La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la denuncia por presunto lavado de dinero contra autoridades de la AFA debe ser investigada por la Justicia nacional de instrucción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.

El tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, además ordenó a González Charvay que se inhiba de investigar hechos vinculados a la compra de un inmueble ubicado en la localidad de Villa Rosa, donde la denuncia menciona la existencia de autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, una pista de entrenamiento equino, un helipuerto e instalaciones deportivas.

La mansión implicada en la denuncia está valuada en aproximadamente veinte millones de dólares, según consta en el expediente presentado ante la Corte.

En paralelo, la Corte determinó que las causas penales relacionadas con los balances falsos presentados por la AFA queden radicadas en el fuero nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esas investigaciones comprenden denuncias que señalan la omisión en la registración de ingresos por el contrato con Tourprodenter LLC, donde se estiman movimientos cercanos a U$S 400 millones y que fueron señalados por el denunciante Guillermo Tofoni.

En ese tramo de la resolución, la Corte rechazó el planteo del juzgado federal de Campana para quedar con esas causas y dio la razón al juez de la Cámara Penal ordinaria, Ignacio Rodríguez Varela, que la había reclamado para su fuero. El Máximo Tribunal remitió al dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que había señalado criterios jurisprudenciales sobre cuándo la confección de un balance falso puede integrarse con hechos de administración fraudulenta y justificar la competencia del fuero ordinario.

El dictamen de Casal sostuvo que, cuando la registración contable irregular constituye el medio para cometer el fraude o para ocultar el perjuicio del delito contra la propiedad, la investigación corresponde al juzgado criminal del fuero ordinario por su competencia más amplia. Según el Procurador, esa situación se presenta en el caso, porque la omisión denunciada en los balances de la AFA se relaciona con los movimientos de dinero atribuibles a la actividad del agente comercial exclusivo Tourprodenter LLC, que constituye el núcleo de la imputación por administración fraudulenta.

Por otra parte, la Corte falló a favor de la Inspección General de Justicia al mantenerla como órgano de control de la AFA en lo no penal. La disputa se originó en la resolución 140/2026 de la IGJ, mediante la cual el organismo denegó a la AFA la inscripción de la reforma estatutaria que buscaba cambiar su domicilio a un predio de Pilar y pasar al control de la provincia de Buenos Aires. Como consecuencia, la IGJ también denegó la cancelación de la inscripción de la AFA para que quedara bajo la jurisdicción provincial.

La decisión de la IGJ había sido cuestionada por la AFA ante la justicia, y la Corte confirmó la vigencia del control de la Inspección General de Justicia sobre la asociación en el ámbito no penal.

Con estas resoluciones, la Corte Suprema ordenó la continuidad de las investigaciones en las jurisdicciones que consideró competentes y complicó la estrategia de unificación de causas que buscaban los acusados, entre ellos Claudio Tapia y Pablo Toviggino, al dispersar la tramitación entre diferentes fueros.

Fuentes: resolución de la Corte Suprema y dictamen del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, tal como consta en el expediente referido.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso extraordinario federal presentado por la defensa oficial de los ciudadanos iraníes y libaneses prófugos por el atentado a la AMIA, que pretendía llevar a la Corte Suprema sus cuestionamientos al juicio en ausencia.

La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques. La jueza Ángela Ledesma, en disidencia, consideró que correspondía habilitar la intervención del máximo tribunal por la relevancia de las garantías constitucionales involucradas.

El rechazo cierra esa vía de acceso a la Corte en esta instancia, aunque la defensa todavía podría presentar una queja directamente ante el máximo tribunal para intentar que revise la decisión.

Barroetaveña sostuvo que la presentación no acreditó una cuestión federal suficiente para justificar la intervención de la Corte. Según su evaluación, los argumentos expuestos no demostraron una afectación constitucional que permitiera abrir esa instancia extraordinaria.

El magistrado también distinguió la trascendencia social del atentado de los requisitos que debe cumplir un recurso judicial. En ese sentido, señaló que la gravedad del caso no alcanza por sí sola para habilitar la revisión, sin una fundamentación concreta sobre las cuestiones constitucionales planteadas.

Mahiques coincidió con el rechazo y consideró que la defensa no cumplió con las exigencias técnicas de la presentación. Para el juez, los cuestionamientos expresaban una discrepancia con lo resuelto, pero no demostraban arbitrariedad ni una situación de gravedad institucional que justificara la intervención de la Corte.

Ledesma, en cambio, entendió que el planteo involucraba aspectos sustanciales del derecho de defensa de los acusados y debía ser examinado por el máximo tribunal. También reconoció la legitimación del Defensor General de la Nación para interponer el recurso.

La discusión tiene como antecedente una resolución de septiembre, cuando Casación rechazó el planteo de la defensa contra el régimen de juicio en ausencia. Esa modalidad, incorporada por la Ley 27.784, permite avanzar bajo determinadas condiciones en procesos por delitos graves aunque los imputados no estén presentes.

Uno de los puntos cuestionados se relaciona con las condiciones para acceder a un nuevo juicio si una persona eventualmente condenada en ausencia se presenta o es detenida. En aquella resolución, el tribunal consideró prematuro el agravio porque dependía de una sucesión de hechos futuros: una condena firme, la comparecencia del acusado y el eventual rechazo de su pedido de realizar otro debate.

El atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994, dejó 85 víctimas fatales y cientos de heridos. Más de tres décadas después, el avance del proceso contra los acusados que permanecen prófugos sigue atravesado por la discusión sobre cómo compatibilizar el juzgamiento con las garantías de defensa.

Con esta nueva resolución, Casación mantiene su decisión anterior. La eventual presentación de una queja será el próximo paso que podría dar la defensa para insistir con la revisión de la Corte Suprema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que los empleadores no tienen la potestad de decidir unilateralmente a cuáles de sus trabajadores afiliados a un sindicato les retienen la cuota gremial. El máximo tribunal concluyó que esta conducta vulnera la libertad sindical y la autonomía financiera de las organizaciones de trabajadores.

El fallo se dictó en el marco de una causa promovida por el Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Salta, Jujuy y Formosa contra la empresa Refinería del Norte S.A. (REFINOR). La firma había limitado las retenciones a solo 12 afiliados, bajo el argumento de que ciertos empleados administrativos no estaban comprendidos en el ámbito de representación del gremio.

Ante esta situación, el sindicato reclamó que la empresa descontara la cuota a la totalidad de sus afiliados, tal como lo establecía una disposición de la autoridad administrativa. Inicialmente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había rechazado la demanda, al considerar que el conflicto debía resolverse mediante los procedimientos específicos de encuadramiento sindical.

Al analizar el caso, la Corte sostuvo que la empresa no posee facultades para seleccionar qué trabajadores quedan alcanzados por los descuentos ni para definir por sí misma el ámbito de representación de una organización gremial. El tribunal subrayó que estas controversias deben tramitarse por las vías previstas en la Ley 23.551.

Asimismo, los jueces destacaron que las cuotas de afiliación constituyen una fuente esencial de financiamiento para los sindicatos. En este sentido, señalaron que la decisión empresarial de excluir afiliados de las retenciones afecta directamente su capacidad económica y de representación. Para fundamentar su postura, el tribunal citó el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y diversos convenios internacionales sobre libertad sindical.

En consecuencia, la Corte hizo lugar a la queja del sindicato, dejó sin efecto la sentencia apelada y ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo con los criterios establecidos. Es importante señalar que la decisión no resolvió definitivamente el reclamo de fondo, sino que dispuso que el caso vuelva a analizarse bajo los parámetros fijados por el máximo tribunal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció las autoridades que estarán a cargo de la feria judicial durante enero de 2027. La medida fue formalizada mediante la Acordada 30/2026, la cual fue publicada este martes 20 de octubre en el Boletín Oficial, detallando la nómina de magistrados y funcionarios que prestarán servicio en dicho período.

Según el documento oficial, se designó a los jueces que cubrirán las distintas etapas del receso. En este sentido, el texto indica: “Al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz, del 1 al 8; al doctor Horacio Daniel Rosatti, del 18 al 31; al doctor Ricardo Luis Lorenzetti del 25 al 31 y al doctor Diego Barroetaveña (en su carácter de presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y al solo efecto de su intervención en la providencia que resuelva un eventual pedido de habilitación de feria), del 9 al 17”.

En cuanto a la labor administrativa y de soporte, la resolución también especificó quiénes serán los responsables de la secretaría durante el mes de enero. De acuerdo con lo informado, fueron designados: “El doctor Alejandro Rodríguez del 1 al 10; al doctor Sergio Miguel Nápoli del 11 al 24 y al doctor Damián Ignacio Font, del 25 al 31 de enero, como secretarios de feria”.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia comunicó que el horario de atención al público se mantendrá de lunes a viernes, en el rango de 7:30 a 13:30. Asimismo, se estableció que “el personal que preste funciones durante la feria judicial deberá acreditarlo mediante certificación otorgada por los señores secretarios de feria”, garantizando así el cumplimiento de las tareas administrativas necesarias para el funcionamiento del sistema judicial durante el receso estival.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo presentado por siete de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell. En esta oportunidad, el máximo tribunal intervino en una causa penal que los propios acusados habían impulsado contra la fiscal que investigó el homicidio y otros funcionarios judiciales, a quienes atribuían diversas irregularidades cometidas durante las primeras horas del expediente.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los magistrados desestimaron el recurso tras considerar que el mismo carecía de fundamentación autónoma y que no lograba refutar de manera adecuada los argumentos de la resolución apelada.

El planteo había sido promovido por el abogado Hugo Tomei en representación de Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi. Los siete condenados denunciaban que, durante las indagatorias realizadas poco después del asesinato, no se les habían informado correctamente los hechos imputados ni las pruebas reunidas en su contra. Asimismo, cuestionaron las circunstancias en las que fueron confeccionadas y firmadas las actas de aquellas declaraciones, argumentando que no se respetaron las garantías previstas por el Código Procesal Penal bonaerense.

Más allá de la estrategia defensiva en la causa principal, Hugo Tomei avanzó por una vía independiente al promover una denuncia penal por los supuestos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad. Entre los denunciados figuraban la fiscal Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli.

La controversia se originó en febrero de 2020, cuando la defensa cuestionó inconsistencias en los horarios consignados en las actas. Según el letrado, los intervalos de tiempo resultaban insuficientes para cumplir con las formalidades legales. Si bien en febrero de 2022 la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados, la investigación no prosperó y fue desestimada por ausencia de dolo.

Posteriormente, ante el rechazo de diversas medidas de prueba, la defensa buscó la revisión del superior del fiscal y, finalmente, acudió ante el juez David Mancinelli, a quien recusó y le solicitó declarar la inconstitucionalidad del procedimiento. Tanto la recusación como el planteo fueron rechazados por el magistrado, decisión que luego fue confirmada por el Tribunal de Casación.

La Corte Suprema de Justicia avanzó en la definición del conflicto judicial en torno a la Ley de Tierras, tras designar a los dos conjueces que se sumarán al debate para resolver la validez del artículo 154 del DNU 70/23. La medida busca acelerar los plazos ante la falta de unanimidad entre los tres miembros del máximo tribunal.

Los magistrados seleccionados para intervenir en la causa son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Según trascendió, el tribunal decidió acortar a 24 horas el plazo para que dicha integración quede consentida, considerando las particulares circunstancias del expediente.

El origen del reclamo se remonta a una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie, la cual sostiene que la derogación impulsada por el Gobierno nacional resulta inconstitucional. La entidad argumenta que la normativa afecta el medioambiente, la protección del territorio, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La presentación inicial fue radicada en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, aunque posteriormente fue derivada a la Cámara Federal de La Plata, instancia donde tampoco se trató el fondo del planteo. Esta decisión de la Corte Suprema se produce luego de que el tribunal rechazara un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), al considerar que dicha organización no contaba con la legitimación necesaria para promover la acción.

La Suprema Corte bonaerense decidió acelerar su ofensiva para contar con autarquía presupuestaria y financiera y presentó un proyecto en ese sentido ante la Cámara de Diputados. En simultáneo, emitió una resolución en la que reclama la cobertura de vacantes en el poder judicial.

La presentación del proyecto de autarquía, que la Corte había anunciado en abril, implica un intento de que esa iniciativa forme parte del debate por el Presupuesto de la Provincia para el año que viene, que la administración de Axel Kicillof debe presentar en los próximos días ante la Legislatura.

Cuando anunció la iniciativa, la Corte había hecho un enfático reclamo a los poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses para que se completen las cuatro vacantes que existen en ese ámbito, trámite que se encuentra frenado en medio de la interna peronista. En el máximo tribunal provincial, Sergio Gabriel Torres ocupa el cargo de presidente, Daniel Fernando Soria el de vicepresidente e Hilda Kogan de ministra, mientras restan cuatro lugares sin cubrir debido a las salidas de Luis Genoud (jubilación), Eduardo De Lázzari y Juan Carlos Hitters (renuncias), y el fallecimiento de Héctor Negri.

Si finalmente la autarquía es aprobada, la Suprema Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto, con participación previa del Ministerio Público. Respecto a la política salarial, la Corte podría fijar el escalafón y remuneraciones, en busca de acercarse a los salarios que se pagan en la Justicia nacional. La idea es que, durante los primeros tres ejercicios, se recupere el 85% de la brecha existente.

En simultáneo, la Suprema Corte de Justicia emitió la Resolución SC 2.917/26, en la que solicita a los poderes Ejecutivo y Legislativo la creación de órganos judiciales en distintas jurisdicciones del ámbito provincial, en los fueros Penal, Civil y Comercial, Familia, Contencioso Administrativo y Laboral.

A su vez, requirió el inicio o la culminación de las designaciones de los magistrados correspondientes a los órganos creados por diversas leyes, que se encuentran pendientes de funcionamiento, y la ampliación de competencia territorial de órganos judiciales. En el documento, los jueces remarcaron expresamente que las creaciones solicitadas deben contemplar el crecimiento edilicio y la asignación presupuestaria de los cargos de personal indispensables para garantizar su funcionamiento operativo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó este martes 6 de octubre de 2026 que convocará a dos conjueces para avanzar en el debate sobre la validez del artículo 154 del DNU 70/23, el cual derogó la Ley de Tierras. La decisión se tomó luego de que los ministros del máximo tribunal no lograran alcanzar la unanimidad de criterios durante el acuerdo realizado esta jornada.

El expediente, identificado bajo la causa FGR 20213/23, se originó a partir de una demanda presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie. En su presentación, la entidad cuestionó la constitucionalidad del artículo 154 del decreto, basando sus argumentos en el derecho a la protección del ambiente contemplado en la Constitución Nacional.

La causa, que no fue resuelta anteriormente por la Justicia Federal de Bariloche ni por la Cámara Federal de La Plata, se enmarca en el régimen de procesos colectivos. Este mecanismo permite agrupar las demandas vinculadas a una misma temática.

Este análisis se produce después de que la Corte rechazara, por falta de legitimación, la presentación realizada por el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas (Cecim). En aquella oportunidad, el tribunal aclaró que el fallo respondía a una cuestión procesal y que no existían impedimentos para analizar otros expedientes sobre la misma materia. Tras la resolución del planteo del Cecim, quedó habilitado el tratamiento del expediente impulsado por la asociación ambientalista.

Stanislaw Jerzy Lec hizo de la ironía una forma de interrogar las grandes palabras y a las instituciones que dicen representarlas. “Apártate del camino de la Justicia…”, escribió en sus Pensamientos despeinados. Prefiero detener la cita allí. La imagen de la Justicia con los ojos vendados simboliza imparcialidad. El problema comienza cuando esa venda deja de impedir las arbitrariedades y pasa a expresar la más absoluta insensibilidad.

En “Oración a la justicia", la exquisita María Elena Walsh, en forma de súplica le pide que se quite la venda, vea la realidad y actúe con imparcialidad y verdadera equidad frente a los abusos y las mentira.

Pensaba en ambos al leer el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras. El Tribunal revocó la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Ejecutivo derogó la Ley 26.737. Aclaró que no resolvía la constitucionalidad de esa derogación. Sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata carecía de legitimación para promover la acción. El expediente se cerró antes de llegar al fondo, pero las consecuencias de esa decisión llegaron mucho más lejos.

Calificados tratadistas como Gargarella, Clérico y Ferreyra entre otros, señalaron una contradicción difícil de eludir. La Corte afirma que no se pronuncia sobre la constitucionalidad del decreto, aunque su decisión permite que la derogación vuelva a producir efectos. La legitimación es una exigencia jurídica que debe examinarse. Pero su tratamiento no vuelve inocuo el resultado. Una respuesta procesal puede modificar la realidad sobre la que el tribunal evita pronunciarse. No decidir el fondo también puede ser una manera de decidir.

Párrafo aparte merece quienes quedaron afuera de la conversación. En este caso fueron excombatientes de Malvinas. Su experiencia no les concede automáticamente legitimación ni les asegura tener razón. Sin embargo, en una controversia sobre territorio, soberanía y adquisición de tierras por extranjeros, merecen ser tenidos en cuenta. Hay una diferencia entre determinar quién puede promover una acción y preguntarse qué conocimiento se pierde cuando ciertas voces quedan fuera de la discusión. La primera cuestión pertenece al derecho procesal. La segunda permite examinar la calidad del conocimiento sobre el que se construye una decisión. La divisoria tan proclamada en las aulas que forman abogados siempre resaltan el fondo y la forma. ¿La Justicia qué dice al respecto?

Ese es el aporte de la justicia epistémica. Miranda Fricker analiza cómo los prejuicios pueden reducir injustamente la credibilidad de una persona y cómo la falta de recursos compartidos para interpretar una experiencia dificulta hacerla comprensible. José Medina profundiza el examen de las posiciones de privilegio que alimentan la ignorancia y la resistencia a escuchar. La exclusión procesal de los excombatientes no demuestra, por sí sola, una injusticia epistémica. Obliga, sin embargo, a interrogar las condiciones bajo las cuales el tribunal reconoce saberes relevantes. La arrogancia epistémica consiste en creer que aquello que uno sabe basta para comprender lo que debe resolver.

Esta perspectiva añade un argumento a la crítica del control judicial contramayoritario. Waldron cuestiona la presunción de que los jueces ofrecen mejores respuestas a los desacuerdos sobre derechos. Gargarella propone revisar la distribución del poder y ampliar la deliberación entre quienes resultan afectados. La dimensión epistémica permite profundizar esa discusión. Escuchar otras experiencias puede revelar errores, hacer visibles aspectos ignorados y mejorar las razones de una decisión. Tener la última palabra es una atribución institucional. No garantiza haber comprendido mejor el problema.

El fallo presenta, además, una circunstancia que vuelve todo más incómodo. El DNU 70 llegó hace tiempo a la propia Corte en varias causas que discuten aspectos sustantivos de su constitucionalidad. Un decreto de necesidad y urgencia es un remedio excepcional, reservado para supuestos muy limitados. Su nombre debería bastar para exigir una respuesta oportuna. Sin embargo, está por cumplir tres años y sigue produciendo efectos mientras la Corte demora su decisión. Frente a la Ley de Tierras hubo, en cambio, una respuesta procesal con consecuencias inmediatas. Los tiempos judiciales también deciden. Mientras el tribunal espera, las normas transforman la realidad sobre la que algún día habrá de pronunciarse.

También el Parlamento está en deuda. Debe reformular la ley que reglamenta los DNU y exigir un pronunciamiento expreso en un plazo breve, vencido el cual, sin aprobación, el decreto pierda vigencia. La misma exigencia debe alcanzar a la Corte cuando se cuestiona su constitucionalidad. La excepcionalidad pierde sentido si el control puede aplazarse indefinidamente. Tenemos dos cámaras y cientos de legisladores, pero la sola firma del presidente, con el refrendo de sus ministros, puede alterar los asuntos más sensibles del país mientras quienes deben controlarlo dejan correr el tiempo. Una decisión de semejante alcance queda sometida a menos controles efectivos que un préstamo virtual. Y cientos de miles de deudores argentinos saben lo que ocurre cuando la necesidad y la urgencia obligan a aceptar condiciones que apenas pudieron examinar. En una democracia, la urgencia no puede convertirse en un recurso para eludir los controles. Porque las consecuencias de esa deuda institucional las paga toda la sociedad.

Si llegaste hasta aquí, no estamos pidiendo un aporte, simplemente buscá y completá la frase de Lec. A los jueces les han dado la última palabra. Pero en una sociedad plural y democrática, la razón se construye en el diálogo, con todas las voces. ¿Una utopía? Tal vez. Personalmente me quedo con aquella de Serrat, «incorregible, que no tiene bastante con lo posible».

 * Abogado, Licenciado en Filosofía, Mediador, Especialista en Periodismo, Master en Derecho Penal; Profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23, mediante el cual el Gobierno nacional derogó la denominada Ley de Tierras Rurales.

La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), entidad que había promovido la demanda contra el Poder Ejecutivo, no tenía legitimación para iniciar esa acción judicial.

De esta manera, el máximo tribunal dejó sin efecto la resolución de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del decreto.

La Corte sostuvo que no estaba configurado un “caso o controversia” que habilitara la intervención judicial en los términos planteados por la organización demandante.

En particular, el CECIM había argumentado que la derogación de la Ley de Tierras afectaba la soberanía territorial y que esta debía ser considerada un bien colectivo. Sin embargo, el máximo tribunal rechazó ese razonamiento.

Para la Corte, la soberanía territorial constituye uno de los elementos propios del Estado y no puede ser considerada un bien colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, utilizado para determinar la procedencia de determinadas acciones colectivas.

El tribunal también cuestionó el criterio adoptado por la Cámara Federal de La Plata al habilitar el planteo y advirtió sobre decisiones de tribunales inferiores que reconocen legitimaciones que, según señaló, se apartan de los requisitos fijados por la jurisprudencia de la Corte.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es que la Corte no analizó si la derogación de la Ley de Tierras es constitucional o inconstitucional.

El tribunal aclaró expresamente que su decisión se limita a determinar que el CECIM no contaba con legitimación para llevar adelante la demanda y que, por lo tanto, no se encontraban reunidos los requisitos constitucionales para considerar configurado un caso judicial.

En consecuencia, la sentencia no implica una definición de fondo sobre la validez constitucional del artículo 154 del DNU 70/23, ni tampoco sobre la intervención que le corresponde al Congreso respecto del decreto.

La Ley 26.737, sancionada en 2011, estableció el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales.

Entre otros aspectos, la normativa fijaba límites para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

En diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei incluyó en el DNU 70/23 el artículo 154, que dispuso directamente la derogación de esa legislación.

A partir de allí comenzó una disputa judicial. El CECIM presentó una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo y, durante enero de 2024, se dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de la derogación.

Posteriormente, la presentación fue rechazada en primera instancia por falta de legitimación, pero la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa decisión en marzo de 2024, admitió la demanda y declaró inconstitucional el artículo 154 del DNU.

El Estado nacional apeló la resolución y el expediente llegó finalmente a la Corte Suprema, que ahora revocó el fallo de Cámara por considerar que la organización que inició el proceso no estaba habilitada para hacerlo, sin ingresar en el análisis de constitucionalidad de la derogación.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que había considerado válida una tasa aplicada por la Municipalidad de la capital provincial al Banco Galicia. La decisión establece un precedente relevante en torno a los requisitos que deben cumplir los municipios para cobrar este tipo de tributos.

Por unanimidad, el máximo tribunal consideró que la normativa municipal no identificaba con suficiente precisión cuáles eran los servicios concretos que justificaban el cobro de la tasa. Además, cuestionó que se hubiera trasladado al contribuyente la obligación de demostrar que esas prestaciones no habían sido realizadas.

El pronunciamiento adquiere especial relevancia en medio de la discusión por las tasas municipales utilizadas por distintas intendencias para incrementar su recaudación, un debate que durante los últimos años enfrentó al Gobierno nacional con diferentes municipios, especialmente del conurbano bonaerense.

La administración nacional cuestionó en reiteradas oportunidades la incorporación de conceptos municipales en facturas de servicios y en el precio de los combustibles, mientras que los gobiernos locales defendieron esos recursos como una herramienta para financiar prestaciones y afrontar sus gastos.

En este caso, los jueces hicieron lugar a una queja presentada por el Banco Galicia contra la Municipalidad de Córdoba, declararon procedente el recurso extraordinario y dejaron sin efecto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia cordobés.

El conflicto se remontaba a 2008, cuando el Municipio determinó un ajuste fiscal a la entidad bancaria por la denominada “Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios”, contemplada en el artículo 231 del Código Tributario Municipal.

El reclamo comprendía períodos fiscales entre diciembre de 2001 y octubre de 2005, además de intereses y una multa.

La entidad bancaria llevó el planteo ante la Justicia provincial, pero el Tribunal Superior convalidó el tributo. Frente a esa resolución, presentó una queja ante la Corte Suprema argumentando que el cobro no reunía las características necesarias para ser considerado una tasa.

Entre otros puntos, sostuvo que este tipo de tributos debe encontrarse vinculado a un servicio concreto, efectivo e individualizado, y no simplemente a prestaciones generales que benefician al conjunto de los habitantes.

El fallo fue firmado por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Rosatti desarrolló sus fundamentos en un voto propio, mientras que Rosenkrantz y Lorenzetti compartieron una posición conjunta.

Pese a las diferencias en los fundamentos, los tres magistrados coincidieron en revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, estableciendo un criterio que podría tener impacto en otras controversias vinculadas con tasas municipales en distintos puntos del país.

El Estado podría tener que afrontar casi 10 millones de dólares en honorarios de abogados luego de que quedara sin efecto el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa por la obra pública en Santa Cruz. La suma en discusión asciende a unos 13.614 millones de pesos y corresponde a los honorarios regulados a favor de 12 abogados que intervinieron en representación de los demandados.

El cobro, sin embargo, todavía no está firme. Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la decisión que dio por terminado el expediente y la Cámara suspendió el trámite de las regulaciones hasta que se resuelva ese planteo. La demanda había sido promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios, entre ellos Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Osvaldo Daruich, Nélson Periotti, José Francisco López y Raúl Gilberto Pavesi.

Con el paso del tiempo, el Estado dejó de impulsar el expediente. La inactividad comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y terminó de consolidarse entre marzo y abril de 2025. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró entonces la caducidad de la instancia, una figura procesal que permite dar por terminado un juicio cuando la parte que debe impulsarlo permanece inactiva durante el plazo previsto por la ley.

A partir de esa decisión, los abogados de los demandados pidieron que se fijaran sus honorarios, regulación que fue realizada el 9 de abril pasado. El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, a quien se le regularon aproximadamente 3.714 millones de pesos, equivalentes a unos 2,42 millones de dólares. También fueron regulados honorarios por unos 1,21 millones de dólares cada uno para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora. En el caso de los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene asignados alrededor de 359 mil dólares y Fernando Muriel, unos 216 mil dólares.

El 14 de julio, la Cámara resolvió suspender el trámite de regulación de honorarios hasta que la Corte Suprema defina el recurso presentado por Vialidad. Ante esa situación, Goldín y Muriel acudieron el 4 de agosto directamente al máximo tribunal, denunciaron una situación de privación de justicia y pidieron que se deje sin efecto la decisión que mantiene congeladas las regulaciones.

La discusión se tramita en paralelo con la ejecución patrimonial de la condena penal en la causa Vialidad, donde el Tribunal Oral Federal N° 2 avanza sobre los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados para hacer efectivo el decomiso. El monto fue actualizado de acuerdo con un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y quedó establecido en 685.000 millones de pesos, cifra que ya fue confirmada en las distintas instancias judiciales.

El fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, apeló este 15 de abril de 2024 el fallo que ordenó trasladar la causa por la compra de una mansión en Pilar al juzgado federal de Campana. El expediente investiga al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero.

Según informaron fuentes judiciales, Villar reclamó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoque la sentencia, la cual calificó de arbitraria. El objetivo del fiscal es que la causa regrese a manos del juez Daniel Rafecas, quien intervino originalmente y ordenó el allanamiento de la propiedad, donde se secuestraron 54 autos de lujo y de colección.

Desde que se inició la investigación en diciembre pasado, el expediente ha transitado por 14 jueces. La defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes figuran como titulares de la propiedad a través de la empresa Real Central SRL, solicitó que el caso pase al juzgado de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, por tener jurisdicción sobre Pilar.

La Cámara Federal de Casación Penal, con el voto de los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, había avalado el traslado al considerar que el lavado de dinero es un delito federal. Sin embargo, el fiscal Villar objetó esta decisión argumentando que la investigación excede la compra de un inmueble.

No se investigó exclusivamente la adquisición de un inmueble emplazado en la localidad de Villa Rosa, sino una presunta maniobra de lavado de activos que, desde su origen, fue concebida como una operatoria de naturaleza económica y financiera desarrollada mediante la utilización de personas jurídicas, modificaciones societarias y diversas operaciones patrimoniales, sostuvo el fiscal.

El fiscal enfatizó que tanto la sociedad compradora como otras empresas involucradas tienen sede en la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la AFA. Ahora, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal deberá definir si concede el recurso para que el máximo tribunal tome intervención en el caso.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este viernes el procesamiento del agente inorgánico de la AFI Ariel Zanchetta, el hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y el joven Tomás Hválica. Los tres están acusados de integrar una asociación ilícita que realizó tareas de espionaje contra ministros de la Corte Suprema y miembros de la justicia federal.

Según el fallo, la organización llevó a cabo una recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios. El magistrado sostuvo que

la actuación coordinada en la recopilación masiva y sistemática de datos personales, patrimoniales y migratorios de altas autoridades del Poder Judicial de la Nación que llevó a cabo Zanchetta, reflejan que no se trató de averiguaciones aisladas, sino de una labor funcional orientada a abastecer de información sensible a la estructura criminal.

La investigación determinó que la banda operó entre febrero de 2022 y mayo de 2023. La estructura criminal se valió de la plataforma Dark PFA, creada por Tomás Hválica, para acceder a información sensible. Por su parte, Ezequiel Nuñes Pinheiro reconoció en su indagatoria haber realizado encargos de hackeo tras ser contactado por el usuario ElJuanxd a través de la aplicación Telegram.

El caso también involucra a Ariel Zanchetta, un ex policía federal que realizaba búsquedas constantes de magistrados, políticos y artistas en la base SudamericaData. El expediente señala que el ex agente mantenía vínculos con el ex director de Contrainteligencia de la SIDE y diputado, Rodolfo Tailhade, además de interactuar con el ex funcionario de la AFIP, Fabián “Conu” Rodríguez, quien le solicitaba información sobre diversos objetivos políticos.

La Corte Suprema dejó firme este jueves la cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo vigente la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los tres ministros del tribunal: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Estado y ratificó la decisión cautelar dictada en la instancia anterior, la cual se originó a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y de diversas universidades nacionales.

La justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado, como medida cautelar, que el Gobierno cumpliera de inmediato con los artículos 5 y 6 de la ley. Estos puntos refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, además de la recomposición de los programas destinados al estudiantado.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el Congreso había insistido en la sanción de la ley y advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender. Asimismo, el tribunal consideró que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.

El 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo firmó un acta donde se comprometió a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos. Por este motivo, la resolución de la Corte no tiene efectos económicos inmediatos, pero funciona como un aval implícito a la ley.

El Gobierno Nacional había intentado recusar a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria, pedidos que fueron desestimados por el tribunal. El expediente sobre la cuestión de fondo, que incluye el planteo de inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Estado Nacional a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Al rechazar el recurso presentado por el Gobierno por falta de sentencia definitiva, el tribunal mantuvo la vigencia de la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles.

La resolución fue firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Según el fallo, el máximo tribunal desestimó la presentación del Ejecutivo y ratificó la decisión dictada en la instancia anterior, originada a partir de un amparo colectivo impulsado por representantes del Consejo Interuniversitario Nacional y diversas universidades nacionales.

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la norma, los cuales refieren a la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de la recomposición de los programas del estudiantado. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había advertido previamente que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender.

Previamente, el 10 de junio de 2026, el Poder Ejecutivo había firmado un acta en la que se comprometía a transferir fondos para un incremento de la masa salarial del 24,33%, una suba del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas para hospitales universitarios hasta 50.000.000.000 de pesos.

Cabe recordar que el planteo de fondo, que busca declarar la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, continúa su curso por separado. En dicho decreto, el Estado había dispuesto que la ley solo podía ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento, argumento que fue desestimado en esta instancia por la justicia.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso histórico en el proceso de modernización del Poder Judicial al poner en consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) en los tribunales bonaerenses. Además, dispuso la creación de una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que tendrá a su cargo la supervisión y seguimiento de la iniciativa.

La medida busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando que su utilización se realice de manera segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

El proyecto, que permanecerá abierto a observaciones y sugerencias hasta el próximo 7 de agosto, constituye una experiencia inédita en el ámbito judicial argentino. Bajo la premisa de que “la función jurisdiccional es indelegable e insustituible”, la Corte busca evitar que las herramientas tecnológicas sustituyan el razonamiento humano en la toma de decisiones judiciales.

Según la resolución, magistrados, funcionarios, empleados judiciales, colegios profesionales, universidades y cualquier persona interesada podrán participar de la consulta pública a través de un formulario disponible en el sitio web oficial del máximo tribunal.

La Suprema Corte destacó que la inteligencia artificial ya se utiliza en distintos sistemas judiciales del mundo para tareas vinculadas a la gestión de expedientes, análisis de datos, sistematización de jurisprudencia y atención de usuarios. Sin embargo, advirtió que estas tecnologías también presentan riesgos, como la reproducción de sesgos, errores en los resultados o la generación de información inexacta.

En ese sentido, el futuro reglamento apunta a mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y administrativos, facilitar el acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y brindar herramientas de apoyo a la labor jurisdiccional sin reemplazar la intervención humana.

El texto establece de manera expresa que ningún sistema de inteligencia artificial podrá asumir la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni la elaboración de los fundamentos jurídicos que sustentan sentencias o resoluciones.

Asimismo, aclara que el uso de estas herramientas no exime a jueces, funcionarios ni agentes de la responsabilidad sobre el contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de IA. Por el contrario, deberán ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados obtenidos.

Entre las disposiciones más relevantes, la Corte prohibió a sus integrantes utilizar chatbots de acceso gratuito o comercial, como ChatGPT, para procesar información judicial sensible o vinculada a investigaciones en curso.

La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger datos personales y evitar que información confidencial pueda ser utilizada para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial fuera del control institucional.

De esta manera, la Suprema Corte bonaerense busca avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías al sistema judicial, pero bajo reglas claras que preserven la transparencia, la seguridad de los datos y el rol irremplazable de las personas en la administración de justicia.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

El presidente Javier Milei reformó este martes el proceso de postulación de magistrados federales mediante la firma del Decreto 467/2026. La norma, publicada en el Boletín Oficial, modifica los decretos 222/2003 y 588/2003 con el objetivo de eliminar una serie de instancias administrativas previas a la nominación presidencial que, según el texto oficial, duplicaban etapas ya previstas en el procedimiento constitucional del Senado de la Nación.

El decreto, que lleva también la firma del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, alcanza al proceso de designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Procurador General de la Nación, del Defensor General de la Nación y de los jueces de tribunales federales inferiores, fiscales y defensores públicos.

La medida generó diversas interpretaciones respecto a un posible avance para cubrir las vacantes en la Corte Suprema, tras las jubilaciones de Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Desde el entorno de Mahiques admiten que el momento elegido para la medida propicia este tipo de lecturas.

El asesor presidencial Santiago Caputo se manifestó esta mañana a través de la red social X, donde expresó su adhesión a la normativa. Al respecto, sostuvo:

Fuentes oficiales de la Casa Rosada indicaron que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, mantuvo reuniones con el Presidente donde le propuso dos candidatos para completar la integración del máximo tribunal. Según información trascendida, Santiago Caputo vería con buenos ojos avanzar en esta dirección, en línea con la agilización que propone el nuevo decreto.

Desde el Ministerio de Justicia señalaron que el interés principal radica en reducir la burocracia para cubrir vacantes en juzgados, fiscalías y defensorías. Operadores judiciales del Gobierno calificaron el trámite actual como complejo, señalando que la revisión de pliegos puede realizarse correctamente a través del proceso establecido por el Senado.