Con la participación de miles de personas en la República de Los Niños, tuvo lugar la 14ta. edición de la Maratón de la Defensoría, un evento que combina deporte y solidaridad y que este año recaudó más de 53 millones de pesos a total beneficio del Hospital de Niños de La Plata.

El evento fue organizado de manera conjunta por el organismo que conduce Guido Lorenzino, el Hospital de Niños y su cooperadora, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata. Esta propuesta ofreció un espacio de encuentro para familias y atletas profesionales, uniendo el fomento de la actividad física con el compromiso social.

Durante la jornada, el defensor del pueblo bonaerense se mostró conmovido por la respuesta de la comunidad ante la convocatoria. Al respecto, Lorenzino expresó: “Estamos muy satisfechos por la gran participación. Ver a tantas familias y atletas compartiendo esta jornada reafirma que la solidaridad sigue siendo un valor importantísimo que todos los años garantiza el éxito de la Maratón de la Defensoría”.

La propuesta deportiva incluyó diversas modalidades para permitir la participación de todos los sectores. Se desarrolló la carrera competitiva de 10K, una correcaminata de 3K de carácter participativo y una carrera infantil de 1K.

Además de lo estrictamente deportivo, el predio contó con stands institucionales, foodtrucks y sorteos, creando un clima festivo que fue disfrutado por cientos de chicos y chicas provenientes de comedores de distintos puntos de la provincia.

El encuentro contó con la presencia de diversas autoridades que acompañaron el desarrollo de la competencia. Entre los presentes se destacaron el intendente de La Plata, Julio Alak; las diputadas provinciales, Mayra Mendoza y Lucía Iañez; el diputado provincial, Ariel Archanco; y el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia, Gonzalo Atanasof.

También formaron parte de la jornada el primer defensor del pueblo e impulsor original de esta iniciativa, Carlos Bonicatto; el director del Hospital de Niños, Gustavo Sastre; y el presidente de la Fundación Ludovica, José Pujol, junto a otros funcionarios de los ámbitos provincial y municipal que se sumaron a la causa.

En el plano estrictamente deportivo, la competencia de 10K mostró un alto nivel de rendimiento entre los corredores. En la categoría masculina, el primer puesto fue para Gonzalo Fernández, el segundo lugar lo ocupó Mauro Tarrabé, mientras que el tercer escalón del podio fue para Octavio Parini.

Por el lado de la categoría femenina, la ganadora de la jornada fue María Luz Rosat, seguida por Carolina Loreto en la segunda posición. El tercer puesto de la clasificación general de mujeres fue para María Sol Rodríguez.

La cifra final recaudada, que superó los 53 millones de pesos, representa un aporte fundamental para la cooperadora del centro asistencial y la Fundación Ludovica, ya que permitirán continuar con las mejoras edilicias y la adquisición de insumos críticos para el Hospital de Niños, reafirmando el éxito de una iniciativa que, tras 14 ediciones, sigue creciendo en convocatoria y compromiso ciudadano.

Cuál es la IA más usada, para qué se utiliza, los problemas, soluciones y cuál es la opinión a futuro, son algunas de las preguntas de la nueva encuesta lanzada por la Defensoría del Pueblo bonaerense para comprender el impacto de la inteligencia artificial en el día de las personas.

Con este cuestionario totalmente anónimo, el organismo que conduce Guido Lorenzino busca poner en cifras un fenómeno que en poco tiempo se volvió central para el trabajo, el estudio y la cotidianeidad de miles de personas.

Según lo indicado, para la imagen de campaña se le indicó a una IA el siguiente pedido: “Si como inteligencia artificial tuvieras que pensarte con un cuerpo físico, ¿cómo sería? ¿Podrías generar una imagen ultra realista de tu respuesta anterior?”.

“El vértigo que significó la irrupción y el constante cambio de la inteligencia artificial nos pone en la obligación de pensar estrategias para no quedar en desventaja en esta era que abrieron las IA. Para eso, esta encuesta nos servirá para saber en dónde estamos ubicados y para dónde avanzar”, expresó Lorenzino.

Para responder la consulta, los interesados podrán ingresar a través del siguiente link: https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/477332?newtest=Y&lang=es

La encuesta se da en el marco de la campaña #DesconectaParaConectar con la que la Defensoría busca concientizar acerca del uso responsable de pantallas.

Una encuesta de la Defensoría del Pueblo bonaerense mostró que si bien la gran mayoría de quienes conducen indicó conocer los riesgos relacionados al uso del teléfono mientras maneja, hay un 42 por ciento que no toma ninguna medida para evitar esta práctica.

Este trabajo del organismo que conduce Guido Lorenzino mostró en cifras cómo el uso de pantallas también tiene un impacto directo en la conducción de vehículos y otros medios de transporte, además de las distintas percepciones relacionadas a este comportamiento.

En líneas generales, casi la totalidad de los que respondieron (un 90 por ciento) reconoció que usar el teléfono al volante pone en peligro a otras personas en la calle. Sin embargo, un 42 por ciento no toma ninguna medida para evitarlo.

Comportamiento al volante

Al recibir una llamada, un 41 por ciento interactúa con el teléfono: el 13,4 por ciento responde sin dejar de manejar y el 28,2 por ciento la gestiona con manos libres o altavoz. Sin embargo, el 33,4 por ciento no atiende y un 24,6 por ciento se detiene para contestar.

Cuando llega un mensaje, el 43,8 por ciento lo revisa esperando al semáforo y el 34,8 por ciento no lo lee hasta terminar el viaje. Pero un 5,5 por ciento lee y responde sin dejar de manejar, mientras que el 12,3 por ciento opta por responder con audio y el 8,8 por ciento lo lee sin responder.

Mientras maneja, casi el 30 por ciento coloca el celular en el tablero o en un soporte, un 19 por ciento lo deja en el asiento y un 14 por ciento en el bolsillo. Casi el dos por ciento lo sostiene en la mano mientras conduce y un uno por ciento no lo lleva.

Las pantallas

Casi el 64 por ciento de los conductores considera que usar el teléfono al volante es “muy peligroso”, 13 por ciento lo ve “bastante peligroso” y un dos por ciento minimiza el riesgo. De quienes respondieron, un 12 por ciento indicó que tuvo algún incidente asociado al uso del celular: el 6,4 por ciento sufrió maniobras bruscas, el 3,8 por ciento un choque y el 1,6 por ciento recibió una multa.

El 47,1 por ciento de los conductores considera “muy probable” verse involucrado en un siniestro por usar el teléfono al volante. Si sumamos el 26,8 por ciento que lo ve como “algo probable”, dos de cada tres creen que el riesgo es real.

Ahora bien, cuando miramos el comportamiento del resto, la mayoría siente inquietud al ver a alguien usando el teléfono al volante: un 46,6 por ciento dijo que le preocupa y un 39,7 por ciento que le molesta o enoja.

Más sanciones

En Argentina, manejar y usar teléfonos está prohibido por ley. El 79 por ciento de quienes respondieron “está totalmente de acuerdo” con esta norma y un 16 por ciento “algo de acuerdo”.

A su vez, un 78 por ciento considera que las sanciones deberían endurecerse frente a un 10 por ciento que se opone y un 12 por ciento que duda.

Qué hacer con las pantallas

Esta encuesta se realizó como parte de la campaña de la Defensoría “Desconectá para conectar”, la iniciativa que busca repensar el uso que le damos a las pantallas.

“La intención es mostrar cómo los dispositivos inciden en nuestra vida con implicancias negativas sin que nos demos cuenta”, expresó Lorenizno.

“Existe una brecha entre creencias y comportamientos, por lo que es necesario profundizar en un mensaje de concientización que muestre el peligro real al que nos enfrentamos con esta práctica”, concluyó.

Martín de los Santos es el nuevo delegado de la Defensoría del Pueblo bonaerense en Tandil para continuar con la tarea de atención de consulta que lleva adelante el organismo en la ciudad.En este sentido, de los Santos expresó que “vamos a continuar trabajando y atendiendo los diferentes reclamos que ingresen a la oficina, con el objetivo de afianzar nuestro compromiso con la comunidad”.En la delegación del organismo que conduce Guido Lorenzino, que funciona de lunes a viernes de 8 a 14,  los vecinos podrán realizar sus reclamos relacionados a los servicios públicos, la salud, consumidores, género, entre el resto de los temas que atiende la Defensoría.Si existen consultas, se pueden acercarse a la delegación de la Defensoría en Tandil, en Roca 192; o bien se puede contactarse todos los días, las 24 horas, a través del WhatsApp +54 9 221 358-1323; de la línea gratuita 0800-222-5262; por redes sociales: @defensoriaPBA; y también por la página web www.defensorba.org.ar .

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió ayer una resolución en la que solicitó al Estado nacional la inclusión de un plan de obras que mejoren la circulación y seguridad en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226 que atraviesa Tandil, en los términos que autoridades municipales, representantes de instituciones y vecinos impulsaron durante la audiencia pública convocada en el marco del desarrollo de la Red Federal de Concesiones (RFC).

Entre los fundamentos, el organismo provincial que dirige Guido Lorenzino retomó los planteos realizados en distintas instancias, incluida la audiencia pública por las nuevas licitaciones viales que, hasta aquí, no contemplan intervenciones en llamado tramo Atlántico para la traza nacional que pasa por Tandil.

El texto recupera varios de los argumentos expuestos en torno a la demanda de intervenir los 17 kilómetros que atraviesan Tandil, pero también suma razones por las cuales solicita formalmente que se incorpore al último pliego particular la realización de obras en el tramo urbano.

Entonces, la resolución recomienda en su artículo primero al Ministerio de Economía de la Nación, “a fin que de curso a la solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo de Tandil, como así también del Intendente y demás asociaciones civiles, ONG e instituciones educativas y barriales de la localidad, a fin que se incorpore al pliego la realización de obras en los 17,5 kilómetros que comprenden la distancia de la RN 226, entre las intersecciones de la ruta Provincial 30 y 74, todo ello en razón de los fundamentos detallados en los considerandos de la presente”.

En paralelo, y con el objetivo de sumar fuerza al reclamo, la Defensoría del Pueblo local acompañó la iniciativa impulsada por vecinos de Villa Gaucho, con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la Unicen, para juntar firmas en distintos puntos de la ciudad. “Este pedido no tiene banderas políticas: es una demanda de toda la comunidad”, subrayó Paula Lafourcade, titular de la dependencia local.

La resolución del organismo bonaerense

La resolución presentada por el organismo provincial parte de las facultades conferidas por el artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, la Ley 13.834, el artículo 22 del reglamento interno de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Y entre los considerandos alude a la presentación que autoridades, instituciones y vecinos realizaron en reclamo de obras para la travesía urbana y toma algunos de los motivos expuestos para reforzar la solicitud de “una solución a las condiciones de circulación y conectividad” entre la Ruta Provincial 30 y la Ruta Provincial 74, “requiriendo la pronta ejecución de obras de elevación, soterramiento, corredores, semáforos, entre otras soluciones posibles al acceso a la ciudad”.

En otro de los párrafos cita los argumentos expuestos en cada una de las intervenciones y menciona la exclusión del trayecto urbano de la licitación para el tramo Atlántico, que se extiende desde Mar del Plata hasta Bolívar y que contempla únicamente la construcción de rutas seguras desde la ciudad de Balcarce (RP55) hasta la intersección con la RP227 (acceso a Napaleofú).

Tras mencionar las características de la cuidad, su ubicación y rol dentro del entramado productivo de la región, enfocó los motivos en el crecimiento urbano hacia el noreste, que generó “un flujo vehicular y peatonal transversal muy intenso al que la infraestructura vial no ha sabido ni podido responder con soluciones adecuadas y modernas”.

“Durante la última década, hemos asistido a una notable expansión urbana, especialmente hacia el sector noreste de la ciudad, donde se encuentran familias, clubes, escuelas, comercios y la sede central de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia (que alberga a 13.500 alumnos)”, destaca y agrega como barrera física “concreta y limitante” la Ruta Nacional.

Luego, suma referencias a detalles vinculados a la traza nacional, sus “deficiencias operativas” y la “falta de una señalización clara y visible”, y enmarcó el tema en relación al decreto 461/25 con fecha del lunes 7 de julio, por medio del cual el Poder Ejecutivo nacional disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, cuyas funciones estarán a cargo del Ministerio de Economía de la Nación.

“Los reclamos no son nuevos”

“Los reclamos no son nuevos, sino que viene solicitándose se realicen obras en el citado tramo desde hace tiempo, siendo la última presentación realizada en las audiencias públicas en el marco de las licitaciones convocadas por la autoridad competente”, expone el texto de la resolución.

En ese sentido, el organismo bonaerense señala la “importancia que reviste una solicitud como la presente, que incluye un pedido legítimo y colectivo acompañado por toda la comunidad, reclamándose al Estado Nacional que garantice el pleno ejercicio de los derechos relacionados con la seguridad vial”, así como también “atender los reclamos de la ciudadanía y acompañar el crecimiento demográfico, asegurando que las rutas sean aptas y seguras para todos quienes transiten por ellas”.

“Obligación del Estado”

“La mejora y mantenimiento de las rutas nacionales constituye una obligación del Estado, no una opción”, afirma la dependencia bonaerense, que indica que esta responsabilidad se basa en la “necesidad de garantizar la seguridad vial, la eficiencia del transporte y el desarrollo económico del país, tal como se encuentra previsto en la Constitución Nacional”.

Entonces, considera que “corresponde al Estado asegurar que las rutas sean seguras, rápidas y económicas, condiciones esenciales para el transporte de personas y bienes, y si bien la participación del sector privado, a través de concesiones, puede ser una herramienta complementaria para la mejora de las rutas, el Estado mantiene la responsabilidad final”.

Entre los dos últimos considerandos, apunta que es misión de la Defensoría del Pueblo “promover, proteger y garantizar de manera activa y sostenida los derechos humanos de todas las personas” que habitan el territorio bonaerense, “incluyendo la seguridad vial y a la circulación segura en las rutas y caminos”.

Y que en razón de los hechos expuestos, “deviene necesario dictar el presente acto administrativo en protección de los derechos e intereses de los ciudadanos tandilenses y bonaerenses en general que utilizan diariamente la ruta nacional citada por encontrarse la problemática en análisis dentro del ámbito de incumbencia del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó una encuesta para conocer el comportamiento de las personas en el Hot Sale y mostró que más del 50 por ciento consideró que las compras compulsivas hechas en este evento pueden impactar negativamente en sus finanzas.

Este trabajo realizado por el organismo que conduce Guido Lorenzino se enfocó en los distintos comportamientos que se registran en estas fechas, como qué factores impulsan a hacer compras, la realización o no de presupuestos y si hubo algún tipo de arrepentimiento después de estas operaciones, entre otros aspectos.

En detalle, más de la mitad de los encuestados (el 51,1 por ciento, entre los que respondieron que sí -32,64 por ciento- y quizá -18,46 por ciento-) indicó que les preocupa que las compras impulsivas realizadas en eventos como el Hot Sale les puedan generar dificultades financieras a largo plazo.

Más datos

Además, el 84 por ciento respondió que las facilidades de pago y las promociones ofrecidas durante el evento pueden influir en las personas para que gasten más de lo que realmente pueden permitirse (61 por ciento expresó que sí y 23 por ciento que quizá).

De quienes compraron en Hot Sale, el 19 por ciento indicó que alguna vez se arrepintió: Por encontrar el mismo producto o uno similar a un precio más bajo (31,9 por ciento); por realmente no necesitar el producto (19,1 por ciento); y porque el producto no cumplió las expectativas (17,7 por ciento), fueron las principales explicaciones de esta situación.

Ahora bien, el 30 por ciento compró entre dos y cinco veces en el Hot Sale y entre los factores que más los impulsó a hacer compras en esta fecha figuran la oportunidad de comprar algo que se quería pero se consideraba caro a precio regular (25,4 por ciento), los beneficios como cuotas sin interés o envíos gratis (19,3 por ciento), y los grandes descuentos (17,3 por ciento).

Por otro lado, si bien el 48,9 por ciento nunca planifica sus compras para el Hot Sale, el 69 por ciento logró mantenerse dentro de su presupuesto, lo que hace que el 41,9 por ciento haya respondido que no siente impacto de esas compras en su situación financiera.

“Esta encuesta apuntó a entender las conductas de los consumidores para conocer el estado de su salud financiera. Es necesario prestar atención a estos eventos y ofrecer información para que las personas no abusen de las compras compulsivas o caigan en el sobreendeudamiento”, indicaron desde el organismo.

La Defensoría del Pueblo bonaerense mostró nuevos resultados de su encuesta para conocer el impacto del uso de las pantallas en diferentes aspectos de cotidianeidad. En este caso reveló que uno de cada tres estudiantes considera que el teléfono impacta negativamente en su rendimiento en clase.

Con la lupa puesta en cómo los dispositivos influyen en los comportamientos dentro del aula, el organismo que conduce Guido Lorenzino ofreció, con cifras, un panorama de esta realidad que preocupa cada vez más a la comunidad educativa y a las familias.

En ese sentido, el 31 por ciento reconoció que el uso del teléfono afecta su rendimiento en el aula. El 36 por ciento consideró que esta práctica afecta su concentración en clase, a lo que se suma un 23 por ciento que no tiene claro si los dispositivos le generan algún impacto negativo.

De los encuestados, el 69 por ciento dijo que usa el celular en las escuelas: de éstos, el 82 por ciento indicó que lo usa a veces y el 18 por ciento reconoció que lo usa siempre.

Al preguntarles para qué lo utilizan, el 30,6 por ciento respondió que para buscar información o hacer tareas. Sin embargo, hay un 27,4 por ciento que indicó que manda mensajes, un 17,7 por ciento que mira las redes y hasta un 9,7 por ciento que juega videojuegos.

“Una solución urgente”

“Entre todas las dificultades que genera el uso de pantallas en las aulas, que uno de cada tres estudiantes considere que los dispositivos afectan su rendimiento es un claro llamado de atención”, indicó Lorenzino.

En esa línea, expresó que “hay que encontrar soluciones urgentes para encauzar esta situación, teniendo en cuenta las ventajas que pueden tener las pantallas en el aprendizaje pero sin que eso sume un problema más a las dificultades que de por sí ya hay alrededor de la educación”.

Con estos datos, la Defensoría refuerza su campaña “Desconectar para conectar”, con la que a lo largo del año presentará, en redes y la vía pública, herramientas para un mejor uso de los dispositivos móviles, con estadísticas, análisis y consejos útiles.

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó una encuesta para medir el impacto que los teléfonos tienen en el día a día de las personas y mostró que el 36 por ciento de quienes respondieron consideraron que tienen un uso problemático del celular, con una influencia negativa en sus vínculos y en la salud.

Se trató de un cuestionario de casi 30 preguntas en la que el organismo que conduce Guido Lorenzino buscó profundizar sobre qué piensan los adultos, los niños y adolescentes sobre este comportamiento naturalizado pero que puede traer consecuencias perjudiciales.

En base a estos datos, la Defensoría lanzó la campaña Desconectar para conectar, con la que a lo largo del año presentará, en redes y la vía pública, herramientas para un mejor uso de los dispositivos móviles, con estadísticas, análisis y consejos útiles.

Qué dicen los adultos

Entre los adultos, el 37,2 por ciento usa más de seis horas al día el celular y el 26,2 por ciento lo usa en todo momento. El envío de mensajes es la función más utilizada (32,1 por ciento) y el motivo por el que más se lo usa es por trabajo y el entretenimiento (31,4 por ciento y 30,6 por ciento, respectivamente).

Además, cuando están con familiares o amigos, el 62 por ciento usa siempre el celular, lo que llevó a que el 30,6 por ciento considerara que este comportamiento afecta negativamente su vida social.

A los mayores también se les preguntó si tienen niñas, niños y/o adolescentes a cargo. Entre quienes respondieron que sí, el 26 por ciento no controla lo que miran los menores en el celular y el 43,2 por ciento cree que este uso afecta negativamente su relación con los más chicos.

La encuesta también puso el foco en distintos temas vinculados al uso del teléfono: Por ejemplo, que el 19 por ciento lo usa mientras maneja, que el 12 por ciento fue víctima de una estafa a través de su celular y que el 8 por ciento sufrió problemas de salud relacionados con este uso, entre otras cuestiones.

Qué piensan los más chicos

Los niños, niñas y adolescentes (NNyA) también respondieron el cuestionario. El 34,4 por ciento indicó que usa el celular más de seis horas diarias y el 21,9 por ciento lo revisa en todo momento. Cuando se les preguntó cuál es la función que más utilizan, el 26,7 por ciento indicó que las redes sociales son la opción más elegidas.

También se les consultó si lo usan en las escuelas. El 69 por ciento respondió que sí, y de éstos el 18 por ciento lo usa en el aula siempre. Además, el 36 por ciento considera que esto afecta su concentración en las clases, y el 31,8 por ciento que impacta negativamente en su rendimiento escolar. Cuando se les preguntó si están de acuerdo con suspender el uso de pantallas en las escuelas, el 45,5 por ciento respondió a favor.

Por último, el 12,5 por ciento consideró que el uso del celular tiene un impacto negativo en sus vidas, y un 26.7 por ciento indicó que el uso del celular produce sentimientos negativos tales como aburrimiento, cansancio, frustración, ansiedad, estrés y tristeza.

Visión integral

“No estamos en contra del uso del celular, sino que tenemos que pensar en cómo lo usamos”, remarcó Lorenzino, que justificó que, con esta encuesta “buscamos ofrecer una visión integral sobre esto, su impacto en las dinámicas sociales y educativas, y las percepciones que tenemos sobre los efectos que nos genera su uso, lo que nos plantea desafíos importantes en términos de salud mental, acceso equitativo a la tecnología, seguridad digital y el derecho a la educación”.

En esa línea, agregó que “es fundamental que una institución como la Defensoría se involucre en la comprensión y análisis de estos fenómenos, para identificar posibles vulneraciones de derechos y proponer soluciones que promuevan un uso más equilibrado y responsable del celular”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense cerró 2024 con los reclamos relacionados a la salud, los servicios públicos y los asuntos viales al tope del ranking de consultas realizadas por los bonaerenses durante el año pasado.

El organismo que conduce Guido Lorenzino recibió quejas vinculadas a las múltiples temáticas que trabaja por medio de las distintas bocas de reclamos que posee: su sede central, las delegaciones, sus vías de comunicación tradicionales y las redes sociales.

De esta manera, el podio de reclamos quedó formado por las consultas relacionadas a la salud (26,01 por ciento), los servicios públicos (18,41 por ciento) y los asuntos viales (12,51 por ciento).

Más atrás quedaron los que tienen que ver con los bienes de consumo y servicios privados (8,56 por ciento), asociaciones civiles (7,72 por ciento) y el trabajo y seguridad social (4,14 por ciento).

En relación a las vías de contacto, las delegaciones fueron quienes más reclamos recibieron, con un 29,36 por ciento. El ranking se completa con las recibidas por teléfono (27,74 por ciento) y por WhatsApp (17,85 por ciento).

Presencia en el territorio

“Uno de los pilares de nuestra gestión es estar cada vez más presentes en el territorio. Hoy tenemos 63 delegaciones en toda la Provincia que recibieron un 20 por ciento más de reclamos que en 2023. Consideramos central acercarnos cada vez más a la gente para que puedan resolver sus problemas”, expresó Lorenzino.

La Defensoría cuenta con un contact center en el cual personal especializado atiende todos los días las 24 horas a través del WhatsApp 221 358-1323, de la línea gratuita 0800-222-5262, por redes sociales buscando @defensoriaPBA, y también por la página web www.defensorba.org.ar.

También se atienden reclamos presencialmente en la sede central de La Plata, en calle 50 687 entre 8 y 9, o en cualquiera de las más de 60 delegaciones que el organismo tiene en distintos puntos de la Provincia y cuya ubicación se puede consultar en la web.

Con el objetivo de promover la deconstrucción de los estereotipos de belleza, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presentó la encuesta virtual “Hablemos de Diversidad Corporal”.

Esta iniciativa tiene como propósito conocer y analizar las percepciones sobre la diversidad corporal, así como identificar posibles efectos en la salud física y mental de las personas.

La encuesta es completamente anónima y busca dar visibilidad a la multiplicidad de experiencias corporales en la sociedad bonaerense. 

Al recolectar información sobre cómo los estereotipos afectan la vida cotidiana, la encuesta apunta a contribuir con la generación de políticas públicas y programas de concientización que promuevan una aceptación y valoración más inclusiva de las distintas corporalidades.

La primavera es una época en la que las preocupaciones sobre los cuerpos tienden a intensificarse.

La frase “llegar al verano” resuena en medios de comunicación, redes sociales e incluso en las relaciones más cercanas, “reforzando ideales que muchas veces impactan de forma negativa en la autoestima y bienestar de las personas. Este mandato social afecta a todas las personas, sin distinción de género o edad, y moldea la forma en que vivimos y habitamos nuestros cuerpos”.

“Invitamos a todas las personas a participar de la encuesta para sumar sus voces, especialmente en una época en la que la presión social sobre los cuerpos suele intensificarse”, indicó Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría, encargada de la iniciativa. 

Los resultados permitirán a la Defensoría analizar el impacto de los mandatos sociales y de los estándares de belleza en nuestra sociedad y aportar herramientas para un abordaje más amplio y saludable de la diversidad corporal.

Para acceder a la encuesta: https://forms.gle/GDMWCtk4fdn6bnyT6.

Con la presencia de Estela de Carlotto y de Herenia Sánchez Viamonte, la Defensoría del Pueblo bonaerense inauguró el salón de usos múltiples de su sede central con el nombre Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

“En este contexto, donde la memoria está siendo atacada, a nosotros no nos da lo mismo”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien indicó que las “Madres y las abuelas nos ayudan a mantener viva la llama de la historia”.

En ese sentido, dijo que son un “orgullo en medio de una realidad donde quieren cambiar la historia” y agregó que “el presente es muy duro”, por eso “hay que reconocerlas y homenajear su lucha y tenacidad”.

El funcionario bonaerense compartió la apertura del acto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena.

“Falta mucho por hacer”

Por su parte, Estela de Carlotto recordó que “la historia es muy larga, algo que no hubiera pensado ni deseado. Falta mucho por hacer, quedamos dos abuelas nada más, pero ahora están los nietos en la comisión, que tienen valor y memoria para continuar el trabajo”.

“Hoy el Gobierno nos quiere borrar, pero no lo va a conseguir. Hay que salir a la calle en paz, ocupar los espacios que nos pertenecen. Somos alegres para vivir, no nos gusta entrar en la nostalgia y sabemos que vamos a ganar”, resaltó.

La madre de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez Viamonte, hizo un repaso por la historia de la organización desde la dictadura hasta el presente e indicó que “actos como estos nos llevan a recordar la lucha”.

“La colaboración de la gente nos recuerda para qué luchamos. En este país hubo un exterminio del que fuimos víctimas, por lo que actos como estos para reconocer nuestro trabajo nos dan tranquilidad”, expresó.

Mena, en tanto, habló de la necesidad de “recoger el ejemplo que nos dieron para fortalecer el pacto democrático”, y aseguró que “el proceso de memoria, verdad y justicia y el proceso de búsqueda no se van a detener nunca”.

Del acto también participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio; el presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof; y el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, entre otros.

Faltan apenas días para el 8 de julio, fecha que se estableció como límite para que los vecinos que ocupan el predio de calle Piccirilli al 1000 en La Movediza desalojen el lugar. Si bien la Defensoría pidió la suspensión de la medida, hasta el momento la Justicia no volvió a expedirse sobre el caso.

A la espera de una reunión entre las partes implicadas que se concretará esta semana, desde el Programa de Acceso Justo al Hábitat solicitaron que el Protocolo se cumpla contemplando políticas que permitan hallar soluciones alternativas para “prevenir los efectos negativos de un desalojo forzoso”.

En diálogo con El Eco de Tandil, Dana Valente Ezcurra, integrante del mencionado proyecto de Extensión planteó la necesidad brindar una respuesta “con políticas públicas, porque de otra forma no se estaría trabajando en transformar esta problemática y esto se va a reeditar”.

Como parte del trabajo que vienen realizando desde el Programa, entrevistaron recientemente el secretario de Tierra, Hábitat y Vivienda de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, Alejandro Rusconi, a los fines de conocer en profundidad detalles sobre el Protocolo activo y alternativas de solución aplicadas en casos similares. 

Al respecto Valente Ezcurra explicó que el Protocolo activo fue aprobado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia a los fines de intervenir en casos en los que se genera un conflicto entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda.

“Es decir que cuando se restituye el derecho a la propiedad, sean observados las garantías de los Derechos Humanos de las personas que son desalojadas. Y esto es que ninguna persona pueda quedar en situación de calle, que ninguna persona quede expuesta a los efectos violentos de un desalojo, sobre todo si estamos hablando de gente en situación de vulnerabilidad social”, precisó.

Cabe recordar, en el marco del Protocolo se llevó a cabo un censo entre las familias de la toma. Entre otros organismos, el programa de Acceso Justo al Hábitat aportó profesionales que intervinieron en el relevamiento.

“El censo tiene que servir para cuantificar cuáles son las familias que están en la peor situación y generar políticas públicas para contener esa situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, como no está agotada la aplicación del Protocolo, se espera que las instancias de diálogo se reabran”, consideró Valente Ezcurra.

- ¿Qué significa que se reabran las instancias de diálogo?

-Está planteado en la Justicia y significa volver a convocar una mediación de los organismos estatales de los distintos niveles del Estado, para evaluar los resultados del censo en el marco de la aplicación del Protocolo. 

A partir de eso, proponer una solución alternativa al conflicto que permita prevenir los efectos negativos de un desalojo forzoso sobre estas 280 personas que están asentadas en el predio y de las cuales muchas necesitan asistencia del Estado para resolver su situación.

-¿Cuál considerás que fue el principal aporte del censo?

-Fue una herramienta para tener mayor conocimiento, y lo que resultó contundente de los resultados es la situación de vulnerabilidad de las familias. Algunas tienen poca asistencia de parte del Estado y se detectó menos de un 40 por ciento de asistencia con Asignación Universal por Hijo a niños. 

Estamos hablando de 101 niños y niñas, o sea que hay muchos que tienen sus derechos vulnerados. También que el 71 por ciento vive bajo la línea de pobreza o indigencia, y que sólo el 14, 4 por ciento cuenta con trabajo en blanco.

Además nos encontramos gente con situaciones de enfermedades crónicas no transmisibles, con discapacidades, personas adultas mayores, jubiladas, mujeres que habían sido víctimas de violencia de género, gente que ya había tenido dificultades en una trayectoria habitacional crítica que fue desalojada previamente. Cerca de un 60% de las familias se tuvieron que endeudar para pagar el alquiler en los últimos años. 

Son datos bastante críticos que hablan del problema habitacional en Tandil. Y a raíz de eso es que también se fundamenta la necesidad de una respuesta con políticas públicas, porque de otra forma no se estaría trabajando en transformar esta problemática y esto se va a reeditar. 

Las familias que sean desalojadas sin brindarle ningún tipo de asistencia social van a quedar nuevamente expuestas a una situación de calle o a realizar una nueva ocupación para tener un lugar donde vivir con su familia.

Algunas podrán volver a los lugares donde vivían porque estaban en casas de familiares, en situación de hacinamiento, pero otras expresaban no tener un lugar para vivir o para volver.

Por eso es tan importante y las Defensorías han resaltado tanto la necesidad de que el Estado presente una política alternativa y que esta política sea previa a la sustanciación del desalojo, porque si no sería muy difícil prevenir los efectos negativos. 

-¿Qué alternativas de solución podrían darse, que se hayan aplicado en otras ciudades?

-En otros casos se han relocalizado a las familias, se han pagado alquileres sociales, se han incluso desarrollado proyectos de vivienda. En algunos casos se han formado cooperativas con las familias para que puedan autoconstruirse su vivienda con asistencia de políticas públicas. En otros se les ha dado la posibilidad de acceder al pago de un lote en cuotas para que construyan en función de sus posibilidades y de sus necesidades.

Hay diversos casos y diversas experiencias y por lo que hemos podido dialogar con la Defensoría del Pueblo, fueron experiencias positivas de aplicación del Protocolo, que es algo que vale la pena resaltar en este momento que pareciera no haber una salida. 

- ¿Cómo sigue esto y de parte de ustedes cuál es el próximo paso? 

-El próximo paso será la convocatoria a una nueva instancia de mediación interinstitucional. Esperamos que los distintos niveles del Estado que participan puedan llegar a ponerse de acuerdo en una propuesta y que la salida de este conflicto sea con políticas públicas de acceso al hábitat, sobre todo para la población en situación de vulnerabilidad.

Lo que nos preocupa es poder dar respuestas a la altura de este Bicentenario, del Tandil que queremos. Porque de no encontrar respuestas alternativas nosotros vemos que las causas del problema de las viviendas no se solucionan, y es una preocupación cada vez mayor.

Como parte de las acciones que llevan adelante desde Acceso Justo al Hábitat, recientemente entrevistaron al secretario de Hábitat, Tierra y Vivienda de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires Alejandro Rusconi, a los fines de conocer en profundidad sobre el Protocolo activo y la necesidad de explorar vías alternativas para solucionar el conflicto.

Rusconi se refirió a otras experiencias de aplicación el Protocolo en Las Heras, Tigre, Zárate o La Plata. 

“Se ha implementado en varios Municipios y tenemos experiencias positivas. Hay municipios que le han pagado el alquiler a los vecinos, otros tienen lotes. A veces la demanda es mucho más grande que la oferta, pero estamos trabajando sobre eso”. 

Entre los ejemplos exitosos, Rusconi mencionó el caso de Villa Elvira, donde “a través de la intervención del Instituto de la Vivienda estamos trabajando en un plan de viviendas a través de una cooperativa, viviendas para esas personas que son desalojadas”.

Con respecto al Protocolo, el funcionario enfatizó la importancia de su implementación y señaló que “para nosotros no es sólo el relevamiento sino también es tratar de que haya políticas de resolución del conflicto, lo que queremos lograr es que si hay un desalojo no sólo se respeten los derechos humanos, sino también lograr el derecho humano que es la problemática que tienen los vecinos que han llegado a ocupar. Para tener una política de relocalización. Una política activa”.

A su vez, consideró que “la instancia del Protocolo todavía no está agotada” y remarcó la responsabilidad del Estado al considerar que “tenemos que darle al Protocolo un cumplimiento con políticas activas, proactivas. Bregamos para poder trabajar con todos los poderes del Estado y que este Protocolo no tenga que ser un protocolo de desalojo, sino que tiene que ser un Protocolo donde aparte de garantizar que no se violen los derechos humanos, que podamos disponer alternativas”.

Consultado sobre los modos de abordar este tipo de conflictos sin vulnerar derechos, Rusconi enfatizó en la importancia de construir soluciones alternativas desde las diversas instituciones involucradas.

“Primero avanzar en la no judicialización y la criminalización de los conflictos. Porque a veces se elige la vía penal para lograr un desalojo más rápido y se vulneran todas las garantías del debido proceso”, señaló.

En la misma línea destacó que la judicialización de los conflictos agrava la situación de vulneración, al plantear que “lo que vemos nosotros es que se vulneran muchos derechos. A veces vemos también que no se exploran alternativas de reubicación en asistencia a las familias afectadas. Por eso nosotros decimos que hay que trabajar siempre con un censo previo, y siempre bregar por instancias de mediación y de composición, eso es importantísimo”.

Tras el alejamiento de Noelia Domenighini como delegada de la Defensoría del Pueblo provincial de Tandil, asumió en el cargo Camila Santoro, una abogada que hasta ahora se desempeñaba como asesora de la concejal del Frente de Todos, Guadalupe Gárriz.

Domenighini reemplazó en febrero de 2022 al defensor saliente, Alcides Fortunato, y un año después decidió dar un paso al costado por motivos personales. De esta manera, la flamante titular de la delegación local se abocará a seguir la misma línea de gestión que se orientó a darle espacio a las cuestiones de género, las asociaciones civiles y el medioambiente.

En tal sentido, en diálogo con El Eco de Tandil, Santoro señaló que en el marco de la transición se encuentra poniéndose “a tono” con las actividades y el funcionamiento del organismo. 

En este marco, refirió que el foco radica en fortalecer la participación de la Defensoría en la comunidad y por ello, desde su lugar seguirá participando activamente de las mesas intersectoriales como el Consejo de Niñez  y el Foro de Seguridad, entre otras entidades, para garantizar la apertura de la dependencia hacia la población.

Además, la nueva funcionaria sostuvo que el otro pilar de la gestión es “atender los reclamos puntuales y los requerimientos de los vecinos, que llegan mucho respecto de salud y género”. Asimismo, aseveró que continuará activa la herramienta que regularización y registro de asociaciones civiles, otra de las intervenciones fomentadas desde el espacio. 

El rol de la Defensoría 

A diferencia de la Defensoría del Pueblo de Tandil, cuya competencia exclusiva es el ámbito municipal, esta dependencia está orientada a ejercer mecanismos de control en niveles que comprenden a la esfera provincial y en organismos privados. Y en contraposición a lo que sucede en otros distritos, en la ciudad casi no llegan a la Defensoría provincial quejas que correspondan al ámbito municipal.

En toda la provincia, IOMA, la obra social de los empleados estatales bonaerenses de la Provincia, y la empresa distribuidora de energía eléctrica en el conurbano sur, Edesur, lideraron el ranking de reclamos recibidos durante 2021 –último reporte disponible- por la Defensoría del Pueblo bonaerense, según expuso el informe anual que presentó el organismo presidido por Guido Lorenzino. 

El trabajo destacó que hubo un fuerte aumento en la toma de reclamos, que crecieron 29,5 por ciento con respecto al año anterior y establece que se iniciaron 181.264 trámites. Asimismo, los contactos totales establecidos con la entidad fueron 217.718. 

Divididos por temas, los principales conflictos de los vecinos de la provincia de Buenos Aires –cuya tendencia se mantiene en la mayoría de las delegaciones- se centraron en el funcionamiento de los servicios públicos con  reclamos en los que la mayoría apuntaron a la calidad del servicio y los cortes; en el área de salud el eje fue el acceso a medicamentos y tratamientos a través de obras sociales; y en relación a los bienes de consumo y servicios privados se iniciaron expedientes mayoritariamente sobre cobros indebidos o aumentos de precios.

El 10 de febrero, La Defensoría de La Provincia de Buenos Aires comenzó a atender sugerencias y necesidades de los vecinos, en un puesto móvil ubicado sobre la Avenida Monseñor de Andrea y Rivadavia.

Como iniciativa para abordar de manera territorial distintas necesidades e inquietudes que presentan los tandilenses en la sede central ubicada en la calle Las Heras 792, con el mismo horario de atención que la plaza, de 8.30 a 14, brindan herramientas a la sociedad para que puedan ejercer derechos como consumidores y habitantes de la Provincia.

Teniendo en cuenta que es un proyecto impulsado por autoridades provinciales para atender, mayoritariamente, las demandas de los turistas donde se pretende un acercamiento a las ciudades turísticas y costeras de Buenos Aires.

En este marco, El Eco de Tandil visitó los móviles y conversó con la delegada, Noelia Domeneghini, quien subrayó distintos puntos clave que tiene esta campaña que ya va por la segunda temporada de verano que se instala en la ciudad. 

“La idea es que la gente que tenga algún tipo de problemática se pueda acercar a la oficina móvil y consultarnos. Si bien, muchas veces podemos intervenir y le tomamos los datos, hacemos las quejas o los expedientes administrativos. Existen otras veces donde no podemos hacerlo porque no es de nuestra competencia pero aun así le damos a conocer a la gente que tiene un derecho que tiene que estar garantizado y lo articulamos con el organismo que corresponda o la redirigimos  para que pueda abordarlo correctamente.”

Se acciona a través de un trato más cercano como trabajo de campo las personas que pasan por el lugar donde pueda consultar lo que sea y allí pueda ser asesorado por la entidad que le brinda herramientas para realizar reclamos o los eleva directamente.

El año anterior lo hicieron desde el playón del Dique pero ahora se encuentran acompañados en la plaza por estaciones de Arba y otro puesto de personal de salud pública. Aunque “siempre en paralelo estamos en la oficina central y los procedimientos que realizamos son iguales” aclaró la delegada.

Asimismo, agregó que realizarán un “trabajo de visita guiada en la Biblioteca Sarmiento –sobre la calle Quintana- allí también es bien territorial donde a veces la gente se le imposibilita acercarse a la delegación. Además tenemos el correo electrónico y el teléfono, la idea es que podamos salir nosotros del organismo para acercarnos”

Hasta el momento de que va de la temporada, la oficina móvil atendió una gran variedad de inquietudes de quienes consultaban porque ya conocían su nueva ubicación de verano o porque justo pasan por allí y aprovechan a quitarse dudas. La delegada detalló “la verdad es que se vienen generando requerimientos donde la persona se acerca y es asesorada en el momento o nos informamos nosotros de lo que nos quieren consultar y al otro día se la llama por teléfono y se lo asesora.”

Por su lado, comentó “recibimos inquietudes desde temas de salud, consultas que no saben de alguna jubilación, un inmueble que no pueden escriturar, problemas con servicios públicos en la ciudad. Hoy, por ejemplo, se acercó un señor que tenía problemas con el servicio de cloacas y así encontramos una gran diversidad.

Herramientas para los extranjeros

En paralelo la Domeneghini quiso resaltar otra tarea que vienen realizando desde la delegación para poder proveer a los extranjeros que viven en el país sobre diferentes derechos a los que pueden acceder viviendo en la ciudad, de igual manera a otros tandilenses.

Uno de ellos “es el derecho del extranjero a votar, que son elecciones más que nada provinciales y municipales donde la persona cumpla determinados requisitos tenga el derecho a votar y tiene derecho a ser elegido. Esto lo prevé la Constitución de la Provincia de Buenos Aires pero como muchos de ellos no saben que tienen esa facultad y no la usan, entonces desde la Defensoría ya hace un tiempo estamos tratando de poner en conocimiento que estamos para ayudarlos, asesorarlos”

En línea, Domeneghini ejemplificó “atendí un señor que era de Bolivia que vino por otra consulta y cuando le pedí el documento me di cuenta que no era argentino entonces  estuvimos charlando, en este caso el señor votaba teniendo los conocimientos de porqué lo hacía y ya se encontraba registrado en el padrón. Pero la realidad es que nos encontramos con uno que sí sabía estaba al tanto de la situación patronal, no obstante sabemos que muchos otros no están al tanto.”

El pasado martes 10 se llevó a cabo una masiva convocatoria frente a la sede local de IOMA, en reclamo por la restitución de la cobertura para los afiliados tandilenses. Como se sabe, se trata de un conflicto de larga data, hasta el momento sin perspectivas de resolución.

Uno de los actores implicados en el tratamiento del tema es la delegación local de la Defensoría del Pueblo Bonaerense, ente consultado y al que en diversas oportunidades acudieron y se manifestaron desde el grupo de autoconvocados de la obra social. 

Por tal motivo, fue consultada por El Eco Multimedios Noelia Domenighini, a cargo de la delegación Tandil de la Defensoría. Repasó parte de los últimos avances en torno al tema, como la reunión llevada a cabo en la ciudad con representantes provinciales del organismo, el grupo de afiliados, el Círculo Médico y la Mutual 23 de Diciembre. Recordó que a dicho encuentro no asistieron, pese a haber sido notificados, ni IOMA ni la Agremiación Médica.

En dicha reunión, trajo al presente, se brindaron detalles de los cambios del modelo prestacional para la ciudad. Por entonces, sostuvo, “ya se avizoraba la rescisión del convenio con el Círculo Médico”, algo que finalmente se efectivizó.

A su vez, precisó, se acordaron encuentros a llevarse a cabo a mediados del corriente, entre la mencionada mutual y el Círculo Médico de Tandil. Se trata, observó, de cuestiones entre particulares y señaló que “como organismo público tratamos de mantenernos al margen de eso porque no nos corresponde”.

También en el marco de la reunión, expresó Domenighini, la 23 de Diciembre se comprometió a “manera buscar alternativas de prestar el servicio de salud a los afiliados de IOMA”. De acuerdo a lo manifestado por la delegada local, “en ese momento las representantes de los autoconvocados estuvieron presentes y no presentaron una queja frente a esto porque ellos asumieron la responsabilidad y el compromiso de garantizar el servicio de salud”.

Desde la delegación, remarcó Domenighini, tomaron el compromiso de “monitorear esta situación como Defensoría desde el lugar que tenemos, que es desde los reclamos que nos ingresan a nuestra Delegación”.

Así, la funcionaria sostuvo que es a partir de los reclamos individuales que reciben en el organismo que realizan un seguimiento en torno al tema. 

“Esa es la función que hoy tiene la Defensoría del Pueblo Bonaerense en el marco normativo y legal en el cual se encuadra. Es la forma en que actuamos en este y en todos los casos”, precisó.

A su vez recordó que desde la Defensoría tampoco intervienen en amparos judiciales colectivo, aunque señaló que “sí es nuestra responsabilidad decirles cuando nosotros agotamos la gestión que podemos hacer sea en Tandil o sea en La Plata, donde nos comunicamos constantemente y estamos detrás del expediente”.

En el marco de sus funciones, mencionó también que en aquellos casos en los que no cuentan con mayor margen para resolver una situación puntual, sugieren al reclamante que contacte un abogado para iniciar la acción de amparo.

Sin embargo la Defensoría no cuenta con las dificultades para intervenir en dichas instancias. Puso como ejemplo un caso en el que el propio Defensor del Pueblo Bonaerense intentó ser parte de un proceso judicial de un amparo colectivo y la legitimación le fue denegada por parte de la Justicia.

A su vez, la titular de la delegación local señaló con preocupación que “tenemos un vacío con la gente que no tiene los recursos para contratar un abogado particular, ya que queda a la deriva del reclamo del amparo. Es otro gran problema”, lamentó.

Como se sabe, tras el inicio del conflicto en torno a IOMA en la ciudad, los afiliados a la obra social no cuentan con la cobertura para acceder a las prestaciones de los profesionales del Círculo Médico de Tandil. 

Por el contrario, sí cuentan con la posibilidad de atenderse con especialistas agrupados en la Agremiación Médica. Sin embargo los profesionales que integran dicha nómina no suelen recibir pacientes nuevos. 

Consultada por este tema, Domenighini señaló que “nosotros en la Delegación no hemos recibido reclamos puntualmente en esto”.

De acuerdo a la información que brindó, la titular de la delegación local precisó que recibieron reclamos de medicaciones no suministradas, o acompañantes terapéuticos y cirugías demoradas. Agregó que recientemente comenzaron a trabajar en el reclamo de una persona con un embarazo avanzado cuyo médico pertenece al Círculo Médico y tras el cese del convenio no continuó con la atención.

Con la finalidad de acercar la Defensoría del Pueblo de la Provincia a toda la comunidad tandilense, el próximo martes 8 de noviembre la delegación de Tandil, a cargo de Noelia Domenighini, realizará una jornada de atención y difusión para todos los vecinos. 

La misma se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Quintana 450, en el barrio Villa Italia. Durante la mañana, entre las 10 y las 12, se recibirán consultas y reclamos y se brindará asesoramiento sobre servicios públicos, ambiente, género, asociaciones civiles, entre otros temas. 

Por cualquier duda, problema o consulta, las oficinas de la delegación Tandil, ubicada en Roca 192, están abiertas de lunes a viernes de 8 a 14. Además, las vías de comunicación, disponibles las 24 horas, son el WhatsApp: 221 358-1323; las redes sociales: @defensoriaPBA; la web: www.defensorba.org.ar; y la línea gratuita: 0800-222-5262.

La delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense llevará a cabo una jornada abierta el próximo martes 13, de 10 a 12, en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Quintana 450. Atenderá y brindará asesoramiento en reclamos y consultas sobre servicios públicos, alquileres, mediaciones y protección animal, entre otras problemáticas. 

La actividad es parte de las acciones que se realizan en pos de visibilizar la Defensoría y acercar a la ciudadanía el asesoramiento que la misma brinda. A partir de la firma de convenios con instituciones sociales y culturales, el organismo busca “hacer llegar la Defensoría a toda la ciudad”, como transmitió Noelia Domenighini, delegada local de la oficina provincial. “Empezamos con Villa Italia y la idea es acercar este convenio a otros barrios, para que le sea más fácil y cercano a la gente”, agregó.

La delegada local señaló que la Defensoría cuenta en toda la provincia con 55 oficinas en las que atienden y asesoran sobre “una diversidad de temas”. Consultada acerca de los reclamos más recurrentes, Domenighini precisó que “puntualmente nos suelen llegar muchas consultas que tienen que ver con dificultades con el IPS, por jubilaciones, pensiones o por trámites que han quedado demorados, con IOMA también, falta de provisión de medicamentos o de materiales para cirugías”.

Tandil, transmitió la funcionaria, no es ajena a los temas y problemáticas que se reiteran en todo el territorio provincial. “Acá en la ciudad recibimos todo lo referente a IOMA, constantemente. Sobre este tema, todos los días hay un reclamo. Y con el IPS, lo mismo”, precisó. 

En cuanto a las consultas sobre IOMA y el IPS, la delegada transmitió que registran “muchas trabas, muchas dificultades de acceso a la información y al conocimiento del estado del trámite”. En dichos casos, desde el organismo intervienen en pos de solucionar la demanda, o dar una respuesta en cuanto a la situación del trámite. 

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense invitan al público en general a concurrir mañana a la jornada a realizarse en la Biblioteca Sarmiento. “Cualquier pregunta va a ser respondida en el momento, o en el caso de que sea necesario, derivaremos para que vayan oportunamente a la delegación o articularemos con el organismo que corresponda para evacuar la consulta”, informó Domenighini.

La delegada transmitió que el objetivo de las jornadas que realizan es el de “contener y articular para que la gente no esté de un lado para otro sin solución o sin saber dónde ir”. Agregó además, que en el marco del trabajo que realizan, proyectan acciones en pos de acercarse al público adolescente a través de talleres en las escuelas. 

En el marco del programa de información ciudadana, la Defensoría del Pueblo bonaerense firmó un acuerdo con los responsables de la Biblioteca Popular Sarmiento, con el objetivo de consolidar vínculos institucionales, capacitar y formar en aspectos referidos a los derechos de los ciudadanos, como también la importancia de difundir y promoverlos.

Durante la firma del convenio estuvo presente el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; la delegada del organismo en Tandil, Noelia Domenighini, y el presidente de la Biblioteca Popular Sarmiento, Brahian Urban.

Domenighini manifestó que “este acuerdo nos permite continuar este proyecto de trabajo conjunto con instituciones, en este caso la Biblioteca, en un marco legal, para fortalecer el compromiso y el acompañamiento con nuestra comunidad”. 

Si tenés alguna consulta podés acercarte a la delegación de la Defensoría en Tandil, de lunes a viernes de 8 a 14, ubicada en Roca 192, o bien contactarte todos los días, las 24 horas, a través de WhatsApp +54 9 221 358-1323, de la línea gratuita 0800-222-5262, por redes sociales @defensoriaPBA y también por la página web www.defensorba.org.ar

Con el objetivo de brindar una guía de uso público, con información, herramientas y datos específicos para tener en cuenta al momento de firmar un contrato de alquiler, la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, presentó el nuevo material.

Puntualmente, desde el área de Alquileres de la dependencia que coordina Jerónimo Guerrero Iraola, elaboraron el material digital “Alquileres: Guía de derechos”.

Se trata de un documento que detalla información técnica y explica los principales puntos que se deben tener en cuenta al momento de firmar un contrato de alquiler en el marco de la Ley 27.551. 

En este sentido, Guerrero Iraola, explicó que la decisión de lanzar una guía es “principalmente, orientar, asesorar y ayudar al momento del inicio de los trámites a los inquilinos, destacando ejes como el depósito de garantía, duración del contrato, honorarios profesionales, obligaciones de los locatarios, entre otros puntos”.

Por consultas, podrán contactarse con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires todos los días, las 24 horas, a través de WhatsApp al (221) 358-1323, de la línea gratuita 0800-222-5262, por redes sociales @defensoriaPBA, o personalmente a cualquiera de las delegaciones.

La delegación local de la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires recibe un cúmulo muy variado de consultas por parte de los tandilenses y en función de lo que amerite cada uno aplica su actuación, a fin de resolver las distintas demandas.

En este sentido, recientemente han recibido el reclamo de un vecino que advirtió sobre la diferencia tarifaria que hay entre esta y otras localidades respecto al GNC. La situación tiene un caso similar en Necochea y la propia titular de la oficina en Tandil, Noelia Domenighini, pudo constatar que la distorsión en los valores es de alrededor de 25 pesos por metro cúbico.

Mientras avanzan en conocer cómo se aplican los precios, el organismo que conduce Guido Lorenzino reclamó que las estaciones de servicio de Tandil no apliquen aumentos. Vale recordar que el Gobierno fijó una nueva suba para ese servicio a lo largo de este mes. 

Más allá de este caso puntual, revelaron que la mayor demanda en atención en dicha dependencia tiene que ver con los afiliados al IOMA que no consiguen insumos para intervenciones quirúrgicas, o en otros casos medicamentos. Si por las vías de la Defensoría no consiguen resolverlo, siempre terminan en amparos judiciales. 

Hasta el momento no han asentado consultas que refieran a la no aplicación de la ley de Zona Fría para el gas envasado. Si bien estimaron que está pronto a resolverse, invitaron a quienes quieran acercarse a presentar su inquietud, sobre este u otro tema, lo hagan.

La mayor demanda es por IOMA

La mayoría de las inquietudes que llegan a esta oficina están principalmente ligadas al IOMA, ya que a diario reciben reclamos al respecto. De hecho, Domenighini develó que en las últimas dos semanas recibieron reiteradas consultas relacionadas al suministro de materiales para cirugía, convirtiéndose así en la mayor demanda de un problema que no se puede resolver. 

“Son personas que están a la espera de prótesis o elementos indispensables para realizar alguna intervención quirúrgica, donde está aprobado absolutamente todo, pero no llegan los insumos”, señaló. 

Es en este sentido es que están tratando de intervenir, aunque advirtió que tienen la limitación de ser un órgano administrativo, por lo tanto pueden interceder solo hasta cierto punto. 

Al respecto, expresó que cuando no consigue ningún tipo de respuesta del IOMA, ni ingiriendo desde el área de Salud  en La Plata, lo que hacen es sugerirle a la gente concretamente que dé inicio a un amparo judicial. 

“Estamos en una situación bastante compleja”, admitió y reveló el caso de un afiliado adulto mayor que está atravesando un estado de salud muy grave y con pocas posibilidades llevar adelante una gestión judicial, por el cual desde la Defensoría están tratando de interponerse de alguna manera.

Si bien estimó que hay una cuestión de fondo con el Sistema de Salud Pública (SISP), contó que generalmente cuando hay una cuestión de fondo que la obra social debe responder no se interviene desde el SISP, porque quien debe responder es la prestadora de salud del paciente en cuestión. 

Por eso, en un caso puntual como es este, cuando se agota la vía administrativa ratificó que “no queda otra” que un Juez le ordene a la prepaga  el cumplimiento a la prestación de vida que tiene la obligación de cumplir, “porque está afectando derechos de salud básicos”. “Tristemente es así, y se deja muchas veces a las personas en situación de mayor vulneración económica fuera del sistema de salud básicamente”, lamentó. 

En el caso de los medicamentos, respecto a lo cual también son reiteradas las consultas, aseguró que muchas veces se demora la provisión, pero se termina haciendo. Lo complejo en estos casos es que mayormente son pacientes oncológicos, para quienes aseveró que un mes es demasiado tiempo para su enfermedad. 

Zona Fría para gas envasado

Si bien aún no se ha hecho la segmentación tarifaria, la ley de Zona Fría para Tandil ya está vigente y aún no se ha trasladado a los valores para el gas envasado. Sin embargo, la titular de la delegación local de la Defensoría del Pueblo bonaerense aseguró que hasta el momento no han recibido inquietudes respecto al asunto. 

Las consultas en este sentido han llegado a la oficina por parte de los medios de comunicación, por lo cual iniciaron gestiones para conocer porqué esto no se materializa. 

“Por el momento, se sabe que hay pendiente alguna resolución interna pendiente para que aconteciera en Tandil, pero nosotros no podemos intervenir si no tenemos reclamos”, explicó e invitó a quienes quieran que la delegación ejecute en su nombre se acerque a plantear la inquietud. 

El GNC es más caro en Tandil

Actualmente están trabajando en la demanda que presentó un habitante y tiene que ver con el suministro de GNC, específicamente con el precio del metro cúbico en Tandil, ya que según expresó el ciudadano está muy por encima de los valores que se manejan en otras localidades provinciales.

En la Defensoría de la Provincia han recibido un reclamo similar de un necochense, atestiguando que ese mismo insumo está a costos superiores que en el resto de las ciudades, según detalló Domenighini.

Personalmente, la titular pudo constatar la incompatibilidad de las tarifas, ya que contó que estuvo el fin de semana en Buenos Aires y la diferencia con Tandil es de 20 a 25 pesos por metro cúbico. Mientras en esta ciudad está alrededor de 74 pesos, en Capital promediaba los 55. 

“No debería ser así”, aseveró y por eso es que se están interviniendo desde Provincia puntualmente, con el defensor Guido Lorenzino a la cabeza, para conocer cómo se fijan esos precios. Para eso enviaron un pedido de informe al ente nacional regulador del gas (Enargas), pero respondieron que no es de su competencia la estipulación de valores para la venta de GNC. 

“Queremos saber por qué está pasando esto a fin de que no se vulneren los derechos de los usuarios, no solamente para remises o taxis sino también para los particulares que tiene el sistema en sus vehículos”, aseveró.

En este sentido, adelantó que Lorenzino firmó una recomendación para que las estaciones de servicio locales se abstengan de realizar más aumentos de los que ya han realizó. Recordó que para mayo el Gobierno anunció una suba del 15.5 por ciento en el precio del GNC, por lo tanto si esto también se aplica en Tandil el cuadro tarifario quedaría muy por encima de los que se registran en el resto de la Provincia. 

Así las cosas, Domenighini alentó a que todas las personas que sientan que sus derechos están siendo vulnerados se acerquen a la oficina de la Defensoría en esta ciudad, ya que cuantos más reclamos se realicen mayor fuerza tendrá y será beneficioso para todos.

La resolución de Lorenzino

Desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino reclamó que las estaciones de servicio de Tandil no apliquen aumentos sobre el precio del metro cúbico del GNC. 

A raíz de las denuncias, el organismo ha corroborado que algunas dispensadoras de gas del país han aprovechado autorizaciones de incremento del precio de los combustibles para aumentar los valores del metro cúbico de combustible, sin respaldo en alguna otra variable económica, en un contexto en el que Enargas no tiene injerencia.

“El Estado de velar por los derechos de las y los usuarios y consumidores, en este caso la protección de sus intereses económicos, con políticas públicas que garanticen el acceso al consumo en condiciones de trato digno y equitativo, sin discriminaciones ni arbitrariedades por parte de los proveedores”, sostuvo Lorenzino.