En un escenario marcado por la incertidumbre económica y el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, la Municipalidad de Tandil, a través de su Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, brindó pautas sobre las estrategias de intervención, en una ciudad que por su escala todavía permite un abordaje cara a cara. Juliana Teerink, titular del área y con una trayectoria de diez años en la gestión pública, analizó las diversas aristas de una demanda que no solo crece en volumen, sino que se complejiza en sus formas.

Uno de los puntos más alarmantes del diagnóstico actual reside en la salud integral de los menores. Según explicó la funcionaria en diálogo con “La Mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el panorama de las adicciones ha mutado drásticamente en el último tiempo. “El consumo problemático crece en términos de modalidad de consumo, de sustancias y se amplió, se agrandó, la franja etarea con la que estábamos acostumbrados a trabajar”, señaló con preocupación.

Marcó que la profundidad de esta problemática se manifiesta desde el inicio mismo de la vida. En ese caso, indicó que los bebés que nacen con abstinencia por el consumo de la mamá, “ya marcan un precedente, hay un entorno que no favorece” y agregó que observan “en niños, la baja a los nueve o diez años por lo menos con una primera experimentación, una posibilidad de llegada a consumir, a ver de qué se trata”.

Para la gestión local, este fenómeno no es una percepción subjetiva, sino una realidad respaldada por las estadísticas territoriales. “Esto en Tandil lo vemos y lo tenemos como dato, y desde ahí estamos trabajando”, afirmó Juliana Teerink, quien además puntualizó que “no hablamos solo de sustancias ilegales, hablamos del alcohol que no deja de ser una sustancia tóxica”.

La secretaria alertó que “el consumo problemático no es hoy consumo y mañana soy adicto, hay una carrera adictiva”, donde la persona que empieza a experimentar va haciendo un recorrido “por eso es importante detectarlo a tiempo” antes de que lleguen a la adicción. En este sentido, la red de contención institucional se vuelve fundamental para identificar estos casos de manera precoz.

Indicó que los casos les llegan a través de la Dirección de Niñez, los servicios Local y Zonal de Protección de Derechos y de los juzgados de Familia a partir de las medidas de abrigo que se dictaminan, “pero también en las escuelas está apareciendo este dato fuerte; en los centros comunitarios; nosotros trabajamos mucho articulando con Protección Ciudadana y con todo lo que hace a la Dirección de Prevención Comunitaria con los programas AMAR que están en diferentes barrios”.

Ante la mayor demanda, la funcionaria se inclinó por “fortalecer los programas preventivos y de promoción, porque tenemos un gran desborde en esta necesidad de espacios de atención, de abordaje, cuando ya está el consumo instalado”. 

Asimismo, remarcó una falencia estructural del sistema. “En muchos casos para alojar en lo que antes se llamaban comunidades terapéuticas, hoy creo que son unidades residenciales, no hay para menores de edad, entonces eso también implica que los lugares que puedan ir acompañando esos procesos tengan personal capacitado para lo que significa el consumo problemático en un niño o en un adolescente”. 

Bajo esa premisa, subrayó que “la gente no tiene que preocuparse de quién me atiende, la red la tenemos que garantizar las instituciones”.

La crisis económica ha modificado el perfil de quienes se acercan a las dependencias municipales. Si bien la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat siempre trabajó con sectores de alta vulnerabilidad, hoy el universo de atención se ha expandido hacia la clase trabajadora. “Hace varios años que venimos recepcionando también inquietudes de personas que tienen un trabajo registrado, un subempleo registrado; personas que tienen determinada estabilidad laboral que no llegan a fin de mes”, explicó Juliana Teerink.

Estas situaciones generan un impacto emocional profundo en las familias. Según la secretaria, muchos ciudadanos se acercan afligidos, sin saber cómo plantear su situación: “Algunos con mucha angustia, que no quieren recibir nada del Estado, sino buscando un empleo, reforzar el ingreso desde el empleo con alguna contraprestación”. 

Esta realidad obliga a la Municipalidad a repensar la política pública con mayor amplitud de recursos, priorizando la efectividad de la respuesta tanto para quien no tiene nada como para aquel que, teniendo un ingreso, ha caído por debajo de la línea de la pobreza.

En términos numéricos, la asistencia alimentaria refleja este retroceso social. Tras haber logrado bajar el número de beneficiarios a fines del año pasado, la tendencia se revirtió. “Habíamos reducido bastante pero hoy ya estamos casi nuevamente pisando las 3.000 familias o destinatarios del Programa de Seguridad Alimentaria, inclusive reforzando con módulos de alimentos que eso lo habíamos tratado de desestimar y tenerlo para situaciones de emergencia”, detalló la funcionaria. Si se considera que cada grupo familiar está integrado por un promedio de cuatro personas, la asistencia alcanza a más de 12.000 tandilenses.

Con la llegada de las bajas temperaturas, las necesidades básicas se agudizan. El presupuesto municipal, proyectado a finales del año anterior, debe ahora hacer frente a un incremento en los pedidos de gas envasado, leña y ayuda para el pago de facturas de energía eléctrica. “En invierno es mucho más cruda la demanda y más inmediata también, a esto se suma algún factor climático que nos pueda atravesar, lluvias intensas, vientos, voladuras de techos, mojadura de colchones”, describió Juliana Teerink.

La cuestión habitacional se presenta como uno de los desafíos más complejos de la gestión. Actualmente, existen cerca de 600 destinatarios de ayuda para alojamiento, que incluyen desde viviendas familiares hasta pensiones y geriátricos. 

La situación de los adultos mayores es particularmente delicada, ya que muchos deben elegir entre comprar medicamentos o pagar el alquiler, lo que ha incrementado su presencia en los centros comunitarios y oficinas de asistencia.

De forma recurrente, la ciudad opera como un polo de atracción para personas de otras localidades que buscan mejorar su calidad de vida. Sin embargo, muchas de estas historias terminan en situaciones de desamparo al no contar con empleo ni vivienda previa. Recientemente, llegó hasta El Eco el caso de dos jóvenes de Mar del Plata y Santa Clara del Mar que, tras agotar sus recursos, quedaron en situación de calle.

Ante esta problemática, Juliana Teerink fue clara respecto a las prioridades presupuestarias: “La atención en la salud, en la cuestión alimentaria, eso siempre va a estar garantizado. La cuestión habitacional ya es más compleja porque nosotros tenemos un presupuesto que depende de un fondo que se nutre del aporte de los ciudadanos de Tandil y tenemos que acompañar justamente a las personas que son de la ciudad”.

La secretaria explicó que la ciudad recibe constantemente a personas solas o grupos familiares de localidades cercanas o del norte del país que llegan con expectativas de crecimiento, pero sin una red de contención. “Es importante marcar que la cuestión no es solo resolver lo habitacional sino conocer el motivo, lo que hay detrás de esta venida a la ciudad. Nos hemos encontrado con situaciones complejas, de violencia de género, niños que han sido traídos por un papá o una mamá con el desconocimiento del otro progenitor, o pacientes que han abandonado tratamientos de salud mental”, concluyó la funcionaria, reafirmando que la asignación de recursos municipales debe seguir criterios profesionales y de responsabilidad institucional.

La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) solicitó su propia quiebra ante la Justicia en las últimas horas tras más de un año en concurso preventivo de acreedores y una deuda de 120 millones de dólares.

La presentación se llevó a cabo ante el Juzgado que lleva su caso en Rafaela, al enfrentarse con la imposibilidad de cumplir con un plan de pagos que salde las deudas constatadas con más de 1.500 acreedores.

La firma láctea se encuentra en concurso preventivo desde febrero de 2025. En aquel momento, al realizar la solicitud judicial, lo planteaba como una salida a la crisis asegurando que “esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”.

Con el paso de los meses, la situación no cambió y sumado a la inexistencia de nuevas empresas interesadas en participar del negocio para propiciar una recuperación, SanCor decidió avanzar con el pedido formal de quiebra.

Al exponer la situación públicamente, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) precisó que la quiebra se da “luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la coadministradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada”.

La decisión que ahora materializa la cooperativa había sido pedida por el gremio en septiembre del año pasado, cuando los afiliados votaron elevar dicho reclamo a la Justicia, en el marco de una Asamblea Extraordinaria.

Con la quiebra solicitada, Atilra aseguró que “en términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”.

Asimismo, planteó que “esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que Sancor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores a quienes les deben ocho meses de sueldos más aguinaldos, con la asistencia material de Atilra desde el fondo solidario y la continuidad de las prestaciones de servicios de salud a los trabajadores y sus familias de parte de OSPIL, a pesar de que la empresa no le realiza los aportes”. NA

El Gobierno nacional difundió un nuevo mensaje político bajo la consigna “Estamos en camino”, en un intento por sostener la confianza en su gestión en medio de tensiones económicas y cuestionamientos judiciales.

La estrategia comunicacional se reflejó en un reciente posteo de La Libertad Avanza en la red social X, donde se publicó un video que recopila declaraciones del presidente Javier Milei durante su participación en la cumbre de AmCham.

En la pieza audiovisual, el mandatario transmite un mensaje de optimismo frente al contexto actual: “La inflación se va a derrumbar y la economía va a retomar su fuerte sendero de crecimiento previo al ataque de la política”, afirma. Además, agrega: “No hay que desesperarse, si uno se desespera toma malas decisiones. Hay que tener paciencia. Vamos a hacer lo que corresponde”.

El mensaje se da en un escenario marcado por el dato de inflación de marzo, que alcanzó el 3,4%, y en simultáneo con un escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Según se conoció en las últimas horas a partir de una investigación judicial, el funcionario realizó un viaje a Aruba junto a su esposa y sus dos hijos entre el 29 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. La causa está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita.

De acuerdo a los datos incorporados al expediente, cada pasaje en primera clase tuvo un costo de 1.450 dólares, lo que totaliza 5.800 dólares para el grupo familiar. La Justicia también relevó detalles sobre la aerolínea utilizada, el itinerario y el alojamiento contratado.

En este contexto, el oficialismo busca sostener su narrativa de rumbo económico y político, apelando a la figura presidencial y a un mensaje centrado en la paciencia y la expectativa de mejora.

La Justicia ordenó este martes embargar a Fate por cerca de $ 3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado.

El fallo fue resuelto por el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, tras el aparente vencimiento del plazo judicial para que la empresa de Javier Madanes Quintanilla acatara una sentencia previa. Así lo hizo saber el titular del gremio Sutna, Alejandro Crespo.

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre Fate por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, Fate es la única que lo produce en el país", dijo Crespo en un video grabado frente a las puertas del juzgado.

Si bien desde la empresa aseguran que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma, desde el gremio destacaron que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva. Además insistieron en que están listos para volver a sus puestos laborales.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a fines de marzo que el convenio suscripto entre FATE y el Sutna tiene vigencia hasta junio de este año, por lo que la empresa tendría que haber pagado los salarios de los trabajadores que estaban en la nómina de la planta en mayo de 2025.

La empresa, en tanto, rechazó esa postura, al señalar que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

El empresario Alberto Samid, conocido durante décadas como el “rey de la carne”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras ser una de las figuras más influyentes del sector ganadero en Argentina, el hombre de 78 años se declaró en quiebra y comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar productos y generar ingresos alternativos.

La medida judicial fue decretada en diciembre por el Juzgado Comercial N°25, luego de que fracasara el acuerdo con acreedores en el marco de un concurso preventivo iniciado en 2022. El empresario acumuló un pasivo superior a los $276 millones, principalmente por deudas con organismos fiscales como ARCA y ARBA. Este escenario marcó el punto de quiebre en su situación financiera, obligándolo a buscar nuevas fuentes de sustento.

Ante la imposibilidad de operar comercialmente de forma tradicional, Samid explicó públicamente los motivos que lo llevaron a volcarse al mundo digital. “Me jubilé y con $300.000 por mes no vivo” expresó a través de su cuenta personal. A partir de esa realidad, el histórico dirigente empezó a ofrecer canjes publicitarios e invitó directamente a marcas y emprendedores a contactarlo para difundir sus servicios.

La situación actual de Samid refleja un giro drástico respecto de su trayectoria mediática y empresarial. Durante años fue uno de los rostros más visibles del negocio cárnico, pero hoy su estrategia consiste en monetizar su exposición pública en plataformas digitales. Este fenómeno, cada vez más común entre figuras conocidas, se convirtió en su principal recurso ante las restricciones legales y financieras que enfrenta.

El proceso judicial no solo implica dificultades económicas, sino también limitaciones para operar en el mercado. La falta de acuerdo con sus acreedores y las deudas acumuladas con organismos públicos condicionan su capacidad de recuperación en el corto plazo. De este modo, el capital simbólico de su nombre y su historia se transformaron en una herramienta de supervivencia en la economía digital.

La industria textil atraviesa una crisis profunda que se manifiesta en el cierre de fábricas, despidos masivos y pedidos de concurso de acreedores por parte de marcas emblemáticas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en febrero el sector de textiles, prendas de vestir, cuero y calzado registró una caída interanual del 22,6% en su nivel de producción.

El informe del organismo nacional detalla que la fabricación de productos tuvo una baja del 33,2% interanual a febrero. En particular, la producción de tejidos y acabado de textiles lideró el retroceso con una disminución del 47%. A este panorama se suma un uso de la capacidad instalada en mínimos históricos y la destrucción de puestos de trabajo que ya supera los 20.000 desde fines de 2023.

Los actores del sector coinciden en que "la mayor competencia de productos importados" y la fuerte retracción del consumo conformaron un escenario complejo. 

En este marco, la marca argentina Ona Saez lanzó la iniciativa "Cerramos" para visibilizar a diseñadores en riesgo. Al respecto, el director de contenidos de la firma, Sebastián Guajardo, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto de las importaciones.

La crisis también afectó a la marca de indumentaria básica Dfac, que anunció el cese de sus operaciones y la liquidación de stock tras poco más de dos años de actividad. Por su parte, Lannot S.A., propietaria de Viamo, inició un concurso preventivo de acreedores tras admitir que no puede afrontar sus obligaciones por una caída de hasta un 50% en sus ventas, reduciendo su estructura a poco más de 70 empleados.

En el barrio porteño de Parque Chas, la fábrica de Cocot y Dufour cerró sus puertas, lo que significó el despido de sus últimos 140 operarios. Asimismo, la firma Ted Bodin y Fantome Group, fabricante de Kevingston, Kappa y Reebok, recurrieron a la justicia para reestructurar deudas, señalando el aumento de costos en energía e insumos y la apertura importadora como factores que afectaron su competitividad.

La empresa textil Fantome Group inició un proceso de concurso preventivo con el objetivo de reestructurar su deuda y mantener su operatividad. La firma, que fabrica indumentaria para marcas de renombre como Reebok, Cheeky, Kappa y Kevingston, argumentó ante la Justicia que esta medida representa la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada ante la fuerte caída de las ventas.

La apertura del concurso se produjo a comienzos de marzo, en medio de un frente financiero complejo que incluye 33 cheques rechazados por falta de fondos, sumando un total de 44.978.000 pesos, según los registros oficiales del Banco Central. La textil, que opera desde 2018 en el barrio porteño de Villa Devoto, pasó de tener 120 empleados en su mejor momento a contar actualmente con apenas 20 trabajadores activos.

El quiebre estructural de la compañía comenzó en 2020, cuando Kevingston reemplazó la fabricación local por importaciones. Si bien la firma logró sobrevivir gracias a un acuerdo con Distrinando S.A., licenciataria de Kappa y Reebok, ese contrato finalizó en 2025, lo que profundizó el declive. En su presentación judicial, la empresa vinculó su situación a una competencia diabólica con las importaciones y a la presencia de actores que comercializan por debajo de sus costos con el solo objeto de mantenerse en el mercado.

Además de la presión externa, la firma señaló factores internos como la suba constante de costos en insumos, energía y salarios, junto a una elevada presión tributaria y la falta de políticas contra el dumping. A mediados del año pasado, la Justicia impuso dos embargos por más de 130 millones de pesos en sus cuentas bancarias, lo que derivó en la cesación de pagos al no poder ser cubiertos.

"Una empresa pequeña no soporta ese incremento de tasas ni la exigencia de cancelar líneas de crédito en esas condiciones"

Como parte de un plan de reconversión para salir a flote, Fantome Group lanzó una marca propia y abrió un local minorista en el barrio de Belgrano. También creó una unidad de bordado y estampado que hoy constituye su principal fuente de ingresos, aunque este nuevo modelo de negocios aún no alcanza para compensar la pérdida del volumen mayorista que sostenía anteriormente.

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertaron sobre un plan de despidos que alcanzaría a 240 empleados y realizaron este martes un paro de actividades en rechazo a la medida impulsada por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Defensa.

Según indicaron, la iniciativa contempla concretar las cesantías antes del 10 de abril, lo que representaría cerca del 25% de la planta total del organismo, actualmente integrada por 972 trabajadores. La decisión impactaría tanto en la sede central como en estaciones meteorológicas de todo el país.

En la provincia de Buenos Aires, el recorte alcanzaría a unas 18 dependencias distribuidas en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, Junín, Tres Arroyos y 9 de Julio. En tanto, en la sede de la Ciudad de Buenos Aires se prevé el despido de 110 trabajadores, mientras que otros 130 corresponden a estaciones del interior.

Desde el sector denunciaron que la medida dejaría al organismo con unos 540 empleados, muy por debajo de los aproximadamente 1200 necesarios para un funcionamiento óptimo. Además, remarcaron que desde 2024 ya se viene registrando una reducción sostenida de personal producto de despidos, jubilaciones y renuncias.

“La calidad de un servicio meteorológico no depende solo de la tecnología: necesita personas, tiempo y continuidad. Ajustar en personal no mejora el pronóstico”, sostuvo la comunicadora meteorológica Cindy Fernández, quien subrayó la importancia de fortalecer los equipos de trabajo.

El SMN opera bajo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial, y la información que produce resulta clave para múltiples sectores, desde la producción agropecuaria hasta la planificación de políticas públicas frente a fenómenos climáticos.

En ese sentido, los trabajadores advirtieron que la reducción de personal no solo afectará la calidad de los pronósticos, sino que también podría incrementar riesgos en áreas sensibles como la aviación, donde cada vuelo depende de datos meteorológicos precisos para definir rutas y condiciones de aterrizaje.

Desde el gremio Asociación Trabajadores del Estado señalaron que el recorte “dejará al país sin alertas meteorológicas cuando más se necesitan” y alertaron sobre una pérdida de capacidad de respuesta ante eventos climáticos severos.

El conflicto se da en paralelo a fenómenos climáticos intensos en distintas regiones del país. Este martes, por ejemplo, fuertes precipitaciones afectaron a Mar del Plata, donde el SMN mantiene vigente una alerta naranja por tormentas.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, alertó este sábado sobre el crítico escenario social que atraviesa el país y denunció un marcado incremento en la cantidad de personas que acuden a las instituciones religiosas en busca de sustento básico.

“Se nota el incremento del número de personas que piden la ayuda, la asistencia de Cáritas”, manifestó el arzobispo en declaraciones radiales, donde vinculó la coyuntura actual con la urgencia de reforzar la empatía y los vínculos comunitarios en un contexto que calificó como "un tiempo difícil".

Durante la entrevista, el titular del Episcopado puso el foco en la delicada situación que atraviesan los grandes centros urbanos, marcando un fuerte contraste con el desarrollo de sectores específicos de la economía. Al respecto, Colombo planteó que, si bien existen áreas con indicadores de crecimiento, “en los grandes centros urbanos la situación es muy complicada”.

La UCA alerta de que la baja de la pobreza es una "ficción" que no llega al bolsillo

Esta preocupación se tradujo en un reclamo directo hacia el Estado por la interrupción de pagos destinados a las prestaciones por discapacidad, una situación que mantiene en vilo a diversas instituciones de asistencia.

El arzobispo detalló que la falta de actualización de estos fondos afecta de manera directa el sostenimiento de estructuras críticas para la sociedad. “Hace unos meses ya que no se están pagando los fondos y entonces hay como un decaimiento grande de las obras”, indicó, mencionando específicamente el caso de los cotolengos de Don Orione, que dependen de esos recursos para el pago de profesionales.

Ante este panorama, la Conferencia Episcopal envió una nota al Ministerio de Salud para exigir que se activen los mecanismos estatales necesarios, argumentando que “la empleo de esa frase marca la gravedad del emergente”.

En cuanto al debate público y la relación con el Poder Ejecutivo, Colombo instó a bajar los niveles de confrontación y mejorar las formas de comunicación en la vida política. “Nosotros hablamos de desarmar las palabras y de procurar, cualquiera sea el ciudadano, tratar de comunicarse de modo de no agraviar”, expresó, al tiempo que aclaró que los posicionamientos de la Iglesia no buscan una oposición partidaria sino el bienestar social.

Finalmente, remarcó que el objetivo institucional sigue siendo el cuidado de los más desprotegidos: “Nos importa muchísimo el lugar de la atención de la gente más vulnerable”.

El 4 de abril invita, una vez más, a mirar Tandil en perspectiva. No solo desde su historia, sino desde el horizonte que se proyecta para las próximas décadas. En ese ejercicio emerge una certeza compartida por distintos actores sociales: el desarrollo económico, por sí solo, no alcanza. El verdadero desafío reside en sostener una comunidad integrada, solidaria y con oportunidades para todos.

De cara al 2050, Tandil se perfila como una ciudad en expansión, con un fuerte desarrollo tecnológico, un crecimiento inmobiliario sostenido y una consolidación como polo regional. Sin embargo, esa misma proyección convive con tensiones que obligan a repensar el modelo de ciudad.

Las voces del Banco de Alimentos y de Mesa Solidaria permiten asomarse a ese futuro posible, anclado en una historia donde la solidaridad no fue un recurso ocasional, sino una construcción colectiva.

El entramado social de Tandil tiene raíces profundas en momentos de crisis. Lejos de fragmentarse, la comunidad encontró en esas situaciones un punto de partida para organizarse.

El Banco de Alimentos comenzó a gestarse en 2001, en medio de una profunda convulsión económica y social. “Recordábamos esa primera etapa de cuando arrancó el banco, se empezó a organizar en el año 2001”, repasó su director ejecutivo, Mario Bañiles, al reconstruir aquellos inicios, marcados por la devaluación y el trueque.

Impulsado por el Padre Raúl Troncoso, el proyecto surgió como una respuesta concreta a una realidad que ya existía, pero que la crisis puso al descubierto. “Eso dio visibilidad a una problemática que ya existía”, explicó Bañiles, y detalló que el objetivo fue “encontrar como una herramienta, un canal, un puente” para vincular el excedente de alimentos con quienes lo necesitaban.

El modelo, inspirado en experiencias internacionales, permitió estructurar una red que, con el tiempo, se profesionalizó y consolidó. Hoy, el Banco de Alimentos no solo distribuye recursos, sino que articula voluntades en toda la comunidad.

En paralelo, Mesa Solidaria nació en 2008, también en un contexto de incertidumbre económica. Claudia Caballero recordó que su origen estuvo vinculado a la necesidad de anticiparse a una posible crisis: “Era un grupo de gente que nos juntábamos alrededor de una mesa y planteábamos distintas necesidades y cómo podíamos entre nosotros dar respuesta”.

Ambas experiencias comparten un mismo ADN: frente a la incertidumbre, Tandil responde fortaleciendo sus vínculos.

La Tandil que se proyecta hacia el 2050 es, en muchos aspectos, una ciudad pujante. El crecimiento urbano, la llegada de nuevos habitantes y el desarrollo de sectores como el tecnológico la posicionan como una de las ciudades intermedias más dinámicas del país.

Sin embargo, ese crecimiento no elimina las desigualdades. La demanda de asistencia alimentaria y social continúa presente.

La demanda de asistencia alimentaria y social continúa presente

“Se dice que Tandil es una isla, pero estamos dentro de un país que es Argentina”, advirtió Bañiles, al contextualizar la realidad local. En esa línea, remarcó que los problemas estructurales del país impactan también en la ciudad.

Remigio Iglesias, presidente del Banco de Alimentos, aportó otra mirada sobre el rol de la institución en este escenario: “El Banco de Alimentos es un lugar adonde se llega y se vuelve… tiene seriedad y transparencia”.

Esa confianza construida a lo largo de más de dos décadas explica, en parte, la capacidad de sostener la red solidaria. El desafío hacia el futuro es evitar que la brecha entre crecimiento y vulnerabilidad se amplíe. En ese sentido, las organizaciones sociales cumplen un rol clave.

“El alimento es un canal”, explicó Bañiles, al detallar que su trabajo no se limita a la asistencia directa, sino que busca fortalecer instituciones educativas, deportivas y sociales. Este entramado es el que sostiene, en definitiva, la calidad de vida de la comunidad.

Uno de los cambios más profundos que se proyectan para las próximas décadas tiene que ver con la demografía. El descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población ya son fenómenos visibles.

Iglesias lo expresó con preocupación: “Hay lugares donde ya no hay niños, veo mucha más comida para los perros y mucha menos comida para nuestros hermanos”.

Más allá del carácter provocador de la frase, el planteo apunta a una transformación social de fondo. La ausencia de niños aparece como un dato que obligará a repensar las políticas públicas y el trabajo comunitario.

En ese escenario, la asistencia tenderá a orientarse cada vez más hacia los adultos mayores. “Vamos a ser más adultos y adultos mayores que niños y adolescentes”, anticipó Iglesias.

La asistencia tenderá a orientarse cada vez más hacia los adultos mayores

Mesa Solidaria ya comenzó a trabajar en esa línea, impulsando congresos y espacios de formación en gerontología. La Tandil del 2050 deberá adaptarse a esta nueva realidad, con infraestructura y redes de contención acordes a una población más envejecida.

El modelo de intervención social también está en transformación. La lógica del asistencialismo puro, centrada en la entrega de recursos, va dejando paso a estrategias orientadas a la promoción y el desarrollo de capacidades.

Caballero lo explicó con claridad: “Antes el asistencialismo era ir y dejar el bolsón de ropa o de comida en su momento estuvo bien, pero ahora está mejor”. La mirada actual apunta a romper los ciclos de vulnerabilidad. “Hay que sacar o apuntalar esa familia para que la historia no se vuelva a repetir en la otra generación”, sostuvo.

En ese marco, el Jardín Maternal 2 aparece como un ejemplo concreto de este cambio de enfoque. El proyecto, impulsado por organizaciones sociales con acompañamiento estatal, permitió generar oportunidades a madres jóvenes.

“Queríamos ayudarlas a reinsertarse, a completar su escolaridad o conseguir trabajo”, recordó Caballero sobre los orígenes de la iniciativa, que hoy funciona como una institución consolidada. La experiencia marca el camino hacia el futuro: la articulación entre el Estado, el sector privado y las organizaciones es clave para generar oportunidades reales.

El crecimiento y la profesionalización de las organizaciones sociales es otro de los rasgos que definirán el Tandil del futuro. Mesa Solidaria pasó de ser un espacio de articulación informal a constituirse como una federación, con personería jurídica y con capacidad de planificación. “Hoy podemos planificar acuerdos, establecer vínculos, y  que existan empresas que te acompañen”, explicó Caballero.

Actualmente, la red vincula a más de 50 organizaciones, lo que da cuenta de su alcance y del impacto en la comunidad. De cara al 2050, el objetivo es profundizar en ese rol. Caballero fue clara al plantear su aspiración: “El trabajo del tercer sector debería estar participando de lo que tiene que ver con la agenda política y social de una ciudad”.

Esa participación, aclaró, no debe darse en la confrontación, sino en la construcción colectiva. “Nada se hace por la fuerza, la sinergia tiene que ser otra”, sostuvo.

Más allá de las estructuras, hay un elemento que aparece como central en la identidad de Tandil: la cultura solidaria. Para muchos, el trabajo en organizaciones es también una forma de ejercer la democracia. “Es otra forma de hacer democracia, una manera de involucrarse y participar en la comunidad”, señaló Bañiles.

Ese compromiso se traduce en acciones concretas, muchas veces invisibles. Caballero lo sintetizó con una reflexión que combina experiencia y convicción: “La mayoría de las cosas que hacemos en Mesa Solidaria no hay plata de por medio… se hace sobre la base de conexiones”.

Ese entramado de vínculos, confianza y cooperación es el que permite dar respuestas rápidas en momentos críticos. Así ocurrió durante la pandemia, periodo en el que —según destacó— hubo organizaciones que “no solo llevaban mercadería, sino que prestaban el oído, llamaban por teléfono, escuchaban”.

El trabajo en organizaciones es también una forma de ejercer la democracia

La solidaridad, en este sentido, no es solo una práctica, sino también una forma de entender la vida en comunidad. “Creemos que no solo hacemos el bien, sino que nos hacemos bien a nosotros”, afirmó Caballero, en una definición que describe el espíritu de quienes sostienen estas redes.

El futuro de Tandil se construye sobre una base sólida, pero no exenta de desafíos. La ciudad deberá encontrar un equilibrio entre crecimiento económico e inclusión social.

La articulación entre el Estado, el sector productivo, la universidad y las organizaciones sociales es la clave para lograrlo. “Si nos salvamos, nos salvamos todos juntos”, resumió Caballero, en una frase que sintetiza la lógica que atraviesa el entramado solidario local.

De cara al 2050, la visión es clara: Tandil puede convertirse en un modelo de ciudad intermedia, no solo por su desarrollo, sino por su capacidad de sostener una comunidad integrada. El desafío es, entonces, profundizar ese camino. Porque, como lo demuestra su propia historia, en Tandil el futuro no se construye en soledad. Se construye en red.

Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima. De concretarse, se trataría del paso decisivo para que Danone y Arcor se queden con el 100% del negocio lácteo.

La operación -que sería anunciada en los próximos días, aunque las distintas empresas involucradas no confirmaron la noticia- pone fin a una negociación que estuvo al borde de la judicialización por la enorme distancia entre las pretensiones de las partes. Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los US$250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los US$40 millones, lo que había dejado el proceso empantanado durante meses.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.

Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el principal obstáculo sería el precio. La brecha en la valuación era “enorme” y amenazaba con llevar el conflicto a tribunales en la Argentina y España, ya que el contrato entre las partes está bajo jurisdicción española.

En ese contexto, fuentes cercanas a la operación coincidían en un punto: ninguna de las partes quería judicializar el proceso, lo que dejaba abierta la puerta a una negociación final.

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico claro. Tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas.

Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca. Por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.

La integración total permitiría avanzar hacia lo que internamente las compañías denominan una “La Serenísima unida”: una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

De confirmarse el acuerdo, la operación marcará el cierre de un ciclo para la familia Mastellone, que durante décadas lideró la principal empresa láctea del país, fundada en 1929 y convertida en un símbolo del consumo masivo argentino.

Al mismo tiempo, abrirá una nueva etapa bajo el control total de jugadores globales, con el tándem Danone/Arcor como actor central en el negocio lácteo local.

Explicó que “esta decisión responde a la necesidad de adaptar nuestro modelo operativo para asegurar la sustentabilidad del negocio en el actual contexto económico”.

La producción será transferida a otras plantas del grupo y, a partir de ahora, en Santo Tomé se concentrará la actividad comercial.

La firma aclaró que las operaciones de distribución, ventas y servicio continuarán funcionando con normalidad desde Santo Tomé.

El objetivo será garantizar el abastecimiento de herramientas, soluciones de almacenamiento, accesorios y servicios de postventa en todo el territorio argentino.

Agregó que la medida afectará a aproximadamente 40 empleados, que ya fueron desvinculados.

La empresa aseguró que cumplirá con todas las obligaciones legales correspondientes y llevará adelante este proceso con el máximo respeto por sus colaboradores.

A nivel mundial, hoy tiene diez plantas, ocho centros de distribución y 37 oficinas de ventas.

Ofrece un catálogo de más de 24 mil productos con 400 patentes registradas, con más de 20 mil distribuidores.

Emplea a 12.800 trabajadores en 130 países, con 820,5 millones de dólares de ganancias netas y 4.250 millones de ventas netas. NA

El ministro de Economía, Luis Caputo, reflexionó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que dio a conocer el Indec este jueves y aseguró que las medidas económicas que impulsa el Gobierno llevarán a que se retome la senda de la “desinflación” en los próximos meses.

En una entrevista en Todos Noticias (TN), el ministro subrayó que el “ataque” que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado impactó de lleno en tres variables determinantes del rumbo económico.

“El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente (Javier) Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”, sostuvo Caputo.

No obstante, precisó que el Gobierno continúa trabajando para volver al camino del descenso del IPC. “La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso, al final, termina en una inflación más baja”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que el porcentaje del IPC llegue al 1% en agosto, tal como anticipó meses tras Javier Milei, Caputo expresó: “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque no es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”.

En tanto, optimista sobre su gestión, el ministro enumeró: “Tenemos un shock externo realmente brutal y el Banco Central no ha dejado de comprar dólares ninguno de estos días. El riesgo país está estable; la Bolsa, lo mismo. Entonces, el mejor escudo, la mejor política económica que se puede hacer es tener la macroeconomía estabilizada”.

El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”, se informó en un comunicado.

Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

En las últimas horas se supo que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, el presidente Javier Milei volvió a cargar desde Nueva York, donde se realiza el Argentina Week, contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa. La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro en el fallo fechado el pasado 4 de marzo pero conocido este jueves.

D’Alessandro argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, y el control pasará a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia. El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

Los locales ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro fueron clausurados y se ordenó, además, su inspección. No solo Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanzará a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias.

El caso de Garbarino se suma a una lista de compañías que poseen conflictos o declararon el cese definitivo de sus actividades.

Uno de los casos más recientes es el de Fate, que cerró su planta tras haber funcionado por más de 80 años. El Gobierno no logró llegar a un acuerdo entre la empresa y el sindicato. El plazo de la conciliación obligatoria vence el próximo 11 de marzo.

Trabajadores, vecinos de barrios populares, organizaciones sociales y gremiales, instituciones académicas y cooperativas de Tandil difundieron un comunicado público  y realizaron esta mañana una conferencia de prensa en el que manifestaron su “profunda preocupación” y su rechazo ante el cierre y vaciamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) a nivel nacional.

Señalaron que la situación “no es nueva” y recordaron que en mayo del año pasado utilizaron la Banca XXI para alertar al Municipio y a la comunidad sobre el impacto local de una decisión de alcance nacional.

Según indicaron, la política de integración socio urbana surgió a partir del relevamiento nacional de barrios populares (RENABAP) impulsado en 2016 por organizaciones sociales, la Iglesia y vecinos, y luego se consolidó con la sanción unánime de la Ley 27.453 en 2018, ratificada en 2022. Aseguraron que entre 2019 y 2023 más de 772.000 personas fueron alcanzadas por los programas y obras implementadas por la SISU, con auditorías de organismos como la SIGEN, el BID, la UCA y CIPPEC.

En el plano local, detallaron que la política permitió realizar más de 800 conexiones intradomiciliarias de servicios en barrios como La Unión, Villa Gaucho, Movediza 1 y 2 y Villa Laza. Entre ellas, mencionaron 407 conexiones de agua potable, 300 instalaciones de electricidad segura, 151 conexiones cloacales y más de 4.100 metros de veredas, además de arbolado y espacios recreativos.

También destacaron que 400 mujeres tandilenses accedieron al programa Mi Pieza para mejorar sus viviendas y que las obras generaron trabajo para más de 80 cooperativistas locales, con un ingreso estimado en más de 600 millones de pesos para la ciudad durante ese período.

En el comunicado subrayaron que “la integración socio urbana funciona” y remarcaron que la Ley 27.453 “sigue plenamente vigente”. En ese sentido, afirmaron que el acceso al agua potable, cloacas, electricidad segura y un hábitat digno “no es un favor ni una concesión política: es un derecho reconocido por ley”.

Asimismo, advirtieron que la dotación de personal de la Secretaría se redujo de 585 trabajadores en 2023 a 290 en diciembre de 2025, afectando equipos técnicos y profesionales especializados.

Indicaron además que en Tandil aún hay más de 2.000 familias registradas en 11 barrios populares donde el 75% no accede a la red formal de agua, el 73% no tiene cloacas y casi el 100% carece de gas natural. Según expresaron, las obras en curso o ya comprometidas fueron paralizadas por el Gobierno nacional.

Entre los puntos exigidos, solicitaron al Gobierno nacional el cumplimiento efectivo de la Ley 27.453, la ejecución de los recursos ya recaudados, la restitución del FISU o la garantía de financiamiento por otras vías, además de la reincorporación de trabajadores despedidos.

También pidieron la reactivación de las obras paralizadas en la ciudad y el compromiso activo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de Tandil, que aprobó por mayoría en el Concejo Deliberante el pedido de restitución del FISU.

“El acceso a derechos básicos no puede depender de decisiones políticas coyunturales”, sostuvieron, y concluyeron que “la integración socio-urbana no es un gasto, es una inversión en desarrollo, trabajo y futuro”.

El frigorífico Anselmo de la localidad de Tres Arroyos, con más de 90 años de historia en la industria cárnica bonaerense, retomó este lunes las tareas de faena, mientras que está prevista la apertura de la carnicería y una sucursal para esta semana.

Así lo informó el diario La Voz del Pueblo, la empresa retomó sus actividades suspendidas en septiembre de 2025, en medio de una fuerte crisis. Con una dotación de personal reincorporada empezaron los trabajos para abastecimiento propio.

El gerenciamiento está a cargo de la firma Fiduc S.A., luego de obtener el aval del juez Fermando Elizalde, quien brindó una respuesta favorable a un pedido del síndico Gustavo Benedetti.

El reinicio de la faena se produce cinco meses después de que la anterior administración presentara el pedido de quiebra, por lo cual 76 trabajadores perdieron por entonces su empleo. Con el gerenciamiento, se reincorporaron unos 70 operarios.

“Ayer nos hicieron un depósito de 20 mil pesos, es una burla. Queremos que alguien nos dé respuestas serias. Todos tenemos familias”, señaló uno de los operarios en declaraciones televisivas.

Y es que el viernes pasado, trabajadores de la empresa láctea junto a sus familiares y vecinos, realizaron una movilización hacia la sede de la compañía ubicada en Lehmann, provincia de Santa Fe. La situación de crisis en Lácteos Verónica alcanza a sus tres plantas de producción ubicadas en Suardi y Clason, junto a la de Lehmann misma.

“Hoy no entra leche, no hay insumos y estamos paralizados. Los productos se vendían muy bien, eran de muy buena calidad, tenían años de trayectoria y prácticamente se vendían solos. Pero hoy ya no aparecen en góndolas”, indicaron desde la compañía.

La empresa acumula meses de deuda salarial, sumado a un parate en la línea de producción debido a la falta de insumos y materia prima. Estos componentes ponen en riesgo alrededor de 700 puestos de trabajo.

Los propios trabajadores comentan que no recibieron sus sueldos correspondientes a diciembre y enero, mientras que solamente les depositaron la mitad del aguinaldo y 37 mil pesos en dos pagos.

También entra en juego la posible venta de la compañía, lo que consideran como “la única salvación para sostener la fuente de trabajo”. Si bien la empresa no formalizó su cierre definitivo, puertas adentro las plantas quedaron vacías, sin actividad y hasta el transporte que llevaba al personal de la láctea dejó de funcionar.

El gremio de Atilra (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina) había mencionado la existencia de ciertos compradores, aunque todavía no se concretó ninguna operación que confirme la venta.

En julio del año anterior, la empresa presentó ante la Secretaría de Trabajo de la Nación su propuesta de reestructuración en el marco de un procedimiento preventivo de crisis contemplado en la ley 24.013

Según los últimos datos más recientes de la empresa, Verónica pasó de procesar 800 mil litros diarios a solo 300 mil, lo que generó una elevada capacidad ociosa que impactó en sus finanzas y la obligó a vender su inmueble central.

Meses atrás, la firma láctea argumentó que la crisis que atraviesa está directamente vinculada con la caída de la producción láctea nacional (siete por ciento en 2024), el descenso del consumo interno (9,7 por ciento el año pasado), el aumento sostenido de costos por el contexto inflacionario, la escasa competitividad de la cadena de valor y la fuerte concentración del mercado. NA