El presidente de la comisión de Obras Públicas, Juan Salceda, analizó el encuentro mantenido con los secretarios Luciano Lafosse y Juan Maciá Cantarelli, tras las denuncias penales impulsadas por un grupo desarrollador contra el intendente Miguel Lunghi. El concejal oficialista advirtió sobre la peligrosidad de judicializar la gestión del territorio y llamó a todos los sectores políticos a defender las normas locales frente a intereses privados y presiones mediáticas.

En el marco de una reunión que se extendió por casi tres horas en el Honorable Concejo Deliberante, los funcionarios del Ejecutivo brindaron ayer detalles técnicos y legales sobre el conflicto que rodea al emprendimiento inmobiliario Miradores del Montecristo. La jornada, que convocó de manera conjunta a las comisiones de Obras Públicas y de Interpretación, sirvió para que el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, y el secretario Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, expusieran la postura de la Municipalidad ante la denuncia penal que involucra al intendente Miguel Lunghi y sus colaboradores.

Juan Salceda, quien encabeza la comisión de Obras Públicas, en diálogo con el programa Ultimo Bondi de la radio de El Eco calificó el encuentro como un "diálogo cordial y constructivo" con las diversas fuerzas políticas representadas en el Legislativo. Sin embargo, no ocultó su preocupación por el tenor de las acusaciones y el impacto que este tipo de acciones tiene sobre la institucionalidad local. El concejal manifestó transitar este período con "pesar, sufrimiento y tristeza", al considerar que se está intentando amedrentar a funcionarios que solo buscan hacer cumplir la normativa vigente.

El eje del debate giró en torno a la gestión del territorio y los límites que impone el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y la Ley de Paisaje Protegido. Según explicó Salceda, el conflicto excede una simple disputa entre privados, ya que toca fibras sensibles de la planificación urbana de Tandil.

El edil subrayó que la ciudad atraviesa una etapa donde las discusiones sobre hacia dónde crecer han dejado de ser teóricas para transformarse en conflictos reales que requieren una definición contundente de la ciudadanía y los actores políticos.

La denuncia penal presentada por el grupo desarrollador contra el jefe comunal fue recibida con estupor en el ámbito municipal. Salceda destacó que, más allá de la cuestión judicial específica, existe una preocupación de fondo por el "ataque artero a la política" y la búsqueda de intimidación hacia quienes deben tomar decisiones sobre el uso del suelo. Para el concejal, estas prácticas buscan forzar excepciones a las normas a través de la presión en los tribunales y en los medios de comunicación.

"Dieron pormenores respecto de algunas cosas que son particulares de este emprendimiento inmobiliario, de esta denuncia y de estas acusaciones", señaló Salceda en referencia a la exposición de los secretarios. El concejal recordó que el Gobierno municipal ha sido históricamente respetuoso de las definiciones de la Justicia, citando como antecedente el conflicto de las obras en la calle Sarmiento, pero advirtió que en este caso se busca desviar la atención de la verdadera discusión: quién tiene el dominio de la tierra y qué se puede construir en ella.

La complejidad del caso Miradores del Montecristo incluye una historia de sucesiones no resueltas, un propietario original fallecido en el extranjero hace 40 años e intentos de usucapión que nublan la legitimidad del dominio. Ante este panorama, el oficialismo sostiene que la Justicia debe primero expedirse sobre la propiedad de las tierras antes de cualquier debate sobre su urbanización.

Mientras tanto, Salceda denunció un "modus operandi" que consiste en ofrecer al mercado algo que todavía no se tiene, utilizando las redes sociales para comercializar lotes sin los estudios de impacto ambiental ni la infraestructura necesaria.

Uno de los puntos más críticos señalados durante la reunión fue la ubicación del emprendimiento en una zona rural, por encima de la cota permitida y en áreas que el PDT no considera urbanizables. Salceda defendió la labor de los funcionarios señalados, como Luciano Lafosse, destacando que su único objetivo es hacer respetar el bien común y la norma escrita. El edil remarcó que un Gobierno está para administrar las cuestiones de la tierra en función de la normativa vigente, independientemente de quién sea el dueño circunstancial.

"No es lo mismo un loteo o una subdivisión de la Campaña del Desierto que el Plan de Ordenamiento Territorial", disparó Salceda en tono crítico hacia las pretensiones del grupo desarrollador. Explicó que existen parámetros técnicos, hidráulicos y de infraestructura que deben cumplirse y que, en este caso, se han omitido deliberadamente.

El concejal advirtió que Tandil se encuentra ante una etapa peligrosa si se permite que el amedrentamiento se convierta en una herramienta válida de negociación inmobiliaria. "Si vamos a someter y amedrentar a los funcionarios que defienden el PDT y la Ley de Paisaje Protegido, la verdad que vamos a entrar en una etapa difícil", reflexionó.

En ese sentido, destacó la empatía y el respeto mostrado por los ediles de los cuatro bloques políticos durante la interpelación a los funcionarios, lo que permitiría vislumbrar un principio de acuerdo sobre la necesidad de cuidar la ciudad por encima de cualquier interés sectorial.

El foco principal de la exposición de Salceda fue la necesidad de una profunda madurez política de todos los sectores para enfrentar estas presiones. El concejal instó a los dirigentes de todas las fuerzas, especialmente a aquellos con aspiraciones de conducir la ciudad en el futuro, a ponerse por encima del cálculo electoral momentáneo y de la coyuntura. Para el oficialismo, este tipo de ataques no solo afecta a la gestión actual, sino que sienta un precedente negativo para cualquier intendente que deba administrar Tandil en los próximos años.

"Este tipo de prácticas le va a caer al que viene, va a impactar en la vida de los tandilenses", advirtió Salceda. Hizo un llamado a los concejales y candidatos a cuidar la forma de lidiar con estos problemas, priorizando la defensa de las herramientas de gestión territorial que tanto costo conseguir. La preocupación radica en que, si se debilita la autoridad municipal para aplicar el PDT ante una denuncia penal, el desarrollo de la ciudad quedará a merced de quienes tengan mayor capacidad de presión judicial.

Finalmente, el presidente de la comisión de Obras Públicas valoró que los funcionarios suban al Concejo a dar explicaciones, pero lamentó que deban hacerlo bajo el estigma de un proceso penal que calificó como "traído de los pelos". La apuesta del oficialismo es que la justicia resuelva pronto la cuestión de fondo sobre el dominio de la tierra, para luego retomar la discusión técnica sobre la urbanización, siempre bajo la premisa de que el bien común debe prevalecer sobre el interés individual. "Yo, si el intendente fuera otro, pondría las dos manos para adelante y diría: 'en esta estoy con usted'", concluyó Salceda, subrayando la importancia de la unidad política ante desafíos de esta magnitud.

El secretario de Legal y Técnica de la Municipalidad de Tandil, Juan Maciá Cantarelli, analizó las tensiones entre el sector privado y el Estado local respecto al cumplimiento del Plan de Desarrollo Territorial. En una entrevista con el programa "Ultimo Bondi de la radio de El Eco, el funcionario brindó detalles sobre la clausura de un loteo irregular en la zona de La Elena y calificó como "descabellada" la denuncia penal presentada contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario Luciano Lafosse por parte de los responsables del proyecto Miradores de Montecristo.

La expansión de la mancha urbana de Tandil y el crecimiento exponencial que la ciudad evidenció en los últimos años pusieron en el centro del debate el rol de la fiscalización estatal frente a los desarrollos inmobiliarios. Durante la última semana, dos sucesos de gran impacto público y judicial reavivaron la disputa por el uso del suelo: la intervención en un loteo no autorizado en La Elena, que incluyó la agresión a un vecino, y la denuncia penal contra las máximas autoridades del Ejecutivo local.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legales Juan Maciá Cantarelli explicó que la gestión municipal se encuentra abocada a hacer cumplir el marco normativo vigente, en un contexto donde el interés económico suele colisionar con la planificación urbana.

Al respecto, el funcionario destacó que, si bien la inversión privada trae beneficios como la generación de puestos de trabajo, también acarrea complejidades que requieren una respuesta técnica y legal rigurosa por parte de la comuna.

El caso de La Elena cobró notoriedad tras un episodio de violencia en el que un vecino resultó brutalmente agredido tras alertar sobre movimientos de suelo sospechosos.

La Secretaría de Legal y Técnica tomó intervención luego de que se detectara un loteo irregular y la apertura material de calles sin la debida autorización de la Dirección de Vialidad. "No se puede ir y abrir una calle como si fuese propia; existe un trámite previo para que Vialidad dé cuenta de las condiciones técnicas, hidráulicas y medioambientales", precisó Cantareli.

Según la mirada comunal, los responsables del proyecto estaban realizando excavaciones de magnitud, con perforaciones de hasta tres metros de ancho por siete de largo, destinadas presuntamente a la construcción de piletas o bases estructurales.

El funcionario advirtió que la zona posee una particularidad geológica compleja, ya que a escasos metros de profundidad se encuentra una base de piedra que actúa como una "palangana" que capta el agua de napa, lo que limita severamente cualquier tipo de construcción subterránea o de gran porte.

Al decir del secretario, la normativa del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) es taxativa en este sector: se trata de un área protegida donde la potencialidad constructiva se limita a un único inmueble por manzana. Sin embargo, se detectó que el proyecto estaba siendo comercializado a través de redes sociales como un loteo fraccionado, una maniobra que vulnera el ordenamiento vigente y pone en riesgo el patrimonio de potenciales compradores. Ante esta situación, la Dirección de Obras Privadas y Defensa Civil procedieron a labrar las actas correspondientes para frenar el avance de las máquinas.

La preocupación del municipio no se agota en la infracción administrativa, sino en el impacto social de estas maniobras. Maciá Cantareli subrayó la necesidad de mejorar la comunicación institucional para alertar tanto a los ciudadanos de Tandil como a los turistas sobre la situación legal de los terrenos. "Viene gente, ve una publicación en redes, firma un boleto de compraventa entregando dinero y después se entera de que el negocio no es tal", consignó el funcionario, haciendo especial hincapié en la responsabilidad compartida entre el Estado y los profesionales del sector, como agrimensores y abogados, para no convalidar proyectos inviables.

Paralelamente al conflicto en La Elena, el Ejecutivo enfrenta una nueva embestida judicial vinculada al desarrollo denominado Miradores de Montecristo. Los impulsores de este proyecto inmobiliario radicaron una denuncia penal ante la fiscalía (recayó en el fiscal Ignacio Calonje) contra el intendente Miguel Lunghi y el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse.

La presentación judicial se produjo poco después de que los privados solicitaran un "pronto despacho" administrativo, un plazo de cinco días que, según Cantarelli, no existe en la ley de procedimientos vigente.

El secretario de Legal y Técnica calificó la maniobra como un acto "organizado de manera previa" con claras intenciones de escalar el conflicto a nivel mediático y nacional. La denuncia acusa a los funcionarios municipales de diversas irregularidades en el tratamiento del expediente de Miradores de Montecristo, un proyecto que ya arrastra un largo historial de litigios, incluyendo la suspensión de un magistrado local.

"Me parece algo descabellado; los funcionarios de Miguel (Lunghi), y él mismo, actuamos con honestidad y estamos tranquilos", aseguró Cantarelli.

Según su narrativa, el Municipio sostiene que no se ha cumplido con los requisitos básicos para la transmisión de dominio. De acuerdo a su mirada, el expediente sucesorio de las tierras —originalmente a nombre de Ángel María Valiente Noailles, fallecido en 1988— no presenta aún la denuncia de bienes ni la partición necesaria para avanzar en una escrituración válida. A pesar de esto, el desarrollo inmobiliario se publicitó ofreciendo escrituración inmediata, lo que motivó advertencias por parte de la Justicia civil.

La situación procesal de los terrenos de Miradores de Montecristo incluye una acción posesoria en la causa caratulada "Ramírez con Giove". En marzo del año pasado, el juez Blanc, tras la excusación de su par Zárate, dictó una resolución confirmada por la Cámara que obliga a los demandados a colocar al menos dos carteles informativos de visibilidad suficiente en el predio. Estos carteles deben informar a cualquier interesado que la posesión de los lotes se encuentra actualmente debatida judicialmente.

Cantarelli fue enfático al señalar que la justicia aún no ha resuelto la cuestión de fondo y que, mientras tanto, el Municipio debe velar por el cumplimiento de las leyes provinciales de uso del suelo, como la 8912 y la 11.723.

"Tandil ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años y hoy debemos tomar otros recaudos para pensar en la ciudad de las próximas décadas", explicó el funcionario. En este sentido, la postura del Ejecutivo es esperar los resultados del expediente y las resoluciones judiciales antes de otorgar cualquier tipo de factibilidad técnica.

Finalmente, el secretario se refirió al uso de "cámaras ocultas" y grabaciones subrepticias que formarían parte de la estrategia de los denunciantes. Según trascendió, existirían filmaciones realizadas dentro de las dependencias municipales, incluyendo conversaciones en la Secretaría de Planeamiento. Cantareli admitió haber recibido a Jorge Heter, uno de los impulsores de la denuncia, pero aclaró que el diálogo siempre se mantuvo dentro de los carriles profesionales. Para el Municipio, estas tácticas buscan presionar al poder político en medio de una disputa que es, en esencia, judicial y técnica.

Tres particulares presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal contra el jefe comunal, el secretario de Obras Públicas y dos particulares, acusándolos de integrar un plan sistemático para frenar ilegalmente una urbanización en la zona de La Porteña. La presentación judicial incluye graves cargos como defraudación a la administración pública, abuso de autoridad y tráfico de influencias, respaldados por registros de audio y video que comprometerían a la cúpula del Ejecutivo municipal.

Tal lo anticipado en la Sección dominical El Oído Agudo, el litigio por la posesión y comercialización de un desarrollo urbanístico en la zona El Centinela que puso en vilo a la justicia local, con un juez suspendido a la espera de un jury y su correlato en una causa penal, pasó ahora también a la órbita política, con presentaciones administrativas primero y denuncia penal ahora.

En la presentación realizada en la fiscalía, Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y el abogado Jorge Heter interpusieron una denuncia penal contra el intendente Miguel Ángel Lunghi y el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse. La acción judicial, que también alcanza a los particulares Luis Cerone y Esteban Andrés Fernández, sostiene la existencia de una trama delictiva organizada para impedir el avance del desarrollo urbanístico denominado Miradores de Montecristo, ubicado en la Chacra 274.

Los denunciantes aseguraron que se utilizó el aparato estatal para bloquear ilegalmente la propiedad con el fin de favorecer intereses privados y despojar a los legítimos dueños de sus bienes.

La denuncia caratuló los hechos bajo figuras penales de defraudación a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, estafa procesal y tráfico de influencias, todo en concurso real.

Según el escrito, el modus operandi consistió en una dualidad dolosa: mientras el municipio bloqueaba administrativamente el loteo de la Chacra 274 —cuyo plano de subdivisión data de 1946—, se facilitaban transferencias de dominio de tierras fiscales a favor de terceros allegados al poder bajo condiciones de dudosa legalidad.

El eje central de la acusación contra el intendente Lunghi se basó en una serie de declaraciones públicas y privadas que, según los denunciantes, probarían un abuso de autoridad. En un audio grabado en octubre de 2024, el jefe comunal reconoció ante los propietarios la validez del loteo original, admitiendo que "las leyes no son para atrás" y que el Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de 2007 no podía afectar derechos adquiridos en la década del cuarenta. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en enero de 2026, cuando el intendente afirmó en declaraciones radiales haber solicitado una medida cautelar para frenar las obras.

Los denunciantes advirtieron que dicha cautelar nunca fue notificada ni existiría en los registros judiciales, lo que configuraría una estafa procesal. "La orden política sin una orden judicial previa es un acto extorsivo", señalaron en la presentación.

El perjuicio económico sería millonario, dado que estas declaraciones públicas habrían ahuyentado a potenciales inversores y compradores de los lotes en el predio de La Porteña.

A este escenario se sumó el secretario Luciano Lafosse, quien fue señalado como el ejecutor del bloqueo administrativo. La denuncia incorporó un video de enero de 2026 en el que el funcionario habría confesado que el expediente no avanzaba debido a la oposición de Luis Cerone.

Según el relato de los hechos, Cerone habría intentado usurpar el predio en mayo de 2022 y, tras ser retirado por la policía, habría exigido la suma de 500.000 dólares para "levantar el bloqueo" que sus socios en el municipio habían impuesto. La cronología aportada por Burs y Giove mostró que apenas un mes después de que la Municipalidad cobrara impuestos por los lotes individuales, se activó una orden sincronizada para denegar servicios básicos y unificar las parcelas de forma inconsulta.

Otro de los puntos más alarmantes de la denuncia fue la presunta supresión de documentos públicos. Los denunciantes aseguraron que el expediente administrativo N° 4110-222/22 fue objeto de manipulación física. En una videograbación, el secretario Lafosse habría negado el acceso al documento argumentando que "ese expediente es nuestro". Posteriormente, un técnico municipal habría informado que al legajo le faltaban numerosas fojas, específicamente aquellas que contenían las resoluciones provinciales de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) que contradecían la postura municipal.

De acuerdo con la investigación de los denunciantes, el Municipio habría intentado engañar a la Provincia enviando datos catastrales falsos para forzar una negativa técnica. Mientras la gestión de Lunghi calificaba la zona como "rural" para impedir el desarrollo, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) continuaba cobrando impuestos por 300 lotes urbanos, generando una deuda que hoy ascendería a 90 millones de pesos anuales. "Es una extorsión tributaria: nos cobran como lotes urbanos pero nos impiden usarlos alegando que es zona rural", manifestaron.

La presentación también alertó sobre las consecuencias financieras para las arcas públicas. El secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, habría reconocido en una audiencia que el conflicto podría derivar en un escenario similar al de Villa del Lago, pero "más oneroso para el Municipio". Se estimó que, de consolidarse el bloqueo, la Municipalidad de Tandil podría enfrentar juicios por más de ocho millones de dólares en concepto de indemnizaciones a los propietarios y adquirentes de los lotes.

La estrategia oficial, según se desprendió de los audios aportados, sería subdividir de urgencia otras tierras municipales para tener "cartas de permuta" y así paliar el descalce territorial. Los denunciantes calificaron esta maniobra como una potencial defraudación, ya que se generaría un pasivo millonario para todos los contribuyentes tandilenses debido a una gestión caprichosa y alejada de la normativa vigente.

Para demostrar lo que denominaron un "plan criminal organizado", la denuncia incorporó el caso de la sucesión de Nunzio La Colla. Los denunciantes contrastaron la rigurosidad y el bloqueo aplicado a Miradores de Montecristo con la supuesta generosidad del intendente Lunghi hacia otros particulares. Señalaron que, mediante el Decreto 3713/2023, el jefe comunal ordenó transferir a título gratuito un inmueble fiscal a favor de Esteban Fernández —allegado a Cerone— y una ciudadana italiana.

"Mientras a nosotros nos desconocen títulos perfectos y escrituras inscriptas, el Municipio le regala tierras al Estado a personas con documentación precaria", afirmaron en el escrito. Esta situación fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal como la prueba del dolo y la negociación incompatible. El pedido de los denunciantes fue contundente: solicitaron allanamientos urgentes en la Secretaría de Obras Públicas, en la Dirección de Catastro y en la Usina Popular y Municipal de Tandil para secuestrar los expedientes originales y los dispositivos electrónicos de los funcionarios implicados, ante el temor de que la prueba sea destruida.

Redactado por Inteligencia Artificial

Un fuerte vuelco se produjo el viernes  por la noche en la curva de Montecristo, donde una docente que había terminado de dar clases en Benito Juárez y regresaba a su hogar en Tandil se encandiló con las luces de una camioneta, salió de la cinta asfáltica y volcó.

Si bien el automóvil Ford Ka en el que se desplazaba Micaela Así terminó con severos daños, afortunadamente la conductora no sufrió lesiones de gravedad.

En comunicación con El Eco Multimedios informó que el hecho ocurrió a las nueve de la noche, aproximadamente, y que perdió el control del vehículo  porque se encandiló con una camioneta que circulaba en sentido contrario.

Varios vecinos ya habían alzado la voz por la situación del lugar y por la falta de señalización. Ahora fue el turno de Micaela: “Yo estoy bien, pero pudo haber sido peor. La curva no está bien señalizada y, a la vez, la ruta está sin marcar”.

“Creo que señalar las rutas es fundamental. Como docente, vivo viajando y eso conlleva un riesgo. Pero una ruta bien marcada tal vez en ese momento me hubiese ayudado”, evaluó.

La alta siniestralidad del lugar y la falta de algo tan sencillo como una señalética adecuada es motivo de queja de locales y turistas desde hace mucho tiempo, pero la demanda -increíblemente- no se ha canalizado aún. 

La famosa curva de Montecristo formaba parte del trazado del circuito  semipermanente de Tandil que se transformó en un auténtico clásico del Turismo Carretera entre 1977 y 1992. Treinta años después del cierre del circuito, la peligrosidad de la carretera sigue intacta y sin soluciones.