El hecho sucedió el jueves por la noche en el barrio La Favorita Nueva, en la capital de Mendoza, donde la Policía fue alertada por varios vecinos sobre una agresión con armas blancas en una vivienda de la manzana 5 y por el ingreso de personas heridas al Centro de Salud 300.

De acuerdo con los primeros testimonios, un grupo de entre cuatro y cinco hombres, presuntamente integrantes de una misma familia, llegó al domicilio e intentó incendiar la vivienda arrojando botellas tipo molotov. Al no lograrlo, ingresaron al inmueble y atacaron con armas blancas a las personas que se encontraban en el lugar.

Conforme a la información, como consecuencia de la agresión, Joshua Marcos Ángel Garay Quiroga (15) falleció a causa de heridas cortopunzantes, en tanto, A.D.C. (27) sufrió múltiples lesiones de arma blanca en tórax y abdomen, permaneciendo internado en estado crítico en terapia intensiva.

A su vez, se supo que G.S.P. (22) fue sometido a una intervención quirúrgica tras sufrir una grave lesión en un brazo, mientras que A.M.M.Q. (17) presentó heridas cortantes en un brazo y en la cadera.

En las primeras horas de la investigación personal de la Unidad Investigativa logró localizar y detener a M.I.E. (39), L.E.E. (36) y C.E.E. (38).

Durante un allanamiento fueron secuestrados cuatro cuchillos, dos muestras con aparente tejido hemático y un celular, elementos incorporados a la investigación.

Respecto de los heridos, A.D.C. (27) registra antecedentes por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego (2023 y 2025), amenazas agravadas en contexto de violencia de género (2023) y tenencia ilegal de arma de guerra (2020). G.S.P. (22) posee un antecedente por portación ilegítima de arma de fuego (2025), mientras que el menor de 17 años registraba una captura pendiente desde junio de 2026. NA

Dos expolicías fueron imputados por la desaparición y el crimen de Andrés Lisandro “Fido” Saavedra, el joven de 24 años que fue visto por última vez en enero, en el barrio Godoy de Rosario.

Se trata del oficial retirado Pedro Bascoy y su hijo, el uniformado exonerado Cristian Bascoy, a quienes la fiscal Agustina Eiris les atribuyó el delito de homicidio simple y solicitó la prisión preventiva por el plazo de la ley, medida avalada por el juez Aldo Bilbao.

Conforme a la hipótesis de la representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los implicados mataron a Saavedra por haber perpetrado dos robos en el domicilio de uno de ellos.

Según la fiscal, el hecho ocurrió entre el 20 y el 21 de enero en una casa de pasillo de Rivarola al 7100, donde Cristian engañó a Lisandro y a un amigo para hacer una “changa”. Sin embargo, atacó a golpes y ahorcó a Saavedra hasta matarlo.

Su padre observó la situación y colaboró para desaparecer el cadáver, que hasta hoy continúa sin ser hallado, por lo que Eiris consideró que los expolicías lo emboscaron y asesinaron en forma de represalia por los supuestos delitos.

Uno de sus hermanos, Javier Saavedra, utilizó su cuenta de la red social Facebook para publicar un video en el que manifestó que la víctima y otro muchacho entrar al domicilio de uno de los policías con fines de robo. NA

Las autoridades trasladaron a la sospechosa a la seccional de la DDI Villa Gesell, donde se encuentra en carácter de comunicada y a exclusiva disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada 6 Departamental, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

El arresto de Sosa ocurre luego de que la Fiscalía del caso citó a Lucas, uno de sus hijos biológicos, para que preste declaración testimonial.

“La fiscalía me acaba de informar que lo citaron para este miércoles 29. También me convocaron a mí y a su mamá actual”, confirmó a NA, Erika Suárez, abogada de Lucas.

Lucas manifestó: “Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar”.

Además, este lunes se llevaba a cabo una marcha para reclamar justicia por el deceso de Isabella, la menor que ingresó sin signos vitales al Hospital Municipal de Gesell.

La autopsia reveló que la niña falleció como consecuencia de una broncoaspiración (asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco) mientras tomaba la mamadera, al tiempo que no se hallaron signos de violencia.

Los investigadores constataron que Sosa, de 43 años, presenta antecedentes por el deceso de otras dos hijas en 2016, Candela de cinco meses y Jazmín de once meses. pero resultó absuelta tras el juicio oral.

Lucía Sosa arrastra también el deceso de otras dos descendientes como Yasmín de 11 meses y Candela Milagros de 6, por lo que se abrió el interrogante que intenta determinar si esta mujer es o no una asesina serial en el caso de que se confirme su participación en el fallecimiento de la menor, ocurrido en Villa Gesell.

Psicólogos y psiquiatras dieron su punto de vista sobre esta situación y se abrieron dos opiniones bien diferenciadas, ya que algunos señalan a Sosa como una criminal serial y otros dicen que no lo es.

Entre las características más importantes para reconocer a este tipo de homicidas aparecen la cantidad de homicidios (deben ser dos o más), la pausa (hay un tiempo de “calma” o “descanso” entre un crimen y otro) ataque y el siguiente, falta de empatía (no sienten culpa ni dolor por el sufrimiento ajeno), control y poder (buscan dominar a la víctima para satisfacer una necesidad interna), apariencia normal (suelen parecer personas educadas, tranquilas y amables en su vida diaria) y conducta antisocial (muestran rasgos de psicopatía o desprecio por las reglas de la sociedad). NA

La fiscal Agustina Eiris, perteneciente a la Unidad de Violencia Altamente Lesivas, pidió la realización de allanamientos que se concretaron en Rivarola al 7400 y Garay al 5100, donde la Policía arrestó al oficial exonerado Cristian B. y a su padre, Pedro B., un uniformado retirado.

Conforme a la información del portal del diario La Capital de Rosario, los implicados serán imputados por el delito de homicidio, al tiempo que se llevaron a cabo rastrillajes, los cuales no arrojaron positivos para hallar el cuerpo de la víctima.

Uno de sus hermanos, Javier Saavedra, utilizó su cuenta de la red social Facebook para publicar un video en el que manifestó que Andrés y otro muchacho ingresaron al domicilio de uno de los policías con fines de robo.

“Robaron dos o tres bol… y las descartaron”, consignó Javier, y agregó que “los policías” residían en esa vivienda “se enteraron quiénes fueron y dieron con ellos dos”.

El familiar reveló que el otro sujeto implicado en el ilícito se llama “Gianfranco” y su padre es vecino de los agentes, por lo que “entregaron” a Andrés, quien “fue llevado engañado para hacer una changuita de albañilería con esa gente”.

En este sentido, sostuvo que “lo asesinaron” y “lo tienen enterrado” en tres posibles lugares: “Pérez, un pueblo cerca de Totoras o en una casa por Rivarola”. NA

Una joven de 25 años fue asesinada a puñaladas durante la madrugada de este lunes en la localidad cordobesa de Santa María de Punilla y la Policía detuvo a su expareja, un hombre de 40 años que cumplía una condena condicional por violencia familiar.

El hecho ocurrió en una vivienda situada en la esquina de Echeverría e Independencia, en el barrio Santa María Oeste, donde, según la reconstrucción realizada por los investigadores, el presunto agresor y la víctima se reunieron para ver la final del Mundial 2026.

La pareja habría mantenido una discusión que derivó en un ataque con un cuchillo, mientras que la madre de la damnificada intentó detener al implicado y luego encontró muerta a su hija en la vía pública, según relató a las autoridades.

El acusado, identificado como Maximiliano Braudaco, se dio a la fuga y la Policía concretó al arresto a las pocas cuadras tras desplegar un operativo cerrojo.

De acuerdo a la información difundida por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de esa provincia, la Fiscalía de Instrucción número 2 de Cosquín caratuló el caso como homicidio calificado por femicidio, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua, conforme a lo establecido por el artículo 80 del Código Penal.

Además, la mamá de Rocío Belén Gómez, la mujer asesinada, radicó una denuncia por violencia familiar contra Braudaco, quien fue condenado en 2025 y cumplía una sentencia condicional en ese domicilio.

La joven era mamá de tres niñas menores de edad y el crimen conmocionó a la localidad de Santa María de Punilla, ubicada en el departamento Punilla y a 42 kilómetros de Córdoba capital. NA

El abogado Marcelo Biondi, representante legal de la familia de Leal, sostuvo que la medida dictada por el Juzgado de Garantías 2 fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías de Morón, Sala I, que “rechazó el recurso de la defensa”. Además, precisó que Gómez “está detenido en la comisaría de Merlo”.

Consultado sobre la posibilidad de nuevas apelaciones, el letrado señaló: “Es una sentencia definitiva y no hay una arbitrariedad manifiesta en el fallo. Todo lo contrario. Entiendo que no hay otro recurso viable”.

Respecto a la reacción del círculo íntimo de la víctima, el letrado indicó que “la familia está conforme por ahora”.

En abril pasado, el juez Ricardo Fraga había dictado la prisión preventiva de Gómez al considerar que existían “indicios vehementes y elementos de convicción suficientes” para tenerlo, en principio, como autor penalmente responsable de los delitos de homicidio agravado por ser cometido por un miembro de una fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por las mismas circunstancias.

El crimen de Leal, de 21 años, ocurrió el 12 de marzo, cuando circulaba en moto junto a un amigo por Ituzaingó. NA

Un joven de 29 años fue asesinado de una puñalada en la ciudad salteña de Tartagal y la Justicia busca al presunto autor del ataque.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves, en el barrio Mataderos de la localidad de Santa Victoria Este, donde la víctima se encontraba sentado en la vereda de su casa, cuando fue agredido con un arma blanca a la altura del tórax, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) local.

El sospechoso se dio a la fuga y el damnificado se acercó hasta la puerta de su vivienda, pidió socorro, lo trasladaron a un hospital de la zona, en el que falleció como consecuencia de un shock hipovolémico.

En este contexto, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal en feria, Gonzalo Ariel Vega, ordenó la realización de una autopsia en el Servicio de Tanatología Forense perteneciente al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán.

El caso fue caratulado como homicidio, cuya única pena en expectativa es la prisión perpetua, conforme a lo establecido por el artículo 80 del Código Penal.

Vega consignó que se llevan a cabo todas las medidas necesarias tendientes a esclarecer el suceso, mientras que las autoridades buscan dar con el paradero de uno o varios implicados.

Además, dio intervención a agentes de la Unidad UGAP Tartagal del Departamento de Investigaciones y Criminología del CIF.

Un ladrón de 24 años fue imputado por el delito de robo calificado por el uso de arma, previsto en el artículo 166 inciso 2 primer supuesto del Código Penal.

El malhechor habría asaltado a un jubilado de 83 años el pasado 9 de julio en un domicilio de Tartagal, donde lo acuchilló para sustraerle un sommier, un teléfono, una pava eléctrica, dinero, un parlante y otros objetos de valor.

Un hijo y un nieto del damnificado lo hallaron malherido y advirtieron a la Policía de Salta, que concretó la identificación y el arresto del implicado. NA

La autopsia realizada al joven que fue encontrado calcinado en el barrio Ejército de los Andes, más conocido como “Fuerte Apache”, reveló que recibió un disparo de arma de fuego en la cabeza.

La víctima fue identificada por un familiar, quien la reconoció por los diferentes tatuajes que presentaba, al tiempo que la Fiscalía interviniente continuaba con las distintas medidas para esclarecer el hecho, que se habría desencadenado por un presunto ajuste de cuentas.

Asimismo, fuentes policiales habían informado que el cadáver hallado es de un hombre de entre 25 y 30 años y de tez blanca y el descubrimiento se produjo este lunes alrededor de las 15:30.

Los vecinos del “Fuerte Apache” relataron que durante la madrugada se produjo una intensa balacera entre bandas que se disputaban el territorio narco.

El hallazgo se registró en el Nudo 6 de ese complejo habitacional, situado en el partido de Tres de Febrero.

En ese momento, una dotación de Bomberos Voluntarios del Cuartel Central de Ciudadela había acudido a la zona para combatir un incendio que se acababa de declarar allí, pero al arribar ese personal vio el cuerpo envuelto en llamas.

La causa fue caratulada como “averiguación de causales de muerte” y la principal hipótesis que barajan los investigadores se vincula con un posible homicidio.

Por su parte, la Justicia busca a dos sospechosos que habrían trasladado el cuerpo en un carro hasta la escena, donde lo descartaron y luego lo incineraron. NA

El hecho ocurrió durante la mañana de este miércoles en un inmueble de la calle Iberlucea 74, donde la víctima, identificada como Mercedes Errapan, recibió una herida de bala en la zona occipital y fue encontrada boca abajo en el baño por los efectivos del Comando de Patrullas de ese municipio.

En este sentido, aprehendieron de manera preventiva a su novio, Jonathan Videla, a quien le ordenaron que coloque sus manos sobre papel madera para eventuales pericias.

Los oficiales de la DDI continuaron con las tareas investigativas y el análisis de las imágenes registradas por las cámaras privadas mediante las cuales se determinó que el supuesto autor del asesinato fue Sebastián Bonafe, quien se retiró de la vivienda junto a la hija de la víctima.

Los videos resultaron claves para reconstruir la secuencia: en primer término se observa a Videla salir del domicilio a las 5:07 para ir a trabajar; cuatro minutos después se observa a Bonafe saltar el paredón e ingresar a la finca vestido con una campera negra con la capucha colocada.

A las 7:57, el involucrado se dirige con la nena a pie por la calle Belgrano, en tanto que las autoridades secuestraron un celular y una carta manuscrita por el señalado (padrino de la niña) con el detalle del modus operandi y la posible fuga hacia la localidad de Arias, en la provincia de Córdoba, o Cañada Seca, en Santa Fe, a bordo de una moto marca Honda Titán 150 centímetros cúbicos y tanque azul.

El Ministerio de Seguridad había emitido un Alerta Sofía por la desaparición de la menor “A.G.”, quien había sido vista por última vez en esa localidad y la fiscal Fernanda Sánchez, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) 1 de Junín, recaratuló el caso como femicidio seguido de rapto.

Los videos captaron a Bonafe mientras maneja el rodado con la menor detrás, por la Ruta 188 en Obligado, partido de Rojas, en dirección a Pergamino. Posteriormente “hicieron dedo” en la intersección de esa autovía y la Ruta 30, donde fueron levantados por un docente para dejarlos en la esquina de Rocha del centro del último distrito mencionado, en el que ingresaron a un kiosco.

La Policía Bonaerense montó un operativo cerrojo en la zona, halló al hombre en el cruce de Alsina y Becerra, y Bonafe concurrió con la infante a un cañaveral tras advertir la presencia de los agentes, amenazó con matarla al poner un cuchillo en su cuello y finalmente resultó detenido tras cesar en su actitud. La niña fue rescatada ilesa y se encuentra bajo resguardo.

Los investigadores constataron que el implicado posee diversos antecedentes penales por violencia de género, lesiones leves y amenazas.

Además, personal de la Policía Federal encabezó un allanamiento el pasado viernes 3 de julio en la casa de Bonafe por una causa de grooming, a la vez que la damnificada lo había denunciado por entrar al baño y filmar a la menor mientras se higienizaba. La madre solicitó una orden de restricción y alejamiento. NA

Maximiliano Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas y Matías Gil, los tres acusados por el crimen del empresario Fernando Pérez Algaba, el hombre que fue asesinado y descuartizado, cuyos restos aparecieron esparcidos en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, solicitaron ser absueltos en el juicio por jurados populares que se realiza en los Tribunales de Lomas de Zamora.

Javier Baños, exfiscal de Morón y representante legal de Rodolfo Pérez Algaba, hermano de la víctima, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y consignó que los abogados Maximiliano Angeli y Enrique Tonceda, abogados de Pilepich; Mauro Da Silva Lima, de Vargas; y Yamil Castro Bianchi, quien patrocina a Gil, pidieron que sus clientes sean declarados inocentes.

“De forma subsidiaria, peticionaron que se los juzgue únicamente por el encubrimiento porque Vargas dice que fue Pilepich y viceversa. Con relación al homicidio agravado dicen que son todos inocentes”, explicó el letrado respecto a los alegatos de las defensas.

En este sentido, agregó que el juez realiza la lectura de instrucciones para los 12 miembros del jurado, el cual comenzaba a deliberar para dar a conocer un veredicto.

Por su parte, la fiscalía ratificó la acusación por el delito de homicidio triplemente agravado por uso de arma de fuego, premeditación y codicia, mientras que la querella sumó un cuarto agravante, el de la alevosía.

De este modo, la fiscal Marcela Dimundo y la querella, representada por los letrados Baños y Sebastián Queijeiro solicitaron la condena a prisión perpetua.

En la causa hay otros imputados. Se trata de la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras, que irán a un juicio ordinario, el cual se tramitará en el mismo Tribunal, pero aún no tiene fecha establecida. NA

Fernando Pérez Algaba.

El inmueble, ubicado en la esquina de avenida 27 de Febrero y Gutenberg, era la vivienda de Eduardo Muñoz, uno de los principales sospechosos del homicidio y líder de la organización narcocriminal. Se trata del cuarto punto de venta de estupefacientes inactivado en ese barrio durante las últimas dos semanas.

Muñoz fue detenido el 25 de junio pasado en la zona sur de Rosario, en el barrio Tablada, y, según confirmaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, fue trasladado a un penal de ese distrito y sobre él pesaba una recompensa de 20 millones de pesos, impuesta por el Ministerio de Seguridad.

Al día siguiente de su captura, se formalizó su imputación como líder de la asociación, agravado por violencia física y amenazas, y como coautor de comercialización de estupefacientes, homicidio calificado contra un miembro de las fuerzas de seguridad pública y dos hechos de tenencia ilegítima de arma de fuego.

Durante el operativo de este lunes, el secretario de Seguridad, Omar Pereira, destacó la continuidad de la intervención en Villa Banana: “Hace unos días estuvimos acá, en el derribo de otros tres inmuebles ubicado a pocos metros de este. Hoy llegamos al búnker número 130 en toda la provincia y este procedimiento forma parte de la misma causa que investiga el homicidio del policía federal ocurrido en este barrio”.

Por su parte, el fiscal del Ministerio Público de Acusación (MPA), César Cabrera, explicó que, tras el crimen del agente federal, se conformó un equipo conjunto de investigación entre el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación para abordar de manera integral la violencia vinculada al narcomenudeo en Villa Banana.

“El Ministerio Público Fiscal federal investiga el homicidio, mientras que el MPA trabaja sobre los hechos de violencia asociados al narcomenudeo, que entendemos fueron el origen de lo ocurrido aquella noche”, señaló el fiscal. NA

Una testigo clave del caso que investiga el presunto femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba reveló que al bar Wachitas concurría “gente de poder” y allí trabajaban dos de las detenidas.

Se trata de Carla, una extrabajadora sexual de ese lugar administrado por Soledad Andreani, imputada por encubrimiento agravado.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Noticias Argentinas, la joven narró su dura historia de vida: comenzó a drogarse desde muy joven, su madre la llevó a un instituto de menores, el abuelo la sacó y luego “agarró peor, como con dolor”, al tiempo que su progenitora la abandonó a sus 16 años: “Fue lo que me destruyó”.

“Fueron las drogas y la noche… trabajé mucho tiempo con el clan Moyano (en el bar Rapoza). Después, por un compañero de la noche conocí y fui a ese bar (“Wachitas”) porque a él le encantaban las bandas rockeras, donde habrán sido tres o cuatro fines de semanas hasta que se me acerca a la mesa esta chica (Andreani) y empezamos a charlar”, sostuvo.

Carla recordó que Soledad le preguntó a qué se dedicaba y le respondió que era trabajadora sexual: “Me ofreció trabajar con ella, me contó cómo era la modalidad, que los tipos eran gente de plata, de poder, se podía ganar bien depende el servicio que uno hiciera”.

La testigo señaló que esos clientes podían ser “políticos o empresarios” porque vestían “trajes, jeans, zapatos en punta de cuero, camisas y lentes” y tenían “bigotes o barbas” aunque “nunca supo sus nombres ni quiénes eran”.

En este sentido, la joven de 31 años reconoció que los recitales eran la “pantalla” y “nosotras hacíamos nuestra parte”: “Los tipos tenían un carguito lindo. Yo estuve aproximadamente entre 2020 y 2023 aunque no frecuentaba mucho. Iba los viernes y sábados, todo era dependiendo como me había ido porque yo tenía mis clientes por teléfono”.

“Soledad era la proxeneta, cobraba el 50% de lo ganado, ella nos decía que nos íbamos a acostar con ‘gente de filo’, no con los rolingas”, manifestó, mientras que no vio a Claudio Barrelier y Osvaldo Fassetta, pero sí a Mariana Soledad Palmero -pareja del principal acusado- ya que “se dedicaba a limpiar las mesas y los baños y servir los vinos” a las personas que acudían para ver a las bandas que hacían tributos a los cantantes de rock.

“Yo salgo a hablar porque la conozco, Palmero es un monstruo, se hace la víctima, no es que ella fue engañada. Ahora me empiezan a cerrar muchas cosas, no le erré en nada. Yo me fui y no sé qué fue de mis compañeras, si están vivas o qué. Me cierra todo”, consignó.

“Hasta el año pasado yo iba a Punta Alvear”, un lugar que, según sostuvo Carla, funciona “igual” que Wachitas y otros locales similares, por el sexo, la prostitución y los estupefacientes: “Siempre me gustaba ese ambiente, la joda, el cuarteto, pero pastillas y marihuana ya no consumía, sí alcohol como para pasar la noche digamos”.

El bar, ubicado en la calle Ituzaingó 521 de Nueva Córdoba, fue clausurado definitivamente por el Ente Municipal de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba “tras constatar, en reiteradas oportunidades, graves incumplimientos vinculados a las condiciones de seguridad, higiene y funcionamiento del establecimiento”.

Además, Carla reveló que cuando la citaron a declarar en la Jefatura de Policía de Córdoba “la llevaron a otro lugar” para informarle que había una denuncia por “desaparición”.

“Me dan un papel que dice que yo desde 2019 salgo como desaparecida y eso no lo sabía. En ese momento me encontraba en situación de calle y ya ejercía”, agregó Carla, testigo clave en el caso Agostina. (NA).

Por Ramiro González Britez.

El abogado Lucas Contreras Alderete señaló que radicó el recurso ante el titular del Juzgado Federal 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodríguez, a quien le solicitó la “inmediata libertad”, porque está detenido bajo “condiciones de ilegalidad”.

De manera subsidiaria, el letrado peticionó el traslado a otra cárcel que garantice “mejores condiciones de detención”, al tiempo que reclamó la declaración de la “inconstitucionalidad de la Resolución 35/2024”, dictada por el Ministerio de Seguridad.

El primer artículo de esa medida estableció la creación del “Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”, en tanto que el Decreto de Necesidad y Urgencia N/23 modificó el artículo cuatro del Título I de la Ley 20.416, y se dispuso que el SPF depende del Poder Ejecutivo por “intermedio” de la cartera encabezada por la ministra Alejandra Monteoliva.

“Que, dicha cartera ministerial, a través de la mencionada resolución, resulta la responsable del diseño e implementación de una medida que representa una gravedad inusitada contra los derechos y garantías más fundamentales que protegen a las personas privadas de su libertad”, agrega el citado habeas corpus.

El peruano habría padecido “torturas psicológicas” en el Establecimiento de Jóvenes Adultos, perteneciente al penal de Marcos Paz, donde permanece “aislado, relegado al confinamiento en soledad en una celda, sin la presencia ni el acompañamiento de ninguna persona, sea personal del SPF, otro interno alojado en dicho establecimiento, o asistencia profesional”, sostiene el escrito.

En este sentido, Contreras Alderete añade que se trata de un “acto arbitrario” con carencia de “sustento fáctico y jurídico”, mientras que niega la existencia de “hechos de inconducta” y recrimina el “impedimento” de “contacto” con el “núcleo familiar más directo” por cualquier medio, el cual “produce un grado de afectación muy grave en cualquier persona”.

“El dolor que le causa a mi defendido no poder tener contacto con su familia es irremediable, a tal punto que le genera un estado de angustia y tristeza muy profundo”, se lee en el documento de 44 páginas al que accedió NA.

Además, el abogado apeló el procesamiento con prisión preventiva dictado la semana pasada por Rodríguez, pidió el sobreseimiento de “Pequeño J” y la revocatoria de la causa en curso por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

En caso de que se desestime dicho recurso, solicitó, subsidariamente, que se dicte la falta de mérito y la nulidad del embargo vigente sobre sus bienes por la suma de mil millones de pesos.

Valverde Victoriano está imputado como presunto autor de los delitos de homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterada en tres hechos, en concurso real entre sí. NA

Los restos de Rodolfo Manfredi, el efectivo que fue asesinado en Rosario, fueron despedidos por familiares y autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA).

Para los investigadores la víctima fue emboscada junto con otros compañeros y hubo una audiencia importante.

En tanto, el domingo se llevó a cabo en Tucumán, provincia natal, el velatorio donde familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a Manfredi, quien fue asesinado a tiros en Villa Banana, Rosario.

Asimismo, la PFA rindió los máximos honores fúnebres, acto que fue encabezado por sus máximas autoridades y Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional.

El director nacional de Normativa y Enlace del Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que no hay dudas de que “fueron emboscados” y que, entre los detenidos, “hay personas con implicancia directa en el hecho”.

German Pugnaloni contó que el caso sucedió con “un equipo que tenía encargado el patrullaje de barrio Banana en el Plan Bandera, que advirtieron una situación anómala, decidieron interceptar al grupo y se produjo el hecho”. NA

Un informe pericial sobre las muestras de sangre extraídas a los policías sospechosos por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años secuestrada, violada, torturada y asesinada por oficiales bonaerenses en la ciudad balnearia de Miramar, exime de responsabilidad a los uniformados.

A más de 25 años, la Justicia todavía determinar la identidad del quinto policía implicado en el brutal crimen de la joven, ocurrido en febrero de 2001.

Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió una condena de 25 años por su participación, aunque luego fue reducida a diez años tras una revisión de la Cámara de Casación.

Conforme al escrito de 28 páginas que fuentes del caso le proporcionaron a la Agencia Noticias Argentinas, “no es posible vincular” a ninguno de los siete sospechosos “como individuos contribuyentes de los perfiles informados”.

Los análisis realizados que figuran en el documento corresponden a dos hisopados vaginales, un hisopado anal, dos sábanas, un portaobjetos y dos pelos, los cuales se cotejaron con la sangre de Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

En el estudio intervinieron especialistas del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN, perteneciente a la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la medida complementaria fue solicitada por la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado.

Gustavo Melmann, padre de Natalia, consignó que el perito propuesto por la familia analiza los resultados del informe.

Un femicidio que marcó la historia de Miramar

Natalia Melmann fue encontrada asesinada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de la ciudad balnearia de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su rol en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua. (NA).

El fiscal del caso que investiga el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que fue asesinado de un disparo presuntamente efectuado por un oficial de la Policía Federal cuando lo asaltaron cuatro delincuentes, ofreció realizar un juicio abreviado y la querella se opuso.

Mariano Costa, uno de los abogados querellantes, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y manifestó de forma tajante su rechazo a esa posibilidad: “Nos oponemos terminantemente por la Ley de Víctimas a la posibilidad que dejó abierta el fiscal Luppino de hacer un juicio abreviado dada la gravedad institucional y la gravedad por el asesinato de Thiago en manos de un policía”.

El letrado ratificó que Facundo Aguilar Fajardo “disparó sin necesidad alguna ya que estaba fuera de peligro” de los ladrones que se encontraban de espaldas.

La causa había sido elevada a un juicio por jurados populares y luego de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza lo ratificó, al rechazar el sobreseimiento del imputado, quien será juzgado por delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa -reiterado en dos oportunidades- y homicidio culposo, todos en concurso ideal entre sí.

Costas reiteró que, en su carácter de representante de los particulares damnificados, “insistimos en otra teoría del caso”, aunque hasta el momento “no hay una resolución del juez”, mientras que sostuvo: “La carátula está mal y merece el debate en juicio por gravedad institucional. No hay que olvidarse que el policía y el fiscal representan al Estado”.

Una audiencia preliminar se llevará a cabo el lunes 6 de julio a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 del Departamento Judicial de La Matanza.

El crimen

Uriel Alexis Montenovo (21 años), Uriel Emanuel Leyva (21), Brandon Corpus (18) y Joaquín López Otto son los cuatro ladrones implicados en el intento de robo al policía, ocurrido en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

Corpus murió tras recibir seis tiros, mientras que resultaron heridos Montenovo, con un disparo en la pierna, y Leyva, baleado en el abdomen.

En ese momento, una de las detonaciones alcanzó a Thiago Correa y lo mató en el acto. (NA).

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió ayer por primera vez al crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en la ciudad de Córdoba, al considerar que “lo importante es la verdad completa”.

Al anunciar que la Argentina registró “la menor tasa de homicidios de su historia”, Monteoliva remarcó que “el mejor paso para avanzar es tener la verdad completa” y evitó nombrar la palabra “femicidio”.

“Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”, señaló la funcionaria.

En este sentido, expresó que el esclarecimiento de los hechos es “importante” aunque “esa verdad sea dolorosa” y “aunque nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familias, padres y madres”.

Monteoliva añadió que viajó a Córdoba el viernes y permaneció allí hasta la mañana del sábado para mantener una reunión con su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien le aseguró: “Es cuestión de horas, estamos muy, muy cerca ya de finalizar con los hallazgos”.

“Siempre acá hay que respetar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares de la Justicia”, concluyó.

La autopsia reveló que fue estrangulada y abusada

La autopsia a Agostina Vega reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

Fuentes periodísticas locales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el crimen ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde la víctima se resistió a la violación y el autor del ataque la estranguló.

“La llevó engañada. Se descartó el embarazo. La nena se resistió y fue asesinada en la casa”, consignaron los allegados consultados por NA.

En este contexto, el abogado Carlos Nayi confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio.

Además, los abuelos de la joven fueron admitidos como querellantes en la investigación luego de mantener una reunión con Garzón. (NA).

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, continúa sumando elementos estremecedores a medida que avanza la investigación judicial. En las últimas horas, se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven, hallado días después de su desaparición.

Según el informe preliminar, Agostina murió como consecuencia de una asfixia mecánica. Además, los forenses determinaron que el cuerpo fue desmembrado después del fallecimiento, un dato que refuerza una de las principales hipótesis que manejan los investigadores.

En paralelo, los especialistas detectaron posibles signos de abuso sexual, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva. Las fuentes vinculadas a la causa indicaron que el avanzado estado de descomposición del cuerpo dificulta establecer con precisión si la adolescente fue víctima de un ataque sexual antes de ser asesinada.

La confirmación o el descarte de esa hipótesis dependerá de los estudios anatomopatológicos complementarios que se realizan tras la autopsia inicial y cuyos resultados podrían demorar varios días. En caso de comprobarse un abuso, la situación procesal del único acusado podría agravarse significativamente.

Otro dato relevante surgido de las pericias tiene que ver con la data de muerte. Los especialistas estimaron que el asesinato ocurrió entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 de la madrugada del domingo 24. De esta manera, se presume que Agostina ya había sido asesinada varias horas antes de que se radicara formalmente la denuncia por su desaparición.

Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, quien fue imputado por el delito de femicidio. El acusado se encuentra alojado en el penal de Bouwer y permanece bajo seguimiento en un pabellón psiquiátrico luego de haber manifestado intenciones de quitarse la vida tras el hallazgo de los restos de la víctima.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien sostiene como principal línea de trabajo que Barrelier habría actuado solo en una vivienda ubicada en el barrio Cofico de la capital cordobesa.

Los investigadores también intentan determinar si la adolescente pudo haber sido drogada antes del crimen. Para ello serán clave los resultados de las pericias toxicológicas, que todavía se encuentran en proceso.

La modalidad del homicidio alimenta la denominada hipótesis del “crimen silencioso”, ya que tanto la asfixia mecánica como el desmembramiento posterior son compatibles con un ataque que pudo haberse producido sin generar ruidos o alertas que llamaran la atención de terceros.

Mientras la causa avanza y se esperan nuevos resultados periciales, el caso continúa generando una profunda conmoción en Córdoba y en todo el país, especialmente por la edad de la víctima y la brutalidad de los hechos investigados.

La investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba todavía debe resolver varios aspectos para poder elevar la causa a juicio, que por ahora tiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

La autopsia y los estudios forenses complementarios permitirán determinar de manera oficial la data del crimen, más allá que el fiscal Raúl Garzón anticipó que habría ocurrido durante la misma noche de su desaparición o en las primeras horas del domingo.

Estos análisis podrían “demorar varios días”, según detallaron especialistas a la Agencia Noticias Argentinas, pero mientras tanto “podría establecerse la causa precisa de la muerte y los mecanismos empleados para el homicidio”.

Asimismo, deberá resolverse si Barrelier actuó solo o contó con cómplices, ya sea de manera directa o indirecta en el asesinato de Agostina.

Para los investigadores, el crimen se produjo en la casa del acusado, situada en la calle Del Campillo al 800 del barrio Cofico, ya que allí recolectaron pruebas importantes, entre ellas manchas de sangre.

Asimismo, detectaron que algunas paredes del living-comedor habrían sido lavadas con lavandina, muchas veces usada para limpiar restos hemáticos.

En ese caso, deberá resolverse qué pasó en la vivienda entre ese sábado a la noche y el domingo a la madrugada y determinar si otras personas que vivían allí pudieron haber advertido movimientos, situaciones o circunstancias relevantes para la causa.

Por otra parte, desde ayer, y durante los próximos días, seguirán los rastrillajes en Ampliación Ferreyra para conseguir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.

A ese lugar se llegó tras el análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización que permitieron vincular al Ford Ka negro incorporado al expediente con la zona donde se produjo el hallazgo, según detalló el portal de Cadena 3.

Con el crimen confirmado de la adolescente de 14 años, el fiscal Garzón imputará con una carátula más grave a Barrelier, por lo que pasará de una privación ilegal de la libertad a un homicidio agravado, por lo que en caso de ser hallado culpable le corresponderá prisión perpetua.

Además, habrá que ver si el detenido decide declarar o mantener su postura, tras conocerse el asesinato y la acumulación de pruebas en su contra.

También se deberá determinar si el crimen se produjo por una cuestión previa o si se precipitó en ese momento, por lo que en caso de ser la primera opción podría citarse a declarar al círculo íntimo del acusado e incluso el de la menor.

En un carril paralelo no se descarta que se analice los motivos por los cuáles el sospechoso fue liberado el año pasado tras ser imputado por privación ilegal de la libertad contra una expareja que logró escapar y pedir ayuda a vecinos. (NA).