El Departamento Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 2109/2026, mediante el cual introdujo una serie de modificaciones a la reglamentación del régimen de Cocinas Domiciliarias (CODO), vigente desde 2021, con el objetivo de optimizar su funcionamiento, precisar procedimientos administrativos y adecuar la normativa a la experiencia recogida durante más de cuatro años de implementación.

La medida modificó distintos artículos del Decreto Nº 4152/2021, reglamentario de la Ordenanza Nº 17.060, que regula la elaboración y comercialización de alimentos caseros en domicilios particulares dentro del partido de Tandil.

En los fundamentos, el Ejecutivo sostuvo que el crecimiento de los emprendimientos familiares vinculados a la producción de alimentos, impulsado tanto por la necesidad de generar ingresos como por nuevas modalidades de comercialización, hizo necesario actualizar la normativa para acompañar esos procesos sin descuidar los controles sanitarios.

El decreto señaló que muchas familias encontraron en la elaboración de alimentos una alternativa concreta de autoempleo frente a la inestabilidad laboral y la caída de los ingresos, por lo que consideró que el Estado municipal debe ofrecer herramientas que faciliten la formalización de esos emprendimientos y promuevan el desarrollo productivo local.

Dos autoridades con funciones diferenciadas

Uno de los principales cambios estableció con mayor precisión las responsabilidades de las áreas municipales involucradas.

La Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación quedó formalmente designada como autoridad de aplicación en todo lo referido al registro, acompañamiento, promoción y evaluación socio-productiva de los emprendimientos.

En tanto, la Dirección de Bromatología y Zoonosis mantendrá la responsabilidad técnica sobre las evaluaciones sanitarias, inspecciones, controles, habilitaciones y seguimiento de las condiciones de elaboración, conforme al Código Alimentario Argentino y la normativa vigente.

Nuevo procedimiento para obtener la habilitación

La reglamentación también reorganizó el trámite que deberán realizar quienes quieran incorporarse al régimen CODO.

Los interesados deberán iniciar el expediente en la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación, donde serán registrados como emprendedores y participarán de una entrevista inicial destinada a relevar información sobre la actividad, el tipo de productos que elaborarán, la escala de producción y la modalidad de comercialización.

Solo una vez superada esa instancia serán derivados a Bromatología para solicitar la primera inspección del domicilio.

El decreto aclaró expresamente que la inscripción inicial y la entrevista no habilitan a elaborar ni vender alimentos. La autorización recién se otorgará después de que Bromatología verifique las condiciones higiénico-sanitarias del lugar y emita el permiso municipal correspondiente.

Asimismo, se estableció un procedimiento para corregir observaciones o documentación faltante antes de realizar la inspección definitiva y se previó la posibilidad de otorgar plazos para realizar adecuaciones edilicias o sanitarias cuando sean necesarias.

Más productos autorizados

Otro de los cambios más relevantes fue la actualización del listado de alimentos que podrán producirse bajo el régimen de Cocinas Domiciliarias.

Entre los productos habilitados se encuentran:

* dulces, mermeladas, jaleas y almíbares;

* chocolates, bombones de fruta, turrones y garrapiñadas;

* panificados, galletitas, bizcochos, alfajores, tortas fritas, buñuelos y churros;

* encurtidos, chutney y chimichurri;

* barras de cereal;

* frutas y verduras deshidratadas;

* fraccionamiento de frutos secos, cereales, legumbres y condimentos (con excepción del pimentón);

* pastas frescas no rellenas;

* tapas para empanadas y tartas;

* panqueques y prepizzas;

* aderezos;

* medallones veganos y milanesas de soja sin relleno;

* pasta de maní;

* té y blends;

* ensaladas de frutas, ensaladas de verduras frescas y sopas, siempre que la autoridad bromatológica considere que reúnen las condiciones sanitarias correspondientes.

En cambio, continuaron excluidos del régimen la elaboración de bebidas alcohólicas, licores, empanadas y cualquier otra preparación rellena que no resulte compatible con las condiciones previstas para las cocinas domiciliarias.

Además, la Dirección de Bromatología conservará la facultad de rechazar productos cuya elaboración considere incompatible con este tipo de habilitación.

Beneficios para nuevos emprendedores

La modificación también incorporó un incentivo económico para quienes ingresen por primera vez al régimen.

Los nuevos emprendimientos estarán exentos, por única vez, del pago de hasta cinco análisis bromatológicos correspondientes a los primeros productos que presenten para evaluación.

La exención será únicamente para la incorporación inicial. A partir de nuevos productos, renovaciones o análisis adicionales, los costos deberán abonarse de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente.

Formalización e inclusión productiva

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo remarcó que las Cocinas Domiciliarias constituyen una herramienta de inclusión productiva y una instancia de transición hacia mayores niveles de formalización para pequeños emprendedores.

También destacó que el régimen no reemplaza a las salas comunitarias de elaboración de alimentos ni a los establecimientos bromatológicamente habilitados, sino que complementa el esquema municipal de promoción de la producción local, diferenciando las distintas escalas de elaboración.

La norma lleva las firmas del secretario de Desarrollo Productivo e Innovación, Diego Gabriel Martín; de la presidenta del Sistema Integrado de Salud Pública, Cecilia Martens; y del intendente Miguel Lunghi.

La cooperativa láctea SanCor, que a mediados de abril solicitó su propia quiebra, cuenta ya con un precio oficial para la venta de sus activos. La Justicia santafesina, que interviene en el caso, estableció una base total de 52,1 millones de dólares para la licitación pública de seis plantas industriales y el paquete de marcas de la firma.

El proceso judicial se formalizó semanas después de que el juez Marcelo Gelcich declarara la quiebra de la empresa, luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en febrero del año pasado. La compañía arrastraba años de crisis productivas y una deuda acumulada superior a los 120 millones de dólares.

La licitación se encuentra dividida en siete lotes. Los primeros seis corresponden a las plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, mientras que el séptimo lote agrupa los activos intangibles, entre los que se destaca la marca SanCor y submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores. Las instalaciones fueron valuadas en 27,4 millones de dólares, mientras que el paquete marcario alcanza los 24,7 millones de dólares.

La planta de Devoto encabeza las tasaciones individuales con 7 millones de dólares, seguida por la de Gálvez con 5,5 millones de dólares. Las instalaciones de La Carlota y Balnearia fueron valuadas en 5 millones de dólares cada una, la de San Guillermo en 2,5 millones de dólares y la de Sunchales, afectada por un incendio, en 2,4 millones de dólares.

Los interesados deberán adquirir un pliego de 10.000 dólares y presentar una garantía del 10 por ciento de la oferta realizada. Según se informó, el juzgado no solo evaluará el monto ofrecido, sino también los antecedentes de los oferentes y sus proyectos de continuidad operativa y laboral.

Entre los interesados mencionados por el gremio Atilra figuran empresas como Savencia, Adecoagro, Punta del Agua, Elcor y La Tarantela. Asimismo, el empresario Gustavo Scaglione, dueño de Telefe y otros medios, manifestó la posibilidad de presentar una propuesta integral. Fuentes cercanas al proceso señalaron que la expectativa principal es que el comprador adquiera la totalidad del negocio.

La compañía Russ SRL, reconocida por ser la fabricante de las tradicionales agendas Citanova, ingresó en su etapa de cierre definitivo tras confirmarse la presentación del proyecto para la distribución final de los fondos remanentes. El proceso, que marca el fin de una trayectoria de 80 años en el mercado editorial argentino, es supervisado por el Juzgado Comercial Número 24 de la Capital Federal, instancia ante la cual la firma solicitó su propia quiebra en mayo de 2025.

El cese total de las actividades industriales provocó la desvinculación formal de los 38 empleados que aún prestaban servicios en la planta. La crisis de la corporación comenzó a hacerse pública en 2019, momento en el que la administración inició el trámite de su concurso preventivo de acreedores, proceso que se agravó por la caída en los niveles de consumo interno.

Las autoridades a cargo de la sindicatura concretaron la venta en bloque de los activos comerciales a la firma Papiens SRL por un monto cercano a los 41 millones de pesos. Esta transacción incluyó la propiedad de la marca, insumos de encuadernación y un stock de 49 mil agendas terminadas. La Justicia optó por esta vía para priorizar el desarme integral de la estructura productiva frente a ofertas individuales.

Sin embargo, los recursos obtenidos resultaron insuficientes para cubrir las obligaciones laborales. Según el informe de cierre, la recaudación neta para el reparto se fijó en casi 28 millones de pesos, una cifra muy lejana a la deuda con los trabajadores, que supera los 106 millones. Como consecuencia, las familias de los damnificados percibirán apenas una cuarta parte de sus indemnizaciones correspondientes.

El jefe comunal de Tandil participó de una emisión especial del ciclo radial para celebrar los 500 programas al aire, oportunidad que aprovechó para compartir una mirada reflexiva y por momentos crítica sobre la actualidad del país. Lunghi se mostró preocupado por la desacreditación de la clase política y la profundización de la brecha que separa a los dirigentes de las necesidades de la sociedad.

Para el mandatario tandilense, la democracia argentina atraviesa un momento de caída, evidenciado por la baja participación electoral y el surgimiento de figuras que capitalizan el hartazgo social. Durante la charla, sostuvo que el país no logrará salir adelante si no existe un acuerdo de unidad nacional que trascienda las ideologías partidarias. “El que grita no convence”, enfatizó al referirse al estilo confrontativo que predomina en la escena nacional, asegurando que es necesario sentarse a dialogar y respetar las instituciones para generar previsibilidad en la población.

En su análisis de la coyuntura, Lunghi recordó una anécdota personal de su juventud cuando visitó al expresidente Arturo Illia en Martínez, poco después de haber sido derrocado. El intendente destacó una frase que marcó su carrera política: “Cuando un presidente habla todos los días, el país anda muy mal”. Bajo esa premisa, cuestionó la actual dinámica de comunicación gubernamental, señalando que el uso intensivo de las redes sociales y la exposición constante restan tiempo a la tarea fundamental de gobernar con planificación.

Lunghi también se refirió a la actual gestión nacional y al modelo económico propuesto, señalando que, si bien es necesario alcanzar el déficit cero, el ajuste no debe recaer exclusivamente sobre los sectores productivos y la educación. Defendió la auditoría de las universidades, asegurando que la transparencia es fundamental y está contemplada en la ley, pero advirtió que el desfinanciamiento de instituciones como la Unicen pone en riesgo el futuro del conocimiento y el desarrollo tecnológico que tanto beneficia a ciudades como Tandil.

Finalmente, remarcó la necesidad de contar con estructuras partidarias fuertes y programas de gobierno claros. Según su visión, el éxito electoral de opciones externas a la política tradicional es una respuesta al fracaso de los partidos tradicionales en ofrecer soluciones concretas.

Sin embargo, advirtió que gobernar sin equipos consolidados y sin diálogo legislativo conduce a una parálisis que afecta directamente a los municipios, que son el primer mostrador de atención a las demandas sociales.

Uno de los puntos más firmes del discurso de Lunghi fue el reclamo por una verdadera autonomía municipal. El intendente utilizó ejemplos técnicos para ilustrar cómo el sistema actual perjudica a las administraciones locales, mencionando que la Ley Orgánica de las Municipalidades es obsoleta. Explicó que Tandil, con sus 160 mil habitantes, tiene los mismos límites para compras directas que una localidad de diez mil habitantes, lo que ralentiza la gestión y encarece los procesos administrativos en un contexto inflacionario.

El mandatario comparó la situación de la provincia de Buenos Aires con Córdoba y con países limítrofes como Uruguay y Paraguay. Señaló que en esos lugares los municipios o departamentos tienen la capacidad de gestionar créditos internacionales de forma directa para obras de infraestructura, sin tener que pasar por el "embudo" de la Cancillería, el Ministerio del Interior y los ministerios de Economía nacional y provincial. Esta dependencia política y administrativa impide, según Lunghi, que Tandil acceda a financiamiento para proyectos vitales.

En este sentido, reveló las gestiones iniciadas ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe  para obtener diez millones de dólares destinados a una planta de tratamiento de residuos.

"Nadie nos da audiencia en la Nación", se quejó, explicando que el proyecto del biodigestor, que obtuvo el primer premio en Cammesa, se encuentra frenado por la falta de avales y la burocracia centralista. Para el Intendente, los municipios deberían ser controlados por tribunales de cuentas locales elegidos por la gente, garantizando una supervisión más cercana y efectiva.

La falta de respuestas por parte del Gobierno nacional y provincial obliga a la Municipalidad de Tandil a financiar con recursos propios obras que originalmente tenían convenios externos. Lunghi detalló que el Municipio termina "bancando" los certificados de obra para que las empresas no se retiren, a la espera de un reembolso de la Provincia que muchas veces llega tarde y licuado por la inflación. Esta situación, afirmó, es insostenible a largo plazo y requiere una reforma profunda que devuelva poder de decisión a los distritos.

Tandil ha registrado un crecimiento exponencial del 20 por ciento en los últimos diez años, lo que representa un desafío constante para la prestación de servicios básicos. Lunghi reconoció que este desarrollo genera tensiones en la infraestructura urbana, especialmente en lo que respecta a la red de agua y cloacas.

El jefe comunal explicó que, aunque se están realizando inversiones, la demanda habitacional y el dinamismo de la ciudad muchas veces superan la capacidad de respuesta inmediata del Estado municipal.

En relación a las inundaciones que han afectado a ciertos sectores tras lluvias intensas, el Intendente fue didáctico al explicar el funcionamiento hidráulico de la ciudad. Sostuvo que el Dique del Fuerte no es una represa de retención de agua, sino que su nivel debe ser controlado para permitir el desagote. Afirmó que Tandil necesita un tercer dique de contención en la zona de la Curva de Marchini para regular el ingreso de agua al entubamiento de la calle Saavedra, una obra de gran envergadura que debería ser financiada por la Provincia o la Nación.

A pesar de las críticas de algunos sectores, el mandatario defendió la gestión de los desagües pluviales y las obras de infraestructura que se proyectan, como la inversión de 2.700 millones de pesos para mejorar el drenaje en los barrios Arco Iris, San Juan y Tucumán.

Lunghi destacó que la geografía serrana de Tandil hace que el agua baje con mucha velocidad, y que la única solución técnica definitiva es la creación de retardadores o nuevos diques secos que frenen el caudal antes de que ingrese a la zona urbana densamente poblada.

La construcción en las zonas serranas es un tema de constante debate en la opinión pública local. Lunghi recordó que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), sancionado en el 2007, fue una herramienta pionera para regular el uso del suelo y proteger el patrimonio natural. Sin embargo, aclaró que la mayoría de las tierras en las sierras son de propiedad privada y que el Estado no puede impedir el derecho a construir si se respetan los indicadores urbanísticos establecidos en la normativa vigente.

No obstante, Lunghi admitió que el PDT debe ser revisado y actualizado tras 20 años de vigencia, ya que la ciudad se ha transformado radicalmente. Esta reforma, adelantó, se realizará con la participación de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros y agrónomos, buscando un consenso que permita un crecimiento ordenado hacia el norte de la Ruta 226, preservando el paisaje serrano como el principal activo turístico y ambiental de Tandil.

Lunghi participó de un encuentro con Kicillof

El Sistema Integrado de Salud Pública es, para Lunghi, el pilar fundamental de su administración. Durante la entrevista, detalló que el 42 por ciento del presupuesto municipal se destina al área sanitaria, una cifra que genera debates internos en su gabinete debido a la necesidad de fondos para otras áreas como Obras Públicas. Sin embargo, el intendente defendió esta inversión alegando que la salud de los tandilenses es "innegociable", especialmente en un contexto donde las obras sociales y prepagas atraviesan una crisis terminal.

El mandatario brindó cifras impactantes sobre la actividad de los hospitales municipales: más de 360 mil consultas y casi cuatro mil operaciones anuales. Señaló que el municipio enfrenta una deuda de 3.500 millones de pesos por parte de las obras sociales que no abonan los servicios prestados a sus afiliados en el sistema público. "Nosotros no le cerramos la puerta a nadie", afirmó, destacando que el hospital recibe a pacientes que, aun teniendo cobertura, no encuentran respuesta en el sector privado debido a la falta de convenios o el cobro de copagos excesivos.

Pese a los logros, advirtió que el sistema está llegando a un punto de saturación financiera. La desregulación de los precios de los medicamentos y las prótesis ha disparado los costos operativos de los hospitales. Como ejemplo, mencionó que una inyección trombolítica para tratar infartos pasó de costar 2,4 millones de pesos a más de siete millones en pocos meses. Para Lunghi, es urgente rediscutir el sistema de salud a nivel nacional para evitar que la carga recaiga exclusivamente en los municipios.

La crisis en la industria automotriz se profundiza con una nueva salida del país. La empresa estadounidense Adient, proveedora de butacas de General Motors, anunció que cerrará de forma definitiva su planta ubicada en la localidad de Pueblo Esther, en la provincia de Santa Fe, durante el mes de octubre. La decisión implica la desvinculación de 70 trabajadores y el traslado de la producción a Brasil.

Según confirmaron fuentes del sector a Infobae, la autopartista venía sufriendo un proceso de reestructuración desde 2019, cuando contaba con más de 200 operarios. La bajísima actividad de la terminal de General Motors en Alvear, a la cual Adient abastecía de manera exclusiva para el modelo Chevrolet Tracker, aceleró la determinación de la firma norteamericana de reconfigurar su cadena de suministro regional en un contexto de recesión.

Ante la consulta de los medios, desde la automotriz confirmaron la medida adoptada por su proveedora pero aclararon que esto no afectará su producción local:

“General Motors Argentina fue informada por Adient de su decisión de negocios de abastecer sus productos desde Brasil. Este escenario no compromete las operaciones de nuestra planta ubicada en Alvear, provincia de Santa Fe. GM reafirma su compromiso con sus clientes para desarrollar y comercializar productos innovadores y asequibles a través de una matriz productiva competitiva y sustentable”

Por su parte, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) confirmó que la compañía se comprometió a abonar la totalidad de las indemnizaciones correspondientes, junto con un bono adicional. Asimismo, la organización gremial se encuentra trabajando para intentar reubicar a los empleados afectados en otros establecimientos fabriles, aunque reconocieron que el panorama actual de la industria es sumamente complejo.

La planta de General Motors en Alvear, que cuenta con más de 25 años de trayectoria en el país, atraviesa un escenario de fuerte inestabilidad. Tras discontinuar la fabricación del modelo Cruze a fines de 2023, la actividad de la fábrica se redujo a la mitad. Actualmente, la terminal produce únicamente el modelo Tracker, pero enfrenta constantes paradas técnicas debido a la falta de insumos importados y a la caída del consumo interno.

De cara a 2026, la automotriz ya anunció que implementará un esquema de actividad intermitente, paralizando la producción durante una semana por mes y abonando el 75% del salario a su plantilla de aproximadamente 600 operarios, una cifra que se redujo significativamente tras la salida de unos 800 trabajadores en los últimos dos años mediante retiros voluntarios y despidos.

Con el descenso de las temperaturas y la llegada inminente del invierno, el Municipio reforzó la difusión y aplicación del protocolo de asistencia para personas que se encuentran en situación de calle. En diálogo con El Eco, la secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink, explicó las herramientas disponibles para la intervención estatal y la importancia del compromiso ciudadano para detectar casos de vulnerabilidad extrema en la vía pública. Señaló que si bien en hechos puntuales, registraron la llegada a Tandil de grupos familiares de otras ciudades que en ocasiones resultan en situación de calle.

La funcionaria destacó que el esquema de trabajo se mantiene activo y recientemente se incorporó tecnología para que los vecinos puedan informar ante el registro de casos de personas en situación de calle, para motivar la asistencia estatal. “El protocolo para personas en situación de calle sigue vigente, y se incorporó que desde la aplicación Centinela en Territorio, una persona pueda ver un caso de alguien que pueda estar en situación de calle, y se acude al lugar. Activando el Centinela en Territorio ellos se acercan, preguntan quién es la persona, ven en qué condiciones está, ven si tienen que llamar a la ambulancia. Lo mismo que hacemos con el 101, que sigue vigente para estas cuestiones”, señaló Teerink.

Uno de los puntos en los que más insistió la secretaria es en el carácter de la comunicación que realizan los vecinos. Remarcó que el uso de la aplicación o el llamado telefónico no debe ser interpretado como una denuncia. "Yo lo que siempre remarco que no es una denuncia, es simplemente informar que hay alguien en una situación de complejidad o expuesto a alguna situación de vulnerabilidad para que se acerquen, para que veamos quién es, en qué condiciones está, si se requiere el llamado a la ambulancia o para que se evalúe la cuestión este sanitaria", explicó. 

En caso de que no se requiera atención médica inmediata, agregó, se activa el teléfono de guardia de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para verificar si existe una intervención previa con esa persona o si es necesario que un trabajador social se desplace al lugar.

En cuanto a la asistencia habitacional, el Municipio dispone de una red de contención que no se limita a estructuras propias, sino que articula con el sector privado. "La medida inmediata tiene que ver con ofrecer un lugar para para que se aloje al menos de manera a la noche para que no esté al frío. Son pensiones de la ciudad que no son del Municipio y que ofrecen espacios de alojamiento. Muchas veces hay familia y no se requiere de una pensión. Pero muchas veces también estas personas no quieren volver al entorno familiar. Hay conflictividades familiares que definen esta imposibilidad", detalló la funcionaria.

Desde Desarrollo Humano y Hábitat marcaron que el Estado municipal no posee la facultad de obligar a un ciudadano a ingresar a un dispositivo de alojamiento si este se niega. Ante dicho escenario, el protocolo prevé un análisis más profundo de la situación psicofísica del individuo para determinar los pasos a seguir.

"Lo que hacemos es evaluar la condición en términos de salud mental, por ejemplo, para ver si están en condiciones de tomar estas definiciones, estas decisiones con respecto a su autocuidado. También si consideramos que es importante la intervención del Poder Judicial para acompañar ese proceso de cuidado", precisó Juliana Teerink. El informe, precisó, se eleva a la Justicia para que actúe como garante del bienestar de la persona, siempre bajo una perspectiva de protección de derechos y cuidado integral.

La funcionaria también dio cuenta de un fenómeno que, aunque no es masivo, ha comenzado a registrarse con mayor frecuencia: la llegada de personas de otras localidades. "Ahora con el invierno estamos más atentos. Han aparecido situaciones, obviamente puntuales. Hay personas que estamos viviendo en dos o tres lugares -no son muchos los casos-, que no son de Tandil, que están en este momento instalándose en Tandil con alguna promesa laboral, a veces que no es real. A veces vienen con el grupo familiar y hay una conflictividad que hace que que no puedan estar en ese lugar. Pero son personas que han tenido ese estilo de vida en otros en otras ciudades", describió.

Ante esta realidad, dio cuenta de la postura del gobierno local en cuanto a evitar que la situación de calle se convierta en una constante estructural en la ciudad. "Nosotros en Tandil abogamos para que esto no suceda, para que esto no se no se empieza a instalar. Y ofrecemos todas las posibilidades que hay de acompañamiento para al menos en el horario de la noche puedan estar en un lugar de resguardo", afirmó la secretaria, mencionando que el apoyo puede incluir desde el pago de pensiones hasta la ayuda para alquilar un espacio o garantizar la alimentación básica.

Finalmente, Juliana Teerink reconoció que la demanda de asistencia ha crecido debido al contexto económico, aunque diferenció las situaciones de calle crónicas de las emergencias puntuales. "Sí, aumenta. Siempre son situaciones límites, por ahí no llegan a estar en situación de calle. Tratamos de detectarlas a tiempo para poder intervenir y resolver antes de que esto suceda. Ya sea por una situación de calle que se prolongue en el tiempo o porque a las tres de la mañana, un sábado, nos llaman de la comisaría que hay una persona que por una conflictiva familiar está en situación de calle", explicó.

Para la funcionaria, es fundamental discernir la naturaleza del problema para aplicar la solución correcta. En determinados casos, sostuvo, “hay que decir que eso no es una situación de calle, eso es una emergencia en términos habitacionales, pero a partir de una conflictiva familiar”. 

Concluyó indicando que “hay muchas cuestiones asociadas al consumo que generan conflictividad. Se actúa inmediatamente y al otro día tratamos de brindar alguna solución, siempre y cuando ese otro acceda, por supuesto, a la que a la propuesta que el municipio tiene para ofrecer”.

El concejal del bloque justicialista analizó la crítica situación del servicio de pasajeros tras el encuentro con la Cámara de Transporte y remarcó la necesidad de encontrar un equilibrio ante la quita de subsidios nacionales. El edil de Fuerza Patria sostuvo que el valor proyectado por las empresas es "impagable" para los trabajadores.

Luego de la reciente reunión mantenida en la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante, el concejal Marcelo Valle brindó detalles sobre la compleja realidad que atraviesa la movilidad urbana en la ciudad. Durante el encuentro, los representantes de la Cámara de Transporte Público de Pasajeros, con Daniel Albanese como vocero, presentaron un estudio de costos que arrojó una cifra alarmante para la tarifa plana: el valor promedio debería ubicarse en los 2.400 pesos, mientras que para algunos sectores podría escalar hasta los 2.800 pesos. Valle calificó este escenario como una "disyuntiva muy compleja" que pone en riesgo la continuidad misma del servicio.

El edil explicó que la crisis del sector respondió principalmente a una política nacional que decidió retirar de forma drástica los subsidios al transporte del interior. Según indicó el concejal, Tandil se encuentra hoy ante el desafío de decidir si desea mantener su identidad como ciudad con servicio público o si se encamina a un modelo de desabastecimiento de transporte. "El transporte público de pasajeros es un servicio público y el sistema está en peligro", sentenció el edil, quien advirtió que la caída en la cantidad de usuarios ya alcanzó el 15 por ciento.

En su análisis, Valle subrayó que la mayoría de los pasajeros actuales cuentan con algún tipo de beneficio social o son estudiantes de la Unicen y de niveles secundarios y terciarios, quienes representan el 37 por ciento del flujo total. El concejal remarcó que, sin la intervención de la provincia de Buenos Aires y el sostenimiento local, el sistema habría colapsado mucho antes. No obstante, advirtió que el ajuste de la tarifa por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) resultó insuficiente frente a una inflación que golpeó con dureza los insumos básicos y el combustible.

Daniel Albanese advirtió que el costo real del boleto se ubica en los 2421 pesos

La preocupación central del bloque justicialista radicó en la capacidad de pago de los ciudadanos frente a un boleto de tales dimensiones. Valle ejemplificó esta situación mencionando a los trabajadores que cobran por hora, como el personal doméstico, para quienes el costo de traslado podría representar una parte sustancial de su ingreso diario. "Un boleto a 2.400 pesos es impagable para mucha gente", afirmó el concejal, al tiempo que observó cómo esta situación derivó en un incremento notable en la venta de bicicletas y motocicletas en Tandil.

El concejal explicó que la quita de aportes nacionales no fue la única variable, ya que los subsidios provinciales también sufrieron un retraso en su actualización. Según los datos aportados por el edil, el monto destinado a las seis empresas que operan en la ciudad pasó de 140 millones de pesos mensuales a 160 millones de entre marzo de 2024 y mayo de este año, una cifra que consideró congelada ante el avance de los costos operativos. Ante esta realidad, el bloque justicialista manifestó que es necesario discutir el fondo de la cuestión y no limitarse a parches temporales.

Desde el espacio de Fuerza Patria, se hizo un llamado a la responsabilidad política de todos los sectores, incluyendo al oficialismo y a los representantes de La Libertad Avanza. Valle cuestionó que se defienda la quita de subsidios a nivel nacional pero que luego no se brinden alternativas para los vecinos que dependen del colectivo para ir a trabajar. El edil sostuvo que, aunque históricamente el peronismo fue crítico de los aumentos, la coyuntura actual obligó a mirar el panorama con pragmatismo para evitar el cierre de las empresas y la pérdida de fuentes laborales.

Una de las propuestas que el concejal puso sobre la mesa fue la revisión integral del funcionamiento del sistema de transporte, incluyendo la logística de los recorridos y la cantidad de prestatarias. Valle sugirió que Tandil podría analizar modelos como el de La Plata, donde existen menos empresas para una población mayor, lo que reduciría la carga administrativa y funcional. Actualmente, la ciudad cuenta con seis empresas y, en algunos sectores, como en el caso de la Línea Blanca, los conflictos por recorridos superpuestos son recurrentes.

El concejal recordó que el pliego vigente, que se terminó de acomodar en enero del año pasado, contemplaba una revisión semestral a sugerencia suya para monitorear el estado de las unidades y el cumplimiento de horarios. Sin embargo, reconoció que en el contexto de emergencia actual, discutir la renovación de flota o la higiene profunda de los coches parece una cuestión secundaria frente a la urgencia de que el colectivo pase por la parada. "Hoy la prioridad es cómo solucionamos el tema del servicio para que siga funcionando", enfatizó.

Para el bloque justicialista, es fundamental que el Estado municipal asuma un rol de control más estricto a través del sistema SUMO, que permite un seguimiento preciso de cada unidad. Valle insistió en que el transporte no puede ser visto únicamente como un negocio privado, sino como una política de Estado que influye directamente en el tránsito y la organización urbana de la ciudad. Si el sistema de pasajeros falla, el caos vehicular en el centro de Tandil se agravará por el uso excesivo de vehículos particulares y motos.

Otro de los ejes que abordó el concejal fue el avance de las plataformas digitales de transporte como Uber y DiDi. Valle reconoció que, aunque estas aplicaciones están técnicamente prohibidas por la normativa local actual, su uso creció exponencialmente debido a la crisis económica y a la necesidad de los vecinos de buscar alternativas más económicas o salidas laborales rápidas. No obstante, advirtió sobre los riesgos de mantener este servicio en la informalidad absoluta.

El edil informó que el bloque está trabajando sobre la base de un proyecto presentado oportunamente por el concejal Juan Manazzoni para darle un marco normativo a esta actividad.

La postura de Valle es clara: para que exista una competencia justa, se debe exigir a los conductores de plataformas los mismos requisitos que a los taxistas y remiseros. Esto incluye la licencia de conducir profesional, un seguro para pasajeros transportados y el pago de tributos correspondientes.

Valle hizo mención a un reciente fallo judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que sentó jurisprudencia al determinar que este tipo de transporte no puede ser considerado meramente "privado" bajo el Código Civil y Comercial, sino que debe adaptarse a las reglas del transporte público. Este antecedente refuerza la intención del Concejo Deliberante de Tandil de avanzar en una regulación que proteja tanto al usuario como al trabajador.

El concejal remarcó que el vacío legal actual representa un peligro latente ante la posibilidad de accidentes. "El día que pase un accidente, ¿quién se hace cargo si no hay seguros ni controles de VTV?", se preguntó. El referente justicialista concluyó que la discusión debe ser sincera y que, aunque ninguna medida dejará conformes a todos los sectores (taxis, remises y plataformas), el Estado no puede seguir mirando hacia el costado mientras el sistema de transporte de Tandil atraviesa su crisis más profunda en décadas.

Desde la delegación local de la CGT alertaron por el cierre de comercios y la pérdida de empleos en Tandil. La preocupación de la central obrera se fundamentó en el escenario el escenario económico que afecta a los diversos sectores productivos de la ciudad. El 1 de mayo harán un acto en la sede del PJ, a las 19.

"Estamos en una situación muy atípica y muy difícil. A nivel local y a nivel general se están cerrando muchos comercios y muchas empresas. Hay mucha gente que va quedando desempleada", expresó Sebastián Hidalgo, secretario general de la CGT Tandil y del Sindicato de Camioneros,  en diálogo con El Eco Multimedios. Hidalgo trazó un crudo diagnóstico sobre la realidad que atraviesan los trabajadores tandilenses a pocos días de una nueva conmemoración del Día del Trabajador.

El dirigente gremial detalló que la demanda de empleo es incesante y refleja la desesperación de quienes pierden su sustento diario. Según explicó, "todos los días me llegan entre cinco y seis currículums para cualquier cosa. Mujeres, hombres i chicos más que nada. Y gente que pasando los 40 que se está quedando sin trabajo y no se genera trabajo nuevo". Esta situación, agregó, se vuelve particularmente compleja para los mayores de 40 años, quienes encuentran barreras casi infranqueables para reinsertarse en un mercado laboral que no ofrece vacantes.

Hidalgo hizo referencia también al cierre de comercios en el centro de Tandil. En ese sentido señaló que "han cerrado muchos comercios, el ciudadano tandilense lo ve en el centro, los locales que hay cerrados, más allá de que no hay un poder adquisitivo para poner en marcha la economía". El referente sindical vinculó este fenómeno directamente con el incremento de los costos fijos: "Los alquileres están muy altos, la gente prefiere no gastar y más allá de todo eso, eso provoca que se cierren comercios o que se vayan hacia la periferia de la ciudad".

De acuerdo al análisis de la CGT, el sector que ha sufrido la caída más estrepitosa es la parte industrial. La ausencia de nuevas inversiones, planteó el secretario general, agrava el panorama, ya que no se vislumbran proyectos que puedan absorber la mano de obra desocupada. En cuanto a la actividad comercial, Hidalgo observó que el movimiento se reduce casi exclusivamente a los fines de semana largos, mientras que el resto de los días el consumo en la calle es prácticamente nulo.

Incluso sectores que históricamente mostraron dinamismo hoy se encuentran en estado de alerta, sostuvo Hidalgo. Al respecto indicó que el ámbito tecnológico enfrenta desafíos ante el avance de la inteligencia artificial, lo que ha puesto a los trabajadores informáticos en una situación de incertidumbre. Por otro lado, consideró que el campo presenta una realidad dispar: aunque mantiene niveles de exportación, las tarifas para los trabajadores y transportistas siguen siendo bajas, lo que derivó en conflictos recientes con el sector de los fletes, sostuvo.

Crítica a la reforma laboral

Al ser consultado sobre el proyecto de reforma laboral, Sebastián Hidalgo fue tajante al afirmar que se trata de una iniciativa que no beneficia a los trabajadores ni a las pequeñas y medianas empresas, sino que favorece exclusivamente a las grandes corporaciones. 

"Lo que va a pasar es que van a usar a los trabajadores como fichas de ajedrez. Un día viene el empleador enojado, caliente por otro tema y se la agarra un trabajador, le paga la poquita moneda que va a ser esa indemnización y viene otro ante la demanda y la falta de trabajo para beneficiar es únicamente para el empleador, no para los trabajadores", advirtió.

Uno de los puntos sobre el que marcó el mayor rechazo  es la implementación del denominado "banco de horas", al que calificó como un fraude hacia el mundo del trabajo. Hidalgo defendió la importancia de las horas extras como un complemento indispensable para el sustento familiar en un contexto de alta inflación y alquileres elevados.

"Un trabajador, ¿Por qué hace hora extra? Porque genera un ingreso más en su vivienda o en su bienestar económico, no porque quiere tener un franco en el momento que él lo decida. ¿Cómo van a pagar las cuentas si hoy en día la gente hace hora extra para pagar cuenta y pagar alquileres? Ahora, si vos me decís que el tema del gasto de la vida cotidiana es bajísimo. Bueno, con el sueldo te podés llegar a arreglar, pero hoy con los alquileres cómo están, las paritarias que tienen un techo que no nos dejan pedir lo que nos corresponde y además nos quitan las horas extra y quieren producir un banco de horas", argumentó el secretario general.

Ante este escenario, la CGT Tandil ratificó su compromiso con la defensa de las conquistas históricas del movimiento obrero. "Nosotros vamos a estar atentos y alerta ante el atropello de los derechos de los trabajadores, como las horas extras, las indemnizaciones, las vacaciones, el derecho que siempre se tuvo y que ha costado vida y trabajo", aseguró Hidalgo.

Finalmente, el dirigente recordó que el jueves 30 de abril se llevará a cabo una movilización nacional hacia Plaza de Mayo convocada por la CGT. A nivel local, el primero de mayo se realizará un acto en la sede del PJ para conmemorar el Día del Trabajador y la Trabajadora, con el objetivo de recalcar la necesidad de unidad frente a los desafíos venideros.

Luego de la decisión judicial de bajar las persianas de la cadena de forma definitiva, la existencia de Garbarino como marca y protagonista del negocio de los electrodomésticos entró en su fase de apagado final. A partir de lo establecido por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7, a cargo del juez Fernando D’Alessandro, la firma avanzará con el cierre de sus últimos locales operativos.

Los puntos de venta en cuestión se ubican en las zonas de Tribunales, Almagro y Belgrano, todos dentro de la geografía de Capital Federal. En este marco, la empresa comenzó la liquidación total de su stock de productos. Heladeras, lavarropas, cocinas, televisores y artículos de computación, además de pequeños electrodomésticos como tostadoras y pavas eléctricas, son algunos de los artículos que se rematan en las sucursales mencionadas.

La quiebra de la firma fue establecida en marzo pasado y, mediante esa resolución, se fijó el cese de actividades de los últimos locales. Según lo dictaminado, se avanzará con la liquidación de bienes, el depósito que el retail posee en Garín y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina en Tierra del Fuego, las cuales acumulan años paralizadas.

Fuentes cercanas al proceso judicial indicaron que los acreedores tienen plazo hasta el 24 de junio para presentar sus planteos. El activo más valioso es la marca Garbarino, considerada un intangible con potencial de venta. La sindicatura solicitó un proceso específico para preservarla y eventualmente transferirla.

Debido a que la empresa ya no comercializa de forma online, la única manera de acceder al stock en remate es acercándose a las tres sucursales que aún permanecen abiertas: Uruguay 552 (Tribunales), avenida Cabildo al 2025 (Belgrano) y Potosí 4138 (Almagro). Desde la excadena señalaron que ya no existe un catálogo de artículos ni reposición, por lo que la mercadería disponible es la que posee cada local en particular, pudiendo encontrarse piezas con detalles de exhibición o embalajes incompletos.

En paralelo, se informó que tras el establecimiento de la quiebra la firma redujo al mínimo su servicio de postventa y ya no hace lugar a los pedidos de uso de la garantía comercial. Quienes adquirieron equipamiento recientemente y sufran inconvenientes deben acercarse a las sucursales operativas para negociar una solución.

Fundada en 1951, la compañía llegó a ser uno de los grandes jugadores del mercado argentino, con más de 240 sucursales y 4.500 empleados. Tras ingresar en concurso preventivo en noviembre de 2021, la falta de acuerdos judiciales derivó en la actual instancia de liquidación final.

La Justicia de Santa Fe declaró la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, luego de que la propia firma solicitara la medida tras años de crisis financiera y el fracaso del concurso preventivo de acreedores iniciado el año pasado. Con una deuda acumulada de 120 millones de dólares, el juez Marcelo Gelcich determinó la quiebra indirecta por la imposibilidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones.

En su sentencia, el magistrado señaló que la compañía no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurando un cuadro de insolvencia estructural que no puede ser revertido mediante las herramientas del proceso preventivo. Según el documento judicial, la firma arrastra una deuda impositiva y previsional superior a los 6.000 millones de pesos, a lo que se suman más de 12.000 millones de pesos en salarios adeudados y aportes a obras sociales y sindicatos.

La empresa no resulta económicamente viable en el mediano plazo, configurándose un cuadro de insolvencia no susceptible de reversión a través de las herramientas propias del proceso preventivo, lo que refuerza la procedencia de la declaración de quiebra como solución jurídica adecuada.

Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denunciaron que la cooperativa adeuda ocho meses de sueldos más aguinaldos a sus operarios. El sindicato afirmó que la firma se ha sostenido con el patrimonio de los trabajadores, quienes han debido recurrir al fondo solidario de la entidad gremial para subsistir ante la falta de pagos.

El fallo también reveló que la tasa de generación de nuevo pasivo se estima en aproximadamente 3.000 millones de pesos mensuales, una cifra que la actividad ordinaria no logra absorber. Actualmente, las seis plantas industriales funcionan muy por debajo de su capacidad. Mientras que la planta de Sunchales se encuentra mayormente ociosa, la de San Guillermo está paralizada desde diciembre de 2025. Solo los establecimientos de Devoto y La Carlota operan cerca de su capacidad, aunque bajo una estructura de costos que las mantiene en déficit.

A pesar de la declaración de quiebra, el juez dispuso que la empresa continúe operando de forma provisoria para evitar un perjuicio mayor a los 914 trabajadores en relación de dependencia y a los acreedores en general. No obstante, se ordenó la presentación de un plan de liquidación de activos que maximice el recupero y se prohibió la asunción de nuevos pasivos durante esta etapa.

La caída de este emblema del agro argentino se refleja en sus cifras históricas: en 2017, la firma contaba con 4.000 empleados y procesaba cuatro millones de litros de leche diarios. Hoy, ese volumen se redujo a apenas 500.000 litros, marcando el final de un proceso de reestructuración que no logró salvar a la histórica cooperativa.

Marzo de 2026 fue un mes especial para la venta de motos en Argentina, ya que se registró el récord histórico de unidades vendidas a nivel nacional. En Tandil, la situación se replicó, y hubo casos de agencias que aumentaron más de un 100 por ciento las ventas entre un año y otro.

Entre otros elementos, el crecimiento del mercado de motovehículos creció por motivos económicos, en particular las posibilidades de pago en cuotas fijas. Pero también por el aumento del valor del transporte público, y hasta por las posibilidades que genera contar con una moto para trabajar en aplicaciones de pedidos. Desde el sector estimaron que el mercado tiene a nivel local la posibilidad de seguir creciendo.

“Nosotros hicimos un cambio drástico. Tuvimos un 123 por ciento de crecimiento de ventas”, compartió Mariano Prado, titular de Nano Motos. En marzo de 2025, la agencia había registrado 50 ventas, mientras que en marzo de 2026 el número subió  hasta 120 unidades. El aumento, explicó el empresario, se dio de manera sostenida desde noviembre pasado, cuando comenzaron a superar las 100 unidades vendidas y el número se mantiene.

De acuerdo a datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en marzo de 2026 se registraron 79.115 unidades 0km. vendidas a nivel nacional. Fue un récord histórico, con un aumento del 54,8 por ciento interanual. A nivel local, marzo de 2025 registró el patentamiento de 116 motos, mientras que en marzo de 2026 el número ascendió a 212.

“Levantó mucho la venta nacional y nosotros estamos preparados. Veníamos armándonos de un montón de stock hace tiempo”, sostuvo Prado.

“El 90 por ciento de las ventas son a través de financiamiento”, explicó el titular de Nano Motos, sobre las posibilidades que ofrecen las agencias con respecto a las cuotas para acceder a un motovehículo. Al momento de la consulta, señaló, los clientes ya pueden saber el monto de la cuota, que es a tasa fija y en pesos.

“El cliente ya sabe cuánto va a pagar. Por ejemplo, sacando una moto 0km. que vale un millón y medio de pesos, para pagar en 24 meses la cuota aproximada es de 150 mil pesos”, indicó sobre la modalidad, que permite mantener el valor de la cuota durante los dos años del financiamiento.

Además, las agencias de motos ofrecen una ventaja, la entrega inmediata. “La persona viene, hace el crédito, se lleva la moto, y a los 30 días, recién tiene que pagar la primer cuota. Eso le da un poco de aire para acomodarse y empezar a hacer un cambio: no va a gastar más en colectivo, sino que va a empezar a pagar su cuota”, detalló Prado.

Consultado por los motivos que impulsaron el aumento de las ventas de motos, el empresario consideró que “el más importante es la economía”. Al respecto contó que muchas familias resuelven con la compra de una moto la posibilidad de acceso a un segundo vehículo. Pero también hizo referencia al valor del transporte público, y estimó que lo que puede llegar a gastar en boletos de colectivo una sola persona –calculó entre 3 y 6 mil pesos diarios-, permite utilizar una moto durante varios días.

“Lo tenemos bastante comprobado por los clientes que nos explican esto. Con la moto terminan gastando en 10 días lo que gastan en un día en colectivo, y los demás días le quedan para pagar la cuota”, planteó.

Pero el empresario hizo mención a dos elementos más que motivan el crecimiento de las ventas. El primero –a nivel local-, el tránsito. “El tránsito hoy en Tandil es imposible. Estamos hablando de que en un auto vas a tardar de un lugar a otro 20 minutos, cuando en 5 minutos en moto lo haces y no porque vayas como loco”, consideró.

El segundo motivo, el aumento de ventas de unidades que los clientes destinan para desempeñarse en aplicaciones de pedidos. “Se compra muchísimo para pedido. Si bien es un mercado que recién está creciendo en Tandil, hay mucha gente que hoy se quedó sin trabajo y la primera salida que ve es esa”, dijo prado.

“De hecho, nos ha pasado muchísimo que hemos hecho operaciones  con una persona que vino a comprar una moto y se quedó sin laburo en el transcurso de esa semana que vino a terminar de retirar. Viene a contarnos la situación y nosotros le explicamos que tiene la oportunidad de llevarse la moto y tener una salida laboral automáticamente. O sea, en el momento que vos tenés la moto en tu en tu casa, estás teniendo una herramienta de trabajo. No tenés que salir a buscar un laburo, sino que ya te conectaste a una aplicación y estás laburando”, sumó.

Al momento de elegir una moto, contó Prado, los clientes suelen definirse por la practicidad. Por eso –por lo menos en su agencia-, los modelos con mayor salida son los de cilindrada 110, “las motos automáticas, las semiautomáticas que tienen cuatro velocidades pero no tienen embrague. Eso es lo que más se vende acá en Tandil, porque es lo que más se usa para pedidos, más se usa para ir a laburar y volver, y eso es lo más práctico”, indicó.

Sin embargo, existen también otros mercados, de unidades importadas, con menor salida pero de valores más altos. Ale es un vecino que buscaba comprar una moto, y consultó en primer lugar en firmas tradicionales. Sin embargo, terminó decidiéndose por Royald Enfield, empresa británica con un local en la ciudad.

Al igual que en motos de mucho menor valor, también le ofrecieron cuotas con tasa fija –que incluye el seguro-, por lo que por una cuestión de la relación entre el precio y la calidad, eligió la unidad importada.

Por su parte el responsable de Nano Motos planteó que el mercado de motos en Tandil “va a crecer muchísimo”, y aun “más de lo que viene creciendo”. Según su mirada, “Va a crecer mucho más Tandil que otras zonas por un tema de tránsito. La gente ya no tiene lugar para estacionar y venimos creciendo a nivel de ciudadanos”.

La Justicia ordenó este martes embargar a Fate por cerca de $ 3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado.

El fallo fue resuelto por el juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández, tras el aparente vencimiento del plazo judicial para que la empresa de Javier Madanes Quintanilla acatara una sentencia previa. Así lo hizo saber el titular del gremio Sutna, Alejandro Crespo.

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre Fate por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, Fate es la única que lo produce en el país", dijo Crespo en un video grabado frente a las puertas del juzgado.

Si bien desde la empresa aseguran que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma, desde el gremio destacaron que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva. Además insistieron en que están listos para volver a sus puestos laborales.

Cabe recordar que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió a fines de marzo que el convenio suscripto entre FATE y el Sutna tiene vigencia hasta junio de este año, por lo que la empresa tendría que haber pagado los salarios de los trabajadores que estaban en la nómina de la planta en mayo de 2025.

La empresa, en tanto, rechazó esa postura, al señalar que ya no cuentan con personal capacitado para reabrir la planta por la desvinculación de un 70% de los afectados por el cierre. A su vez, anticipó que apelará el fallo de la Cámara que la obliga a seguir pagando los salarios hasta mitad de este año.

El empresario Alberto Samid, conocido durante décadas como el “rey de la carne”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras ser una de las figuras más influyentes del sector ganadero en Argentina, el hombre de 78 años se declaró en quiebra y comenzó a utilizar las redes sociales para promocionar productos y generar ingresos alternativos.

La medida judicial fue decretada en diciembre por el Juzgado Comercial N°25, luego de que fracasara el acuerdo con acreedores en el marco de un concurso preventivo iniciado en 2022. El empresario acumuló un pasivo superior a los $276 millones, principalmente por deudas con organismos fiscales como ARCA y ARBA. Este escenario marcó el punto de quiebre en su situación financiera, obligándolo a buscar nuevas fuentes de sustento.

Ante la imposibilidad de operar comercialmente de forma tradicional, Samid explicó públicamente los motivos que lo llevaron a volcarse al mundo digital. “Me jubilé y con $300.000 por mes no vivo” expresó a través de su cuenta personal. A partir de esa realidad, el histórico dirigente empezó a ofrecer canjes publicitarios e invitó directamente a marcas y emprendedores a contactarlo para difundir sus servicios.

La situación actual de Samid refleja un giro drástico respecto de su trayectoria mediática y empresarial. Durante años fue uno de los rostros más visibles del negocio cárnico, pero hoy su estrategia consiste en monetizar su exposición pública en plataformas digitales. Este fenómeno, cada vez más común entre figuras conocidas, se convirtió en su principal recurso ante las restricciones legales y financieras que enfrenta.

El proceso judicial no solo implica dificultades económicas, sino también limitaciones para operar en el mercado. La falta de acuerdo con sus acreedores y las deudas acumuladas con organismos públicos condicionan su capacidad de recuperación en el corto plazo. De este modo, el capital simbólico de su nombre y su historia se transformaron en una herramienta de supervivencia en la economía digital.

La situación financiera de las pequeñas y medianas empresas muestra señales de alerta ante una marcada aceleración en el rechazo de cheques por falta de fondos. Según un reciente informe de la consultora Fidelitas, este fenómeno registró un incremento del 200 por ciento interanual entre el cierre del año pasado y el inicio de 2026, acumulando casi 600 millones de dólares en valores impagos durante el último trimestre analizado.

El relevamiento destaca que la irregularidad en los créditos destinados a las pymes se ubica en el cuatro por ciento, una cifra que contrasta sensiblemente con el 0,9 por ciento que presentan las grandes empresas. Desde la entidad señalaron que, si bien la economía atraviesa una fase de estabilización, la base productiva evidencia tensiones que podrían trasladarse al crédito, el abastecimiento y la continuidad operativa de las firmas.

La cadena de pagos y la base pyme muestran señales de tensión que pueden trasladarse a crédito, abastecimiento y continuidad operativa.

Los datos procesados indican que en diciembre se alcanzó un máximo histórico con 97.612 cheques rechazados. La tendencia se mantuvo elevada durante enero y febrero de 2026, con registros de 89.352 y 86.350 respectivamente, superando incluso los niveles observados durante la pandemia de 2020. En términos monetarios, el monto de rechazos saltó de un promedio mensual de 30 millones de dólares a 180 millones de dólares en el último periodo.

El informe advierte sobre un posible efecto contagio en las cadenas productivas. Debido a que muchas pymes actúan como subcontratistas de grandes compañías, la incapacidad de pago de un eslabón puede generar retrasos de producción y quiebres de stock en empresas de mayor envergadura. Los sectores con mayores niveles de morosidad son Molinería (43,3 por ciento), Cueros (40,7 por ciento), Muebles (7,9 por ciento), Indumentaria (7,7 por ciento) y Construcción (6,1 por ciento).

Ante este escenario, las entidades bancarias han comenzado a ajustar sus políticas de otorgamiento de crédito, aplicando plazos más cortos y criterios de evaluación más exigentes. Esta restricción de liquidez configura un entorno complejo para el ejercicio empresario, marcado por costos en alza y una demanda frágil que limita las posibilidades de financiamiento del capital de trabajo para el sector pyme.

Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima. De concretarse, se trataría del paso decisivo para que Danone y Arcor se queden con el 100% del negocio lácteo.

La operación -que sería anunciada en los próximos días, aunque las distintas empresas involucradas no confirmaron la noticia- pone fin a una negociación que estuvo al borde de la judicialización por la enorme distancia entre las pretensiones de las partes. Mientras los vendedores aspiraban a una valuación cercana a los US$250 millones por el 51% de la compañía, del lado comprador la oferta no superaba los US$40 millones, lo que había dejado el proceso empantanado durante meses.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.

Sin embargo, desde el inicio quedó claro que el principal obstáculo sería el precio. La brecha en la valuación era “enorme” y amenazaba con llevar el conflicto a tribunales en la Argentina y España, ya que el contrato entre las partes está bajo jurisdicción española.

En ese contexto, fuentes cercanas a la operación coincidían en un punto: ninguna de las partes quería judicializar el proceso, lo que dejaba abierta la puerta a una negociación final.

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico claro. Tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas.

Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca. Por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.

La integración total permitiría avanzar hacia lo que internamente las compañías denominan una “La Serenísima unida”: una estructura más eficiente, con mayor escala y control sobre toda la cadena de valor.

El avance de Danone y Arcor sobre La Serenísima también se da en un contexto desafiante para el sector lácteo. El negocio enfrenta caída del consumo, presión de costos y mayor competencia de segundas marcas, factores que impulsan procesos de concentración.

En ese marco, quedarse con el 100% de Mastellone no solo implica resolver una sociedad histórica, sino también reposicionar a la compañía frente a un mercado más exigente.

De confirmarse el acuerdo, la operación marcará el cierre de un ciclo para la familia Mastellone, que durante décadas lideró la principal empresa láctea del país, fundada en 1929 y convertida en un símbolo del consumo masivo argentino.

Al mismo tiempo, abrirá una nueva etapa bajo el control total de jugadores globales, con el tándem Danone/Arcor como actor central en el negocio lácteo local.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reflexionó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que dio a conocer el Indec este jueves y aseguró que las medidas económicas que impulsa el Gobierno llevarán a que se retome la senda de la “desinflación” en los próximos meses.

En una entrevista en Todos Noticias (TN), el ministro subrayó que el “ataque” que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado impactó de lleno en tres variables determinantes del rumbo económico.

“El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente (Javier) Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”, sostuvo Caputo.

No obstante, precisó que el Gobierno continúa trabajando para volver al camino del descenso del IPC. “La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso, al final, termina en una inflación más baja”, indicó.

Consultado sobre la posibilidad de que el porcentaje del IPC llegue al 1% en agosto, tal como anticipó meses tras Javier Milei, Caputo expresó: “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque no es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”.

En tanto, optimista sobre su gestión, el ministro enumeró: “Tenemos un shock externo realmente brutal y el Banco Central no ha dejado de comprar dólares ninguno de estos días. El riesgo país está estable; la Bolsa, lo mismo. Entonces, el mejor escudo, la mejor política económica que se puede hacer es tener la macroeconomía estabilizada”.

El Ministerio de Capital Humano sancionará a la empresa FATE, que anunció su cierre y el despido de más de 900 trabajadores, debido al “incumplimiento de pago a los empleados durante la conciliación obligatoria”, se informó en un comunicado.

Además, en el marco del conflicto laboral con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), la cartera que dirige Sandra Pettovello resolvió prorrogar la instancia conciliatoria con vencimiento el 11 de marzo de 2026, por el período de cinco días, “con el objetivo de continuar promoviendo el diálogo entre las partes y alcanzar una solución”.

En ese marco, se detalló que el Gobierno nacional inició “el sumario correspondiente a la empresa FATE por el incumplimiento de pago de los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, lo cual constituye una violación de la conciliación obligatoria dictada oportunamente”.

En las últimas horas se supo que el SUTNA impulsa un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos FATE para garantizar la continuidad de esa firma y para que se haga cargo temporalmente el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada, el presidente Javier Milei volvió a cargar desde Nueva York, donde se realiza el Argentina Week, contra Paolo Rocca, CEO de Techint, y Javier Madanes Quintanilla, dueño de FATE, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

El Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7 decretó la quiebra de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos, y ordenó la liquidación completa de la empresa. La decisión fue firmada por el juez Fernando D’Alessandro en el fallo fechado el pasado 4 de marzo pero conocido este jueves.

D’Alessandro argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago; la cadena de electrodomésticos había declarado el concurso preventivo en 2021.

De esta manera, Garbarino pierde el control sobre sus bienes y patrimonio, y el control pasará a estar en manos de la sindicatura designada por la Justicia. El fallo también inhabilitó a Carlos Rosales (presidente), María Marta Facio (vicepresidenta) y Gabriel Rosales (director) para ejercer el comercio y no podrán salir del país hasta octubre de 2026, cuando la sindicatura presente su informe.

Los locales ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro fueron clausurados y se ordenó, además, su inspección. No solo Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanzará a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias.

El caso de Garbarino se suma a una lista de compañías que poseen conflictos o declararon el cese definitivo de sus actividades.

Uno de los casos más recientes es el de Fate, que cerró su planta tras haber funcionado por más de 80 años. El Gobierno no logró llegar a un acuerdo entre la empresa y el sindicato. El plazo de la conciliación obligatoria vence el próximo 11 de marzo.

Las plantas lácteas gestionadas por la venezolana Maralac S.A. cerraron definitivamente. Se trata de las dos instalaciones de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA) y de La Suipachense. En total, unos 520 trabajadores quedaron sin empleo. Las quiebras habían sido declaradas hace tres meses.

ARSA cerró sus plantas en la localidad bonaerense de Lincoln y en Monte Cristo, Córdoba, tras la quiebra judicial decretada en noviembre de 2025. El final de las actividades fue confirmado por la Justicia.

La empresa, que inicialmente tuvo accionistas vinculados a Vicentin, elaboraba productos adquiridos a SanCor, como SanCor Yogs, SanCor Vida, SanCor Shimy y Sancorito. La resolución de quiebra fue firmada por el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial 29, luego de que fracasara el concurso preventivo iniciado en abril de 2024.

La decisión incluyó la liquidación total de la compañía, la inhibición general de bienes y el embargo de fondos. Según consta en la resolución, “no se inscribió ningún interesado en el registro abierto a los fines del salvataje de la concursada”. Ante la ausencia de un comprador o inversor, el juez subrogante dictó la quiebra.

En ese momento se ordenó la inhibición general de bienes y se instruyó al Banco Central para que comunicara la quiebra a todas las entidades financieras y proveedores de servicios de pago del país. También se dispuso el cierre de cuentas corrientes, plazos fijos y cajas de ahorro, y el embargo y transferencia de los saldos al Banco de la Ciudad de Buenos Aires en una cuenta abierta para el expediente.

El cierre deja sin empleo a unos 180 trabajadores en la planta de Buenos Aires y a unos 200 en Monte Cristo. Ambas instalaciones estaban dedicadas a la elaboración de yogures, flanes y postres refrigerados.

La quiebra implica además la desaparición de marcas históricas en el mercado lácteo, como los yogures Yogs y Primeros Sabores, y postres como Shimy, Sancorito, Sublime y Vida, todos elaborados bajo licencia de SanCor.

ARSA había nacido en 2016 para adquirir la división de productos refrigerados de SanCor, en una operación encabezada por un holding vinculado al Grupo Vicentin por unos 100 millones de dólares, con la promesa de modernizar y expandir la producción.

Hace unos tres años la gestión pasó a manos de Maralac S.A., vinculada a los hermanos Manuel y Alfredo Fernández.

Maralac también gestionaba La Suipachense. La quiebra de Lácteos Conosur S.A., firma que la controlaba, fue decretada en noviembre por el juez Leandro Julio Enríquez, del Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes, quien dispuso directamente la etapa de liquidación tras el fracaso del concurso preventivo.

En la empresa trabajaban unas 140 personas. El fallo incluyó la inhibición general de bienes de la compañía y del empresario venezolano Jorge Luis Borges León, responsable de la administración.

En el proceso de caída, la empresa pasó de procesar 250.000 litros de leche por día a 40.000, hasta quedar paralizada. En el medio se desarrolló un intenso conflicto con los trabajadores en Suipacha, quienes ocuparon el predio en reclamo de salarios y aguinaldos atrasados.

La Suipachense tenía 70 años de historia. Con su cierre y el de ARSA, se cierra un capítulo en la industria láctea argentina, con fuerte impacto en el empleo y en marcas tradicionales del mercado.

El Gobierno informó este lunes que no hubo acuerdo en la audiencia por el conflicto de FATE entre la empresa y el gremio SUTNA, por lo que se convocó a un nuevo encuentro el miércoles 4 de marzo a las 11.

La Secretaría de Trabajo, que integra el Ministerio de Capital Humano, informó a través de un comunicado que “habiendo finalizado la audiencia entre la empresa FATE Sociedad Anónima Industrial Comercial e Inmobiliaria y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

Por eso, el organismo que encabeza Julio Cordero “dispuso la convocatoria a una nueva audiencia para el día miércoles 4 de marzo a las 11, a fin de continuar con las instancias de diálogo”.

El Ministerio de Capital Humano "continuará promoviendo los espacios de negociaciónentre las partes, en resguardo del empleo, la actividad productiva y el cumplimiento de lanormativa laboral", consignó la cartera.

La senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, advirtió que la empresa Fate “está mal” desde que tiene memoria y dijo que le llamó la atención el anuncio de su cierre en medio de la discusión de la reforma laboral y el paro de la CGT.

“Fate viene cerrando hace 20 años. Yo desde que tengo memoria recuerdo que Fate está mal. La verdad es que me llama más la atención el día que se que intentó cerrar el cierre porque hace tiempo que Fate está mal”, expresó.

En esa línea, señaló que la empresa “tiene un sindicato que le hace la vida imposible, y hace tiempo que la empresa amenaza con cerrar. Así que son como esos casos emblemáticos de empresas que siguen sin saber por qué producen”, advirtió.

En tanto, organizaciones sociales, gremiales y políticas llevarán adelante este martes a las 18 una concentración en la puerta de Fate, en la localidad de San Fernando, en solidaridad con los trabajadores de la empresa que aún permanecen dentro de la fábrica