal para intentar revertir la medida cautelar que habilitó el pago provisorio. Cabe recordar que, en noviembre de 2024, las asignaciones de privilegio de Cristina Kirchner sumaban más de 35,2 millones de pesos en bruto.

El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una causa para investigar si el presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, era objeto de tareas de espionaje tras una denuncia presentada por el área de seguridad del máximo tribunal.

La presentación fue realizada por el Director de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Roberto Varela, luego de un episodio ocurrido el domingo pasado en la ciudad de Santa Fe, donde reside Rosatti.

De acuerdo al dictamen, el equipo de custodia del magistrado advirtió la presencia de dos personas con un trípode y una cámara fotográfica apuntando hacia la vivienda del juez cuando se disponían a trasladarlo hacia la ciudad de Buenos Aires.

La denuncia precisó que ambas personas fueron identificadas, una de ellas de nacionalidad venezolana. A partir de ello, la fiscalía ordenó tomar declaración a custodios y personal de la Delegación Santa Fe de la Policía Federal Argentina, además de requerir imágenes de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido.

El juez federal Julián Ercolini, a cargo del expediente, hizo lugar a las medidas impulsadas por Stornelli y dispuso avanzar con distintas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas la certificación de otras causas vinculadas con incidentes de seguridad sufridos por Rosatti.

Según un comunicado, también se ordenó revisar expedientes iniciados por otros episodios denunciados “en perjuicio del Dr. Horacio Rosatti” para determinar si contienen información relevante para esta investigación.

Entre los antecedentes mencionados figura la confirmación, en abril pasado, de la condena a cuatro años de prisión para Damián Berruet, acusado de intentar robar una camioneta asignada a Rosatti frente al Palacio de Tribunales en mayo de 2024. NA

El Gobierno nacional informó este jueves que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario impulsado por el Ejecutivo en la causa relacionada con la Ley de Financiamiento Universitario y resolvió suspender una medida cautelar vigente hasta que intervenga la Corte Suprema de Justicia.

La decisión judicial fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que precisó que la presentación se realizó en el expediente “Consejo Interuniversitario Nacional y otros c/ EN – PEN – DTO 759/25 s/ amparo Ley 16.986”, iniciado tras cuestionamientos vinculados con la aplicación de la Ley N° 27.775.

Según indicó la cartera nacional, el planteo estuvo dirigido contra la resolución dictada el pasado 31 de marzo por la Sala III de la Cámara y fue acompañado por un pedido de efecto suspensivo, que finalmente fue aceptado por el tribunal.

De esta manera, la cautelar quedará suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie de manera definitiva sobre el caso.

El Ejecutivo recordó además que la Ley de Financiamiento Universitario había sido promulgada mediante el Decreto 759/25, aunque su implementación quedó paralizada bajo el argumento de que el Congreso no estableció las fuentes específicas de financiamiento necesarias para solventarla.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la puesta en marcha de la norma “comprometería el equilibrio de las cuentas públicas”, uno de los principales lineamientos económicos de la administración encabezada por Javier Milei.

Por último, desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron el compromiso oficial con “el derecho de enseñar y aprender”, aunque remarcaron que ese objetivo debe sostenerse dentro de un esquema de “sostenibilidad fiscal” y de utilización “eficiente” de los recursos estatales.

La novedad judicial se conoció además en la antesala de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes. La movilización, impulsada por rectores, gremios docentes y centros de estudiantes, buscará volver a poner en agenda el reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y cuestionar la decisión del Gobierno de trasladar el conflicto al plano judicial.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, solicitó revocar una resolución de la Cámara en lo Penal Económico que impidió la continuidad de su defensa en la causa donde se encuentra procesado. El dirigente está acusado de no depositar en el plazo legal 19.000 millones de pesos correspondientes a aportes retenidos.

A través de un recurso de reposición, el abogado Luis Charro sostuvo que el tribunal aplicó una sanción basada en una ficción procesal. La semana pasada, la justicia declaró desierto el recurso de apelación de Claudio Tapia, cerrando la posibilidad de presentar nuevos argumentos contra el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país dictada por el juez Diego Amarante.

La defensa argumentó que la sanción se apoya en la incomparecencia a una audiencia oral que no se celebra materialmente. Según el planteo, el esquema previsto en el artículo 454 del Código Procesal Penal fue modificado durante la pandemia y reemplazado por la presentación de escritos.

“No resulta jurídicamente admisible conservar las consecuencias propias del régimen anterior sobre una estructura procesal que ya no existe en los hechos”, subrayó el letrado.

Para el representante legal de la Asociación del Fútbol Argentino, la resolución judicial implica un exceso de rigor formal que vulnera el derecho a defensa. Afirmó que no hubo desinterés, sino un error de interpretación en una secuencia confusa de audiencias reprogramadas. El escrito también invoca jurisprudencia de la Corte Suprema contra el ritualismo excesivo.

Por su parte, los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio argumentaron que el cumplimiento de los términos es una garantía para las partes y asegura el principio de bilateralidad. Señalaron que la defensa no presentó el memorial en tiempo y forma, ya que la audiencia fue fijada para el 24 de abril y el escrito se entregó recién el 28 de abril.

La situación procesal de Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres dirigentes sigue bajo revisión. La Cámara en lo Penal Económico fijó una nueva audiencia para el 11 de mayo. En tanto, el fiscal Claudio Navas Rial y la querella de ARCA buscan agravar la acusación por deudas vinculadas a retenciones por publicidad, postura respaldada por el fiscal Gabriel Pérez Barberá.

La controversia sobre los beneficios previsionales de la expresidenta Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo judicial esta semana. El fiscal Juan Carlos Paulucci presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de impedir que se reactive el pago de una de las prestaciones millonarias que la exfuncionaria percibía hasta noviembre de 2024.

Actualmente, se encuentra vigente una medida cautelar que restableció el pago de la pensión que cobra la exmandataria, y la reciente presentación del recurso no suspende dicho cobro. El monto en disputa incluye un adicional por zona austral, a pesar de que la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento porteño tras ser condenada en la causa Vialidad. Esta diferencia se discute en un expediente paralelo.

La decisión de Juan Carlos Paulucci, quien se desempeña como fiscal subrogante ante la Fiscalía General N° 1 de la Cámara de la Seguridad Social, se produjo luego de que la Sala III de la Cámara Federal de ese fuero rechazara, por mayoría, elevar el expediente a la Corte Suprema de la Nación. Tras la condena por administración fraudulenta confirmada por la justicia, la Anses había anulado en noviembre de 2024 tanto la pensión como la asignación vitalicia.

La semana pasada, la Cámara Federal de la Seguridad Social había rechazado el pedido de la Anses y del Ministerio Público Fiscal para que el máximo tribunal interviniera. La mayoría del tribunal entendió que la suspensión del acto contra la exfuncionaria no es un fallo sobre el fondo del asunto, sino que congela la medida de baja hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Al analizar la posibilidad de revisar la medida, el juez Sebastian Eduardo Russo explicó que

“los pronunciamientos sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas o equiparables a tales, y por lo tanto no son susceptibles del recurso extraordinario federal”. El magistrado remarcó el carácter provisional de estas decisiones, aclarando que pueden modificarse en cualquier momento.

Por su parte, el juez Juan A. Fantini Albarenque afirmó que

“la mera circunstancia de que una de las partes fuera la expresidenta de la Nación no resulta determinante a la hora de resolver sobre la admisión o no de un recurso extraordinario”.

No obstante, la fiscalía insistió en que el caso requiere la intervención urgente de la Corte Suprema de la Nación por los intereses públicos en juego, derivando ahora en la presentación del recurso de queja.

El Procurador General, Dr. Julio Conte-Grand, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Sergio Gabriel Torres, el Ministro de Seguridad, Eduardo Javier Alonso, el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el presidente del CUCAIBA, Francisco Leone, suscribieron un acuerdo de cooperación para optimizar los procesos de ablación y trasplante, garantizando la celeridad judicial y el respeto a las investigaciones penales.

Con el objetivo estratégico de salvar vidas y dotar de mayor previsibilidad a los procesos judiciales, se formalizó la aprobación del Protocolo de Actuación Integral en Procesos de Ablación de Órganos y/o Tejidos en Casos de Muerte Traumática.

Esta iniciativa surge de un trabajo articulado entre la Procuración General, la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el CUCAIBA, en busca de mejorar la coordinación entre los distintos actores involucrados.

El nuevo protocolo armoniza lo establecido por la Ley Justina, Ley Nacional N° 27.447, y la Ley Provincial N° 15.419, con el Código Procesal Penal bonaerense. Su finalidad es resolver la histórica tensión entre la necesidad médica de una ablación inmediata y la preservación de pruebas en investigaciones de muertes violentas o sospechosas de criminalidad.

A través de esta normativa, se establecen plazos estrictos y responsabilidades claras para magistrados, fiscales, peritos médicos y fuerzas de seguridad.

Entre los puntos más destacados, se establece la prioridad y celeridad, ya que el Juez de Garantías deberá resolver la autorización de ablación en un plazo máximo de cuatro horas. También se fija la intervención fiscal, con un plazo de dos horas para que el Agente Fiscal emita su opinión sobre la viabilidad del procedimiento, asegurando que no se comprometa el examen autopsiano posterior. Además, se refuerza la coordinación pericial, garantizando que las autopsias de donantes tengan prioridad absoluta en las morgues policiales y facilitando la entrega del cuerpo a sus familiares sin demoras innecesarias.

Para el MPBA, este protocolo representa un avance fundamental en la gestión de las Investigaciones Penales Preparatorias, ya que la participación temprana del médico legista y la comunicación fluida con el CUCAIBA permiten actuar con sensibilidad humana sin descuidar el rigor técnico-científico.

El acuerdo marco incluye además un compromiso de capacitación permanente para todos los operadores involucrados, con el objetivo de que tanto el personal policial como los instructores judiciales y el personal sanitario compartan criterios y procedimientos estandarizados que reduzcan los tiempos de respuesta.

Con esta firma, la Provincia de Buenos Aires se posiciona a la vanguardia en materia de procuración de órganos, destacando que la coordinación interinstitucional es clave para garantizar el derecho a la salud de los pacientes en lista de espera y el acceso a la justicia para toda la sociedad.

El gobierno nacional continúa avanzando con medidas que afectan la ley de Emergencia en Discapacidad. Mientras la discusión se traslada a la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo envió al Congreso un proyecto de ley que elimina diversos derechos del colectivo, entre ellos, los beneficios fiscales para las empresas que promueven la inclusión laboral.

Ante este escenario, el diputado de Unión por la Patria, Cristian Andino, presentó una iniciativa que busca transformar la inserción de personas con discapacidad en el mercado de trabajo. El proyecto, acompañado por los legisladores Jorge Chica, Nancy Sand, Christian Zulli, Gabriela Pedrali, Pablo Todero y Jorge Araujo Hernández, fue remitido a las comisiones de Legislación del Trabajo, Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.

La propuesta establece que el sector privado debe adoptar medidas concretas para garantizar la igualdad de oportunidades, integrando la inclusión como un componente estratégico de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). El texto abarca a todas las personas jurídicas y humanas que desarrollen actividades económicas en el país, con adaptaciones para micro, pequeñas y medianas empresas.

Entre las obligaciones para las compañías, se destaca la incorporación progresiva de personas con discapacidad a la plantilla de personal y la contratación de proveedores que gestionen unidades productivas inclusivas. Además, las empresas deberán contar con descripciones de puestos accesibles y protocolos de prevención frente al acoso y la discriminación.

Para fomentar estas prácticas, el proyecto introduce un régimen de incentivos. Las firmas que cumplan con los requisitos tendrán prioridad en contrataciones con el Estado nacional, acceso preferencial a financiamiento y una reducción del 50% en aportes y contribuciones patronales por los empleados con discapacidad.

Un punto fundamental de la iniciativa es que garantiza que el acceso al empleo formal no provocará la pérdida de la Pensión No Contributiva por Discapacidad (PNC), atendiendo un reclamo histórico del sector. Asimismo, se prevé la creación del Registro Nacional de Empresas Socialmente Responsables e Inclusivas para otorgar un sello oficial a las organizaciones cumplidoras.

Según los impulsores, la medida busca "transformar el paradigma de la inclusión laboral en la Argentina, pasando de la promoción voluntaria a la responsabilidad compartida y garantizando condiciones de igualdad real en el mercado de trabajo", tal como se detalla en el documento ingresado a la Cámara de Diputados.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires presentó un proyecto para fortalecer el Poder Judicial, en el que reclamó autarquía financiera y la urgente cobertura de vacantes en distintos niveles del sistema judicial.

El planteo fue encabezado por su presidente, Sergio Torres, junto a los ministros Hilda Kogan y Daniel Soria, además del procurador general Julio Conte Grand, quienes expusieron la necesidad de avanzar en dos ejes centrales: el presupuesto y la designación de cargos pendientes.

Durante la presentación, Torres advirtió que el tribunal funciona con una integración incompleta desde hace años. “Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, sostuvo, al señalar que actualmente cuenta con solo tres miembros sobre los siete previstos por ley.

En ese sentido, remarcó que cubrir las vacantes no es una cuestión menor, sino una condición esencial para el funcionamiento institucional: implica garantizar la toma de decisiones estratégicas y el ejercicio pleno de las competencias del Poder Judicial.

El déficit no se limita a la Corte. Según se indicó, todavía quedan más de 200 cargos vacantes en el sistema judicial bonaerense, pese a que durante 2025 se concretaron más de 400 designaciones.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la autarquía financiera. Desde el máximo tribunal sostienen que la dependencia del Poder Ejecutivo para la asignación de recursos condiciona su funcionamiento.

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, afirmó Torres, al argumentar que la posibilidad de administrar su propio presupuesto es clave para garantizar un servicio de justicia eficaz.

Actualmente, cerca del 90% del presupuesto judicial se destina a salarios, lo que limita la capacidad de gestión y planificación del sistema.

Un mensaje político al Ejecutivo y la Legislatura

El proyecto, denominado “Fortalecimiento del Poder Judicial”, fue presentado con el respaldo de distintos sectores del ámbito judicial, como colegios de magistrados, abogados y la Asociación Judicial Bonaerense.

La iniciativa constituye también un mensaje hacia el gobierno provincial de Axel Kicillof y la Legislatura, a quienes se les pidió avanzar en consensos para resolver tanto la cuestión presupuestaria como la cobertura de cargos.

El planteo se da en un contexto de debate sobre la calidad institucional y el funcionamiento del sistema judicial, donde desde la Corte insisten en que la falta de integración y de autonomía económica impacta directamente en la eficiencia del servicio de justicia.

El Gobierno nacional anticipó que la disputa por la reforma laboral se resolverá en la Corte Suprema de Justicia, en un contexto marcado por las presentaciones judiciales impulsadas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

“La vigencia o no de la reforma laboral va a ser determinada por la Corte Suprema, ahí va a terminar”, afirmó un funcionario de primera línea del entorno del presidente Javier Milei, al referirse al futuro de la normativa.

En el oficialismo consideran que la estrategia judicial del sindicalismo es el único camino que le queda, aunque anticipan que el desenlace no será favorable para la central obrera cuando intervenga el máximo tribunal.

La tensión se incrementó luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara la semana pasada la validez de la reforma laboral, en el marco de la causa “Confederación General del Trabajo de la República Argentina / Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional s/ Acción Declarativa”.

En ese fallo, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González resolvieron modificar el alcance de la apelación, lo que permitió que la normativa impulsada por el Gobierno recuperara su plena vigencia operativa, tras la medida cautelar que había suspendido 82 artículos.

Sin embargo, el conflicto judicial está lejos de cerrarse. Este lunes, la CGT recusó a ambos magistrados y solicitó la nulidad absoluta del fallo, al considerar que hubo prejuzgamiento sobre cuestiones de fondo vinculadas a los derechos laborales en discusión.

Además, la central obrera cuestionó particularmente a Pesino, al señalar un supuesto favorecimiento a la posición del Estado nacional, en paralelo a un pedido ante el Consejo de la Magistratura para que continúe en su cargo más allá de los 75 años, tal como lo establece la Constitución Nacional.

En el escrito presentado, la dirigencia sindical definió como “descalificable” la conducta del Estado, al sostener que promover la continuidad de un magistrado que falló a favor del oficialismo “constituye una conducta contraria a la ética” y una causa objetiva de apartamiento.

De esta manera, la disputa por la reforma laboral se encamina a una definición judicial de máxima instancia, en un escenario de fuerte confrontación entre el Gobierno y el movimiento obrero.

El gobernador Axel Kicillof encabezará este martes una reunión en la Corte Suprema frente a representantes del Gobierno de Javier Milei en la que la Provincia reclama la devolución de $2,2 billones que Anses debe al sistema jubilatorio bonaerense. Es la segunda audiencia en esta causa, y en La Plata confían en tener una resolución favorable.

Se trata de la segunda audiencia, tras la del 17 de marzo, en la que ante el máximo tribunal se debate la constitucionalidad del DNU 280/2024 de Milei, que suspendió la trasferencia de fondos del Anses destinados a cubrir los déficits previsionales de las cajas provinciales no transferidas al Estado Nacional. Sin embargo, la nota en este segundo encuentro está dada por la presencia de Kicillof, quien regresó hace pocas horas de España.

En concreto, Provincia presentó la demanda en abril de 2024 para reclamar que Nación restableciera “las transferencias y las actualizaciones correspondientes” a la compensación por el déficit de las cajas jubilatorias reconocida en la ley 27.701. El reclamo acumulado, a valores actualizados, asciende a unos 2,2 billones de pesos.

En la primera audiencia, Anses argumentó que no contaba con información suficiente para calcular las transferencias adeudadas, y la Corte le dio 30 días para verificar si realmente le faltaba información o si la Provincia ya se la había remitido. El mismo día de esa reunión entre ambas partes, el Gobierno de Milei cambió al titular de la Anses: se fue Fernando Omar Bearzi y fue designado Guillermo Arancibia.

Más allá de contactos técnicos entre ambas jurisdicciones, la Provincia espera que tras el encuentro de este martes a las 11 la Corte dicte una cautelar que obligue a Nación a retomar los giros mínimos de subsistencia. Paralelamente, se inicia el camino judicial para definir la cuestión de fondo, algo que demandará varios meses.

Cabe recordar que la administración Kicillof inició otras demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, resumió la magnitud del conflicto al señalar que las deudas totales ascienden a $15,6 billones y que desde la asunción de Milei la pérdida de recursos -entre deuda directa, obras paralizadas y caída de la recaudación- llega a $22,2 billones.

El per saltum es un recurso judicial extraordinario que permite llevar un caso directamente a la Corte Suprema, sin pasar por las instancias intermedias, como las cámaras de apelación. Se trata de una herramienta excepcional dentro del sistema judicial argentino, que solo puede utilizarse cuando el caso presenta una situación de gravedad institucional o requiere una resolución urgente por su impacto.

El Gobierno decidió recurrir a este mecanismo en el conflicto por la reforma laboral, luego de que un juez suspendiera más de 80 artículos de la norma tras un planteo de la CGT. El objetivo del recurso es acelerar los tiempos judiciales y evitar que el expediente pase por tribunales intermedios, de modo que el máximo tribunal intervenga de forma directa y defina el caso.

En este contexto, la Procuración del Tesoro solicitó que la Corte Suprema deje sin efecto la medida cautelar y restituya la vigencia de la ley mientras se resuelve el fondo del conflicto. El planteo oficial sostiene que la suspensión de una ley nacional por parte de un juez de primera instancia implica un problema institucional y afecta el principio de división de poderes, uno de los argumentos centrales para justificar el uso de este recurso.

Para que el per saltum avance, la Corte Suprema debe aceptar su tratamiento. En caso contrario, la causa continúa su trámite habitual en las instancias judiciales inferiores. De esta manera, el recurso se convierte en una vía directa y excepcional hacia el máximo tribunal, utilizada en casos puntuales donde se busca una definición rápida sobre temas de alto impacto político, económico o institucional.

La Corte Suprema de Justicia propuso una profunda reforma en el sistema de selección de candidatos a jueces federales y nacionales. El proyecto, que fue elevado para su análisis al Consejo de la Magistratura, tiene como objetivo central fijar un límite al margen de acción política en los criterios de evaluación de los postulantes.

El nuevo reglamento lleva la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Cabe destacar que el documento no cuenta con la rúbrica del presidente de la máxima instancia judicial, Horacio Rosatti, lo que evidencia un cambio en la dinámica interna del tribunal. La propuesta surge en un contexto donde el Consejo de la Magistratura se encamina a modificar su relación de fuerzas, con una mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

La iniciativa busca reducir la discrecionalidad mediante la implementación de un banco de preguntas y un sistema de corrección mediante multiple choice. Uno de los puntos más relevantes es la pérdida de peso de la entrevista personal, que históricamente fue un espacio de alta incidencia política. Con el nuevo esquema, esta instancia solo podrá otorgar un puntaje con un límite del diez por ciento del total, reduciendo al mínimo su capacidad de alterar el orden de mérito.

Asimismo, el reglamento introduce la obligatoriedad de realizar concursos anticipados, incluso antes de que se produzcan las vacantes. Esta medida pretende licuar la influencia del contexto político del momento en el que se desarrolla el proceso de selección y evitar que las vacantes prolongadas afecten el servicio de justicia.

El proceso evaluativo se dividirá en dos etapas para garantizar la objetividad. La primera instancia será de carácter general y técnico, con una calificación automatizada que medirá conocimientos sin discrecionalidad. La segunda etapa, de índole práctica, evaluará la capacidad de resolución de casos y la redacción de sentencias. Todo el sistema se apoyará en herramientas digitales que aseguren la trazabilidad y el anonimato de los postulantes para blindar el proceso frente a interferencias externas.

Además, se establece un sistema de evaluación de antecedentes tabulado, donde la formación académica, los promedios universitarios y la trayectoria judicial se ponderarán mediante métricas verificables. De esta manera, se busca sustituir las valoraciones subjetivas por indicadores claros, como el rendimiento académico en la carrera de grado. Si bien en el organismo existen otras 14 propuestas, esta acordada de la Corte Suprema de Justicia es de cumplimiento obligatorio para el cuerpo colegiado.

Finalmente, el proyecto fue comunicado a las Cámaras nacionales y federales de todo el país, así como a los Supremos Tribunales de Justicia de las provincias. Para su aprobación definitiva en el plenario del organismo, se requerirán mayorías agravadas, consolidando así la influencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso de selección en desmedro de la discrecionalidad de los consejeros.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra el abogado Claudio Castaño por abuso sexual con acceso carnal a un joven que padece esquizofrenia, al rechazar una presentación de la defensa que buscaba revertir la sentencia.

Los hechos ocurrieron en 2016, cuando la víctima relató que fue llevada engañada a la casa del letrado y allí fue forzada sexualmente. Según su testimonio, no pudo defenderse ante las amenazas del abogado y por el temor que le generaba saber que en la vivienda había armas. Castaño negó las acusaciones y afirmó que las relaciones existieron pero fueron consentidas.

En 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de Azul lo condenó a 10 años y diez meses de prisión. Esa pena fue confirmada en 2023 por el Tribunal de Casación bonaerense. En septiembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires rechazó la queja interpuesta por la defensa.

La decisión de la Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena también por incumplimiento de la acordada que regula las presentaciones ante ese tribunal, por lo que ya no quedan vías extraordinarias procesales disponibles para la defensa.