Con 57 años de trayectoria ininterrumpida, “El Boliche de Tití” se ha convertido en un símbolo del comercio local. Sin embargo, su responsable Mariano Abait advirtió que el presente es el escenario más complejo que le ha tocado enfrentar a su familia desde que su madre, Tití, fundara el emprendimiento a finales de la década del 60. Durante su paso por Tandil Despierta (Eco TV y Tandil FM 104.1), el comerciante describió un complejo panorama para el sector.

“Hemos vivido todo tipo de gobiernos, distintas políticas y economías, pero esta es, sin dudas, una de las más bravas”, afirmó Abait. Según explicó, la combinación de una recesión profunda, la apertura de importaciones con productos de bajo costo y una carga impositiva asfixiante ha dejado a los comercios locales en una posición de vulnerabilidad: “Hoy no se vende ni lo barato. La gente no llega a fin de mes; la caída en las ventas es drástica a partir del 15 de cada mes”.

El impacto no se limita a la indumentaria. Mariano Abait señaló que, a través de la comunicación directa con colegas de diversos sectores, la conclusión es unánime: la situación es compleja. “No he escuchado a alguien a quien le vaya bien. Es muy difícil decir que te estás fundiendo, pero hoy la realidad es esa”, sostuvo, destacando que muchos comerciantes se ven obligados a recurrir a préstamos personales de familiares y amigos para intentar subsistir.

En cuanto al rol del Estado, fue tajante al señalar la falta de acompañamiento. “No vemos gestión ni ayuda, ni del Estado nacional, ni provincial, ni municipal. Lo único que vemos son inspecciones constantes que, si bien son necesarias para la formalidad, en este contexto se sienten como una presión extra que termina de hundir al comerciante”, explicó.

Sobre la transformación del centro y la llegada de grandes cadenas, el comerciante analizó que los pequeños locales son los más perjudicados. Asimismo, se refirió a la futura apertura del centro comercial en la zona céntrica, advirtiendo que, aunque puede ser positivo para el turismo, alterará el radio de circulación de los clientes, afectando a quienes se encuentran fuera de ese eje.

Ante la consulta sobre posibles soluciones, admitió no tener una respuesta clara, pero enfatizó la angustia que genera ver cómo colegas bajan sus persianas. “Es muy triste ver el local vacío y conocer el trasfondo de la familia que hay detrás. Uno se pregunta cómo hacen para seguir adelante”, expresó.

Finalmente, Mariano Abait hizo una autocrítica sobre el sector, reconociendo que en años anteriores hubo abusos en los aumentos de precios por parte de la cadena productiva. No obstante, remarcó que actualmente la realidad obliga al ajuste extremo, llegando incluso a atender su local en soledad para reducir costos fijos. “Estamos todos dormidos, quizás por el agotamiento de recibir tantos golpes, pero la situación requiere atención urgente para que no desaparezca el comercio local”, concluyó.

La histórica firma Lácteos Verónica, que opera tres plantas de procesamiento en la provincia de Santa Fe (Clason, Lehmann y Suardi), solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores al registrar un pasivo de 15.945 millones de pesos tras atravesar meses de profunda parálisis productiva y cesación de pagos salariales.

La presentación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Comercial 17, Secretaría 34, en la Ciudad de Buenos Aires, con el patrocinio del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore & Montemerlo.

En su argumentación técnica, la administración conducida por la familia Espiñeira presentó un balance financiero deteriorado que comprende 4745 millones en obligaciones bancarias con entidades como Catalinas Cooperativa de Crédito, Credibel, Banco Galicia, Banco Santander, Banco Provincia, Banco Ciudad, Banco Industrial, Banco Nación y Banco Macro, además de más de 2900 cheques rechazados por un saldo de 11.200 millones de pesos.

La debacle previa incluyó un frustrado Procedimiento Preventivo de Crisis que buscaba desvincular a unos 200 empleados y afectó la operatoria de 150 productores tamberos que reclaman acreencias acumuladas por 60 millones de dólares.

La iniciativa en la Justicia comercial busca esquivar la quiebra definitiva en un escenario donde las autoridades provinciales ya preveían el desenlace. NA

Ahora, una nueva marca de indumentaria se sumó a la lista de empresas que buscan evitar el cierre: se trata de IGT33 SA, que opera las marcas Rever Pass y Be Rebel, entró en concurso preventivo.

La compañía, con más de 40 años de trayectoria, presentó su pedido ante la Justicia en junio y el Juzgado Nacional en lo Comercial 18 abrió formalmente el concurso el 14 de julio.

En el expediente, la empresa describe un deterioro que combina la caída del consumo interno, el avance de las importaciones, el aumento de los costos de producción y una estructura comercial cada vez más difícil de sostener.

El problema ya se refleja en sus números. IGT33 cerró 2025 con ventas por 11.814 millones de pesos, casi 24 por ciento menos que el ejercicio anterior en moneda constante, y terminó el año con una pérdida de $4.365 millones, frente a un rojo de 515 millones en 2024.

A eso se suma un pasivo que supera los 7.000 millones de pesos y una estructura de más de 100 trabajadores, 13 locales alquilados y una planta industrial propia.

La presentación judicial plantea que el deterioro se fue acumulando desde 2024 y terminó llevando a la empresa a una situación de cesación de pagos, que quedó formalmente expuesta el 16 de mayo de 2026, cuando no pudo afrontar compromisos asumidos con trabajadores que habían acordado desvinculaciones.

En el escrito presentado para justificar el concurso, IGT33 señala como uno de los principales problemas el cambio en las condiciones de competencia.

La compañía sostiene que desde 2024 se produjo una apertura de las importaciones que permitió el ingreso masivo de productos a través de plataformas internacionales, particularmente de origen oriental.

El argumento central es que las marcas locales deben afrontar una estructura de costos que los nuevos jugadores digitales no tienen.

La empresa menciona los gastos de locales, personal, cargas sociales, impuestos, logística e infraestructura. NA

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, brindó detalles sobre la trágica situación que atraviesa el territorio español ubicado en el norte de África. Durante una reunión extraordinaria de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, el funcionario confirmó que la cifra de víctimas fatales tras el cruce fronterizo masivo ascendió a 100 personas.

Según lo informado por Vivas el pasado jueves, el flujo migratorio alcanzó las 80.000 personas. De ese total, unas 75.000 regresaron de forma voluntaria, mientras que entre 3.000 y 5.000 migrantes permanecen en Ceuta. Esta situación ha dejado a los centros de recepción completamente abrumados, derivando en una crisis humanitaria de gran magnitud. Ante este escenario, el presidente de Ceuta solicitó mayor seguridad, recursos adicionales para la recepción y un respaldo más amplio por parte de las agencias de la Unión Europea.

Por su parte, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, calificó la oleada migratoria como un hecho sin precedentes. Durante el encuentro, el funcionario destacó la gravedad del evento: "Nada de esta escala ha pasado en una frontera externa de la Unión Europea en 20 años, no en un solo día".

Brunner sostuvo que la Unión Europea no puede aceptar una violación de la integridad de sus fronteras ni de su seguridad. Asimismo, señaló que el bloque debe utilizar todas las herramientas a su disposición, incluyendo políticas de visado, comercio y ayuda para el desarrollo, con el fin de garantizar la cooperación de Marruecos en la gestión migratoria.

En relación a los hechos, el Ministerio del Interior marroquí emitió un comunicado el domingo pasado donde indicó que la crisis fue consecuencia de diversos factores. Además, las autoridades de Marruecos remarcaron que se han iniciado acciones legales para "determinar todas las circunstancias, esclarecer las responsabilidades y establecer las consecuencias legales correspondientes, conforme a las disposiciones de la ley".

La sucursal centro de Carrefour en Tandil se encuentran en un proceso de reconversión: la empresa reducirá las dimensiones del local de calle 9 de Julio, manteniendo al personal de veinte trabajadores. De acuerdo a lo que transmitieron desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), los motivos de la decisión fueron el alto costo del alquiler y una marcada baja en las ventas.

En los últimos días se generaron trascendidos a partir de que el negocio ubicado en 9 de Julio entre Pinto y San Martín comenzó a exhibir un letrero que indicaba el alquiler del lugar. Por tal motivo fue consultado José Larraburu, secretario general del SEC, quien brindó detalles del caso tras haberse reunido con responsables de recursos humanos de la empresa.

“Generó preocupación en mucha gente, menos en los trabajadores de ahí que ya estaban al tanto de la situación. La realidad es que se achica el salón. El local se va a dividir, va a quedar un espacio más chico para el mercado, que va a seguir funcionando. Igual que como venía hasta ahora, con la misma cantidad de trabajadores, que es lo que nos preocupa a nosotros. Va a seguir funcionando igual, lo dividen y la otra la parte la alquilan”, informó el secretario general de los empleados de comercio.

El letrero al frente de la sucursal anuncia el alquiler de un local de 350 metros cuadrados. Supondría la división del salón actual, y el Carrefour pasaría a funcionar en la parte más cercana a calle Pinto, donde cuenta con depósito. La entrada actual quedaría para el nuevo local, mientras que deberían construir otra para el mercado.

En Tandil funcionan tres sucursales de Carrefour, que dependen de la central de la empresa. Cada una pertenece a un tipo diferente: hipermercado en calle Panamá, “Maxi” en Del Valle y Express en el centro. La incertidumbre se generó

“Estábamos al tanto de que iba a haber alguna  movida, que algo iban a hacer y lo primero que hicimos fue comunicarnos con la gente de recursos humanos, más allá hablar con el gerente del local. Hablamos con la gente de recursos humanos a nivel nacional de la empresa y nos contaron cuál era la idea. La explicación es sencilla. El alquiler es muy caro y las ventas están bajas”, señaló Larraburu.

El secretario general de los empleados de comercio agregó que “ante la posibilidad de tomar otra medida que desde Carrefour no querían, surgió la idea de plantear al dueño del local de dividir el salón para bajar el costo del alquiler. Llegaron a un acuerdo y van a hacer eso, dividirlo”.

La división se haría efectiva cuando se concrete el alquiler. Si bien deberán generar un corrimiento del mercado, “no va a cerrar, va a seguir funcionando”, aseguró Larraburu.

El secretario general de los empleados de comercios enmarcó lo ocurrido con Carrefour centro en un contexto de complejidad económica mayor. “La verdad que está muy complicado. Justo se ha dado que han cerrado un par de locales, y llama la atención cuando local cierra. Pasó con una librería, y con otro local de ropa. No se está vendiendo, las ventas no dan para los números que los empresarios quieren. A nosotros nos trae preocupación porque sabemos que eso muchas veces origina la pérdida de puestos de trabajo, aunque no en el caso de Carrefour centro, en otros sí”, sostuvo.

“Sabemos que es muy difícil reinsertarse en el mercado laboral en este contexto, sobre todo cuando estamos hablando de trabajadores más grandes de edad. La mayoría de los comercios toman a chicos jóvenes, y de 30 para arriba ya son grandes”, concluyó.

La reconversión de Carrefour de calle 9 de Julio se suma a otros cierres y modificaciones en comercios de la ciudad. Entre los casos más resonantes se hicieron públicos el de Contrabiker, un emprendimiento textil con casi una década de trayectoria, que producía en la ciudad indumentaria de estilo skate. En los últimos días anunciaron el cierre de su local en el centro  para pasar a vender de manera online.

Otro de las bajas de persianas resonantes fue la de la librería El Atril -que continuará funcionando hasta Día del Niño-, un histórico comercio de calle Rodríguez, que si bien surgió en otra localidad, sus orígenes tienen vínculo con Tandil.

Las pequeñas industrias textiles son de las más afectadas por la realidad económica, y los cierres de empresas que se dan a nivel nacional tienen también su correlato en la ciudad. “Gracias por todo”, dice el cartel de un negocio en calle Rodríguez, para anunciar el cierre de un emprendimiento local que desde hace siete años diseña, produce y comercializa indumentaria en Tandil.

El proyecto reducirá su estructura –de más de 10 personas trabajando, a la fecha lo hacen solo 4-, y se dedicará a la venta online. Los motivos fueron varios: una baja sostenida en las ventas desde diciembre pasado, el precio del alquiler que se duplicó, y cuestiones personales.

“Veníamos subiendo y después se estancó. Después de la Navidad de 2025, empezaron a bajar las ventas. Acá tenemos una estructura grande, y eso se sumó al cansancio. Un poco por lo económico y un poco por lo personal, quería pausar un poco”, contó Emerson, responsable de Contrabiker, en diálogo con El Eco.

Como se sabe, parte del complejo presente de la industria textil está marcado por la apertura de importaciones y el auge de las compras mediante aplicaciones extranjeras. “Era sabido que iba a haber una depuración grandísima porque la Argentina, al tener la economía cerrada se fabricaba mucho acá. Ahora una vez que se abrió, muchísima gente se fundió y se va a seguir fundiendo en lo que es lo textil”, agregó el emprendedor.

Emerson practicaba BMX y una década atrás abrió un local de venta de bicicletas. Tras unos años en el rubro vendió el fondo de comercio y se pasó al sector textil. En el 2019 comenzó con Contrabiker, un proyecto con el que atravesó por diferentes locales y situaciones económicas.

La propuesta fue la de hacer indumentaria de calidad, con diseño propio y una estética vinculada al BMX y al skate. “Vamos a empezar a fabricar, dijimos”, recordó Emerson sobre el momento en el que se largó con el nuevo rubro. En el piso superior del local de calle Rodríguez tiene montado un taller donde diseña, almacena tela e insumos, máquinas de corte y otras herramientas con las que confecciona remeras, camperas, buzos y otras prendas.

El proyecto funcionó pero las ventas bajaron en el último tiempo. Y se sumó otra complejidad: “Se me fue al doble el alquiler, y la verdad que es insostenible el tema de los alquileres y los impuestos que hay que pagar. Es muchísimo”, explicó. 

El local se encuentra liquidando y ofreciendo promociones hasta liquidar stock. “Lo más probable es que sigamos de manera online, y a reducir la estructura. Era demasiado esfuerzo para tan poco beneficio”, señaló sobre el futuro.

Contrabiker no es el único emprendimiento textil que cierra en la ciudad. Un proyecto de serigrafías y prendas de diseño también lo hizo hace poco más de un año. Cuando la referente del Colegio de Martilleros de Tandil dialogó con El Eco en mayo pasado, hizo mención a la realidad de los locales del centro, y a “lo que es vestimenta, que están muy mal”, como ejemplos de aquellos en los que registraban un número mayor de cierres. No solo por los precios de los alquileres, sino también por la suba de los servicios. Un local en pleno centro, contaron desde la entidad inmobiliaria, pasó más de seis meses sin alquilarse: la situación no se había dado ni en pandemia ni en la crisis del 2001.

Medios nacionales abordaron también casos de cierres de textiles y el difícil momento del rubro, con números que hablan por sí solos.. La Federación de Industrias Textiles Argentina (FITA) emitió un comunicado recientemente, en el que plantearon que “la producción nacional continúa enfrentando una elevada carga tributaria, altos costos, deficiencias logísticas y la falta de financiamiento para sostener la inversión y el empleo. Además, compite con el crecimiento exponencial de plataformas como Shein y Temu que comercializan productos sin pagar aranceles. Esta asimetría profundiza las distorsiones competitivas y debilita a toda la cadena productiva local”.

A su vez, los datos difundidos por entidades del sector dan cuenta de la compleja situación del rubro textil: la capacidad instalada del sector alcanzó en abril “apenas el 42,4 por ciento, lo que significa que más de la mitad de las máquinas e instalaciones permanecieron detenida”", informaron desde FITA.

Además, marcaron desde el organismo, “la actividad acumula una contracción del 25,5 por ciento en el primer cuatrimestre del año, un retroceso superior al promedio de la industria general. En cuanto al Impacto en el empleo, la cadena de valor (textil, confección, cuero y calzado) continúa en retroceso, con una pérdida de más de 24 mil puestos de trabajo desde diciembre de 2023 a marzo de 2026. La caída de empleo se registró también de marzo a abril último, con una marcada retracción.

La ciudad de Ceuta atraviesa una situación crítica tras el ingreso de al menos 60.000 personas en menos de 48 horas, un fenómeno que ha colapsado los centros de asilo y motivado el despliegue de efectivos del ejército y la Guardia Civil. La tragedia también ha dejado un saldo de 19 personas fallecidas mientras intentaban llegar a nado a la costa.

El presidente Pedro Sánchez y el ministro Fernando Grande-Marlaska se trasladaron a la zona, donde fueron recibidos por ciudadanos que manifestaron su descontento con la gestión de la frontera. Mientras tanto, la respuesta internacional no se hizo esperar. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que evalúa medidas extraordinarias, incluida la suspensión del espacio Schengen con España.

“Las imágenes procedentes de Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada representa una amenaza real para la seguridad de las fronteras europeas”.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, respaldó la propuesta de cierre temporal de fronteras, calificando de equivocada la política de regularización del Gobierno español. Ante estas declaraciones, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia, calificando el mensaje de demagogia partidista.

Otros líderes europeos también se pronunciaron. La ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, apoyaron la revisión de la participación de España en el Tratado de Schengen. Por su parte, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, confirmó el refuerzo inmediato de los controles en la frontera con España y la activación de la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida.

Desde la Comisión Europea, el comisario Magnus Brunner informó que se trabaja en un refuerzo del apoyo a España, especialmente a través de Frontex, para recuperar el control de la situación. En tanto, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, instó a que se respeten los derechos y la dignidad de todas las personas involucradas en esta crisis.

El sector atraviesa un presente complejo que incluye caída del consumo interno, producción en baja, pérdida de rentabilidad, costos elevados y reducción de empleos, según reflejó el Boletín Económico Sectorial de la Fundación Pro Tejer.

El reporte expuso que la industria textil registró una caída del 23 por ciento interanual en abril, que se profundiza al 31 si se compara con los niveles de 2023. Por su parte, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió un 8,8 por ciento interanual, acumulando una baja de 15,4 en el primer cuatrimestre.

Como consecuencia directa de este desplome, el uso de la capacidad instalada sigue en baja. Las fábricas textiles operaron apenas al 36,6 por ciento de su capacidad en el primer cuatrimestre del año, por lo que 6 de cada diez máquinas estuvieron paradas en los establecimientos productivos.

Al respecto, desde Pro Tejer expusieron que es “el nivel de actividad más bajo de la historia para este periodo, exceptuando únicamente los meses de la pandemia”.

Esta parálisis productiva ya tiene consecuencias directas en la estructura empresarial del país. Desde diciembre de 2023, se han perdido 874 establecimientos productivos en la cadena de valor textil, indumentaria, cuero y calzado, lo que representa una caída del 14 por ciento en la cantidad de empresas del sector.

En este marco, los puestos de trabajo se continúan reduciendo. El informe reveló que el sector textil, confecciones, cuero y calzado lidera la caída del empleo asalariado registrado privado en todo el país, con una baja del 20% respecto a diciembre de 2023.

Esta cifra supera incluso la caída registrada en la construcción (11 por ciento) y representa la pérdida de 24.097 puestos de trabajo directos en menos de tres años. En términos generales, la industria manufacturera en su conjunto perdió más de 76 mil empleos en dicho periodo.

En cuanto a la dinámica de precios, el rubro de prendas de vestir y calzado continúa posicionándose como el de menor suba anual de toda la economía. En mayo de 2026, sus precios aumentaron un 0,3 por ciento mensual y 12 interanual, frente a una inflación general del 2,1 por ciento mensual y del 33,2 interanual.

Sobre este aspecto, desde Pro Tejer expusieron que las empresas están “rematando stocks, evidenciado en la suba de precios de indumentaria por debajo de la inflación, para poder afrontar los costos fijos” y advirtieron que “la rentabilidad de la cadena se encuentra afectada”.

Además, se observa un cambio en la composición del mercado, ya que las ventas de indumentaria en shoppings cayeron un cuatro por ciento interanual, y el consumo se está orientando mayoritariamente hacia productos importados.

El comercio exterior muestra una dinámica dual. Por un lado, las importaciones totales del sector cayeron un 19 por ciento en toneladas, debido principalmente a la menor compra de materias primas e insumos (fibras, hilados y tejidos) por la baja actividad local.

Por otro lado, el reporte precisó que las importaciones de productos terminados (indumentaria y confecciones) alcanzaron récords históricos en volumen, con aumentos del 73 y 45 por ciento respectivamente.

De mantenerse esta tendencia, la entidad advirtió que el año cerraría con una de las cifras de inversión más bajas de la historia, poniendo en riesgo la competitividad futura de la industria nacional. NA

Con más de 300 raciones entregadas por día, demanda en aumento y filas de espera desde las 6:30 de la mañana, el comedor de Cacha en el barrio Las Tunitas es otra de las postales de la compleja situación social que atraviesa el país y de la que Tandil no escapa.

La referente del lugar, Cacha Cena, brindó un crudo panorama sobre el presente de la institución y las dificultades que enfrentan las familias tandilenses para acceder a la alimentación básica. 

“Como siempre venimos trabajando con muchísima gente todos los días. Nosotros a pesar de los fríos que están haciendo, ya a las 6, 6:30 de la mañana tenemos gente parada para retirar la comida a las 8:30 la mañana. Se está acercando muchísima más gente”, describió la responsable del espacio.

En relación a la dinámica diaria, Cena detalló: “Nosotros estamos con más de 300 raciones diarias de lunes a viernes y aguantando, aguantando. Celebró mucho que hoy leí que el municipio de Tandil hizo una inversión de 64 millones en leña, que eso va a ayudar un poco a la calefacción de la familia”.

La referente hizo hincapié en un cambio en la asistencia, señalando que la crisis golpea transversalmente a diversos sectores. “Venimos con un año con aumento. Sí veo mucho más hombres viniendo a buscar comida que antes no lo hacían, y quiere decir que ese hombre está desocupado. Tenemos algunos abuelos ahora, ya casi no tenía yo abuelos, pero ahora las jubilaciones son muy tristes. Y duele la panza cuando tenés hambre. Entonces acá estamos, hacemos lo que podemos”, afirmó.

La situación, consideró Cacha, se agrava por el costo de vida, que vuelve inaccesibles productos básicos. “Hace rato que pasa eso, que mucha gente que viene tiene trabajo. La mayoría de las mujeres tienen algún laburo en casa de familia, pero vos imagínate que si ganan 10 mil pesos una hora que vayan a trabajar no alcanza para la comida. Cuando 1 kg de carne para milanesa te sale entre 24 mil pesos ¿Cómo haces más los huevos, más el pan rallado, el condimento? No podes darle de comer carne a tus hijos”, sostuvo.

En cuanto al rol de los distintos niveles gubernamentales, la referente fue tajante al diferenciar la gestión local de la nacional. “El Estado no está presente, hablo del Estado nacional. Porque el municipal la verdad que se está poniendo, acorde de lo que está pasando y Juliana Teerink es excelente con el trabajo que está haciendo. La verdad que yo, cuando ameritan estas cosas las digo porque se está trabajando muy bien con esto en Desarrollo Humano”, sumó

Cena destacó también la colaboración de actores locales como Héctor Almada, ex combatiente de Malvinas, quien aporta pan y facturas, y el trabajo de las manzaneras en la distribución de leche y abrigo, elementos vitales en un contexto donde, según advirtió, la escasez de recursos obliga a reducir la asistencia a una sola comida diaria.

Marcó además que la demanda en el comedor no se reduce solamente a comida, sino también a ropa de abrigo y frazadas. En esos casos, indicó, deriva a los vecinos al Centro Comunitario, aunque alertó por la necesidad de que no se demoren las entregas.

“Sé que hay muchas, muchas mantas que han tejido las manzaneras, que han hecho y han donado. Entonces, que eso llegue rápido a la gente porque hoy estamos necesitando el abrigo para la familia. Así que yo, como corresponde, los mando a la trabajadora social del Comunitario para que ella pueda abastecerlos de las frazadas o una ropa de abrigo. Lo que espero realmente es que la trabajadora social del Comunitario no esté con un listado 10 días, 15, sino que apure, porque la frazada se necesita hoy, no dentro de 15 días”, agregó.

Más allá de su consideración del rol de Desarrollo Humano municipal, Cacha Cena focalizó sus críticas en el gobierno nacional. “El Estado nacional no aporta nada, al contrario, cada vez peor. Ahora están hablando de que van a sacarle el beneficio que tienen en el boleto las mamás que cobran asignaciones. En un país tan como de Argentina no puede ser que haya pibes que se mueran de hambre, que haya necesidades, que volvimos a tener enfermedades que ya estaban erradicadas como sarampión”, concluyó.

En un contexto marcado por la incertidumbre económica, Juan Carri, titular de La Bancaria en Tandil y referente de la CGT local, trazó un diagnóstico preocupante sobre la realidad de los trabajadores. Según el dirigente, uno de los principales problemas es la pérdida del poder adquisitivo, ya que el salario mínimo vital y móvil quedó muy por detrás del costo de vida.

“Hoy estamos en 376.000 pesos y para estar por encima de la línea de pobreza se necesitan al menos cinco salarios mínimos”, sostuvo, en referencia a datos del INDEC.

Además, advirtió sobre una fuerte retracción del empleo registrado. Citando estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, señaló que en los últimos dos años cerraron cerca de 25.300 pymes, una cifra comparable a la observada durante los cuatro años de la gestión de Mauricio Macri.

“Las pymes representan el 70 por ciento del empleo formal. Este nivel de cierres refleja una caída muy importante de la actividad económica”, afirmó.

El dirigente comparó el escenario actual con otros períodos críticos de la historia reciente.

“Estamos hablando de alrededor de 752.000 personas que perdieron su fuente laboral, un número que no se veía desde la década del noventa. Lo observamos también en Tandil, donde distintos sectores atraviesan dificultades, incluso con el cierre de sucursales bancarias”, expresó.

Al analizar la situación económica de las familias, Juan Carri consideró que los índices oficiales no siempre reflejan lo que viven los asalariados.

“Lo que se ha encarecido es el costo de vida. El 60 por ciento del sueldo de un bancario se destina a la canasta básica. Cuando los ingresos no alcanzan, las familias restringen sus gastos a lo indispensable”, explicó.

Según indicó, este escenario repercute directamente en la economía local, afectando al comercio, los servicios y la actividad en general.

También alertó sobre el creciente endeudamiento de las familias.

“La gente se endeuda para pagar alquileres, servicios o medicamentos. El trabajador termina siendo quien absorbe el costo del ajuste”, señaló.

Consultado sobre el escenario político, Carri realizó una autocrítica respecto del desempeño de su espacio.

“Como peronista, me hago cargo de que fuimos parte de un gobierno que no logró frenar la inflación. Sin embargo, creo que el gobierno actual está dejando una herencia muy compleja para la gestión que venga después”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la falta de una oposición más activa.

“Hoy no estamos funcionando como oposición y eso es un problema. Más que discutir candidaturas, deberíamos estar presentando propuestas concretas para recuperar el empleo y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Primero está la patria”, concluyó.

Por último, se refirió al cierre de la sucursal del Banco Hipotecario en Tandil, una decisión que dejó sin empleo a siete personas y generó incertidumbre entre numerosos clientes.

“Fue muy frustrante no poder sostener esos puestos laborales. Desde el sindicato logramos que los trabajadores recibieran una indemnización acorde y evitamos condiciones más desfavorables”, explicó.

Además, remarcó que la medida afecta también a los usuarios de la entidad.

“Todavía hay clientes que necesitan realizar trámites o completar pagos de créditos. La falta de respuestas genera un escenario de desprotección importante. Para una persona de 45 o 50 años, perder su empleo en este contexto es realmente muy difícil”, finalizó.

La compañía Russ SRL, reconocida por ser la fabricante de las tradicionales agendas Citanova, ingresó en su etapa de cierre definitivo tras confirmarse la presentación del proyecto para la distribución final de los fondos remanentes. El proceso, que marca el fin de una trayectoria de 80 años en el mercado editorial argentino, es supervisado por el Juzgado Comercial Número 24 de la Capital Federal, instancia ante la cual la firma solicitó su propia quiebra en mayo de 2025.

El cese total de las actividades industriales provocó la desvinculación formal de los 38 empleados que aún prestaban servicios en la planta. La crisis de la corporación comenzó a hacerse pública en 2019, momento en el que la administración inició el trámite de su concurso preventivo de acreedores, proceso que se agravó por la caída en los niveles de consumo interno.

Las autoridades a cargo de la sindicatura concretaron la venta en bloque de los activos comerciales a la firma Papiens SRL por un monto cercano a los 41 millones de pesos. Esta transacción incluyó la propiedad de la marca, insumos de encuadernación y un stock de 49 mil agendas terminadas. La Justicia optó por esta vía para priorizar el desarme integral de la estructura productiva frente a ofertas individuales.

Sin embargo, los recursos obtenidos resultaron insuficientes para cubrir las obligaciones laborales. Según el informe de cierre, la recaudación neta para el reparto se fijó en casi 28 millones de pesos, una cifra muy lejana a la deuda con los trabajadores, que supera los 106 millones. Como consecuencia, las familias de los damnificados percibirán apenas una cuarta parte de sus indemnizaciones correspondientes.

La reestructuración que atraviesa el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) comienza a mostrar consecuencias concretas en Balcarce. Según datos relevados por el periódico La Vanguardia, ya fueron aceptados 43 retiros voluntarios en la Estación Experimental Agropecuaria local, lo que representa el 18% de una planta de 239 trabajadores.

Los números preocupan porque gran parte de las desvinculaciones corresponden a personal altamente calificado que desarrolló su carrera profesional dentro del INTA y que constituye uno de los pilares de la investigación agropecuaria nacional.

De los 43 retiros aceptados, 24 corresponden a profesionales, entre ellos cinco jefes de Agencias de Extensión Rural. Los otros 19 trabajadores son técnicos vinculados a laboratorios, tareas de campo y áreas administrativas, todos de gran reconocimiento nacional e internacional.

La Estación Experimental Agropecuaria Balcarce ocupa un lugar central dentro de la estructura del INTA. No solo es uno de los principales centros de investigación agrícola y ganadera del país, sino que además integra un modelo único de articulación científica a través de la denominada Unidad Integrada Balcarce, que vincula al INTA con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A nivel nacional, el INTA cuenta actualmente con alrededor de 5.700 trabajadores bajo convenio, cerca de mil menos que al inicio de la actual gestión. Sin embargo, el Gobierno nacional busca profundizar esa reducción mediante un programa de retiros voluntarios que tiene como objetivo alcanzar unas 1.200 desvinculaciones más.

Días atrás, el director de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce, Facundo Quiroz, sostuvo que la mejor manera de defender al INTA es conocerlo, en referencia al rol estratégico que cumple el organismo en la generación de conocimiento aplicado al desarrollo productivo.

La crisis en la industria automotriz se profundiza con una nueva salida del país. La empresa estadounidense Adient, proveedora de butacas de General Motors, anunció que cerrará de forma definitiva su planta ubicada en la localidad de Pueblo Esther, en la provincia de Santa Fe, durante el mes de octubre. La decisión implica la desvinculación de 70 trabajadores y el traslado de la producción a Brasil.

Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la autopartista venía sufriendo un proceso de reestructuración desde 2019, cuando contaba con más de 200 operarios. La bajísima actividad de la terminal de General Motors en Alvear, a la cual Adient abastecía de manera exclusiva para el modelo Chevrolet Tracker, aceleró la determinación de la firma norteamericana de reconfigurar su cadena de suministro regional en un contexto de recesión.

Ante la consulta de los medios, desde la automotriz confirmaron la medida adoptada por su proveedora pero aclararon que esto no afectará su producción local:

“General Motors Argentina fue informada por Adient de su decisión de negocios de abastecer sus productos desde Brasil. Este escenario no compromete las operaciones de nuestra planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. GM reafirma su compromiso con sus clientes para desarrollar y comercializar productos innovadores y asequibles a través de una matriz productiva competitiva y sustentable”

Por su parte, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmó que la compañía se comprometió a abonar la totalidad de las indemnizaciones correspondientes, junto con un bono adicional. Asimismo, la organización gremial se encuentra trabajando para intentar reubicar a los empleados afectados en otros establecimientos fabriles, aunque reconocieron que el panorama actual de la industria es sumamente complejo.

La planta de General Motors en Alvear, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el país, atraviesa un escenario de fuerte inestabilidad. Tras discontinuar la fabricación del modelo Cruze a fines de 2023, la actividad de la fábrica se redujo a la mitad. Actualmente, la terminal produce únicamente el modelo Tracker, pero enfrenta constantes paradas técnicas debido a la falta de insumos importados y a la caída del consumo interno.

De cara a 2026, la automotriz ya anunció que implementará un esquema de actividad intermitente, paralizando la producción durante una semana por mes y abonando el 75% del salario a su plantilla de aproximadamente 600 operarios, una cifra que se redujo significativamente tras la salida de unos 800 trabajadores en los últimos dos años mediante retiros voluntarios y despidos.

Referentes de organizaciones sociales y comunitarias de Tandil expusieron un duro diagnóstico sobre la situación que atraviesan distintos barrios de la ciudad y coincidieron en advertir un escenario de creciente complejidad social, atravesado por la falta de trabajo, el deterioro de las condiciones habitacionales y el aumento de los consumos problemáticos.

Del encuentro participaron representantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), integrantes de La Poderosa y trabajadores vinculados a salud comunitaria y extensión universitaria, quienes describieron una realidad que, aseguraron, “lleva más de un año y medio profundizándose”.

Uno de los ejes centrales de la charla fue la existencia de “muchos Tandil”. Mientras una parte de la ciudad continúa mostrando crecimiento inmobiliario, expansión urbana y desarrollo comercial, otra enfrenta crecientes dificultades para acceder a derechos básicos.

“Hay un Tandil que se muestra pujante y otro que no se quiere ver”, resumieron durante el intercambio.

Enzo Pochettino, del MTE, explicó que el impacto de la paralización de la obra pública afectó directamente a sectores vinculados a la integración sociourbana y el mejoramiento habitacional. Según señalaron, la rama de construcción del movimiento pasó de contar con unos 50 trabajadores a apenas 20 en la actualidad.

“La crisis nosotros la venimos viendo desde hace tiempo. No es algo nuevo”, indicó.

También cuestionó políticas locales que, según planteó, no contemplan la realidad concreta de la economía popular. Como ejemplo, mencionó la situación de los feriantes que trabajaban en inmediaciones del Calvario y que perdieron ese espacio de venta. “Nadie pide lástima. Lo que se pide son condiciones para poder trabajar”, afirmó.

Zulema Mango, de La Poderosa, en tanto, describió el trabajo cotidiano que desarrollan en Villa Cordobita con niños, adolescentes y familias del barrio, especialmente en tareas de prevención y acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

“Allá nos calefaccionamos con las hornallas porque no tenemos leña ni gas natural”, relató al explicar las condiciones en las que funciona el centro cultural comunitario.

Actualmente, el espacio trabaja con entre 40 y 45 chicos y chicas, aunque advirtió que cada vez son menos los vecinos que logran sostener las tareas comunitarias debido a las propias urgencias económicas.

Otro de los temas que generó preocupación fue el avance de desarrollos inmobiliarios sobre sectores populares y la discusión en torno a la ley de barrios populares. Desde Villa Cordobita señalaron que el barrio “está en la mira” por el valor inmobiliario de la zona y advirtieron sobre posibles procesos de desplazamiento de familias.

“La expansión inmobiliaria no generó integración entre las distintas realidades del barrio”, remarcó Mango.

Salud mental y emocional

Por su parte, el trabajador de salud comunitaria y extensión universitaria Lucio Angeloni alertó sobre el fuerte impacto que la crisis económica tiene sobre la salud mental y emocional de las familias.

“La materialidad de la vida está cada vez más complicada. Cuesta comer y eso repercute directamente en los vínculos, en las emociones y en la posibilidad de proyectar”, sostuvo.

En relación a los consumos problemáticos, planteó que el fenómeno no puede abordarse de manera aislada, sino como consecuencia de múltiples vulneraciones previas.

“No es solamente el pibe que consume. Atrás está la falta de trabajo, la vivienda precaria, la falta de comida, el frío y la ausencia de oportunidades”, expresó.

También cuestionaron problemas históricos de planificación urbana y conectividad en barrios alejados del centro, especialmente en sectores ubicados “del otro lado de la Ruta 226”.

“La ciudad creció, pero no integró”, señalaron, al mencionar dificultades de acceso al transporte público y obstáculos cotidianos para estudiantes y trabajadores.

Escenario

Durante la charla también se abordó la relación entre las organizaciones y el Estado municipal. Si bien reconocieron algunas articulaciones en áreas de niñez, salud y asistencia alimentaria, coincidieron en que las respuestas resultan insuficientes frente al nivel de demanda actual.

En el tramo final del encuentro, la conversación derivó hacia el desgaste emocional que atraviesan quienes sostienen espacios comunitarios en los barrios.

“La paciencia ya la perdí”, reconoció una de las referentes barriales al describir el impacto cotidiano de las urgencias sociales.

Pese al escenario crítico, los participantes insistieron en la necesidad de fortalecer las redes comunitarias y sostener la organización colectiva como forma de resistencia.

“Hay que construir más comunidad. El sistema está preparado para aislarnos, pero la salida sigue siendo colectiva”, concluyeron.

Con el descenso de las temperaturas y la llegada inminente del invierno, el Municipio reforzó la difusión y aplicación del protocolo de asistencia para personas que se encuentran en situación de calle. En diálogo con El Eco, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, explicó las herramientas disponibles para la intervención estatal y la importancia del compromiso ciudadano para detectar casos de vulnerabilidad extrema en la vía pública. Señaló que si bien en hechos puntuales, registraron la llegada a Tandil de grupos familiares de otras ciudades que en ocasiones resultan en situación de calle.

La funcionaria destacó que el esquema de trabajo se mantiene activo y recientemente se incorporó tecnología para que los vecinos puedan informar ante el registro de casos de personas en situación de calle, para motivar la asistencia estatal. “El protocolo para personas en situación de calle sigue vigente, y se incorporó que desde la aplicación Centinela en Territorio, una persona pueda ver un caso de alguien que pueda estar en situación de calle, y se acude al lugar. Activando el Centinela en Territorio ellos se acercan, preguntan quién es la persona, ven en qué condiciones está, ven si tienen que llamar a la ambulancia. Lo mismo que hacemos con el 101, que sigue vigente para estas cuestiones”, señaló Teerink.

Uno de los puntos en los que más insistió la secretaria es en el carácter de la comunicación que realizan los vecinos. Remarcó que el uso de la aplicación o el llamado telefónico no debe ser interpretado como una denuncia. "Yo lo que siempre remarco que no es una denuncia, es simplemente informar que hay alguien en una situación de complejidad o expuesto a alguna situación de vulnerabilidad para que se acerquen, para que veamos quién es, en qué condiciones está, si se requiere el llamado a la ambulancia o para que se evalúe la cuestión este sanitaria", explicó. 

En caso de que no se requiera atención médica inmediata, agregó, se activa el teléfono de guardia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para verificar si existe una intervención previa con esa persona o si es necesario que un trabajador social se desplace al lugar.

En cuanto a la asistencia habitacional, el Municipio dispone de una red de contención que no se limita a estructuras propias, sino que articula con el sector privado. "La medida inmediata tiene que ver con ofrecer un lugar para para que se aloje al menos de manera a la noche para que no esté al frío. Son pensiones de la ciudad que no son del Municipio y que ofrecen espacios de alojamiento. Muchas veces hay familia y no se requiere de una pensión. Pero muchas veces también estas personas no quieren volver al entorno familiar. Hay conflictividades familiares que definen esta imposibilidad", detalló la funcionaria.

Desde Desarrollo Humano y Hábitat marcaron que el Estado municipal no posee la facultad de obligar a un ciudadano a ingresar a un dispositivo de alojamiento si este se niega. Ante dicho escenario, el protocolo prevé un análisis más profundo de la situación psicofísica del individuo para determinar los pasos a seguir.

"Lo que hacemos es evaluar la condición en términos de salud mental, por ejemplo, para ver si están en condiciones de tomar estas definiciones, estas decisiones con respecto a su autocuidado. También si consideramos que es importante la intervención del Poder Judicial para acompañar ese proceso de cuidado", precisó Juliana Teerink. El informe, precisó, se eleva a la Justicia para que actúe como garante del bienestar de la persona, siempre bajo una perspectiva de protección de derechos y cuidado integral.

La funcionaria también dio cuenta de un fenómeno que, aunque no es masivo, ha comenzado a registrarse con mayor frecuencia: la llegada de personas de otras localidades. "Ahora con el invierno estamos más atentos. Han aparecido situaciones, obviamente puntuales. Hay personas que estamos viviendo en dos o tres lugares -no son muchos los casos-, que no son de Tandil, que están en este momento instalándose en Tandil con alguna promesa laboral, a veces que no es real. A veces vienen con el grupo familiar y hay una conflictividad que hace que que no puedan estar en ese lugar. Pero son personas que han tenido ese estilo de vida en otros en otras ciudades", describió.

Ante esta realidad, dio cuenta de la postura del gobierno local en cuanto a evitar que la situación de calle se convierta en una constante estructural en la ciudad. "Nosotros en Tandil abogamos para que esto no suceda, para que esto no se no se empieza a instalar. Y ofrecemos todas las posibilidades que hay de acompañamiento para al menos en el horario de la noche puedan estar en un lugar de resguardo", afirmó la secretaria, mencionando que el apoyo puede incluir desde el pago de pensiones hasta la ayuda para alquilar un espacio o garantizar la alimentación básica.

Finalmente, Juliana Teerink reconoció que la demanda de asistencia ha crecido debido al contexto económico, aunque diferenció las situaciones de calle crónicas de las emergencias puntuales. "Sí, aumenta. Siempre son situaciones límites, por ahí no llegan a estar en situación de calle. Tratamos de detectarlas a tiempo para poder intervenir y resolver antes de que esto suceda. Ya sea por una situación de calle que se prolongue en el tiempo o porque a las tres de la mañana, un sábado, nos llaman de la comisaría que hay una persona que por una conflictiva familiar está en situación de calle", explicó.

Para la funcionaria, es fundamental discernir la naturaleza del problema para aplicar la solución correcta. En determinados casos, sostuvo, “hay que decir que eso no es una situación de calle, eso es una emergencia en términos habitacionales, pero a partir de una conflictiva familiar”. 

Concluyó indicando que “hay muchas cuestiones asociadas al consumo que generan conflictividad. Se actúa inmediatamente y al otro día tratamos de brindar alguna solución, siempre y cuando ese otro acceda, por supuesto, a la que a la propuesta que el municipio tiene para ofrecer”.

La violencia extrema en Haití se cobró la vida de al menos 1.642 personas y dejó 745 heridos durante el primer trimestre de 2026, por lo que se consolidó una crisis humanitaria y de seguridad sin precedentes.

Según un balance presentado por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), este escenario crítico es el resultado directo de los ataques perpetrados por pandillas criminales y las intensas operaciones de las fuerzas de seguridad estatales.

El informe detalló que el 69 por ciento de las víctimas fueron registradas durante acciones policiales contra las bandas armadas, un saldo que incluyó a decenas de civiles fallecidos, entre ellos niños, mientras que el 27 por ciento de las muertes fueron provocadas por las organizaciones criminales y el cuatro restante por grupos de autodefensa.

El reporte del organismo internacional también alertó sobre la implementación de nuevas tecnologías en el conflicto, ya que al menos 69 personas resultaron muertas o heridas por el uso de drones con explosivos.

Respecto a la situación en la capital, el responsable del BINUH, Carlos Ruiz Massieu, afirmó que “a pesar de los avances en materia de seguridad en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad es diaria e insostenible para un gran número de haitianos”.

Si bien el despliegue oficial logró limitar la expansión territorial de las bandas en el casco céntrico, los grupos criminales mantuvieron su dominio en diversas áreas mediante asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y la destrucción sistemática de propiedades.

La degradación social en las zonas controladas por las pandillas se manifestó también en un alarmante aumento de los crímenes de género y contra la infancia. NA

Docentes, no docentes y estudiantes de la Unicen montaron una carpa en la esquina de Pinto y Rodríguez, donde llevaron adelante clases públicas, charlas y conversatorios para continuar haciendo público el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Cabe recordar, pese a haber sido aprobada en Diputados y Senadores hace 189 días, el gobierno nacional aun no hizo efectiva la normativa.

La “Carpa por la Universidad y la Soberanía” fue montada sobre la Plaza Independencia desde la mañana del martes 28. “Milei, cumplí con la Ley de Financiamiento Universitario”, decía la pancarta principal. La actividad fue impulsada por Adunce –gremio de docentes-, Atuncpba –gremio de no docentes-, la Federación Estudiantil y ATE Conicet.

La carrera de Relaciones Internacionales organizó la charla “Desarrollo político y económico del sistema internacional”, la cual estuvo a cargo de la doctora Elizabeth López y contó con una destacada asistencia. “Hoy nos encontramos en la calle llevando adelante esta carpa por la universidad y la soberanía. Es una acción que se realiza en todo el país para seguir visibilizando que hace 189 días de que no se aplica efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario, en el marco de una semana de paro total de actividades de la docencia en las universidades nacionales”, contó Verónica Gargiulo, secretaria general de Adunce.

La fecha de la actividad coincidió además con el 32do aniversario del gremio. “Son 32 años con el mismo compromiso desde que este gremio comenzó”, expresó Gargiulo al respecto.

La carpa por la universidad y la soberanía se sumó así a la lista de manifestaciones públicas que los universitarios impulsaron en la ciudad, muchas encuadradas en otras de nivel nacional. Además de paros hubo otras instancias de clases públicas, volanteadas, semaforazos y marchas en pos de visibilizar una demanda que también varió: el ajuste al sector, el reclamo por el presupuesto para el funcionamiento, luego la aprobación de la Ley de Financiamiento y en el presente la aplicación efectiva de dicha Ley.

La jornada del martes culminó con un conversatorio en el que docentes, no docentes y estudiantes pusieron en común sus diferentes realidades, de cara a lo que será una nueva marcha federal universitaria, convocada para el próximo 12 de mayo.

Otra de las propuestas de la jornada del martes 28 fue la charla pública “La paradoja de la soberanía del conocimiento”. La misma estuvo a cargo de Javier Blanco, profesor titular en la carrera de Computación de la Universidad de Córdoba, y director de la maestría Tecnología, Política y Cultura. Blanco fue también dirigente gremial, y concurrió a la ciudad invitado por Adunce para compartir sus conocimientos pero también para abrir un debate en torno al rol de la universidad pública en un contexto de profundas transformaciones.

Previo al conversatorio, el docente dialogó con El Eco. “Perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación”, sostuvo sobre un presente marcado por dos aspectos: los avances tecnológicos que impactan en la producción de conocimiento, y el ajuste presupuestario a la universidad pública.

-Está invitado por Adunce a esta actividad que es de reclamo pero también involucra clases públicas. ¿Cuál es la propuesta de su charla sobre “La paradoja de la soberanía del conocimiento”?

-Javier Blanco: Lo que es conocimiento se ha transformado mucho. Dobre todo en este momento transformación tecnológica, por lo que hace que esa idea de soberanía haya que repensarla y redefinirla. No sigue siendo lo mismo que en otros momentos.

La soberanía del conocimiento es algo que siempre ha estado en tensión en nuestros proyectos. La producción de conocimiento en las universidades y en los espacios de investigación son coloniales, en el sentido de que están ordenadas desde afuera por editoriales, o centros de investigación grandes que marcan las líneas de investigación que después se siguen desde acá.

Termina siendo un sistema que no le sirve a nadie básicamente, excepto a los investigadores para sumar currículum. No digo que eso no tenga que existir, lo que digo es que hace falta repensar ese ecosistema de producción de conocimiento en otra clave.

-¿Incluso en este contexto donde el reclamo es más general en torno al financiamiento de la ciencia argentina y el financiamiento de las universidades?

-Son reclamos válidos en un contexto horrible, porque lo que hay es un recorte directamente, sin vueltas. Por lo que ha pasado en el Conicet y ni hablar con la parte de financiamiento de la producción de conocimiento, de ciencia y técnica, que ha sido completamente recortada. Becas, subsidios que son indispensables porque ciertas áreas necesitan insumos para investigar,

Ese recorte es una decisión política que tiene implicaciones terribles, sobre todo a mediano y largo plazo. Porque es justamente perder soberanía, una gran parte de soberanía en un momento en el cual se está transformando tanto el sistema de producción de conocimiento. Y perder el tren ahora nos va a dejar en un lugar de muy difícil recuperación.

Es un momento no solo para la resistencia y la defensa del sistema científico, sino también para pensar qué tipo de instituciones necesitamos en lo que viene. En un contexto en el que, como dijo un filósofo, la producción del conocimiento en breve va a ser mayoritariamente hecha por sistemas cognitivos no humanos. Las llamadas inteligencias artificiales producen conocimiento y esa producción va a superar en cantidad a la producción humana en breve.

on 20 años de trayectoria en el mercado, la marca de moda infantil Owoko presentó esta semana su concurso preventivo de quiebra. La medida surge tras el cierre de varias sucursales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en un intento por salvar las tiendas restantes y la continuidad de la firma.

La industria textil atraviesa uno de sus momentos más críticos en materia de recaudación, producto de la apertura a las importaciones y el incremento en los costos de insumos, logística y servicios públicos. Estos factores, sumados a la caída del consumo registrada desde 2023, provocaron que la empresa viera reducir su promedio mensual de ventas de 400.000.000 de pesos en 2024 a 250.000.000 de pesos en 2025.

El expediente judicial ya se tramita en el Juzgado Comercial número nueve por un total de 2.800 millones de pesos acumulados en deudas, según informó el sitio Infobae. La compañía opera a través de dos firmas: De Niños S.A., encargada de la comercialización de la indumentaria, y Kokoloko S.A., responsable de la producción de las prendas.

En detalle, De Niños registra 1.457 millones de pesos en obligaciones pendientes y 164 cheques rechazados por un valor de 117 millones. Por su parte, Kokoloko adeuda 1.354 millones de pesos entre compromisos comerciales, bancarios, previsionales y fiscales, con 1.400 cheques rechazados por un valor cercano a los 600 millones de pesos.

"La afectación de la capacidad de consumo del cliente objetivo ha hecho que prescinda de bienes que no resultan indispensables. Y los productos que comercializa la Sociedad, que no son otra cosa que moda, son los primeros en caer"

expresaron los abogados de la marca en el escrito presentado ante la justicia. La reestructuración forzó el cierre de locales en centros comerciales como el Abasto, Galerías Pacífico, Alto Avellaneda y Recoleta Mall. Asimismo, la firma debió reducir su personal, que en su momento de mayor expansión llegó a contar con 120 empleados.

Actualmente, la firma mantiene operativos sus locales en Belgrano, Palermo y Caballito, además de tiendas en Adrogué, Canning y Unicenter. En el interior del país, conserva franquicias en Catamarca, Misiones y Santiago del Estero, y locales propios en Tucumán, Neuquén, San Juan, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta. Desde la empresa señalaron que el stock acumulado se ha convertido en un capital inmovilizado incapaz de cumplir su función económica primordial.