La defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, se sumó a los cuestionamientos en torno a la licitación de la Ruta Nacional 226 y expresó su preocupación por el impacto que podría tener el proyecto si no se contemplan las particularidades del tramo que atraviesa la ciudad.

En el marco del debate que ya había sido impulsado por distintos actores políticos y sociales —entre ellos el concejal Iparraguirre—, la funcionaria remarcó la necesidad de que la obra contemple una mirada integral, que priorice la seguridad vial, la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos.

En diálogo con El Eco Multimedios, explicó que según se viene señalando en distintos ámbitos, la traza urbana de la ruta representa una de las principales problemáticas estructurales de Tandil, tanto por su condición de barrera física como por los riesgos que implica para quienes la transitan a diario. En ese sentido, distintos sectores vienen advirtiendo que el crecimiento de la ciudad, especialmente hacia el norte, profundizó las dificultades de circulación y multiplicó los puntos críticos.

En esa línea, Lafourcade advirtió que cualquier proceso licitatorio debe contemplar no sólo la circulación vehicular, sino también la realidad de quienes viven, trabajan o estudian a ambos lados de la ruta. “No se trata solamente de mejorar el tránsito, sino de pensar cómo se integra esa traza a la ciudad”, planteó, en sintonía con los reclamos que vienen sosteniendo vecinos y organizaciones.

En ese marco, Lafourcade también puso el foco en posibles irregularidades en el proceso de licitación, y advirtió sobre la necesidad de extremar los controles institucionales. Según señaló, existen inquietudes respecto a la transparencia, los plazos y las condiciones en las que se lleva adelante el llamado, en línea con cuestionamientos que ya habían sido planteados por otros actores.

La defensora del Pueblo sostuvo que es fundamental que toda la información vinculada al proceso sea clara, accesible y pública, y que se garantice el cumplimiento de los mecanismos legales correspondientes. “Cuando se trata de una obra de esta magnitud, no puede haber dudas. La transparencia es clave para generar confianza en la comunidad”, remarcó.

La titular de la Defensoría del Pueblo recordó que el organismo viene acompañando el reclamo histórico por obras en la 226 y que incluso ha participado en instancias como audiencias públicas y reuniones con vecinos, donde se expusieron las dificultades cotidianas para cruzar la traza, la falta de infraestructura adecuada y los reiterados siniestros viales.

Además, remarcó la importancia de incorporar obras complementarias que permitan mejorar la seguridad, como accesos controlados, cruces seguros, iluminación y señalización adecuada. En ese sentido, insistió en que las soluciones parciales o de corto plazo no resuelven el problema de fondo.

Otro de los puntos que subrayó fue la necesidad de que el proceso sea transparente y contemple instancias de participación ciudadana. Según indicó, las decisiones que se adopten en esta etapa tendrán consecuencias durante décadas, por lo que consideró fundamental que la comunidad pueda expresar sus necesidades y preocupaciones.

Asimismo,  señaló que el Estado nacional mantiene la responsabilidad sobre la infraestructura, independientemente del modelo de gestión o concesión que se adopte, y remarcó que debe garantizarse una respuesta acorde a la magnitud del problema.

Finalmente, planteó que este proceso representa una oportunidad clave para avanzar en una solución definitiva, pero advirtió que si no se contemplan las demandas históricas de la comunidad, existe el riesgo de repetir errores del pasado. Por eso, insistió en la necesidad de avanzar en un proyecto que no sólo mejore la circulación, sino que también integre la ruta a la vida urbana de Tandil y dé respuesta a una problemática que lleva años sin resolverse.

La Defensoría del Pueblo de Tandil elevó al Concejo Deliberante un informe en el que resume la gran cantidad de reclamos vecinales recibidos por el acceso al agua potable en la ciudad. Se trata de un exhaustivo relevamiento que no solo da cuenta de los principales casos, sino que insta al Municipio gestionar de manera activa y en conjunto con Nación y Provincia para extender la red, en particular en barrios populares.

Además, hace mención a la posibilidad de revisar el cálculo de facturación de la tasa afectada a la provisión de agua potable, así como también a la necesidad garantizar la provisión del camión aguatero y evaluar periódicamente quién accede a dicho servicio. Propone relevar las pérdidas existentes. sancionar en casos de derroches y señala la situación en torno al Balneario del Sol y el recambio del agua de las piletas.

El informe, firmado por la defensora Paula Lafourcade, surgió “en virtud de los reclamos y de variada naturaleza que año a año recibe esta Defensoría con respecto al suministro de agua potable en el Partido de Tandil”, y fue elevado “a fin de que contemple legislar al respecto políticas públicas abarcativas para permitir y promover el acceso responsable al servicio de agua potable en el Partido de Tandil”.

Como se sabe –y con mayor énfasis en temporada de verano-, las manifestaciones vecinales son reiteradas en Tandil. El Eco informó al respecto, entre otros por los casos de Valle del Lago –donde los vecinos denuncian que se quedan sin agua cada vez que comienza a funcionar el Balneario del Sol-, pero también de barrios populares como Tarraubella y otros como Villa del Lago, El Centinela y demás.

“Estos reclamos no han sido insignificantes ni aislados sino que, por el contrario, han sido constantes y reiterados en el tiempo por innumerables vecinos que se han acercado a nuestro organismo reclamando una solución a su situación, tanto de forma particular como colectiva, de falta de acceso a la red de agua potable”, marca en ese sentido el informe.

El informe elevado por la Defensoría al Concejo se estructura en cinco puntos principales. Las solicitudes de extensión de red, las del servicio del camión aguatero, la falta y baja de presión y de agua, las pérdidas y derroches y los pedidos de facturación. Además de dar cuenta de los reclamos, remarca que el acceso al agua potable consolida el desarrollo urbano y la integración comunitaria.

Sobre el pedido de extensión de red menciona casos en Los Charitos, Villa Gaucho, La Movediza 1, La Unión, Tarraubella, El Centinela, Entre Sierras, Valle y Villa del Lago, la avenida Don Bosco, y localidades rurales como Gardey.

En este punto,  el informe destaca que de acuerdo a la legislación vigente, y a recientes fallos al respecto –de la Corte Suprema-, “tutela del derecho al acceso al agua potable no es exclusivamente federal sino concurrente con el derecho público local”.

Dicha consideración tiene impacto en la ciudad en particular en los barrios populares, y en ese sentido hace referencia al fallo de la Corte sobre La Movediza II, donde el organismo determinó que rige la concurrencia de las responsabilidades del conjunto de instancias gubernamentales.

“La legislación tanto nacional como provincial aplicable dispone que es responsabilidad primaria del municipio de Tandil garantizar el acceso al agua potable para consumo e higiene personal”, indica el informe.

Pero lo elevado por la Defensoría da cuenta también de casos como el del barrio Entre Sierras, el cual “representa un claro y oportuno ejemplo de la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, toda vez que en el año 2023 se llevó allí adelante la realización de un pozo exploratorio a partir de la financiación de la Provincia de Buenos Aires”.

Sobre el financiamiento –uno de los elementos que las autoridades municipales suelen señalar como limitantes-, el informe hace referencia al “costo cubierto”, el trabajo compartido entre Municipio y vecinos, y los fondos tanto de Nación como de Provincia.

Ante casos en los que por diferentes motivos en los que vecinos no acceden al servicio, el Municipio cuenta con dos camiones aguateros para dar respuesta a la demanda. Debido a la política de cupos, desde la Defensoría registraron “situaciones en las que vecinos de una manzana son provistos de camión aguatero mientras que otros de la misma manzana, incluso linderos, no pueden acceder al servicio por falta de cupos”.

El organismo plantea la incorporación de más camiones, pero también una “re planificación previo mapeo”, y una “reevaluación social de los beneficiarios”, en miras de “una distribución más eficiente en términos témporo-espaciales, de manera que si hay distintos vecinos abastecidos dentro de una misma cuadra, lo sean todos en una misma oportunidad aprovechándose así los recursos dispuestos para la realización del viaje”. 

En este último aspecto, figura el ejemplo de Villa Cordobita, al cual menciona que le fue negado el suministro vía camión por falta de cupos, pero sí lo reciben sus vecinos de Entre Sierras.

El informe marca los numerosos reclamos recibidos por pérdidas de agua debido a diferentes motivos, entre otros las roturas ocasionadas por maquinarias que “demoran meses y hasta incluso años en ser reparadas”.

Pero también da cuenta del aumento de la demanda en temporada de verano, y en ese sentido señala que “respondería en algunos casos a razones suntuosas como el llenado de piletas (muchas veces indiscriminado)”. 

Pone como ejemplo “la situación de los vecinos de Valle del Lago y de Don Bosco quienes denuncian año tras año la actividad desplegada por el Balneario del Sol”.

Al respecto, amplía, “una situación de derroche, característica de la temporada estival y motivo de reclamo de los vecinos de la zona, es la actividad desplegada por el Balneario del Sol al vaciar diariamente o día por medio las piletas de su establecimiento, de grandes dimensiones y en número de seis, al mismo tiempo que los vecinos de la zona experimentan la escasez”.

Por otra parte, la Defensoría se refirió a la modalidad de cobro del servicio en la ciudad, a través de la Tasa de Servicio Sanitario, la cual depende en un 50 por ciento de los metros cuadrados del lote y los metros edificados. Sobre dicha tasa, el texto indica la necesidad de reconsiderar la revisión integral del sistema actual de cálculo.

“Esta Defensoría vería con agrado la posibilidad de que se expliquen las razones técnicas y operativas de dicho sistema de cálculo, y eventualmente la modificación”, indica el informe. 

“Debería componerse, al menos en su gran mayoría, por el consumo efectivo correspondiente a cada medidor y no por la cantidad de metros cuadrados del inmueble”, propone en función de avanzar, como en diversos lugares del mundo, en “sistemas de tarificación del agua basados en el consumo medido”.

Entre las conclusiones, el informe marca que el acceso al agua es uno de los derechos amparados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Por tal motivo plantea la necesidad de “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que todos puedan pagar”.

En ese sentido, desde la Defensoría propusieron al Ejecutivo –y en particular a la Dirección de Obras Sanitarias-, el “proyectar políticas públicas abarcativas para coordinar esfuerzos y recursos que garanticen el suministro de agua potable y promuevan el uso responsable del recurso en todo el Partido de Tandil”, así como también dar impulso y celeridad a los proyectos de extensión de la red de agua potable, en particular para las familias en situación de alta vulnerabilidad social.

Además, gestionar con los distintos niveles de gobierno para coordinar esfuerzos y aunar los recursos en pos de ampliar el acceso al servicio, y que se posibilite “un mayor abastecimiento mediante la alternativa de camión aguatero”, también priorizando familias vulnerables.

En la misma línea solicitó que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat se lleve a cabo una evaluación socioambiental entre los vecinos que requieran con mayor urgencia el abastecimiento, que se optimice la infraestructura existente de cara a la temporada estival, que se realice un relevamiento de pérdidas, y que la Dirección de Rentas  intime bajo apercibimiento de sanción a quienes cuenten con instalaciones clandestinas, así como también que dicha área reestructuren –en caso de corresponder- “los criterios de tributación aplicados al servicio sanitario bajo el parámetro del principio de la equidad tributaria”.

El informe presentado por la Defensoría del Pueblo al Concejo Deliberante hace mención en reiteradas ocasiones a la situación en torno al Balneario del Sol y su impacto en el suministro de agua de los barrios linderos, en particular Valle del Lago.

Como se sabe, los vecinos del lugar reiteran cada año –durante el verano-, que el recambio constante de agua de las piletas afecta el acceso al servicio, dejando sin presión a gran parte de los frentistas.

Por tal motivo, desde el organismo municipal instan a que el Ejecutivo y la Dirección de Obras Sanitarias, “junto con el área de Coordinación de Concesiones brinden la debida información y fiscalización respecto al funcionamiento del Balneario del Sol, tomando la debida intervención a los fines de evitar los vaciamientos periódicos y frecuentes de las piletas que integran el complejo, evitando derroches”.

La titular de la Defensoría del Pueblo local, Paula Lafourcade, anunció la puesta en marcha de la tercera edición del Observatorio Electoral, un esfuerzo colaborativo centrado en la accesibilidad al voto. Esta iniciativa se lleva a cabo junto a la Universidad Nacional del Centro (Unicen), la Facultad de Ciencias Económicas y la carrera de Derecho de la Universidad Fasta. 

El organismo actúa como observador cívico en virtud de un convenio firmado en 2017 con la Cámara Nacional Electoral, y para los comicios de este domingo, la herramienta se desplegará en los 69 establecimientos habilitados para votar de Tandil, repitiendo la cobertura total que se logró en la instancia provincial de septiembre.

"Es una encuesta muy completa que lleva 10 minutos, y que se hace por Google Forms. Los alumnos van a tener la oblea identificatoria y se van a acercar al delegado electoral para explicarle como realizar la encuesta, que arranca preguntando si los establecimientos están al mismo nivel que la calle o no y después para ver si ya hay rampas fijas móviles para ingresar al establecimiento", explicó Lafourcade.

La encuesta, que será acercada a las aturidades de mesa por parte de los estudiantes de las universidades participantes, abarca múltiples dimensiones de la accesibilidad, incluyendo si existen rampas fijas o móviles, si los votantes pueden moverse tranquilamente por los lugares y si tienen accesibilidad a los baños. También se verifica la información electoral, como la presencia de padrones, información sobre el acto cívico y detalles sobre los delitos electorales. Además, se observa cuáles son las fuerzas de seguridad que participan, esperándose en estos comicios la presencia del Ejército, Gendarmería, Fuerza Aérea o Policía Federal.

En cuanto a los resultados obtenidos en instancias previas, la titular de la Defensoría subrayó una evolución positiva en la ciudad: "Sí, yo creo que hemos mejorado muchísimo en lo que es rampas y acceso a los establecimientos. Se notó una gran mejoría y también estaban mejor identificados las fuerzas de seguridad y los delegados. Eso también lo notamos". Indicó que se ha avanzado significativamente en la eliminación de obstáculos, señalando que en el relevamiento actual ya no se detectaron mesas exteriores ni mesas ubicadas en plantas altas, dificultades que sí se habían reportado en el 2023, cuando se estreno la herramienta.

Otro foco importante es la correcta identificación del Cuarto Oscuro Accesible (COA). Lafourcade también destacó la necesidad de reforzar la información disponible en los ingresos de los establecimientos, sobre todo teniendo en cuenta la implementación de la nueva Boleta Única Papel (BUP). Esto es crucial para los votantes que no están familiarizados con el nuevo sistema o que no tienen acceso a medios de comunicación.

Finalmente, la funcionaria enfatizó el propósito central del Observatorio: “La verdad que es un acto muy importante ir a votar y nos interesa que las personas no tengan ninguna dificultad por su movilidad o por su discapacidad, que las mesas sean accesibles”, finalizó. 

A poco menos de un mes del operativo en el que la Justicia Federal ordenó a Gendarmería el despeje de los puestos de venta ambulante que estaban ubicados sobre los extremos de la Ruta Nacional 226, las acciones en pos de liberar la traza urbana –que incluye las banquinas y los bulevares-, continúa.

El Municipio ya labró más de 30 notificaciones a particulares que exhibían vehículos, maquinarias agrícolas o similares y gran parte de los apercibidos se retiró del lugar. Para aquellos que restan hacerlo, se evalúa la modalidad de sanción o infracción.

El Eco de Tandil recorrió la traza urbana de la Ruta, que comprende desde la Ruta 30 hasta la 74. Si bien los vendedores ambulantes –comerciantes de papas y verduras-, ya se desplazaron de las banquinas, algunos de ellos volvieron a reubicarse en la zona, por ejemplo en lotes desocupados.

Cabe recordar, fueron los primeros días de julio cuando se llevó a cabo el operativo de “despeje total” en la Ruta. El mismo se dio a partir de una denuncia de la Defensoría del Pueblo de Tandil –y luego del pedido de la Cámara Empresaria en el mismo sentido-, por la cual la sede local de la Fiscalía Federal dio orden a la Gendarmería para que retiren a los vendedores ambulantes. Durante la misa jornada se notificaron a los titulares de acoplados o camiones estacionados, así como también se registró a aquellos de cuyos dueños no se encontraban presentes, para intimarlos con posterioridad.

La potestad de control e intervención sobre la Ruta Nacional es de los organismos nacionales, por lo que las dependencias municipales se encuentran limitadas para accionar en ese sentido. Sin embargo, hubo con anterioridad otras advertencias y operativos que llevaron a cabo desde la Dirección de Inspecciones y Habilitaciones. La diferencia con la realizada en julio fue que estuvo dirigida por las fuerzas federales.

Tras dicho accionar, se despejaron las banquinas y por lo menos hasta el momento no se registró el retorno de vendedores ambulantes. Pero la Ruta Nacional comprende las colectoras, los bulevares, las banquinas y la propia cinta asfáltica.

Por lo tanto durante los últimos días, la mencionada Dirección impulsó recorridos a partir de los cuales se notificaron a todos aquellos particulares que aún se encontraban haciendo uso indebido del espacio. En especial a los comercios que suelen exhibir automóviles, maquinarias agrícolas y otros. Algunos de estos –incluso-, llegaron a demarcar los bulevares y a colocar piedras para estacionar los vehículos a la venta.

Luego de los operativos,  se retiró gran parte de los particulares advertidos. Sin embargo, resta que lo hagan otros que todavía permanecen, dedicados a la venta de maquinarias agrícolas, insumos agropecuarios, tranqueras, mangas y afines.

Todos estos también formaron parte de los más de 30 notificados por el Municipio, y desde la Dirección de Habilitaciones se encuentran evaluando –a partir de la consulta a la Secretaría de Legal y Técnica-, las formas posibles de sancionar o infraccionar para concretar el despeje.

Tanto la mencionada denuncia de la Defensoría, como la que en su momento presentó la Cámara Empresaria, se dieron en el marco del reclamo por la inclusión de obras de infraestructura en el pliego de licitación abierto para lo que será una nueva concesión de la Ruta Nacional.

Hasta el momento –a partir de una información que brindó la organización Estrellas Amarillas-, se contemplaba la posible semaforización de la traza urbana. Desde la Comuna aguardan novedades al respecto, con el planteo de su parte de sumar dos carriles complementarios por sentido para no generar una peor aglomeración vehicular en la zona.

La próxima semana podría marcar un hito significativo para la seguridad vial y el desarrollo urbano de Tandil, con la esperada inclusión del proyecto de semaforización para la Ruta Nacional 226 en los pliegos de concesión definitivos. Esta medida, que responde a un amplio reclamo ciudadano, busca transformar un tramo de 17 kilómetros de la ruta que atraviesa la ciudad, caracterizado por cinco rotondas sin medidas de seguridad vial adecuadas, en un corredor más seguro y accesible.

En diálogo con El Eco Multimedios, Paula Lafourcade, Defensora del Pueblo local, destacó la importancia de la unidad ciudadana en este logro. “Yo creo que si se lograron las cosas o se va a lograr la incorporación es por la unidad de Tandil, bajo un mismo reclamo, sin colores políticos y con una necesidad marcada de evitar y ya no sufrir más accidentes viales en los ingresos de la ruta y además que la ruta no sea un limitante en la infraestructura y en el crecimiento de Tandil”, afirmó. 

El proyecto de semaforización, que ha sido considerado como una alternativa viable frente a otras opciones como el corrimiento o soterramiento de las rotondas, ha demostrado ser efectivo en otras localidades como Neuquén. El alcance del plan abarca el tramo que va desde la rotonda de Aeronáutica hasta la rotonda del Campus Universitario, e incluirá también la zona de pasaje seguro en Napalofú, un reclamo que ya habia ingresado en el pliego. Aunque los detalles son recientes, se anticipa la instalación de un semáforo de cada lado por rotonda, y existe la posibilidad de que el proyecto contemple también la apertura de calles laterales para mejorar la circulación del tráfico local.

"Fue un trabajo muy grande de toda la ciudad en conjunto para lograr esto. "Que se incorpore es un primer paso", manifestó, y expresó su deseo de que la obra "salga en los primeros años de concesión y no en los últimos,  y que realmente se regularice toda la situación". 

El Municipio continúa accionando en pos de exigirle al gobierno nacional obras para mejorar la circulación y la seguridad vial en la traza urbana local de la Ruta 226. Se vencieron los plazos para que las autoridades de Nación presenten una resolución con respecto a los pedidos solicitados en la audiencia pública, por lo que la Comuna pedirá “que se cumpla ese paso”. En paralelo, recurrió a la Defensoría Federal y analiza una presentación judicial conjunta, sumando además a la Defensoría del Pueblo y otras instituciones sociales.

“Correspondía que dentro del plazo de 10 días de realizada la audiencia pública se emitiera un informe. Tenía que ser un informe sobre el resultado de la audiencia pública dentro de esos 10 días, y después había 30 días para que la autoridad, es decir Vialidad, emitiera una resolución final sobre el resultado de esa audiencia pública. Ninguno fue emitido hasta ahora”, informó Javier López, secretario de Legal y Técnica en diálogo con El Eco de Tandil.

De cara a las solicitudes que analizan presentar, el funcionario explicó que “hoy, cualquier medida que nosotros tomemos la decisión de hacer judicialmente, va a tener como primera cuestión la exigencia de que se cumplan con estos pasos que estaban previstos en el llamado a la audiencia pública”.

López dio cuenta además de los anuncios recientes del gobierno nacional, cuyos alcances afectan el futuro de las posibles obras que contribuyan a mejorar la seguridad vial de los tandilenses.

En primer término la disolución de Vialidad Nacional y la creación de un nuevo organismo denominado Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Pero también la extensión de la intervención al actual concesionario, Corredores Viales. 

El propio gobierno nacional había intervenido dicha entidad a los fines de auditarla para después disolverla y privatizar los tramos concesionados. Sin embargo, la intervención fue extendida.

López expuso que más allá de cambios, continúa “el deber y la obligación del Estado Nacional”. En la misma línea sumó que las reestructuraciones “no eximen al Estado Nacional ni a Corredores Viales  de garantizar a la ciudadanía la realización de obras de infraestructura necesarias para el buen funcionamiento y correcto funcionamiento de la Ruta Nacional 226”.

En ese marco, desde el Municipio mantuvieron una reunión con la oficina local de la Defensoría Federal a los fines de “aunar criterios” en pos de una posible presentación conjunta que, tras la disolución de organismos deberán hacer directamente ante el Ministerio de Economía de la Nación.

“Estamos analizando cuál va a ser el formato del pedido. Si va a ser un formato por una presentación judicial o si va a ser el formato mediante un acto unilateral, digamos que puede ser una notificación fehaciente al Estado Nacional”, precisó López al respecto.

El secretario de Legal y Técnica señaló además que si bien el informe que surja de la audiencia pública es “una opinión no vinculante”, el mismo “tiene que mostrar motivos fundados para apartarse de lo que que se pide y establecer por qué no se va a hacer todo lo que Tandil solicita o que sean incluidas las horas en un pliego licitatorio. Entonces quiere decir que si bien lo que resuelva esta esta audiencia pública, no terminaría siendo vinculante, sí es importante que si no se va a escuchar lo que Tandil pide, esto tendría que estar fundado y argumentado de por qué no se va a tener en cuenta”, concluyó.

¿Cómo sigue el pedido de obras en la Ruta Nacional 226 después de que el gobierno de Javier Milei haya disuelto Vialidad Nacional? En diálogo con El Eco de Tandil, la defensora del pueblo Paula Lafourcade brindó detalles de la continuidad del reclamo, al que en los últimos días comenzaron a sumarse mesas de vecinos de diferentes barrios de la ciudad, algunos de los cuales iniciarán campañas para juntar firmas en adhesión.

“El reclamo hay que llevarlo ahora a las nuevas autoridades. En el caso de Vialidad  Nacional, todo lo que es infracciones pasó a Gendarmería Nacional. Y todo lo que son los pliegos y concesiones a una agencia que va a depender del Ministerio de Economía. A ellos les llevaremos el reclamo en forma directa, porque el Estado Nacional sigue siendo competente para hacerse cargo de las rutas. Las rutas nacionales son del Estado Nacional. No importa si cambia el nombre o si pasa a ser totalmente público o privatizado. Hay un responsable que es el Estado Nacional, y allá tenemos que llevar el reclamo”, aseguró Lafourcade.

Cabe recordar, fue a raíz de la denuncia de la defensora que la Fiscalía Federal ordenó un operativo comandado por Gendarmería, a partir del cual se procedió a retirar los puestos de venta ambulante ubicados en la banquina de la Ruta. Del mismo modo, los agentes registraron a los fines de labrar infracciones a camiones y acoplados estacionados.

Lafourcade dio precisiones de la continuidad de la denuncia y explicó que el pedido del organismo que dirige fue el de “la desocupación de todos los espacios, no únicamente de la banquina, sino también de los espacios verdes que están ocupados”. Lo hizo en referencia al boulevard que existe entre la traza de la Ruta y las colectoras, donde suelen registrarse desde automóviles en venta a maquinarias agrícolas y otros elementos.

La defensora del pueblo de Tandil también había sido parte de la comitiva que –junto al propio Intendente Miguel Lunghi-, viajó a la ciudad de Monte para solicitar obras para la 226. Fue en la audiencia pública que se convocó tras anunciarse el llamado a licitación para una nueva concesión de la ruta. Aunque el gobierno disolvió Vialidad Nacional –aseguró Lafourcade-, el reclamo continúa.

Una novedad reciente es que la Defensoría del Pueblo fue parte de una reunión con vecinos de Villa Gaucho –nucleados en la Mesa Barrial-, a partir de la cual las personas le transmitieron la preocupación por los accidentes y la dificultad para cruzar que viven a diario. Estos encuentros continuarán con la Mesa Barrial de Villa Aguirre.

-Después del operativo de “despeje” que pidió Fiscalía y llevó a cabo Gendarmería ¿En qué está esa causa?

-Nosotros hicimos la denuncia. Estamos como denunciantes pero no somos parte de la causa, eso sigue su carril y ellos están investigando.

Había personas que no estaban en el momento con los camiones y acoplados, para poder después labrar las infracciones o investigar por la comisión de un delito como podía ser la ocupación de banquinas o la ocupación de la ruta o alguna apropiación indebida. Eso ya es materia investigativa de la Fiscalía que yo respeto y la voy a dejar trabajar.

En el mientras tanto, sé que el operativo también contó con distintas áreas municipales. Y la idea de ellos era hacer un abordaje integral para poder solucionar el tema. Que no solo el operativo es hoy, sino que permanezca el control para que no se vuelvan a ocupar.

-¿Va a haber algún tipo de acción preventiva?

-La prevención iba a estar dada, creo, por la DDI y creo que el Municipio también va a intervenir en eso. Nosotros pedimos la desocupación de todos los espacios, no únicamente de la banquina, sino también de los espacios verdes que están también ocupados.

Todo el boulevard verde, de 17 kilómetros y medio, tiene que estar despejado porque la ruta es todo el camino que va desde la calzada hasta las colectoras.

Entonces todos esos espacios verdes tienen que estar desocupados y nosotros ahí veíamos presencia de muchísimos vehículos. Había caballos atados, acoplados abandonados, una situación de desidia, máquinas agrícolas,  porque el problema es en todo el trayecto.

Quizás lo más visible y lo más preocupante es la banquina porque había una fila de camiones uno tras otro desenganchados, más los vendedores ambulantes. Fue una situación muy grave pero no quita también la problemática de los espacios verdes.

-De su parte hicieron la denuncia ¿Y cómo continúan?

-Nosotros seguimos la denuncia, vamos a seguir recibiendo si hubiera algún reclamo de los vecinos y vamos a oficiar al Municipio para que tome intervención con respecto a las áreas verdes que estén ocupadas, quizás por algún establecimiento comercial, que no pueden estar en lo que a ellos les compete.

Aparte de esto se suma el reclamo de los vecinos de Villa Gaucho y el acompañamiento que nos ofrecieron realmente por la preocupación que tienen por la necesidad de hacer obras en la rotonda.

-Hubo una reunión por eso...

-Sí, hubo una reunión el jueves pasado en el barrio, en la mesa barrial con participación de muchísimos vecinos. Para esto, para visibilizar, sumarse al reclamo. Obviamente nosotros decíamos que no era solo un reclamo de Villa Gaucho, era de todos los tandilenses, pero que también atraviesa Villa Aguirre, Arroyo Seco, Barrio de Graduados y toda la zona del norte de nuestra ciudad que está gravemente afectada.

Y la cantidad de accidentes que ellos me relataron, que ven a diario y que quizás no terminan saliendo en los medios, que son choques, pero en forma permanente. Y la peligrosidad, contaban la peligrosidad que es cruzar por el puente peatonal.

Porque además del puente peatonal hay también vehículos depositados en la vera de la ruta en el espacio verde. Entonces me decían que, tras que hay un solo puente, cruzar por ahí con vehículos que están ahí abandonados o depositados, no es lo más seguro para las familias.

-¿Van a seguir con reuniones con las mesas barriales?

-Vamos a seguir con reuniones en las mesas barriales, y van a juntar firmas. Nos decían los vecinos que ellos se quieren movilizar, que es su intención movilizarse, porque realmente ven que hay que hacer algo y hay que hacer algo ya para las rotondas.

Nosotros lo que les decíamos era que justamente que el reclamo nace de la ciudadanía y que ese acompañamiento de los vecinos hace que el reclamo no decaiga y llegue a quien tenga que llegar. En este caso ya no es Vialidad Nacional, será la Agencia de Concesiones y Licitaciones.

-En su momento hicieron una presentación en una audiencia pública ante un organismo que el Gobierno Nacional disolvió. ¿Cómo sigue ese trámite ante las autoridades nacionales?

-Ahora justamente hay que llevarlo a las nuevas autoridades. O sea, los organismos se disolvieron, algunos se unificaron, como fue el caso de la Enargas y el ENRE. En otros casos pasaron a ser direcciones u organismos desconcentrados, como el caso del INTA.

Pero en el caso de Vialidad Nacional, todo lo que es infracciones pasó a Gendarmería Nacional, y todo lo que son los pliegos y concesiones a una agencia que va a depender del Ministerio de Economía.

Y a ellos les llevaremos el reclamo en forma directa, porque el Estado Nacional sigue siendo el que es competente para hacerse cargo de las rutas. Las rutas nacionales son del Estado Nacional en lo que es mantenimiento y obras.

No importa si cambia el nombre o si pasa a ser totalmente público o privatizado, no importa. Hay un responsable que es el Estado Nacional, y allá tenemos que llevar el reclamo.

Luego de la presentación en conjunto con el Municipio ante la recientemente disuelta Agencia de Vialidad Nacional, la Defensoría del Pueblo local invita a todos los vecinos de la ciudad a sumar su firma para darle mayor alcance al reclamo de obras para el tramo urbano de la Ruta Nacional 226, un pedido que viene de larga data y que se ha intensificado en los últimos meses ante la cercania de la presentación del plan de obras de la agencia por los próximos 20 años, en el cual no figura ningun trabajo planificado para dicho sector.

En un contexto de cambios administrativos a nivel nacional, la Defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, subrayó la necesidad de "voluminizar nuestro reclamo" y convertirlo en una demanda de toda la población tandilense.

En diálogo con El Eco Multimedios,  destacó que esta exigencia no es exclusiva de ninguna esfera política o institucional. "No es un reclamo del gobierno municipal, ni de la provincia, ni de las asociaciones solamente. Es un reclamo que es de la comunidad", afirmó, enfatizando en que "no tiene banderas políticas, sino que al contrario, lo vivimos todos los tandilenses". 

En ese sentido, hizo un llamado a la acción ciudadana, destacando la simplicidad del gesto: "Es un segundo, pero que puede cambiar muchísimo nuestra ciudad". La Defensora enfatizó la urgencia, ya que el próximo proceso de licitación de la ruta será en 20 años: "Realmente es muy importante que se logre alguna obra, como digo yo, podrá ser una u otra, pero que se empiece porque el proceso de licitación que va a salir es por 20 años y si no después va a ser muy difícil que le podamos exigir al estado o a un concesionario que haga algo que no está previsto en los pliegos".

En los próximos días, los siguientes espacios estarán disponibles para que los frentistas se acerquen a brindar su firma:   

•    Jardín de Infantes N°926•    Jardín de Infantes San Francisco de Asís•    Escuela Primaria N°32•    Escuela Secundaria N°14•    Escuela Primaria de Adultos, servicio Villa Gaucho. •    Biblioteca Popular Martin Fierro•    Territorio Cultural•    Unidad Básica Juan Manuel de Rosas•    Adoquines de Fulano de Tal•    Centro de Salud Comunitaria Selvetti•    Centro de Salud Comunitaria Palermo•    Centro Cívico•    Casa del Bicentenario•    Casas de la Esperanza•    Extensión Unicen 

Asimismo, se puede acceder al siguiente link para firmar la petición online: https://chng.it/Ps7kS4dq5F

El gobierno municipal de Tandil apuesta a un “abordaje integral” para hacer frente a la problemática de la venta ambulante y la ocupación con acoplados y camiones de la banquina de la Ruta Nacional 226.

En diálogo con El Eco de Tandil, el secretario de Legal y Técnica –Javier López-, compartió la mirada de la Comuna con respecto a la temática. Dio cuenta de las diferentes órbitas de jurisdicción en la zona del conflicto, y contó que mantuvieron un encuentro con referentes de Senasa, Policía Vial y Corredores Viales a partir del cual elaborarán un plan de acciones de cara al futuro.

Cabe recordar, la situación en torno a la Ruta 226 volvió a tomar estado público en los últimos días a raíz de una serie de acontecimientos. El primero, el anuncio del gobierno nacional de abrir un pliego de licitación para la concesión de la ruta, en el cual no se prevén obras de infraestructura para la traza urbana local. El segundo la presentación del propio Municipio a la audiencia pública para solicitar dichas obras. El tercero el pedido de intervención de la Cámara Empresaria ante la Defensoría del Pueblo para que el organismo tome cartas en el asunto ante las autoridades de Nación. El cuarto, la formalización de la denuncia ante la Justicia Federal de la propia defensora Paula Lafourcade.

El quinto, el operativo dispuesto por la Justicia Federal para registrar las posibles comisiones de delitos a la vera de la Ruta Nacional 226. Dicha acción se concretó con personal de Gendarmería Vial, Policía y la colaboración del Municipio. El fiscal a cargo –Marcos Silvagni-, brindó una entrevista a El Eco de Tandil y precisó detalles de una causa en curso. Para conocer la mirada de la Comuna al respecto fue consultado López.

Un abordaje integral

El secretario de Legal y Técnica señaló en primer término que “en el marco de la investigación, vamos a estar a disposición entera de lo que disponga Fiscalía”. Al respecto, agregó que “entendemos que Fiscalía va a realizar acciones durante todo este periodo de tiempo, y nosotros estamos a entera disposición de lo que el fiscal resuelva”.

A su vez, López dio cuenta de la necesidad de realizar un “abordaje integral”, ante la  “complejidad” de la problemática. Por tal motivo, argumentó a partir de las distintas jurisdicciones que intervienen en el control de la Ruta y las banquinas.

“Todo lo que tiene que ver con las infracciones de tránsito que se cometen en el marco de una ruta nacional, que no lleguen a ser delito federal, y que son contravenciones a la Ley Nacional de Tránsito y o a la Ley Provincial, y corresponde que sean juzgadas por los juzgados administrativos de faltas provinciales. Que en este caso, actualmente, la Policía Vial, todas las infracciones que labra las está remitiendo al juzgado que tiene hoy sede en Azul”, indicó.

Por otro lado “una infracción por comercialización de productos que no está permitida en ese lugar porque sería una suerte de venta ambulante o porque esos productos no tienen la seguridad, la trazabilidad necesaria”, mencionó sobre aquellos hechos que por la infracción al Código Alimentario requerirían de una intervención de Senasa.

El funcionario sumó que a nivel local, “como Municipio tendríamos también la potestad, si hay una infracción a una ordenanza local como podría ser la comercialización de venta ambulante, podríamos juzgar eventualmente, el Juzgado de Faltas Municipales podría juzgar lo que tiene que ver con infracción a una ordenanza local en materia de cuestiones de salud”, sostuvo López.

En ese marco, la continuidad del seguimiento del tema de parte del Municipio será –de acuerdo a lo informado por López-, entablar comunicación con Fiscalía “para ver el resultado en concreto de lo que ha sido el operativo reciente y ponernos a disposición de la Justicia Federal. Y por otro lado, como consecuencia de la reunión que mantuvimos con Senasa, Policía Vial y Corredores Viales, trazar un plan de acciones de trabajo para lo que viene en lo inmediato”, concluyó.

La Defensoría del Pueblo de Tandil puso en conocimiento a Vialidad Nacional de los reiterados casos de venta ambulante sobre la banquina de la Ruta 226, para que la entidad realice la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal. La comunicación a las autoridades nacionales fue en sintonía con el reclamo recientemente recibido por el organismo local de parte de la Cámara Empresaria.

“Esto es un delito, hay un daño y se tienen que retirar. Porque no puede haber una invasión a un espacio público”, transmitió la defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios. La referente de la Defensoría planteó que se comunicaron con sus pares del Municipio de Pilar, donde ocurrió un caso similar que fue resuelto a raíz de la intervención de Vialidad Nacional, para conocer cómo estos solucionaron la problemática.

“En el caso de Pilar fue directamente Vialidad Nacional quien presentó la denuncia en Fiscalía. Nosotros ya pusimos en conocimiento a Vialidad Nacional y estamos esperando. Si no hacen ellos la denuncia a Fiscalía Federal, la vamos a hacer nosotros. Para que obviamente una vez constatado se ordene el lanzamiento, porque hay vehículos que te das cuenta que no están temporalmente, ya están hace mucho tiempo a la vera de la ruta nacional”, explicó Lafourcade.

Cabe recordar, la proliferación de venta ambulante a la vera del tramo urbano local de la Ruta Nacional 226 se ha vuelto un paisaje cotidiano en el último tiempo. Camiones que despliegan toldos y ofrecen papas, cebolla o zanahorias, pero también objetos como espejos, sillas y otros.

Los casos se sumaron a otros que alertaron a la ciudadanía por el peligro vial que suponen, los acoplados, camiones o diferentes vehículos estacionados en el lugar. Tanto de la calzada asfáltica como de la banquina, la jurisdicción corresponde a las autoridades nacionales, por lo que el Municipio local no tiene potestad para avanzar con acciones de desalojo.

Fue el pasado martes 24 de junio cuando la Cámara Empresaria elevó a Lafourcade una denuncia con pedido de intervención ante la proliferación de venta ambulante sobre la banquina de la Ruta. Esto se dio en el marco del pedido conjunto del Municipio y la Defensoría ante autoridades nacionales para incorporar al pliego de concesión, obras que permitan mejorar la seguridad vial en la zona.

“Recibimos el reclamo cuando tuvimos la presentación en la Cámara y ya habíamos recibido denuncias por parte de vecinos por acoplados abandonados y por camiones a la vera de la banquina”, señaló al respecto Lafourcade, sobre la reciente exposición en la que participó junto al Intendente, donde dieron cuenta del reclamo presentado en la audiencia con funcionarios de Nación.

“Nosotros nos habíamos sumado el pedido a la Policía Local Federal que fue varias veces, intervino, intimó, apercibió a que se retiraran, pero igualmente la situación sigue en escalada en lo que es la banquina y los laterales. Creemos juntamente con cómo nos lo expuso la Cámara, que por un lado hay invasión a lo que es la Ruta Nacional, porque la invasión no es sólo en el trazado de la ruta, sino también en los laterales y con vehículos abandonados de hace muchísimo tiempo. Eso produce dos cosas, por un lado lo que es la venta ambulante, como bien denunciaba la Cámara, ya sea de papa, había venta de espejos, sillas, distintos rubros que también se van anexando, y también la peligrosidad que eso conlleva, porque las banquinas, los laterales, están por seguridad vial y si hay un accidente, eso va a producir una tragedia en cualquier momento y la tenemos que evitar”, sostuvo la defensora.

Desde la Defensoría, explicó, ya habían intervenido a raíz de los numerosos reclamos. Una de esas intervenciones fue tomar contacto con el Defensor del Pueblo de Pilar, que abordó un caso similar en dicha localidad.

Señaló que “esto no es una situación nueva”, y dio cuenta de las presentaciones realizadas al respecto por la propia Cámara Empresaria. “Nos adjuntaron reclamos de más de 5 años para atrás, con los distintos escenarios, desde Corredores Viales, Vialidad Nacional, y ninguno ha querido dar respuesta a esta situación”, indicó.

La defensora remarcó que es la Fiscalía Federal quien deberá acompañar las denuncias para concretar el retiro de los vehículos, ya que ante intervenciones de Policía Federal se logró el desplazamiento de los mismos pero “hoy se retiran y mañana vuelven, entonces el problema sigue siendo recurrente y ya hay que dar una solución de otra manera”.

En ese sentido, desde la Defensoría elevaron el pedido a Vialidad Nacional, y se encuentran a la espera de una respuesta. “Estamos a la espera de una respuesta en breve y si no, vamos a presentar nosotros la denuncia ante la Fiscalía”, concluyó.

La Cámara Empresaria de Tandil presentó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia con pedido de intervención “por el uso indebido de banquinas y colectoras de la Ruta Nacional 226” en la ciudad. Cabe recordar, el Municipio no posee potestad de control en dichas áreas, ya que estas se encuentran bajo la órbita de las autoridades nacionales.

La presencia de camiones y camionetas estacionados sobre los márgenes de la traza urbana de la ruta se ha vuelto un paisaje cotidiano en el último tiempo. Gran parte de los mismos se dedican a la venta ambulante de papas y otros productos. La entidad empresarial lleva realizados diversas solicitudes ante diferentes organismos estatales para que se despeje la zona, pero al momento la situación no se ha modificado.

Desde la Cámara retomaron el reclamo a raíz del reciente pedido conjunto entre el Municipio y diversos organismos locales a las autoridades de Nación por obras que permitan mejorar la circulación y disminuir los accidentes viales en el tramo urbano de la ruta nacional.

Con fecha del martes 24 de junio, las autoridades empresariales presentaron una carta dirigida a la defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade. “A pesar de las gestiones reiteradas ante las distintas autoridades, la problemática persiste, y las autoridades locales enfrentan limitaciones de jurisdicción al tratarse de un espacio nacional. Por ello, y en virtud de la responsabilidad que nos compromete con todos los tandilenses, rogamos a la Defensoría del Pueblo que, a través de sus medios, arbitre las acciones necesarias y disponga de todas las herramientas a su alcance para lograr la intervención efectiva del o los organismos gubernamentales que deban hacerse cargo de esta situación. Entendemos que su intervención es crucial para conformar un principio de solución y revertir estas dificultades que afectan la circulación y el bienestar de nuestra comunidad”, expresaron desde la Cámara en la mencionada nota a la que accedió El Eco de Tandil.

La venta ambulante y la presencia de camiones y acoplados, sostiene la nota “afectan la actividad de comerciantes que cumplen con todas las normativas impositivas y de seguridad aplicables a nivel municipal, provincial y nacional, sino que dejan sin efecto la funcionalidad de las banquinas de una ruta, que, en caso de emergencias no podrá utilizarse como una vía de escape para los vehículos que así lo necesiten en caso de emergencia o interrupción sobre la ruta nacional”.

La carta presentada a la Defensoría de parte de la Cámara Empresaria comienza trazando un diagnóstico de la situación a la fecha. La presencia de camiones y puestos de venta ambulante, plantearon desde la entidad “genera complicaciones significativas para el tránsito y la seguridad vial, con un riesgo inminente de accidentes en dicho tramo”.

Por otro lado, desde la Cámara plantearon “la afectación de la actividad comercial ilegal que se desarrolla en las banquinas sin ningún tipo de control”. En diálogo con El Eco de Tandil, el presidente de la Cámara –Bruno Cerone-, transmitió que desde la entidad registraron que “se acrecentó el caos en la Ruta 226”, y que “la venta ambulante, ya sea de papa, espejos, plantas, jabones en polvo y demás, no hacen la imagen que la ciudad queremos, más allá de que es una actividad que es ilegal. Y lo mismo sucede con la parte de los camiones acoplados que están estacionados sobre la traza. Entendemos que es un problema que tiene la ciudad no tener una playa de estacionamiento de camiones, o no tener una playa de transferencia. Se hace muy peligroso y repito lo mismo, que afea mucho la zona”.

En la nota presentada a la Defensoría del Pueblo, la organización empresarial hizo un repaso de los pedidos realizados en los últimos años. En el 2021 enviaron notas Corredores Viales S.A, solicitando la intervención sobre la ruta. En la misma fecha dirigieron al Intendente Miguel Lunghi un comunicado en el que adjuntaron material fotográfico probatorio de la actividad irregular en el área. En 2021 elevaron nota a Vialidad Nacional, y en el 2024 hicieron lo mismo ante la AFIP pidiendo que intervenga la agencia local.  “En dicha comunicación, se mencionó la necesidad de conformar un equipo de fiscalización junto a inspectores de Mar del Plata para avanzar en la regularización o decomiso de las mercaderías ofrecidas”, precisa la nota a la Defensoría. Pese a las solicitudes, a la fecha la situación no se modificó.

La Cámara respaldó también las recientes gestiones del Intendente ante autoridades nacionales para exigir que se incorporen al pliego de concesión de la 226, obras para su mejora. La Defensoría del Pueblo de Tandil también fue parte de la comitiva local que presentó el reclamo durante la audiencia llevada a cabo en los últimos días en la ciudad de San Miguel del Monte.

La Defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco de Tandil, expresó su disgusto con el pliego preliminar del plan de obras presentado por la Agencia Nacional de Vialidad para el tramo atlántico de la Ruta 226, que abarca desde Bolívar hasta Mar del Plata. Cabe recordar que la sede del organismo a nivel local compartió ayer en sus redes sociales un video donde invitó a los vecinos a acompañar su reclamo en la audiencia pública del próximo 11 de junio.

El mismo consiste en exigir que se incluya en el plan el tramo urbano de 17 kilómetros que atraviesa Tandil, el cual la defensora definió como una "barrera física" tanto en seguridad como en infraestructura, que divide dos partes de la ciudad. Lafourcade detalló que aproximadamente 50 mil personas transitan a diario por este sector, cruzando a pie y sin señalización por las cinco rotondas que lo componen, incluyendo el acceso al campus universitario con sus cinco facultades. Señaló la necesidad urgente de un tránsito ordenado y más cruces peatonales.

“Hay un solo cruce peatonal que está en la nada; porque se cruza, no está ni siquiera encima de una rotonda; para los 17 kilómetros”. Si bien aclaró que no es ingeniera civil para determinar la solución técnica, – ya sea semaforización, corrimiento, soterramiento u otra obra en altura –, enfatizó que lo esencial es que “se hagan las obras”.

Con este objetivo, planean asistir a la audiencia del 11 de junio para exigir que se incluyan cuanto antes, ya que “si no se incluyen ahora, después no se le puede pedir a un concesionario que fue privatizado que las haga”, explicó. Aunque la audiencia no es vinculante, considera que contribuye al reclamo y a la fuerza de Tandil como ciudad. Insistió en que "algo hay que hacer" y que no se pueden esperar “siete años” como dura una concesión mínima.

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Recordó una reunión con directores de la Agencia donde propusieron empezar por alguna de las rotondas de ingreso, como Espora, Falucho o Reforma Universitaria, aunque los pedidos no fueron escuchados. Destacó la necesidad de rutas seguras que contemplen la convivencia entre camiones y peatones o ciclistas.

Finalmente, subrayó la importancia de la participación vecinal por medio de la redes sociales y del apoyo del Municipio, a través del intendente Lunghi, quien también asistirá a la audiencia para impulsar las obras urgentes que el tramo requiere.

En el marco del aniversario de la fundación de Madres de Plaza de Mayo, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, lanzó una campaña que reconoce la dimensión histórica, simbólica y política de una de las acciones más sostenidas de la lucha por los derechos humanos en la Argentina: las rondas de los jueves.

Bajo el título “La caminata política más larga de la historia”, la campaña busca visibilizar el recorrido físico y político que realizaron las Madres desde el 30 de abril de 1977 hasta la actualidad.

A través de una serie de contenidos gráficos, audiovisuales e infográficos, se pone en valor la dimensión del esfuerzo colectivo sostenido a lo largo de décadas.

El dato central de la campaña señala que si se sumaran las rondas realizadas todos los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, más las marchas y movilizaciones en las que participaron las Madres en distintos puntos del país, el trayecto recorrido supera los 10 mil kilómetros.

Una distancia equivalente a catorce veces el cruce de Argentina de punta a punta, o similar a la Gran Marcha de Mao, considerada uno de los desplazamientos políticos más extensos del siglo XX.

La campaña combina imágenes de archivo, testimonios históricos y comparaciones visuales para dimensionar ese recorrido en términos concretos.

Desde el organismo señalaron además que esta propuesta busca acercar el legado de las Madres a las nuevas generaciones, recuperar el rol de la memoria colectiva y reafirmar el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos.

Los contenidos de la campaña estarán disponibles a partir del 30 de abril en las redes sociales del organismo @defensoriapba

Las rondas, en números

¿Cuántos kilómetros caminaron las Madres?

-Cada jueves, las Madres caminan aproximadamente 300 metros en cada ronda.

-En un año, recorren más de 15 kilómetros.

-Si se suman otras marchas en las que han participado a lo largo de las décadas, la cantidad de kilómetros supera los 10 mil kilómetros.

¿Las Madres hicieron la caminata más larga de la historia?

-Ningún otro grupo de personas ha caminado con la regularidad, la persistencia y la trascendencia de las Madres de Plaza de Mayo. La particularidad es que la marcha todavía continúa.

Otras marchas a lo largo de la historia

La Larga Marcha de Mao (1934-1935): 12.500 km, realizada en un solo año como desplazamiento militar.

La Marcha de la Sal de Gandhi (1930): 380 km en 24 días, con impacto global en la lucha no violenta.

Las marchas de Selma a Montgomery (1965): 87 km que marcaron la historia de los derechos civiles en Estados Unidos.

Mucho más que las rondas

Si bien su símbolo más reconocido son las rondas de los jueves, las Madres participaron en innumerables movilizaciones a lo largo de los años.

Cada 24 de marzo: En cada aniversario del golpe, encabezando las multitudinarias movilizaciones.

Marchas contra las políticas neoliberales: En los años ‘90, contra las privatizaciones y los ajustes.

8M y Ni Una Menos.

Protagonistas de la historia argentina

Las Madres estuvieron presentes en momentos importantes que se vivieron en la Plaza de Mayo.

La vuelta de la democracia (1983): Una plaza llena donde las Madres continuaron su lucha exigiendo justicia.

Marchas contra los indultos de Menem (1989-1990): Resistencia ante la impunidad.

La crisis del 2001: Cuando la Plaza de Mayo fue epicentro del estallido social, las Madres se mantuvieron firmes en su lugar.

Más allá del repaso por todos los aspectos de la gestión de la Defensoría a su cargo a través de una presentación digital, la doctora Lafourcade enfatizó dos grandes cambios: el traslado de sede a Maipú 253 y el proceso para la reelección como autoridades.

En cuanto a las estadísticas, precisó que recibieron a más de 1.200 vecinos en forma individual y colectiva, tanto de manera presencial como virtual. Por competencia, de ese total, 498 respondieron a temas municipales. De ese ámbito, el 41,3 por ciento a Legal y Técnica; 20,9 por ciento al Sistema de Salud; 12,1 por ciento a Planeamiento y Obras Públicas; 8,4 por ciento a la Usina; 5,3 por ciento a Gobierno; 4,4 por ciento a Economía; 4,3 por ciento a Desarrollo Humano y 3,7 por ciento a Protección Ciudadana.

“La Defensoría es un termómetro de lo que está pasando en la ciudad, en la Provincia y en la Nación, y por eso todos estamos al tanto del deterioro del sistema de salud en general, a través de las obras sociales y prepagas, existe y es una realidad que no podemos negar”, dijo al evaluar que el 52,2 por ciento de las causas fueron vinculadas a salud, de las cuales el 90,65 por ciento tuvo resolución favorable.

Más allá del trabajo como defensoras, destacó que Tandil tiene un alto grado de entramado de organismos vinculados de derechos humanos. “Trabajamos codo a codo porque tenemos un objetivo en común: los vecinos de Tandil”, aseguró y mencionó el valor de la defensoría como “organismo articulador”.

También informó que a lo largo de 2024, “tuvimos más de 3.200 intervenciones”, entre las que enumeró audiencias grupales o individuales, comunicaciones, resoluciones, pedidos de informes, recomendaciones e informes especiales.

Lafourcade hizo foco en que algunos reclamos se trasladan año a año por la necesidad de conseguir el financiamiento para obras públicas, agregó que continuaron interviniendo por los baldíos sin mantenimiento, ruidos molestos, los criaderos de cerdos en María Ignacia y la afluencia de visitantes a las cavas de Cerro Leones, como así también recibieron demandas de acceso al agua potable.

En cuanto a los objetivos para el próximo período, anunció el trabajo para empoderar a los ciudadanos, sobre todo a los sectores más vulnerables; la intermediación entre la ciudadanía y la administración pública; fortalecer la escucha activa, “ponerse en el lugar del otro”; continuar la participación y el trabajo colaborativo en mesas y foros locales; y la participación en asociaciones a nivel provincial, nacional e internacional, “redes de contención” para la tramitación de conflictos. También insistió en que continuarán acercándose a los barrios y mencionó el fortalecimiento de la difusión de los derechos humanos, con foco en los medioambientales.

En tanto, la defensora dijo que elevó, en noviembre, un reclamo a Nación por los conflictos que genera el tramo urbano de la Ruta Nacional 226. Bregó por tener una respuesta, ya que se comprometieron a venir al territorio a estudiar la situación.

Apeló al diálogo, hizo un tributo al papa Francisco y agradeció a su equipo, esta vez destacando en particular a Graciela Krimer, quien estuvo tres décadas en el Concejo y lleva tres años en la Defensoría, como la primera cara visible en la atención y contención de los vecinos que se acercan.

La Defensoría del Pueblo de Tandil funciona no solo como un organismo para presentar reclamos ciudadanos, sino también para recibir orientación, despejar dudas o facilitar trámites. El movimiento en la oficina de Maipú al 200 es continuo, y de eso dan cuenta los 1200 vecinos atendidos y las 881 causas que abrieron durante el 2024, de las que casi un 85 por ciento tuvo una resolución favorable. Mientras elabora el informe anual –que presentará tras la apertura del período legislativo del Concejo Deliberante-, la defensora Paula J. Lafourcade dialogó con El Eco de Tandil y brindó precisiones de cuáles fueron las temáticas con mayor demanda, y aportó números que en parte dan cuenta de las principales problemáticas en la ciudad.

“Las defensorías son muchas veces un termómetro de las problemáticas individuales o colectivas, tanto  en temas locales como nacionales”, señaló la abogada a cargo del organismo. Cuestiones vinculadas a la salud –afiliaciones, aprobación de prestaciones o prácticas, medicamentos y otros-, fueron las que presentaron el mayor número de reclamos, aumentando un 20 por ciento en comparación con el 2023. 

También hubo otros como el acceso a la justicia, los aumentos de los servicios públicos, ruidos molestos, terrenos en mal estado, derroche de agua potable,  construcción en el faldeo serrano, estafas virtuales entre otros.

Además, la Defensoría lleva adelante trabajos en vínculo con otras instituciones de nuestra ciudad como por ejemplo con  la Universidad Nacional del Centro (Unicen), y la Ufasta sede Tandil, en particular a través de proyectos de Extensión en clave de promoción de derechos humanos, como el acceso a la justicia, hábitat,  cannabis medicinal, Ley Micaela o fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. 

También forman parte de diferentes mesas ciudadanas y vecinales, realizan charlas y mantienen presencia constante en muchos barrios y localidades rurales de Tandil, ya sea a través de acercar los puntos de atención o por trabajos constantes que involucran más de un período.

Lafourcade destacó a su vez la importancia de trabajar en red con otras defensorías del país locales y provinciales, a través de Adpra, para generar enlaces, y llevar las problemáticas de todo del país como los reclamos propios de la ciudad.

“La Defensoría es un organismo de puertas abiertas  como nosotros decimos. Cerca del 60 por ciento de las causas son municipales, pero hay un porcentaje nacional y provincial que se gestiona directamente con las entidades competentes. Somos un organismo de gestión rápida cerca del ciudadano.  El vecino, siente la confianza que en la Defensoría en caso de no ser competentes les vamos a indicar dónde tiene que ir y como resolver su requerimiento. Está también ese rol de promover el derecho a la información que no es menor”, agregó la defensora.

“La Defensoría local logró en estos primeros cinco años instalarse en la ciudadanía, y ser un referente tanto en su faz de contralor como también en la de promoción de derechos humanos. Con  mi adjunta Mercedes Argeri estamos muy contentas del organismo que hemos construido, la gente sabe que puede recurrir a la Defensoría ante cualquier problema", sumó.

En concreto, transmitió Lafourcade, durante el 2024 la Defensoría del Pueblo recibió 881 causas individuales y otras colectivas, en un número que se mantiene en el transcurso de los últimos años. La diferencia del período la marcan los reclamos vinculados a la salud pública y privada, que de representar un 30 por ciento del total de los expedientes en años anteriores, creció hasta más del  50 por ciento.

En ese sentido, 460 causas fueron por temas de salud –prestaciones denegadas, autorizaciones, afiliaciones, coberturas, acceso a medicamentos y otros-, en un contexto de subas en los costos de las prepagas y en particular de los medicamentos, en muchos casos  involucraron pacientes oncológicos, tratamientos de alta complejidad, bebes prematuros, personas con discapacidad o embarazos de alto riesgo.

El mayor porcentaje de los reclamos –cabe destacar-, fueron presentados por mujeres, y del total, obtuvieron resultados favorables en un 84,7 por ciento. El número crece si se observan aquellos en relación al sistema sanitario, donde el 90 por ciento obtuvo una resolución positiva para el demandante.

En segundo lugar de las problemáticas con mayor caudal de denuncias se ubicó urbanismo –con pedidos y solicitudes de obras públicas, obras sanitarias, espacios verdes, mantenimiento de terrenos abandonados y otros-, y en tercer lugar el acceso a la justicia. En cuarto lugar, precisó Lafourcade, hubo reiterados reclamos sobre servicios públicos, en concreto tarifas y modificaciones de las normativas de subsidios, tarifa social, cortes y otros.

De parte de la Defensoría ya elaboran el informe de gestión que todos los años presentan ante el Concejo Deliberante. Lo harán una vez que comiencen a desarrollarse las sesiones ordinarias.

A través de una carta a la Defensoría del Pueblo de Tandil, solicitaron que se convoque a una audiencia pública para que la comunidad en general pueda aportar su parecer sobre el proyecto de venta del predio de Santamarina al 400. El mencionado organismo ya elevó el pedido al Concejo Deliberante.

“Ese predio no es un predio cualquiera. Es el único en el que la sociedad de Tandil podría tener para generar un espacio administrativo y social como planteaba el anteproyecto de ideas del año 2011. Y porque es el único, no tiene valor. Una cosa que es única no tiene valor. Y por más que digan que son cuatro millones de dólares, para la gente del ´real estate’ no es nada. Se va a vender una joya que no se va a poder recuperar nunca”, sostuvo en diálogo con El Eco de Tandil el arquitecto Roberto Ardissone, quien presentó a la Defensoría del Pueblo de Tandil un texto titulado “Algo tuyo está por venderse”.

Desde sus conocimientos e inquietudes por el urbanismo, Ardissone planteó su intención de que la población en general profundice sus conocimientos sobre la situación en torno a la posible venta del predio. En referencia a que en el lugar podría concretarse un desarrollo inmobiliario señaló que “el gran edificio te quita calidad de vida de la ciudad. Te produce sombra, aceleración del viento, y te quita el cielo”.

El arquitecto manifestó además que hizo pública su carta para que la misma colaborara “a la toma de conciencia de la población del alto riesgo que se corre si este predio se vende. Lo que quiero es que la gente esté al tanto, y por eso planteo lo que debería haber existido desde un vamos que son las audiencias públicas, una consulta”.

Ardissone agregó que el propio Plan de Desarrollo Territorial (PDT), contempla la posibilidad de audiencias públicas “como medios para que la población participe”. Y en la misma línea agregó que “el PDT exige al Ejecutivo que administre los medios para que la sociedad pueda participar en el conocimiento y la toma de decisión, aunque no son vinculantes, pero que pueda participar para dar su opinión respecto de las cosas”.

Cabe recordar, fue a fines de junio pasado cuando el Ejecutivo local elevó al Concejo Deliberante el proyecto para desprenderse del predio de Santamarina 450. Tras observaciones de diferentes bloques -algunos de los cuales plantearon que la iniciativa es “invotable”-, representantes del propio Ejecutivo brindaron precisiones de la iniciativa a los ediles.

El tema no se discutió en la última reunión de la Comisión de Obras Públicas y Urbanización, por lo que al momento está en duda si podría finalmente tratarse en la próxima sesión del Legislativo local.

Tasado -si bien la tasación fue uno de los puntos observados por ediles de la oposición- en un monto de poco más de cuatro millones de dólares, el gobierno local -hasta el momento con el aval de parte del bloque de Unión por la Patria-, anunció que proyecta utilizar el dinero para la construcción de una planta de pavimentación y en la generación de suelo urbano.

Parte de la motivación de Ardissone para presentar la carta a la Defensoría del Pueblo de Tandil tuvo que ver con su recuerdo del concurso impulsado en el año 2011 por el gobierno local, en el que se evaluaron proyectos de diferentes partes de todo el país con iniciativas para generar en el predio de Santamarina al 400 un centro cívico.

“El proyecto se complementaba con una plaza pública en el corazón de la manzana que servía para socializar, la ciudadanía podía concurrir ahí con intención de realizar cuestiones administrativas o simplemente disfrutar de un espacio público de libre acceso y que fuese integrador de las diferentes actividades que hay dentro de una sociedad”, sostuvo.

Fue a comienzos de 2011 cuando se dieron a conocer los resultados del Concurso de Ideas lanzado por el Municipio de Tandil y el Colegio de Arquitectos. El ganador resultó el estudio EMMES de la ciudad de Neuquén.

“El mismo intendente, cuando presenta el proyecto, dijo que sería un puntapié inicial para sentar las bases de algo que puede llegar a ser. Que en ese momento no se podía materializar, pero que se dejaban sentadas las bases para que en un futuro alguna administración tuviese los recursos como para poder llevarlo adelante. O sea, una cosa correctísima que era planificar con tiempo para el día de mañana”, planteó al respecto Ardissone.

Cuestionando la celeridad con que el Ejecutivo local requiere tratar el proyecto, Ardissone reiteró la posibilidad de que se establezca una instancia de audiencia pública en la cual se pongan en consideración las diferentes posturas ciudadanas con respecto al destino del predio.

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que deje sin efecto la aplicación del decreto que les quita los subsidios a los servicios de luz y gas a las y los usuarios de ingresos bajos y medios.

“Es una medida que provoca que miles de usuarios y usuarias caigan en lo que se llama pobreza energética, ya que quedan totalmente desamparados a la hora de pagar las facturas, lo que en un contexto de crisis y aumentos generalizados es la peor situación posible”, indicó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En su reclamo el organismo también le solicitó a la Secretaría de Energía que informe la cantidad de usuarios y usuarias que serían alcanzados por este esquema, que nivela desde junio a los de ingresos bajos y medios (N2 y N4) con los de ingresos altos (N1).

“Entendemos la realidad del sistema energético, pero siempre pedimos que las tarifas sean racionales y proporcionales para que las personas no sean la única variable de ajuste, sobre todo en un contexto en que la economía familiar está en jaque”, finalizó Lorenzino.

Con el decreto que rechaza la Defensoría, el gobierno nacional busca reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas para "trasladar los costos reales" a las y los usuarios. La medida se aplicará desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y podrá ser prorrogada una única vez.