En medio de la búsqueda de medidas para reactivar la economía, el Gobierno y empresarios mantienen conversaciones para implementar un plan de créditos destinado a la compra de vehículos nacionales y a financiar viviendas en etapa avanzada.

Según publicó Clarín, el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, y las terminales automotrices están evaluando ofrecer préstamos por hasta $50 millones para adquirir autos fabricados en Argentina, con fondeo del Banco Nación. Aún restan definirse detalles sobre la tasa y el plazo.

Desde las empresas consultadas confirmaron que "se está conversando y analizando cada empresa que aporte para mejorar la tasa" y que "están trabajando en créditos con Banco Nación". Una fuente oficial agregó que "se está trabajando en eso, pero por ahora no hay nada para comunicar".

"Se está conversando y analizando cada empresa que aporte para mejorar la tasa, recién la semana próxima habrá definiciones" (fuentes de una fabricante).

La negociación se desarrolla en un escenario donde el Gobierno busca impulsar tanto el mercado automotor como el de la construcción. El ministro Luis Caputo advirtió la semana pasada que el gobierno no se moverá "ni un centímetro de este camino" por orden del presidente, y el Fondo Monetario afirmó que se acordaron reformas para generar crecimiento sólido y empleo, incluyendo la profundización de los mercados de capitales y el hipotecario.

En la actualidad, el Banco Nación ofrece préstamos para autos por hasta 72 meses a una tasa del 36% TNA fija para clientes con cobro de haberes o previsional en la entidad y del 46% TNA fija para el resto, con un límite de afectación de ingresos de hasta 35% para haberes y hasta 30% para el resto de los usuarios.

Los datos del mercado muestran señales de contracción. Según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), en septiembre la producción alcanzó 39.747 unidades, un 15,6% menos que en septiembre de 2025, y entre enero y septiembre la fabricación fue de 314.975 vehículos, una caída interanual del 16,9%. En tanto, las exportaciones mostraron un punto positivo: en septiembre se enviaron 28.213 vehículos, un 6,8% más que un año atrás, y en los primeros nueve meses los embarques sumaron 203.072 unidades, con un crecimiento del 1,6%.

El mercado interno continúa débil: en octubre se patentaron 45.965 vehículos 0 km, un 12% menos que en octubre de 2025 y un 8,4% por debajo de septiembre. Según ACARA, el 68% de las unidades patentadas fue importado y solo 32% fabricado en el país. El acumulado de los primeros diez meses fue de 481.852 unidades, una caída del 12,8% interanual.

En paralelo, el Gobierno analiza ampliar los préstamos hipotecarios con fondeo público para otros usos, incluyendo la financiación de vivienda sin terminar. Actualmente, la ANSeS subasta depósitos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para que los bancos otorguen créditos con tasas máximas del 7,5 más CER para la compra, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

Fuentes consultadas señalaron que las autoridades priorizarán primero la vivienda en construcción, al considerar que con obra avanzada el riesgo es menor y que la medida podría reactivar la construcción porque permitiría que las obras en marcha retomen ritmo. La primera licitación se realizó el 7 de septiembre.

En la segunda subasta de depósitos, se adjudicaron $3.252 millones a un año a una tasa de 2,71%+UVA, mientras que en un tramo a cinco años se otorgaron $196.747 millones a 4,79%+UVA. Ahora el Gobierno evalúa licitar plazos fijos a más de cinco años para ampliar el fondeo disponible.

El financiamiento al sector privado consolidado mostró una mínima contracción mensual en octubre, que alcanzó el 0,1% real sin estacionalidad, impulsado por una baja en las líneas de consumo familiar, según reflejó un informe de la consultora Equilibra.

El comportamiento mostró divisiones marcadas en su interior: mientras que los préstamos a las familias se contrajeron un 0,3% real sin estacionalidad, el financiamiento a empresas creció un 0,3% real sin estacionalidad. Al considerar el crédito consolidado en pesos y dólares a precios constantes, la contracción general del mes se ubicó en -0,1% real.

En el segmento de los hogares, el retroceso estuvo impulsado principalmente por el financiamiento al consumo. Las tarjetas de crédito cayeron un 2,1% real sin estacionalidad y los créditos personales retrocedieron un 0,1% real. En contraste, las líneas con garantía real aumentaron un 2,3% real, sostenidas por el dinamismo de los préstamos hipotecarios.

Según la Encuesta de Condiciones Crediticias (ECC) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las entidades bancarias no efectuaron cambios en los estándares de crédito para los hogares, salvo en las líneas hipotecarias, donde flexibilizaron tanto el acceso como los montos.

Para el cuarto trimestre del año, los bancos prevén un aumento en la demanda de crédito por parte de las personas. NA

La empresa Turbodisel realizó la primera operación de leasing inmobiliario en UVA de Provincia Leasing para acceder a un inmueble de 25.000 metros cuadrados, una inversión que le permitirá fortalecer su capacidad operativa y logística.

En ese marco, autoridades de Banco Provincia, Provincia Servicios Financieros y Provincia Leasing recorrieron el inmueble adquirido mediante esta herramienta para conocer el proyecto, interiorizarse sobre las mejoras que aportará la nueva infraestructura y destacar el potencial del leasing inmobiliario como alternativa de financiamiento para la inversión productiva.

Participaron de la actividad Juan Cuattromo, presidente de Banco Provincia; Ana Luz Balor, diputada provincial; Fernando Gelfo, vicepresidente de Provincia Servicios Financieros; Valeria Dallera, presidenta de Provincia Leasing; Benjamín Pérez, presidente de Turbodisel; y Guido Pérez, director de la empresa.

“Con este primer leasing inmobiliario incorporamos una herramienta innovadora que les permite a las empresas desarrollar proyectos de largo plazo sin comprometer su capital de trabajo”, expresó Cuattromo.

Y añadió que “desde Banco Provincia tenemos el mandato del gobernador Kicillof de seguir generando instrumentos que fortalezcan el entramado productivo bonaerense, promuevan creación de empleo y contribuyan al crecimiento de la economía bonaerense”.

Por su parte, Valeria Dallera destacó que “concretar el primer leasing inmobiliario de Provincia Leasing marca un nuevo hito para la compañía. Incorporamos una herramienta que amplía las posibilidades de financiamiento y nos permite acompañar proyectos de inversión de largo plazo que fortalecen la capacidad productiva de las empresas bonaerenses”.

Tras el recorrido, los participantes compartieron un espacio de diálogo sobre la coyuntura económica actual y las herramientas de financiamiento que ofrece Provincia Leasing para impulsar inversiones productivas y apoyar el desarrollo de la industria bonaerense.

El leasing se consolida como una alternativa que ofrece importantes ventajas para quienes buscan realizar inversiones de largo plazo. Entre sus principales beneficios se destacan la posibilidad de acceder a bienes sin realizar una inversión inicial significativa, financiar proyectos con plazos acordes a la vida útil de los activos, preservar liquidez para el giro operativo y facilitar la incorporación de tecnología e infraestructura estratégica.

Turbodiesel, la primera empresa en acceder al leasing inmobiliario del Banco Provincia, tiene 50 años de trayectoria en la producción de maquinaria para el agro y las industrias naval, ferroviaria y petrolera.

Con presencia en Argentina y Paraguay, el éxito que alcanzó en Buenos Aires, con su planta ubicada en El Talar, la llevó a expandirse hacia Barracas –Capital Federal-, Neuquén y Asunción (Paraguay).

El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa que reúne más de 225 artículos y plantea modificaciones en instrumentos de ahorro, crédito e inversión. Entre sus principales puntos aparecen la negociación de valores mediante blockchain, los pagarés ajustables por inflación o dólar y la posibilidad de que los comercios negocien los cupones de tarjetas de crédito para anticipar el cobro de sus ventas.

La propuesta, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, ya tiene estado parlamentario. Para su tratamiento fue girada a las comisiones de Legislación General, que actuará como cabecera, Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.

Según sus fundamentos, busca eliminar restricciones al desarrollo de actividades económicas y profesionales, promover la competencia y fortalecer la seguridad jurídica. Para ello, propone cambios en el Código Civil y Comercial y en las leyes de Mercado de Capitales, Cheques, Tarjetas de Crédito, Warrants, Financiamiento Productivo e Impuesto a las Ganancias, entre otras normas.

Uno de los ejes es el reconocimiento legal de la emisión, el registro y la negociación de valores mediante blockchain. La iniciativa incorpora el principio de “neutralidad tecnológica”, con el objetivo de que la validez de los títulos no dependa de su soporte.

En ese marco, contempla la denominada tokenización, un mecanismo que permite representar digitalmente activos o derechos y facilitar su negociación.

También propone habilitar pagarés cuyo monto pueda ajustarse por índices objetivos y verificables, como la inflación o el dólar. El cambio apunta a ampliar su utilización en operaciones de mayor plazo.

A su vez, crea el pagaré producto o en especie, que permitiría comprometer la entrega de bienes fungibles, como granos o minerales.

El proyecto amplía los bienes y derechos que pueden utilizarse como garantía mediante el régimen de prenda con registro. La propuesta incluye activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias y flujos de fondos futuros.

Con esta modificación, se busca que empresas cuyo valor está concentrado en desarrollos tecnológicos o bienes intangibles cuenten con más herramientas para obtener financiamiento.

Además, contempla una prenda flotante sin límite temporal, que permitiría garantizar operaciones con mercadería que se renueva, sin individualizar cada producto. También elimina la exigencia de contar con la conformidad del primer acreedor para constituir una segunda prenda.

Otra de las modificaciones alcanza a los cupones generados por las ventas con tarjeta de crédito, que pasarían a funcionar como títulos ejecutivos y podrían endosarse y negociarse en el mercado de capitales.

El objetivo oficial es que los comercios puedan anticipar esos ingresos mediante el descuento de los cupones, con la expectativa de acceder a mejores condiciones de financiamiento. Las tasas efectivas dependerían de las condiciones del mercado.

Para los ahorristas, la iniciativa habilita que los certificados de depósitos a plazo fijo superiores a 365 días puedan endosarse y negociarse en mercados secundarios, bajo la competencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

De esta manera, el titular podría vender el instrumento antes de su vencimiento sin cancelar el depósito original. El precio de esa operación dependería de las condiciones de negociación.

El texto propone modificar 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales. Además de la neutralidad tecnológica, incorpora la inclusión financiera como principio y promueve la simplificación de trámites y el uso de herramientas digitales.

También crea la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago y plantea cambios en la estructura de la CNV, que dejaría de ser un ente autárquico descentralizado para convertirse en un organismo desconcentrado del Ministerio de Economía, con autonomía funcional y financiera.

En materia de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, el proyecto busca facilitar la negociación directa de instrumentos mediante plataformas informáticas, sin la intervención obligatoria de un agente de liquidación y compensación.

La propuesta amplía, además, los instrumentos que podrían operarse por esa vía. Junto con las facturas de crédito electrónicas, incluye cheques, pagarés, warrants, letras de cambio y otros títulos electrónicos.

Otro apartado prevé derogar el decreto de 1943 que regula las sociedades de capitalización y ahorro, lo que abre un capítulo de discusión sobre el régimen utilizado para este tipo de operaciones.

En el plano tributario, la iniciativa propone equiparar el tratamiento de los Cedear en el impuesto a las Ganancias con el de la inversión directa en las acciones extranjeras que representan.

El argumento oficial es evitar diferencias impositivas que favorezcan la canalización del ahorro hacia activos del exterior.

Por otra parte, amplía el alcance de los beneficios para los fondos comunes de inversión inmobiliarios, al eliminar la restricción vinculada con la vivienda social e incorporar otras viviendas y créditos hipotecarios.

También contempla que, cuando se aporte un terreno a un fideicomiso, pueda diferirse el pago de Ganancias hasta la liquidación de las cuotapartes recibidas.

Desde Unión por la Patria anticiparon su oposición general al proyecto y cuestionaron tanto su extensión como el alcance de las modificaciones.

El presidente del bloque, Germán Martínez, advirtió sobre la presencia de “varios caballos de Troya” y sostuvo que, detrás de la reforma del mercado de capitales, se impulsa un impuesto a la renta financiera.

La discusión deberá avanzar ahora en las comisiones de Diputados, donde se analizarán los cambios propuestos y las posiciones de los distintos bloques. Las modificaciones forman parte de un proyecto y requieren aprobación del Congreso para convertirse en ley.

En el marco de su visita a Tandil, Pedro Castro, gerente zonal del Banco Credicoop, compartió detalles sobre la actualidad de la entidad y su visión sobre el mercado financiero nacional. 

Durante su participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, el directivo destacó la solidez de la institución y su histórica vocación de servicio hacia el sector productivo.

Castro, quien tiene bajo su órbita a 12 filiales que abarcan ciudades como Mar del Plata, Tres Arroyos, Necochea, Miramar, Las Flores, Olavarría, Azul y Tandil, subrayó que el banco mantiene una estructura de atención personalizada. 

"Nuestro banco no achicó su estructura. A diferencia de lo que hizo gran parte del sistema, nosotros seguimos apostando a la atención presencial. Siempre vas a encontrar a un empleado que te va a atender, a escuchar y a asesorar", afirmó el gerente.

Al referirse al origen de la entidad, que cuenta con más de 70 años de trayectoria, Castro recordó que el Credicoop nació para brindar acceso al crédito a quienes no lo tenían. "Hoy somos uno de los 10 primeros bancos del sistema y, fiel a nuestros orígenes, seguimos apostando mucho por la pequeña y mediana empresa, por el mercado interno y por la industria nacional", sostuvo.

En relación con el panorama económico actual, el gerente zonal reconoció que existe una demanda retraída por parte del empresariado. 

"El empresario está esperando a ver qué es lo que va a pasar. Nosotros somos un banco que sale a ofrecer, tenemos líneas de crédito y somos muy competitivos. Nuestra política es ser el banco más barato en tasas y comisiones porque, al ser una entidad cooperativa, gran parte de la rentabilidad se vuelca en beneficios para nuestros socios", explicó.

Sobre la transparencia en la oferta financiera, Castro recomendó a los clientes prestar especial atención a la "letra chica". "Sugerimos siempre que lean el costo financiero total. Tratamos de acompañar a nuestras empresas y a las personas que tienen dificultades para acceder al crédito", añadió.

Finalmente, el directivo se refirió a las opciones para personas físicas, mencionando la existencia de créditos personales y la línea de préstamos UVA. 

Respecto a estos últimos, advirtió que requieren un análisis cuidadoso debido a su atadura a la inflación. "Si la inflación se mantiene estable, el crédito es fantástico, pero hay que tener cuidado si los índices suben, ya que se trata de compromisos a largo plazo", concluyó Castro, reafirmando el rol de cercanía que el banco busca consolidar en cada una de sus filiales.

El especialista en educación financiera, Javier Ibañez, abordó una problemática frecuente que afecta a los usuarios del sistema financiero: la falsa creencia de que la mora concluye en el momento exacto en que se liquida una deuda. 

Según el experto, “el proceso de reinserción en el mercado crediticio es más complejo y depende de cómo los bancos y el Banco Central de la República Argentina evalúan el comportamiento histórico de cada persona”.

En una reciente participación en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, Ibañez subrayó que “el acceso al crédito está condicionado por un score crediticio”, un ranking que las entidades financieras consultan antes de otorgar préstamos o tarjetas. 

Este sistema de calificación “se nutre de los datos que el Banco Central de la República Argentina actualiza de manera individualizada sobre cada contribuyente. Cuando un usuario presenta atrasos en sus obligaciones, esa información queda registrada, afectando su capacidad para obtener financiamiento futuro incluso después de haber cancelado el monto adeudado”, detalló.

El especialista explicó que existen niveles de tolerancia en el sistema. “Si un cliente registra un atraso de hasta 90 días en una tarjeta de crédito bancaria o en plataformas como Mercado Pago, su calificación comienza a verse afectada”. 

Sin embargo, “si la demora supera los 120 días, las posibilidades de acceder a nuevos productos financieros se reducen drásticamente”, indicó Ibañez, al tiempo que advirtió: "la mora no termina cuando uno cancela la deuda. Si la deuda fue de más de 90 días, hay que tener en cuenta que esa mora va a durar un poco más".

Para mitigar estos efectos negativos, el entrevistado recomendó una estrategia proactiva ante las dificultades económicas. 

"Si tenés deudas con el banco, apersonate, hablá, deciles que querés pagar, pero que se te está complicando. Te van a entender, te van a dar una elasticidad para que vos puedas pagar y de esa manera aprovechar lo que se va a venir el año que viene para poder reinsertarte rápido en el sistema financiero", aconsejó el especialista.

Asimismo, se analizó el rol de las billeteras virtuales en el contexto actual. Si bien estas aplicaciones han facilitado el acceso al crédito para personas que se encuentran en la informalidad o que no califican para los estándares bancarios tradicionales, Javier Ibañez hizo hincapié en la importancia de observar el costo financiero total y no solo la tasa nominal. 

El experto señaló que, “ante la baja de la inflación, muchos usuarios priorizan el pago de gastos esenciales como vivienda y servicios, postergando a veces las cuotas de los préstamos digitales, lo cual puede derivar en un historial negativo a largo plazo”.

Finalmente, el especialista en educación financiera destacó que, “a pesar de las dificultades, las previsiones económicas para el próximo año sugieren una posible reactivación del consumo”. 

Por ello, “mantener una conducta de pago responsable y buscar refinanciaciones tempranas resulta fundamental para que los ciudadanos puedan aprovechar las oportunidades de crédito que podrían surgir en un escenario de menor inflación”. concluyó. 

La problemática del endeudamiento familiar en Tandil encendió las alarmas en distintos sectores sociales y políticos. Yanina Venier, referente de Patria Grande, expuso la situación durante su participación en Tandil Despierta, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, donde detalló el impacto de la crisis económica en los hogares.

Según explicó, el proyecto presentado recientemente en el Concejo Deliberante busca visibilizar una realidad que ya comenzó a ser analizada en las comisiones de Desarrollo Social y Salud y de Economía.

El diagnóstico presentado por Venier se basa en datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que reflejan un crecimiento de la morosidad entre abril y julio de este año.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante la entrevista, la cantidad de personas con deudas formales en Tandil pasó de 81.000 en abril a 84.700 en julio. A su vez, se registró un incremento entre quienes presentan atrasos superiores a 90 días en el cumplimiento de sus obligaciones financieras, alcanzando a unas 15.000 personas.

Venier sostuvo que, en muchos casos, el endeudamiento aparece como consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 

“El problema de fondo es que trabajamos, pero nuestros sueldos no alcanzan para vivir. El endeudamiento es la punta de un iceberg que nos muestra que hoy estamos trabajando para subsistir”, señaló. 

La referente de Patria Grande explicó además que buena parte del consumo financiado está destinado a necesidades básicas como alimentos, medicamentos y servicios, una situación que puede profundizar el nivel de endeudamiento de las familias.

En ese sentido, describió el proceso como una “bola de nieve” de la que resulta cada vez más difícil salir, especialmente para quienes recurren a nuevos créditos para afrontar compromisos anteriores.

Uno de los principales ejes de la exposición estuvo relacionado con el crecimiento de las plataformas digitales de préstamos.

Yanina Venier cuestionó la facilidad con la que algunas empresas ofrecen créditos a personas que necesitan dinero de manera urgente y advirtió sobre las elevadas tasas de interés y el riesgo de profundizar el endeudamiento.

Mientras los bancos tradicionales suelen establecer mayores requisitos para acceder a un préstamo, las plataformas virtuales ofrecen mecanismos de acceso más rápidos. Según los datos mencionados durante la entrevista, los niveles de morosidad en esos sectores pueden alcanzar entre el 40% y el 70%.

Venier planteó además la necesidad de que el Municipio genere estadísticas locales propias para contar con un diagnóstico más preciso sobre el impacto del endeudamiento en Tandil. También cuestionó determinadas prácticas utilizadas para reclamar el pago de las deudas. Según relató, algunas entidades recurren a mensajes amenazantes o al contacto con familiares y empleadores de los deudores, mecanismos que consideró abusivos y que, sostuvo, deben ser denunciados.

Con el objetivo de brindar herramientas y acompañamiento, se realizará un foro el sábado 26 de octubre, desde las 16, en el Centro Cultural Universitario, ubicado en Yrigoyen 660. El encuentro buscará abordar la problemática del endeudamiento y generar un espacio de intercambio para quienes atraviesan dificultades económicas.

Uno de los ejes planteados será romper con la vergüenza que suele acompañar las situaciones de deuda y promover el conocimiento de los derechos financieros. En ese sentido, Venier remarcó una de las ideas centrales de la propuesta: “Estar endeudado no es un delito”.

La jornada tendrá dos momentos principales. En primer lugar, se desarrollará un espacio de intercambio destinado a construir un “recursero” local, con información y herramientas para quienes necesiten asesoramiento. También habrá orientación sobre derechos vinculados al sistema financiero. 

Posteriormente, se realizará una mesa de debate con sindicatos y referentes políticos, donde se analizará la situación salarial de trabajadores públicos y privados de Tandil.

“Es un momento importante para conocer sobre derechos, porque ese conocimiento es valioso para ayudar a otros”, concluyó Yanina Venier, quien invitó a la comunidad a participar y a generar espacios de organización colectiva frente a la problemática del endeudamiento.

El senador bonaerense de Hechos-UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto en las últimas horas con el objetivo de reforzar la transparencia en créditos y financiaciones. La medida surge en un contexto marcado por el crecimiento del sobreendeudamiento familiar y los altos índices de morosidad que afectan a los usuarios.

La iniciativa busca que los consumidores conozcan el costo real de las operaciones antes de asumir una deuda. Para ello, propone establecer al Costo Financiero Total (CFT) como el indicador obligatorio, principal y predominante para informar, publicitar y comparar cualquier tipo de crédito en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

“El objetivo del proyecto no es regular la actividad financiera ni establecer tasas de interés, materias que corresponden al Estado nacional y al Banco Central. Se propone ejercer las facultades provinciales en materia de protección del consumidor, transparencia comercial y defensa de sus intereses económicos”, señaló Leguizamón.

El alcance del proyecto es amplio, ya que comprende desde préstamos personales, prendarios e hipotecarios hasta adelantos de dinero, tarjetas de crédito, compras en cuotas y financiaciones comerciales. Asimismo, incluye a los créditos gestionados por plataformas digitales, billeteras virtuales, fintech, cooperativas, mutuales y entidades no financieras.

Según el articulado, toda publicidad o contrato deberá consignar el CFT expresado como tasa efectiva anual, calculada bajo la metodología del Banco Central. Al respecto, el senador de la Octava sección electoral precisó: “El CFT deberá incluir todos los intereses, comisiones, cargos, seguros obligatorios, gastos administrativos, impuestos y cualquier otro concepto que deba afrontar el consumidor como condición para obtener, mantener o cancelar el crédito”.

El proyecto también impone pautas estrictas para la publicidad. El CFT deberá aparecer de manera clara, con un tamaño igual o superior al de cualquier otra tasa o beneficio promocionado. En piezas audiovisuales, deberá mantenerse visible durante un tiempo suficiente para su lectura y ser informado de forma verbal.

La propuesta busca quitarle protagonismo a la Tasa Nominal Anual (TNA), que suele utilizarse como gancho comercial. El texto prohíbe que aparezca como indicador único o central. En caso de ser incluida, no podrá tener mayor tamaño, contraste o relevancia que el CFT.

Sobre esta problemática, los fundamentos de la iniciativa advierten: “Actualmente es frecuente que bancos, comercios, financieras y plataformas digitales destaquen una TNA relativamente baja, mientras el CFT aparece en caracteres pequeños, al final de la publicidad o en condiciones de difícil lectura. La información puede ser formalmente correcta, pero induce al consumidor a tomar una decisión basándose en un indicador incompleto”.

Finalmente, el proyecto establece que cualquier omisión o presentación engañosa constituirá una infracción. Si el costo real supera al informado, el consumidor tendrá derecho a que la operación se recalcule con el menor CFT publicitado. “Establecer el CFT como indicador principal permitirá que los bonaerenses conozcan cuánto cuesta realmente un crédito, comparen ofertas sobre bases homogéneas y eviten decisiones fundadas en tasas parciales que no representan el compromiso económico asumido”, concluyó Leguizamón.

El jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la baja de la tasa de los créditos hipotecarios, a fin de ayudar a la clase media porteña a acceder a su primera vivienda.

Según las declaraciones del mandatario porteño, “con las nuevas condiciones, los préstamos tendrán la cuota más baja del mercado, similar o menor a lo que cuesta un alquiler”.

Jorge Macri aseguró que “el orden es también ordenar prioridades” y en ese sentido, recordó que “la clase media fue olvidada durante demasiados años”.

Con el objetivo de comenzar a revertir esa situación, comunicó: “Hoy podemos bajar la tasa al 6,5 por ciento en los créditos hipotecarios del Banco Ciudad para primera vivienda. Lo logramos porque dejamos de regalar viviendas a unos pocos. Esto es ordenar y hacer justicia”.

Precisó que “la nueva tasa de interés preferencial, fija, es del 6,5 por ciento, impulsada por la Ciudad para que sea más accesible llegar a la primera casa” y explicó que “por ejemplo, para un préstamo del Banco Ciudad en UVAs de cien millones, al plazo máximo de 25 años, la cuota inicial es de 658 mil pesos; en este caso, quienes lo pidan deberán acreditar ingresos totales desde 2.632.000 pesos”.

Pueden acceder tanto empleados en relación de dependencia que cobren o pasen su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como también monotributistas y autónomos.

La cuota de entrada al crédito no puede ser mayor al 25 por ciento de los ingresos del hogar, y los solicitantes pueden presentar hasta un garante para aumentar su capacidad crediticia. NA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha este lunes la primera licitación de fondos destinada a fortalecer el financiamiento de créditos hipotecarios. La convocatoria recibió ofertas por $258.640 millones, mientras que finalmente fueron adjudicados $200.000 millones.

De acuerdo con la información difundida por el Banco Central (BCRA), se presentaron 42 posturas correspondientes a 18 entidades financieras, de las cuales 13 resultaron adjudicatarias.

La licitación representa el primer paso del programa anunciado a fines de agosto por el ministro de Economía, Luis Caputo, que apunta a facilitar el acceso al crédito para la compra de la primera vivienda mediante fondos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

En este primer llamado, los recursos fueron distribuidos en dos tramos. El primero contempla un plazo de un año por $35.570 millones, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 2,67 por ciento.

El segundo tramo, en tanto, tiene un plazo de cinco años y alcanza los $164.429 millones, con una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,94 por ciento.

El esquema impulsado por el Gobierno nacional contempla movilizar hasta $2 billones del FGS a través de sucesivas licitaciones. Los bancos que obtengan esos fondos deberán luego destinarlos al otorgamiento de créditos hipotecarios bajo las condiciones establecidas por las autoridades nacionales.

Según el mecanismo previsto, cada entidad financiera podrá ofertar hasta el 20 por ciento del monto total de cada subasta. La intención oficial es proporcionar a los bancos fondeo de mayor plazo para que puedan incrementar la cantidad de préstamos destinados a familias que buscan acceder a una vivienda.

Al presentar el programa, Caputo remarcó que el FGS no asumirá el riesgo crediticio de los préstamos que finalmente otorguen las entidades financieras.

“No es correr ningún riesgo crediticio de personas humanas, ese es el trabajo de los bancos”, había explicado el ministro. En ese sentido, agregó: “El FGS simplemente provee de liquidez a los bancos y son los bancos encargados de dar el crédito, evaluar ese crédito y correr las consecuencias naturales de ese negocio”.

La tarjeta de crédito se convirtió en una herramienta cada vez más utilizada para afrontar gastos cotidianos entre los hogares argentinos que atraviesan dificultades financieras. Alimentos, vivienda y otras necesidades básicas aparecen detrás de buena parte del endeudamiento, en un escenario en el que apenas un tercio de los usuarios logra cancelar la totalidad del resumen.

Así surge de un relevamiento realizado por la consultora Inteligencia Analítica sobre un universo focalizado de 2.252 casos efectivos. El estudio indicó que el 48,2% de los consultados señaló a la tarjeta de crédito como su principal deuda, mientras que el 52,1% aseguró que se trata de la obligación a la que destina el mayor pago mensual.

Los números también evidenciaron las dificultades para cumplir con los compromisos asumidos. Actualmente, el 62,1% mantiene algún pago atrasado, mientras que el 77,2% reconoció que durante los últimos seis meses tuvo que recurrir a una nueva deuda para cancelar otra anterior.

De esta manera, el crédito dejó de aparecer exclusivamente como una alternativa para financiar compras de mayor valor y pasó a ocupar un lugar central en la economía cotidiana de numerosos hogares, tanto para cubrir gastos corrientes como para afrontar compromisos previamente contraídos.

En ese contexto, la forma en que los usuarios pagan los resúmenes de sus tarjetas constituye otro indicador de las dificultades financieras. Apenas el 36% logró cancelar la totalidad de su último resumen, mientras que el 27,6% abonó un monto superior al mínimo, pero inferior al total.

Por su parte, el 18,4% pagó solamente el mínimo y otro 11,8% ni siquiera alcanzó ese importe. Así, alrededor de tres de cada diez consultados quedaron por debajo del monto necesario para evitar o contener la financiación del saldo pendiente.

La situación representa un problema adicional porque los pagos parciales generan intereses sobre el saldo adeudado y pueden provocar que el costo de los consumos realizados con tarjeta aumente considerablemente con el paso de los meses.

El informe presentó una simulación para mostrar el impacto de esa dinámica. El ejemplo contempla una tarjeta con un límite de $2 millones, con consumos mensuales de $500.000 en un pago y otros $600.000 mediante compras financiadas en seis cuotas.

Si el usuario mantiene ese nivel de consumo y opta sistemáticamente por abonar solamente el mínimo, la deuda comienza a crecer rápidamente. En el segundo mes, el pago mínimo alcanza los $337.653 y en el tercero llega a $771.540.

Para el cuarto mes, la suma asciende a $1.102.369 y representa el 56% de la deuda. Hacia el sexto y séptimo mes, la relación entre el pago mínimo y el saldo adeudado se ubica aproximadamente en el 65%.

El relevamiento también puso el foco en otro fenómeno creciente: tomar deuda para pagar deuda. El 77,2% de los consultados reconoció haber recurrido a una nueva obligación para cancelar otra durante los últimos seis meses.

Dentro de ese universo, el 63,2% utilizó esa estrategia en más de una oportunidad, mientras que el 14% lo hizo una sola vez. En contrapartida, solamente el 21% afirmó no haber necesitado recurrir a una nueva deuda para cancelar compromisos anteriores durante ese período.

Los datos también muestran una relación entre esa práctica y la aparición de atrasos. Entre quienes no tomaron deuda para cancelar otra obligación, el 62,3% no registra pagos pendientes. En cambio, entre aquellos que recurrieron varias veces a ese mecanismo, la proporción de personas sin atrasos cae al 25,7%.

El escenario expuesto por el estudio refleja así un circuito de endeudamiento cada vez más difícil de interrumpir: la falta de ingresos suficientes para afrontar los gastos habituales lleva a recurrir al crédito, la acumulación de cuotas aumenta los compromisos mensuales y, posteriormente, obliga a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cancelar obligaciones anteriores.

Como consecuencia, aumenta el nivel de endeudamiento de los hogares y también crece el riesgo de caer en mora, mientras la tarjeta de crédito adquiere un protagonismo cada vez mayor para sostener gastos que forman parte de la vida cotidiana.

Banco Macro anunció una mejora en las condiciones de sus préstamos hipotecarios, con una reducción de la tasa y la extensión de los plazos de financiación hasta 20 años. La nueva propuesta estará disponible para clientes Plan Sueldo Selecta y también para sus hijos, quienes podrán acceder al crédito de manera independiente y bajo las mismas condiciones preferenciales.

La línea contempla una tasa de UVA + 7,5% y busca facilitar el acceso al financiamiento para quienes proyecten la compra de una vivienda o necesiten realizar obras de ampliación, mejora o refacción en un inmueble.

Uno de los principales cambios anunciados por la entidad es la posibilidad de volver a financiar los préstamos a 20 años, un plazo que permite reducir el peso de la cuota inicial sobre los ingresos del solicitante y, de esa manera, ampliar potencialmente el universo de personas que pueden calificar para un crédito hipotecario.

La propuesta se inscribe, según señaló Banco Macro, en el contexto del impulso que el Gobierno nacional busca darle al crédito hipotecario y al financiamiento de viviendas.

Una de las particularidades de la nueva oferta es que el beneficio no queda limitado al titular de una cuenta sueldo Selecta. Los hijos de esos clientes también podrán solicitar el crédito de forma individual y acceder a las mismas condiciones.

De acuerdo con la entidad, esta alternativa apunta a ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda dentro de un mismo grupo familiar, especialmente para las nuevas generaciones.

El préstamo podrá utilizarse para distintos destinos vinculados con la vivienda: compra de inmuebles, ampliaciones, mejoras y refacciones.

Además, tendrá alcance nacional y podrá solicitarse desde cualquier provincia, independientemente de la ubicación de la propiedad que se pretenda adquirir o mejorar.

La nueva propuesta se estructura bajo el sistema de Unidad de Valor Adquisitivo (UVA). En este tipo de créditos, el capital se expresa en UVAs y tanto el saldo como las cuotas se actualizan de acuerdo con la evolución de ese índice.

Sobre ese capital ajustado se aplica la tasa pactada por el banco, que en este caso será del 7,5% anual.

Por eso, si bien una tasa nominal más baja y un plazo más extenso pueden permitir acceder a una cuota inicial menor, el crédito UVA implica asumir el riesgo asociado a la evolución de la inflación y del valor de la UVA durante el período de financiación.

Desde Banco Macro destacaron que la combinación entre una tasa menor y un plazo de hasta 20 años apunta a generar condiciones más accesibles para quienes necesitan financiamiento de largo plazo.

El CEO de Banco Macro, Juan Parma, sostuvo que la entidad buscó adaptar su oferta a las necesidades actuales de sus clientes.

“Bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria”, señaló.

Según explicó, la modificación pretende generar una señal hacia el mercado y permitir que tanto los clientes como sus hijos puedan proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota inicial más accesible.

La medida representa, en ese sentido, un nuevo movimiento dentro de un mercado hipotecario que durante los últimos años había tenido una oferta limitada de financiamiento de largo plazo y que comenzó a recuperar protagonismo con el regreso de los créditos ajustados por UVA.

La nueva línea de Banco Macro estará disponible para clientes Plan Sueldo Selecta y sus hijos, con financiación a 20 años y una tasa de UVA + 7,5%, para operaciones de vivienda en todo el país.

El Gobierno nacional iniciará esta semana la licitación de 200.000 millones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El objetivo principal es impulsar una nueva línea de créditos hipotecarios y reactivar el sector de la construcción en el país.

Según lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el programa contempla subastas periódicas por el mismo monto hasta completar un total de 2 billones de pesos. Los recursos serán colocados en depósitos a plazo fijo de largo plazo en entidades financieras, las cuales tendrán la obligación de destinar ese capital a préstamos para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

De acuerdo con la información del sector bancario, la primera subasta se llevaría a cabo este jueves, jornada en la que el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tratará la aprobación de la operatoria. Las entidades participantes podrán ofertar hasta el 20% del monto total de la convocatoria y tendrán un plazo de 90 días corridos para asignar los fondos, con fecha límite al 1° de diciembre.

El instrumento financiero operará mediante depósitos en pesos ajustables por UVA más un spread. Se establecieron dos alternativas de plazo: una a un año con una tasa mínima de UVA más 2,50% y otra a cinco años con una tasa mínima de UVA más 4,50%. Por su parte, los créditos finales tendrán una tasa máxima de UVA más 7,50%, un plazo mínimo de 15 años y un tope de 150.000 UVA, equivalente a poco más de 200.000 dólares.

Un informe de la consultora Invecq calificó la medida como un puente transitorio ante la escasez de ahorro de largo plazo en pesos. Si bien el análisis advierte que el esquema no resuelve el problema de fondo, destaca que permitirá a los bancos reducir el descalce entre los plazos de los depósitos y los préstamos hipotecarios. Según cálculos oficiales, la iniciativa podría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones, lo que representa cerca del 40% de las 43.700 familias que accedieron a un préstamo de este tipo durante 2025.

El profesional inmobiliario y martillero local, Antonio Comiso, expresó su escepticismo tras el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, respecto a la inyección de dos billones de pesos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses para reactivar los préstamos para vivienda. 

Comiso señaló que, si bien la oferta parece atractiva en la superficie, las condiciones impuestas por las entidades bancarias representan barreras difíciles de superar para el asalariado común y proyectó que la iniciativa fracasará al igual que los anteriores créditos UVA.

"Los créditos que ofertó son buenos, pero tenés unas condiciones muy duras", afirmó. Explicó que para acceder a un préstamo de 100.000 dólares, el solicitante debe declarar ingresos mensuales superiores a los 3,4 millones de pesos, una cifra que dista de la realidad de la mayoría de los trabajadores. 

Además, recordó que el financiamiento cubre solo el 70 o 75 por ciento del valor de la propiedad, lo que obliga al comprador a contar con un ahorro previo de al menos el 25 por ciento para cubrir el resto del precio y los gastos asociados a la transacción.

El martillero fue tajante al comparar este programa con los créditos lanzados durante la gestión de Mauricio Macri. "El plan es el mismo que ya fracasó", sentenció, y recordó el impacto negativo que tuvieron estos préstamos en los vecinos de Tandil que aún hoy enfrentan dificultades por las deudas contraídas. 

Para el entrevistado, la historia se repetirá debido a la indexación y las condiciones de mercado, beneficiando principalmente a las entidades financieras y no a quienes realmente necesitan una vivienda propia.

Respecto al alcance de la medida, Comiso observó que el propio Gobierno nacional reconoció que el beneficio llegará apenas a unas 17.000 o 18.000 familias en todo el país. "Se deja a un grupo importante de la sociedad fuera del alcance porque no todo el mundo puede declarar el dinero que piden", sostuvo. 

En ese sentido, estimó que, dada la enorme necesidad habitacional existente, un crédito que fuera realmente accesible en Tandil se agotaría en menos de una semana, evidenciando la insuficiencia del cupo previsto para la escala nacional.

Para el martillero, el diseño de la política económica actual prioriza a los sectores de mayores ingresos y a los tomadores de capital. "Siempre se apunta para arriba y no para abajo", lamentó, argumentando que los sectores más acomodados no suelen recurrir a este tipo de financiamiento bancario porque poseen otra sustentabilidad personal. 

Por el contrario, consideró que el foco de cualquier línea crediticia de esta naturaleza debería estar puesto en el trabajador con un salario digno producto de su esfuerzo cotidiano, quien hoy se encuentra imposibilitado de calificar para estos beneficios.

Consultado sobre el impacto macroeconómico de este anuncio, Comiso se mostró pesimista y detalló que la medida no cumplirá con el objetivo de mover la economía. A su entender, la inyección de fondos a través de los bancos no será suficiente para dinamizar el mercado interno si no se atiende primero a la producción básica. 

"No lo veo para mover la economía", aseguró, y subrayó que el crecimiento genuino se logra fortaleciendo las microeconomías y no solo atendiendo a los grandes jugadores financieros.

El martillero describió un panorama preocupante para el sector productivo y comercial, tanto a nivel nacional como local. "Hoy nos encontramos con empresas, pymes y comercios que cierran", describió, y alertó que Tandil dejó de ser una "isla" económica para sufrir las mismas consecuencias recesivas que el resto de Argentina. 

En su análisis, para que el país logre un crecimiento real, es indispensable la injerencia de fondos estatales en las pequeñas empresas para garantizar salarios y costos que permitan un flujo constante de consumo.

Finalmente, Comiso recordó que el único momento de recuperación sostenida y generación de empleo que observó en la historia reciente fue bajo la gestión de Roberto Lavagna como ministro de Economía. 

Según su visión, aquel modelo generó producción, salario y un esquema de exportaciones que hoy está ausente. "Si no apuntas a las microeconomías, no hay país que surja", concluyó el martillero, advirtiendo que la falta de un enfoque orientado a la producción nacional seguirá profundizando la crisis actual y enterrando las posibilidades de ascenso social a través del acceso a la vivienda.

El diputado de La Libertad Avanza, Alberto Benegas Lynch, brindó este miércoles polémicas declaraciones sobre la situación de la morosidad en el país. El legislador sostuvo que en dicha problemática entra el tipo que compró la televisión para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quiere pagar la deuda.

En declaraciones a Radio Nacional, el diputado apuntó contra la oposición, a la que acusó de seguir un guion de llorar las deudas y de instalar la idea de que la gente no puede pagar sus cuentas. Según Benegas Lynch, este discurso carece de sustento si se analizan los números, especialmente tras la baja de la pobreza reportada por el oficialismo.

“Entra el tipo que compró la televisión para el Mundial y, ahora que Argentina no salió campeón, no quiere pagar la deuda. También hay deudas por apuestas. Uno mismo compra en el súper con tarjeta y entra en el crédito”, señaló.

El legislador argumentó que en los cálculos de morosidad se incluyen diversos consumos, como motos, electrodomésticos y apuestas. Esta postura se alinea con lo expresado recientemente por el presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde el mandatario atribuyó el aumento de la mora a la compra de pantallas para el evento deportivo.

Por otro lado, Benegas Lynch criticó el rol de las entidades bancarias, señalando que ensuciaron sus balances en la comodidad de ser acreedores del Gobierno. El diputado enfatizó que los bancos deben hacerse cargo de los préstamos otorgados y se manifestó en contra de cualquier intervención estatal: Jamás socializar una deuda de un tipo que no tomó un préstamo y, a través del Estado, pagarle la deuda a otro.

Cabe recordar que la mora total del crédito a personas, que abarca tanto al sistema financiero como al no financiero, se quintuplicó en los últimos 18 meses. Pese a este escenario, el vocero presidencial, Adrián Ravier, ratificó el martes que el Gobierno no intervendrá para asistir a quienes mantienen deudas con bancos y fintech.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un nuevo programa destinado a impulsar el crédito hipotecario en la Argentina, con una inversión de 2 billones de pesos y el objetivo de que entre 17.000 y 18.000 familias puedan acceder a financiamiento para la compra de una vivienda.

La medida se implementará a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que extenderá el plazo de sus depósitos a plazo fijo y los licitará entre bancos. El objetivo es que las entidades financieras cuenten con fondos de mayor plazo para acelerar la originación de créditos hipotecarios.

“Venimos a tratar de dar una mano con el Ministerio de Capital Humano para resolver este problema desde el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene como función hacer plazos fijos en bancos”, explicó Caputo durante una conferencia de prensa.

Según detalló el ministro, los depósitos serán licitados por plazos de entre uno y cinco años, mediante un mecanismo transparente en el que los bancos deberán competir respetando tasas mínimas y máximas.

Para las colocaciones a un año, el FGS establecerá una tasa mínima de UVA más 2,5%, mientras que para las de cinco años será de UVA más 4,5%. A su vez, los bancos deberán garantizar que los créditos hipotecarios otorgados con esos fondos no superen una tasa de UVA más 7,5%.

La primera licitación se realizará la próxima semana y será por 200.000 millones de pesos. A partir de sus resultados se determinará el ritmo de las siguientes convocatorias, en función de la velocidad con la que las entidades financieras logren otorgar los nuevos créditos.

Las subastas se canalizarán a través de un sistema del Banco Central, que tendrá el rol de agente organizador y supervisará que los fondos sean destinados efectivamente a préstamos hipotecarios dentro de los plazos establecidos.

Caputo destacó que el crédito hipotecario en la Argentina todavía representa una proporción muy reducida de la economía. “El stock de créditos hipotecarios en Argentina apenas representa dos puntos de producto”, señaló.

Como referencia, mencionó que en Chile representa aproximadamente el 27% del producto, mientras que en Estados Unidos llegó a alcanzar el 75%. En ese sentido, consideró que existe un amplio margen para expandir el mercado hipotecario argentino.

El programa contempla un monto máximo de 150.000 UVA por crédito, equivalente aproximadamente a 200.000 dólares. De acuerdo con los cálculos presentados por el ministro, el promedio actual de los créditos hipotecarios ronda los 114 millones de pesos, por lo que el monto previsto permitiría alcanzar a unas 17.000 o 18.000 familias.

Durante su exposición, Caputo presentó un ejemplo para explicar el alcance de la iniciativa. Una propiedad valuada en 106.667 dólares, financiada en un 75%, implicaría un crédito de unos 80.000 dólares.

Con una tasa de UVA más 7% y un plazo de 25 años, la cuota mensual sería de aproximadamente 865.098 pesos, un valor que el ministro comparó con el costo de un alquiler.

Para acceder a ese financiamiento, la cuota no podría superar el 25% de los ingresos familiares. Por ese motivo, el ingreso neto necesario sería de alrededor de 3.460.391 pesos, frente a un ingreso promedio neto estimado actualmente en 1.800.000 pesos.

En la práctica, esto implica que para acceder a un crédito de esas características sería necesario, en muchos casos, combinar los ingresos de una pareja.

El Gobierno apuesta a que la ampliación de los fondos disponibles a largo plazo permita a los bancos incrementar la cantidad de créditos hipotecarios otorgados y, de esa manera, contribuir a la recuperación del mercado inmobiliario y al acceso a la vivienda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este miércoles el lanzamiento del Programa de Licitación de Plazos Fijos con Destino a Crédito Hipotecario. La medida, presentada junto al vicepresidente segundo del Banco Central de la República Argentina, Baltasar Romero Krause, y el director general del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele, contempla un monto total de 2 billones de pesos destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

Durante la presentación, el ministro subrayó la importancia de esta herramienta para la sociedad. “Para este Gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad, primero porque hacen a la justicia social; nada más justo que una persona que tiene trabajo tenga acceso a una vivienda y no tenga que esperar 30 o 40 años para poder comprarla”, afirmó Luis Caputo. Según el funcionario, esta iniciativa no solo busca reducir los tiempos de acceso a la casa propia, sino que también tendrá un efecto multiplicador en la economía y fomentará la formalidad laboral.

El esquema operativo se instrumentará mediante depósitos a plazo fijo en entidades financieras, los cuales serán ajustables por UVA más un interés adicional. Las licitaciones se realizarán por montos de hasta 200.000 millones de pesos cada una, con un límite de participación del 20% del monto total por entidad financiera. Los bancos tendrán un plazo de 90 días corridos, desde la constitución del depósito, para aplicar los fondos a los créditos hipotecarios destinados a personas humanas.

El programa se divide en dos tramos diferenciados por plazos y tasas. El primero contempla un periodo de un año con una tasa mínima de UVA + 2,50%, mientras que el segundo se extiende a cinco años con una tasa mínima de UVA + 4,50%. Por su parte, las entidades financieras que resulten adjudicatarias no podrán establecer una tasa superior a UVA + 7,50% para los créditos otorgados. Asimismo, se fijó un plazo mínimo de 15 años para los préstamos, con un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

Para ilustrar el impacto de la medida, se presentó un ejemplo práctico: para una propiedad valuada en 106.667 dólares con un financiamiento del 75% del valor del inmueble, el crédito ascendería a 120.920.000 pesos. Bajo una tasa de UVA + 7% y un plazo de 25 años, la cuota inicial estimada sería de 865.098 pesos. En este escenario, el ingreso neto mensual requerido para el grupo familiar sería de 3.460.391 pesos, manteniendo una relación cuota-ingreso del 25%.

Luis Caputo enfatizó que existe un amplio margen de crecimiento para el sector en el país. Al comparar la situación local con la región, el ministro señaló que el stock de créditos hipotecarios en Argentina representa apenas 2 puntos del PIB, mientras que en Chile alcanza el 27% y en países como Estados Unidos llega al 50%. En esa línea, destacó que desde el inicio de la actual gestión, el stock de créditos hipotecarios en pesos creció un 121% en términos nominales, pasando de aproximadamente 7,5 millones a 16,8 millones de pesos.

Finalmente, el titular de la cartera económica remarcó que la expansión de esta línea de financiamiento genera un efecto multiplicador positivo. El acceso a la vivienda impulsa la demanda en sectores como la construcción, el equipamiento y el mobiliario. Además, el programa actúa como un incentivo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal, fortaleciendo así el mercado laboral y el acceso a derechos fundamentales para las familias argentinas.

De acuerdo con el monitor elaborado por el Banco Hipotecario, el mercado de créditos hipotecarios atraviesa una marcada contracción. Durante el primer semestre del año se registraron 11.607 altas, una cifra significativamente menor a las 20.035 contabilizadas en el mismo lapso de 2025, lo que arroja una caída interanual del 42,1%.

Al incorporar la estimación correspondiente al mes de julio, el acumulado de 2026 alcanza las 13.329 altas, frente a las 25.160 registradas en los primeros siete meses de 2025, profundizando la baja interanual al 47,0%.

En contraste, el mercado inmobiliario mostró una contracción considerablemente menor. En el semestre se realizaron 55.035 escrituras en la Provincia de Buenos Aires (PBA) y 29.477 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con variaciones interanuales del -7,8% y -0,2%, respectivamente. Las operaciones que contaron con respaldo hipotecario alcanzaron las 6.913 en PBA y 4.152 en CABA, reflejando caídas del 32,6% y 37,2%.

A pesar de la tendencia negativa en la cantidad de operaciones, el volumen financiero se mantiene elevado. Durante el primer semestre se otorgaron cerca de 905 millones de dólares, un monto similar al registrado a lo largo de todo 2024. No obstante, las condiciones financieras se han endurecido, con una tasa promedio del 7,02% y un plazo promedio que descendió a los 23 años.

Si bien en junio y julio se observó una recuperación con un ritmo de 1800 altas hipotecarias, el sector aún no logra alcanzar los niveles de 2025. Los datos preliminares de julio indican una estabilidad en los montos operados respecto a junio, aunque la cantidad de altas continúa en niveles inferiores a los del año anterior.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una serie de modificaciones relacionadas con los préstamos a empresas en moneda extranjera, con el objetivo de reactivar la demanda y conseguir un mayor dinamismo de los mismos.

En concreto, Caputo explicó que se realizará una “flexibilización parcial” de los créditos en dólares para las personas jurídicas (empresas), en la que los bancos tendrán la posibilidad de prestar hasta un 15 por ciento de sus depósitos en dólares.

“Responde a un pedido de las industrias. Nos venían pidiendo una mayor flexibilidad”, sostuvo junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario afirmó que un mayor dinamismo permitirá que la economía “se reactive” y consideró que era “lo más razonable” en sentido “macroprudencial”.

Señaló que es “el timing apropiado” dados dos factores: por un lado, que las tasas en pesos siguen siendo elevadas, y por el otro, la ley de Inocencia Fiscal II que se enviará al Congreso.

“El objetivo es que las empresas tengan una opción de financiamiento a una tasa razonable y que el depositante tenga un interés que le justifique sacar los ‘dólares del colchón´’”, se dijo.

También adelantó que, ante una mayor demanda de créditos en dólares, “es probable que haga que las tasas en pesos sean más bajas”.

“Va a ser muy bien recibido. Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía”, indicó. Agregó, además, que la medida saldrá mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y el Banco Central (BCRA) explicará los términos de las condiciones macroprudenciales.

“La implementación de la medida estará acompañada por un esquema prudencial destinado a que la expansión del financiamiento se desarrolle de manera sostenible, resguardando la solvencia y la liquidez del sistema financiero y limitando los riesgos asociados al potencial descalce de moneda de los tomadores de crédito”, detalló la autoridad que conduce Santiago Basuili.

También se refirió a la situación de la morosidad y pidió que se separe la “empatía” de las “políticas públicas”.

“Las reestructuraciones ya han ocurrido y la gente ya está pagando. Con el correr del tiempo la mora va a ir bajando”, explicó.

El ministro económico buscó desligar así algún tipo de intervención estatal para solucionar el problema en los atrasos de pago.

“No implica que se refleje en los números inmediatamente. Pasar de deudor moroso a no moroso no es inmediato: tenés que pagar por más de tres meses y, dependiendo de qué lugar de la mora estás (sea nivel 3, 4 o 5), este traspaso de moroso a no moroso tarda entre 6 y 12 meses”. NA