A un año de que la Corte Suprema confirmara la condena contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, el juez del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, ratificó que el proceso judicial ha concluido. El magistrado se pronunció al respecto luego de las exigencias de liberación expresadas por la militancia peronista durante un acto en Parque Lezama.

“Desde el punto de vista jurídico, está terminado el tema. Nosotros dimos la última opinión, está confirmado y no hay nada más que decir”, manifestó. El juez, en una entrevista para TN, manifestó comprender el malestar de quienes disienten con el fallo, aunque enfatizó la importancia de la seguridad jurídica. “Entiendo a quienes están disconformes, pueden criticar el fallo, pueden manifestar sus opiniones, pero el proceso está terminado”, reiteró. Asimismo, subrayó que el expediente llegó al tribunal mediante un recurso de queja que fue rechazado por fallas formales.

En relación con el impacto institucional de estas decisiones, Ricardo Lorenzetti advirtió sobre la necesidad de proteger las instituciones, señalando que “no es bueno en ningún país del mundo el encarcelamiento de un ex presidente porque es una tragedia institucional”. 

Por su parte, el diputado Máximo Kirchner, durante el acto en Parque Lezama, cuestionó el proceso y reclamó por la candidatura de la ex presidenta, mientras que la senadora Carolina Moisés calificó de irreal la expectativa de una liberación inmediata al afirmar que “cualquier peronista que haga el razonamiento de que hay que liberar a Cristina para que sea candidata, está en Disney”.

Más allá de la causa mencionada, el magistrado cuestionó la manipulación en los procesos de selección de jueces. Lorenzetti criticó la influencia política en las designaciones y abogó por el mérito.

“Cuando hay concursos y son manipulados, cuando el candidato tiene que tener un padrino y recorrer distintos sectores para que lo apoyen, eso no está bien; tienen que respetar el concurso, el respeto al mérito”, afirmó.

En este marco, el juez recordó que, junto a Carlos Rosenkrantz, presentó un proyecto de reglamento para la selección de magistrados, impulsado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. La iniciativa busca cubrir más de 200 vacantes mediante el uso de tecnología, anonimato en las pruebas y un sistema de evaluación automatizado con 120 preguntas seleccionadas de un banco de 2.000, priorizando la transparencia y la calidad institucional.

El diputado nacional Máximo Kirchner fue el orador principal del acto, convocado bajo el mensaje “Banderazo por Argentina. Por Cristina”.

Entre las personalidades públicas estuvieron distintos intendentes, entre ellos Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús) y Alejandro Granados (Ezeiza), entre otros. También participó el senador nacional y exgobernador de Chaco, Jorge Capitanich, distintos legisladores de Unión por la Patria (UxP) y otros exfuncionarios como Guillermo Moreno.

En su discurso, el diputado pidió por la “unidad” del partido político y afirmó que “la única manera de que la patria recupere el sendero de crecimiento es con el peronismo en el camino”.

Sin mencionar nombres, el hijo de la expresidenta llamó a no cometer errores en caso de que el peronismo logre ubicarse en el poder nuevamente: “No sea cosa que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y terminemos con un presidente aún peor que el actual”.

“El problema es que, muchas veces, hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder, y no como un camino y una doctrina que defiende al pueblo y lo pone de pie”, dijo y agregó: “Nos debemos un momento de reflexión, de entender cuáles son los desafíos que nuestro pueblo manda”.

Kirchner también se refirió a aquellos dirigentes que niegan la figura de Cristina como la conductora del peronismo, en medio de la interna que protagonizan La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Axel Kicillof.

“Si tenemos miedo de representar los intereses de la gente, demos un paso al costado y dejemos a los que realmente tienen coraje de plantarse para defender a quienes lo necesitan”, sostuvo el hijo de Néstor Kirchner.

Y sumó: “Escuchamos a dirigentes de nuestro partido que buscan negar la figura de Cristina, transformados en consultores y olvidando ser militantes. Si alguno piensa que esa mujer resta votos, quisiera que me expliquen si vamos a juntar los votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso Nacional”.

De igual manera, abogó por una “candidata” y que no sea “un candidato por default”, en lo que sería una referencia al gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Si no hay reacción consciente y racional, en nuestro pueblo solo habrá más tristeza y desamparo”, concluyó. Si bien se esperaba un mensaje grabado por parte de la exvicepresidenta, no hubo ningún comentario o movimiento que adelantara la transmisión del mismo.

Tras el cierre del discurso, la militancia comenzó a marchar hacia el domicilio en San Telmo, donde la expresidenta cumple su pena de seis años de prisión domiciliaria, al ritmo de distintas canciones del “Indio” Solari y su banda, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. NA

A tres días de cumplirse el primer aniversario de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo reunió este viernes a miles de militantes en Parque Lezama para reclamar por su liberación y reafirmar su liderazgo dentro del peronismo. El acto tuvo como principal orador a Máximo Kirchner, quien aprovechó el escenario para respaldar la figura de la expresidenta y profundizar las diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La convocatoria se realizó bajo la modalidad de un “banderazo” aprovechando el feriado por el Día de la Bandera. Sobre el escenario acompañaron al diputado dirigentes como Guillermo Moreno, Mayra Mendoza, Jorge Capitanich, Amado Boudou, Mariel Fernández y Federico Otermín. En contraste, no hubo representantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político referenciado en Kicillof, aunque sí participaron militantes de ese sector entre el público.

Durante su discurso, Máximo Kirchner cuestionó a aquellos dirigentes que hablan de unidad pero no visitan a Cristina en el departamento donde cumple su condena. “Los que todo el día hablan de hacer la unidad y no son capaces de ir a verla a San José para decirle compañera cómo está”, expresó, en una frase interpretada como una crítica directa al mandatario bonaerense.

Las diferencias entre ambos sectores volvieron a quedar expuestas cuando el líder de La Cámpora recordó que su espacio resignó posiciones dentro del Partido Justicialista bonaerense para evitar una interna que pudiera afectar la estrategia opositora. “Hemos sabido dar un paso al costado en el PJ de la Provincia para evitar estúpidas internas”, afirmó.

Kirchner también cuestionó la estrategia política de Kicillof, al que acusó de utilizar la pauta oficial para instalar interpretaciones equivocadas sobre el kirchnerismo. Además, reclamó definiciones concretas sobre cómo enfrentar las políticas del presidente Javier Milei y advirtió que algunos dirigentes “tienen miedo de decir lo que hay que hacer”.

En otro de los tramos más resonantes de su intervención, reivindicó a Cristina Fernández de Kirchner como la principal referencia del espacio. “Está muy claro quién debe conducir este proceso político”, sostuvo ante una militancia que coreaba “nos conduce una mujer”.

El diputado también dejó entrever cuestionamientos a quienes buscan posicionarse como alternativas dentro del peronismo y aseguró que el espacio necesita “una candidata y no candidatos por default”, una frase que fue interpretada como otro mensaje dirigido a Kicillof y a los sectores que impulsan su proyección nacional.

El acto volvió a reflejar las tensiones que atraviesan al peronismo bonaerense y nacional, en momentos en que distintos sectores buscan definir liderazgos y estrategias frente al gobierno de Javier Milei de cara a los próximos desafíos electorales.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la organización La Cámpora convocó vía redes sociales a sumarse a la acción con el mensaje: “Este sábado, banderazo en Parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina”. Tendrá lugar en el parque del barrio porteño de San Telmo desde las 15, a poco más de un año de la detención de la actual titular del Partido Justicialista (PJ).

Las manifestaciones en más de 135 municipios de todo el país se harán de manera simultánea, para volver a denunciar la “proscripción” de Cristina Kirchner.

En Parque Lezama se hará un acto y está pautado un discurso del hijo de la ex mandataria y actual diputado nacional, Máximo Kirchner. Se especula también con la chance de que haya un mensaje grabado o por teléfono de Cristina Kirchner pero aún no estaba confirmado.

Debido a las diferentes manifestaciones realizadas durante este tiempo en el domicilio de la expresidenta, en la calle San José 1111, que ocasionaron incidentes frente al edificio donde cumple la prisión domiciliaria, se decidió realizar la actividad principal en Parque Lezama.

Es que días atrás, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó de manera formal a la exmandataria a cumplir de forma estricta las reglas de su detención, advirtiéndole que, de persistir las manifestaciones que alteran el orden público, dejaría sin efecto el arresto domiciliario.

En tal sentido, la justicia argumentó su aviso marcando que la exmandataria fue parte activa de la convocatoria de la manifestación del pasado domingo colgando una bandera de su balcón que cruzaba la calle. Además, sostuvo que es el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quien debería autorizar la realización de este tipo de acciones.

El presidente del bloque Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, señalo que “es muy importante la convocatoria” porque “Cristina es inocente” y “la condena es injusta e ilegítima”.

Añadió que “hay que recuperar el valor de la Justicia, muy venida abajo. Otra institución de la República en la que la gente no cree”. NA

El clima interno dentro del Partido Justicialista atraviesa un momento de alta tensión. Tras una serie de declaraciones de la legisladora porteña Berenice Iáñez, integrante del Movimiento Derecho al Futuro que conduce el gobernador Axel Kicillof, el cristinismo expresó un profundo malestar. La dirigente, cercana a Andrés Larroque, cuestionó el rol de la ex presidenta Cristina Kirchner, lo que fue interpretado como una falta de respeto tanto en el plano político como personal.

Este episodio interrumpió una seguidilla de señales que sugerían un posible acercamiento entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Ambos dirigentes, tras 8 meses de distanciamiento, mantenían la voluntad de entablar un diálogo político, condicionado por temas como las re-reelecciones de intendentes y el sistema electoral, pero el nuevo conflicto ha vuelto a estancar las negociaciones.

“Lo que está pasando es increíble. Si nos llega a ganar Javier Milei de nuevo, hay que cagar a palos a todos”.

Así se expresó un intendente del conurbano, reflejando el hartazgo de las bases ante las disputas constantes. En este contexto, figuras del Frente Renovador, como Malena Galmarini y su hermano Sebastián Galmarini, han alzado la voz en redes sociales para exigir una estrategia de unidad.

Malena Galmarini enfatizó:

“La unidad del campo nacional y popular es lo único que nos sacará de esta pesadilla. La unidad es la mayor esperanza de las y los argentinos que sufren”.

Por su parte, el diputado nacional Sebastián Galmarini advirtió que es un grave error no comprender la importancia de la cohesión del peronismo para los desafíos electorales futuros.

Mientras tanto, dentro del esquema que conduce Axel Kicillof, algunos dirigentes reconocen que estas fricciones públicas solo benefician a los sectores opositores. La posibilidad de un encuentro entre el gobernador y Máximo Kirchner sigue siendo, por ahora, una asignatura pendiente en un peronismo que busca ordenarse frente a la gestión de Javier Milei.

Mientras Cristina Kirchner y sus hijos intentan frenar ante la Corte Suprema el proceso de ejecución patrimonial derivado de la causa Vialidad, en Comodoro Py avanza el procedimiento para decomisar 141 bienes. Entre ellos, se encuentran los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner, secuestrados originalmente en la causa Hotesur.

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, es el responsable de ejecutar la pena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia el 14 de junio de 2025, el proceso contempla la inhabilitación para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes para resarcir el fraude, estimado en 685.000 millones de pesos.

Hace veinte días, la Cámara de Casación ratificó la orden de avanzar sobre 111 bienes muebles e inmuebles identificados por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. A pesar de los recursos interpuestos por la defensa ante el máximo tribunal, desde Comodoro Py sostienen que la ejecución patrimonial sigue su curso.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu, en su carácter de presidente del tribunal, ha solicitado informes sobre 141 propiedades, mayoritariamente vinculadas a Cristina Kirchner y Lázaro Báez. No obstante, una pieza clave para completar el proceso es la respuesta del Banco Galicia respecto a los fondos embargados: 4.664.000 dólares de una caja de seguridad, 992.134 dólares de una caja de ahorro y 53.280,24 pesos.

La justicia federal sostiene que estos activos, que forman parte de la causa Hotesur por asociación ilícita y lavado de activos, no fueron justificados en su origen lícito. El criterio aplicado por el TOF 2 establece que todo bien incorporado al patrimonio de los condenados entre 2003 y 2015 es susceptible de ser ejecutado.

A un año de que se hiciera efectiva la detención de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria desde el 17 de junio de 2025 por la condena en la denominada Causa Vialidad, el Partido Justicialista (PJ) nacional ha convocado a un banderazo para exigir su libertad. La jornada de protesta se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio en el Parque Lezama.

La convocatoria, que coincide con la conmemoración del Día de la Bandera, busca también manifestarse contra lo que los organizadores denominan la proscripción de la expresidenta. Según informaron desde el PJ nacional a través de un comunicado, la medida cuenta con el respaldo de más de 20 partidos políticos y organizaciones sociales. El encuentro está previsto para las 15 horas y se espera que la exmandataria brinde un discurso que será transmitido mediante altoparlantes.

Al respecto, la senadora bonaerense Fernanda Raverta expresó su postura sobre la situación judicial de la dirigente: “Es una condena injusta. Cristina es una presa política, por mujer, por peronista y por haber enfrentado en su Gobierno a los grupos concentrados de la economía. Luchar por su libertad es una obligación de todos”.

En paralelo, la Justicia ha emitido advertencias sobre la continuidad de los actos políticos frente al domicilio de la expresidenta, ubicado en San José 1111. El Tribunal Oral Federal ordenó a la titular del PJ nacional abstenerse, bajo apercibimiento de ley, de realizar conductas que incumplan las pautas de la prisión domiciliaria, luego de que el pasado domingo militantes colocaran una bandera con la consigna “De San José a la Rosada”.

El marco legal de esta situación se remonta al fallo de la Corte Suprema de junio de 2025, que confirmó por unanimidad la pena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner. La decisión, adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, ratificó lo dictaminado previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal en noviembre de 2024. El expediente investigó la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, analizando posibles sobreprecios y trabajos inconclusos.

Previo a su detención, la expresidenta había calificado la resolución judicial como un “veto al voto popular”, señalando que el fallo no fue dictado por el máximo tribunal, al que tildó de “triunvirato de impresentables”, sino por el poder económico concentrado.

La Justicia podría revocar la prisión domiciliaria de la expresidenta y actual titular del PJ, Cristina Kirchner, por las manifestaciones la puerta de su casa situada en el barrio porteño de Constitución, en San José 1111.

El juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó formalmente a la exmandataria a cumplir estrictamente las reglas de su detención y le advirtió que dejaría sin efecto el tipo de arresto que lleva a cabo actualmente, si continúan las conductas que alteran el orden público.

Esta medida judicial surgió en respuesta a los incidentes ocurridos el pasado domingo, frente al edificio donde vive la expresidenta, donde se realizó un “banderazo” con cortes en las calles aledañas y aglomeramiento de personas

La Justicia fundamenta su advertencia en que la ex mandataria participó activamente en la convocatoria al colgar una bandera de grandes dimensiones, que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y el edificio de enfrente.

Respecto a la alteración del orden, consideran que la convivencia con los vecinos del barrio se fe afectada, debido a las reiteradas manifestaciones y la instalación de estructuras que interrumpen la vida cotidiana del barrio y viola la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.

Asimismo, se indicó que, para este tipo de intervenciones en la vía pública, se requiere autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que estos sucesos se podrían encuadrar en una contravención.

Para finalizar, la resolución judicial a la que se refiere Giménez Uriburu invoca el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, en la que esta norma le otorga al magistrado la potestad de enviar a Cristina Kirchner a una cárcel común en caso de nuevos incumplimientos injustificados. NA

La Anses presentó un pedido formal ante la justicia previsional para que se establezca una caución real a prestar por la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Esta medida busca garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos en caso de que una futura sentencia definitiva sea adversa a la pretensión de la exmandataria de percibir sus haberes de privilegio.

El requerimiento surge a raíz de un fallo de la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad, cuyos jueces Sebastián Russo y Juan Fantini ordenaron al organismo abonar de forma provisoria la pensión como viuda de Néstor Kirchner. Dicha prestación había sido dada de baja en 2024, tras la confirmación de la sentencia por corrupción en la causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la presentación realizada por la abogada Yanina Luminoso, en representación de la Anses, se advierte que la asignación mensual vitalicia ascendería actualmente a 38 haberes mínimos, lo que equivale a aproximadamente 15,3 millones de pesos. El escrito subraya que el artículo 199 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, así como la ley 26.854, exigen la constitución de una caución para que las medidas cautelares contra el Estado tengan eficacia práctica.

Mientras la causa sigue su curso, el organismo previsional y el fiscal Juan Carlos Paulucci mantienen sus recursos de queja ante el máximo tribunal para intentar revertir la medida cautelar que habilitó el pago provisorio. Cabe recordar que, en noviembre de 2024, las asignaciones de privilegio de Cristina Kirchner sumaban más de 35,2 millones de pesos en bruto.

El diputado nacional Máximo Kirchner cuestionó con dureza la situación judicial de Cristina Fernández y dejó un claro mensaje a la interna del PJ al asegurar que el peronismo hará “todo lo posible” para que la expresidenta pueda ser candidata en las próximas elecciones.

En declaraciones brindadas al canal C5N, el legislador enfatizó la necesidad de garantizar condiciones democráticas para la participación de la dirigente. “Queremos que las condiciones se den con una democracia plena y con Cristina en libertad”, expresó, al tiempo que sostuvo que la sociedad debe tener la posibilidad de elegirla en las urnas. “Si la sociedad quiere elegirla y quien no quiera, no la vota y se acabó”, afirmó.

El diputado advirtió que una eventual elección sin la participación de la expresidenta tendría consecuencias políticas e institucionales. “Es una elección que, sin ella poder participar, va a tener grandes problemas. Hay argentinos que no quieren votar otra cosa”, señaló.

En lo que pareció un mensaje directo hacia la interna partidaria y al sector que impulsa a Axel Kicillof como posible aspirante a la presidencia en 2027, Máximo Kirchner fue tajante sobre la postura de su espacio. “Vamos a hacer todo lo posible para que ella pueda competir. Con esa forma de pensar -consultado sobre la posibilidad- terminamos aceptando cualquier cosa”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente planteó que cada concesión frente a este tipo de decisiones termina deteriorando las condiciones de vida de la población y cerró con una definición contundente sobre el compromiso de su sector: “Vamos a dejar la vida para que Cristina pueda participar y sea candidata”.

Por último, el diputado aseguró que la expresidenta continúa conservando un importante respaldo social. Según señaló, aparece “primera o segunda en todas las encuestas”, incluso en un momento donde, según su mirada, la dirigencia política atraviesa un período de fuerte desgaste y pérdida de credibilidad.

El senador provincial Sergio Berni volvió a marcar diferencias con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en medio de la creciente tensión interna dentro del peronismo. El dirigente, que preside el bloque oficialista en la Cámara Alta bonaerense, cuestionó la actitud del mandatario respecto al reclamo por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Si decís Cristina Libre, pero después no hacés nada o mirás para otro lado porque las encuestas dicen que no te conviene, entonces no sos peronista”, afirmó Berni al ser consultado sobre la posición de Kicillof frente a la situación judicial de la exmandataria.

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que el gobernador publicara un mensaje en redes sociales en el que calificó como una “infamia a la vista de todos” la causa judicial que derivó en la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, al cumplirse un año de la decisión de la Corte Suprema que hizo efectiva la medida.

En ese contexto, desde el entorno de Kicillof confirmaron que el Movimiento Derecho al Futuro participará del “banderazo” convocado para el próximo 20 de junio en Parque Lezama en apoyo a la expresidenta. Sin embargo, aún no está definido si el gobernador asistirá personalmente a la actividad, aunque tampoco descartan su presencia.

Por estas horas, uno de los principales reclamos que sectores del kirchnerismo le realizan al mandatario provincial es que visite a Cristina Kirchner en el departamento de la calle San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. Hasta el momento, no hay señales de que ese encuentro vaya a concretarse en el corto plazo.

Berni, alineado con el sector más cercano a la exvicepresidenta, también fue crítico con el espacio político que encabeza Kicillof. Lo definió como una expresión del “progresismo albertista” y recordó las tensiones surgidas durante el cierre de listas de las elecciones del año pasado, cuando desde el kicillofismo se evaluó la posibilidad de competir con el sello PARTE, vinculado al expresidente Alberto Fernández.

“Si Kicillof pretende ser presidente debe decir si quiere ser candidato del peronismo o de la izquierda progresista albertista”, sostuvo el legislador. En la misma línea, agregó que si el gobernador opta por ese camino, “el peronismo deberá buscar otro candidato”.

De cara al futuro electoral, Berni se mostró a favor de la realización de una gran elección primaria abierta que permita competir a todos los sectores del movimiento justicialista. Además, consideró que el único dirigente que hasta el momento expresó públicamente su intención de competir por la Presidencia es el senador sanjuanino Sergio Uñac.

Mientras tanto, Axel Kicillof continúa evitando definiciones sobre una eventual candidatura presidencial, en un escenario donde la discusión por el liderazgo del peronismo sigue sumando capítulos y profundizando las diferencias entre sus principales referentes.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este miércoles un mensaje en la red social X al cumplirse un año del fallo judicial que condenó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, decisión que calificó como una “enorme infamia” y resultado de una persecución política y judicial.

En su publicación, Kicillof sostuvo que la exmandataria fue víctima de una “larguísima persecución” que derivó en una condena que consideró “arbitraria” y “desprovista de pruebas”. Asimismo, cuestionó los fundamentos jurídicos de la sentencia y afirmó que los hechos atribuidos a Fernández de Kirchner no se encontraban dentro de sus competencias como funcionaria.

El mandatario bonaerense también vinculó la situación judicial de la exvicepresidenta con lo que definió como una estrategia de hostigamiento más amplia, dirigida tanto contra ella como contra su entorno familiar. En ese marco, recordó el intento de asesinato sufrido por Fernández de Kirchner en septiembre de 2022 y señaló que, a casi cuatro años del atentado, aún no se ha esclarecido quiénes fueron los responsables intelectuales y financieros del hecho.

En otro tramo de su mensaje, Kicillof relacionó la condena judicial con el actual escenario político y económico del país. Según expresó, los sectores que impulsaron la causa contra la exmandataria son los mismos que “hoy sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos”.

Además, cuestionó al presidente Javier Milei, a quien acusó de promover “todos los días el odio y ataca los fundamentos sociales de nuestra democracia”.

Finalmente, al cumplirse un año de la sentencia, Kicillof reafirmó su respaldo a Fernández de Kirchner y sostuvo que la expresidenta “es inocente”. En ese sentido, consideró: “Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa”.

La publicación se suma a una serie de manifestaciones de dirigentes del peronismo que, en el aniversario del fallo, volvieron a cuestionar la actuación del Poder Judicial en las causas que involucran a la exmandataria.

La expresidenta Cristina Kirchner presentó un recurso de queda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frenar el decomiso de los bienes de sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, que dictó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el marco de la causa Vialidad por la que fue condenada a prisión.

La exjefa de Estado busca evitar que la Justicia tome posesión y remate 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz que fueron transferidos por su difunto marido Néstor Kirchner y por ella misma a sus hijos.

“No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, aseguró Cristina Kirchner en el escrito presentado ante el máximo tribunal de Justicia.

Allí señaló que las propiedades “fueron adquiridas por sus progenitores a título oneroso (no por medio de liberalidades) con activos de origen legal y a través de operaciones genuinas y lícitas”.

El TOF 2 incluyó esos bienes inmuebles en el listado de activos a decomisar ya que habían sido “adquiridos por las personas condenadas, dentro del período temporal delimitado por el Tribunal”.

A fines de mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de las propiedades y reafirmó el principio por el cual “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aún cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.

“El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, expresaron los magistrados en aquel fallo.

La sentencia dejó firme la medida de decomiso por un monto superior a los 684 mil millones de pesos y dio luz verde el remate de las propiedades para hacer efectivo el resarcimiento al Estado. NA

El exministro de Economía Roberto Lavagna declaró este martes como testigo en el juicio por la causa de los cuadernos de las coimas. Durante su exposición en los tribunales de Comodoro Py, el exfuncionario advirtió que en 2005, bajo la gestión de Néstor Kirchner, se detectaron sobreprecios en el área de Vialidad.

Ante una consulta del abogado defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sobre posibles indicios de cartelización o direccionamiento en la obra pública, Lavagna detalló el origen de las sospechas. Según explicó, el Banco Mundial, organismo que había enviado fondos para Vialidad, anticipó que iniciaría una investigación por presuntas irregularidades.

“Había algunos márgenes de sobreprecios del orden, en promedio, del 20%”

El exministro relató que, tras recibir esa información, ordenó un informe exploratorio entre mayo y agosto de 2005. El estudio confirmó dudas sobre procesos de cartelización y sobrecostos. Ante este escenario, el exfuncionario dio intervención a la Comisión de Defensa de la Competencia para profundizar la investigación y evitar ser sorprendidos por el informe del organismo internacional.

Lavagna precisó que los informes identificaron dos casos paradigmáticos de cartelización: el de las cementeras y el del gas para los hospitales. Asimismo, recordó que en 2005, durante un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción, expuso estas sospechas, lo que generó malestar entre los empresarios presentes.

Finalmente, el exministro se refirió a su salida del gobierno en noviembre de 2005. Aclaró que no renunció, sino que puso su cargo a disposición a pedido del presidente Néstor Kirchner, tras haber denunciado las irregularidades en el sector.

El Tribunal Oral Federal Nro. 7 (TOF7) reanudará mañana martes las declaraciones en el marco de la causa Cuadernos, un proceso judicial que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal y pago de coimas por la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner.

Entre los testimonios previstos para la jornada, se encuentran el exministro de Economía, Roberto Lavagna; el exfinancista Leonardo Fariña; y la exdiputada santacruceña Mariana Zuvic. Estas declaraciones son consideradas de gran relevancia para el avance del proceso, que tiene entre sus principales acusados a la ex presidenta y a ex integrantes de sus gobiernos.

Uno de los testimonios más esperados es el de Roberto Lavagna, quien ya había declarado en el juicio por la causa Vialidad. En aquella oportunidad, el ex funcionario recordó detalles de su paso por el Ministerio de Economía durante la presidencia de Néstor Kirchner y mencionó investigaciones impulsadas por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública.

Por su parte, Leonardo Fariña, quien se desempeñó como arrepentido en la denominada Ruta del dinero K, aportó información sobre presuntas maniobras de lavado de dinero y sostuvo que el empresario Lázaro Báez actuaba en representación de intereses del expresidente Néstor Kirchner. La nómina de testigos para la jornada será completada por Mariana Zuvic, dirigente que ha denunciado públicamente diversos casos de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.

El juicio por los Cuadernos comenzó en noviembre del año pasado bajo una modalidad virtual y, desde marzo, se desarrolla de manera semipresencial. En el proceso se analiza un supuesto esquema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado. Además de la ex presidenta, quien enfrenta cargos por asociación ilícita y cohecho, son juzgados ex funcionarios nacionales, empresarios y colaboradores cercanos al poder político de aquel entonces.

El exdiputado nacional Martín Sabbatella, junto a organizaciones kirchneristas de Morón, se presentarán hoy en la casa de la expresidenta Cristina Kirchner, donde realizarán una intervención artística en repudio a la condena domiciliaria que cumple la exmandataria, desde el 18 de junio del año pasado.

La performance denominada ‘El Circo Py’, se llevará adelante en San José 1111, a partir de las 15, donde se verá “una parodia del funcionamiento del Partido Judicial” y “el entramado de poder que impulsó la condena contra Cristina”, según adelantaron en un comunicado.

Habrá malabaristas, acróbatas, bailarines, payasos, titiriteros, músicos y otros artistas del distrito del conurbano bonaerense, comandado por el intendente Lucas Ghi. La iniciativa busca “visibilizar el rol de la mafia judicial” en coordinación con los “sectores económicos concentrados para la persecución de dirigentes del campo nacional y popular”.

En su momento, Sabbatella sostuvo que la condena judicial contra Cristina Kirchner era un “disparate jurídico” y un “acto de persecución política destinado a proscribirla”. Asimismo, afirmó que la exmandataria es inocente y expresó públicamente que, si la posibilidad estuviera en sus manos, la indultaría de inmediato. (NA).

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el avance de la ejecución de bienes vinculados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y otros condenados en la causa Vialidad. La decisión judicial rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas, permitiendo la continuidad del proceso de recupero patrimonial.

El monto total a cubrir, tras la actualización realizada por peritos oficiales y el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, supera los 684.990 millones de pesos. Ante la falta de pago por parte de los condenados, la Justicia procedió a avanzar con la ejecución de activos.

Entre las propiedades incluidas en la resolución se encuentra un inmueble sobre la Avenida 17 de Octubre al 800, en El Calafate, con una superficie de 6.001,64 metros cuadrados. Asimismo, el fallo alcanza a diez unidades inmobiliarias en la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, cedidas anteriormente a los hijos de la exmandataria.

El listado también comprende inmuebles en 25 de Mayo al 200 y en Presidente Néstor Kirchner al 400, en la capital santacruceña, además de diversos terrenos en las inmediaciones de El Calafate. Entre los activos de mayor valor se destacan dos propiedades en el departamento Lago Argentino, con superficies de 44.106 y 87.046 metros cuadrados, respectivamente, junto al predio del Complejo Hotel Los Sauces.

La Justicia desestimó los planteos de la defensa que argumentaban que parte de los bienes pertenecían a los hijos de la ex presidenta por herencia o cesiones de buena fe. Los magistrados señalaron que existe una coincidencia temporal y vinculación económica entre los hechos investigados y el incremento patrimonial, lo que habilita el decomiso.

Con esta resolución, el Tribunal Oral Federal N° 2 quedó habilitado para iniciar las tareas de tasación, administración y eventual remate público de los bienes. Si bien la ex presidenta aún puede presentar un recurso de queja directa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esta instancia no tiene efectos suspensivos sobre la ejecución patrimonial, por lo que el proceso continuará su curso.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la exmandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.

Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de 684.990 millones de pesos y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Kirchner por administración fraudulenta.

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.

A su vez, por mayoría desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme.

Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta, el juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.

Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.

La Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, rechazó los recursos extraordinarios presentados por la familia Kirchner y por Lázaro Báez. La medida busca suspender la ejecución patrimonial ordenada en el marco de la causa Vialidad, que tiene como objetivo recuperar 685.000 millones de pesos, cifra que representa el fraude cometido.

A través de una resolución de 14 páginas, la Sala IV de la Cámara de Casación confirmó de manera definitiva la ejecución de 111 bienes muebles e inmuebles. La mayoría de estas propiedades pertenecen a Lázaro Báez y, en segundo término, a Cristina, Máximo y Florencia Kirchner. Con esta decisión, se le dio firmeza a la ejecución patrimonial que había resuelto el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en noviembre del año pasado.

El monto total a cubrir es de 685.000 millones de pesos. A la fecha, la primera instancia de bienes a decomisar, solicitada por el fiscal general Diego Luciani y su par Sergio Mola, incluye 111 bienes: 80 están bajo la titularidad de Lázaro Báez, uno a título personal de Cristina Kirchner y 19 escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner.

Si bien el voto de los jueces fue unánime respecto al patrimonio de la expresidenta, existió una disidencia del juez Borinsky sobre el avance en los bienes de los hijos de la exmandataria. No obstante, fuentes judiciales explicaron que, aunque la familia puede acudir en queja ante la Corte Suprema de Justicia, dicho proceso no tiene efecto suspensivo sobre la ejecución de los bienes.

El fallo sostiene que la maniobra investigada involucró un esquema complejo con un resultado patrimonial único, vinculado al direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz. Los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña señalaron que los recursos presentados no demostraban una cuestión federal suficiente y que las impugnaciones solo reflejaban discrepancias con el criterio adoptado sobre el alcance del decomiso.

En una nueva jornada del juicio oral por la Causa Cuadernos, el encargado del edificio ubicado en la esquina de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta, se desdijo de sus declaraciones previas. Julio César Silva, quien trabaja en el inmueble desde 1989, compareció como testigo ante el Tribunal Oral Federal 7 y negó haber presenciado un movimiento constante de bolsos y valijas en el departamento de la expresidenta Cristina Kirchner.

Durante su declaración, Silva sorprendió al tribunal al retractarse de lo que había afirmado en 2018 ante el fallecido juez federal Claudio Bonadio en los tribunales de Comodoro Py. En aquella oportunidad, el testigo había asegurado que veía al exsecretario privado Daniel Muñoz con bolsos y valijas casi semanalmente. Sin embargo, en esta ocasión fue categórico:

"Cometí un delito, firmé eso sin leerlo"

El testigo relató que conoció a Muñoz cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia y que este continuó asistiendo al edificio de Recoleta incluso después de que el matrimonio se mudara a la Quinta de Olivos. Según explicó, su tarea habitual consistía en entregarle una caja con cartas y peticiones dirigidas a los mandatarios. En ese contexto, Silva reveló un detalle de tinte personal: le entregó a Muñoz un pedido para que consiguiera empleo para sus dos hijas, quienes terminaron trabajando en dos ministerios durante 12 años, hasta la asunción del expresidente Mauricio Macri.

Al ser consultado sobre la dinámica del edificio, el encargado detalló que su horario laboral era de siete a 13 y de 17 a 21, y aclaró que desde su vivienda no tenía visibilidad directa del acceso principal, sino únicamente de la puerta de servicio. Asimismo, confirmó que Muñoz poseía llaves de los dos accesos y que solía ingresar de manera apresurada con un portafolio o un bolso de mano.

La tensión en la audiencia aumentó cuando se le leyó su declaración del 14 de agosto de 2018, en la que constaba que entre 2007 y 2010 había visto movimientos semanales de bolsos y valijas junto a dos o tres personas. Silva interrumpió la lectura del juez Germán Castelli para reiterar que firmó disconforme y bajo presión:

"Cuando declaré me repitieron un montón de veces, y volvían para atrás y yo no me sentí bien, cómodo"

Ante las preguntas de la fiscal general Fabiana León, el testigo ratificó que solo vio a Muñoz con un bolso "en una oportunidad, o dos".

La investigación judicial había señalado históricamente a este domicilio como un centro de acopio de recaudación ilegal. De hecho, la causa cuenta con la confesión del exsecretario de Obras Públicas, José López, quien detalló que en 2007 se realizó una entrega de una valija con cerca de ocho millones de dólares en dicha propiedad. Sin embargo, el testimonio actual de Silva debilita una de las piezas clave de la acusación original sobre el movimiento diario en el edificio de Recoleta.