El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de frenar la restitución de la pensión de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un nuevo capítulo de la disputa judicial por ese beneficio.

La apelación fue impulsada a través de la ANSES, bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, y apunta a que el máximo tribunal revise el fallo que había ordenado restablecer la asignación vitalicia que percibía la exmandataria como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

El conflicto se remonta a fines de 2024, cuando el organismo previsional dispuso dar de baja tanto la jubilación presidencial como la pensión por viudez de Kirchner, luego de que quedara firme su condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Cámara Federal de la Seguridad Social hizo lugar a un planteo de la defensa de la exjefa de Estado y ordenó restituir provisoriamente el beneficio, al considerar que su suspensión podía generar un perjuicio de difícil reparación y al remarcar el carácter alimentario de la prestación.

Frente a esa decisión, el Ejecutivo avanzó con un recurso extraordinario para que intervenga la Corte Suprema, al sostener que el fallo judicial incurre en una interpretación errónea del marco legal vigente. Según la postura oficial, la asignación no constituye un derecho previsional contributivo sino un beneficio de carácter honorífico, cuya vigencia debería estar sujeta a condiciones de “honorabilidad” incompatibles con una condena penal firme.

En ese sentido, el Gobierno argumentó que la normativa vigente impediría el cobro de este tipo de asignaciones en casos donde exista una condena con inhabilitación para ejercer cargos públicos, punto central de la controversia que ahora deberá analizar el máximo tribunal.

La disputa judicial pone en discusión no solo la situación particular de la exmandataria, sino también el alcance y la naturaleza de las pensiones vitalicias otorgadas a ex presidentes y sus familiares. Mientras la Justicia entiende que se trata de un derecho con carácter alimentario, el Ejecutivo insiste en que se trata de una asignación especial, no contributiva y sujeta a condiciones específicas.

Con la apelación ya presentada, la definición queda ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá resolver si confirma la restitución del beneficio o avala la decisión del Gobierno de mantener su suspensión. El fallo tendrá impacto no solo en este caso puntual, sino también en futuros criterios sobre este tipo de prestaciones.

La controversia sobre los beneficios previsionales de la expresidenta Cristina Kirchner sumó un nuevo capítulo judicial esta semana. El fiscal Juan Carlos Paulucci presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación con el objetivo de impedir que se reactive el pago de una de las prestaciones millonarias que la exfuncionaria percibía hasta noviembre de 2024.

Actualmente, se encuentra vigente una medida cautelar que restableció el pago de la pensión que cobra la exmandataria, y la reciente presentación del recurso no suspende dicho cobro. El monto en disputa incluye un adicional por zona austral, a pesar de que la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento porteño tras ser condenada en la causa Vialidad. Esta diferencia se discute en un expediente paralelo.

La decisión de Juan Carlos Paulucci, quien se desempeña como fiscal subrogante ante la Fiscalía General N° 1 de la Cámara de la Seguridad Social, se produjo luego de que la Sala III de la Cámara Federal de ese fuero rechazara, por mayoría, elevar el expediente a la Corte Suprema de la Nación. Tras la condena por administración fraudulenta confirmada por la justicia, la Anses había anulado en noviembre de 2024 tanto la pensión como la asignación vitalicia.

La semana pasada, la Cámara Federal de la Seguridad Social había rechazado el pedido de la Anses y del Ministerio Público Fiscal para que el máximo tribunal interviniera. La mayoría del tribunal entendió que la suspensión del acto contra la exfuncionaria no es un fallo sobre el fondo del asunto, sino que congela la medida de baja hasta que se dicte una sentencia definitiva.

Al analizar la posibilidad de revisar la medida, el juez Sebastian Eduardo Russo explicó que

“los pronunciamientos sobre medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas o equiparables a tales, y por lo tanto no son susceptibles del recurso extraordinario federal”. El magistrado remarcó el carácter provisional de estas decisiones, aclarando que pueden modificarse en cualquier momento.

Por su parte, el juez Juan A. Fantini Albarenque afirmó que

“la mera circunstancia de que una de las partes fuera la expresidenta de la Nación no resulta determinante a la hora de resolver sobre la admisión o no de un recurso extraordinario”.

No obstante, la fiscalía insistió en que el caso requiere la intervención urgente de la Corte Suprema de la Nación por los intereses públicos en juego, derivando ahora en la presentación del recurso de queja.

El hecho sucedió durante la presentación del libro “El Balcón ilustrado”, de Tomi Muller, en un evento del que participaron el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés -quien moderó el panel-, el periodista Víctor Hugo Morales, el dibujante Tute y la cantante Dolores Solá.

“El libro es una verdadera maravilla que refleja este momento especial que no es mi vida personal sino de la vida política de todos. Pudo captar lo que significa ese balcón para tantísima gente”, reflexionó la ex presidenta.

“Quería agradecerte porque además de arte y convicción, creo que hay pasión, cariño y amor en lo que dibujaste. Yo lo siento de esa manera”, agregó la titular del Partido Justicialista nacional.

Al tomar la palabra durante la presentación en la colmada Sala Tulio Halperín Donghi de la Feria del Libro, Valdés definió la obra de Tomi Muller como “un acto de amor y de reparación”.

“Es un acto de justicia el libro de Tomi Muller, quien al ver lo que sucedía con Cristina decidió reflexionar con el alma a través de sus dibujos”, consideró.

Sin nombrarlos, Valdés cuestionó a Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Juan Manuel Olmos, entre otros, por proponer la construcción de un peronismo “moderado” en un acto en el que ni siquiera se permitieron nombrar a Cristina Kirchner y la situación de persecución política y judicial que padece, según su visión.

“Me pusieron de moderador, pero lo último que quiero ser es moderado, para moderación están los otros que arman actos, pero no quieren nombrar las cosas por su nombre”, disparó.

Víctor Hugo Morales, por su parte, reflexionó que libros como el de Tomi Muller “se convierten en una pequeña revancha artística para tanto oprobio”.

“La tobillera es un hecho gratuitamente humillante, porque no les alcanza con nada. Necesitan nombrarla todos los días en diarios, medios y títulos. Cuando tienen que hablar de corruptos como Adorni sólo lo pueden hacer comparando de alguna manera con el kirchnerismo. Esta corrupción que vemos hoy no necesita de jueces. Esa tobillera, esa humillación, no es solo contra Cristina, sino contra todos”, apuntó el comunicador.

“Hay balcones en todo el mundo, pero ahora el balcón más importante del mundo está en San José 1.111 a donde tenemos que ir y decir ´señora la queremos´”, remató.

Dolores Solá contó su experiencia personal con el balcón de San José: “El día del horror, de la condena, fui a su casa. Me impresionó que en muy poco tiempo el drama se transformó en una fiesta. El peronismo en la calle es una fiesta incluso el día más dramático, y eso me dio una gran paz porque contra eso no puede ni la muerte”.

Luego, reflexionó sobre la relación entre el peronismo y los balcones: “El renunciamiento de Evita, los balcones de Perón, el balcón de Cristina. Siempre el pueblo está abajo y mirando con amor. El peronismo instaló el amor como categoría política”.

Tomi Muller, autor de la publicación, aseguró que es “un libro diseñado para proteger a Cristina del peor presidente de la historia argentina”. NA

La Justicia dejó firme la restitución de la pensión de privilegio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazara un recurso extraordinario presentado por la ANSES.

La decisión fue adoptada por la Sala III del tribunal, que desestimó el planteo del organismo previsional y confirmó la vigencia de una medida cautelar que obliga a restablecer el pago del beneficio que la exmandataria percibe como viuda de Néstor Kirchner.

De esta manera, el fallo deja firme —al menos de forma provisoria— la resolución judicial previa que había ordenado reanudar el pago de la pensión, mientras continúa la discusión de fondo sobre la legalidad del beneficio.

El origen del conflicto

El caso se remonta a fines de 2024, cuando el Gobierno nacional dispuso la baja de dos prestaciones que cobraba la ex presidenta: la pensión por viudez y la jubilación de privilegio como ex jefa de Estado. La medida se adoptó tras la confirmación de su condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, la Cámara estableció una diferencia entre ambos ingresos. Mientras avaló la suspensión de la jubilación vinculada a su cargo presidencial, consideró que la pensión por viudez no podía ser eliminada por vía administrativa, sino eventualmente suspendida, lo que motivó su restitución.

Rechazo al recurso y próximos pasos

El tribunal también rechazó que el caso sea elevado de manera directa a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, al entender que se trata de una medida cautelar y no de una sentencia definitiva.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Gobierno interpondrá un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.

Así, el conflicto judicial continúa abierto, aunque con un escenario favorable para la exmandataria en esta instancia, que le permite seguir percibiendo la pensión mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la Anses y dejó firme la medida cautelar que obliga a restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner.

Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Estado nacional recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La polémica comenzó a fines de 2024, cuando la Anses dio de baja, mediante la Resolución 1092, la jubilación presidencial y la pensión como viuda de Néstor Kirchner que percibía la exmandataria.

La administración nacional tomó esta determinación tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo consideraron que el organismo previsional no podía eliminar el beneficio de pensión por “cuestiones de honor”.

El tribunal estableció una distinción técnica entre ambas prestaciones: mientras avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta debido a la condena judicial, ordenó que la pensión por viudez debe ser restituida al considerar inadmisible su baja por vía administrativa.

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron la reciente decisión judicial al sostener que “afecta el principio de legalidad” y que no contempla la “prohibición expresa del derecho al cobro” derivada de la condena e inhabilitación de la exmandataria. NA

El exsecretario de Obras Públicas José López deberá declarar este jueves 30 ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7, marcando el inicio de una ronda de 43 testimonios planificada para esta nueva etapa del proceso judicial. López, quien se desempeñó como funcionario nacional entre 2003 y 2015, es considerado una pieza fundamental en la denominada Causa Cuadernos y el acusado que más compromete a la expresidenta Cristina Kirchner.

El exfuncionario actuó bajo la figura de imputado colaborador, comúnmente llamado "arrepentido", tras confesar su participación en un sistema de recaudación ilegal de sobornos por parte de contratistas. En sus declaraciones previas, afirmó haber estado vinculado con altos funcionarios que oficiaban de organizadores de la maniobra. Su figura cobró trascendencia pública masiva en el año 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar bolsos con millones de dólares en un convento.

Además de la comparecencia de López, el cronograma judicial incluye las indagatorias de los empresarios Marcelo Marcuzzi y Juan José Luciano. En el caso de Marcuzzi, la fiscal de juicio Fabiana León rechazó un pedido de "reparación integral" solicitado por su defensa para obtener el sobreseimiento. Por su parte, Luciano, vinculado al sector de la construcción, figura en el expediente como uno de los arrepentidos y admitió ante la Justicia haber realizado pagos periódicos a exfuncionarios para mantener contratos de concesiones viales.

Esta etapa del debate continuará durante el mes de mayo, período en el cual serán convocados diversos periodistas que participaron en la investigación inicial, así como exfuncionarios y allegados de los principales acusados. Entre los testimonios previstos se encuentra el de Miriam Quiroga, quien fuera secretaria de Néstor Kirchner.

Por el momento, el tribunal integrado por los tres jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli ratificó la continuidad del proceso al rechazar diversos pedidos de nulidad presentados por las defensas de los imputados, quienes buscaban detener el avance del debate oral.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas.

La decisión, firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.

Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.

Los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal se encargará de su administración y eventual venta.

La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner está cumpliendo de manera domiciliaria una condena de seis años de prisión, constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. NA

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó avanzar con la ejecución de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos para cubrir el monto de dinero fijado que debe devolver en el marco de la causa Vialidad, en la que fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La medida alcanza a una veintena de propiedades vinculadas a la actual presidenta del Partido Justicialista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a más de 80 inmuebles del resto de los implicados, entre ellos Lázaro Báez y sus empresas.

La decisión, firmada por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, forma parte del proceso para recuperar el dinero considerado desviado en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz.

El fallo se enmarca en una condena ya firme que incluye la pena de prisión domiciliaria que la exmandataria cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución y el decomiso de activos para resarcir al Estado.

Según lo establecido en la causa, el monto a devolver asciende a cifras millonarias que fueron actualizadas con el paso del tiempo, lo que derivó en la necesidad de ejecutar bienes de los condenados.

Los abogados de la expresidenta y sus hijos se quejaron de la disposición, al argumentar que varios de los bienes decomisados a Máximo y Florencia fueron heredados de su padre, Néstor Kirchner, o recibidos por cesión en 2016, y que incluso algunos fueron adquiridos con anterioridad al período de la maniobra investigada.

Los bienes decomisados pasarán a la órbita de la Corte Suprema de Justicia y el máximo tribunal se encargará de su administración y eventual venta.

La causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner está cumpliendo de manera domiciliaria una condena de seis años de prisión, constató un esquema de corrupción con constantes contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, con sobreprecios y obras inconclusas o deficientes. NA

En un fallo histórico, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso en la causa Vialidad y ordenó ejecutar los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y el empresario Lázaro Báez. Por mayoría, el tribunal ratificó la recuperación efectiva de activos por corrupción y consolidó un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados.

La decisión ratificó lo dispuesto por el Tribunal Oral Federal dos, que había ordenado el remate de bienes para hacer efectivo el recupero fijado en la sentencia, por un monto superior a los 684.000 millones de pesos. La medida alcanza a los activos de la ex presidenta y de Lázaro Báez, así como bienes de empresas consideradas instrumentos fundamentales de la maniobra, como Austral Construcciones y otras firmas vinculadas.

El presidente de la Sala IV, el juez Gustavo Hornos, sostuvo que el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito. Al respecto, señaló que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”.

El voto de Gustavo Hornos, al que adhirió el juez Diego Barroetaveña, enfatizó que la recuperación de activos expresa que quienes se beneficiaron de una maniobra ilícita no pueden conservar las ventajas económicas obtenidas. Sobre el reclamo de los hijos de la ex mandataria para conservar los bienes heredados, el magistrado afirmó que el decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando estos hubieran recibido activos a título gratuito.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky votó en disidencia parcial. El magistrado cuestionó la extensión del decomiso sobre los bienes que no tengan acreditada una vinculación directa con el delito y propuso excluir los activos heredados por Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, al considerarlos ajenos al reproche penal.

Finalmente, el fallo recordó que los graves delitos dolosos contra el Estado que conllevan enriquecimiento constituyen, conforme al artículo 36 de la Constitución Nacional, un atentado contra el sistema democrático. Los recursos habían sido planteados por las defensas de los condenados, incluyendo a Nelson Periotti y Raúl Pavesi, quienes se oponían a las subastas de los bienes involucrados.

En una nueva jornada del juicio oral por la denominada causa Cuadernos, el empresario Daniel Pitón brindó un testimonio clave al asegurar que se vio obligado a mentir durante la etapa de instrucción para evitar ser detenido. El integrante de la firma José Eleuterio Pitón S.A., de 60 años, está acusado como coautor de cohecho activo en el proceso que tiene como principal imputada a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 85 acusados.

Daniel Pitón habló ante el Tribunal de manera breve y sin aceptar preguntas, con el objetivo de desmentir sus declaraciones previas ante el fallecido juez federal Claudio Bonadio. Según relató, el día de su indagatoria concurrió junto a su hermano, quien presidía la empresa, y presentaron un escrito que no contenía falsedades. Sin embargo, su abogado les advirtió que dicha presentación no sería suficiente para evitar la prisión preventiva.

“Lo que no queríamos era quedar presos. Lo que dije fue para no quedarme ahí preso”, afirmó el empresario.

En su exposición, el imputado se refirió al financista Ernesto Clarens, quien en la etapa de investigación entregó un listado de empresarios que supuestamente pagaban retornos. Daniel Pitón recordó que se contactó con él buscando cobrar pagos atrasados de certificados de obra. Según su relato, Ernesto Clarens le ofreció servicios de una financiera, seguros de caución y el alquiler de equipos de una empresa del sur, pero el empresario rechazó las propuestas.

“A Clarens no le entregué ni un peso, ni a Clarens ni a nadie”, remarcó de forma tajante ante los jueces, desvinculándose de cualquier esquema de sobornos relacionado con la obra pública.

La audiencia de este jueves resultó breve debido a que la mayoría de los convocados optó por no declarar. Entre ellos se encuentran Roberto Juan Orazi, presidente de Hidraco S.A., y Julio José Paolini, titular de Paolini Hnos. S.A., quien se limitó a manifestar su inocencia pese a estar señalado como autor y coautor de ocho hechos de pago de sobornos. También se negaron a prestar testimonio Carlos Román, Carlos Arroyo y Francisco Valenti.

Esta situación generó malestar en las defensas, como la del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, que hizo reserva de acudir a la Cámara Federal de Casación. Los abogados sostienen que se vulnera el derecho de defensa al no poder confrontar los dichos de los imputados colaboradores o arrepentidos.

Por otro lado, la defensa de José María Olazagasti, ex secretario privado de Julio De Vido, solicitó que se lo releve del deber de guardar secreto. Se comprobó que, al momento de los hechos investigados, el acusado se desempeñaba como agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado, organismo que aún no ha respondido a la petición judicial.

El debate oral y público se reanudará el próximo martes 21 de abril, a partir de las nueve de la mañana, para continuar con la etapa de indagatorias en este complejo proceso judicial.

El presidente Javier Milei destacó este viernes que el fallo favorable a Argentina por la estatización de YPF se logró gracias a “pericia jurídica y diplomática del equipo de Gobierno” y por el que “se logró torcer el destino a nuestro favor”.

Es una “inigualable alegría” y un “hecho de trascendencia histórica”, dijo Milei, al destacar que el monto que Argentina evitó pagar 18 mil millones de dólares, "el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas” y que “era virtualmente imposible” de abonar.

“Ante la adversidad triunfó la perseverancia, ante la perversidad triunfó la constancia. Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”, expresó a través de un mensaje por cadena nacional grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada.

En su discurso, advirtió que “hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas” en 2012, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner y el “inefable” Axel Kicillof.

“Nada puede estar más lejos de la verdad”, dijo Milei y añadió que “es una afrenta de los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado”.

Para el Presidente, “estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura sucidia que podría habernos costado todo”.

También anunció que el Poder Ejecutivo envió al Congreso un proyecto para modificar la ley de Expropiaciones, para que, dijo, “la arrogancia en la política no nos vuelva a costar otra década perdida, y para que nunca más la propiedad privada sea puesta en tela de juicio en nuestro país”.

“Esta administración levantó los platos rotos porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y de las necesidades del futuro”, subrayó.

El mandatario definió como una “verdad irrefutable” que “expropiar está mal” porque, dijo, “robar está mal”, lo que costó “aproximadamente 12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso, es decir, menos trabajo, menos empresas, más pobreza e indigencia”.

“El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner, y se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández. Ahora, Argentina logró una sentencia histórica en esta administración”, enfatizó.

Como cierre del mensaje, Milei afirmó que “hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a todos los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva a la Patria”.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 de Comodoro Py en el marco de la causa que investiga un presunto circuito de sobornos en la obra pública. Durante su testimonio, la exmandataria defendió la gestión de la infraestructura estatal, calificó el proceso judicial como un "disparate" y apuntó contra el funcionamiento del Poder Judicial.

En su intervención, Fernández de Kirchner sostuvo que se trata de una "causa de persecución política" y afirmó que se encuentra "injustamente detenida", en relación a la condena que cumple por el caso Vialidad. "En el caso de los cuadernos hay un estadío superior: hay prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, declaró.

"Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas", denunció la expresidenta. Asimismo, criticó el desempeño del juez Claudio Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, especialmente en lo referido a la aplicación de la denominada ley del arrepentido. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, planteó.

La exjefa de Estado también cuestionó la veracidad de las acusaciones sobre los sobornos y el destino del dinero investigado. "Por esta causa me dieron vuelta las casas. ¿Dónde está la plata? Cómo, cuándo y dónde fueron todos los episodios que dicen. ¿Qué es eso de que se robaron un PBI? ¿Saben cómo vivo, cómo viven mis hijos?", expresó durante la audiencia.

En otro tramo de su declaración, trazó un paralelismo con el juicio de Vialidad y manifestó que la sentencia en este caso "ya está escrita". También hizo referencia al discurso del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa del primero de marzo, al considerar que sus palabras sobre su situación judicial resultaron violatorias de la Constitución Nacional.

Antes de concluir y regresar a su domicilio en San José 1111, donde cumple arresto, la expresidenta se negó a responder preguntas del tribunal. "¿Cuándo voy a contestar preguntas? Cuando alguien llame a Stornelli a declarar sobre las barbaridades escritas en esta causa", sentenció. Además, condicionó su futura colaboración a que se cite a declarar a otros exfuncionarios y figuras políticas en otras causas judiciales. 

"Saben dónde están las mayores cifras, no hay una sola causa por la deuda con el FMI. Cuando llamen al Toto Caputo o alguno de ellos, ese día voy a responder preguntas hasta ese momento no voy a ser parte de este circo", finalizó.

El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó los recursos interpuestos por los imputados en la denominada causa de los cuadernos que buscaban la nulidad del juicio. Tras esta resolución, el próximo martes 17 de marzo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner será indagada de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py.

En línea con la postura de la fiscalía, los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero resolvieron no hacer lugar a los pedidos de nulidad. Uno de los primeros planteos en ser desestimado fue el presentado por la defensa de la exmandataria, a cargo de Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, que solicitó la nulidad total del juicio alegando irregularidades en la asignación del caso al fallecido juez Claudio Bonadio y al fiscal Carlos Stornelli.

El tribunal rechazó los planteos de las defensas que pidieron la nulidad a lo largo de las 13 audiencias celebradas hasta el momento. En este proceso, la expresidenta figura como la supuesta jefa de una asociación ilícita.

Para el abogado de la imputada, los cuadernos fueron manipulados, por lo que sostuvo que no deberían formar parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

Por otra parte, los magistrados ratificaron a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en el proceso judicial que continuará su curso la próxima semana. La declaración de la ex mandataria será el próximo 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del Tribunal. 

La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.

El Ministerio de Capital Humano, por medio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), presentó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario federal contra el fallo que ordenó restituir la pensión por viudez que percibía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución que se busca revertir fue dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social y dispuso restablecer la asignación mensual vitalicia que había sido dada de baja mediante la Resolución N° RESOL-2024-1092-ANSES-ANSES.

La presentación fue realizada por la Anses, organismo que depende de la ministra Sandra Pettovello. El Gobierno solicitó que el máximo tribunal revise el fallo al considerar que afecta el principio de legalidad y modifica el alcance de disposiciones expresas del ordenamiento jurídico. Según el escrito, la sentencia incurre en una “manifiesta errónea aplicación del derecho” al omitir la prohibición expresa de cobro que, según la interpretación oficial, rige en casos de condena penal firme con inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

La controversia gira en torno a la naturaleza jurídica de la asignación que reciben los expresidentes y sus derechohabientes. De acuerdo con los fundamentos del recurso a los que accedió un reconocido medio nacional, la prestación no constituye una jubilación ordinaria ni un beneficio previsional contributivo, sino una asignación de carácter graciable y no contributiva, otorgada como reconocimiento al mérito, el honor y el desempeño en el ejercicio del cargo.

Mientras que las jubilaciones del régimen general se sustentan en aportes realizados durante la vida laboral y buscan garantizar la subsistencia en la vejez, la asignación vitalicia para exmandatarios —según el Ministerio de Capital Humano— responde a una lógica distinta: es una retribución honorífica asociada a la investidura presidencial. En consecuencia, su mantenimiento estaría supeditado a la vigencia de las condiciones éticas y de honorabilidad que justificaron su otorgamiento.

El recurso sostiene además que la prestación carece de naturaleza alimentaria. Es decir, no está destinada a asegurar el sustento de quien no puede procurárselo por sus propios medios, sino que constituye una gracia del Estado en reconocimiento a la función desempeñada. Por lo tanto, según la administración, puede ser revocada si desaparecen las condiciones legales que le dieron origen.

El planteo oficial se basa en la “indignidad sobreviniente” derivada de una condena penal firme por delitos dolosos contra la administración pública en la denominada “Causa Vialidad”, por la que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión —que cumple en su domicilio de San José 1111— e inhabilitación perpetua.

Para el Gobierno, resulta jurídicamente incompatible mantener una distinción honorífica para quien ha sido condenada por hechos de corrupción cometidos en ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional. Según esta postura, la condena no solo implica una sanción individual, sino que afecta el fundamento ético necesario para continuar percibiendo una asignación que premia la conducta ejemplar y el buen desempeño.

El Ministerio sostuvo que la Cámara no ponderó adecuadamente esa circunstancia y reiteró que existe una prohibición expresa de cobro ante casos de condena e inhabilitación absoluta. En ese marco, cuestionó que el tribunal haya considerado que el beneficio tiene carácter alimentario y, por lo tanto, merecedor de tutela reforzada.

Otro eje del recurso extraordinario apunta contra la medida cautelar que ordenó restituir el pago mientras se resuelve el fondo del asunto. El Gobierno considera que esa decisión es improcedente debido a que existe una vinculación directa entre la medida provisoria y el objeto principal de la demanda.

Desde la perspectiva oficial, al restablecer el beneficio de manera preventiva, la Cámara otorgó anticipadamente aquello que se debate en el juicio principal, configurando un supuesto de prejuzgamiento al adelantar los efectos prácticos de una eventual sentencia favorable.

Asimismo, el recurso cuestiona la existencia de los presupuestos necesarios para dictar la cautelar, especialmente el “peligro en la demora”. La Cámara había fundamentado su decisión en una presunción abstracta de daño al calificar la prestación como alimentaria. Sin embargo, el Gobierno sostiene que no se acreditó un perjuicio irreparable concreto que justificara la suspensión inmediata del acto administrativo.

Según la postura oficial, si el beneficio no posee naturaleza alimentaria ni está orientado a cubrir necesidades básicas, no puede presumirse que su interrupción cause un daño irreparable que deba evitarse de manera urgente.

La Cámara Federal de Casación denegó este viernes el pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner para que se le retire la tobillera electrónica y se amplíe el régimen de visitas, entre otras demandas.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por mayoría el pedido de la defensa de la ex mandataria

La Cámara Federal de la Seguridad Social habilitó el planteo de la e presidenta Cristina Fernández de Kirchner y dispuso dejar en suspenso la decisión de la Anses que había eliminado la pensión que percibía como viuda de Néstor Kirchner. De esta manera, la exmandataria volverá a cobrar ese beneficio previsional.

El tribunal resolvió “declarar formalmente admisible el recurso” presentado por la expresidenta y, en consecuencia, “suspender los efectos” de la resolución administrativa que había dispuesto la baja de la prestación. La medida fue respaldada por los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo, mientras que la magistrada Nora Dorado no intervino por encontrarse de licencia.

El fallo se conoció luego de la apelación presentada en noviembre pasado contra la resolución de primera instancia. En aquella oportunidad, la jueza del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1, Karina Alonso Candis, había rechazado una medida cautelar que intentaba frenar la quita del haber.

La Anses había decidido a fines de 2024 cancelar dos beneficios que cobraba Cristina Kirchner tras confirmarse la condena en la causa Vialidad. La resolución incluyó tanto la pensión derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner como la jubilación correspondiente a su condición de expresidenta.

Al revisar el caso, la sala III consideró procedente el recurso de la exmandataria y ordenó restituir la pensión vinculada al exjefe de Estado. En su análisis, los magistrados señalaron que el organismo previsional no tenía facultades para eliminar ese ingreso, sino únicamente para suspenderlo.

También evaluaron el argumento utilizado por el ente previsional para retirar ambos haberes y concluyeron que resultó improcedente quitarlos “por cuestiones de honor”, tal como había sostenido la administración.

Distinta fue la conclusión respecto de la jubilación presidencial. En ese punto, la Cámara entendió que la condena judicial sí habilita la baja de ese beneficio, por lo que continuará sin percibirlo.

La gestión judicial que permitió revertir parcialmente la situación fue impulsada por Fernández Pastor, representante legal de Cristina Kirchner en materia previsional. Con esta resolución, la exjefa de Estado recuperará la pensión como viuda del exmandatario, monto que hace dos años rondaba los 8 millones de pesos, aunque seguirá sin cobrar la jubilación correspondiente a su paso por la Presidencia debido a la sentencia firme en la causa Vialidad.

El presidente Javier Milei criticó este miércoles al kirchnerismo por haber jubilado a personas sin aportes y ahora “impulsar desde la oposición medidas que llevan a la quiebra del Estado”, aunque consideró que “por suerte están de salida”.

“Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo, mofándose de lo que le dejan al sucesor”, señaló en su cuenta de X.

Y agregó que “luego, desde la oposición, impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida...”.

El mandatario reforzó su mensaje citando una vieja escucha de una conversación telefónica filtrada entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, en la que ella le habla de la situación de los jubilados.

También se hizo eco del mensaje el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien sostuvo en X: “Hicieron populismo hipotecando el futuro del país. Fin”.

El presidente Javier Milei compartió este miércoles en sus redes sociales un video que incluye una escucha atribuida a Cristina Fernández de Kirchner, correspondiente a una grabación que se filtró durante su presidencia. Junto al material, el mandatario agregó un mensaje en el que cuestionó el sistema previsional y volvió a cargar contra el kirchnerismo.

“Perversión. Quebraron el sistema previsional con el objetivo de hacer populismo en el corto plazo mofándose de lo que le dejan al sucesor. Luego, desde la oposición impulsan medidas que llevan a la quiebra del Estado. Por suerte están de salida… Fin”, escribió Milei al difundir el video.

El audio reproduce una conversación informal de la expresidenta en la que relata un intercambio vinculado a una visita a San Juan y menciona una advertencia relacionada con el pago de jubilaciones. “No, vos estás loca, me decía. ‘¿Cuándo va San Juan?’. ‘Bueno, andá vos y empezá a tirarle la lengua a ver qué te dice’”, se escucha en uno de los fragmentos difundidos.

En otro tramo de la grabación, Fernández de Kirchner continúa: “Y me dice: ‘La puta madre, tenías razón’. Yo no lo podía creer. Cuando, cuando digo ‘Andá a hablar con ese pelotudo, decile que cuando él sea presidente en el 2017, no va a poder pagar las jubilaciones de parte mía, ¿viste?’”. El audio incluye risas y comentarios posteriores: “No, no, lo que nos hemos reído, lo que nos hemos reído con eso…”.

La escucha se difundió originalmente a comienzos de 2018 en un programa conducido por el periodista Luis Majul en Radio Berlín. Se trataba de conversaciones entre Fernández de Kirchner y Oscar Parrilli, en las que abordaban la situación del Partido Justicialista tras la derrota del kirchnerismo en las elecciones de 2015. En ese contexto, la exmandataria afirmaba que nunca le había importado el partido y pronunciaba la frase “Que se suturen el orto”, en referencia a dirigentes que se alejaban del Frente para la Victoria.

En paralelo, en los últimos días Cristina Fernández de Kirchner retomó de manera gradual su actividad política, bajo estrictas indicaciones médicas, luego de haber atravesado una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. Recibió el alta médica el 3 de enero de 2026, tras dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, y continuó su recuperación en su departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En ese mismo espacio, que volvió a funcionar como centro de decisiones políticas, la expresidenta realiza caminatas diarias en cinta como parte de su rehabilitación y recibe a dirigentes de su entorno más cercano. En los últimos días pasaron por allí referentes del kirchnerismo como el diputado nacional Juan Grabois y el exsenador Oscar Parrilli, quien retomó tareas directivas en el Instituto Patria.

Durante su convalecencia, Fernández de Kirchner mantuvo comunicaciones telefónicas y por videollamadas y leyó varios libros, entre ellos El niño resentido y El rengo yeta, de César González; Perón, pensamiento para la acción política, de Carlos Piñeiro Iñiguez; La francotiradora de Stalin, de Liudmila Pavlichenko; y La hora de los depredadores, del periodista y escritor francés Giuliano da Empoli. En ese último libro, el autor abre uno de los capítulos con una cita del exministro de Economía alemán Christian Lindner dirigida a Elon Musk: “Elon, he abierto un debate político inspiradas en tus ideas y en las de (Javier) Milei”.

Cristina Fernández de Kirchner retomó en los últimos días su actividad política de forma gradual y bajo estrictas indicaciones médicas, luego de atravesar una apendicitis aguda que derivó en una cirugía y una prolongada internación. La expresidenta recibió el alta médica el 3 de enero de 2026, tras permanecer dos semanas internada en el Sanatorio Otamendi, y continuó su recuperación en su departamento del barrio porteño de Constitución, ubicado en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

Ese espacio volvió a convertirse en un centro de decisiones políticas. Allí, Cristina realiza caminatas diarias en la cinta como parte de su rehabilitación física y mantiene reuniones con dirigentes de su entorno más cercano. En los últimos días la visitaron, entre otros, el diputado nacional Juan Grabois y el exsenador Oscar Parrilli, quien retomó tareas directivas en el Instituto Patria.

Durante el período de convalecencia, la exvicepresidenta sostuvo contactos telefónicos y por videollamadas y dedicó tiempo a la lectura. Entre los libros que leyó se encuentran El niño resentido y El rengo yeta, de César González; Perón, pensamiento para la acción política, de Carlos Piñeiro Iñiguez; La francotiradora de Stalin, de Liudmila Pavlichenko, y La hora de los depredadores, del periodista y escritor francés Giuliano da Empoli.

En ese último libro, Da Empoli abre un capítulo con una cita del dirigente liberal-demócrata alemán Christian Lindner dirigida a Elon Musk, en la que menciona un debate político inspirado en ideas del empresario y del presidente argentino Javier Milei. Se trata del mismo mandatario al que el cristinismo más duro buscará enfrentar relanzando la consigna “Cristina Libre” y posicionando a la expresidenta como alternativa a las políticas de La Libertad Avanza, además de instalar una agenda mediática distinta a la impulsada desde la Casa Rosada.

Si bien la escena política en el departamento de Constitución no es nueva, el contexto es diferente. Cristina vuelve a moverse en un escenario atravesado por la condena judicial en su contra, la reorganización del peronismo y la proyección de las elecciones presidenciales de 2027. En el kirchnerismo dan por iniciado un nuevo ciclo político a partir de febrero, con una campaña que volverá a girar en torno a la idea de una proscripción política.

La expresidenta se encuentra imposibilitada de disputar cargos públicos, ya que la Corte Suprema dejó firme en junio de 2015 la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas por administración fraudulenta en la causa Vialidad. Aun así, en su entorno proyectan una eventual candidatura presidencial, aunque remarcan que “la palabra final” la tendrá la propia Cristina.

Desde su círculo cercano aseguran que insistirá en los ejes de agenda que viene planteando desde hace tiempo: la necesidad de una “nueva estatalidad”, la discusión sobre la deuda externa y una crítica directa a las políticas económicas de Javier Milei, a quien describen como políticamente sostenido por el expresidente estadounidense Donald Trump. En ese marco, Cristina ya había advertido sobre lo que definió como “una muralla de endeudamiento” y señaló que “nadie quiere discutir la deuda”.

En el entorno de la exmandataria también son críticos de sectores del peronismo, a quienes acusan de haberla dejado aislada, aunque destacan que Cristina mantiene en alto “las tres C: cabeza, corazón y coraje”.

Otro de los ejes de análisis dentro del kirchnerismo es el rol que tuvo la muerte del papa Francisco como factor que, según interpretan, facilitó el avance de la condena judicial. Sostienen que la desaparición del pontífice dejó a la expresidenta sin una referencia moral y política internacional que había expresado preocupación por el uso político del sistema judicial en América Latina. Ese encuadre forma parte central del relanzamiento de la campaña “Cristina Libre”, que buscará poner en discusión el rol de la Corte Suprema y el impacto de la proscripción en el sistema democrático.

En el Instituto Patria aseguran que la estrategia no apunta solo a defender a la dos veces presidenta, sino también a interpelar a un electorado más amplio que, según entienden, comienza a mostrar desgaste frente a las políticas del Gobierno nacional, especialmente en áreas como discapacidad, salud pública y ciencia.

Dentro del kirchnerismo destacan además que Cristina “sigue midiendo”. De acuerdo a números que manejan sus allegados, conserva una imagen positiva que oscila entre el 34 y el 37 por ciento. Esa lectura alimenta la idea de que ningún otro dirigente del espacio podría vencer a Javier Milei en una eventual segunda vuelta presidencial, una apreciación que reconocen como prematura, pero que ya circula en conversaciones internas.

La relación con el gobernador bonaerense Axel Kicillof atraviesa, en tanto, su momento más frío. En el Instituto Patria recuerdan episodios que interpretan como señales de distanciamiento político, en un vínculo que supo ser de extrema cercanía.

Quien sí expuso públicamente su reciente encuentro con Cristina Kirchner fue Juan Grabois. El dirigente de Argentina Humana difundió una extensa reflexión tras más de dos horas de reunión en San José 1111. “La vi muy bien, íntegra y digna, con la lucidez que tanto nos hace falta”, escribió, y lanzó duras críticas tanto hacia sectores libertarios y macristas como hacia dirigentes del propio peronismo.

Grabois sostuvo que cualquier dirigente que aspire a liderar el espacio debe comprometerse a indultar a Cristina Kirchner y avanzar con un juicio político a la Corte Suprema, y afirmó que el régimen político está “viciado de ilegitimidad desde la proscripción de Cristina”. Sus palabras forman parte de la estrategia política que comenzó a desplegar el kirchnerismo más afín a la expresidenta.

La expresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio tras la captura de Nicolás Maduro, calificando el accionar de Estados Unidos como un "secuestro literal" que viola el Derecho Internacional. A través de sus redes sociales, advirtió que la administración de Donald Trump "volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir".

Kirchner vinculó el operativo militar con la histórica política del "Gran Garrote" (Big Stick), señalando que este tipo de intervenciones directas generaron en el pasado "atraso económico y social" en la región.

En su descargo, la dirigente peronista desestimó las justificaciones oficiales de Washington sobre la lucha contra el narcotráfico o la restauración democrática:

> El objetivo real: Afirmó que el fin de la "Operación Resolución Absoluta" es "apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional... A cara descubierta".> Peligroso precedente: Alertó que el hecho, que "produjo la muerte de numerosas personas", sienta un antecedente que habilitaría a cualquier potencia a violar la soberanía territorial de países más débiles para apropiarse de sus recursos.