La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó un informe con los resultados de su campaña “Desconectá para conectar”, un trabajo en el que mediante encuestas y charlas con especialistas analizó el impacto real detrás del uso de las pantallas y mostró el alcance de esta problemática en distintos aspectos de la vida.

Con esta propuesta, el organismo que conduce Guido Lorenzino se focalizó en cinco temas relacionados a este fenómeno: el tiempo en pantalla, el vínculo de los niños, niñas y adolescentes con los teléfonos, el impacto que genera en las escuelas, el uso del teléfono mientras se maneja y también sumó opiniones sobre la inteligencia artificial.

El trabajo busca responder una pregunta central, si las pantallas dominan, y para eso reflejó el trabajo que la defensoría realizó durante todo el año a través de diferentes encuestas y entrevistas con especialistas y referentes en su programa de stream “Podrán Defendernos”.

En datos, mostró que el 36 por ciento tiene un uso problemático del teléfono, que para el 30 por ciento las pantallas afectan su vida social y para el 43 por ciento impactan negativamente en su relación con los niños y adolescentes.

También que al 31 por ciento de los estudiantes el teléfono perjudica su rendimiento en clase, que un 42 por ciento de los conductores no toma ninguna medida para evitar usar el teléfono mientras maneja y que un 26 por ciento asegura haber tenido algún problema con la IA, entre otros resultados.

Entre los protagonistas que hablaron sobre la materia estuvieron el neurólogo infantil Mauricio Pedersoli; la experta en ciudadanía y crianza digital Lucía Fainboim; el especialista en Educación de Faro Digital, Santiago Stura; la fundadora de la biblioteca infantil “Del otro lado del árbol”, Paula Kriscautzky; el senador bonaerense Emmanuel González Santalla; la presidenta de Luchemos por la Vida, María Cristina Isoba; y el especialista en IA, Mariano Battistotti.

“En este documento mostramos los datos recolectados a lo largo de este proceso, teniendo en cuenta que no estamos en contra de las pantallas, sólo queremos entender cómo influyen en nuestras vidas y pensar en estrategias para que su uso deje de ser un gran problema”, explicó Lorenzino.

El informe completo en https://www.defensorba.org.ar/pdfs/informe-pantallas-2025.pdf

La Justicia bonaerense ordenó suspender la limitación de dos fotografías en las boletas partidarias luego de un recurso presentado por la Defensoría del Pueblo que cuestionaba la medida por la que no se permitía colocar tres o más imágenes de candidatos en los próximos comicios provinciales del 7 de septiembre.

La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata suspendió, a pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino, los efectos de la Resolución Técnica 158/2025 de la Junta Electoral provincial, al entender que no se justificaba por qué dos imágenes serían admisibles y tres no, ni cómo ello afectaría la claridad de la boleta.

El tribunal, conformado por los jueces Claudia Milanta, Diego Ucín y Roberto Mora, consideró que esta restricción podía vulnerar el derecho de los electores a una información completa y accesible, afectando la transparencia democrática y los deberes de accesibilidad electoral y que el límite de imágenes no tiene sostén técnico, logístico o normativo.

Además, hasta que se dicte sentencia definitiva, las agrupaciones políticas podrán incluir en sus boletas la cantidad de fotografías de candidatos que estimen conveniente, siempre dentro del tercio central de la boleta y respetando los parámetros técnicos ya fijados por la Junta Electoral.

Lorenzino destacó que el fallo “resguarda derechos políticos esenciales y asegura mayor transparencia e información al electorado bonaerense, el derecho de las y los electores a acceder a información completa y accesible sobre la oferta política, el derecho a la identificación visual de los candidatos, y los deberes de accesibilidad electoral”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó una encuesta sobre el uso de los dispositivos móviles y mostró que aproximadamente un 40 por ciento usa el teléfono más de seis horas por día, con uno de cada cuatro que lo revisa en todo momento.

Según se desprende de los datos arrojados por este cuestionario elaborado por el organismo que conduce Guido Lorenzino, estas cifras prácticamente se repiten al observar el comportamiento tanto en mayores como de niñas, niños y adolescentes.

En el caso de los menores, el 34,4 por ciento lo usa más de seis horas, el 31,3 por ciento entre cinco y seis y el 18,8 por ciento entre tres y cuatro horas.

En este caso, el 25 por ciento no tiene registro de con qué frecuencia revisa el celular, el 21,9 por ciento lo chequea en todo momento y el 18,8 cada cinco minutos.

Al preguntarles para qué usan principalmente el celular, el 26,7 por ciento respondió que para estar en las redes sociales, el 22,9 por ciento para mandar mensajes y el 17,1 por ciento para escuchar música. De quienes lo usan para jugar videojuegos, el 18,8 por ciento lo hace siempre y el 68,8 por ciento a veces.

Ahora bien, el 26,7 por ciento aseguró que este uso le produce sentimientos negativos tales como aburrimiento, cansancio, frustración, ansiedad, estrés y tristeza. Sin embargo, cuando se consultó sobre las estrategias para disminuir su uso, un 26,2 por ciento manifestó no tener interés en hacerlo.

Entre los mayores de edad, el 37,2 por ciento usa el teléfono más de seis horas por día, el 22,3 por ciento entre cinco y seis, y el 21,5 por ciento entre tres y cuatro horas. El 26,2 por ciento lo revisa en todo momento, el 20,7 por ciento cada 15 minutos y un 18,1 por ciento directamente no tiene registro de la cantidad de tiempo que lo usa.

Al consultar sobre los principales motivos por los que lo usan, aparece en primer lugar para trabajar (31,4 por ciento), seguido por entretenimiento (30,6 por ciento), y en tercer puesto para leer noticias (21,9 por ciento). Las redes sociales y los mensajes (suman casi un 60 por ciento) son las funciones que más usan en el celular.

Estos datos forman parte de la campaña “Desconectar para conectar”, con la que la Defensoría presentará durante todo el año, en redes y la vía pública, herramientas para un mejor uso de los dispositivos móviles, con estadísticas, análisis y consejos útiles.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, presenta Historias que importan, una nueva sección en sus redes sociales destinada a visibilizar casos concretos en los que la intervención del organismo permitió garantizar derechos vulnerados.

Con una frecuencia mensual, este formato mostrará experiencias reales de personas que recurrieron al organismo bonaerense y encontraron una solución a sus problemas.

A través de testimonios breves y accesibles, se buscará transmitir de forma clara el impacto positivo que el acompañamiento y asesoramiento de la institución tiene en la vida cotidiana de las y los bonaerenses.

La primera historia llega desde Balcarce. Una madre intentaba inscribir a su hijo con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en una escuela secundaria, pero le decían que no había vacantes, a pesar de tener prioridad por poseer CUD.

Gracias a la intervención de la delegada en esa ciudad, Fernanda Ruzza, la situación se resolvió y el estudiante fue aceptado. “Ahora sí, ya podemos comprar la mochila y los útiles”, relató la madre con alivio, en un testimonio breve que forma parte del primer envío de esta serie.

Historias que importan busca reforzar el rol de la Defensoría como herramienta concreta para el ejercicio de derechos. Las publicaciones incluirán textos breves y videos para que quienes atraviesen situaciones similares sepan que pueden contar con el organismo.

“Si te pasa algo parecido, hablá con la Defensoría”, será el mensaje central que acompañará cada historia, invitando a más personas a acercarse, informarse y ejercer sus derechos.

La Defensoría del Pueblo bonaerense lanzó una encuesta que apunta a poner el foco sobre una práctica que tiene cada vez más incidencia en los hábitos de manejo como lo es el uso del teléfono mientras se conduce.

Con esta propuesta, el organismo que conduce Guido Lorenzino busca dimensionar la forma en la que los celulares ganaron protagonismo incluso en momentos en los que puede volverse peligroso para propios y terceros, como es durante el manejo.

Se trata de una encuesta totalmente anónima que pregunta para qué se usa el teléfono en el auto, la percepción del peligro que esto significa y la opinión sobre las sanciones relacionadas a esta práctica, entre otras.

La encuesta, que forma parte de la campaña de la Defensoría “Desconectá para conectar”, ya está disponible en este link: https://encuestas.defensorba.org.ar/index.php/786841?newtest=Y&lang=es

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un relevamiento entre estudiantes de escuelas secundarias para medir el nivel de conocimiento financiero que poseen, y mostró que un 77 por ciento de los adolescentes no tiene un entendimiento claro o completo del concepto.

Estos son datos que el organismo que conduce Guido Lorenzino recabó antes y después de presentar su capacitación en educación financiera en establecimientos educativos de La Plata, donde además de conocer qué saben y qué no, indagó sobre el interés y las necesidades de los estudiantes en relación a la temática.

Antes de la charla, se registró un desconocimiento generalizado sobre qué son con exactitud las finanzas, con un 10,99 por ciento que directamente no sabe de qué se tratan.

De todas formas, un 77 por ciento conoce la existencia de las tarjetas de crédito, las cuentas bancarias y los préstamos, y un 66,39 por ciento se siente cómodo hablando de dinero con su familia.

Luego de cada capacitación se preguntó también sobre aspectos relacionados al interés que despierta la temática y cómo aplicarlas en las escuelas. En ese sentido, el 83 por ciento consideró que la educación financiera es fundamental, y un 88 por ciento indicó que la planificación de la economía personal es muy importante.

A su vez, un 56,3 por ciento expresó un gran interés en recibir conocimientos de este tipo en las escuelas y, entre los temas que quieren aprender, un 47,9 por ciento indicó querer saber cómo ahorrar y un 41,18 por ciento cómo invertir.

Por la educación financiera

“El estudio revela una necesidad de educación financiera en los adolescentes. A pesar de tener un conocimiento básico, existe un gran interés en profundizar en temas como el presupuesto, el ahorro y la inversión. Los resultados también muestran que la educación financiera debe ser integrada en los currículos escolares y que la familia juega un papel fundamental en la formación financiera de los jóvenes”, explicaron desde el área de Asuntos Económicos de la Defensoría.

Por su parte, Lorenzino indicó que “sin este tipo de educación, los jóvenes pueden tener dificultades para alcanzar sus objetivos financieros, como comprar un automóvil o iniciar un negocio”.

Además, alertó que “los puede llevar a acumular deudas innecesarias, ser más vulnerables a las crisis económicas, tomar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas y caer en estafas o problemas como el juego problemático”.

Durante 2024, el área de Asuntos Económicos realizó 14 talleres, de los que participaron unas 1.100 personas, donde se registró una carencia importante de conceptos y herramientas necesarias para tomar decisiones financieras informadas y eficientes, por lo que el dictado de estas capacitaciones apuntaron a generar un acceso a una educación financiera de calidad, para fomentar una cultura financiera sólida y sostenible a largo plazo.

Campaña de la Defensoría

A partir de esto, la Defensoría presentó una campaña de educación financiera, que incluye videos y manuales sobre el tema.

A lo largo del mes, se publicarán videos explicativos en las redes sociales de la Defensoría sobre temas como tasas de interés, tarjetas de crédito y presupuesto.

Asimismo, se podrá acceder a todo el material en la web de la Defensoría: https://www.defensorba.org.ar/areatematica/asuntos-economicos.

La Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó los aumentos para el transporte y distribución de la electricidad que el gobierno nacional propuso durante las audiencias públicas convocadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

El organismo que conduce Guido Lorenzino formó parte de estos encuentros y se opuso a los nuevos cuadros tarifarios, que subirían entre un 225 a un 300%, al entender que son una “dolarización” en un contexto de crisis y mal prestación del servicio.

“Los aumentos solicitados son una evidente dolarización de las tarifas, cuando los ingresos de las y los usuarios quedan muy por debajo de los mismos, mientras además se brinda un servicio deficitario y que no incluye una planificación de las inversiones necesarias”, aseguró el secretario de Servicios Públicos de la Defensoría, Gastón Arias.

La Defensoría a su vez rechazó la quita de subsidios para las clases media y baja, y que tampoco se contemplen programas con beneficios para personas electrodependientes y electrointensivos.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo un relevamiento sobre el costo de los útiles e indumentaria escolar y reveló que una familia tipo con dos hijos en edad escolar necesitará alrededor de 287 mil pesos para afrontar el inicio del ciclo lectivo.

Este monto contempla la compra de mochilas, cartucheras, guardapolvos, joggings, zapatillas y útiles básicos, sin incluir textos escolares, cuyo valor puede incrementar aún más el gasto total.

El informe destaca que la canasta de útiles escolares sufrió un incremento interanual del 26 por ciento. En particular, algunos artículos de librería experimentaron alzas notorias, como la goma para tinta/lápiz, que registró un aumento del 288,02 por ciento, el papel glacé con un 102,79 por ciento y el repuesto de 96 hojas de primera calidad Rivadavia, que subió un 76,80 por ciento.

Otros productos también mostraron un alza de precio, como el cuaderno universitario de 80 hojas (35,48 por ciento), la carpeta para dibujo con cordón (36,82 por ciento) y el sacapuntas de plástico económico (37,13 por ciento).

En lo que respecta a la indumentaria escolar, el informe señala que un guardapolvo de primera marca talle 10 puede encontrarse en un rango de precios que va desde los 12.900 hasta los 17 mil. Por su parte, el costo de una mochila equipada con útiles básicos asciende a aproximadamente 66.340,74 pesos.

Sin embargo, a diferencia de los útiles escolares, los precios de las zapatillas deportivas escolares y de la indumentaria escolar en general no presentaron aumentos significativos en comparación con el año anterior.

Estrategia

Esta información permite brindar un “panorama claro sobre los costos que deberán afrontar las familias bonaerenses en el comienzo del nuevo ciclo lectivo”, al tiempo que “reafirma la necesidad de implementar estrategias de ahorro y planificación para garantizar que los niños y niñas cuenten con los materiales necesarios para su educación sin generar un desbalance en la economía del hogar”, explicó Marcela Escudero, responsable del área de Asuntos Económicos de la Defensoría.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo recomendó a las familias tomar medidas para reducir el impacto económico del inicio de clases. Entre las principales estrategias sugeridas se encuentran la comparación de precios entre distintos comercios, la reutilización de útiles en buen estado y la promoción del cuidado de los materiales escolares. Estas acciones pueden representar un alivio para la economía familiar y, al mismo tiempo, contribuir a un consumo más responsable y sostenible.

El estudio, realizado durante febrero de este año, se basó en un relevamiento detallado de precios de 35 productos en supermercados y comercios especializados de la provincia de Buenos Aires.

Con la llegada del verano, los estereotipos sobre los cuerpos cobran mayor relevancia, especialmente en espacios públicos como playas y piletas. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires difundió los primeros resultados de la encuesta “Hablemos de diversidad corporal” y reveló que nueve de cada diez encuestados recibieron o presenciaron comentarios, burlas o señalamientos sobre su cuerpo o el de otra persona. 

El estudio indicó que en un 91 por ciento de los casos, los comentarios negativos sobre el físico de las personas estuvieron dirigidos hacia mujeres, reflejando un problema que impacta especialmente en este tipo de identidades.

Además, el 80 por ciento de las personas encuestadas manifestó sentir vergüenza de mostrar su cuerpo en espacios como gimnasios, playas o piletas.

Esta sensación de incomodidad muestra cómo los mandatos sociales condicionan la forma en que las personas perciben sus cuerpos y limitan sus experiencias cotidianas.

Más datos

La encuesta también destacó que seis de cada diez encuestados reconocieron que los comentarios discriminatorios afectaron negativamente su autoestima, lo que marca la importancia de abordar el impacto emocional y psicológico que generan los estereotipos de belleza.

Otro dato relevante es que el 53 por ciento de los encuestados considera que debería bajar de peso, a pesar de que muchos no cuentan con indicaciones médicas que respalden esta percepción. Este resultado pone de manifiesto cómo los ideales de belleza influyen en la percepción que las personas tienen de sí mismas, desvinculándose de criterios de salud reales.

Entre los testimonios recabados por la encuesta, frases como “para vos no hay talle”, “¿eso vas a comer?” y “si tuvieras unos kilos menos” fueron mencionadas como ejemplos de comentarios discriminatorios que afectan profundamente la autoestima y la salud emocional de quienes los reciben.

Reflexión 

“Estos resultados nos invitan a reflexionar sobre el impacto de los estereotipos en nuestra vida diaria y a trabajar hacia una aceptación más inclusiva de las diversas corporalidades”, indicó Alejandra López, directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo, área encargada de realizar la encuesta.

Y remató que la Defensoría del Pueblo “reafirma su compromiso con la promoción de derechos y el abordaje de problemáticas sociales que afectan la calidad de vida de las personas. Hablar de diversidad corporal no sólo es necesario, sino también urgente para construir una sociedad libre de violencias y discriminación”.

Con el objetivo de conocer la existencia de dispositivos de masculinidades y/o que trabajen con varones denunciados por violencia por razones de género, la Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un monitoreo en los 135 municipios de la provincia para ofrecer un relevamiento de este panorama.

El Observatorio de Políticas Públicas de Género del organismo que conduce Guido Lorenzino llevó adelante esta tarea con la que se buscó conocer las características principales de estos insumos contados por las mismas áreas de género municipales encargadas de sostenerlos y también la evaluación de su impacto en la comunidad.

“Este relevamiento sirve para conocer las buenas prácticas ejercidas por los municipios para evitar la reincidencia y promover procesos de problematización y deconstrucción de ciertas formas de hacer, sentir y pensar propias de la masculinidad hegemónica”, indicó Lorenzino.

El trabajo complementa una tarea de monitoreo de dispositivos de abordaje de la violencia por razones de género llevada adelante por el Observatorio, cuya primera entrega fue publicada el 3 de junio y contó con la colaboración de las 135 gestiones municipales, ocho de los cuales fueron entrevistados en profundidad para hacer un pormenorizado análisis cualitativo de sus dispositivos.

Entre los ejes de análisis se destacan el rol del Poder Judicial al momento de la derivación y resolución frente a los procesos iniciados por las violencias por razones de género; y el compromiso de las gestiones municipales y especialmente de sus equipos de trabajo para sostener esta tarea desafiante e innovadora con la que se proponen repensar la forma de relacionarnos, deconstruir hegemonías y disolver jerarquías desde una perspectiva antipatriarcal.

El informe completo del relevamiento de Dispositivos Municipales de Masculinidades de la Provincia de Buenos Aires se puede consultar en https://www.defensorba.org.ar/pdfs/informe-masculinidades-2024.pdf.

En el marco de la jornada de concientización sobre el cáncer de mama realizada en la sede central de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo una encuesta a las personas que participaron de la actividad, cuyos resultados revelaron que el 34 por ciento de las mujeres dejó de realizarse chequeos en alguna ocasión, citando como principales motivos la falta de tiempo y las dificultades económicas. 

Este dato pone de manifiesto la existencia de barreras que impiden a muchas mujeres acceder a controles preventivos de salud esenciales, lo cual puede tener graves consecuencias en la detección temprana y el tratamiento oportuno del cáncer de mama.

A pesar que el 81 por ciento de los participantes declaró que se realiza exámenes regularmente, el hecho de que un tercio de las personas haya interrumpido los chequeos refleja una preocupación importante sobre la equidad en el acceso a la salud.

Además, casi el 99 por ciento de los encuestados está al tanto de que la detección temprana es fundamental, lo que subraya la importancia de eliminar las barreras que impiden que más personas puedan acceder a los servicios de prevención.

Otro dato relevante es que el 76 por ciento de los encuestados no tuvo problemas para conseguir turnos para las consultas médicas. Sin embargo, un 47 por ciento de las personas consideró que no existe suficiente información sobre el cáncer de mama, un aspecto que sigue siendo crucial para la prevención de la enfermedad y que exige un esfuerzo continuo de difusión y sensibilización.

Jornada de concientización

Esta encuesta se realizó en el contexto de la jornada de concientización sobre el cáncer de mama, que tuvo lugar en la sede central de la Defensoría del Pueblo en La Plata, en colaboración con el municipio de esa ciudad y el Ministerio de Salud de la Provincia.

Durante la actividad, se compartió información esencial sobre los controles preventivos y se entregaron turnos para chequeos médicos a quienes participaron, en un esfuerzo conjunto por promover la detección temprana del cáncer de mama.

La jornada forma parte de la campaña #CáncerDeMama: Más que un lazo rosa, que se desarrolla durante todo el mes de octubre con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de la prevención y el control de esta enfermedad, abordando además el impacto de las desigualdades de género y las dificultades económicas que muchas personas enfrentan al intentar acceder a la atención médica.

Para más información y asesoramiento, los organizadores indicaron que las personas pueden comunicarse al 0800-999-1576, la línea gratuita del Instituto Provincial del Cáncer (IPC).

Con la presencia de Estela de Carlotto y de Herenia Sánchez Viamonte, la Defensoría del Pueblo bonaerense inauguró el salón de usos múltiples de su Sede Central con el nombre “Madres y Abuelas de Plaza de Mayo”.

“En este contexto donde la memoria está siendo atacada, a nosotros no nos da lo mismo”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien indicó que las “Madres y las Abuelas nos ayudan a mantener viva la llama de la historia”.

“Son un orgullo en medio de una realidad donde quieren cambiar la historia. El presente es muy duro, por eso hay que reconocerlas y homenajear su lucha y tenacidad”, agregó Lorenzino, quien compartió la apertura del acto con el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena.

Por su parte, Estela de Carlotto recordó que “la historia es muy larga, algo que no hubiera pensado ni deseado. Falta mucho por hacer, quedamos dos abuelas nada más, pero ahora están los nietos en la comisión, que tienen valor y memoria para continuar el trabajo”.

“Hoy el gobierno nos quiere borrar, pero no lo va a conseguir. Hay que salir a la calle en paz, ocupar los espacios que nos pertenecen. Somos alegres para vivir, no nos gusta entrar en la nostalgia y sabemos que vamos a ganar”.

La Madre de Plaza de Mayo, Herenia Sánchez Viamonte, hizo un repaso por la historia de la organización desde la dictadura hasta el presente, e indicó que “actos como estos nos llevan a recordar la lucha”.

“La colaboración de la gente nos recuerda para qué luchamos. En este país hubo un exterminio del que fuimos víctimas, por lo que actos como estos para reconocer nuestro trabajo nos dan tranquilidad”, expresó.

Mena, en tanto, habló de la necesidad de “recoger el ejemplo que nos dieron para fortalecer el pacto democrático”, y aseguró que “el proceso de memoria, verdad y justicia y el proceso de búsqueda no se van a detener nunca”.

Del acto también participaron el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis; el ministro de Transporte provincial, Jorge D’Onofrio; el presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof; y el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, entre otros.

La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al Gobierno nacional que deje sin efecto la aplicación del decreto que les quita los subsidios a los servicios de luz y gas a los usuarios de ingresos bajos y medios.

“Es una medida que provoca que miles de usuarios caigan en lo que se llama pobreza energética, ya que quedan totalmente desamparados a la hora de pagar las facturas, lo que en un contexto de crisis y aumentos generalizados es la peor situación posible”, alertó el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En su reclamo, el organismo también le solicitó a la Secretaría de Energía que informe la cantidad de usuarios que serían alcanzados por este esquema, que nivela desde junio a los de ingresos bajos y medios (N2 y N4) con los de ingresos altos (N1).

“Entendemos la realidad del sistema energético, pero siempre pedimos que las tarifas sean racionales y proporcionales para que las personas no sean la única variable de ajuste, sobre todo en un contexto en que la economía familiar está en jaque”, finalizó Lorenzino.

Con el decreto que rechaza la Defensoría, el Ejecutivo nacional busca reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas para “trasladar los costos reales” a los usuarios. La medida se aplicará desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre y podrá ser prorrogada una única vez.

Camila Santoro, delegada de la Defensoría del Pueblo bonaerense, reveló la diversidad de áreas en las que la institución interviene en Tandil. Desde cuestiones de servicios públicos hasta temas de transporte, salud y previsional, la Defensoría se involucra en una amplia gama de problemáticas.

“Son bastante variadas las consultas que tenemos y, en ocasiones, lo que hacemos son derivaciones a distintas áreas si entendemos que no somos competentes o que la intervención viene por otro lado”, refirió en diálogo con El Eco Multimedios.

En ese sentido, enfatizó la importancia del diálogo para resolver conflictos y, específicamente, mencionó la colaboración con la Defensoría Oficial para superar trabas administrativas y obtener respuestas rápidas, así como la derivación de asuntos relacionados con obras sociales nacionales a la Defensoría Federal.

“En la Defensoría Oficial pueden llegar a hacer algunos amparos, entonces solemos derivar. Además, también compartimos edificio con la Defensoría Federal, a quienes les derivamos casos de obras sociales, que son las consultas que más estamos teniendo hoy en día”, expuso.

Entre las problemáticas más comunes, de acuerdo a lo detallado por Santoro, se encuentran los incumplimientos en autorizaciones médicas, entregas de medicamentos y prácticas médicas. La Defensoría local intenta gestionar estas cuestiones a nivel municipal y, en caso de no lograr avances, las remite a La Plata para una intervención más directa.

En cuanto a transporte, la tarifa no ha sido un tema de consulta relevante, pero la Defensoría acompaña a los ciudadanos en descargos por multas interprovinciales y nacionales, especialmente en el contexto de renovación de licencias de conducir.

“De transporte, puntualmente, lo que es la tarifa no hemos tenido mayores consultas. Sí por ahí en cuestiones de multas interprovinciales y algunas nacionales. En esos casos acompañamos a los vecinos en cuanto a los descargos que se pueden hacer, cómo se pueden hacer y cómo pueden acceder a algunas cuestiones, más que nada cuando van a renovar el carnet y se encuentran con que no pueden hacerlo porque tienen algunas multas”, explicó.

Santoro también mencionó la postura de la Defensoría respecto a los aumentos tarifarios, subrayando la importancia de las audiencias públicas para informar a la ciudadanía y permitir que expresen su opinión. 

“Guido Lorenzino, que es nuestro defensor del Pueblo, sea proclamado, se ha opuesto a estas a estos aumentos. Y la realidad es que, para quienes por ahí no saben, quienes brindan un servicio público tienen la obligación constitucional de hacer audiencias públicas para que representantes y ciudadanos estén al tanto de qué tipo de tarifas son, cómo van a ser esos aumentos y para que la ciudadanía, además de informarse, pueda dar su opinión al respecto”, declaró la delegada de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

Aunque los aumentos no han generado consultas directas hasta el momento, se espera un impacto significativo en los bolsillos de las familias y los productores de la provincia de Buenos Aires, por lo que también se aguarda por un incremento en las demandas del organismo.

“Por el momento no han llegado consultas de qué hago con esta boleta o que no la puedo pagar, pero sabemos que es posible que pueda llegar a suceder”, reconoció Santoro.

Para abordar estas problemáticas, la Defensoría promueve el acceso al Registro de Acceso a la Capacidad Económica (RACE), que ayuda a segmentar las tarifas según los ingresos de los usuarios, garantizando una evaluación justa por parte del Estado.

“Lo que sí hacemos nosotros es que la ciudadanía sepa que existe el RACE, que es un registro al cual uno puede acceder y donde se vuelca información de algunas cuestiones como los ingresos que uno tiene, si alquila, si es propietario, qué tipo de bienes posee y, con base en eso, se hace una segmentación, en la que hay tres niveles”, contó y completó: “Depende el nivel de ingresos que se tenga, se hace una evaluación -que la realiza el mismo Estado- en este caso para segmentar el nivel y, a partir de allí, determinar la tarifa. Nosotros acompañamos en esa gestión porque por ahí hay muchos que todavía no están registrados y es importante que estén allí”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó una demanda para que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) y cooperativas eléctricas de la Provincia garanticen en forma ininterrumpida la continuidad del servicio eléctrico en las localidades de Ranchos, Brandsen y Saladillo.

En el caso CAMMESA, el organismo que conduce Guido Lorenzino solicitó que se abstenga de reclamar el pago judicial de la energía suministrada a las cooperativas demandadas, manteniendo el normal y regular despacho de energía.

"La energía no es un privilegio ni constituye un bien sobre el que se pueda elegir entre consumir o no, estamos hablando de un derecho que el Estado debe garantizar”, aseguró Lorenzino.

La interrupción del suministro eléctrico generaría un grave perjuicio a los usuarios y usuarias, entre los que se encuentran personas con alto grado de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, electrodependientes, niños, niñas y adolescentes, y ancianos.

La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó un relevamiento de comercios y productos y determinó que este año amar una canasta escolar con 35 artículos, entre los que se encuentran útiles e indumentaria escolar, aumentó un 450 por ciento respecto al año anterior.

El organismo que conduce Guido Lorenzino tomó como referencia los precios de febrero y los comparó con el mismo mes del año pasado, y mostró que los rubros que más aumentaron fueron los de útiles escolares (502 por ciento), zapatillas deportivas escolares (438 por ciento) e indumentaria escolar (380 por ciento). 

Al poner la lupa sobre cuáles fueron los productos que más subieron, el podio lo conforman el lápiz de grafito de primera marca, con un incremento del 869 por ciento; el papel glacé de 10 hojas comunes, con una suba del 818 por ciento; y el cuaderno forrado de 48 hojas Éxito tapa dura, con un aumento del 732 por ciento. En tanto, el precio de un guardapolvo blanco varió un 380 por ciento.

El costo de armar la mochila

El informe de la Defensoría también mostró lo que cuesta armar una mochila, teniendo en cuenta la variedad de productos y los precios existentes en el mercado.

En este sentido, una mochila con productos básicos y económicos ronda en febrero los 46.633 pesos. En cambio, una con artículos más caros puede llegar a costar hasta 175 mil pesos.

Una familia nuclear, con dos hijos en edad escolar, necesita 233.600 pesos en febrero para hacer frente al inicio de clases, esto si decide comprar productos de los más económicos, entre mochila, útiles e indumentaria. En cambio, si se inclina por artículos más caros, puede llegar a tener que gastar hasta 493.736 pesos.

Qué recomienda la Defensoría

La Defensoría del Pueblo bonaerense expresó que existe una marcada disparidad de precios para un mismo producto, lo que sumado a la existencia de una información asimétrica entre formadores de precios y consumidores o consumidoras, expone a éstos a ser víctimas de elevados aumentos por parte de ciertos comercios al no existir precios de referencia.

Ante esto, el organismo recomendó hacer una búsqueda activa de precios, informarse, hacer comparaciones y un análisis minucioso de los montos, además de  no sucumbir a publicidades confusas. 

“Es necesario informarse, comparar y no dejarse engañar, adoptando un enfoque consciente y crítico frente a las decisiones de compra en este contexto económico desafiante”, expresó Lorenzino.

La Defensoría del Pueblo bonaerense participó de audiencia pública realizada por el Gobierno nacional para analizar el nuevo cuadro tarifario del servicio del gas y rechazó los aumentos propuestos por considerarlos “irracionales y abusivos”.

Así lo aseguró Gastón Arias, el secretario de Servicios Públicos del organismo que conduce Guido Lorenzino, quien planteó que la subas planteadas de al menos el 400 por ciento para el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) y de hasta el 1.700 por ciento para el interior de la provincia son “inviables”.

“Es inviable, irracional e inverosímil que una persona pague por lo menos cinco veces más el gas. Son cifras astronómicas y sin precedentes, ya que afectaría en algunos casos el total de los ingresos de los usuarios”, indicó Arias.

Tras la audiencia convocada por el Enargas, la Defensoría rechazó que las tarifas promedio terminen ubicándose en el orden de los 150 dólares, tal como lo buscan las empresas con la venia del Gobierno, ya que esas son cifras apenas alcanzadas por el salario mínimo vital y móvil.

“No podemos aceptar que nos impongan tarifas impagables en los servicios esenciales. Va a ser un escenario explosivo en los próximos dos o tres meses porque el impacto será fenomenal en los bolsillos de los ciudadanos”, expresó el secretario de Servicios Públicos de la dependencia bonaerense.

En esa línea, también cuestionó que la audiencia pública no haya sido vinculante y aseguró que “la Defensoría va a tomar todas las medidas necesarias para proteger y cuidar a los bonaerenses”.

El planteo del organismo va en consonancia con la postura del Foro Bonaerense de Servicios Públicos, que convoca el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis.

La Defensoría del Pueblo bonaerense participó de audiencia pública realizada por el gobierno nacional para analizar el nuevo cuadro tarifario del servicio del gas, y rechazó los aumentos propuestos por considerarlos “irracionales y abusivos”.

Así lo aseguró Gastón Arias, el Secretario de Servicios Públicos del organismo que conduce Guido Lorenzino, quien planteó que la subas planteadas de al menos el 400% para el AMBA y de hasta el 1.700% para el Interior de la Provincia son “inviables”.

“Es inviable, irracional e inverosímil que una persona pague por lo menos cinco veces más el gas. Son cifras astronómicas y sin precedentes, ya que afectarían en algunos casos el total de los ingresos de las y los usuarios”, indicó Arias.

Tras la audiencia convocada por el Enargas, la Defensoría rechazó que las tarifas promedio terminen ubicándose en el orden de los 150 dólares, tal como lo buscan las empresas con la venia del gobierno, ya que esas son cifras apenas alcanzadas por el salario mínimo vital y móvil.

“No podemos aceptar que nos impongan tarifas impagables en los servicios esenciales. Va a ser un escenario explosivo en los próximos dos o tres meses porque el impacto será fenomenal en los bolsillos de las y los ciudadanos", expresó Arias.

En esa línea, también cuestionó que la audiencia pública no haya sido vinculante y aseguró que “la Defensoría va a tomar todas las medidas necesarias para proteger y cuidar a las y los bonaerenses".

El planteo del organismo va en consonancia con la postura del Foro Bonaerense de Servicios Públicos, que convoca el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a cargo de Gabriel Katopodis.

El defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, presentó un amparo contra el Estado nacional para que se declare la “inconstitucionalidad y la nulidad absoluta” del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23 porque se dictó “con el objetivo de eludir la participación del Congreso de la Nación”. Además, “viola la separación de poderes y el orden democrático”.

“La decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de modificar aproximadamente 300 leyes, algo expresamente prohibido por el artículo 99 de la Constitución Nacional, nos pone ante una situación institucional grave, inédita, excepcionalísima para uno de los pilares de nuestra Constitución: la forma republicana de gobierno”, manifestó el  funcionario bonaerense. 

El objeto de la presentación judicial se basa en velar por la vigencia absoluta de la Constitución Nacional, reafirmando que el DNU pone en peligro el derecho fundamental al mantenimiento de la misma. 

El decreto 70/23 es “manifiestamente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo usurpó atribuciones por fuera de las causas expresa y restrictivamente” enumeradas por la Constitución: “Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia solamente cuando circunstancias excepciones hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen material penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”. 

Además, “viola de modo flagrante los presupuestos y las condiciones constitucionales de emisión. La inconstitucionalidad resulta patente, evidente o manifiesta por cuanto no exige medidas de prueba para comprobar la falta de adecuación del mismo con las reglas y principios fijados expresamente por la Constitución”.

En este marco, el defensor del Pueblo encuentra su legitimación en el artículo 55 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires y es el representante “adecuado” porque tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y colectivos de los habitantes del territorio bonaerense, los cuales “se ven afectados por los múltiples temas que aborda este DNU”.

Las claves de la presentación

En cuanto a los ejes de la presentación para que se declare la inconstitucionalidad y nulidad del DNU, citaron que “es inconstitucional porque se dictó por meras razones de conveniencia y con el objetivo de eludir la participación del Congreso”; para “atender cuestiones permanentes y no meramente coyunturales o transitorias”; “viola la separación de poderes, así como el orden democrático en tanto suprime la función del Congreso Nacional”.

Además, es “irrazonable y arbitrario por cuanto, en un solo decreto legislativo, ha derogado y modificado leyes que corresponden a las más variadas materias”; el decreto “no demuestra ni acredita que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor;  y “no se justifica en cada una de las múltiples materias reguladas que exista urgencia objetiva que deba ser solucionada inmediatamente”.

Por otro lado, la “prueba inequívoca de que el Congreso está en condiciones de reunirse es que el 21 de diciembre se convocó a sesiones extraordinarias”; y los considerandos del DNU “sólo contienen un diagnóstico de la situación del país y un pronóstico de las calamidades que habría que esperar, pero nada dice de las exigencias de la Constitución para dictar un DNU, la imposibilidad de acudir al Congreso y la justificación de la necesidad y la urgencia”; y el Poder Ejecutivo “así, por mandato celestial o divino, se constituye en una super-legislatura unipersonal”.