Durante los días 11, 12 y 13 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Hot Sale, uno de los tres eventos de compras online más importantes del país, organizado anualmente por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). 

En esta oportunidad, se trata de un escenario complejo para los usuarios, marcado por el crecimiento del comercio electrónico y una preocupante retracción de los mecanismos estatales de control.

Desde la asociación Consumidores Responsables emitieron un comunicado donde analizan el contexto previo al evento. Si bien reconocieron que se trata de una buena oportunidad para conseguir descuentos, advirtieron que los consumidores deben estar más alertas que nunca. 

Según la entidad, aunque existe un mayor conocimiento de los derechos por parte de la ciudadanía, el escenario actual presenta riesgos renovados debido a cambios en la política pública de defensa del consumidor.

Henry Stegmayer, presidente de Consumidores Responsables, expresó su profunda preocupación por el rol del Estado en este 2026. 

"Debemos tener en cuenta que el gobierno nacional ha dejado de realizar acciones preventivas para controlar a las empresas, se desentiende de los reclamos derivando a las provincias y los municipios, y no realiza educación para el consumo", señaló el referente.

Para la asociación, estas acciones representan un total abandono y desamparo a los ciudadanos en su rol de consumidores, rompiendo con la premisa fundamental de reconocer la debilidad del eslabón más flojo en la relación de consumo.

El análisis de la gestión actual por parte de la asociación civil es crítico. Henry Stegmayer advirtió que el retiro del Estado y el desinterés por hacer cumplir las leyes vigentes vulneran principios de la Constitución Nacional. 

En un contexto donde gran parte de la población enfrenta dificultades para acceder a necesidades básicas, la entidad consideró inadmisible que se sume la posibilidad de engaños por la "voracidad de algunas empresas".

Ante esta situación, el presidente de la organización remarcó que estas promociones intensivas requieren de usuarios bien informados que conozcan de qué forma los ampara la ley, "más allá que el gobierno mire para otro lado". 

En ese sentido, recordó que ante cualquier duda sobre el producto, el precio, los plazos de entrega o ante casos de publicidad engañosa, el primer paso es reclamar a la empresa. De no obtener respuesta, se debe recurrir a los organismos de Defensa de los Consumidores.

Para navegar estas tres jornadas de ofertas sin contratiempos, Consumidores Responsables elaboró una serie de recomendaciones preventivas que todo comprador debería seguir:

1. Lo ideal es elegir de antemano qué productos o rubros interesan para evitar ser arrastrados por el bombardeo publicitario. Esta planificación ayuda a eludir compras compulsivas de artículos innecesarios y permite tener una noción clara del precio real antes de la oferta.

2. Es fundamental observar los precios finales y no dejarse llevar por los porcentajes de descuento. Se suelen publicitar rebajas del 40 o 50 por ciento que no siempre coinciden con la realidad. La asociación lamentó la desaparición de sitios web que permitían comparar históricos de precios, lo que obliga al usuario a ser más riguroso en su investigación previa.

3. No hay que apurarse a comprar. Es necesario comparar y prestar atención a factores como el financiamiento, los costos de flete y los tiempos de envío. Además, se recomienda revisar las promociones de tarjetas y bancos que pueden mejorar las condiciones de la transacción.

4. La seguridad del sitio es clave. Se debe verificar el ícono del candado en el navegador y que la URL comience con "https://". Se recomienda no utilizar links directos recibidos por WhatsApp, correos o mensajes, y evitar terminantemente el uso de redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones financieras.

5. La modalidad de compra online no anula los derechos vigentes. Ningún vendedor puede excusarse de resolver un conflicto alegando que el producto fue adquirido bajo esta metodología de oferta masiva.

6. La Ley de Defensa del Consumidor obliga a las empresas a cumplir con la oferta. Si la operación falla por falta de stock o errores en el mecanismo de venta, la firma debe mantener el precio incluso después de finalizado el evento.

7. Por ley, todos los productos nuevos cuentan con una garantía mínima de seis meses. En caso de fallas que requieran el traslado del bien, los costos deben ser cubiertos íntegramente por el vendedor.

8. El precio publicado debe ser respetado. La empresa tiene la obligación de informar de manera clara si existen costos extras, como el envío, y detallar el costo financiero total en caso de ofrecer planes de pago.

9. Ante la posibilidad de publicidad engañosa, es vital archivar comprobantes. Se recomienda guardar correos, chats y realizar capturas de pantalla de las imágenes y textos publicitarios para utilizarlos como prueba en un eventual reclamo.

El punto más relevante destacado por Henry Stegmayer es la vigencia del artículo 34 de la ley 24.240 y las disposiciones del Código Civil y Comercial respecto al derecho de revocación. El comprador dispone de diez días corridos para arrepentirse o retractarse de la compra. Este plazo se cuenta desde la entrega del producto o la firma del contrato.

Para ejercer este derecho, el consumidor simplemente debe notificar al vendedor. En caso de que el producto ya haya sido entregado, el costo del traslado para la devolución corre por cuenta exclusiva del proveedor. Es importante subrayar que este derecho es irrenunciable y no negociable, constituyendo la protección más sólida frente a compras que no cumplen con las expectativas del usuario en el entorno digital.

A pesar de lo que la asociación define como una falta de políticas de prevención desde el Ministerio de Economía o las áreas nacionales competentes, la Constitución Nacional en su artículo 42 sigue siendo el marco legal que ampara a los ciudadanos. 

La recomendación final de los expertos es actuar con cautela, documentar cada paso del proceso de compra y no dudar en denunciar ante las oficinas municipales o provinciales de Defensa del Consumidor ante cualquier irregularidad detectada durante estos tres días de promociones intensivas.

Como cada cierre de año, las oficinas municipales realizan un balance del trabajo realizado durante los últimos 12 meses. En ese sentido, Juan Cruz Eguibegui dialogó con El Eco de Tandil y reveló los datos registrados en la dependencia. “Para dar un resumen general, ha sido un balance bastante positivo”, aseguró.

La oficina, que depende de la Secretaría de Legal y Técnica, elaboró un informe estadístico sobre los casos atendidos durante todo el 2025. Los números surgen en base a los expedientes que ingresaron hasta el 16 de diciembre. En ese aspecto, se destacan 831 expedientes en el sistema; es decir, vecinos que se presentaron en Chacabuco al 300, entregaron documentación y fueron asesorados.

En diálogo con El Eco de Tandil, Eguibegui contó que reciben alrededor de 25 consultas por día. “Muchas veces la gente viene a buscar información y no necesariamente es indispensable que inicie el expediente administrativo. En un promedio de 25 denuncias diarias, al día de la fecha se han tomado más o menos seis mil consultas”, detalló.

Al arribar la consulta, la oficina realiza un filtro para determinar si el reclamo tiene viabilidad. Se corrobora que la persona sea realmente consumidora, que a quién le esté reclamando sea una empresa real y la documentación que acredite esa relación de consumo. En comparación con el 2024, el caudal de denuncias presentadas es similar.

De esos 831 expedientes ingresados, son 551 los que se resolvieron con un acuerdo. La persona ingresa el reclamo y se abre una instancia conciliatoria, en la cual se acercan las partes y se ve si el proveedor cumple con la pretensión. Esta situación se logró en el 66,30 por ciento de los casos.

Eguibegui aclaró que hay muchos expedientes que se iniciaron recientemente y se terminarán de resolver el año que viene. En el balance final, cuyos números suelen conocerse a mediados de febrero, siempre tienen un porcentaje de acuerdo de alrededor del 80 por ciento.

Hasta el cierre estadístico entregado a este Diario, eran 238 expedientes los que se encontraban en instancia conciliatoria o cuartos intermedios. Esto representa un 28,64 por ciento. El 5,05 por ciento restante son los expedientes que pasaron a sumario, es decir, donde no hubo acuerdo.

Respecto a esta instancia, el responsable de la OMIC explicó que la Municipalidad sigue adelante con el reclamo. En caso de que haya una violación a la normativa, se aplica una sanción que puede ser una multa, decomiso de mercadería o clausura. Estas sanciones están contempladas en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor y en la ley provincial 13.133.

El desglose de datos indica que el principal reclamo se relaciona con “servicios financieros”, con un total de 368 casos (44,28 por ciento). Le sigue “prestación de servicios” con 247 expedientes (casi un 30 por ciento), apartado que incluye telecomunicaciones e internet. En tercer lugar se ubicó “electrodomésticos” con 94 casos. “Plan de ahorro” (60), “salud” (49) e “indumentaria” (13), cerraron los expedientes.

A la hora de exponer una postura sobre el trabajo realizado, Eguibegui destacó: “Es un balance positivo. Venimos manteniendo un gran porcentaje de acuerdos. Tratamos en lo posible de informar a los consumidores y que hayan ido bajando las denuncias es porque los usuarios ya están bastante más educados”.

Indicó que actualmente es más difícil que los consumidores sean engañados ya que la gente “está un poco más despierta”. Antes, el vecino llegaba con la estafa consumada; hoy es más precavido. Recomendó “desconfiar de todo, nunca dar datos y nunca entrar a ningún link”.

No obstante, durante este año aumentó el tema de consultas sobre estafas virtuales. Eguibegui aseguró que es el rubro que recibió más reclamos, especialmente por deudas contratadas virtualmente. Diferenció que antes era más engorroso tomar un crédito y hoy se hace desde los celulares.

También las estafas se producen por el aumento de billeteras virtuales. En estos casos, la OMIC realiza un rastreo para verificar si se trata de una empresa. En caso de ser un estafador, se denuncia a la fiscalía. “Están surgiendo todo el tiempo y hemos recibido reclamos de billeteras virtuales no tan reconocidas”, señaló.

Para el cierre, destacó que en la mayoría de los casos se encuentra una solución en la primera o segunda audiencia. Recordó que la gente se puede acercar a la oficina, ubicada en Chacabuco 343, de lunes a viernes de 8 a 14. “Siempre está bueno actuar preventivamente. Son 20 minutos y te ahorrás un problema a futuro”, concluyó.

PMI South America Consumer Goods Ltda., propietaria de la marca Stanley 1913, está recambiando voluntariamente del mercado las tazas de viaje Switchback [16 oz] y Trigger Action [16 oz y 20 oz] fabricadas en China de 2016 a 2022 debido a que las roscas de la tapa pueden encogerse al exponerse al calor y a la torsión, haciendo que la tapa se desprenda durante el uso, lo que representa un riesgo de quemaduras.

El número de identificación del producto se encuentra en la parte inferior de la taza, como indica la imagen al lado.

Desde la empresa solicitaron a los usuarios que dejen de usar inmediatamente los productos mencionados y se pongan en contacto con Stanley 1913 para desechar la tapa y obtener una tapa sustituta gratuita que funcione con el producto existente.

Se ven afectados los siguientes números de identificación de producto, independientemente del lote o del color: Switchback (16 onzas: 20-01436) y Trigger Action (16 onzas: 20-02030; y 20 onzas: 20-02034).

Para consultas se puede llamar al 0800-345-5481 localmente en Argentina o a través del correo electrónico sac@stanley1913.com

Para obtener una tapa de reemplazo de manera gratuita se puede ingresar a https://stanley1913tmrecallint.expertinguiry.com/

Transitando los últimos días del año, es el momento de realizar el balance de lo realizado durante los últimos doce meses. En ese sentido, Juan Cruz Eguibegui dialogó con El Eco Multimedios y reveló los datos registrados en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). “Para dar un resumen general, ha sido un balance bastante positivo”, aseguró.

La dependencia municipal tuvo un año de mucho trabajo, con una buena cantidad de consultas. Según contó fueron cerca de 25 reclamos por día lo que da un total de más de 6000 en todo el año. De estas consultas, menos de una sexta parte se materializó en expediente administrativo, es decir reclamos que se transformaron en denuncias. El dato duro indica que fueron un total de 942.

La parte positiva que rescató el responsable de la OMIC fue que de esos expedientes que ingresaron hasta el 23 de diciembre de este 2024, un 66 por ciento se ha resuelto de manera favorable para el consumidor. Además, un seis por ciento ha pasado a sumario, porque no se ha resuelto en instancias conciliatorias y por ende pasaron a una etapa superior donde la Municipalidad verifica si hay incumplimiento de la ley por parte de la empresa denunciada y en caso de ser así, impone una sanción.

La forma de sancionar por el Municipio de Tandil puede ser multa, apercibimiento, decomiso o clausura, pero lo más común es una vuelta pecuniaria. Casi un 30 por ciento de esas denuncias que han ingresado están en trámite, en instancias conciliatorias. “Un 66 por ciento a lo largo del año, entendemos que es un balance bastante positivo”, aseguró Eguibegui.

Respecto a la comparación con el año pasado, desde la Oficina se informó que se mantuvo constante el promedio de entre 20 y 25 consultas diarias, pero donde notaron una diferencia fue en la cantidad de expedientes que se iniciaron. En 2023 se superaron los 1050 expedientes, mientras que en este periodo estiman que llegarán como mucho a los 950 en los últimos días del año.

“En realidad los porcentajes finales los vamos a tener en marzo aproximadamente, que es cuando se van a cerrar todos los expedientes que hay en trámite, que son unos 264 que están actualmente en esta instancia conciliatoria. Es decir los porcentajes finales de acuerdo y de sumario los vamos a tener en marzo”, comentó.

A la hora de detallar y diferenciar las consultas de la gente, Eguibegui contó que la mayor cantidad de reclamos fueron por servicios financieros, cuestiones que tienen que ver las entidades bancarias, con las tarjetas de crédito o débito o el tema de las estafas virtuales, que han crecido en el último tiempo. En total fueron más de un 35 por ciento de los expedientes administrativos. 

Luego aparecen los reclamos por prestaciones de servicio en general, que pueden ser servicios domiciliarios, telefonía, internet, alarma, viajes, etc. “Es un tipo de servicio como servicio financiero, pero por el caudal y por la magnitud de reclamos que tenemos, el servicio financiero lo separamos en una categoría diferente”, contó. Estos componen un 28 por ciento de los reclamos.

En tercer lugar aparecen las consultas por los planes de ahorro, los cuales constituyen casi un diez por ciento de los 942 expedientes. “Estos son contratos sumamente complejos, donde en la mayoría de los casos, la gente está muy mal informada sobre las cláusulas. En todos los casos que hemos visto, con tal de cerrar una venta y llegar a los objetivos, por ahí los vendedores no informan a la gente como deben y esto deriva en el incumplimiento de la Ley 2440 que es el Deber de información, que tiene que ser información clara, detallada y acababa sobre la incorporación”, afirmó Eguibegui.

Casi en el mismo caudal, alrededor de un diez por ciento, está la categoría electrodoméstico. Ahí cobra importancia el tema del Black Friday ya que provocó el aumento de consumo y como consecuencia el incremento de reclamos. Muchas de las consultas se centran en la financiación distinta a la enunciada, la garantía o el botón de arrepentimiento ante una compra que no satisfizo al usuario.

Por último se encuentra las consultas por “salud”, las cuales alcanzan un siete por ciento; “seguros del automotor o bancarios”, que componen un 4,8 por ciento; y cierra “indumentaria” con un 3,5 por ciento.

Vale recordar que la Oficina Municipal de Información al Consumidor atiende en Chacabuco 383, planta baja, de lunes a viernes de 8 a 14. También que por consultas la gente se puede acercar presencialmente, llamar al 0800 333 0477 o contactarse por el mail omic@tandil.gov.ar.

Como parte de las actividades programadas en conmemoración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, este viernes la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), montó un punto de atención a la comunidad en Pinto y Rodríguez.

Durante varias horas integrantes de esa repartición comunal atendieron a los vecinos que se acercaron para realizar diferentes consultas y recibir asesoramiento.

La directora de Relaciones con la Comunidad, Zulma Ferreyra, detalló que “tuvimos una muy buena jornada en la que pudimos atender unas 20 consultas, principalmente sobre planes de ahorro y entidades bancarias. También recibimos varias consultas sobre estafas virtuales que derivamos a fiscalía de ciber delitos”.

“Con la intención de festejar el Día Mundial de los derechos del consumidor decidimos sacar la oficina a la calle y atender a las personas que se acercaban con dudas o dar a conocer la tarea que desarrollamos habitualmente y los servicios de asesoramiento gratuito que brindamos”, agregó.

Además, recodó que “con la sanción de la Ley Nacional de Defensa al Consumidor hay un acceso más inmediato de los ciudadanos a instancias de reclamos ante la compra de cualquier producto o servicio. Antes de la existencia de esta ley, los consumidores debían recurrir a la vía judicial para hacer cualquier reclamo y muchas veces era costoso y no era tan accesible”.

“Más allá de esta jornada los vecinos pueden acercarse a nuestra oficina y realizar todas las consultas que deseen o informarse, porque siempre es muy importante saber cómo se está comprando un producto o contratando un servicio”, completó.

La OMIC Tandil funciona de lunes a viernes de 8 a 14 hs. en Chacabuco 383, y atiende de forma gratuita consultas presenciales o telefónicas al 08003330477 o por mail a consumidor@tandil.gov.ar.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) completó el 2023 con más de mil intervenciones realizadas, de acuerdo a lo informado desde la comuna.

“En el 2023 ingresaron 1.075 expedientes de asesoramiento. Y obviamente hubo muchos más, pero algunos no corresponden, son estafas que tenés que hacer una denuncia penal”, explicó William Christensen, de la OMIC, durante La Tarde de El Eco (Tandil FM 104.1 y Eco TV).

De ese total, según informaron desde el área dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica del Municipio, el 38 por ciento fue por inconvenientes con entidades financieras, bancos y tarjetas de crédito.

El segundo lugar lo ocuparon las compras online, con un 17 por ciento. Vale aclarar, en ese sentido, que desde la comuna brindaron diferentes recomendaciones -principalmente cuando se realizan programas especiales, como el Black Friday- para evitar caer en estafas.

El podio lo completaron, con un 14 por ciento, los planes de ahorro, en su mayoría por la demora en las entregas de las unidades.

Asimismo, un problema recurrente denunciado, de acuerdo a lo notificado por Christensen, fue el de las empresas de comunicaciones, por cambios de planes, bajas de servicios y demás: “Eso es histórico”.

Además, con el aumento del vandalismo, sumaron muchos reclamos por los robos de cables, el corte del servicio y la reparación.

“Y por último tenemos todo lo que es salud, prepagas y seguros. Estamos entre un seis y un ocho por ciento. Y después, en un porcentaje menor, tenemos construcción”, completó Christensen.

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se encamina a cerrar un año con balance positivo, un significativo número de actuaciones y asesoramientos, crecimiento de las conciliaciones acordadas y una mayor celeridad en la solución de los conflictos.

“Estamos contentos con el trabajo que estamos llevando adelante. Hemos notado que las empresas están cumpliendo más, no quiero atribuirlo a nosotros, pero en base a lo que vemos, hay un aumento en lo que es el cumplimiento de acuerdos conciliatorios. Y si bien existen todavía reclamos de consumidores y usuarios, cada vez se solucionan más rápido en audiencias de conciliación”, expresó Juan Cruz Eguibegui, quien recordó además que el ente funciona como receptor de reclamos, pero también como espacio disponible para el asesoramiento previo a la realización de una compra o a la firma de un contrato.

El abogado se encuentra al frente del organismo municipal desde principios de octubre pasado, cuando asumió en su cargo. En diálogo con El Eco de Tandil, brindó detalles del trabajo realizado desde la oficina, así como porcentajes de los principales sectores sobre los cuales recibieron demandas.

“El total de denuncias ingresadas a la fecha es de 1027”, informó Eguibegui en referencia a las estadísticas registradas hasta el 12 de diciembre pasado. El titular aclaró que se trata de reclamos sobre los cuales se abrieron procedimientos administrativos, no así de aquellos asesoramientos realizados.

Explicó a su vez que a partir de que un consumidor realiza un reclamo y el mismo genera un expediente administrativo, se suceden una serie de etapas, dependiendo de si se avanzó a una solución o no. La primera, precisó, “es la etapa de conciliación, que es la que más le sirve al consumidor porque es la que le soluciona el problema. En esa instancia, verificada la identidad de la persona, lo que hacemos nosotros es chequear que la persona sea un consumidor a los fines de la ley, que la empresa a la cual está denunciando sea un proveedor de bienes y servicios y que exista una regulación de consumo entre las partes”.

Verificado dichos pasos, agregó que "se vuelca todo en un expediente, se trae una cierta cantidad de documentación y se cita a la empresa a que venga a una audiencia de conciliación”. Esa instancia la lleva adelante el audiencista a cargo. En el caso de no llegar a un acuerdo, el expediente administrativo pasa a una instancia de sumario . Y de verificar el incumplimiento, se sanciona a la empresa.

“Es una sanción que está contemplada en las leyes nacionales de Defensa del Consumidor, y la sanción más común es una multa dineraria, pero puede ser clausura de establecimiento, decomiso de mercadería”, observó.

“Hemos llegado a cobrar multas. Esa multa ingresa a lo que sin las rentas, toda la dirección de rentas del Estado es un fondo creado de información y educación al consumidor. Es plata que se usa, por ejemplo, cuando hay que hacer alguna campaña de difusión”, aclaró, en referencia a la penalización dineraria regulada con montos que inician en el valor de un salario mínimo vital y móvil y pueden llegar 5 mil salarios mínimos vitales y móviles.

“La empresa cuando recibe, tiene 5 días para contestar esa multa. Cuando un expediente ingresa y no hay acuerdo, alrededor del 80 al 85 por ciento de todos estos expedientes se resuelve en etapa de conciliatoria . Y mucho de ese 15 ó 20 por ciento que pasa a sumario se termina resolviendo también. Es raro que una empresa no resuelva. Casi siempre lo que pasa es que se hace la auto de imputación y al pagar la multa, resuelve el problema. O sea que del 15 por ciento que pasa sumario un 10, 11 por ciento se resuelve con la imputación. Y un 4 o un 3 por ciento son las empresas que no cumplen”, detalló.

En vistas de analizar en profundidad los números de la oficina, Eguibegui dio cuenta de que de las 1027 denuncias iniciadas, alrededor de 400 -casi un 38 por ciento- fueron contra entidades bancarias públicas o privadas y empresas privadas no bancarias que prestan servicios de tarjeta. 

“Se llevan la mayor cantidad o el mayor caudal de denuncias. Y los reclamos básicamente se ofrecen sobre desconocimiento de compras, o baja de servicio”, sostuvo para luego agregar que también se trata de casos referidos a cuestiones de “ingeniería social”, técnicas ilegítimas de manipulación para la obtención de datos que muchas veces terminan en estafas.

En segundo lugar, hubo también un significativo número de denuncias hacia empresas de electrodomésticos, por productos nunca entregados, diferencias en las condiciones de recepción de los mismos, mal funcionamiento o falta de respuestas.

En tercer lugar, precisó que se encuentran los reclamos elevados contra los planes de ahorro -en particular contra las empresas de mayor caudal de ventas- por demoras en entregas, o falta de información con respecto a los contratos de adhesión.

“Luego tenemos comunicaciones, es un 11,78 por ciento de las denuncias. Son cuestiones de servicios de telefonía, servicios de internet, servicios de televisión. Y básicamente las consultas que más versan es por el aumento del servicio, o por no respetar las promociones contratadas”, explicó.

Siguiendo dicho orden, señaló Eguibegui, se encuentran los reclamos elevados contra empresas de salud. “Es en un menor porcentaje, un 7 por ciento contra entidades de prepagas, generalmente por falta de cobertura”, indicó. Por último, especificó que las aseguradoras tuvieron un 5,8 por ciento de los reclamos, las de construcción y vivienda un 3 por ciento y las de indumentaria un 2 por ciento.

El funcionario concluyó recordando que la OMIC “no sólo es una oficina para efectuar reclamos cuando está hecho el daño, sino también para prevenirlo. Por eso, instar a la gente a que venga, que se acerque, que consulte, que es una oficina pública, que es gratuita, y que defiende los derechos de los consumidores”.

Juan Cruz Eguibegui asumió a principios del corriente mes como nuevo titular de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Tandil, en reemplazo de María Paz Rigotti, quien renunció a su cargo el pasado 31 de julio.

La OMIC es un organismo público que tiene como objetivo proteger los derechos de los consumidores y usuarios ante posibles abusos por parte de las empresas. El derecho del consumidor, por su parte, tiene garantía constitucional, es decir que está reconocido en la Constitución Nacional dentro del artículo nº 42, que reza: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.

Las Oficinas Municipales de Información al Consumidor están creadas por ley en cada municipio y funcionan de manera gratuita para los consumidores. 

Eguibegui, quien ya se desempeñaba en la OMIC de Tandil dentro del área de recepción de denuncias y toma de audiencias, cuenta con una amplia trayectoria en el ámbito del derecho.

En diálogo con El Eco, el nuevo titular explicó cómo es el procedimiento que se lleva a cabo en la oficina para atender las denuncias de los consumidores.

Dicho procedimiento consta de tres etapas:

Las funciones de la OMIC son las siguientes:

Cómo presentar una denuncia ante la OMIC

Para presentar una denuncia ante la OMIC, el consumidor debe acudir a la oficina municipal con la documentación correspondiente al reclamo. La documentación puede variar en función del tipo de reclamo, pero suele incluir:

Cantidad y tipos de denuncias

Según el titular de la oficina municipal, en promedio Tandil recibe mil cien expedientes por año, aproximadamente noventa denuncias por mes. En cuanto a los números diarios, estos suelen variar, hay días donde reciben entre diez y veinte denuncias, hay otros en los que no reciben ninguna en absoluto.

En referencia a las causas más comunes de las denuncias, el abogado declaró que las demandas que reciben mayoritariamente suelen ser por servicios financieros o planes de ahorro, luego le siguen los reclamos por servicios de telecomunicaciones y en menor medida ingresan reclamos por electrodomésticos o viviendas.

Mientras se desarrolla una nueva edición del Hot Sale, evento en el que se concentran ofertas y promociones en sitios de venta electrónica, la Defensoría del Pueblo Bonaerense elaboró una Guía con consejos para evitar caer en estafas.

La “Guía de derechos de las y los consumidores y usuarios” puede descargarse gratis desde el sitio web www.defensorba.org.ar, y cuenta con información detallada, expuesta de manera simple y clara, sobre todos los puntos que los proveedores deben respetar para con los compradores. 

En diálogo con El Eco Multimedios, la recientemente asumida delegada local de la Defensoría, Camila Santoro, brindó precisiones sobre la iniciativa, que busca ser una guía de consulta tanto para la presente edición del Hot Sale como para las compras realizadas a través del comercio electrónico en general.

“La Defensoría además de acompañar los reclamos, es un organismo que intenta difundir los derechos. En el marco de la entrada al Hot Sale se decidió hacer esta guía de palabras fáciles y accesibles para todos los consumidores, donde se puede tener acceso a qué derechos se tienen a la hora de contratar más que nada electrónicamente”, explicó.

En particular, señaló Santoro el material elaborado hace hincapié en que el consumidor tiene el derecho de contar con “una información clara” al momento de operar y concretar contratos a través de sitios web.

“Es fundamental saber quién es el proveedor, su nombre comercial, si tiene una dirección física o electrónica por si tenemos que hacer un reclamo posterior y un correo electrónico”, agregó la delegada.

Santoro expresó también que la información debe ser clara con respecto al producto y al precio del mismo. Y además, que una vez concretada la compra, “debe existir un botón de arrepentimiento para saber que tenemos 10 días para decir si no lo queremos al producto. No porque se haya hecho la compra hay que quedárselo, y obviamente hay que devolverlo en las mismas condiciones”, sostuvo. 

Los proveedores, subrayó, deben hacerse cargo de los costos de la devolución, y no deberían imponer otras condiciones que no sean las estipuladas legalmente. 

La delegada se refirió también a las particularidades contractuales en las operaciones electrónicas. “Lo que tiene de particular este tipo de compras es que se realizan mediante un contrato de adhesión, en el cual el consumidor no tiene posibilidades de negociar la cláusula del mismo. En otro tipo de venta podes negociar algunos pactos y en estas cuestiones no, no tenés opciones para discutir”, aclaró, por lo cual consideró necesario el contar con la mayor información posible de manera clara y accesible.

A su vez, agregó, las compras electrónicas deben efectuarse siempre mediante plataformas oficiales, para evitar caer en el acceso a la compra mediante links que pueden derivar en una estafa.

“El tema de los links es muy importante porque es el modus operandi de los estafadores, que te llevan a lugares raros en donde te pueden hackear las cuentas y ahí viene toda otra cuestión”, planteó.

Si bien informó que en la delegación local de la Defensoría no han recibido específicamente denuncias o reclamos por compras realizadas mediante correo electrónico, precisó que sí lo hicieron por estafas.

A su vez, aclaró, “va todo de la mano, porque cuando ingresamos a un link desconocido desde el cual nos pueden ingresar al sistema, quedamos vulnerables ante las garantías que tienen los sistemas, y ahí se complejiza un poco más”.

Si bien desde la Defensoría no cuentan con capacidad de sanción, orientan a la ciudadanía y en todo caso derivan a otros organismos como la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). 

A modo de resumen, estos son algunos de los puntos más importantes que destaca la Defensoría para tener en cuenta a la hora de operar mediante comercio electrónico.

- Durante todo el proceso de la transacción, tenés derecho a información clara, suficiente, veraz y de fácil acceso sobre el proveedor, el producto y/o servicio y la transacción realizada

- Los proveedores deben poner a disposición de los consumidores, en su sitio web y demás medios electrónicos, en ubicación de fácil visualización y previo a la formalización del contrato su nombre comercial y social, la dirección física y electrónica, así como el correo de contacto. 

- También deberán ser exhibidas de manera clara las características esenciales del producto o servicio, incluidos los riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, el precio, incluidos los impuestos, una discriminación de cualquier costo adicional o accesorio, tales como costos de entrega o seguro y las modalidades de pago.

- Poner de manera visible los términos, condiciones o limitaciones de la oferta y disponibilidad del producto o servicio; y las condiciones de la garantía.

- Asegurar un acceso fácil y de clara visibilidad a los términos de la contratación, asegurando que aquellos puedan ser leídos, guardados o almacenados por el consumidor.

- Poner a disposición un servicio eficaz y accesible de atención al consumidor.

- Si firmaste un contrato de adhesión, tenés el derecho a que las cláusulas generales predispuestas deban ser comprensibles y autosuficientes.

- Una vez realizada la compra. El plazo de entrega forma parte de la oferta y debe ser respetado.

- Podés deshacer la compra o contratación del servicio. Deshacer la compra implica que te deben reintegrar el total del dinero abonado.

- El botón de baja o “botón de arrepentimiento”, debe ser un link de acceso fácil y directo. 

- Los costos del traslado de la mercadería corren por cuenta del vendedor.

- Podés rescindir la contratación de un servicio por el mismo medio por el cual se contrató.

El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, detectó la inclusión de cláusulas abusivas incorporadas en los términos y condiciones de Netflix en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. 

Se constató, analizando los Términos de Uso de Netflix que rigen la contratación, que la reconocida empresa mediante una redacción compleja y poco clara, impone a sus usuarios cláusulas que se presentan abusivas. Los hallazgos del análisis realizado fueron:

Desde el área de legales remarcaron que todas las cuestiones antes descriptas son en infracción del artículo 4to. y 37mo., inciso b) de la Ley 24.240, Resolución 53/2003 de la exSecretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, Resolución Nº 994/2021 de la SCI de la Nación y el Código Civil y Comercial de la Nación.-

“Se cumple de esta manera con el deber de controlar los contratos de adhesión ya que las y los consumidores contratan directamente sin posibilidad de negociar como también se persigue evitar conductas que puedan resultar violatorias a la normativa de defensa de los consumidores”, indicaron.

La empresa que ya ha sido notificada, debe adecuar, modificar y/o suprimir las cláusulas observadas y posee 5 días hábiles e improrrogables, para presentar su descargo.