Las stablecoins dejaron de ser una herramienta exclusiva del mundo cripto para consolidarse en América Latina como una forma concreta de operar en dólares. Estos activos permiten ahorrar, recibir pagos y mover dinero entre países sin depender de los horarios bancarios ni de los intermediarios tradicionales, en un fenómeno que ya muestra señales de ser estructural.

Según datos de RWA.xyz, a mediados de marzo de 2026 el mercado alcanzaba los 300.910 millones de dólares y contaba con más de 236 millones de usuarios. La región se posiciona al frente de este cambio debido a que tanto las personas como las empresas buscan operar en moneda extranjera en economías atravesadas por la inflación, los controles cambiarios y el acceso limitado al sistema financiero tradicional.

Argentina refleja con claridad esta dinámica. Se estima que entre el 18 y el 20 por ciento de los adultos ya tiene o utiliza criptoactivos, incluyendo las denominadas monedas estables. Sin embargo, el uso local todavía está más ligado al resguardo de valor que al consumo cotidiano.

En Brasil, el funcionario del Banco Central Gabriel Galipolo señaló en febrero de 2025 que el uso de criptomonedas creció exponencialmente y que cerca del 90 por ciento de los flujos están vinculados a stablecoins, asociados principalmente a pagos y compras en el exterior.

Una de las claves del sistema es su funcionamiento técnico. Las stablecoins permiten transferencias internacionales que se liquidan directamente en la red blockchain. Cuando ingresan dólares a los emisores, la oferta de tokens crece; cuando se canjean, se reduce. Esto habilita movimientos de dinero entre países sin necesidad de que los sistemas bancarios estén conectados.

La estabilidad de estos activos depende de sus reservas. Al cierre de 2025, Tether reportó más de 192.800 millones de dólares en activos frente a pasivos por 186.500 millones. Por su parte, Circle sostiene que las reservas de USDC están compuestas por efectivo y activos de bajo riesgo, con reportes diarios auditados por terceros.

En el plano local, las stablecoins representan el 61,8 por ciento del volumen de transacciones cripto, una cifra significativamente superior al promedio global del 44,7 por ciento, según relevamientos de Chainalysis. Esto demuestra una fuerte demanda de activos digitales atados al dólar para proteger el capital frente a las restricciones cambiarias.

Las proyecciones a futuro son ambiciosas: se estima que las stablecoins podrían dominar los pagos globales alcanzando hasta los 1,5 cuatrillones de dólares para el año 2035. El próximo desafío para el sector es mejorar la experiencia del usuario, logrando que pagar con estos activos sea tan simple como tenerlos.

Por Carlos Eduardo Martínez, Sebastián Bruno Martínez y Matías Tercic. En un nuevo capítulo de la escalada de tensión en Medio Oriente, el gobierno de Irán decidió cerrar el estrecho de Ormuz alegando violaciones al alto el fuego y anunció que exigirá el pago de un peaje en criptomonedas para permitir el tránsito de buques petroleros. La medida generó una inmediata reacción internacional, encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió al régimen que no debe demorar la apertura de la vía marítima.

“Más les vale no hacerlo y, si lo hacen, más les vale dejar de hacerlo ahora mismo”, expresó el mandatario estadounidense a través de sus redes sociales. La advertencia de Trump se produce en un momento de incertidumbre económica global, donde los mercados han seguido de cerca el flujo de combustible por esta zona estratégica. Pese a la crisis, el índice bursátil S&P 500 se mantuvo estable, situándose apenas un tres por ciento por debajo de su máximo histórico alcanzado a finales de enero.

En paralelo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que ordenó a su gabinete iniciar conversaciones directas con Líbano. El objetivo central de esta iniciativa es lograr el desarme de Hezbollah y establecer lo que denominó como relaciones de paz entre ambas naciones. Este movimiento diplomático ocurre tras la muerte de Ali Yusuf Harshi, sobrino y secretario del líder de la organización, Naim Qassem, quien fue abatido en un ataque de las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio libanés.

Desde la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general António Guterres manifestó su respaldo a estas negociaciones directas. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el organismo internacional señaló en rueda de prensa que “no hay solución militar a los conflictos de la región” y que la vía diplomática es la única que puede garantizar seguridad para ambos países.

La situación en el estrecho de Ormuz también puso en alerta a la OTAN. Su jefe, Mark Rutte, indicó que la alianza militar está dispuesta a participar en una misión en la zona si se presentan las condiciones necesarias para asegurar la navegación internacional. Por su parte, Rusia sostuvo que cualquier cese de hostilidades debe abarcar también a Líbano para ser efectivo, luego de que Israel expresara su determinación de continuar los ataques contra la organización respaldada por Teherán.

En el plano regional, los ministros de Asuntos Exteriores de Irán y Arabia Saudita mantuvieron un contacto telefónico oficial, el primero desde el inicio del conflicto armado. Mientras tanto, el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, condenó la agresión continua contra Líbano en vísperas de las conversaciones previstas entre Estados Unidos e Irán que se celebrarán en Islamabad.

El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión del Javier Milei, cumple un año este sábado. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó un tuit en el que promocionaba el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, más de 44.000 personas en todo el mundo resultaron afectadas.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo algunas idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, presidida por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar descular la participación del mandatario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin’ tuviese repercusión y alcance a miles de usuarios, la publicación de Milei fue clave: presentó a $LIBRA como un "instrumento" para financiar pequeñas y medianas empresas de tecnología e inteligencia artificial en nuestro país, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Al trascender este hecho, el Presidente borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que “no tenía vinculación alguna”.

“Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, dijo Milei tras varios días en una entrevista televisiva. Luego de ello, argumentó que su cuenta de redes sociales no puede tomarse como una comunicación de carácter presidencial.

Tres días después del tuit, el 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total fueron 44.000 personas estafadas en todo el mundo. En Argentina, la Comisión $LIBRA confirmó que al menos hay 1.329 damnificados. Paralelamente, en Estados Unidos se inició una demanda colectiva en Nueva York, en un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el círculo rojo del presidente Javier Milei, ya que se registraron 10 ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados, en su mayoría, por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei.

Asimismo, la justicia confirmó que es el titular de una de las billeteras digitales que recibió transferencias directas desde las cuentas de los creadores de la memecoin, luego de las reuniones que derivaron en este hecho. Servini ordenó la inmovilización de sus bienes y el allanamiento de su domicilio, además de investigarlo por presunto entorpecimiento, luego de haber borrado posible información de sus dispositivos y vaciado cajas de seguridad de sus familiares.

Davis es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino “en materias de blockchain e inteligencia artificial”.

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis, que realizaron transferencias superiores a un millón de dólares; también hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

Para finalizar, la comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre del año pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una "colaboración imprescindible" por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político. Luego de la disolución de la comisión por el cumplimiento de su mandato, los diputados nacionales que la integraban trasladaron las pruebas a la justicia federal, donde iniciaron una denuncia formal.

Hasta el día de hoy, el Gobierno de Javier Milei sostiene que no tiene ninguna relación con las personas que intervinieron e, incluso, niega haber obtenido algún beneficio económico: “Se trató de un problema entre privados, el Presidente simplemente lo difundió”.

El bitcoin (BTC), la primera criptomoneda del mundo, fue creado en 2008 por Satoshi Nakamoto (seudónimo) tras la crisis financiera global. Desde su origen, esta divisa digital promovió un ideal libertario, buscando desafiar a las instituciones monetarias y financieras tradicionales.

El bitcoin utiliza criptografía para garantizar que su gestión sea descentralizada, es decir, que no pueda ser regulado por ningún banco o institución. Esta característica es una de las causas de su alta volatilidad, que se refleja en subidas y bajas bruscas de su valor.

A pesar de su expansión y del crecimiento de otras criptomonedas como Ethereum, organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI y el BID aún manifiestan dudas sobre los beneficios de estas divisas digitales.

En marzo del año pasado, bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico, acercándose a los 73.000 dólares, impulsado por un flujo masivo de inversiones hacia las criptomonedas. Este fenómeno reflejó un creciente interés de los inversores y generó un impacto positivo en todo el mercado de activos digitales.

A finales de 2024, la victoria electoral de Donald Trump favoreció a las criptomonedas, y bitcoin superó los 107.000 dólares por unidad tras la propuesta del presidente estadounidense de crear una reserva estratégica de criptodivisas en Estados Unidos.

El valor de bitcoin también se ve afectado por innovaciones tecnológicas y desarrollos en inteligencia artificial. Por ejemplo, tras el lanzamiento del nuevo modelo de IA chino DeepSeek, BTC y otras criptomonedas registraron caídas en la mayoría de los mercados.

A las 09:00 horas (UTC) de hoy, el bitcoin cotiza a 84.421,91 dólares, lo que representa una caída de -8,36% en 24 horas y una variación de -0,9% en la última hora. A pesar de esta volatilidad, mantiene la capitalización de mercado número uno entre las criptomonedas.

Para comprar e intercambiar bitcoin, se utilizan portales especializados. Su valor depende de la oferta, la demanda y la actividad de los mineros, y puede variar rápidamente.

Los usuarios deben almacenar sus criptomonedas en un monedero digital o wallet, que guarda las claves que determinan la propiedad y derechos sobre cada unidad. Estas claves son fundamentales, ya que son la verdadera prueba de propiedad y deben protegerse cuidadosamente.

Invertir en bitcoin implica un alto riesgo de capital, ya que su valor puede incrementarse o desplomarse de manera inesperada, poniendo en riesgo los ahorros de los usuarios. No obstante, la adopción institucional, la búsqueda de alternativas de inversión y la innovación continua en blockchain han generado un entorno propicio para su crecimiento.

En los argumentos, el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro, recordó que el artículo 75 de la Constitución Nacional en el inciso 32 determina la atribución del Congreso de ejercer “la potestad de control, inherente a la forma republicana de gobierno”.

Según expresó, esta facultad de control “no puede quedar vaciada de eficacia por una interpretación judicial que niegue toda cooperación al órgano legislativo, especialmente cuando lo solicitado no implica en modo alguno la imposición de sanciones ni de medidas coercitivas de naturaleza penal, sino la instrumentación material de una convocatoria de un órgano político”.

En la apelación, la comisión sostuvo que la decisión judicial “lesiona las atribuciones constitucionales del Congreso, en particular las previstas en el artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional, que reconoce el poder del Parlamento para requerir información, citar funcionarios y ejercer el control político”.

“Un magistrado no puede limitar las atribuciones que la Constitución otorga al Congreso para investigar. No es un conflicto administrativo: es un tema de división de poderes y de responsabilidad democrática”, expresaron en el escrito los bloques opositores.

Para Ferraro, “la resolución cuestionada desconoce la autonomía del Poder Legislativo y pretende subordinar una comisión parlamentaria a criterios propios del Poder Judicial”.

Además, señaló que las personas citadas tienen la obligación de “comparecer ante la comisión, ya que su actuación está directamente vinculada al objeto de la investigación y al interés público”.

Por último, el diputado de la Coalición Cívica dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema “para garantizar el pleno ejercicio del control legislativo”.

“El Congreso no investiga por capricho, tenemos el deber de buscar la verdad, establecer responsabilidades y garantizar transparencia. Nadie puede ampararse en el silencio”, concluyó. NA

Durante años, cada vez que se hablaba de criptomonedas en la agenda pública, el foco estaba puesto en dos aspectos: la volatilidad y la seguridad. El discurso dominante fue que se trata de un activo riesgoso, capaz de desplomarse de un día para otro, y al mismo tiempo vulnerable frente a hackeos y delitos informáticos. Sin embargo, según el último informe Crypto Confidence Pulse 2025 de la Asociación Nacional de Criptomonedas, el freno a la adopción no radica en la inestabilidad del precio ni en la tecnología, sino en dos factores menos evidentes pero más determinantes: la percepción social y la dificultad de uso.

Las preocupaciones sobre la seguridad (43 %), la desconfianza en las plataformas (36 %) y las persistentes percepciones erróneas sobre estafas y hackeos siguen generando ruido en la opinión pública. Sin embargo, el informe en cuestión sostiene que alrededor de un tercio de quienes están interesados en las criptomonedas afirma “no saber por dónde empezar” y el 55 % admite que investigar el sector les resulta abrumador.

El primer gran obstáculo es la imagen. La industria cripto enfrenta una narrativa pública que la asocia de manera casi automática con fraudes o delitos financieros. Sin embargo, las criptomonedas son muy seguras al poder hacerse un seguimiento de dónde viene y hacia dónde va el dinero. Así los aviones vuelan diariamente, hay millones de transacciones diarias en este activo digital. Lo cierto es que no nos enteramos de los aviones que salen y llegan a destino sino que son noticia cuando algo malo ocurre.

La comparación es pertinente: del mismo modo que un accidente aéreo no invalida la seguridad estructural del transporte, un caso de estafa no debería condenar a toda una industria. Sin embargo, la diferencia está en que la aviación ya conquistó la confianza del público a lo largo de décadas, mientras que las criptomonedas aún están en esa fase de construcción cultural.

El segundo obstáculo es la complejidad operativa. Aun cuando un usuario logra superar la desconfianza inicial, se encuentra con un ecosistema difícil de entender. Apps sobrecargadas de jerga técnica y procesos poco intuitivos terminan generando frustración. La educación es fundamental, pero no suficiente: lo decisivo es que la experiencia de uso sea clara, accesible y confiable.

Algunas empresas ya comenzaron a dar pasos importantes con versiones simplificadas adaptadas para principiantes de manera que usuarios nuevos compren y vendan cripto con facilidad. El objetivo no es menor: bajar la barrera de entrada para que la primera experiencia sea positiva.

Una vez que el usuario atraviesa las resistencias iniciales y prueba una aplicación amigable, la retención dentro del ecosistema es muy alta. Quien descubre la utilidad práctica de las criptomonedas suele mantenerse leal, no solo a una empresa puntual sino a la industria en general. Difícilmente vuelva atrás hacia los bancos tradicionales con la misma convicción que tenía antes de experimentar el cambio.

Argentina se posiciona como el mercado cripto con más potencial de Latinoamérica: el 40 % de los argentinos ya transaccionó con cripto y el 30 % continúa usándolas. Entre julio de 2023 y junio de 2024, los argentinos recibieron USD 91 mil millones en transacciones de este tipo. La perspectiva es positiva al tener en cuenta el reciente anuncio del gobierno porteño que habilita el pago de ABL, licencias y otros impuestos con criptomonedas. Esta validación institucional resulta clave para la credibilidad del sistema porque va a tener un impacto social para generar confianza, que es un proceso lento.

El debate sobre la volatilidad y la seguridad técnica, aunque relevante, no alcanza para explicar la lenta adopción masiva. Lo que realmente limita la expansión de las criptomonedas es la batalla cultural contra la desconfianza y el desafío de diseño que supone simplificar su uso.

Si la industria logra avanzar en esos dos frentes —construir confianza y ofrecer experiencias accesibles—, el potencial de las criptomonedas podrá desplegarse mucho más allá de los nichos actuales. Igual que la aviación, que pasó de ser un privilegio de pocos a un transporte cotidiano, el cripto puede dejar de ser percibido como un experimento riesgoso para convertirse en parte normal de la vida financiera de millones de personas.

El Departamento Judicial de Azul logró un importante avance en la lucha contra la delincuencia informática, llevando a cabo el primer rescate de criptomonedas en la región. 

Según informó la Fiscalía General, un grupo de delincuentes informáticos había logrado acceder de manera ilegal a la cuenta de Home Banking de una empresa farmacéutica de Tandil, utilizando una cuenta bancaria del Banco Provincia. Desde allí, realizaron una transferencia de $500.000 a una cuenta del Banco Nación.

Desde la cuenta del Banco Nación utilizada en el proceso se efectuaron dos movimientos, uno de los cuales fue utilizado para la compra de criptomonedas (Bitcoin) por un monto de $450.000. Estas criptomonedas fueron transferidas inmediatamente a distintas crypto wallets bajo el control de la organización delictiva.

El equipo especializado en investigaciones de activos virtuales de la Fiscalía General llevó a cabo arduas tareas investigativas, utilizando técnicas de trazabilidad de criptoactivos, para identificar las wallets involucradas. Una de estas wallets resultó ser de titularidad de un usuario de la Exchange Binance.

Por tal motivo, como medida preventiva, se solicitó a Binance el bloqueo y congelamiento de los fondos. Además, el Juzgado de Garantías dispuso la transferencia de esos activos virtuales a la billetera crypto de la víctima. De esta manera, la víctima pudo recuperar un total de BTC 0,00331227 y USDT 314,70268, con un valor aproximado total de USD 1.006 a la fecha de devolución. 

En estos momentos, el Ministerio Público Fiscal investiga el hecho bajo la figura de Defraudación Informática (art. 173 inc. 16 del Código Penal).

Con la nueva resolución aprobada en la última sesión especial, la oposición logró sortear el empate en 14 votos que había empantanado el funcionamiento de la comisión en los meses precedentes.

Sorprendió la decisión de Unión por la Patria (UxP), el bloque opositor mayoritario, de cederle la conducción de la comisión a una bancada minoritaria como la Coalición Cívica, después de haber defendido durante largos meses la candidatura de la massista Sabrina Selva para ese órgano legislativo.

Como los representantes del oficialismo y aliados se habían retirado al momento de la votación, la designación de la vicepresidencia quedó vacante, mientras que para la secretaría se eligió al diputado de UxP Juan Marino, referente del Partido Piquetero y con un perfil duro.

Según quedó establecido, la comisión se convocará los días martes a las 16, y la primera reunión será para definir cuestiones reglamentarias y para avanzar en la diagramación de las primeras medidas de prueba, citaciones o exhortos.

Mónica Frade, de la Coalición Cívica, fue la encargada de nominar a Ferraro como candidato y, como argumento, señaló que el partido político de Elisa Carrió es un fiel e histórico depositario de la tradición de la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, pidió “superar la tendencia binaria” que se instaló en el Congreso, donde “se es blanco o se es negro”.

“La corrupción, para nosotros, es el mal de todos los males y tratamos de que sea un tema que esté en agenda y que en esta comisión llegue a buen puerto, sin venganzas, pero con la verdad; sin tirarnos porquerías por la cabeza, pero con decisión”, sostuvo.

En otro tramo de su discurso, Frade dijo que no proponía a Ferraro “por cariño” sino porque “es una persona que está formada, que tiene experiencia parlamentaria”, una “trayectoria honesta” y porque “no es un loquito que no conoce el reglamento”.

A su turno, Selva destacó que el presidente de la Coalición Cívica tiene el mérito de ser el autor de la resolución que permitió “destrabar” la designación de autoridades tras el “bloqueo y artilugios” que, a su entender, llevó adelante el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con la ayuda de los diputados del oficialismo y aliados.

Además, expresó que la decisión de ceder la presidencia, que de acuerdo a un criterio cuantitativo le hubiera correspondido a UxP, se debió a la sacar la discusión del eje “peronismo-antiperonismo”.

“Desde el inicio la discusión que primó en esta comisión fue entre los diputados que queremos que se investigue y los que no quisieron que esta comisión funcionara y se investigara”, analizó. NA

Argentina está transitando una senda de desaceleración inflacionaria evidente: en mayo, el índice mensual rondó el 2%, el nivel más bajo en cinco años, y los analistas prevén que para fin de 2025 la inflación anual se ubique entre 28 y 31 por ciento. Sin embargo, para millones de argentinos, esta mejora macroeconómica no siempre se traduce en alivio real: los precios siguen subiendo y el peso conserva su historial de devaluaciones.

En este contexto aparece una realidad ineludible: las criptos -especialmente Bitcoin y stablecoins como USDT o USDC- ya no son curiosidades o fenómenos tecnológicos, sino refugios financieros cotidianos. Según datos recientes, Argentina lidera la adopción cripto en América Latina, con una proporción excepcional de dólares digitales frente a monedas locales. En plataformas P2P y a través de canales digitales accesibles, a muchos argentinos les resulta más fácil —y más rentable— ahorrar en dólares digitales que acceder a moneda física.

¿Por qué este fenómeno no es mera reacción a la inflación? Porque estamos ante una revolución silenciosa: más argentinos están adoptando cripto no solo para protegerse del peso, sino para integrarse en un nuevo ecosistema financiero global. Los stablecoins permiten pagos transfronterizos, ahorro preservado ante variaciones abruptas del tipo de cambio y acceso a instrumentos DeFi. En la región, la llegada de plataformas globales ha facilitado esta transición y demostrado que la demanda no es impulsada solo por necesidad, sino también por una clara visión de futuro.

El crecimiento del uso de cripto en el país también ha impulsado un fenómeno educativo que merece atención: cada vez más personas buscan entender cómo funcionan estas herramientas, desde jóvenes que aprenden sobre wallets y smart contracts, hasta adultos mayores que comprenden la lógica de las stablecoins como alternativa al dólar en efectivo. El desafío es canalizar este interés con programas educativos accesibles, contenidos en español y propuestas que no estén exclusivamente dirigidas a perfiles técnicos. Esto será clave para que la adopción no quede limitada a una élite digital.

Entonces, ¿puede Argentina convertirse en faro de innovación financiera? Claro que sí. Si el país logra apoyar la educación financiera, establecer un marco regulatorio que proteja sin ahogar la creatividad, y promover infraestructura que facilite la integración de stablecoins y Bitcoin en la vida cotidiana, el ecosistema local puede transformar la forma en que se ejerce la libertad financiera. Y, además, puede hacerlo con impacto global.

El reciente vaivén inflacionario (de más de 270% en 2024 a expectativas de menos del 30% en 2025) muestra que el resguardo en cripto no responde solo al miedo, sino a una búsqueda de estabilidad inteligente. Sin dudas, Argentina está lista para desplegar una nueva narrativa: la de un país que no resigna su futuro financiero, sino que lo construye desde la innovación. Es un fenómeno con impacto real en la vida de miles de personas, y una invitación a pensar el rol de la tecnología en la próxima etapa de su historia económica.

La autora es Regional Manager Latam OKX

En medio de las investigaciones por la criptomoneda $LIBRA, la lupa se posicionó en Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), quien fue denunciado por la Coalición Cívica por supuestamente encubrir a Javier Milei. Todo se desata luego de resolver que no hubo “ninguna falta ética” del presidente en el caso.

Se lo acusa de un “posible abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público“. La presentación penal se efectuó este martes por parte de los diputados Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes de la Comisión Investigadora de $LIBRA en la Cámara de Diputados.

Ambos legisladores sostienen que la Oficina Anticorrupción no investigó, contrastó y ni verificó ningún dato al respecto. “Solo convalidó un relato“, según afirmaron. De este modo, exigen que se investigue la presunta injerencia política en la resolución del organismo público.

“La OA se convirtió en una herramienta de blindaje político. Hoy, junto a @monicafradeok, presentamos una denuncia penal contra su titular, Alejandro Melik, por posible abuso de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público“, anunció Ferraro.

Además de descartar cualquier posible falta ética por parte del jefe de Estado, cuestionan que tampoco se haya valorado su rol institucional en la promoción de la criptomoneda, ni el impacto económico y simbólico de su publicación del 14 de febrero. “Pedimos que se investigue la posible injerencia política en esta resolución, incluyendo eventuales comunicaciones entre Melik y Milei, Karina Milei, Guillermo Francos, Luis Caputo y Manuel Adorni”, añade el diputado.

“En nuestro carácter de diputados nacionales, integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA conforme los términos de la Resolución 222/2025 de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, y, en cumplimiento de la obligación de denunciar establecida en el art. 177 del Código Procesal Penal de la Nación, venimos a solicitar se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y/u otros posibles delitos de acción pública cometidos en el ejercicio de la función pública por parte de las autoridades de la Oficina Anticorrupción (OA), en especial su titular, Dr. Alejandro Melik”, especifica la denuncia.

Según especifica, y pese a la secuencia de hechos, la Oficina Anticorrupción concluyó en la Resolución 9/2025 que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei. “Dicha conclusión replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales y comunicados oficiales“, expresan los denunciantes.

La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, resolvió el pasado 5 de junio que el presidente Javier Milei no “infringió” la Ley de Ética Pública por la “difusión” de la memecoin Libra.

Según detalla el artículo 1, Milei “no infringió la Ley N°25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública por la difusión del proyecto privado ‘Viva la Libertad Proyect’, efectuada el 14 de febrero de 2025 a través de su cuenta personal en la red social X @JMilei”.

El argumento fue el mismo que usó el propio Milei y su entorno para defenderse públicamente al considerar que la acción no fue en condición de Presidente, sino como un simple ciudadano más; la OA utiliza la palabra “difusión”, y no “promoción”, para referirse al hecho que hizo tambalear al Poder Ejecutivo a comienzos de este año.

La causa que investiga el rol del jefe de Estado y de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, continúa en la Justicia Federal.

El 30 de mayo pasado, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre de los hermanos Milei y otros tres investigados en la causa $LIBRA: Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.

Hace dos semanas, por medio del Decreto 332/2025, el presidente Javier Milei ordenó la disolución de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada en febrero pasado para reunir información sobre el criptoactivo $LIBRA. Según el texto oficial, el organismo cumplió con la función para la que fue concebido.

La UTI había sido establecida el 19 de febrero mediante el Decreto 114/25, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, con el objetivo de colaborar de manera ágil con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal en torno a las denuncias vinculadas al activo digital $LIBRA, una memecoin que había sido promovida públicamente por el propio mandatario.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó a la Oficina Anticorrupción (OA) por desligar del Criptogate al presidente Javier Milei y aseguró que ese dictamen es de “una nulidad clarísima”. “La OA cerró la investigación por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA. No porque no haya vínculos. No porque no haya consecuencias. La cerró porque decidió dictaminar lo que el Presidente quería. Según la OA, Milei no incurrió en ninguna falta ética cuando promocionó el token $LIBRA desde su cuenta de X, porque lo hizo como ´ciudadano´ y no como Presidente”, resaltó Ferraro.

“Es decir: el Presidente puede operar desde su cuenta personal, generar un impacto financiero, beneficiar a un entorno privado… y luego decir que no era él actuando como Presidente. Que era ´otro ´. El Presidente está disociado. Disocia su responsabilidad institucional de su palabra pública. Disocia sus actos de sus consecuencias. Disocia su investidura de sus deseos. Y la Oficina Anticorrupción no solo lo acepta: lo justifica”, consideró el legislador nacional.

En su cuenta de la red social X, advirtió que “la gravedad es aún mayor si se considera que el dictamen repite exactamente lo que Milei dijo en su primera entrevista posterior al escándalo —el lunes 17 de febrero— con Jonathan Viale: que había apoyado un emprendimiento privado sin ser parte, desde su cuenta personal, y que por eso no correspondía ninguna responsabilidad institucional”.

“La OA no investiga. Transcribe. No interpreta los hechos. Los refrenda. ¿Dónde termina la función pública y empieza la impunidad? ¿Puede un jefe de Estado separarse en dos para evadir responsabilidades? Esta lógica no tiene antecedentes. No hay democracia posible cuando un Presidente exige poder sin control, y se deslinda de sí mismo cuando ese poder genera daño”, recalcó Ferraro.

Además, consideró que “este dictamen es de una nulidad clarísima” y reclamó que la Justicia investigue “si hubo injerencia directa del Presidente para garantizar un cierre a medida”.

El precio del Bitcoin alcanzó este miércoles un nuevo máximo histórico al superar los USD 109.487,23, impulsado por un marcado aumento en las compras institucionales y un renovado optimismo respecto a la regulación de las criptomonedas. En lo que va de mayo, el token estrella del ecosistema cripto escaló un 40%, tras haber caído a unos USD 76.000 a principios de abril. La recuperación del mercado coincidió con una serie de medidas económicas y políticas tras la reversión parcial de la política arancelaria de Estados Unidos por parte del presidente Donald Trump.

“El mercado ahora está en modo de comprar en las caídas, mientras que hace un par de meses, ciertamente estaba en modo de vender en las subidas”, explicó Sean Farrell, jefe de estrategia de activos digitales en Fundstrat, en declaraciones a Yahoo Finance.

El repunte también coincidió con una victoria clave en el Senado de Estados Unidos para un proyecto de ley que regula las monedas estables, o stablecoins, criptomonedas que están vinculadas a activos tradicionales como el dólar. Esta iniciativa legislativa podría someterse a votación final esta misma semana, y representa un punto de inflexión para la industria.

“El proyecto de ley sobre las monedas estables es importante porque sirve como un buen barómetro para un progreso legislativo más amplio en el ámbito de las criptomonedas”, agregó Farrell, quien señaló que su aprobación aumentaría las probabilidades de avanzar con leyes que regulen también otras altcoins e incluso permitan la creación de una reserva estratégica de Bitcoin a cargo del propio gobierno norteamericano.

Desde la asunción de Donald Trump el 20 de enero, la Casa Blanca ha dado un giro drástico respecto al ecosistema cripto. Una de las primeras decisiones de su administración fue designar al promotor de las criptomonedas Paul Atkins como nuevo presidente de la SEC, en reemplazo de Gary Gensler. La medida fue celebrada por referentes de la industria.

“De repente, una industria que fue odiada durante cuatro años tiene un presidente de la SEC que está a favor de las criptomonedas”, expresó Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital. “Nos están apoyando en lugar de perseguirnos. Ahora estamos logrando legislación que supone un gran impulso para la industria”.

Como parte de este nuevo clima, Coinbase se convirtió el lunes en el primer y único exchange de criptomonedas incluido en el índice S&P 500, un hito simbólico y estratégico para el ecosistema financiero. Al mismo tiempo, cada vez más empresas agregan Bitcoin a sus balances, siguiendo el ejemplo de Strategy (ex MicroStrategy), el mayor tenedor corporativo de BTC.

A principios de este año, el presidente Trump anunció la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, reforzando la visión de su administración sobre la criptomoneda como un activo económico clave para el país. En la misma línea, organizó en la Casa Blanca una cumbre de activos digitales, junto a referentes como David Sacks (el nuevo “zar” de IA y cripto), Brian Armstrong (Coinbase) y Sergey Nazarov (Chainlink).

“En los últimos años, el gobierno estadounidense ha vendido insensatamente decenas de miles de bitcoins que hoy valdrían miles de millones de dólares”, señaló Trump. “A partir de hoy, Estados Unidos seguirá la regla que todo bitcoiner conoce: ‘Nunca vendas tus bitcoins’. No sé si es correcta, pero hasta ahora ha funcionado”.

La jueza federal María Servini avanzó con la investigación del escándalo de la memecoin $LIBRA y pidió informes sobre los bancos con que opera el presidente Javier Milei y su hermana Karina desde 2023 a la actualidad, solicitó sus declaraciones juradas de bienes y pidió a la ANSES los datos de su historia laboral.

Las medidas de la jueza apuntan a esclarecer la supuesta maniobra que tuvo lugar el 14 de febrero pasado, cuando Milei promovió desde sus redes el memecoin $LIBRA, que creció de valor exponencialmente y luego se derrumbó en cuestión de minutos.

Estas decisiones son parte de un legajo patrimonial que mantenía la jueza en secreto hasta esta semana, y fueron solicitadas el martes de esta semana por el fiscal federal Eduardo Taiano, que tiene delegada la investigación. Con lo cual la decisión de la jueza se produjo pocos días antes de las cruciales elecciones porteñas de este domingo.

Entre las medidas que dispuso la magistrada se cuentan el pedido al Banco Central para que remita la información contenida en su Base de Datos -Padrón del “Régimen Informativo Contable Mensual”, con objeto de conocer las entidades financieras con las que Milei y Karina Milei operaron desde 2023 hasta la actualidad.

Asimismo pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que depende del Ministerio de Justicia, una copia de las declaraciones juradas de carácter público, así como sus anexos reservados correspondientes a los años 2023 y 2024 respecto de los hermanos Milei.

Las declaraciones juradas de bienes incluyen aspectos públicos y otros secretos que solo pueden verse con una orden judicial. Si los ítems públicos son la valuación de los bienes, depósitos bancarios o en efectivo, acciones o préstamos y las propiedades, la parte reservada contiene datos familiares, direcciones, nombres de entidades bancarias de números de cuenta y toda la información protegida en función de la intimidad del funcionario.

Además, la jueza pidió a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que remita la totalidad de la información laboral de los Milei— discriminada por período-, incluyendo nómina salarial, sueldos percibidos o abonados, datos del trabajador y sus familiares, asignaciones familiares y beneficios sociales previsionales otorgados y si el empleador o trabajador fueron denunciados por ANSES, desde 2023 a la actualidad.

Lo mismo se dispuso al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPJ) para que informe si Javier o Karina Milei tienen registradas marcas o patentes, por ejemplo $LIBRA o Viva La Libertad Proyect desde el año 2023 hasta el presente.

En esta causa además están siendo investigados patrimonialmente los empresarios Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El fiscal Taiano pidió el 11 de abril pasado levantar el secreto fiscal y bancario sobre el presidente Javier Milei y su hermana, Karina. Pero la jueza no hizo lugar a la solicitud en toda su extensión, solo recabó información sobre los bancos con los que operó.

La noticia de ese pedido de Taiano había sido dada por el dirigente kirchnerista Juan Grabois, que fue aceptado como querellante en la causa y, por ende, tiene acceso a las actuaciones.

La jueza Servini ordenó hace dos semanas el congelamiento por 90 días de los bienes de Sergio Morales, Terrones Godoy y Novelli, los dos empresarios que trabajaron en el origen del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA.

La decisión de la jueza también alcanza a dos familiares de Novelli: su hermana María Pía, y su madre, María Alicia Rafaele.

La orden se dispuso luego de que se supo que ellas vaciaron dos cajas de seguridad del empresario en el Banco Galicia tres días después del escándalo de $Libra.

Así surge de un informe de la Policía Federal. Novelli había abierto las dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez ese banco el 4 de febrero.

A la semana siguiente, la hermana de Novelli llegó con una mochila y la madre del trader se apersonó con un bolso.

La jueza Servini ordenó congelar los activos de Novelli y de su socio Terrones Godoy, pero cuando la Justicia allanó otra caja de seguridad perteneciente a la madre de Novelli la encontraron vacía.

La jueza reconstruyó ahora lo ocurrido mediante los videos, dispuso el congelamiento y ordenó comunicar la resolución al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al Registro de la Propiedad Inmueble, al Registro de Aeronaves, a la Unidad de Información Financiera, al Registro Nacional de Buques y al Registro de la Propiedad Automotor.

La lista de los implicados en la presunta estafa incluye al joven Hayden Davis, responsable del lanzamiento de la moneda virtual, y a la “pata local” del proyecto, Novelli, Terrones Godoy y Morales.

Servini dispuso amplias medidas con respecto a los tres: pidió centenares de datos que ocupan cinco páginas a A4, en los que se solicita informes al ARCA, a la Bolsa a productores de seguros, a la UIF, al registro de jugadores de fútbol, de barcos, aeronaves entre otros.

La jueza allanó la casa de Morales, la de Novelli, y las oficinas de su empresa, Tech Forum, que organizó en abril del año pasado un encuentro sobre criptomonedas en el país.

El fiscal dijo en su requerimiento de pruebas que las figuras penales que se investigan son abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho.

“Se procura establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $LIBRA y qué participación tuvieron Javier Milei, Hayden Mark Davis, Julián Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales en los hechos investigados”, aclaró Taiano.

El primer día sin cepo cambiario para personas físicas en Argentina no arrancó como muchos esperaban. Si bien los bonos en dólares reaccionaron con fuertes subas antes de la apertura del New York Stock Exchange (NYSE), impulsados por la eliminación del cepo y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para los usuarios de Cocos Capital, la jornada fue todo menos tranquila.

La app del broker —uno de los más utilizados a nivel local para operar dólar MEP y otros instrumentos financieros— colapsó durante las primeras horas del lunes, justo cuando miles de inversores minoristas querían entrar al mercado.

En la red social X,  las quejas no tardaron en multiplicarse. Un usuario lanzó con ironía: "¿El gobierno sacó el cepo sólo para que Coco me meta un corralito?", mientras que otro criticó las nuevas comisiones que la plataforma habría implementado “de prepo”.

La empresa explicó que está "experimentando una alta demanda en la aplicación, lo que genera que algunos usuarios estén teniendo problemas para loguearse". Sin embargo, las explicaciones no calmaron los ánimos.

"Cómo mierda se va a caer el supuesto broker popular justo ahora... Presumen que trabajaron todo el finde para que ande y al final no hicieron un mierda", se quejó @918Rodri. Otros usuarios compartieron memes, capturas de errores y hasta relatos de cómo la caída del sistema les arruinó operaciones o incluso pagos en el exterior.

Una usuaria resumió la frustración general: "Imaginate estar en Brasil, haber ahorrado meses para tus vacaciones. Llegás y querés pagar con un pix a través de Cocos Capital y que al intentar loguearte te tire 'tuvimos un problema, intente más tarde'. Bochornoso todo."

Con el avance de las fintech y la digitalización de las finanzas personales, lo que antes se conocía como “ahorristas” hoy se transformó en inversores minoristas: usuarios que operan desde sus teléfonos, administran sus pesos y dólares online, y buscan mover sus fondos con rapidez ante cada cambio del mercado.

El incidente de este lunes dejó en evidencia que, aunque el mercado se moderniza, los cuellos de botella tecnológicos aún persisten. En la jornada más esperada por el mundo financiero argentino en años, Cocos Capital no estuvo a la altura de las expectativas de sus usuarios.

En su segundo golpe consecutivo al Gobierno luego de que el Senado le rechazara los pliegos de los dos candidatos a la Corte Suprema la semana pasada, la oposición en la Cámara de Diputados logró aprobar la creación de una comisión investigadora de la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, un escándalo que tuvo al presidente Javier Milei como su primer promotor y ahora es investigado en los tribunales de la Argentina, Estados Unidos y España.

La iniciativa cosechó 128 votos positivos frente a 93 negativos (principalmente del oficialismo, Pro y la UCR) y 7 abstenciones. Por tratarse de una comisión a desempeñarse exclusivamente en la Cámara de Diputados, no es necesaria la aprobación del Senado. Según el proyecto, la comisión debería reunirse por primera vez el 23 de abril próximo.

No solo eso: con los 131 votos afirmativos también lograron aprobar sendas interpelaciones al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Liberona y al titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Las interpelaciones se harán el 22 de abril a las 14.

La aprobación de este paquete de proyectos se logró luego de que los bloques opositores convocantes obtuvieran, con lo justo, el quorum necesario para arrancar la sesión. Pese a su estado de convulsión interna, el bloque de Unión por la Patria tuvo asistencia casi perfecta -se ausentaron por enfermedad 3 de sus 98 integrantes-, a los que se sumaron los restantes bloques promotores de la sesión especial: Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y la izquierda.

También aportaron al quorum tres diputados de la UCR -Julio Cobos, Fabio Quetglas y Mario Barletta, este último con un monobloque-, como así también Francisco Morchio (Encuentro Federal), quien responde al gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio. Este último jugó a dos puntas, ya que la diputada Marcela Antola, también entrerriana, no dio quorum. Tampoco lo hicieron sendos diputados que responden a Leandro Zdero (Chaco) y a Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

El Bitcoin, la criptomoneda con mayor capitalización mundial, sufrió una fuerte caída este lunes, al bajar de los USD 76.500, lo que representa una caída cercana al 5% en la jornada y un retroceso de más del 25% respecto de su pico de USD 106.000 alcanzado el pasado 17 de diciembre. Este descenso se produce en medio de un panorama incierto en los mercados cripto, desencadenado por los últimos anuncios arancelarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las represalias de China.

El Ether, la segunda criptomoneda por capitalización de mercado, también experimentó una caída significativa, perdiendo más del 13%, y cotizando por debajo de USD 1.502. Este descenso se produce justo después de que Trump anunciara medidas comerciales que generaron incertidumbre en los mercados globales, afectando tanto a las bolsas de valores como a los precios de las materias primas.

Aunque hay más de 10.000 criptomonedas en circulación, Bitcoin y Ether representan más del 70% de la capitalización total del mercado de criptomonedas, lo que convierte a sus movimientos en un indicador clave para los inversionistas.

El anuncio de los aranceles recíprocos de Trump, junto con la respuesta de China —que implementó tarifas adicionales del 34% sobre los productos importados de Estados Unidos— ha agudizado la caída de las principales criptomonedas. A pesar de que durante la semana pasada el Bitcoin parecía desacoplarse de los índices tradicionales de Wall Street, manteniéndose relativamente estable mientras las bolsas caían, la situación se complicó aún más tras los anuncios.

Mike Alfred, fundador de Alpine Fox, señaló en un posteo en X que el aumento en el precio del oro, que superó los USD 3.100 la onza, podría haber sido un buen augurio para el Bitcoin, ya que en ciclos previos ambos activos se movieron al alza de manera conjunta. Sin embargo, tras los aranceles de Trump, el oro también cedió terreno, perdiendo un 1,9% en la semana.

Jim Cramer, analista financiero de CNBC, advirtió que los anuncios de Trump podrían desatar un colapso bursátil similar al Lunes Negro de 1987, cuando el índice Dow Jones sufrió una caída del 22,6%. Según Cramer, si no se premian a las naciones y empresas que respetan las reglas, este escenario se volvería cada vez más probable.

Además, en los últimos días, los índices bursátiles sufrieron una fuerte caída. El Dow Jones perdió 3.900 puntos, el Nasdaq cayó un 5,8%, y el S&P 500 se desplomó un 6%. Este fue el mayor retroceso en 48 horas desde el inicio de la pandemia.

Por otro lado, la USDT (Tether), una de las stablecoins más importantes, ha logrado mantener su valor cercano a los USD 0,99, lo que refleja su carácter vinculado al dólar estadounidense. Las stablecoins se presentan como una alternativa estable frente a la volatilidad del mercado cripto, lo que las convierte en un refugio para los inversores en tiempos de crisis.

El interés en las stablecoins ha aumentado, especialmente en Estados Unidos, donde los legisladores republicanos, encabezados por Bill Hagerty y Tim Scott, presentaron el GENIUS Act, que busca regular el mercado de las monedas estables, asegurando la dominancia del dólar y evitando la expansión de monedas no respaldadas por activos tangibles.

En cuanto a Ethereum, su precio en dólares ha caído más de 50% en el último año, una pérdida aún más pronunciada que la de monedas tradicionales, como el peso argentino. En este contexto, las stablecoins podrían convertirse en la opción preferida para los inversores, a medida que se busca estabilidad en medio de la volatilidad global.

Además, la magistrada ordenó diferentes medidas de prueba vinculadas a la trazabilidad en tiempo real de las operaciones hechas la tarde-noche del 14 de febrero y días siguientes, luego del posteo en la red social X de Milei que promocionaba el lanzamiento de la criptomoneda, según la resolución a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Arroyo Salgado dio intervención además a la Cámara Federal de San Martín, sin efecto suspensivo, en el conflicto de competencia que la magistrada entabló para quedar a cargo de toda la investigación del caso y en el marco del cual pidió a su par de Comodoro Py María Servini que se inhiba y le envíe su expediente.

El fiscal federal de San Isidro Federico Iuspa apeló esa decisión de Arroyo Salgado ya que considera que el caso debe tramitarse en los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.

Pese al conflicto de competencia, la jueza de San Isidro ordenó medidas de prueba y, en relación a Milei, imputado en la causa, pidió “constancias que den cuenta de sus ingresos y/o egresos a la Quinta de Olivos durante la totalidad de esa jornada”, la del 17 de febrero.

El pedido se basa en que uno de los querellantes, Martín Romeo, declaró que ese día, aproximadamente a las 13.56, Milei habría reposteado un “tweet” “publicado originariamente por Darío Epstein” vinculado a la criptomoneda.

También pidió informes al respecto a la empresa X para precisar si este reposteo existió, indicar “con precisión el contenido, la fecha y hora, la IP (Internet Protocol) desde dónde se realizó la publicación del mismo y si con posterioridad fue eliminado, describiendo en tal caso, en qué momento (fecha y hora) y desde qué IP”.

Por otro lado, la jueza pidió al Departamento Técnico de la División Delitos Tecnológicos que “realice la trazabilidad de los movimientos de las billeteras de criptomonedas vinculadas a la creación del token ´$Libra´” para “establecer el destino de los fondos en posesión de sus creadores”.

“Dicho seguimiento, deberá realizarse desde el 14 de febrero del año en curso, hasta la actualidad. Por otro lado, deberá monitorear en tiempo real el movimiento de los fondos de las cuentas principales del equipo que se encuentra detrás de la creación de ´$Libra´ y de las ´wallets´ consideradas como ´insiders´ que presumiblemente contaban con información privilegiada”, agregó la magistrada.

Y añadió que “de ser posible, se deberá establecer si existe vinculación entre todas ellas como también la identidad fehaciente de sus titulares”, concluyó. NA

En el marco de las sesiones legislativas ordinarias, los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados lograron la creación de una comisión investigadora para que acompañe el trabajo judicial en la causa de la estafa $LIBRA.

El consenso logrado por todos los bloques opositores y de los considerados dialoguistas garantizó el inicio de la sesión especial. Aún así, y estimando que no alcanzarían aprobar la comisión investigadora sin dictamen – se necesitaba mayoría de dos tercios -, apuntaron al emplazamiento – necesita mayoría simple -, que institucionaliza la exigencia de crear comisiones para tratar la investigación de la estafa $LIBRA y así evitar nuevas dilaciones.

En tanto, la sesión estuvo dedicada también a la inclusión de un proyecto firmado por legisladores de todas las facciones para declarar la emergencia por 90 días en el distrito de Bahía Blanca, en el marco de la tragedia por la inundación.

Al momento de votar el quórum, se destacó la ausencia del PRO, con excepción del diputado Álvaro González; la presencia de Lourdes Arrieta y el bloque del MID, liderado por el exlibertario Oscar Zago; y el faltazo masivo de la UCR, con excepción de dos diputados bonaerenses Karina Banfi y Fabio Quetglas.

En tanto, se abordaron varios proyectos vinculados a la estafa $LIBRA y además de pretender crear una comisión investigadora, los legisladores apuntan a convocar a Javier Milei, Karina Milei y Guillermo Francos para que den explicaciones en el Congreso de la Nación sobre su vínculo con el fraude financiero.

Todos se tratarán la semana que viene en un plenario de dos comisiones: Asuntos Constitucionales y Peticiones y Poderes. Los bloques opositores buscarán reunirse el martes 19 de marzo desde las 13 y dictaminar al día siguiente en el mismo horario.

Finalmente, se alcanzó la aprobación de emplazamiento para crear una comisión investigadora por 146 votos a favor (Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, FIT, MID y Lourdes Arrieta) y 81 en contra (PRO, La Libertad Avanza y radicales libertarios). Luego, una solicitud para emplazar el tratamiento del juicio político a Javier Milei por parte de Unión por la Patria fue rechazado, con 128 votos negativos y 104 positivos.

La sesión buscó también dar vía a la media sanción para el proyecto de declaración de emergencia en la ciudad de Bahía Blanca, que crearía instrumentos para otorgar fondos especiales a los damnificados y ya cuenta con el acompañamiento en su presentación de ocho bloques distintos. La Libertad Avanza no respaldó el proyecto y presentó una redacción propia.

La propuesta mayoritaria, de autoría de la bonaerense Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), señala que se destinarán partidas desde el Poder Ejecutivo Nacional y se priorizarán las obras públicas urgentes, tales como “la reparación y/o construcción de viviendas e instalaciones”. A su vez, se contemplan medidas de asistencia financiera, como el otorgamiento de líneas de créditos con tasas bonificadas y suspensión de juicios, obligaciones bancarias y deudas pendientes por 90 días. “Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos locales”, destaca el documento.

La diferencia con la iniciativa de La Libertad Avanza, de autoría del bonaerense José Luis Espert, precisa que las partidas saldrán desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, dependiente de Daniel Scioli.

Con el quórum entre algodones, se oficializó la sesión especial pedida por bloques de la oposición dialoguista de la Cámara de Diputados para este miércoles con el objetivo de tratar diversos proyectos de ley que apuntan a investigar, pedir informes o interpelar a funcionarios involucrados en el cripto escándalo Libra se pasó para el miércoles próximo.

La sesión especial para este miércoles a las 12 hs fue impulsada por el bloque del radicalismo disidente Democracia para Siempre, con Encuentro Federal (el bloque de 15 diputados que preside Miguel Pichetto) como socio central en esta batalla, y el añadido de la firma de larretista Álvaro González (PRO). 

Más allá del optimismo que reina en la oposición dialoguista, lo cierto es que camina sobre una fina cornisa para la construcción del quórum de 129 legisladores.

El Gobierno, a través de sus operadores, va a mover cielo y tierra para voltear la sesión, y la mira está puesta en los gobernadores de Catamarca y Santiago del Estero, ambos de Unión por la Patria, que en los últimos meses ya han ayudado a bloquear iniciativas opositoras hostiles para la Casa Rosada. 

La llave del quórum, efectivamente, la tiene Unión por la Patria, y será necesario que al menos 92 de los 98 legisladores estén sentados en sus bancas al inicio de la sesión.

En caso de que haya quórum, se iniciará otra historia: como los diez proyectos del temario no tienen dictamen y por ende se requeriría de una improbable mayoría especial de dos tercios para su aprobación, la oposición tiene bajo la manga un plan B para ejecutar en el recinto.

Se trata del pedido de emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, para que en un plazo de diez días trate el paquete de iniciativas, incluyendo la creación de una comisión investigadora.

En el temario de la sesión aparecen todos los proyectos vinculados al “Libragate” a excepción de los que plantean el juicio político a Javier Milei, por considerar que se trataría de una medida extrema desestabilizante dado que el desenlace natural de ese procedimiento es la remoción del funcionario acusado, en este caso nada menos que el presidente de la República, lo que generaría un escenario de grave crisis institucional.

A diferencia del temario original, en la nueva presentación se incluyó un pedido de informes del jefe de la bancada de la UCR, Rodrigo de Loredo, incorporación que fue pensada como señuelo para atraer votos radicales.

Para llegar a los 129, en Democracia para Siempre cuentan con el apoyo de Unión por la Patria, al menos una decena de diputados de Encuentro Federal, los seis de la Coalición Cívica, los cinco del Frente de Izquierda, Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe), Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Mario Barletta (Unidos).

En el radar, además, aparecen los radicales Martín Tetaz y Fabio Quetglas, quienes podrían diferenciarse del resto del bloque de la UCR, que en los últimos tiempos funcionó como un apéndice del oficialismo. 

Democracia para Siempre, el bloque de 12 legisladores del radicalismo díscolo presentó un proyecto para la creación de una comisión investigadora, además de un pedido de informes al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y a los titulares del Ministerio de Economía, de la Comisión Nacional de Valores, la Unidad de Información Financiera, el Banco Central y el Ministerio de Justicia.

En el temario también fue incluido el pedido de interpelación del Frente de Izquierda (Nicolás del Caño y otros) al presidente Javier Milei y el pedido de interpelación de Encuentro Federal (Nicolás Massot y otros) a Francos, al titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei y al portavoz presidencial, Manuel Adorni.

A su vez, figura en el repertorio de la sesión el pedido de interpelación de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y otros) a Francos, sumado al pedido de interpelación de Sabrina Selva (UP) a Karina Milei para que explique el supuesto cobro de coimas.

Por último, se incluyeron pedidos de informes al Poder Ejecutivo por parte de Rodrigo de Loredo y el que presentaron Oscar Agost Carreño y Ricardo López Murphy por el tuit del presidente Javier Milei en la red social X para promocionar el criptoactivo Libra.

La solicitud la de sesión lleva las firmas de Pablo Juliano, Miguel Pichetto, Marcela Coli, Oscar Agost Carreño, Carla Carrizo, Álvaro González, Margarita Stolbizer, Fernando Carbajal, Emilio Monzó, Facundo Manes, Nicolás Massot, Esteban Paulón, Natalia De la Sota, Danya Tavela, Mónica Fein, Manuel Aguirre, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini.