Los restos de Rodolfo Manfredi, el efectivo que fue asesinado en Rosario, fueron despedidos por familiares y autoridades de la Policía Federal Argentina (PFA).

Para los investigadores la víctima fue emboscada junto con otros compañeros y hubo una audiencia importante.

En tanto, el domingo se llevó a cabo en Tucumán, provincia natal, el velatorio donde familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a Manfredi, quien fue asesinado a tiros en Villa Banana, Rosario.

Asimismo, la PFA rindió los máximos honores fúnebres, acto que fue encabezado por sus máximas autoridades y Martín Ferlauto, secretario de Seguridad Nacional.

El director nacional de Normativa y Enlace del Ministerio de Seguridad Nacional sostuvo que no hay dudas de que “fueron emboscados” y que, entre los detenidos, “hay personas con implicancia directa en el hecho”.

German Pugnaloni contó que el caso sucedió con “un equipo que tenía encargado el patrullaje de barrio Banana en el Plan Bandera, que advirtieron una situación anómala, decidieron interceptar al grupo y se produjo el hecho”. NA

Un informe pericial sobre las muestras de sangre extraídas a los policías sospechosos por el femicidio de Natalia Melmann, la adolescente de 15 años secuestrada, violada, torturada y asesinada por oficiales bonaerenses en la ciudad balnearia de Miramar, exime de responsabilidad a los uniformados.

A más de 25 años, la Justicia todavía determinar la identidad del quinto policía implicado en el brutal crimen de la joven, ocurrido en febrero de 2001.

Oscar Echenique, Ricardo Anselmini, Ricardo Suárez y Ricardo Panadero fueron sentenciados a prisión perpetua por el delito de “rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de personas y homicidio criminis causa”.

El exconvicto Gustavo “Gallo” Fernández recibió una condena de 25 años por su participación, aunque luego fue reducida a diez años tras una revisión de la Cámara de Casación.

Conforme al escrito de 28 páginas que fuentes del caso le proporcionaron a la Agencia Noticias Argentinas, “no es posible vincular” a ninguno de los siete sospechosos “como individuos contribuyentes de los perfiles informados”.

Los análisis realizados que figuran en el documento corresponden a dos hisopados vaginales, un hisopado anal, dos sábanas, un portaobjetos y dos pelos, los cuales se cotejaron con la sangre de Hugo Ricardo Morra, Enrique Diez, Carlos Alberto Grillo, Osvaldo Alfredo Sissi, Carlos Darío Meire, José Luis Morillo y Ángel Custodio Sánchez.

En el estudio intervinieron especialistas del Laboratorio de Análisis Comparativo de ADN, perteneciente a la Dirección General de Asesorías Periciales del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la medida complementaria fue solicitada por la Fiscalía Descentralizada de General Alvarado.

Gustavo Melmann, padre de Natalia, consignó que el perito propuesto por la familia analiza los resultados del informe.

Un femicidio que marcó la historia de Miramar

Natalia Melmann fue encontrada asesinada bajo un montículo de hojas en el vivero “Florentino Ameghino” de la ciudad balnearia de Miramar y la autopsia reveló que fue asfixiada con el cordón de sus zapatillas, aunque a simple vista el cuerpo presentaba moretones, quemaduras, fracturas y un golpe en el cráneo.

Ricardo Panadero había sido absuelto en dos oportunidades “por falta de pruebas”, aunque el Tribunal de Casación Penal provincial decidió en 2019 anular el fallo y anunció que el cuarto policía de la Bonaerense debía ser juzgado por su rol en el crimen.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación bonaerense anuló ese sobreseimiento y ordenó que se lleve a cabo un nuevo proceso, el cual se realizó en 2023 donde Panadero fue declarado culpable por los delitos de “privación ilegal de la libertad agravado, abuso sexual agravado y homicidio doblemente agravado, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser cometido para asegurarse la impunidad” y recibió reclusión perpetua. (NA).

El fiscal del caso que investiga el crimen de Thiago Correa, el niño de 7 años que fue asesinado de un disparo presuntamente efectuado por un oficial de la Policía Federal cuando lo asaltaron cuatro delincuentes, ofreció realizar un juicio abreviado y la querella se opuso.

Mariano Costa, uno de los abogados querellantes, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y manifestó de forma tajante su rechazo a esa posibilidad: “Nos oponemos terminantemente por la Ley de Víctimas a la posibilidad que dejó abierta el fiscal Luppino de hacer un juicio abreviado dada la gravedad institucional y la gravedad por el asesinato de Thiago en manos de un policía”.

El letrado ratificó que Facundo Aguilar Fajardo “disparó sin necesidad alguna ya que estaba fuera de peligro” de los ladrones que se encontraban de espaldas.

La causa había sido elevada a un juicio por jurados populares y luego de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de La Matanza lo ratificó, al rechazar el sobreseimiento del imputado, quien será juzgado por delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa -reiterado en dos oportunidades- y homicidio culposo, todos en concurso ideal entre sí.

Costas reiteró que, en su carácter de representante de los particulares damnificados, “insistimos en otra teoría del caso”, aunque hasta el momento “no hay una resolución del juez”, mientras que sostuvo: “La carátula está mal y merece el debate en juicio por gravedad institucional. No hay que olvidarse que el policía y el fiscal representan al Estado”.

Una audiencia preliminar se llevará a cabo el lunes 6 de julio a las 10 en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 del Departamento Judicial de La Matanza.

El crimen

Uriel Alexis Montenovo (21 años), Uriel Emanuel Leyva (21), Brandon Corpus (18) y Joaquín López Otto son los cuatro ladrones implicados en el intento de robo al policía, ocurrido en la localidad bonaerense de Ciudad Evita.

Corpus murió tras recibir seis tiros, mientras que resultaron heridos Montenovo, con un disparo en la pierna, y Leyva, baleado en el abdomen.

En ese momento, una de las detonaciones alcanzó a Thiago Correa y lo mató en el acto. (NA).

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, se refirió ayer por primera vez al crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue encontrada muerta en la ciudad de Córdoba, al considerar que “lo importante es la verdad completa”.

Al anunciar que la Argentina registró “la menor tasa de homicidios de su historia”, Monteoliva remarcó que “el mejor paso para avanzar es tener la verdad completa” y evitó nombrar la palabra “femicidio”.

“Un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una hora, durante dos horas, durante tres horas, donde sucede el hecho como tal. Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así”, señaló la funcionaria.

En este sentido, expresó que el esclarecimiento de los hechos es “importante” aunque “esa verdad sea dolorosa” y “aunque nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familias, padres y madres”.

Monteoliva añadió que viajó a Córdoba el viernes y permaneció allí hasta la mañana del sábado para mantener una reunión con su par de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien le aseguró: “Es cuestión de horas, estamos muy, muy cerca ya de finalizar con los hallazgos”.

“Siempre acá hay que respetar, respetar y tener en cuenta el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares de la Justicia”, concluyó.

La autopsia reveló que fue estrangulada y abusada

La autopsia a Agostina Vega reveló que falleció como consecuencia de una asfixia mecánica y fue abusada sexualmente.

Fuentes periodísticas locales le informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el crimen ocurrió entre la 1 y las 3 del domingo en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, donde la víctima se resistió a la violación y el autor del ataque la estranguló.

“La llevó engañada. Se descartó el embarazo. La nena se resistió y fue asesinada en la casa”, consignaron los allegados consultados por NA.

En este contexto, el abogado Carlos Nayi confirmó que el fiscal Raúl Garzón modificó la calificación legal de privación ilegítima de la libertad agravada a femicidio.

Además, los abuelos de la joven fueron admitidos como querellantes en la investigación luego de mantener una reunión con Garzón. (NA).

El crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba, continúa sumando elementos estremecedores a medida que avanza la investigación judicial. En las últimas horas, se conocieron los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de la joven, hallado días después de su desaparición.

Según el informe preliminar, Agostina murió como consecuencia de una asfixia mecánica. Además, los forenses determinaron que el cuerpo fue desmembrado después del fallecimiento, un dato que refuerza una de las principales hipótesis que manejan los investigadores.

En paralelo, los especialistas detectaron posibles signos de abuso sexual, aunque por el momento no existe una conclusión definitiva. Las fuentes vinculadas a la causa indicaron que el avanzado estado de descomposición del cuerpo dificulta establecer con precisión si la adolescente fue víctima de un ataque sexual antes de ser asesinada.

La confirmación o el descarte de esa hipótesis dependerá de los estudios anatomopatológicos complementarios que se realizan tras la autopsia inicial y cuyos resultados podrían demorar varios días. En caso de comprobarse un abuso, la situación procesal del único acusado podría agravarse significativamente.

Otro dato relevante surgido de las pericias tiene que ver con la data de muerte. Los especialistas estimaron que el asesinato ocurrió entre las 23 del sábado 23 de mayo y las 5 de la madrugada del domingo 24. De esta manera, se presume que Agostina ya había sido asesinada varias horas antes de que se radicara formalmente la denuncia por su desaparición.

Por el hecho permanece detenido Claudio Barrelier, quien fue imputado por el delito de femicidio. El acusado se encuentra alojado en el penal de Bouwer y permanece bajo seguimiento en un pabellón psiquiátrico luego de haber manifestado intenciones de quitarse la vida tras el hallazgo de los restos de la víctima.

La investigación está a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien sostiene como principal línea de trabajo que Barrelier habría actuado solo en una vivienda ubicada en el barrio Cofico de la capital cordobesa.

Los investigadores también intentan determinar si la adolescente pudo haber sido drogada antes del crimen. Para ello serán clave los resultados de las pericias toxicológicas, que todavía se encuentran en proceso.

La modalidad del homicidio alimenta la denominada hipótesis del “crimen silencioso”, ya que tanto la asfixia mecánica como el desmembramiento posterior son compatibles con un ataque que pudo haberse producido sin generar ruidos o alertas que llamaran la atención de terceros.

Mientras la causa avanza y se esperan nuevos resultados periciales, el caso continúa generando una profunda conmoción en Córdoba y en todo el país, especialmente por la edad de la víctima y la brutalidad de los hechos investigados.

La investigación por el crimen de Agostina Vega en Córdoba todavía debe resolver varios aspectos para poder elevar la causa a juicio, que por ahora tiene como principal acusado a Claudio Barrelier.

La autopsia y los estudios forenses complementarios permitirán determinar de manera oficial la data del crimen, más allá que el fiscal Raúl Garzón anticipó que habría ocurrido durante la misma noche de su desaparición o en las primeras horas del domingo.

Estos análisis podrían “demorar varios días”, según detallaron especialistas a la Agencia Noticias Argentinas, pero mientras tanto “podría establecerse la causa precisa de la muerte y los mecanismos empleados para el homicidio”.

Asimismo, deberá resolverse si Barrelier actuó solo o contó con cómplices, ya sea de manera directa o indirecta en el asesinato de Agostina.

Para los investigadores, el crimen se produjo en la casa del acusado, situada en la calle Del Campillo al 800 del barrio Cofico, ya que allí recolectaron pruebas importantes, entre ellas manchas de sangre.

Asimismo, detectaron que algunas paredes del living-comedor habrían sido lavadas con lavandina, muchas veces usada para limpiar restos hemáticos.

En ese caso, deberá resolverse qué pasó en la vivienda entre ese sábado a la noche y el domingo a la madrugada y determinar si otras personas que vivían allí pudieron haber advertido movimientos, situaciones o circunstancias relevantes para la causa.

Por otra parte, desde ayer, y durante los próximos días, seguirán los rastrillajes en Ampliación Ferreyra para conseguir más pruebas y completar la recuperación de restos que permitan avanzar en la reconstrucción de los hechos.

A ese lugar se llegó tras el análisis de cámaras de seguridad, recorridos vehiculares y datos de geolocalización que permitieron vincular al Ford Ka negro incorporado al expediente con la zona donde se produjo el hallazgo, según detalló el portal de Cadena 3.

Con el crimen confirmado de la adolescente de 14 años, el fiscal Garzón imputará con una carátula más grave a Barrelier, por lo que pasará de una privación ilegal de la libertad a un homicidio agravado, por lo que en caso de ser hallado culpable le corresponderá prisión perpetua.

Además, habrá que ver si el detenido decide declarar o mantener su postura, tras conocerse el asesinato y la acumulación de pruebas en su contra.

También se deberá determinar si el crimen se produjo por una cuestión previa o si se precipitó en ese momento, por lo que en caso de ser la primera opción podría citarse a declarar al círculo íntimo del acusado e incluso el de la menor.

En un carril paralelo no se descarta que se analice los motivos por los cuáles el sospechoso fue liberado el año pasado tras ser imputado por privación ilegal de la libertad contra una expareja que logró escapar y pedir ayuda a vecinos. (NA).

El criminalista Raúl Torre aseguró que el caso por el crimen de Agostina Vega se encamina hacia una condena judicial y remarcó que la autopsia será determinante para esclarecer qué ocurrió antes de la muerte de la adolescente.

“El cadáver habla, claro que habla, y vamos a ver qué nos va a decir”, sostuvo durante una entrevista en Radio Rivadavia al analizar el avance de la investigación.

Torre explicó que, desde el inicio de la búsqueda, manejó tres hipótesis de trabajo: un delito contra la integridad sexual, una cuestión interpersonal o un caso de trata de personas.

Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo, descartó esta última posibilidad y consideró que la investigación se concentra en las dos primeras alternativas.

“La autopsia va a ser lo que nos va a orientar en este sentido”, afirmó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el especialista también se refirió a las versiones sobre el presunto descuartizamiento del cuerpo y explicó que, desde el punto de vista criminalístico, ese tipo de prácticas suelen responder a un intento del autor de ocultar el cadáver y garantizar su impunidad.

“El criminal siempre quiere poner distancia con el cadáver”, señaló, al tiempo que aclaró que este comportamiento suele revelar improvisación más que planificación.

En ese sentido, Torre consideró poco probable que el homicidio hubiera sido premeditado: “No creo que estuviera premeditado el crimen porque si no la ejecución hubiera sido de otro modo”.

Además, planteó que el encuentro entre la víctima y el principal sospechoso pudo haber sido planificado, pero que “algo se disparó” posteriormente y terminó desencadenando el asesinato.

“Me da la sensación de que en esa casa algo precipitó el crimen”, indicó.

Por último, el criminalista comparó la investigación con el recordado caso de Ángeles Rawson y señaló que, por las características conocidas hasta el momento, encuentra mayores similitudes con ese expediente que con otros crímenes de alto impacto.

“Yo creo que está más próximo al caso de Ángeles Rawson”, concluyó, mientras la Justicia continúa aguardando los resultados de las pericias forenses que podrían modificar la carátula de la causa en los próximos días. (NA).

La denominada “masacre de Villa Crespo” alcanzó un año desde el fatídico desenlace y la investigación sostiene como principal hipótesis que Laura Fernanda Leguizamón asesinó a su esposo, Bernardo Adrián Seltzer, y a sus dos hijos adolescentes dentro del departamento familiar ubicado sobre la calle Aguirre al 200 para luego quitarse la vida en el baño del domicilio.

La empleada doméstica fue quien encontró los cuerpos de los cuatro integrantes de la familia dentro de la vivienda y dio aviso al 911, lo que desencadenó en una investigación con distintas especulaciones, hasta la última conclusión.

Las autopsias determinaron que el padre de familia fue atacado mientras dormía, mientras que uno de los adolescentes intentó escapar y fue hallado cerca de la puerta de ingreso del departamento.

Además, los pesquisas encontraron una carta escrita a mano con frases como “Todo mal”, “Fue mucho” y “Los amo”, documento que luego fue sometido a pericias caligráficas. Entre los elementos recolectados se hallaron medicamentos psiquiátricos, una notebook, varios celulares, cuchillos, una hoja A4 con manchas de sangre y rastros hemáticos en distintos sectores de la vivienda ubicada en la calle Aguirre al 200.

Uno de los fármacos hallados fue la sertralina Rospaw 50 miligramos, un antidepresivo que se utiliza habitualmente para tratar trastornos de ansiedad, depresión y prevenir recaídas en episodios severos. Su mecanismo de acción consiste en inhibir selectivamente la recaptación de serotonina, un neurotransmisor clave en el sistema nervioso central.

También se secuestró olanzapina Midax 10 miligramos, un antipsicótico recetado en tratamientos contra la esquizofrenia, el trastorno bipolar y cuadros depresivos graves. Ambos medicamentos sugieren un tratamiento activo de Leguizamón por un cuadro psiquiátrico severo, presuntamente un brote psicótico con características de esquizofrenia.

Otro de los elementos centrales de la investigación fue que no se detectaron signos de ingreso forzado ni faltantes dentro de la vivienda, situación que reforzó la hipótesis de que no hubo participación de terceros.

A un año del caso, la investigación judicial continúa enfocada en las pericias finales y en la reconstrucción integral de los hechos, aunque sin imputados debido a que la acusada se suicidó. NA

Pablo Laurta, el hombre acusado de asesinar a su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba, contrató a un exabogado de Nahir Galarza en el caso por el crimen del remisero Matías Palacio que tramita en Entre Ríos.

Se trata de Augusto Laffarreire, quien intervino en el expediente de ejecución de penas de la causa por el homicidio de Fernando Pastorizzo, perpetrado el 29 de diciembre de 2017 en la ciudad de Gualeguaychú, según explicó el propio letrado en un diálogo exclusivo con la Agencia Noticias Argentinas.

“También tomé intervención a efectos de conocer detenidamente el caso de la condena del expediente principal. Fue hace unos meses, ahora no estoy interviniendo en su expediente”, sostuvo el abogado.

Laurta, que se encuentra detenido en la Unidad Penal 1 de Paraná, contrató al penalista para que lo asesore legalmente en la causa por el homicidio de Matías Sebastián Palacio.

Sin embargo, Lafarreire aclaró que todavía “no aceptó la designación hasta tanto no reúna con el imputado para conversar personalmente y acordar la eventual contratación”, al tiempo que “por problemas de agenda judicial” no logró concretar el encuentro con su eventual cliente: “Seguramente lo estaré haciendo a la brevedad”.

“No me pueden imponer la gestión de una defensa sin mi consentimiento”, describió el letrado. NA

El dueño de un conocido bar de Rosario fue hallado muerto y, si bien se presumía que podría haberse tratado de un suicidio, se investiga si finalmente fue un posible homicidio, por lo que las autoridades detuvieron a su hijo.

Hugo Dante Grasso, de 61 años y propietario del bar Pagos del Sur, fue hallado con un tiro en el abdomen en su casa luego de que su hijo, de 34, llamó a la Policía advirtiendo que su papá se había disparado en su cuarto.

Con la llegada de los efectivos, según indica el medio La Capital, el hombre comentó que estaba en el living cuando escuchó un estruendo y, al acercarse, observó que su papá estaba tirado en su dormitorio.

Aun así, la fiscal Paula Barros solicitó el arresto del hijo del empresario ante las dudas sobre su testimonio y ahora, aguardan a que se conozcan los primeros resultados de pericias para determinar el futuro procesal del hombre.

En la vivienda incautaron un revólver calibre 32, el cual estaba guardado en un mueble, lo que incrementa las dudas de los investigadores.

En tanto, el bar está cerrado por duelo y vecinos de la zona expresaron su dolor por la muerte de Grasso. NA

El juicio por el triple lesbicidio e intento de asesinato de Barracas comenzará hoy en el Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se determinará la presunta responsabilidad de Justo Fernando Barrientos.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que las audiencias iniciarán a las 9:30, se esperan las declaraciones de 20 testigos, entre vecinos, policías y peritos, mientras que Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente del ataque, no comparecerá por recomendación de su equipo médico.

“Su deseo más profundo sería asistir y declarar, poder romper todo. De algún modo lo intenta, pero le hace mal a nivel traumático”, remarcaron los allegados a la investigación.

La segunda citación se realizará el 22 y después las demás jornadas serán cada diez hábiles.

Barrientos, que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza, es el único imputado por lanzar una bomba molotov y provocar un incendio el 6 de mayo de 2024 en la habitación de la pensión que compartían Pamela Cobbas, Andrea Amarante, Roxana Figueroa y Sofía en la calle Olavarría al 1600, barrio porteño de Barracas.

La carátula de la acusación contra Barrientos es por “triple homicidio agravado por haber sido cometido por odio de género y por la orientación sexual de las damnificadas, con alevosía y ensañamiento, y por un medio idóneo para crear un peligro común, en concurso real con homicidio en grado de tentativa por idénticos motivos y agravantes”.

La querella había solicitado que el acusado sea juzgado por cuádruple homicidio doblemente agravado por violencia de género (femicidio – artículo 80 inciso 11) y odio a la orientación sexual (lesbidicio – inciso 4), y en grado de tentativa (en el caso de Sofía), cuya pena en expectativa es la prisión perpetua.

En tanto, el Ministerio Público Fiscal pidió que se apliquen los agravantes de prejuicio a las víctimas, la alevosía y el peligro común.

“Hay elementos de prueba suficientes que demuestran que para el acusado fue determinante la orientación sexual de las víctimas para perpetrar el ataque. Todos coincidimos en eso”, subrayaron las fuentes consultadas por NA.

Sin embargo, advirtieron que resta realizarse pruebas suplementarias como peritajes en la escena del crimen y los hisopados de las autopsias.

Los lesbicidios

Pamela falleció el 7 de mayo de 2024, un día después del incendio, en el Instituto del Quemado. Luego Roxana perdió la vida con el 90 por ciento de su cuerpo herido por el fuego dos días después, internada en el mismo nosocomio.

Andrea, de 42 años y oriunda de un barrio periférico de la ciudad de Neuquén, falleció tras cinco días de agonía en el Hospital Penna.

Sofía, de 49 años, sobrevivió a la masacre tras sufrir graves quemaduras y permanecer internada durante un mes en el Instituto del Quemado. (NA).

El abogado Mariano Costa, uno de los abogados querellantes, sostuvo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que, de esta manera, se confirmó la elevación a juicio del caso por los delitos de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego cometido con exceso en la legítima defensa, lesiones graves cometidas con exceso en la legítima defensa -reiterado en dos oportunidades- y homicidio culposo, todos en concurso ideal entre sí.

Sin embargo, el letrado se mostró disconforme con la calificación legal de la investigación a raíz de que los ladrones “estaban en fuga” y “no había ningún ataque que repeler ni peligro”: “Yo no lo comparto”.

En un video del 6 de junio de 2024, se observa a los malhechores escapar, mientras el oficial efectúa 11 detonaciones hasta que uno de esos disparos impacta en el cuerpo de Thiago, quien resultó gravemente herido y falleció a los pocos días.

Costa consignó que en el juicio por jurados populares “peleará con argumentos sólidos” para lograr una condena ejemplar contra el imputado.

Por otra parte, Fabián Correa, el padre de Thiago, calificó de “buena noticia” la ratificación del debate oral y público: “Eso es importante porque lo estábamos buscando”.

“Me da tranquilidad porque luchamos para que se haga el juicio y el policía pague por sus actos. Tenemos fe, vamos para adelante con el objetivo de que no quede impune y Thiaguito se merezca justicia como tiene que ser”, expresó.

Uriel Alexis Montenovo (21 años), Uriel Emanuel Leyva (21), Brandon Corpus (18) y Joaquín López Otto son los cuatro ladrones implicados en el intento de robo al policía.

Corpus murió tras recibir seis tiros, mientras que resultaron heridos Montenovo, con un disparo en la pierna, y Leyva, baleado en el abdomen. NA

El juez federal Julián Ercolini procesó este martes a la ex fiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado en el marco de la causa que investiga las irregularidades cometidas durante el inicio de la instrucción por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La resolución judicial sostiene que Fein, quien tuvo a su cargo la investigación en las primeras horas posteriores al hallazgo del cuerpo de Nisman en enero de 2015, incumplió con los protocolos básicos de actuación y permitió que se alterara la escena del crimen en el departamento del complejo Le Parc, en el barrio porteño de Puerto Madero.

Además del procesamiento, Ercolini ordenó un embargo preventivo de 15 millones de pesos sobre los bienes de la ex funcionaria, actualmente jubilada.

En los fundamentos del fallo, el magistrado afirmó que Fein “no preservó debidamente la escena del hecho ni recolectó todos los elementos probatorios que allí se encontraban”, lo que habría generado un perjuicio directo para el esclarecimiento del caso.

Según la resolución, las omisiones cometidas durante esas primeras horas derivaron en la pérdida o alteración de pruebas y obstaculizaron la obtención de evidencias fundamentales en un momento decisivo para la investigación.

“Las deficiencias generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio, dado que provocaron la pérdida y/o alteración de evidencias e impidieron reunir elementos que debían resguardarse en un momento trascendental para la recolección de pruebas”, señala el fallo al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

Para la Justicia federal, ya se encuentra acreditado que Nisman, quien se desempeñaba como titular de la Unidad Fiscal AMIA, fue víctima de un homicidio, y que el accionar de Fein entorpeció de manera directa el avance de la investigación.

Nisman fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento durante el fin de semana del 17 y 18 de enero de 2015, pocos días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA mediante la firma del Memorándum con Irán.

La decisión de Ercolini coincidió con el pedido formulado por el fiscal Eduardo Taiano, quien tras la declaración indagatoria de Fein había solicitado su procesamiento bajo la figura de encubrimiento.

De esta manera, la Justicia avanzó sobre la actuación de la ex fiscal al considerar que las irregularidades en el manejo del lugar del hecho no constituyeron simples errores involuntarios, sino una serie de omisiones que afectaron el correcto desarrollo y el resultado de la investigación desde sus inicios.

El abogado Roberto Castillo, representante del padre del menor, Luis López y su pareja Lorena, explicó: “Hay una enfermedad preexistente que es respiratoria. También están los impactos en la cabeza que provocaron un edema cerebral y un paro cardiorrespiratorio. A la hora de hacer la lectura del histopatológico debe ser de manera complementaria con la autopsia preliminar”.

En tanto, Castillo se remontó a la autopsia mencionada: “Dice que la causal de muerte son los 22 impactos. Y el histopatológico sostiene que hay una enfermedad preexistente. No se tiene que leer de manera aislada. Una persona con una enfermedad respiratoria recibe 22 impactos en la cabeza y la van a terminar matando”.

“Desde nuestro punto de vista, el histopatológico no modificó la plataforma fáctica, la acusación es la misma. La enfermedad respiratoria preexistente que padecía el menor no constituyó la causa de muerte, sino una condición de especial vulnerabilidad que agravaba aún más el deber de cuidado que pesaba sobre los imputados.”, continuó el letrado.

En línea, el abogado se preguntó: “¿Cómo explicas los 22 impactos en la cabeza producto de los golpes? Entendemos que si una persona, a causa del abandono, porque también se decía que lo bañaba en una pileta a la intemperie, puede ver deteriorada su salud respiratoria, pero los impactos fueron el mecanismo que se utilizó para acelerar o agravar este cuadro preexistente”.

El viernes el querellante realizó una contundente publicación en sus redes sociales y apuntó: “Mañana van a ser testigos de la construcción de un relato ficticio destinado a manipular la opinión pública en la causa de Ángel. Nos van a querer hacer creer una versión distorsionada del brutal asesinato”.

En el mismo sentido, Castillo insistió: “Intentan instalar un relato, de manera falsa, que implica que el menor murió de una neumonía. Si una persona está en crisis con la neumonía, sumada a los 22 impactos, es muy probable que el desenlace sea fatal”.

“Es cierto que el histopatológico habla de una enfermedad preexistente respiratoria. Hay gente que es asmática y vive hasta los 80 años. Si entra en una crisis mediante una golpiza y no lo llevas a un hospital y lo abandonás, probablemente lo estás matando. Al tener un cuadro crítico, es mucho más vulnerable, pero eso no te quita responsabilidad de los 22 impactos en la cabeza”, añadió el letrado. NA

Los jueces Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Morales Lezica absolvieron a Víctor César Soto y Sergio Kaleñuk en un nuevo juicio por el crimen de Paulina Lebbos en la provincia de Tucumán ý de este modo el hecho quedó impune.

En la causa ya hay condenados, entre ellos la cúpula de la Policía de la provincia, un fiscal y el exsecretario de Seguridad, pero la Justicia por el momento no halló culpable a ningún acusado de ser el autor del asesinato.

El medio Contexto destacó que la resolución de los jueces se basó en que las pruebas presentadas por la fiscalía no alcanzaron el nivel de certeza necesario para dictar una condena.

Este nuevo juicio inició en marzo de este año donde Soto, exnovio de Lebbos, llegó acusado como presunto autor responsable del delito de homicidio agravado por alevosía, mientras que a Kaleñuk en calidad de autor del delito de encubrimiento agravado, en perjuicio de la Administración de Justicia.

Soto era el más complicado. La acusación apuntaba a que estranguló a su novia en su casa el 26 de febrero de 2006 y descartó el cuerpo, el cual fue hallado 11 días después en la Ruta 341, a la altura del kilómetro 3.

Sin embargo, la situación de Kaleñuk, hijo del exsecretario privado de José Alperovich, era distinta. El fiscal Carlos Sale, durante los alegatos de apertura, desestimó su acusación y es por ese motivo que se pidió su apartamiento y la nulidad parcial de su alegato, pero fue desestimado.

El pasado 26 de febrero se cumplieron 20 años de uno de los casos policiales más impactantes de la historia argentina, y sobre todo de Tucumán, al generar un sismo mediático y político en torno al exgobernador José Alperovich. NA

Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como “Pequeño J”, fue indagado por videollamada desde la cárcel de Marcos Paz y frente al juez Jorge Ernesto Rodríguez negó su participación en el triple crimen con sello narco de Florencio Varela, lamentó el hecho y no respondió preguntas.

Se trata de la primera vez que el acusado comparece ante la Justicia argentina en el caso por los asesinatos de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi.

Tras su arribo al aeropuerto de El Palomar, fue trasladado de forma inmediata a la cárcel de Marcos Paz, lugar desde al que accedió este martes a la declaración indagatoria por videollamada.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, Valverde expuso que “es inocente y no hizo nada. Que lamenta mucho lo que pasó con las chicas y que se niega a declarar a partir de este momento por consejo de su defensa”, representada por el abogado Lucas Contrera Alderete.

Asimismo, se solicitó que se lo traslade al Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPFI) ya que en su lugar actual se siente en riesgo.

A Pequeño J se lo acusa de los delitos de “homicidio agravado, por ser cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía y ensañamiento, y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”. En este sentido, para los investigadores es integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico.

En la causa hay otras once personas imputadas. Se trata de Víctor Sotacuro Lázaro, Milagros Florencia Ibáñez, Maximiliano Andrés Parra, Iara Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Matías Agustín Ozorio, Mónica Débora Mujica, Celeste Magalí González Guerrero, Ariel Jeremías Alexis Giménez, Bernabé Jesús Mallón y Joseph Freyser Cubas Zavaleta (31), alias “Señor J”, beneficiado con la falta de mérito. NA

Las audiencias de testimoniales en el jury contra los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por negligencia grave y mal desempeño en el caso por el crimen de Nora Dalmasso en noviembre de 2006, concluyeron y ahora se acerca la etapa de alegatos, para luego saber el futuro de los procuradores.

A la espera del nuevo tramo, la defensa de la familia Macarrón sostuvo que los acusados “desviaron el eje”. Aunque no está confirmado, el veredicto se conocería el jueves 7 de mayo.

Mariángeles Mussolini dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y dio detalles de cómo fueron las audiencias de declaraciones y lo que se viene en las próximas semanas. En ese sentido, destacó que hubo testigos importantes que permitieron dar contexto de la investigación y de cómo la causa llegó al punto de estar prescripta, con el acusado Roberto Bárzola en libertad.

En 2024, después de 18 años, se informó que el ADN hallado en el cinto de la bata de Dalmasso y en la zona íntima pertenece a Bárzola, el parquetista que trabajó en la casa al momento del hecho.

“Hay algo que me parece central y muy grave. Lo que estamos viendo es que estos fiscales, en lugar de defender su actuación en el proceso, están intentando desviar el eje y, en los hechos, terminan defendiendo a Bárzola”, expuso.

Para sostener esa posición, señala que “se han utilizado las peores estrategias”, entre las que se destacan “volver a revictimizar a la familia y a la propia víctima, y tratar de desacreditar a quienes sí hicieron lo que correspondía”.

“Me refiero puntualmente al actual fiscal Pablo Jávega, que avanzó en una línea de investigación que ellos debieron haber seguido hace 20 años, y al fiscal de Cámara, Julio Rivero, que permitió que se reconociera a Nora como víctima de violencia de género”, detalló y sumó: “Eso no solo fue un acto de justicia, sino que también le devolvió a la familia y a la sociedad la posibilidad de acercarse a una verdad que durante años les fue negada”.

Acerca de la declaración del actual fiscal que tiene la causa, comentó que “explicó fundamentalmente cómo llegó al ADN de la persona hoy imputada; el método que llevaron a cabo, centrándose en la prueba genética; y el NN que nunca se había identificado”.

“Esto es delicado, porque justamente se los está juzgando, entre otras cosas, por no haber tomado el ADN de Bárzola. Esa omisión es la que nos tiene hoy en esta situación, a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia resuelva sobre la prescripción”, manifestó.

Tras el cierre de la rueda de declaraciones, se dictó cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 6 de mayo cuando comiencen los alegatos finales.

Aunque no está confirmado, el jurado daría a conocer el veredicto al día siguiente, el jueves 7 de mayo, para antes del 28 fundamentar la resolución dictada, día en el que se vence el plazo para concluir un jury. (NA).

Cada 24 de abril, el mundo armenio se detiene para conmemorar el genocidio perpetrado por el Imperio Otomano, antecesor de la actual Turquía. El proceso, que se extendió hasta 1918, comenzó en 1915 con el arresto de 250 intelectuales, clérigos y políticos en lo que se conoció como el Domingo Rojo. Bajo las órdenes del ministro del Interior Talaat Pashá, se inició un exterminio planificado que buscaba un imperio exclusivo para turcos.

Los relatos de la época describen marchas por el desierto sirio sin agua ni comida, familias separadas y cuerpos abandonados en los caminos. Quienes sobrevivieron llegaron a otros países con el peso de haber conservado la vida, mientras que las mujeres y niñas fueron víctimas de tratos inhumanos en harenes turcos. Hoy, la memoria de estos hechos no es solo una postura política, sino una parte constitutiva de la identidad armenia que se transmite en la lengua, la música y la cocina.

En la actualidad, la herida se mantiene abierta no solo por la historia, sino por la postura del actual Gobierno de Armenia. En marzo de 2024, las autoridades señalaron que el reconocimiento internacional del genocidio no es una prioridad de política exterior. Asimismo, en enero de 2025, el primer ministro Nikol Pashinyan cuestionó públicamente la agenda de denuncia surgida décadas después de los hechos, sugiriendo la necesidad de superar el trauma para normalizar relaciones con Turquía.

Esta posición generó advertencias del Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio, que considera que estas declaraciones refuerzan narrativas negacionistas. Según el sociólogo Maurice Halbwachs, la memoria individual requiere de un grupo que la sostenga, por lo que el cuestionamiento oficial representa una fractura de enorme peso psicológico y cultural.

El Tribunal Penal Colegiado N° 2 condenó a prisión perpetua a Gustavo Ariel Olguín Ormeño, de 24 años, por el asesinato de su hija, Emma Pilar Olguín. La sentencia se dictó luego de que el acusado admitiera haber golpeado y abusado sexualmente de la pequeña de apenas dos meses.

El trágico suceso tuvo lugar en la localidad de Las Heras durante agosto de 2023. La beba falleció en el Hospital Notti, donde los profesionales médicos constataron que la víctima presentaba lesiones compatibles con una brutal golpiza y signos de violencia sexual. El hombre, que se desempeñaba como camillero, confesó su responsabilidad en los hechos ante las autoridades correspondientes.

La condena contra Gustavo Ariel Olguín Ormeño recayó bajo la calificación legal de homicidio doblemente agravado. Cabe destacar que la madre de la niña ya había sido sobreseída en junio del año pasado, al quedar desvinculada de la autoría de los actos violentos que terminaron con la vida de la menor en el nosocomio pediátrico.