La defensora del pueblo analizó la situación del crecimiento urbano en Tandil y brindó una serie de recomendaciones esenciales para los ciudadanos interesados en adquirir lotes. Lafourcade repasó las restricciones vigentes según el área geográfica y subrayó la necesidad de constatar la documentación legal antes de realizar cualquier inversión. "Lo que tiene que saber el vecino es que hay zonas que están permitidas y zonas que no están permitidas o son no urbanizables", advirtió.

Detalló que el partido se divide en tres áreas principales: urbana, complementaria y rural. El área urbana es la zona donde se encuentra la mayor densidad poblacional y es el espacio donde la normativa pretende que se densifique la urbanización. Por el contrario, en el área complementaria, que actúa como una transición hacia el campo, ya aparecen fuertes restricciones en lo que es la construcción.

En cuanto al área rural, Lafourcade precisó que está destinada a usos agrícolas o turísticos, donde las extensiones de tierra son mayores. En este sector, la construcción de viviendas está limitada a una unidad cada 30 hectáreas aproximadamente y no está permitido densificar el suelo. "Es zona protegida, lo que es el entorno serrano", recordó al diferenciar los espacios donde la preservación del paisaje es prioritaria.

Uno de los puntos de mayor preocupación para la Defensoría del Pueblo radicó en los loteos donde se pretenden comercializar hasta 40 unidades en terrenos de apenas una hectárea. Lafourcade aclaró que, en ciertas zonas complementarias, la ley solo permite una vivienda por cada 15.000 metros cuadrados, es decir, una hectárea y media. Por ello, insistió en que muchas de estas urbanizaciones ofrecidas en el mercado no serán posibles de concretar bajo el marco legal vigente.

Ante la consulta sobre cómo puede un comprador saber si un loteo está en regla, la defensora fue categórica al señalar que todo proyecto debe estar aprobado por la Municipalidad. El interesado debe exigir el número de expediente y el plano de mensura, ya que cualquier subdivisión debe contar con el aval de la Provincia. "Esa subdivisión tiene que ser aprobada y debe constar la superficie de los espacios cedidos, porque todo loteo tiene que dejar calles abiertas y cederlas al uso público", explicó.

Asimismo, remarcó que los loteos no solo requieren una aprobación legal de planos, sino también un respaldo técnico riguroso. Entre las exigencias, mencionó que debe garantizarse el correcto escurrimiento de aguas y la instalación de desagües fluviales. Estas medidas son fundamentales para evitar problemas de inundaciones o anegamientos en zonas que anteriormente no estaban preparadas para recibir un flujo habitacional.

Por otro lado, recordó que muchas de estas intervenciones requieren obligatoriamente un informe de impacto ambiental. En Tandil, la protección del paisaje es un eje central de la normativa, por lo que no se pueden realizar obras que dañen el entorno natural sin la debida autorización. "No es que yo puedo hacer lo que quiero en cualquier lote de la ciudad", puntualizó para clarificar que el derecho de propiedad está sujeto a las leyes de ordenamiento territorial.

Finalmente, Lafourcade instó a los vecinos a realizar consultas previas para prevenir situaciones de conflicto. Señaló que desde su oficina rastrean estas ofertas para evitar que los ciudadanos adquieran tierras que luego no podrán escriturar. El objetivo primordial es la prevención, asegurando que todos los datos técnicos y legales figuren claramente al momento de la oferta para que, en caso de incumplimiento, el vecino tenga herramientas sólidas para realizar un reclamo.

Cada año, en los meses más calurosos, la Defensoría del Pueblo de Tandil ve incrementadas las denuncias por lotes baldíos o deshabitados en mal estado, en distintos sectores de la ciudad. La titular del organismo descentralizado, Paula Lafuorcade, estimó que hay más de 200 terrenos baldíos en mal estado en la ciudad y dio cuenta de las herramientas que tiene el Municipio para brindarles soluciones a los vecinos.

En una visita a Plataforma Magazine, la doctora Lafourcade señaló que es importante entender el concepto de qué implica el “mal estado” de un predio. “Es un terreno que puede estar habitado o no, tener pastizales largos, alguna construcción abandonada”, describió y agregó que “en esto, el Estado municipal tiene herramientas, ordenanzas, que ayudan a prevenir estas situaciones y un poco torcer este estado de desidia y abandono que muchos propietarios tienen de sus terrenos”.

Frente a los reclamos ciudadanos, sostuvo que “hay que entender que con los pastos largos vienen dos temas: roedores e inseguridad” y agregó que “los vecinos después nos dicen ‘tenemos que ir por otro lado’, ‘no queremos que nuestros hijos crucen o vayan por ahí’”.

En ese sentido, consideró importante que las personas puedan denunciar el terreno en mal estado ante el Municipio y recomendó hacerlo a través de una nota en la Mesa de Entradas o también en las direcciones de Rentas o de Inspección, o Bromatología ante la presencia de roedores.

“Cuando decimos en mal estado pueden ser desde pastizales hasta una construcción abandonada”, dijo y apuntó a la ordenanza que fija un recargo del ciento por ciento en la Tasa Retributiva de Servicios. “Primero tienen que ir los inspectores, constatan que lo que dice el vecino es así, que está en mal estado e intiman (al titular) a que lo ponga en condiciones”.

En tanto, expuso que si se desconoce el titular de dominio del lote, “cruzan datos con Catastro para ver de quién es ese terreno y cruzan datos con la Retributiva para que ponga el condiciones el terreno. Si no lo hace, a los 15 días de la constatación, viene el recargo al ciento por ciento de la Tasa Retributiva de Servicios al dueño”.

Por otra parte, puso en valor que “hay una herramienta que el Municipio tiene a disposición cuando sabemos de quién es el terreno, quién es nuestro vecino, que es la mediación comunitaria, que es para resolver conflictos de vecindad, que trabaja muy bien”. 

“Teníamos un caso icónico que era Roca y Uriburu, la esquina, donde ya había peligros hasta para la seguridad, porque eran construcciones abandonadas y puede entrar gente. Además, el peligro, porque por ahí se metían chicos a jugar, de que se cayera una pared”.

A partir de ese caso, la abogada repasó que en junio entró en vigencia la Ordenanza 18.855 que establece la obligatoriedad de que todos los edificios en estado de abandono dentro del ejido urbano cuenten con cerramiento.

En tanto, aclaró que para que una construcción esté abandonada tienen que haber pasado 6 meses deshabitado pero además que se encuentre sin mantenimiento. “Todo eso, obviamente, lo tiene que constatar la Municipalidad” y cumplido ese paso, “lo intima al propietario o a los sucesores, porque a veces son terrenos que vienen de familias en sucesiones eternas y que por problemas familiares muchas veces hay estado de abandono, pero de las propiedades hay que hacerse cargo. El propietario tiene que ser responsable”.

En cuanto al procedimiento, sumó que tras la intimación por parte de la comuna, se le otorgan al dueño 90 días para que concrete el cerramiento periférico del lote y las entradas a la construcción.

La letrada consideró que “se avanzó muchísimo con lo del cerramiento por la peligrosidad que esos terrenos tenían porque estaban realmente en muy mal estado, pero hay otra situación que puede ser el mal estado de lotes que el recargo en la Retributiva no hace que tuerza la voluntad del propietario que sigue siendo reticente y no corta el pasto”.

En esos casos, indicó que “Bromatología interviene ante la presencia de roedores, pero en lo que son los pastizales es muy difícil” y recordó que desde la Defensoría “habíamos hecho, allá por el 2021, un proyecto de ordenanza que se llamaba justamente propietario responsable”.

Como otro caso emblemático, hizo foco en el exPoliclínico Ferroviario, donde “ya intimaron para el cerramiento, porque lo que permite la ordenanza nueva, que es muy buena en eso, es que le dan 90 días, no lo cierra y puede ahí aplicarse una multa y si pasados otros 30 días tampoco lo hace, lo puede cerrar el Municipio a costa del propietario y aplicarle una multa todavía más gravosa que ronda los más de 2,5 millones de pesos”.

Por otra parte, frente a terrenos que se encuentran cerrados pero con veredas sin mantenimiento, advirtió que la acera también es responsabilidad del propietario del inmueble.

Ante estas situaciones, el vecino también puede denunciar ya que el Municipio tiene potestad de aplicar un recargo en la Tasa Retributiva de Servicios por el mal estado de la vereda.

“Cuando hablamos del inmueble, la vereda, por más que es de tránsito público, es responsabilidad del frentista y eso es importante”, puntualizó.

Más allá de las ordenanzas vigentes, Paula Lafourcade manifestó que está pendiente en Tandil generar el prometido Código de Convivencia, normativa que podría regular los conflictos que se generan por las conductas de los habitantes.

“Sería muy importante en el Código de Convivencia, que creo que hay que abarcar toda estas temáticas, la vereda, el árbol, que si hay que cortarlo tienen que pedir autorización, son muchas cuestiones que hacen a convivencia entre vecinos y que es fundamental que las trabajemos entre todos”, cerró.

El Honorable Concejo Deliberante convocó para este lunes a las 10 a una Sesión Especial para la elección del próximo Defensor del Pueblo de la ciudad y, en menos de una hora, notificó su decisión.

Vale recordar que el pasado 23 de abril, el HCD recibió la terna de candidatos elaborada por la Comisión de Pre-designación del Defensor del Pueblo. Los tres candidatos propuestos fueron Juan Martín Aroztegui, Martín de los Santos y Paula Jorgelina Lafourcade. 

Según el Decreto Nº 3449/18, el Concejo debía elegir a uno de los candidatos en una sesión especial convocada dentro de los treinta días posteriores a la recepción de la terna. 

Esta elección requería el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Concejo y se llevó a cabo mediante una votación nominal.

En la sesión, que se realizó en el Recinto de Sesiones del Honorable Cuerpo, los concejales decidieron quién ocupará el importante rol de Defensor del Pueblo, una figura clave para la protección y promoción de los derechos de los ciudadanos de Tandil.

Con 14 votos favorables, Paula Lafourcade fue reelecta como defensora por los próximos cinco años. En segundo lugar quedó Aroztegui, quien sumó cinco votos.

Finalizó el pasado jueves el plazo para inscribir a postulantes al cargo de defensor del Pueblo y ahora se abrirá la segunda etapa, con seis aspirantes, en el marco de este segundo proceso de designación desde que la institución fue creada por ordenanza del Concejo Deliberante.

Los postulantes para ocupar el cargo son Juan Martín Aroztegui, Martín de los Santos, Paula Jorgelina Lafourcade, Erica Ledo, María Carla Mucklowe y Juan Marcos Pueblas.

Desde la comuna informaron que quienes deseen formular observaciones y/o impugnaciones respecto de los candidatos propuestos deberán hacerlo por escrito y con su firma ante la “Comisión de pre-designación”, en la secretaría del Concejo Deliberante.

Estas observaciones o impugnaciones deben fundarse en circunstancias objetivas que puedan acreditarse por medios fehacientes o hechos de público y notorio conocimiento. La fecha límite para esta acción es el 14 de marzo.

Para más detalles sobre los candidatos, así como toda la documentación presentada por estos, se puede acceder a la página web del Concejo Deliberante: https://www.hcdtandil.gob.ar/novedad/197732-Hay-seis-candidatos-para-el-Defensor-del-Pueblo.html o bien a través del siguiente enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1Kx52HGDQURwgzelk3iTtp-2RlDtAYCrs?usp=drive_link

En el marco de la causa por la ocupación de tierras en La Movediza, se celebró este viernes la primera audiencia convocada por el juez de Garantías José Alberto Moragas, con el objetivo de analizar una posible salida pacífica al conflicto. No obstante, el Municipio se ausentó a la reunión y las partes no pudieron arribar a una solución. 

Fuentes consultadas por El Eco de Tandil indicaron que “sin este actor tan importante en el acompañamiento como gestor de política pública, se hizo imposible avanzar en cualquier propuesta de resolución alternativa” y frente a este escenario, la causa se encamina hacia la medida de desalojo. Ahora, queda a criterio del magistrado resolver si ordena la desocupación por la vía policial o si vuelve a reunir a los implicados con la misma lógica.  

Semanas atrás, el titular del Juzgado de Garantías 1 de Tandil convocó a todas las partes para evaluar la alternativa de que la Provincia adquiera el predio de Piccirilli al 1000 -que permanece ocupado desde febrero-, para convertirlo en suelo urbano y poner los lotes a disposición tanto de algunas familias que participan de la toma, como de la ciudadanía. 

La propuesta que se puso a consideración de las partes tiene la venia de los propietarios del macizo y fue consensuada en la mesa de trabajo encuadrada en la negociación que se abrió para encontrar una alternativa a la expulsión compulsiva, pero las autoridades comunales se retiraron hace un tiempo del espacio, en discrepancia con el rumbo que tomó la causa y, en la misma sintonía, tampoco acudieron a la citación de ayer. 

El factor municipal

Además, aunque desde el Gobierno comunal alegaron que no es obligatoria su participación en la resolución de la problemática, no es factible avanzar en el desarrollo de la propuesta de loteo porque se precisa de la articulación con la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas y otros departamentos del Ejecutivo. 

En la actual coyuntura, si el privado y la Provincia llegaran a un acuerdo, posteriormente el Municipio deberá intervenir para dotar de indicadores urbanísticos al espacio. En este caso, la Comisión de Gestión Territorial y el Concejo deben involucrarse para aprobar los indicadores  que posteriormente habiliten las construcciones en el lugar.  

La mirada de la gestión local, según refirieron oportunamente, “va a seguir siendo la de respetar las condiciones de igualdad ante la ley y por lo tanto, si existen terrenos para hacer viviendas sociales vamos a acompañar, pero siempre y cuando sean sorteados al público en general”. 

El conflicto por la tierra

De acuerdo a la cronología de los hechos, la familia que acreditó la titularidad del predio denunció inmediatamente la usurpación e incluso el juez Moragas ordenó el desalojo a instancias del fiscal Luis Piotti, pero la expulsión forzosa fue detenida por la Cámara de Garantías y Apelación de Azul a principios de julio. 

En primera instancia, tras la denuncia efectuada en febrero, la Justicia activó el protocolo de la Suprema Corte provincial y se conformó una mesa de diálogo que involucró a diversos actores, entre ellos el Municipio, pero también organismos bonaerenses, defensorías y hasta la universidad. 

En el último tiempo, la negociación se orientó a la posibilidad de suscribir un convenio urbanístico entre el particular y el Estado bonaerense para dotar de servicios al macizo, lotearlo, poner terrenos a disposición de algunos grupos más vulnerables y sortear el resto. Como lo establece el marco normativo vigente, el dueño recibe en este caso como pago un cierto número de parcelas con infraestructura. 

En este punto, desde el área de Desarrollo Humano y Hábitat de la comuna fueron inflexibles por considerar que el accionar genera un precedente “peligroso”. El posicionamiento que mantienen es que las familias instaladas en el lugar se retiren de allí, para después empezar a discutir estrategias de acompañamiento. 

Esto generó tensión entre las partes, porque del otro lado bregaban por una solución que no implicara un desalojo o un retiro sin atender la cuestión de fondo, sino que contemplara un trabajo articulado con los ocupantes en el territorio. 

La defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, presentó este jueves en el Concejo Deliberante, acompañada de su adjunta, Mercedes Argeri, el informe anual de su gestión correspondiente al año 2022. 

La exposición fue un resumen de la labor desarrollada, los resultados obtenidos y las gestiones e intervenciones efectuadas por el organismo, como así también estadísticas de las temáticas más reclamadas y los derechos involucrados.

La defensora resaltó que en este año “tan importante” en el que transitamos  el bicentenario de la ciudad, Tandil es pionera en la creación de Organismos de Promoción de Derecho Humanos que acercan la administración pública a los administrados, como es la defensoría del pueblo local.

Remarcó Lafourcade que los resultados mostrados no son solo logros individuales sino colectivos, fruto de un trabajo colaborativo y mancomunado con las distintas áreas municipales, provinciales y nacionales.

“Me enorgullece ser tandilense, y trabajar junto con el equipo que me acompaña cada día en pos de un Tandil mejor, más inclusivo, y comprometido con los Derechos Humanos”, destacó. 

En la rendición de cuentas ante el HCD, se destacó el salto cualitativo obtenido por la institución: no solo en el número de reclamos recibidos, sino en los resultados favorables logrados en el transcurso del año, cercano al 88,66 % en general, y en especial en las causas referidas a las cuestiones de salud donde el porcentaje asciende al 93,28%. 

Asimismo, hizo hincapié en el rol fundamental de la defensoría en los reclamos de incidencia colectiva,  como la protección del medio ambiente, el acceso a los servicios públicos para todos los habitantes, en particular al suministro de agua potable, la seguridad en los barrios, el estado de las calles, entre otros. “El defensor del pueblo es un mediador entre la sociedad y la administración o poder político”, dijo.

Las estadísticas arrojaron datos relevantes que pueden ser utilizados para diseñar políticas públicas a nivel local. Así, el 67,66% de los reclamos fueron ingresados por mujeres, el 58.23% fueron causas municipales, y el 43,55% de los requerimientos se efectuaron de manera virtual.

La titular recordó que la Defensoría del Pueblo es un organismo abierto a la comunidad, donde se reciben desde el primer día de forma ágil y rápida los distintos requerimientos y consultas de los tandilenses. 

También hizo hincapié en que las defensorías, tanto en la Argentina como en Latinoamérica, no son solo organismos de contralor de la Administración Publica sino que también promueven y defienden los derechos humanos  de sus habitantes. Es por ello que se participa activamente en asociaciones que nuclean a defensorías nacionales y locales como son el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO), la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), y el Consorcio de Defensores del pueblo municipales de la provincia de Buenos Aires.

Por último, destacó el acompañamiento a los vecinos que se lleva a cabo en territorio, tanto en los barrios como en localidades rurales, mesas y foros de nuestra ciudad, como en proyectos de extensión con impacto en la sociedad civil de nuestra ciudad. “Estar cerca de la ciudadanía a través de una escucha activa es una prioridad constante en esta gestión”.

Finalmente agradeció a su equipo de trabajo, y reafirmó su compromiso de trabajar por y para el pueblo de Tandil en el año de su aniversario.

Tras el reclamo de los vecinos y la nota presentada al Municipio luego del fatal siniestro ocurrido en el ingreso a El Centinela, en el que fallecieron dos jóvenes oriundos de Azul, la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto y acompañó a los vecinos en el reclamo por mayor seguridad vial en la zona.

De acuerdo a lo expuesto por la titular de la Defensoría, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios, fueron varios los residentes de la zona que le presentaron los reclamos para que se mejore la señalización con el objetivo de evitar futuros accidentes.

Entre las eventuales mejoras para solucionar la cuestión, además de colocar más carteles para anunciar el acceso, se encuentra también la posibilidad de buscar alternativas para llegar al paseo; ingresar por vías alternativas sin tener que girar a la izquierda desde la calzada.

Si bien resaltó, al igual que varios funcionarios, la dificultad del caso por el hecho de que el camino de entrada se encuentra en plena subida, expuso que se deben tomar cartas en el asunto de inmediato y que la Secretaría de Obras Públicas debe encargarse de analizar la situación y ver si es viable colocar una dársena, por ejemplo.

“La posibilidad de si es conveniente o no una dársena ahí o en otro punto, no lo sabemos. Pero sí que los vecinos manifiestan que no es el primer accidente que ocurre”, sostuvo Lafourcade, en referencia al trágico suceso. Vale destacar que el propio titular del complejo, Luis Cerone, refirió semanas atrás que nunca habían tenido un hecho de tal magnitud en ese lugar.

Ante los reiterados reclamos, la Defensoría del Pueblo de Tandil envió un misiva al subsecretario de Energía de la provincia de Buenos Aires, Gastón Ghioni, para pedirle información acerca de los avances en la implementación del Registro de Usuarios Residenciales de Gas Licuado de Petróleo bonaerense.

En diálogo con El Eco Multimedios, Paula Lafourcade, titular de la Defensoría, explicó que le escribieron para conocer el estado del registro porque “estamos en marzo, estamos a punto de cumplir los dos años, y todavía no tenemos ningún tipo de novedades”.

Por ello, resaltó que continuarán insistiendo, ya que "ese es el rol de los defensores", para que pueda “terminar de ser justo el acceso al gas para todos los habitantes del mismo Partido”.

El objetivo del pedido es conocer el estado de situación del registro que se debía implementar en la Provincia respecto a los usuarios residenciales de gas licuado, ya que sin esa aplicación, que era el primer paso, “es muy difícil implementar la zona fría”, que rige desde julio del 2021.

“Se luchó por muchos años; hubo muchísimos reclamos por estas diferencias, estas discriminaciones en materia climática; ya ahora, dentro de la misma ciudad, tenemos usuario que pagan diferentes valores de metro cúbico”, declaró Lafourcade y agregó que, si bien está vigente el Plan Hogar, “no es suficiente”.

Con la finalidad de acercar la Defensoría del Pueblo de la Provincia a toda la comunidad tandilense, el próximo martes 8 de noviembre la delegación de Tandil, a cargo de Noelia Domenighini, realizará una jornada de atención y difusión para todos los vecinos. 

La misma se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Quintana 450, en el barrio Villa Italia. Durante la mañana, entre las 10 y las 12, se recibirán consultas y reclamos y se brindará asesoramiento sobre servicios públicos, ambiente, género, asociaciones civiles, entre otros temas. 

Por cualquier duda, problema o consulta, las oficinas de la delegación Tandil, ubicada en Roca 192, están abiertas de lunes a viernes de 8 a 14. Además, las vías de comunicación, disponibles las 24 horas, son el WhatsApp: 221 358-1323; las redes sociales: @defensoriaPBA; la web: www.defensorba.org.ar; y la línea gratuita: 0800-222-5262.

En la sesión del último jueves, la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, presentó la rendición de la gestión del año pasado, conforme lo establece la Ordenanza 15.971. La estadística del organismo reveló que concretó más de 3.100 intervenciones –como gestiones, pedidos de informes, exhortos, recomendaciones y derivaciones a áreas públicas y privadas, audiencias y acciones judiciales-, unas mil más que el año anterior, y atendió a 1.700 vecinos por reclamos individuales y colectivos. 

La Defensoría entregó una revista informativa a cada bloque político, con un resumen de las denuncias recibidas durante 2021 y las resoluciones que logró este “órgano ágil de la democracia semiparticipativa”. En el recinto, la abogada realizó una introducción y luego expuso un video con placas que incluyeron números y gráficos. 

En principio, Lafourcade definió que el defensor del Pueblo es un “nexo entre el ciudadano y la administración pública” y agregó que “en este rol que me toca presidir o representar desde 2019, hemos recibido a 1.700 vecinos que de forma individual o colectiva se acercaron a la Defensoría para consultar, para asesorarse, para reclamar, sobre distintas problemáticas que los afectaban”. 

Sostuvo que el 73 por ciento de esas causas son municipales, el ámbito de incumbencia de la Defensoría del Pueblo de Tandil. Agregó que 37 fueron de incidencia colectiva, desde ruidos molestos, inseguridad vial, aplicación de agroquímicos en el partido, construcción en el faldeo serrano, reclamos de servicio de agua potable en diferentes barrios, etc. 

En cuanto a los resultados, indicó que de los casos de competencia local, “tenemos un 93 por ciento de gestión exitosa en cuestiones de salud y un 88,52 por ciento en general”. En ese aspecto, destacó como dos patas importantes “la intervención de la Defensoría, que toma el reclamo de los vecinos, y por el otro lado, los funcionarios de la administración pública nacional, provincial y municipal que colaboran en tomar ese reclamo y hacer las soluciones correspondientes”. 

En paralelo, indicó que del 93 por ciento de resultados positivos, “quiero destacar problemas de Tandil que eran reclamos históricos, en los que la Defensoría participó y que se fueron solucionando, como la iluminación de la rotonda de la Ruta Nacional 226 y la Ruta Provincial 30, y la incorporación de Tandil en el Régimen de Zona Fría para el Gas Residencial”. 

Atención descentralizada

Además, la defensora resaltó el rol del organismo en la protección y promoción de los derechos humanos, y en ese marco, indicó que tras la pandemia, el año pasado “nos permitió concretar nuestro sueño de salir a la calle y desde noviembre cada jueves del mes estamos en diferentes barrios de nuestra ciudad, como Villa Italia, Villa Aguirre, Las Tunitas, La Movediza. Agradezco profundamente a las instituciones que nos han abierto sus puertas para tal cometido”. 

Ante el Concejo, la abogada destacó las numerosas reuniones realizadas con el fin de fortalecer los vínculos con instituciones y organismos locales y nacionales, asociaciones civiles de Tandil, las participaciones en las distintas mesas, foros de esta ciudad, y la participación en convenios de cooperación y proyectos de extensión, como el Programa Estratégico de Cannabis Medicinal. 

Por último, agradeció a la defensora adjunta, doctora María Mercedes Argeri, y al equipo de trabajo, en especial a Gastón Escribano, quien regresó a la planta del Concejo Deliberante luego de tres años en el organismo descentralizado, y a los pasantes de la Universidad Fasta.

El concejal Juan Arrizabalaga, junto a la Asamblea de Inquilinos de Tandil, llevó el reclamo a la defensora del Pueblo Municipal, Paula Lafourcade, por los alquileres temporarios informales y la “inacción municipal” ante la necesaria regulación.

"Nos reunimos con Paula Lafourcade. Llevamos el reclamo por la inacción municipal ante el fenómeno de los alquileres turísticos temporarios que se desarrollan de manera informal en la ciudad", manifestó Arrizabalaga.

"Esto impacta negativamente compitiendo de forma desleal con los alojamientos registrados y, particularmente, achica la oferta y genera un fuerte aumento de precios en los alquileres de vivienda, en el marco de una grave crisis habitacional. A lo que se suman nuevos abusos contra los Inquilinos en la pretensión de alternar alquiler permanente con alquiler temporario, fuera de toda norma y a precios imposibles", agregó.

Asimismo, recordó que hace ya casi dos años que presentaron un proyecto de ordenanza para su regulación pero lamentó que “el Municipio no hace nada”.

Finalmente, destacó que peticionaron ante el “incumplimiento de la función pública” por parte del Gobierno municipal, la Dirección de Habilitaciones, la Dirección de Rentas y la Dirección de Turismo.

Las diferencias que no logran zanjar IOMA y el Círculo Médico de Tandil repercuten en unos 25 mil tandilenses afiliados a la obra social que padecen por el corte de prestaciones traumatología, ginecología, obstetricia y clínica médica, entre otras. En ese marco, el abogado Ricardo Mauhourat recomendó a las personas que vean vulnerado su derecho a la salud que recurran a las defensorías del Pueblo “que para eso han sido creadas”.

En diálogo con “Buenas y santas” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios), el profesional dimensionó a IOMA y definió que es la obra social de todos los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, que en Tandil tiene unos 25 mil afiliados.

“El espectro de gente que está bajo esa cobertura, bajo ese paraguas, es enorme, y por eso, cuando falla esta administración, que lamentablemente lo vemos bastante seguido, se producen serios problemas para la gente que necesita la cobertura de esa obra social”, evaluó el letrado.

Al mismo tiempo, destacó que el afiliado de IOMA está “cautivo”, ya que “no tiene ninguna posibilidad de cambiarse de obra social, y hay que agregar un dato más, la salud es una política esencial del Estado porque es un derecho inalienable del ciudadano, que necesariamente debe estar protegido, tanto en la salud, la educación y la seguridad. Esos son deberes fundamentales del Estado y es donde no puede fallar el dirigente político que está a cargo de la administración pública”.

El amparo

Por otra parte, Mauhourat expuso que el ciudadano cuenta con herramientas ante una obra social como IOMA, cuando los médicos o el sistema de salud no le prestan servicio porque la obra social está cortada. “En los casos urgentes y más graves es necesario recurrir a la Justicia en busca de un amparo judicial, para que sea la Justicia la que le ordene a la obra social brindarle la prestación al ciudadano. Debo reconocer en estos casos que la Justicia actúa rápido”, dijo.

Es decir, frente a casos de extrema gravedad, la Justicia procede con celeridad. “Lo que pasa es que para el ciudadano común, que no está en el medio judicial, que no es operador del sistema judicial, es un trámite que se le pone adelante que en realidad parecería más una valla que facilitarle la posibilidad de lograr la atención que necesita. Entonces, el medio al que debe recurrir cuando necesita una atención, cuando la cuestión es realmente urgente, tiene la Justicia a mano para utilizar una herramienta que le pueda dar la cobertura que la obra social no está brindando”, señaló.

Desde lo técnico, explicó que “el recurso de amparo es una acción judicial que en términos procesales en el sistema de Justicia es la más rápida. Cuando se encuentra vulnerado el derecho de un ciudadano y la administración pública o una empresa privada no retrotraen su conducta, continúan con esa vulneración, el ciudadano puede presentarse ante el juez y decirle ‘la obra social me tiene que dar cobertura y no me da porque está cortada’. Entonces el juez, en el marco de ese recurso de amparo, dicta una medida cautelar, que es un anticipo de la sentencia, que dice que mientras tramita el recurso de amparo, la obra social le tiene que dar cobertura”.

Alternativa gratuita

Por otra parte, Mauhourat reparó en el rol de los defensores del Pueblo y en las ventanillas que funcionan en Tandil, tanto de la figura municipal como provincial. “Sería una vía alternativa que pueden utilizar también para que implementen mecanismos para proteger al ciudadano, porque en realidad, los defensores del Pueblo están para eso, donde el Estado falla y el ciudadano ve vulnerados sus derechos, tiene que intervenir. Es una buena oportunidad para recurrir a estas oficinas para que le solucionen los problemas al ciudadano, que para eso han sido creadas”, consideró.

Más allá de las urgencias, sugirió la misma vía para las consultas médicas y consideró que las defensorías constituyen “un mecanismo que se podría utilizar”. Entonces, instó al afiliado a que solicite en estas ventanillas una mediación ante IOMA para que brinde cobertura.

“Si alguien tiene que ir a un abogado privado para hacer un amparo, va a tener un costo adicional en su economía. Y si no lo puede pagar, tendrá que recurrir al abogado de la asesoría jurídica gratuita que tiene el Colegio de Abogados o la asesoría de la Justicia, o a los abogados que de las defensorías del Pueblo para lograr su cometido”.

El defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, realizó un informe que describe el control que mantienen dos holdings extranjeros en el mercado local, los cuales se expanden de la mano de una millonaria inversión publicitaria. Refiere que los niveles de ingesta de cerveza crecieron exponencialmente durante la última década y ubican a la Argentina entre las naciones con mayor consumo per cápita del continente. Algunos de los datos más alarmantes se registran entre la población femenina.

Esta realidad pudo ser constatada por el último relevamiento del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Martello. El estudio arrojó que la mayoría de los/as jóvenes de entre 12 y 18 años, que reconocieron haber atravesado episodios de excesos vinculados con bebidas alcohólicas, son mujeres.

Cabe recordar que una polémica publicidad, realizada por uno de los gigantes que controla gran parte del negocio de la cerveza industrial, generó un masivo rechazo en las redes sociales.  La publicidad de Brahma, entre otras atrocidades, planteaba una suerte de incentivo para que las mujeres, especialmente aquellas que no se sienten atraídas por el alcohol, se inicien en la ingesta de cerveza, promocionando una bebida “con un toque de lima, menos amarga”.  El aviso en cuestión se difundió en momentos en que el consumo de alcohol presenta indicadores que deberían constituir un severo llamado de atención.

De acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta 2019 sobre Consumo de Alcohol en Niñas, Niños y Adolescentes, elaborada por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) – también conocido como “Binge Drinking” (BD)- apareció en 132 casos, representando más del 22% de la muestra, constituida por 632 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de edad. De los 132 casos de consumo excesivo, el 57% son mujeres (75 casos) y el 43% hombres (57 individuos).

Ante esta situación, Martello se pregunta en su informe: ¿la industria cervecera desconoce estos indicadores de consumo problemático?, ¿la publicidad fue un hecho aislado?, ¿fue solo un error de cálculo dentro de una estrategia que insume una fastuosa inversión que se destina a medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales?

“Más allá de que se haya reconocido el error, el aviso en cuestión no escapa a una concepción desarrollada en distintas partes del mundo, pero que en nuestro país ha tenido – y aún tiene- especial predicamento Se trata de una matriz publicitaria que retroalimenta estereotipos de género y violencia simbólica; que busca vincular la ingesta de alcohol con la diversión y que también pretende asociar arbitrariamente el consumo de cervezas con el éxito y el deporte”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto.

Publicidad

Los últimos datos que se dieron a conocer hablan de que la industria cervecera, sólo en la Argentina, estaría invirtiendo por año cerca 1200 millones de pesos en publicidad y marketing. Eso no es todo: el año pasado, AB InBev -el principal grupo cervecero que opera en la Argentina, de origen belga- inauguró en Buenos Aires su propio estudio creativo, con una veintena profesionales que están abocados, casi exclusivamente, a generar contenidos y estrategias de marketing y publicidad que ayuden al holding a extender sus negocios y captar nuevos clientes, especialmente nuevos consumidores de alcohol.

La Argentina es una de los territorios a escala global donde la industria cervecera ha tenido mayor éxito en los últimos años, siendo uno de los mercados “emergentes” más atractivos. Algunos números hablan por sí solos ya que, según un relevamiento global realizado por el gigante Kirin (el holding de bebidas más importante de Japón), nuestro país es una de las naciones del mundo donde más ha aumentado la producción de cerveza durante la última década. Más precisamente, la Argentina ocupa el sexto lugar luego de Vietnam, India, Filipinas, Francia y Brasil. Además, la tasa de crecimiento registrada en Argentina casi que quintuplica al aumento global, en términos porcentuales.

A su vez, el consumo de esta burbujeante bebida en la Argentina se ubica en niveles históricos, en torno a los 45 litros per cápita por año.  Este dato, que fue informado el año pasado por la Cámara Cervecera, pondría a nuestro país entre las 40 naciones de mayor ingesta del mundo, superando a Japón y Corea del Sur, y muy cerca de países nórdicos como Noruega. “Lejos de ser una estadística para enorgullecernos, los elevados índices de consumo deberían constituir un severo llamado de atención para las autoridades sanitarias ya que se enmarcan dentro de un panorama a nivel continental que tiene a la Argentina como uno de los países con mayor consumo de alcohol en América. Según los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, sólo es superado por Uruguay y Santa Lucía”, explicó Martello.

El responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos propuso avanzar en una serie de reformas que contemplen cambios impositivos que grave la venta de cerveza en el mercado interno, especialmente cervezas industriales, como forma de desalentar el consumo. Parte de lo recaudado podría servir para financiar programas de concientización y prevención del alcoholismo y otras adicciones.

También planteó que se debe reformar la Ley Nacional de Lucha contra el Alcoholismo, que aún no fue reglamentada en su totalidad pese a que pasaron dos décadas desde su sanción, y endurecer el marco legal de la publicidad de alcohol, estableciendo nuevas regulaciones para los medios de difusión o comunicación, redes sociales, influencers y vía pública. La nueva normativa también debería contemplar “Nuevo parámetros de etiquetados” que incluyan dos iconos y leyendas sanitarias más grandes.

El organismo que conduce Guido Lorenzino analizó la suba de los precios de una canasta básica con 90 productos. En el primer trimestre de 2019, aumentaron un 14,27 por ciento.

Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense en distintos puntos de la Provincia arrojó que en los últimos doce meses la canasta básica de alimentos aumentó un 62,6 por ciento, con los rubros panadería, congelados y carnicería como los que más se incrementaron en la comparación interanual.

El relevamiento realizado del área de Asuntos Económicos del organismo que conduce Guido Lorenzino tomó como referencia los precios registrados en el primer trimestre del año, y analizó datos de 90 productos en 135 comercios de los 34 distritos donde la Defensoría tiene delegaciones.

Respecto a los incrementos registrados en marzo, comparados con el mismo mes de 2018, el rubro “Panadería” encabezó el podio, con una suba del 117,34 %, seguido por “Congelados”, con un 115,56 %, y “Carnicería”, con el 68,35 %. Más atrás quedaron los productos de almacén, las frutas y verduras, los frescos, las conservas y las verduras.

En el primer trimestre del año, en tanto, el aumento de la canasta fue del 14,27 %. “Conservas”, con una suba del 30,15%; “Frescos”, con un 21,53%; y “Carnicería”, con un 20,92 %, fueron los rubros con mayor porcentaje de incrementos.

El análisis también reflejó lo que sucedió al comparar marzo de 2019 con el mes anterior, y arrojó que la suba de la canasta fue del 5,4 %. En este caso, hubo un incremento intermensual del 15,56 % en el rubro “Congelados”, seguido por “Conservas”, con un aumento del 8,28 %, y “Carnicería”, con un 7,53 %.

En este periodo también se observó que la región sudoeste de la Provincia fue la que contabilizó una canasta básica con productos más caros, que en total sumaron 5.150,36 pesos. En tanto, la más baja se registró en la región norte, con un valor de 5.056,18 pesos.

“Los incrementos se explican por el fracaso del gobierno para frenar la suba de los precios. La gente no soporta más aumentos en los alimentos como en los servicios públicos. Las familias no pueden proyectar nada porque sus economías están duramente afectadas, y los que menos tienen son sobre quienes habrá que depositar mayor atención”, sostuvo Lorenzino.

Así lo afirmó el Defensor de Pueblo Adjunto, Walter Martello, al participar en la audiencia pública que fue convocada para tratar el aumento de las tarifas propuesto por Camuzzi, Metrogas y el resto de las distribuidoras. Martello alertó sobre el impacto del Impuesto al Cheque que las  compañías transfieren a los usuarios: alrededor de $150 millones por año.

A su vez, el Defensor del Pueblo adjunto sostuvo que el marco normativo instituido en los años 90 también posibilita el traslado de Ingresos Brutos y ello genera, a partir de las diferencias existentes entre jurisdicciones, serias inconsistencias. “Por ejemplo, si tomáramos dos hogares de igual consumo, uno ubicado en el Conurbano y otro en Puerto Madero, el primero paga un cargo variable mayor respecto al usuario que vive que en la zona más exclusiva de la Ciudad de Buenos Aires”, explicó.

El funcionario también advirtió que, mientras se multiplican las utilidades de las empresas distribuidoras, cae el número de usuarios en la Provincia y se incrementa la cantidad de hogares que no acceden a la red.

“Los incrementos que se vienen aplicando desde hace tres años violan los requisitos de previsibilidad, gradualidad y razonabilidad que en su momento estableció la Corte Suprema de Justicia. A punto tal que si ahora se aprueba el aumento que propone Camuzzi, los precios en algunas categorías de usuarios acumularán una suba de más de 2300 por ciento en los últimos tres años. El último balance de Camuzzi Gas Pampeana muestra que, pese a la devaluación, sus ganancias aumentaron más del 88% el año pasado”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense.

Otro aspecto controvertido del pedido de revisión tarifaria radica en que, en el caso de la empresa Metrogas, no se tuvieron en cuenta los 3 indicadores económicos -ponderados en un tercio cada uno- establecidos por el organismo de control (Enargas). Este sistema fue utilizado el año pasado, provocando una variación tarifaria menor a la que había propuesto la compañía. Por tal motivo, la empresa presentó un recurso de reconsideración que, llamativamente, aún está pendiente de resolución por parte del organismo de control. “Producto de ello, ahora Metrogas vuelven a utilizar los indicadores que más le conviene a sus intereses. Propone subas de entre 32 y 35 por ciento en los cargos fijos y variables, cuando la inflación proyectada por el gobierno del Presupuesto 2019 es del 23%”, dijo el defensor del Pueblo Adjunto.

Otro dato que genera preocupación es la caída en la entrega de gas a clientes residenciales, que en el caso de Metrogas se encuentra en el nivel más bajo desde 1998. Eso no es todo: los últimos meses del año pasado, según datos del ENARGAS, esta compañía que distribuye gas en Capital Federal y el Gran Buenos Aires perdió más de 87 mil clientes. “Si bien la situación puede deberse a varios factores, uno de los motivos principales de esa reducción sería la imposibilidad de hacer frente a los aumentos de tarifas”, sostuvo Martello.

En ese contexto, salieron a la luz incongruencias manifiestas en lo que se refiere a la importación y exportación de gas. Concretamente, YPF viene realizando contratos de exportación a Chile que contemplan precios mucho más bajos respecto a lo que se le paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.

“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 US$/MMBTU, mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 US$/MMBTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, concluyó Martello.

En los últimos 17 años, murieron al menos 32 personas en siniestros viales con cuatriciclos, ocurridos mayoritariamente en la Costa Atlántica bonaerense. Desde el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA), a cargo del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Walter Martello, elaboraron un informe donde se alerta sobre la cantidad de siniestros que se producen cada año cuando menores de edad operan estos vehículos, así como sobre la nueva normativa referida a cuatriciclos que rige a partir de este verano. Preocupación por el impacto del recorte de $61 millones aplicado en el presupuesto de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Pinamar, Villa Gesell, Monte Hermoso y otros municipios de la provincia de Buenos Aires, sancionaron ordenanzas de corredores seguros, ya que entre el 2001 y el 2018 se registraron al menos 32 personas muertas al operar cuatriciclos en zonas turísticas durante vacaciones o feriados. De los 32 muertos, 21 eran menores de edad. De esas muertes, 18 se produjeron en territorio bonaerense en la zona de la costa atlántica. Y de esas 18 muertes, 12 eran de menores de edad (cuyas edades comprendían entre 4 y 16 años). Cabe destacar que, los siniestros viales, es la principal causa de muerte de niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes en la Argentina.

Los Cuatriciclos, Quads, ATV (All TerrainVehicle) o UTV (Utility Terrain Vehicle) tienen un atractivo innegable: parecen ser “fáciles de manejar” y divertidos. Quienes los utilizan por primera vez sienten una falsa sensación de estabilidad (por sus ruedas anchas y bien plantadas en el suelo) sin embargo, estos vehículos poseen un centro de gravedad alto que los hace proclive a vuelcos al efectuar giros cerrados. Otras de las características principales son: su alta relación peso/potencia (que les confiere rápidas aceleraciones y velocidad); la falta de diferencial en las ruedas en muchos modelos (lo que ocasiona derrapes al girar); la falta de una carrocería que proteja al piloto; la falta de medidas de seguridad pasivas (cinturones de seguridad, luces, luces de giro, bocina, muchos ni siquiera tiene espejo retrovisor, etc). Estas características, sumado a la “sensación distendida” propia de las vacaciones, más las dificultades propias de la orografía donde circulan (principalmente médanos, donde la visibilidad es reducida), son la combinación perfecta para que sucedan accidentes.

En definitiva, el comportamiento dinámico de estos vehículos, dadas sus características estructurales, resulta peligroso para quienes no están habituados a su uso. Máxime si se trata de menores de edad (lo cual está legalmente prohibido) y si circulan en zonas con presencia de turistas y/o de otros vehículos.

“El mes pasado, el Ministerio de Transporte lanzó una campaña para controlar, de forma coordinada con municipios y la Provincia, que se cumpla con la nueva normativa de tránsito que establece que los cuatriciclos tendrán que respetar las zonas de circulación seguras, determinadas y señalizadas por cada municipio. Se trata de una acción positiva, aunque nos genera preocupación lo que está sucediendo con el presupuesto destinado a la seguridad vial”, explicó Martello.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense explicó que, según se desprende de los últimos datos nacionales del Ministerio de Hacienda, el presupuesto definitivo de la ANSV del año pasado fue de $838,21 millones, lo que significó un recorte de $61 millones respecto a lo que se había establecido a principios de año. A su vez, teniendo en cuenta los $838 millones que debían estar disponible, al 24 de diciembre, solo se habían devengado $674 millones”.

“Según el Presupuesto 2019, la Agencia recibirá este año apenas un 8% de aumento, muy por debajo de los índices de inflación. Más allá de que las jurisdicciones locales son quienes tienen la mayor responsabilidad, al ser la autoridad de aplicación y comprobación de la Ley de Tránsito, resulta preocupante que la seguridad vial a nivel nacional, en un país que tiene alrededor de 7000 muertos en accidentes de tránsito por año, sea considerada una variable de ajuste”, remarcó Martello.

¿Pueden circular los cuatriciclos en la vía pública?

Con la vigencia de la Disposición 196/2018 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial estableció una tipología de marcos de circulación de los cuatriciclos dentro de la vía pública, siempre que esta sea dentro de los corredores de circulación seguros, persistiendo la prohibición general de circulación en la vía pública.

A criterio de la autoridad local podrán hacerlo legalmente en la vía pública, aunque preferentemente se buscará que dichos corredores se establezcan “…en vías de baja circulación vehicular y de terrenos sueltos o no compactados mecánicamente, cuando la infraestructura local así lo permita” lo cual estaba anteriormente prohibido, aunque esta prohibición era ignorada e infringida muchas veces ante la mirada impotente de las autoridades locales las cuales por falta de presupuesto y personal no podía dar respuesta a la invasión de cuatriciclos.

“Otras veces, sospechamos que había permisividad, ya que el uso de cuatriciclos se había generalizado y era una práctica del turismo que se había naturalizado. Solo aparecían los controles cuando se producía un accidente con víctimas fatales. Hay que tener presente que durante años se publicito como una más de las ofertas turísticas de la costa el alquiler de cuatriciclos y las excursiones guiadas utilizándolos”, señaló Martello.

Recomendaciones

Paula Lafourcade asumió en la mañana del miércoles al frente de la flamante Defensoría del Pueblo de Tandil.

En un acto protocolar, desarrollado en el Honorable Concejo Deliberante, el titular del cuerpo legislativo Juan Pablo Frolik tomó juramento a Lafourcade. Acto seguido, la defensora del Pueblo hizo lo mismo con su adjunta, Mercedes Argeri. La designación de Argeri fue propuesta por Lafourcade tras su elección y aprobada hoy por unanimidad en el recinto.

Por mayoría, los concejales eligieron a Lafourcade como Defensor del Pueblo

Asimismo, el Deliberativo también dio curso a la sanción del reglamento interno y organigrama elaborado por la nueva funcionaria para regular el trabajo de la Defensoría del Pueblo, a la que definió como una institución de la democracia municipal que goza de autonomía funcional para sus propósitos. 

“El Defensor del Pueblo es un ojo que controla a la administración pública”, definió Paula Lafourcade

Al efectuar el juramento, la abogada agradeció por la oportunidad de contar en la ciudad con una defensoría y señaló que constituye un hecho histórico por ser la primera de Tandil, inaugurando un camino dentro de la gestión pública. “Deseo que tengamos una buena gestión, que nos acompañen y que sepan que están las puertas abiertas para todos los vecinos”, expresó.

Las letradas planean orientar el perfil del organismo a su cargo -que comenzará a funcionar el próximo 10 de enero- hacia la consolidación de un nexo entre los sectores estatal y privado, para dotar a los ciudadanos de una herramienta que les permita ejercer fehacientemente todas las vías que habilita la democracia para reclamar y ser escuchados.

Un largo camino. Así se podría definir al proceso que ayer a la mañana en el recinto del Honorable Concejo Deliberante tuvo su punto culmine y finalmente se eligió la figura del Defensor del Pueblo para Tandil. La abogada Paula Jorgelina Lafourcade fue electa por 15 votos de las bancadas de UCR – Cambiemos, Integrar y Justicialista. Unidad Ciudadana votó en bloque a otro de los ternados, el abogado Miguel Alfredo Daoud.

La votación de la sesión especial fue conforme al Decreto 3449 que señalaba que la figura del Defensor del Pueblo se elegiría por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros a uno de los candidatos propuestos por la comisión de predesignación.

El primero en hacer uso de la palabra fue el jefe del bloque de Unidad Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, que dedicó varios minutos a hacer un resumen de lo que fue el proceso.

“Me tocó entrar en el Concejo con algún que otro viejo expediente sobre el tema presentados por los concejales mandato cumplido Carlino Mansilla y Eduardo Ferrer, que ya impulsaban la figura. Luego el bloque de Unión PRO, de los exconcejales Pablo Díaz Cisneros y Claudio Ersinger, también buscaban dar forma al tema. Recién en el 2017, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad y Garantía, con una participación activa de la Asociación de Abogados de nuestra ciudad vuelve a tomar impulso con características que nos distinguen como ciudad”, señaló Iparraguirre.

El edil sostuvo además que “llegamos a esta instancia luego de mucho diálogo, consenso y trabajo”, aunque agregó que también “hubo dificultades menores en el proceso” como por ejemplo “los aspectos que tienen que ver con los requisitos de las Asociaciones en el tema de lo certificados de vigencia”.

“Siempre apelamos a un diálogo maduro entre los diferentes espacios de concejales”, resaltó Iparraguirre y “somos casi los únicos en el país en generar este proceso de elección, para garantizar mayor pluralismo y diversidad”.

Sobre la terna que llegaba al recinto para que los concejales seleccionen a uno de ellos, el edil de Unidad Ciudadana afirmó: “Creemos que son tres excelentes profesionales y que demostraron mucha vocación de servicio. Nuestro compromiso es hacer lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos con esta figura”.

La gestión de Frolik

El segundo concejal que tomó la palabra fue Mauricio D´Alessandro. Que si bien comenzó señalando que el tema del Defensor del Pueblo fue uno de los primeros que trató al llegar al recinto en diciembre del año pasado y que consideraba que el Ejecutivo lo iba a convertir en “algo inocuo, sin ningún valor” y que “el Presidente de este cuerpo, Juan Pablo Frolik, se puso al hombre la gestión junto a Mario Civalleri, y nos aseguró que no iba a existir ese veto y convirtió en realidad algo que nosotros pensábamos que no. Fue también una demostración de que el Concejo Deliberante se puede plantar frente al Ejecutivo”.

Seguidamente, Mario Civalleri agregó que “se tiene que reconocer el trabajo conjunto del Concejo Deliberante que involucra tanto a la conformación anterior como a la actual” y sostuvo además que “nos conmovió mucho la intervención de las asociaciones con un mecanismo de trabajo muy intenso”.

“Vale también señalar la gestión de la presidencia de este cuerpo por llevar adelante un proceso muy puntilloso”, destacó Civalleri y añadió: “Nos convocaron permanentemente a todos los bloques para ir cumpliendo todas las instancias de la ordenanza y siempre a través del acuerdo y el diálogo se fueron llevando adelante las etapas”.

Voluntad del cuerpo

Luego de que también el concejal de UCR – Cambiemos, Gabriel Bayerque, haga uso de la palabra mencionando los perfiles y características de los ternados, habló el también edil por el citado espacio, Marcos Nicolini, que se encargó de destacar “la voluntad inquebrantable de este cuerpo para definir quién será el Defensor del Pueblo”.

Nicolini dijo que “siempre se primó llegar a los consensos necesarios. Como se señaló anteriormente el proyecto tuvo trabas desde lo administrativo que fueron resueltas a través de consultas con el Tribunal de Cuentas y fuimos madurando todos para lograr estar votando esta figura importante”.

El edil consideró que la figura del Defensor del Pueblo “será un hito en la calidad democrática del Partido de Tandil” y subrayó que “la convicción de los concejales de que cuando algo mejora la calidad democrática siempre se pueden lograr flexibilizar las posiciones. No tenemos que quedarnos en mezquindades chiquitas de intereses sectoriales o partidarias, acá lo pudimos superar”.

Además mencionó al Ejecutivo local y la aceptación de la ordenanza: “A ninguno le gusta que los organismos lo estén controlando, pero me parece importante destacar que desde el oficialismo siempre hubo plena convicción de esta figura”.