La crisis en la industria automotriz se profundiza con una nueva salida del país. La empresa estadounidense Adient, proveedora de butacas de General Motors, anunció que cerrará de forma definitiva su planta ubicada en la localidad de Pueblo Esther, en la provincia de Santa Fe, durante el mes de octubre. La decisión implica la desvinculación de 70 trabajadores y el traslado de la producción a Brasil.

Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la autopartista venía sufriendo un proceso de reestructuración desde 2019, cuando contaba con más de 200 operarios. La bajísima actividad de la terminal de General Motors en Alvear, a la cual Adient abastecía de manera exclusiva para el modelo Chevrolet Tracker, aceleró la determinación de la firma norteamericana de reconfigurar su cadena de suministro regional en un contexto de recesión.

Ante la consulta de los medios, desde la automotriz confirmaron la medida adoptada por su proveedora pero aclararon que esto no afectará su producción local:

“General Motors Argentina fue informada por Adient de su decisión de negocios de abastecer sus productos desde Brasil. Este escenario no compromete las operaciones de nuestra planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. GM reafirma su compromiso con sus clientes para desarrollar y comercializar productos innovadores y asequibles a través de una matriz productiva competitiva y sustentable”

Por su parte, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmó que la compañía se comprometió a abonar la totalidad de las indemnizaciones correspondientes, junto con un bono adicional. Asimismo, la organización gremial se encuentra trabajando para intentar reubicar a los empleados afectados en otros establecimientos fabriles, aunque reconocieron que el panorama actual de la industria es sumamente complejo.

La planta de General Motors en Alvear, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el país, atraviesa un escenario de fuerte inestabilidad. Tras discontinuar la fabricación del modelo Cruze a fines de 2023, la actividad de la fábrica se redujo a la mitad. Actualmente, la terminal produce únicamente el modelo Tracker, pero enfrenta constantes paradas técnicas debido a la falta de insumos importados y a la caída del consumo interno.

De cara a 2026, la automotriz ya anunció que implementará un esquema de actividad intermitente, paralizando la producción durante una semana por mes y abonando el 75% del salario a su plantilla de aproximadamente 600 operarios, una cifra que se redujo significativamente tras la salida de unos 800 trabajadores en los últimos dos años mediante retiros voluntarios y despidos.

Referentes de organizaciones sociales y comunitarias de Tandil expusieron un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan distintos barrios de la ciudad y coincidieron en advertir un escenario de creciente complejidad social, atravesado por la falta de trabajo, el deterioro de las condiciones habitacionales y el aumento de los consumos problemáticos.

Del encuentro participaron representantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), integrantes de La Poderosa y trabajadores vinculados a salud comunitaria y extensión universitaria, quienes describieron una realidad que, aseguraron, “lleva más de un año y medio profundizándose”.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la existencia de “muchos Tandil”. Mientras una parte de la ciudad continúa mostrando crecimiento inmobiliario, expansión urbana y desarrollo comercial, otra enfrenta crecientes dificultades para acceder a derechos básicos.

“Hay un Tandil que se muestra pujante y otro que no se quiere ver”, resumieron durante el intercambio.

Enzo Pochettino, del MTE, explicó que el impacto de la paralización de la obra pública afectó directamente a sectores vinculados a la integración sociourbana y el mejoramiento habitacional. Según señalaron, la rama de construcción del movimiento pasó de contar con unos 50 trabajadores a apenas 20 en la actualidad.

“La crisis nosotros la venimos viendo desde hace tiempo. No es algo nuevo”, indicó.

También cuestionó políticas locales que, según planteó, no contemplan la realidad concreta de la economía popular. Como ejemplo, mencionó la situación de los feriantes que trabajaban en inmediaciones del Calvario y que perdieron ese espacio de venta. “Nadie pide lástima. Lo que se pide son condiciones para poder trabajar”, afirmó.

Zulema Mango, de La Poderosa, en tanto, describió el trabajo cotidiano que desarrollan en Villa Cordobita con niños, adolescentes y familias del barrio, especialmente en tareas de prevención y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

“Allá nos calefaccionamos con las hornallas porque no tenemos leña ni gas natural”, relató al explicar las condiciones en las que funciona el centro cultural comunitario.

Actualmente, el espacio trabaja con entre 40 y 45 chicos y chicas, aunque advirtió que cada vez son menos los vecinos que logran sostener las tareas comunitarias debido a las propias urgencias económicas.

Otro de los temas que generó preocupación fue el avance de desarrollos inmobiliarios sobre sectores populares y la discusión en torno a la ley de barrios populares. Desde Villa Cordobita señalaron que el barrio “está en la mira” por el valor inmobiliario de la zona y advirtieron sobre posibles procesos de desplazamiento de familias.

“La expansión inmobiliaria no generó integración entre las distintas realidades del barrio”, remarcó Mango.

Salud mental y emocional

Por su parte, el trabajador de salud comunitaria y extensión universitaria Lucio Angeloni alertó sobre el fuerte impacto que la crisis económica tiene sobre la salud mental y emocional de las familias.

“La materialidad de la vida está cada vez más complicada. Cuesta comer y eso repercute directamente en los vínculos, en las emociones y en la posibilidad de proyectar”, sostuvo.

En relación a los consumos problemáticos, planteó que el fenómeno no puede abordarse de manera aislada, sino como consecuencia de múltiples vulneraciones previas.

“No es solamente el pibe que consume. Atrás está la falta de trabajo, la vivienda precaria, la falta de comida, el frío y la ausencia de oportunidades”, expresó.

También cuestionaron problemas históricos de planificación urbana y conectividad en barrios alejados del centro, especialmente en sectores ubicados “del otro lado de la Ruta 226”.

“La ciudad creció, pero no integró”, señalaron, al mencionar dificultades de acceso al transporte público y obstáculos cotidianos para estudiantes y trabajadores.

Escenario

Durante la charla también se abordó la relación entre las organizaciones y el Estado municipal. Si bien reconocieron algunas articulaciones en áreas de niñez, salud y asistencia alimentaria, coincidieron en que las respuestas resultan insuficientes frente al nivel de demanda actual.

En el tramo final del encuentro, la conversación derivó hacia el desgaste emocional que atraviesan quienes sostienen espacios comunitarios en los barrios.

“La paciencia ya la perdí”, reconoció una de las referentes barriales al describir el impacto cotidiano de las urgencias sociales.

Pese al escenario crítico, los participantes insistieron en la necesidad de fortalecer las redes comunitarias y sostener la organización colectiva como forma de resistencia.

“Hay que construir más comunidad. El sistema está preparado para aislarnos, pero la salida sigue siendo colectiva”, concluyeron.

Con el descenso de las temperaturas y la llegada inminente del invierno, el Municipio reforzó la difusión y aplicación del protocolo de asistencia para personas que se encuentran en situación de calle. En diálogo con El Eco, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, explicó las herramientas disponibles para la intervención estatal y la importancia del compromiso ciudadano para detectar casos de vulnerabilidad extrema en la vía pública. Señaló que si bien en hechos puntuales, registraron la llegada a Tandil de grupos familiares de otras ciudades que en ocasiones resultan en situación de calle.

La funcionaria destacó que el esquema de trabajo se mantiene activo y recientemente se incorporó tecnología para que los vecinos puedan informar ante el registro de casos de personas en situación de calle, para motivar la asistencia estatal. “El protocolo para personas en situación de calle sigue vigente, y se incorporó que desde la aplicación Centinela en Territorio, una persona pueda ver un caso de alguien que pueda estar en situación de calle, y se acude al lugar. Activando el Centinela en Territorio ellos se acercan, preguntan quién es la persona, ven en qué condiciones está, ven si tienen que llamar a la ambulancia. Lo mismo que hacemos con el 101, que sigue vigente para estas cuestiones”, señaló Teerink.

Uno de los puntos en los que más insistió la secretaria es en el carácter de la comunicación que realizan los vecinos. Remarcó que el uso de la aplicación o el llamado telefónico no debe ser interpretado como una denuncia. "Yo lo que siempre remarco que no es una denuncia, es simplemente informar que hay alguien en una situación de complejidad o expuesto a alguna situación de vulnerabilidad para que se acerquen, para que veamos quién es, en qué condiciones está, si se requiere el llamado a la ambulancia o para que se evalúe la cuestión este sanitaria", explicó. 

En caso de que no se requiera atención médica inmediata, agregó, se activa el teléfono de guardia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para verificar si existe una intervención previa con esa persona o si es necesario que un trabajador social se desplace al lugar.

En cuanto a la asistencia habitacional, el Municipio dispone de una red de contención que no se limita a estructuras propias, sino que articula con el sector privado. "La medida inmediata tiene que ver con ofrecer un lugar para para que se aloje al menos de manera a la noche para que no esté al frío. Son pensiones de la ciudad que no son del Municipio y que ofrecen espacios de alojamiento. Muchas veces hay familia y no se requiere de una pensión. Pero muchas veces también estas personas no quieren volver al entorno familiar. Hay conflictividades familiares que definen esta imposibilidad", detalló la funcionaria.

Desde Desarrollo Humano y Hábitat marcaron que el Estado municipal no posee la facultad de obligar a un ciudadano a ingresar a un dispositivo de alojamiento si este se niega. Ante dicho escenario, el protocolo prevé un análisis más profundo de la situación psicofísica del individuo para determinar los pasos a seguir.

"Lo que hacemos es evaluar la condición en términos de salud mental, por ejemplo, para ver si están en condiciones de tomar estas definiciones, estas decisiones con respecto a su autocuidado. También si consideramos que es importante la intervención del Poder Judicial para acompañar ese proceso de cuidado", precisó Juliana Teerink. El informe, precisó, se eleva a la Justicia para que actúe como garante del bienestar de la persona, siempre bajo una perspectiva de protección de derechos y cuidado integral.

La funcionaria también dio cuenta de un fenómeno que, aunque no es masivo, ha comenzado a registrarse con mayor frecuencia: la llegada de personas de otras localidades. "Ahora con el invierno estamos más atentos. Han aparecido situaciones, obviamente puntuales. Hay personas que estamos viviendo en dos o tres lugares -no son muchos los casos-, que no son de Tandil, que están en este momento instalándose en Tandil con alguna promesa laboral, a veces que no es real. A veces vienen con el grupo familiar y hay una conflictividad que hace que que no puedan estar en ese lugar. Pero son personas que han tenido ese estilo de vida en otros en otras ciudades", describió.

Ante esta realidad, dio cuenta de la postura del gobierno local en cuanto a evitar que la situación de calle se convierta en una constante estructural en la ciudad. "Nosotros en Tandil abogamos para que esto no suceda, para que esto no se no se empieza a instalar. Y ofrecemos todas las posibilidades que hay de acompañamiento para al menos en el horario de la noche puedan estar en un lugar de resguardo", afirmó la secretaria, mencionando que el apoyo puede incluir desde el pago de pensiones hasta la ayuda para alquilar un espacio o garantizar la alimentación básica.

Finalmente, Juliana Teerink reconoció que la demanda de asistencia ha crecido debido al contexto económico, aunque diferenció las situaciones de calle crónicas de las emergencias puntuales. "Sí, aumenta. Siempre son situaciones límites, por ahí no llegan a estar en situación de calle. Tratamos de detectarlas a tiempo para poder intervenir y resolver antes de que esto suceda. Ya sea por una situación de calle que se prolongue en el tiempo o porque a las tres de la mañana, un sábado, nos llaman de la comisaría que hay una persona que por una conflictiva familiar está en situación de calle", explicó.

Para la funcionaria, es fundamental discernir la naturaleza del problema para aplicar la solución correcta. En determinados casos, sostuvo, “hay que decir que eso no es una situación de calle, eso es una emergencia en términos habitacionales, pero a partir de una conflictiva familiar”. 

Concluyó indicando que “hay muchas cuestiones asociadas al consumo que generan conflictividad. Se actúa inmediatamente y al otro día tratamos de brindar alguna solución, siempre y cuando ese otro acceda, por supuesto, a la que a la propuesta que el municipio tiene para ofrecer”.

La violencia extrema en Haití se cobró la vida de al menos 1.642 personas y dejó 745 heridos durante el primer trimestre de 2026, por lo que se consolidó una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes.

Según un balance presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), este escenario crítico es el resultado directo de los ataques perpetrados por pandillas criminales y las intensas operaciones de las fuerzas de seguridad estatales.

El informe detalló que el 69 por ciento de las víctimas fueron registradas durante acciones policiales contra las bandas armadas, un saldo que incluyó a decenas de civiles fallecidos, entre ellos niños, mientras que el 27 por ciento de las muertes fueron provocadas por las organizaciones criminales y el cuatro restante por grupos de autodefensa.

El reporte del organismo internacional también alertó sobre la implementación de nuevas tecnologías en el conflicto, ya que al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por el uso de drones con explosivos.

Respecto a la situación en la capital, el responsable del BINUH, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que “a pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos”.

Si bien el despliegue oficial logró limitar la expansión territorial de las bandas en el casco céntrico, los grupos criminales mantuvieron su dominio en diversas áreas mediante asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y la destrucción sistemática de propiedades.

La degradación social en las zonas controladas por las pandillas se manifestó también en un alarmante aumento de los crímenes de género y contra la infancia. NA

Docentes, no docentes y estudiantes de la Unicen montaron una carpa en la esquina de Pinto y Rodríguez, donde llevaron adelante clases públicas, charlas y conversatorios para continuar haciendo público el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar, pese a haber sido aprobada en Diputados y Senadores hace 189 días, el gobierno nacional aun no hizo efectiva la normativa.

La “Carpa por la Universidad y la Soberanía” fue montada sobre la Plaza Independencia desde la mañana del martes 28. “Milei, cumplí con la Ley de Financiamiento Universitario”, decía la pancarta principal. La actividad fue impulsada por Adunce –gremio de docentes-, Atuncpba –gremio de no docentes-, la Federación Estudiantil y ATE Conicet.

La carrera de Relaciones Internacionales organizó la charla “Desarrollo político y económico del sistema internacional”, la cual estuvo a cargo de la doctora Elizabeth López y contó con una destacada asistencia. “Hoy nos encontramos en la calle llevando adelante esta carpa por la universidad y la soberanía. Es una acción que se realiza en todo el país para seguir visibilizando que hace 189 días de que no se aplica efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una semana de paro total de actividades de la docencia en las universidades nacionales”, contó Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce.

La fecha de la actividad coincidió además con el 32do aniversario del gremio. “Son 32 años con el mismo compromiso desde que este gremio comenzó”, expresó Gargiulo al respecto.

La carpa por la universidad y la soberanía se sumó así a la lista de manifestaciones públicas que los universitarios impulsaron en la ciudad, muchas encuadradas en otras de nivel nacional. Además de paros hubo otras instancias de clases públicas, volanteadas, semaforazos y marchas en pos de visibilizar una demanda que también varió: el ajuste al sector, el reclamo por el presupuesto para el funcionamiento, luego la aprobación de la Ley de Financiamiento y en el presente la aplicación efectiva de dicha Ley.

La jornada del martes culminó con un conversatorio en el que docentes, no docentes y estudiantes pusieron en común sus diferentes realidades, de cara a lo que será una nueva marcha federal universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

Otra de las propuestas de la jornada del martes 28 fue la charla pública “La paradoja de la soberanía del conocimiento”. La misma estuvo a cargo de Javier Blanco, profesor titular en la carrera de Computación de la Universidad de Córdoba, y director de la maestría Tecnología, Política y Cultura. Blanco fue también dirigente gremial, y concurrió a la ciudad invitado por Adunce para compartir sus conocimientos pero también para abrir un debate en torno al rol de la universidad pública en un contexto de profundas transformaciones.

Previo al conversatorio, el docente dialogó con El Eco. “Perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación”, sostuvo sobre un presente marcado por dos aspectos: los avances tecnológicos que impactan en la producción de conocimiento, y el ajuste presupuestario a la universidad pública.

-Está invitado por Adunce a esta actividad que es de reclamo pero también involucra clases públicas. ¿Cuál es la propuesta de su charla sobre “La paradoja de la soberanía del conocimiento”?

-Javier Blanco: Lo que es conocimiento se ha transformado mucho. Dobre todo en este momento transformación tecnológica, por lo que hace que esa idea de soberanía haya que repensarla y redefinirla. No sigue siendo lo mismo que en otros momentos.

La soberanía del conocimiento es algo que siempre ha estado en tensión en nuestros proyectos. La producción de conocimiento en las universidades y en los espacios de investigación son coloniales, en el sentido de que están ordenadas desde afuera por editoriales, o centros de investigación grandes que marcan las líneas de investigación que después se siguen desde acá.

Termina siendo un sistema que no le sirve a nadie básicamente, excepto a los investigadores para sumar currículum. No digo que eso no tenga que existir, lo que digo es que hace falta repensar ese ecosistema de producción de conocimiento en otra clave.

-¿Incluso en este contexto donde el reclamo es más general en torno al financiamiento de la ciencia argentina y el financiamiento de las universidades?

-Son reclamos válidos en un contexto horrible, porque lo que hay es un recorte directamente, sin vueltas. Por lo que ha pasado en el Conicet y ni hablar con la parte de financiamiento de la producción de conocimiento, de ciencia y técnica, que ha sido completamente recortada. Becas, subsidios que son indispensables porque ciertas áreas necesitan insumos para investigar,

Ese recorte es una decisión política que tiene implicaciones terribles, sobre todo a mediano y largo plazo. Porque es justamente perder soberanía, una gran parte de soberanía en un momento en el cual se está transformando tanto el sistema de producción de conocimiento. Y perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación.

Es un momento no solo para la resistencia y la defensa del sistema científico, sino también para pensar qué tipo de instituciones necesitamos en lo que viene. En un contexto en el que, como dijo un filósofo, la producción del conocimiento en breve va a ser mayoritariamente hecha por sistemas cognitivos no humanos. Las llamadas inteligencias artificiales producen conocimiento y esa producción va a superar en cantidad a la producción humana en breve.

on 20 años de trayectoria en el mercado, la marca de moda infantil Owoko presentó esta semana su concurso preventivo de quiebra. La medida surge tras el cierre de varias sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un intento por salvar las tiendas restantes y la continuidad de la firma.

La industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de recaudación, producto de la apertura a las importaciones y el incremento en los costos de insumos, logística y servicios públicos. Estos factores, sumados a la caída del consumo registrada desde 2023, provocaron que la empresa viera reducir su promedio mensual de ventas de 400.000.000 de pesos en 2024 a 250.000.000 de pesos en 2025.

El expediente judicial ya se tramita en el Juzgado Comercial número nueve por un total de 2.800 millones de pesos acumulados en deudas, según informó el sitio Infobae. La compañía opera a través de dos firmas: De Niños S.A., encargada de la comercialización de la indumentaria, y Kokoloko S.A., responsable de la producción de las prendas.

En detalle, De Niños registra 1.457 millones de pesos en obligaciones pendientes y 164 cheques rechazados por un valor de 117 millones. Por su parte, Kokoloko adeuda 1.354 millones de pesos entre compromisos comerciales, bancarios, previsionales y fiscales, con 1.400 cheques rechazados por un valor cercano a los 600 millones de pesos.

"La afectación de la capacidad de consumo del cliente objetivo ha hecho que prescinda de bienes que no resultan indispensables. Y los productos que comercializa la Sociedad, que no son otra cosa que moda, son los primeros en caer"

expresaron los abogados de la marca en el escrito presentado ante la justicia. La reestructuración forzó el cierre de locales en centros comerciales como el Abasto, Galerías Pacífico, Alto Avellaneda y Recoleta Mall. Asimismo, la firma debió reducir su personal, que en su momento de mayor expansión llegó a contar con 120 empleados.

Actualmente, la firma mantiene operativos sus locales en Belgrano, Palermo y Caballito, además de tiendas en Adrogué, Canning y Unicenter. En el interior del país, conserva franquicias en Catamarca, Misiones y Santiago del Estero, y locales propios en Tucumán, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta. Desde la empresa señalaron que el stock acumulado se ha convertido en un capital inmovilizado incapaz de cumplir su función económica primordial.

Luego de la decisión judicial de bajar las persianas de la cadena de forma definitiva, la existencia de Garbarino como marca y protagonista del negocio de los electrodomésticos entró en su fase de apagado final. A partir de lo establecido por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, la firma avanzará con el cierre de sus últimos locales operativos.

Los puntos de venta en cuestión se ubican en las zonas de Tribunales, Almagro y Belgrano, todos dentro de la geografía de Capital Federal. En este marco, la empresa comenzó la liquidación total de su stock de productos. Heladeras, lavarropas, cocinas, televisores y artículos de computación, además de pequeños electrodomésticos como tostadoras y pavas eléctricas, son algunos de los artículos que se rematan en las sucursales mencionadas.

La quiebra de la firma fue establecida en marzo pasado y, mediante esa resolución, se fijó el cese de actividades de los últimos locales. Según lo dictaminado, se avanzará con la liquidación de bienes, el depósito que el retail posee en Garín y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego, las cuales acumulan años paralizadas.

Fuentes cercanas al proceso judicial indicaron que los acreedores tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos. El activo más valioso es la marca Garbarino, considerada un intangible con potencial de venta. La sindicatura solicitó un proceso específico para preservarla y eventualmente transferirla.

Debido a que la empresa ya no comercializa de forma online, la única manera de acceder al stock en remate es acercándose a las tres sucursales que aún permanecen abiertas: Uruguay 552 (Tribunales), avenida Cabildo al 2025 (Belgrano) y Potosí 4138 (Almagro). Desde la excadena señalaron que ya no existe un catálogo de artículos ni reposición, por lo que la mercadería disponible es la que posee cada local en particular, pudiendo encontrarse piezas con detalles de exhibición o embalajes incompletos.

En paralelo, se informó que tras el establecimiento de la quiebra la firma redujo al mínimo su servicio de postventa y ya no hace lugar a los pedidos de uso de la garantía comercial. Quienes adquirieron equipamiento recientemente y sufran inconvenientes deben acercarse a las sucursales operativas para negociar una solución.

Fundada en 1951, la compañía llegó a ser uno de los grandes jugadores del mercado argentino, con más de 240 sucursales y 4.500 empleados. Tras ingresar en concurso preventivo en noviembre de 2021, la falta de acuerdos judiciales derivó en la actual instancia de liquidación final.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.

Tras más de 45 años de historia en Mar del Plata, la empresa textil Textilana S.A., conocida por su marca de sweaters Mauro Sergio, confirmó que solicitó la apertura de su concurso preventivo con el objetivo de evitar la quiebra. La firma comunicó que esta decisión forma parte de un proceso de reordenamiento estratégico para fortalecer su producción nacional.

“En el marco de la transformación que atraviesa la economía argentina y ante la contracción generalizada del consumo, informa que ha solicitado la apertura de un proceso de reordenamiento“, indicaron.

Desde la compañía explicaron que la medida fue tomada con “máxima responsabilidad institucional” para garantizar la plena operatividad de la estructura industrial y proteger el valor de la marca. Según manifestaron, el contexto macroeconómico actual exige decisiones firmes para asegurar la sostenibilidad y el cumplimiento de los compromisos empresariales a largo plazo.

“Esta medida, tomada con la máxima responsabilidad institucional, busca garantizar la plena operatividad de nuestra estructura industrial y proteger el valor de nuestra marca. Con esta finalidad, se busca asegurar el pleno abastecimiento de mercadería a todos nuestros clientes”, afirmaron.

Textilana S.A. reafirmó su confianza en el país y su vocación de producir calidad argentina, adaptando sus procesos a las nuevas exigencias de eficiencia que demandan los mercados actuales. “Reafirmamos nuestra confianza en el país y nuestra vocación desde hace más de 45 años produciendo calidad argentina, adaptando nuestros procesos a las nuevas exigencias de eficiencia que el mercado global y nacional demandan hoy”, señaló textualmente su comunicado.

La situación de la planta marplatense es delicada. En noviembre pasado, la empresa había resuelto suspender a 175 operarios hasta el 30 de marzo. Si bien el uno de abril los trabajadores retomaron sus puestos, la incertidumbre persiste. Mauro Galván, miembro de la Comisión Interna de Textilana, señaló que la realidad “es muy complicada” y que desde noviembre apenas 60 trabajadores realizaban tareas.

“La gente ya no está gastando absolutamente nada. Y a eso hay que sumarle las importaciones. Los gerentes no saben bien lo que va a suceder porque se están cerrando las ventanas de crédito. Esto no solo afecta a las cerca de 300 personas que trabajan ahí, sino a 300 familias”, declaró.

Durante el invierno pasado, la fábrica ya había enfrentado dificultades con el despido de 50 trabajadores y un exceso de stock debido a una caída en las ventas de entre el 15 y el 20 por ciento.

En un escenario marcado por la incertidumbre económica y el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, la Municipalidad de Tandil, a través de su Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, brindó pautas sobre las estrategias de intervención, en una ciudad que por su escala todavía permite un abordaje cara a cara. Juliana Teerink, titular del área y con una trayectoria de diez años en la gestión pública, analizó las diversas aristas de una demanda que no solo crece en volumen, sino que se complejiza en sus formas.

Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico actual reside en la salud integral de los menores. Según explicó la funcionaria en diálogo con “La Mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el panorama de las adicciones ha mutado drásticamente en el último tiempo. “El consumo problemático crece en términos de modalidad de consumo, de sustancias y se amplió, se agrandó, la franja etarea con la que estábamos acostumbrados a trabajar”, señaló con preocupación.

Marcó que la profundidad de esta problemática se manifiesta desde el inicio mismo de la vida. En ese caso, indicó que los bebés que nacen con abstinencia por el consumo de la mamá, “ya marcan un precedente, hay un entorno que no favorece” y agregó que observan “en niños, la baja a los nueve o diez años por lo menos con una primera experimentación, una posibilidad de llegada a consumir, a ver de qué se trata”.

Para la gestión local, este fenómeno no es una percepción subjetiva, sino una realidad respaldada por las estadísticas territoriales. “Esto en Tandil lo vemos y lo tenemos como dato, y desde ahí estamos trabajando”, afirmó Juliana Teerink, quien además puntualizó que “no hablamos solo de sustancias ilegales, hablamos del alcohol que no deja de ser una sustancia tóxica”.

La secretaria alertó que “el consumo problemático no es hoy consumo y mañana soy adicto, hay una carrera adictiva”, donde la persona que empieza a experimentar va haciendo un recorrido “por eso es importante detectarlo a tiempo” antes de que lleguen a la adicción. En este sentido, la red de contención institucional se vuelve fundamental para identificar estos casos de manera precoz.

Indicó que los casos les llegan a través de la Dirección de Niñez, los servicios Local y Zonal de Protección de Derechos y de los juzgados de Familia a partir de las medidas de abrigo que se dictaminan, “pero también en las escuelas está apareciendo este dato fuerte; en los centros comunitarios; nosotros trabajamos mucho articulando con Protección Ciudadana y con todo lo que hace a la Dirección de Prevención Comunitaria con los programas AMAR que están en diferentes barrios”.

Ante la mayor demanda, la funcionaria se inclinó por “fortalecer los programas preventivos y de promoción, porque tenemos un gran desborde en esta necesidad de espacios de atención, de abordaje, cuando ya está el consumo instalado”. 

Asimismo, remarcó una falencia estructural del sistema. “En muchos casos para alojar en lo que antes se llamaban comunidades terapéuticas, hoy creo que son unidades residenciales, no hay para menores de edad, entonces eso también implica que los lugares que puedan ir acompañando esos procesos tengan personal capacitado para lo que significa el consumo problemático en un niño o en un adolescente”. 

Bajo esa premisa, subrayó que “la gente no tiene que preocuparse de quién me atiende, la red la tenemos que garantizar las instituciones”.

La crisis económica ha modificado el perfil de quienes se acercan a las dependencias municipales. Si bien la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat siempre trabajó con sectores de alta vulnerabilidad, hoy el universo de atención se ha expandido hacia la clase trabajadora. “Hace varios años que venimos recepcionando también inquietudes de personas que tienen un trabajo registrado, un subempleo registrado; personas que tienen determinada estabilidad laboral que no llegan a fin de mes”, explicó Juliana Teerink.

Estas situaciones generan un impacto emocional profundo en las familias. Según la secretaria, muchos ciudadanos se acercan afligidos, sin saber cómo plantear su situación: “Algunos con mucha angustia, que no quieren recibir nada del Estado, sino buscando un empleo, reforzar el ingreso desde el empleo con alguna contraprestación”. 

Esta realidad obliga a la Municipalidad a repensar la política pública con mayor amplitud de recursos, priorizando la efectividad de la respuesta tanto para quien no tiene nada como para aquel que, teniendo un ingreso, ha caído por debajo de la línea de la pobreza.

En términos numéricos, la asistencia alimentaria refleja este retroceso social. Tras haber logrado bajar el número de beneficiarios a fines del año pasado, la tendencia se revirtió. “Habíamos reducido bastante pero hoy ya estamos casi nuevamente pisando las 3.000 familias o destinatarios del Programa de Seguridad Alimentaria, inclusive reforzando con módulos de alimentos que eso lo habíamos tratado de desestimar y tenerlo para situaciones de emergencia”, detalló la funcionaria. Si se considera que cada grupo familiar está integrado por un promedio de cuatro personas, la asistencia alcanza a más de 12.000 tandilenses.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las necesidades básicas se agudizan. El presupuesto municipal, proyectado a finales del año anterior, debe ahora hacer frente a un incremento en los pedidos de gas envasado, leña y ayuda para el pago de facturas de energía eléctrica. “En invierno es mucho más cruda la demanda y más inmediata también, a esto se suma algún factor climático que nos pueda atravesar, lluvias intensas, vientos, voladuras de techos, mojadura de colchones”, describió Juliana Teerink.

La cuestión habitacional se presenta como uno de los desafíos más complejos de la gestión. Actualmente, existen cerca de 600 destinatarios de ayuda para alojamiento, que incluyen desde viviendas familiares hasta pensiones y geriátricos. 

La situación de los adultos mayores es particularmente delicada, ya que muchos deben elegir entre comprar medicamentos o pagar el alquiler, lo que ha incrementado su presencia en los centros comunitarios y oficinas de asistencia.

De forma recurrente, la ciudad opera como un polo de atracción para personas de otras localidades que buscan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, muchas de estas historias terminan en situaciones de desamparo al no contar con empleo ni vivienda previa. Recientemente, llegó hasta El Eco el caso de dos jóvenes de Mar del Plata y Santa Clara del Mar que, tras agotar sus recursos, quedaron en situación de calle.

Ante esta problemática, Juliana Teerink fue clara respecto a las prioridades presupuestarias: “La atención en la salud, en la cuestión alimentaria, eso siempre va a estar garantizado. La cuestión habitacional ya es más compleja porque nosotros tenemos un presupuesto que depende de un fondo que se nutre del aporte de los ciudadanos de Tandil y tenemos que acompañar justamente a las personas que son de la ciudad”.

La secretaria explicó que la ciudad recibe constantemente a personas solas o grupos familiares de localidades cercanas o del norte del país que llegan con expectativas de crecimiento, pero sin una red de contención. “Es importante marcar que la cuestión no es solo resolver lo habitacional sino conocer el motivo, lo que hay detrás de esta venida a la ciudad. Nos hemos encontrado con situaciones complejas, de violencia de género, niños que han sido traídos por un papá o una mamá con el desconocimiento del otro progenitor, o pacientes que han abandonado tratamientos de salud mental”, concluyó la funcionaria, reafirmando que la asignación de recursos municipales debe seguir criterios profesionales y de responsabilidad institucional.

La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) solicitó su propia quiebra ante la Justicia en las últimas horas tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de 120 millones de dólares.

La presentación se llevó a cabo ante el Juzgado que lleva su caso en Rafaela, al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encuentra en concurso preventivo desde febrero de 2025. En aquel momento, al realizar la solicitud judicial, lo planteaba como una salida a la crisis asegurando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.

Con el paso de los meses, la situación no cambió y sumado a la inexistencia de nuevas empresas interesadas en participar del negocio para propiciar una recuperación, SanCor decidió avanzar con el pedido formal de quiebra.

Al exponer la situación públicamente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) precisó que la quiebra se da “luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada”.

La decisión que ahora materializa la cooperativa había sido pedida por el gremio en septiembre del año pasado, cuando los afiliados votaron elevar dicho reclamo a la Justicia, en el marco de una Asamblea Extraordinaria.

Con la quiebra solicitada, Atilra aseguró que “en términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”.

Asimismo, planteó que “esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que Sancor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”. NA

El Gobierno nacional difundió un nuevo mensaje político bajo la consigna “Estamos en camino”, en un intento por sostener la confianza en su gestión en medio de tensiones económicas y cuestionamientos judiciales.

La estrategia comunicacional se reflejó en un reciente posteo de La Libertad Avanza en la red social X, donde se publicó un video que recopila declaraciones del presidente Javier Milei durante su participación en la cumbre de AmCham.

En la pieza audiovisual, el mandatario transmite un mensaje de optimismo frente al contexto actual: “La inflación se va a derrumbar y la economía va a retomar su fuerte sendero de crecimiento previo al ataque de la política”, afirma. Además, agrega: “No hay que desesperarse, si uno se desespera toma malas decisiones. Hay que tener paciencia. Vamos a hacer lo que corresponde”.

El mensaje se da en un escenario marcado por el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, y en simultáneo con un escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según se conoció en las últimas horas a partir de una investigación judicial, el funcionario realizó un viaje a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.

De acuerdo a los datos incorporados al expediente, cada pasaje en primera clase tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que totaliza 5.800 dólares para el grupo familiar. La Justicia también relevó detalles sobre la aerolínea utilizada, el itinerario y el alojamiento contratado.

En este contexto, el oficialismo busca sostener su narrativa de rumbo económico y político, apelando a la figura presidencial y a un mensaje centrado en la paciencia y la expectativa de mejora.

La Justicia ordenó este martes embargar a Fate por cerca de $ 3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado.

El fallo fue resuelto por el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, tras el aparente vencimiento del plazo judicial para que la empresa de Javier Madanes Quintanilla acatara una sentencia previa. Así lo hizo saber el titular del gremio Sutna, Alejandro Crespo.

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre Fate por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, Fate es la única que lo produce en el país", dijo Crespo en un video grabado frente a las puertas del juzgado.

Si bien desde la empresa aseguran que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma, desde el gremio destacaron que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva. Además insistieron en que están listos para volver a sus puestos laborales.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a fines de marzo que el convenio suscripto entre FATE y el Sutna tiene vigencia hasta junio de este año, por lo que la empresa tendría que haber pagado los salarios de los trabajadores que estaban en la nómina de la planta en mayo de 2025.

La empresa, en tanto, rechazó esa postura, al señalar que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

El empresario Alberto Samid, conocido durante décadas como el “rey de la carne”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras ser una de las figuras más influyentes del sector ganadero en Argentina, el hombre de 78 años se declaró en quiebra y comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar productos y generar ingresos alternativos.

La medida judicial fue decretada en diciembre por el Juzgado Comercial N°25, luego de que fracasara el acuerdo con acreedores en el marco de un concurso preventivo iniciado en 2022. El empresario acumuló un pasivo superior a los $276 millones, principalmente por deudas con organismos fiscales como ARCA y ARBA. Este escenario marcó el punto de quiebre en su situación financiera, obligándolo a buscar nuevas fuentes de sustento.

Ante la imposibilidad de operar comercialmente de forma tradicional, Samid explicó públicamente los motivos que lo llevaron a volcarse al mundo digital. “Me jubilé y con $300.000 por mes no vivo” expresó a través de su cuenta personal. A partir de esa realidad, el histórico dirigente empezó a ofrecer canjes publicitarios e invitó directamente a marcas y emprendedores a contactarlo para difundir sus servicios.

La situación actual de Samid refleja un giro drástico respecto de su trayectoria mediática y empresarial. Durante años fue uno de los rostros más visibles del negocio cárnico, pero hoy su estrategia consiste en monetizar su exposición pública en plataformas digitales. Este fenómeno, cada vez más común entre figuras conocidas, se convirtió en su principal recurso ante las restricciones legales y financieras que enfrenta.

El proceso judicial no solo implica dificultades económicas, sino también limitaciones para operar en el mercado. La falta de acuerdo con sus acreedores y las deudas acumuladas con organismos públicos condicionan su capacidad de recuperación en el corto plazo. De este modo, el capital simbólico de su nombre y su historia se transformaron en una herramienta de supervivencia en la economía digital.

La industria textil atraviesa una crisis profunda que se manifiesta en el cierre de fábricas, despidos masivos y pedidos de concurso de acreedores por parte de marcas emblemáticas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en febrero el sector de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado registró una caída interanual del 22,6% en su nivel de producción.

El informe del organismo nacional detalla que la fabricación de productos tuvo una baja del 33,2% interanual a febrero. En particular, la producción de tejidos y acabado de textiles lideró el retroceso con una disminución del 47%. A este panorama se suma un uso de la capacidad instalada en mínimos históricos y la destrucción de puestos de trabajo que ya supera los 20.000 desde fines de 2023.

Los actores del sector coinciden en que "la mayor competencia de productos importados" y la fuerte retracción del consumo conformaron un escenario complejo. 

En este marco, la marca argentina Ona Saez lanzó la iniciativa "Cerramos" para visibilizar a diseñadores en riesgo. Al respecto, el director de contenidos de la firma, Sebastián Guajardo, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto de las importaciones.

La crisis también afectó a la marca de indumentaria básica Dfac, que anunció el cese de sus operaciones y la liquidación de stock tras poco más de dos años de actividad. Por su parte, Lannot S.A., propietaria de Viamo, inició un concurso preventivo de acreedores tras admitir que no puede afrontar sus obligaciones por una caída de hasta un 50% en sus ventas, reduciendo su estructura a poco más de 70 empleados.

En el barrio porteño de Parque Chas, la fábrica de Cocot y Dufour cerró sus puertas, lo que significó el despido de sus últimos 140 operarios. Asimismo, la firma Ted Bodin y Fantome Group, fabricante de Kevingston, Kappa y Reebok, recurrieron a la justicia para reestructurar deudas, señalando el aumento de costos en energía e insumos y la apertura importadora como factores que afectaron su competitividad.

La empresa textil Fantome Group inició un proceso de concurso preventivo con el objetivo de reestructurar su deuda y mantener su operatividad. La firma, que fabrica indumentaria para marcas de renombre como Reebok, Cheeky, Kappa y Kevingston, argumentó ante la Justicia que esta medida representa la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada ante la fuerte caída de las ventas.

La apertura del concurso se produjo a comienzos de marzo, en medio de un frente financiero complejo que incluye 33 cheques rechazados por falta de fondos, sumando un total de 44.978.000 pesos, según los registros oficiales del Banco Central. La textil, que opera desde 2018 en el barrio porteño de Villa Devoto, pasó de tener 120 empleados en su mejor momento a contar actualmente con apenas 20 trabajadores activos.

El quiebre estructural de la compañía comenzó en 2020, cuando Kevingston reemplazó la fabricación local por importaciones. Si bien la firma logró sobrevivir gracias a un acuerdo con Distrinando S.A., licenciataria de Kappa y Reebok, ese contrato finalizó en 2025, lo que profundizó el declive. En su presentación judicial, la empresa vinculó su situación a una competencia diabólica con las importaciones y a la presencia de actores que comercializan por debajo de sus costos con el solo objeto de mantenerse en el mercado.

Además de la presión externa, la firma señaló factores internos como la suba constante de costos en insumos, energía y salarios, junto a una elevada presión tributaria y la falta de políticas contra el dumping. A mediados del año pasado, la Justicia impuso dos embargos por más de 130 millones de pesos en sus cuentas bancarias, lo que derivó en la cesación de pagos al no poder ser cubiertos.

"Una empresa pequeña no soporta ese incremento de tasas ni la exigencia de cancelar líneas de crédito en esas condiciones"

Como parte de un plan de reconversión para salir a flote, Fantome Group lanzó una marca propia y abrió un local minorista en el barrio de Belgrano. También creó una unidad de bordado y estampado que hoy constituye su principal fuente de ingresos, aunque este nuevo modelo de negocios aún no alcanza para compensar la pérdida del volumen mayorista que sostenía anteriormente.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre un plan de despidos que alcanzaría a 240 empleados y realizaron este martes un paro de actividades en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa.

Según indicaron, la iniciativa contempla concretar las cesantías antes del 10 de abril, lo que representaría cerca del 25% de la planta total del organismo, actualmente integrada por 972 trabajadores. La decisión impactaría tanto en la sede central como en estaciones meteorológicas de todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el recorte alcanzaría a unas 18 dependencias distribuidas en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio. En tanto, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires se prevé el despido de 110 trabajadores, mientras que otros 130 corresponden a estaciones del interior.

Desde el sector denunciaron que la medida dejaría al organismo con unos 540 empleados, muy por debajo de los aproximadamente 1200 necesarios para un funcionamiento óptimo. Además, remarcaron que desde 2024 ya se viene registrando una reducción sostenida de personal producto de despidos, jubilaciones y renuncias.

“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico”, sostuvo la comunicadora meteorológica Cindy Fernández, quien subrayó la importancia de fortalecer los equipos de trabajo.

El SMN opera bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, y la información que produce resulta clave para múltiples sectores, desde la producción agropecuaria hasta la planificación de políticas públicas frente a fenómenos climáticos.

En ese sentido, los trabajadores advirtieron que la reducción de personal no solo afectará la calidad de los pronósticos, sino que también podría incrementar riesgos en áreas sensibles como la aviación, donde cada vuelo depende de datos meteorológicos precisos para definir rutas y condiciones de aterrizaje.

Desde el gremio Asociación Trabajadores del Estado señalaron que el recorte “dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan” y alertaron sobre una pérdida de capacidad de respuesta ante eventos climáticos severos.

El conflicto se da en paralelo a fenómenos climáticos intensos en distintas regiones del país. Este martes, por ejemplo, fuertes precipitaciones afectaron a Mar del Plata, donde el SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, alertó este sábado sobre el crítico escenario social que atraviesa el país y denunció un marcado incremento en la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.

“Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, manifestó el arzobispo en declaraciones radiales, donde vinculó la coyuntura actual con la urgencia de reforzar la empatía y los vínculos comunitarios en un contexto que calificó como "un tiempo difícil".

Durante la entrevista, el titular del Episcopado puso el foco en la delicada situación que atraviesan los grandes centros urbanos, marcando un fuerte contraste con el desarrollo de sectores específicos de la economía. Al respecto, Colombo planteó que, si bien existen áreas con indicadores de crecimiento, “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.

La UCA alerta de que la baja de la pobreza es una "ficción" que no llega al bolsillo

Esta preocupación se tradujo en un reclamo directo hacia el Estado por la interrupción de pagos destinados a las prestaciones por discapacidad, una situación que mantiene en vilo a diversas instituciones de asistencia.

El arzobispo detalló que la falta de actualización de estos fondos afecta de manera directa el sostenimiento de estructuras críticas para la sociedad. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó, mencionando específicamente el caso de los cotolengos de Don Orione, que dependen de esos recursos para el pago de profesionales.

Ante este panorama, la Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud para exigir que se activen los mecanismos estatales necesarios, argumentando que “la empleo de esa frase marca la gravedad del emergente”.

En cuanto al debate público y la relación con el Poder Ejecutivo, Colombo instó a bajar los niveles de confrontación y mejorar las formas de comunicación en la vida política. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar”, expresó, al tiempo que aclaró que los posicionamientos de la Iglesia no buscan una oposición partidaria sino el bienestar social.

Finalmente, remarcó que el objetivo institucional sigue siendo el cuidado de los más desprotegidos: “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”.

El 4 de abril invita, una vez más, a mirar Tandil en perspectiva. No solo desde su historia, sino desde el horizonte que se proyecta para las próximas décadas. En ese ejercicio emerge una certeza compartida por distintos actores sociales: el desarrollo económico, por sí solo, no alcanza. El verdadero desafío reside en sostener una comunidad integrada, solidaria y con oportunidades para todos.

De cara al 2050, Tandil se perfila como una ciudad en expansión, con un fuerte desarrollo tecnológico, un crecimiento inmobiliario sostenido y una consolidación como polo regional. Sin embargo, esa misma proyección convive con tensiones que obligan a repensar el modelo de ciudad.

Las voces del Banco de Alimentos y de Mesa Solidaria permiten asomarse a ese futuro posible, anclado en una historia donde la solidaridad no fue un recurso ocasional, sino una construcción colectiva.

El entramado social de Tandil tiene raíces profundas en momentos de crisis. Lejos de fragmentarse, la comunidad encontró en esas situaciones un punto de partida para organizarse.

El Banco de Alimentos comenzó a gestarse en 2001, en medio de una profunda convulsión económica y social. “Recordábamos esa primera etapa de cuando arrancó el banco, se empezó a organizar en el año 2001”, repasó su director ejecutivo, Mario Bañiles, al reconstruir aquellos inicios, marcados por la devaluación y el trueque.

Impulsado por el Padre Raúl Troncoso, el proyecto surgió como una respuesta concreta a una realidad que ya existía, pero que la crisis puso al descubierto. “Eso dio visibilidad a una problemática que ya existía”, explicó Bañiles, y detalló que el objetivo fue “encontrar como una herramienta, un canal, un puente” para vincular el excedente de alimentos con quienes lo necesitaban.

El modelo, inspirado en experiencias internacionales, permitió estructurar una red que, con el tiempo, se profesionalizó y consolidó. Hoy, el Banco de Alimentos no solo distribuye recursos, sino que articula voluntades en toda la comunidad.

En paralelo, Mesa Solidaria nació en 2008, también en un contexto de incertidumbre económica. Claudia Caballero recordó que su origen estuvo vinculado a la necesidad de anticiparse a una posible crisis: “Era un grupo de gente que nos juntábamos alrededor de una mesa y planteábamos distintas necesidades y cómo podíamos entre nosotros dar respuesta”.

Ambas experiencias comparten un mismo ADN: frente a la incertidumbre, Tandil responde fortaleciendo sus vínculos.

La Tandil que se proyecta hacia el 2050 es, en muchos aspectos, una ciudad pujante. El crecimiento urbano, la llegada de nuevos habitantes y el desarrollo de sectores como el tecnológico la posicionan como una de las ciudades intermedias más dinámicas del país.

Sin embargo, ese crecimiento no elimina las desigualdades. La demanda de asistencia alimentaria y social continúa presente.

La demanda de asistencia alimentaria y social continúa presente

“Se dice que Tandil es una isla, pero estamos dentro de un país que es Argentina”, advirtió Bañiles, al contextualizar la realidad local. En esa línea, remarcó que los problemas estructurales del país impactan también en la ciudad.

Remigio Iglesias, presidente del Banco de Alimentos, aportó otra mirada sobre el rol de la institución en este escenario: “El Banco de Alimentos es un lugar adonde se llega y se vuelve… tiene seriedad y transparencia”.

Esa confianza construida a lo largo de más de dos décadas explica, en parte, la capacidad de sostener la red solidaria. El desafío hacia el futuro es evitar que la brecha entre crecimiento y vulnerabilidad se amplíe. En ese sentido, las organizaciones sociales cumplen un rol clave.

“El alimento es un canal”, explicó Bañiles, al detallar que su trabajo no se limita a la asistencia directa, sino que busca fortalecer instituciones educativas, deportivas y sociales. Este entramado es el que sostiene, en definitiva, la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los cambios más profundos que se proyectan para las próximas décadas tiene que ver con la demografía. El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población ya son fenómenos visibles.

Iglesias lo expresó con preocupación: “Hay lugares donde ya no hay niños, veo mucha más comida para los perros y mucha menos comida para nuestros hermanos”.

Más allá del carácter provocador de la frase, el planteo apunta a una transformación social de fondo. La ausencia de niños aparece como un dato que obligará a repensar las políticas públicas y el trabajo comunitario.

En ese escenario, la asistencia tenderá a orientarse cada vez más hacia los adultos mayores. “Vamos a ser más adultos y adultos mayores que niños y adolescentes”, anticipó Iglesias.

La asistencia tenderá a orientarse cada vez más hacia los adultos mayores

Mesa Solidaria ya comenzó a trabajar en esa línea, impulsando congresos y espacios de formación en gerontología. La Tandil del 2050 deberá adaptarse a esta nueva realidad, con infraestructura y redes de contención acordes a una población más envejecida.

El modelo de intervención social también está en transformación. La lógica del asistencialismo puro, centrada en la entrega de recursos, va dejando paso a estrategias orientadas a la promoción y el desarrollo de capacidades.

Caballero lo explicó con claridad: “Antes el asistencialismo era ir y dejar el bolsón de ropa o de comida en su momento estuvo bien, pero ahora está mejor”. La mirada actual apunta a romper los ciclos de vulnerabilidad. “Hay que sacar o apuntalar esa familia para que la historia no se vuelva a repetir en la otra generación”, sostuvo.

En ese marco, el Jardín Maternal 2 aparece como un ejemplo concreto de este cambio de enfoque. El proyecto, impulsado por organizaciones sociales con acompañamiento estatal, permitió generar oportunidades a madres jóvenes.

“Queríamos ayudarlas a reinsertarse, a completar su escolaridad o conseguir trabajo”, recordó Caballero sobre los orígenes de la iniciativa, que hoy funciona como una institución consolidada. La experiencia marca el camino hacia el futuro: la articulación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones es clave para generar oportunidades reales.

El crecimiento y la profesionalización de las organizaciones sociales es otro de los rasgos que definirán el Tandil del futuro. Mesa Solidaria pasó de ser un espacio de articulación informal a constituirse como una federación, con personería jurídica y con capacidad de planificación. “Hoy podemos planificar acuerdos, establecer vínculos, y  que existan empresas que te acompañen”, explicó Caballero.

Actualmente, la red vincula a más de 50 organizaciones, lo que da cuenta de su alcance y del impacto en la comunidad. De cara al 2050, el objetivo es profundizar en ese rol. Caballero fue clara al plantear su aspiración: “El trabajo del tercer sector debería estar participando de lo que tiene que ver con la agenda política y social de una ciudad”.

Esa participación, aclaró, no debe darse en la confrontación, sino en la construcción colectiva. “Nada se hace por la fuerza, la sinergia tiene que ser otra”, sostuvo.

Más allá de las estructuras, hay un elemento que aparece como central en la identidad de Tandil: la cultura solidaria. Para muchos, el trabajo en organizaciones es también una forma de ejercer la democracia. “Es otra forma de hacer democracia, una manera de involucrarse y participar en la comunidad”, señaló Bañiles.

Ese compromiso se traduce en acciones concretas, muchas veces invisibles. Caballero lo sintetizó con una reflexión que combina experiencia y convicción: “La mayoría de las cosas que hacemos en Mesa Solidaria no hay plata de por medio… se hace sobre la base de conexiones”.

Ese entramado de vínculos, confianza y cooperación es el que permite dar respuestas rápidas en momentos críticos. Así ocurrió durante la pandemia, periodo en el que —según destacó— hubo organizaciones que “no solo llevaban mercadería, sino que prestaban el oído, llamaban por teléfono, escuchaban”.

El trabajo en organizaciones es también una forma de ejercer la democracia

La solidaridad, en este sentido, no es solo una práctica, sino también una forma de entender la vida en comunidad. “Creemos que no solo hacemos el bien, sino que nos hacemos bien a nosotros”, afirmó Caballero, en una definición que describe el espíritu de quienes sostienen estas redes.

El futuro de Tandil se construye sobre una base sólida, pero no exenta de desafíos. La ciudad deberá encontrar un equilibrio entre crecimiento económico e inclusión social.

La articulación entre el Estado, el sector productivo, la universidad y las organizaciones sociales es la clave para lograrlo. “Si nos salvamos, nos salvamos todos juntos”, resumió Caballero, en una frase que sintetiza la lógica que atraviesa el entramado solidario local.

De cara al 2050, la visión es clara: Tandil puede convertirse en un modelo de ciudad intermedia, no solo por su desarrollo, sino por su capacidad de sostener una comunidad integrada. El desafío es, entonces, profundizar ese camino. Porque, como lo demuestra su propia historia, en Tandil el futuro no se construye en soledad. Se construye en red.

Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima. De concretarse, se trataría del paso decisivo para que Danone y Arcor se queden con el 100% del negocio lácteo.

La operación -que sería anunciada en los próximos días, aunque las distintas empresas involucradas no confirmaron la noticia- pone fin a una negociación que estuvo al borde de la judicialización por la enorme distancia entre las pretensiones de las partes. Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los US$250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los US$40 millones, lo que había dejado el proceso empantanado durante meses.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.

Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el principal obstáculo sería el precio. La brecha en la valuación era “enorme” y amenazaba con llevar el conflicto a tribunales en la Argentina y España, ya que el contrato entre las partes está bajo jurisdicción española.

En ese contexto, fuentes cercanas a la operación coincidían en un punto: ninguna de las partes quería judicializar el proceso, lo que dejaba abierta la puerta a una negociación final.

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico claro. Tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas.

Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca. Por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.

La integración total permitiría avanzar hacia lo que internamente las compañías denominan una “La Serenísima unida”: una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

De confirmarse el acuerdo, la operación marcará el cierre de un ciclo para la familia Mastellone, que durante décadas lideró la principal empresa láctea del país, fundada en 1929 y convertida en un símbolo del consumo masivo argentino.

Al mismo tiempo, abrirá una nueva etapa bajo el control total de jugadores globales, con el tándem Danone/Arcor como actor central en el negocio lácteo local.