El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que se le abonaba a las empresas de transporte de larga distancia para cubrir los pasajes gratuitos de personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por la normativa.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Transporte a través de la resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial. El documento aclara que el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) “permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas”.

En este sentido, el Gobierno puntualizó que “el eventual impacto económico de la decisión se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados”.

En diálogo con el ciclo Plataforma Magazine (EcoTV y 104.1 Tandil FM), la defensora del Pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, analizó el impacto de la decisión administrativa del Gobierno nacional y puso el foco en una normativa que generó una alerta en todas las defensorías del país nucleadas en la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA). 

Una resolución “muy regresiva”

Según detalló la abogada ante El Eco Multimedios, esta medida se apoyó en el decreto 883 del 2024, que estableció la desregulación del transporte interjurisdiccional, otorgando mayor libertad a las prestadoras para fijar rutas y precios. Bajo este nuevo esquema, el Ejecutivo nacional determinó que sean las propias empresas las que absorban los costos de la gratuidad.

“Vemos esta resolución muy regresiva porque, si bien el derecho sigue siendo obligatorio, nos preocupa que se transforme en un vaciamiento del sistema”, expresó Lafourcade.

La defensora recordó que el esquema actual establece un cupo de hasta dos pasajes por colectivo que cuente con entre 50 y 54 plazas. “El esquema no cambió en cuanto a la gratuidad para las personas con discapacidad”, resaltó, pero aclaró que ahora será absorbido “por la empresa y no por el Estado”.

Luego, alertó que el sistema presentaba dificultades y quejas constantes por parte de los usuarios, que se encontraban con la negativa de las empresas bajo la excusa de la falta de asientos disponibles.

El temor es que, al no recibir ya el subsidio estatal, las compañías agudicen estas restricciones, convirtiendo un derecho legal en algo de “imposible obtención” en la práctica cotidiana. “De nada sirve un derecho declamado si no  se puede utilizar”, enfatizó.

Más consideraciones

En otro pasaje de la entrevista, Lafourcade subrayó que el uso de estos pasajes en su gran mayoría responde a necesidades de salud y tratamientos médicos de alta complejidad.

“La mayoría de las personas con discapacidad que lo utilizan lo hacen por cuestiones médicas y de salud”, afirmó y detalló que deben trasladarse a centros médicos de alta complejidad, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para recibir la asistencia o tratamientos adecuados.

Ante esta situación, la funcionaria instó a la comunidad a no claudicar en sus derechos. En caso de que una empresa niegue un pasaje a una persona que cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el primer paso es realizar el reclamo formal ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).

Lafourcade sugirió que el trámite se realice a través de la página web oficial del organismo nacional, pero solicitó que los vecinos también hagan llegar una copia de esa denuncia a la sede local de la Defensoría del Pueblo.

“Necesitamos tener un monitoreo real de lo que está sucediendo en Tandil”, explicó. La intención del organismo local es conocer si existen sanciones y multas ante los incumplimientos y cómo actuará ante las previsibles dificultades que traerá la nueva resolución. “Las dificultades siempre han sido recurrentes con este sistema y se va a agudizar”, alertó.

Para facilitar esta comunicación, los afectados pueden escribir al correo electrónico defensoría@defensoriadelpueblotandil.gob.ar, contactarse a través de las redes sociales o dirigirse personalmente a la oficina de Maipú 253, de lunes a viernes en el horario de 8 a 14.

Finalmente, la defensora adelantó que el organismo se encuentra trabajando en un informe sobre la situación de las pensiones no contributivas, otro tema que genera inquietud en el sector.

Este jueves 7 de mayo, entre las 10 y las 12, la Defensoría del Pueblo de Tandil atenderá consultas y reclamos en la Biblioteca Popular Sarmiento (Quintana 450).

La actividad se desarrollará en el marco del Programa de Información Ciudadana  de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y del acuerdo de cooperación firmado entre las dos entidades de Tandil.

Según el convenio, los primeros jueves de cada mes la Defensoría del Pueblo local ofrecerá una atención descentralizada, de manera gratuita, a quienes se acerquen a la institución de Villa Italia a realizar consultas y reclamos.

El acuerdo fomenta el acceso a derechos, información ciudadana y asesoramiento en temas como estafas, salud e igualdad.

La problemática de las estafas virtuales ha escalado de forma preocupante en el último tiempo, afectando a ciudadanos de todos los rangos etarios sin distinción. En su reciente participación en el programa Plataforma Magazine (Eco TV y Tandil FM 104.1), la defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, abordó esta temática con el objetivo de brindar herramientas de prevención y acción ante delitos que se encuentran tipificados en el Código Penal.

Lafourcade subrayó que la estafa es un engaño donde una persona promete un beneficio imposible de cumplir para obtener un rédito económico. "Hemos recibido muchísimas consultas y hay que entender que aquí ya no hay un vínculo entre una empresa y un consumidor, sino que es un delito", precisó. En este sentido, destacó que los estafadores demuestran una gran inteligencia para cambiar las modalidades permanentemente, adaptándose a la agenda pública, como ocurre actualmente con los turnos para la vacunación antigripal o supuestas comunicaciones del Ministerio de Salud.

Uno de los puntos de mayor vulnerabilidad se encuentra en las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Lafourcade advirtió sobre los mensajes de urgencia provenientes de supuestos familiares que solicitan dinero o transferencias en moneda extranjera. Asimismo, puso el foco en las compras digitales realizadas a través de enlaces que imitan sitios oficiales. "Si ese sitio no tiene políticas de devolución o el link es dudoso, seguramente es un sitio falso", advirtió, instando a los vecinos a no proporcionar datos ante publicaciones en plataformas como Facebook o Instagram que redirigen automáticamente a un chat de WhatsApp.

Durante la entrevista, se profundizó en una de las maniobras más frecuentes y dañinas: el uso de los DEBIN (Débito Inmediato). Lafourcade aclaró una confusión común que suele ser la trampa para las víctimas. "Con el DEBIN yo estoy enviando dinero desde mi cuenta, no recibiéndolo", explicó. Esta herramienta, utilizada por delincuentes, permite vaciar cuentas bancarias en solo cinco minutos si el usuario autoriza la operación bajo engaño.

La recomendación ante estos casos es tajante y consiste en jamás proporcionar claves, pines ni códigos de seguridad, ya que ninguna entidad bancaria ni organismo oficial los solicitará por teléfono o correo electrónico. "No hay que ingresar a enlaces desconocidos ni redireccionarse a páginas que pidan datos de homebanking", enfatizó la titular de la Defensoría del Pueblo. Además, mencionó que se han detectado estafas vinculadas a la compra de entradas para espectáculos y turnos para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde los sitios fraudulentos suelen aparecer en los primeros resultados de búsqueda.

Para aquellos casos donde el engaño ya se ha producido, o ante un consumo por error, existe el botón de arrepentimiento. Esta herramienta, que cobró relevancia durante la pandemia, otorga al consumidor un plazo de diez días corridos para deshacer una operación, como puede ser la solicitud de un préstamo que el estafador gestionó a nombre de la víctima. "Es fundamental comunicarse con el banco de inmediato para detener el crédito o realizar un stop debit", explicó Lafourcade.

En el caso de las tarjetas de crédito, los usuarios cuentan con un período de 30 días desde la recepción del resumen para desconocer consumos no realizados. Sin embargo, la funcionaria insistió en que la rapidez es crucial, donde las primeras 24 o 48 horas son centrales para lograr rastrear el dinero antes de que se pierda el rastro en la red de transferencias.

Ante la consumación de una estafa, la Defensoría del Pueblo recomienda realizar la denuncia penal de forma inmediata. Los ciudadanos pueden acudir a la comisaría más cercana a su domicilio o utilizar los canales electrónicos del Ministerio Público Fiscal. Lafourcade insistió en la importancia de sacar capturas de pantalla de las conversaciones, de los enlaces sospechosos y de cualquier comprobante de transferencia, ya que estos elementos constituyen pruebas vitales para la fiscalía especializada en delitos cibernéticos.

Finalmente, se recordó que la oficina de la Defensoría del Pueblo, ubicada en Maipú 253, y la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), en Chacabuco 383, están disponibles para orientar a los damnificados. "Cualquiera puede ser víctima de una estafa. Por eso hay que estar muy atentos y no quedarse solo en la queja, sino realizar la denuncia respectiva para que estos delincuentes no actúen con impunidad", concluyó.

La Defensoría del Pueblo de Tandil elevó al Concejo Deliberante un informe en el que resume la gran cantidad de reclamos vecinales recibidos por el acceso al agua potable en la ciudad. Se trata de un exhaustivo relevamiento que no solo da cuenta de los principales casos, sino que insta al Municipio gestionar de manera activa y en conjunto con Nación y Provincia para extender la red, en particular en barrios populares.

Además, hace mención a la posibilidad de revisar el cálculo de facturación de la tasa afectada a la provisión de agua potable, así como también a la necesidad garantizar la provisión del camión aguatero y evaluar periódicamente quién accede a dicho servicio. Propone relevar las pérdidas existentes. sancionar en casos de derroches y señala la situación en torno al Balneario del Sol y el recambio del agua de las piletas.

El informe, firmado por la defensora Paula Lafourcade, surgió “en virtud de los reclamos y de variada naturaleza que año a año recibe esta Defensoría con respecto al suministro de agua potable en el Partido de Tandil”, y fue elevado “a fin de que contemple legislar al respecto políticas públicas abarcativas para permitir y promover el acceso responsable al servicio de agua potable en el Partido de Tandil”.

Como se sabe –y con mayor énfasis en temporada de verano-, las manifestaciones vecinales son reiteradas en Tandil. El Eco informó al respecto, entre otros por los casos de Valle del Lago –donde los vecinos denuncian que se quedan sin agua cada vez que comienza a funcionar el Balneario del Sol-, pero también de barrios populares como Tarraubella y otros como Villa del Lago, El Centinela y demás.

“Estos reclamos no han sido insignificantes ni aislados sino que, por el contrario, han sido constantes y reiterados en el tiempo por innumerables vecinos que se han acercado a nuestro organismo reclamando una solución a su situación, tanto de forma particular como colectiva, de falta de acceso a la red de agua potable”, marca en ese sentido el informe.

El informe elevado por la Defensoría al Concejo se estructura en cinco puntos principales. Las solicitudes de extensión de red, las del servicio del camión aguatero, la falta y baja de presión y de agua, las pérdidas y derroches y los pedidos de facturación. Además de dar cuenta de los reclamos, remarca que el acceso al agua potable consolida el desarrollo urbano y la integración comunitaria.

Sobre el pedido de extensión de red menciona casos en Los Charitos, Villa Gaucho, La Movediza 1, La Unión, Tarraubella, El Centinela, Entre Sierras, Valle y Villa del Lago, la avenida Don Bosco, y localidades rurales como Gardey.

En este punto,  el informe destaca que de acuerdo a la legislación vigente, y a recientes fallos al respecto –de la Corte Suprema-, “tutela del derecho al acceso al agua potable no es exclusivamente federal sino concurrente con el derecho público local”.

Dicha consideración tiene impacto en la ciudad en particular en los barrios populares, y en ese sentido hace referencia al fallo de la Corte sobre La Movediza II, donde el organismo determinó que rige la concurrencia de las responsabilidades del conjunto de instancias gubernamentales.

“La legislación tanto nacional como provincial aplicable dispone que es responsabilidad primaria del municipio de Tandil garantizar el acceso al agua potable para consumo e higiene personal”, indica el informe.

Pero lo elevado por la Defensoría da cuenta también de casos como el del barrio Entre Sierras, el cual “representa un claro y oportuno ejemplo de la necesidad de coordinar esfuerzos y recursos entre los distintos niveles de gobierno, toda vez que en el año 2023 se llevó allí adelante la realización de un pozo exploratorio a partir de la financiación de la Provincia de Buenos Aires”.

Sobre el financiamiento –uno de los elementos que las autoridades municipales suelen señalar como limitantes-, el informe hace referencia al “costo cubierto”, el trabajo compartido entre Municipio y vecinos, y los fondos tanto de Nación como de Provincia.

Ante casos en los que por diferentes motivos en los que vecinos no acceden al servicio, el Municipio cuenta con dos camiones aguateros para dar respuesta a la demanda. Debido a la política de cupos, desde la Defensoría registraron “situaciones en las que vecinos de una manzana son provistos de camión aguatero mientras que otros de la misma manzana, incluso linderos, no pueden acceder al servicio por falta de cupos”.

El organismo plantea la incorporación de más camiones, pero también una “re planificación previo mapeo”, y una “reevaluación social de los beneficiarios”, en miras de “una distribución más eficiente en términos témporo-espaciales, de manera que si hay distintos vecinos abastecidos dentro de una misma cuadra, lo sean todos en una misma oportunidad aprovechándose así los recursos dispuestos para la realización del viaje”. 

En este último aspecto, figura el ejemplo de Villa Cordobita, al cual menciona que le fue negado el suministro vía camión por falta de cupos, pero sí lo reciben sus vecinos de Entre Sierras.

El informe marca los numerosos reclamos recibidos por pérdidas de agua debido a diferentes motivos, entre otros las roturas ocasionadas por maquinarias que “demoran meses y hasta incluso años en ser reparadas”.

Pero también da cuenta del aumento de la demanda en temporada de verano, y en ese sentido señala que “respondería en algunos casos a razones suntuosas como el llenado de piletas (muchas veces indiscriminado)”. 

Pone como ejemplo “la situación de los vecinos de Valle del Lago y de Don Bosco quienes denuncian año tras año la actividad desplegada por el Balneario del Sol”.

Al respecto, amplía, “una situación de derroche, característica de la temporada estival y motivo de reclamo de los vecinos de la zona, es la actividad desplegada por el Balneario del Sol al vaciar diariamente o día por medio las piletas de su establecimiento, de grandes dimensiones y en número de seis, al mismo tiempo que los vecinos de la zona experimentan la escasez”.

Por otra parte, la Defensoría se refirió a la modalidad de cobro del servicio en la ciudad, a través de la Tasa de Servicio Sanitario, la cual depende en un 50 por ciento de los metros cuadrados del lote y los metros edificados. Sobre dicha tasa, el texto indica la necesidad de reconsiderar la revisión integral del sistema actual de cálculo.

“Esta Defensoría vería con agrado la posibilidad de que se expliquen las razones técnicas y operativas de dicho sistema de cálculo, y eventualmente la modificación”, indica el informe. 

“Debería componerse, al menos en su gran mayoría, por el consumo efectivo correspondiente a cada medidor y no por la cantidad de metros cuadrados del inmueble”, propone en función de avanzar, como en diversos lugares del mundo, en “sistemas de tarificación del agua basados en el consumo medido”.

Entre las conclusiones, el informe marca que el acceso al agua es uno de los derechos amparados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. Por tal motivo plantea la necesidad de “lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio que todos puedan pagar”.

En ese sentido, desde la Defensoría propusieron al Ejecutivo –y en particular a la Dirección de Obras Sanitarias-, el “proyectar políticas públicas abarcativas para coordinar esfuerzos y recursos que garanticen el suministro de agua potable y promuevan el uso responsable del recurso en todo el Partido de Tandil”, así como también dar impulso y celeridad a los proyectos de extensión de la red de agua potable, en particular para las familias en situación de alta vulnerabilidad social.

Además, gestionar con los distintos niveles de gobierno para coordinar esfuerzos y aunar los recursos en pos de ampliar el acceso al servicio, y que se posibilite “un mayor abastecimiento mediante la alternativa de camión aguatero”, también priorizando familias vulnerables.

En la misma línea solicitó que desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat se lleve a cabo una evaluación socioambiental entre los vecinos que requieran con mayor urgencia el abastecimiento, que se optimice la infraestructura existente de cara a la temporada estival, que se realice un relevamiento de pérdidas, y que la Dirección de Rentas  intime bajo apercibimiento de sanción a quienes cuenten con instalaciones clandestinas, así como también que dicha área reestructuren –en caso de corresponder- “los criterios de tributación aplicados al servicio sanitario bajo el parámetro del principio de la equidad tributaria”.

El informe presentado por la Defensoría del Pueblo al Concejo Deliberante hace mención en reiteradas ocasiones a la situación en torno al Balneario del Sol y su impacto en el suministro de agua de los barrios linderos, en particular Valle del Lago.

Como se sabe, los vecinos del lugar reiteran cada año –durante el verano-, que el recambio constante de agua de las piletas afecta el acceso al servicio, dejando sin presión a gran parte de los frentistas.

Por tal motivo, desde el organismo municipal instan a que el Ejecutivo y la Dirección de Obras Sanitarias, “junto con el área de Coordinación de Concesiones brinden la debida información y fiscalización respecto al funcionamiento del Balneario del Sol, tomando la debida intervención a los fines de evitar los vaciamientos periódicos y frecuentes de las piletas que integran el complejo, evitando derroches”.

La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside Carolina Yutrovic (UxP), mantuvo ayer una reunión informativa que contó con la participación de intendentes, funcionarios, defensorías del pueblo, referentes de asociaciones de consumidores con el objetivo de abordar las modificaciones en el Régimen de Zonas Frías que propone el proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

La defensora del Pueblo de Tandil Paula Lafourcade formó parte de la audiencia junto a otros integrantes de Adpra para respaldar la continuidad del “derecho esencial” al subsidio de Zona Fría frente a la eliminación de la ampliación del régimen.

En su exposición, resaltó la importancia de mantener el sistema y aseguró que avanzar en su eliminación será un “retroceso de nuestros derechos” ya que el subsidio proporciona calidad de vida para los vecinos.

Destacó también que su implementación, en 2021, permitió corregir una “desigualdad estructural” que afectó a quienes habitan en regiones con inviernos “más crudos” en contraste con aquellas zonas del país donde el clima es más benigno.

Como argumento, señaló que Tandil se encuentra dentro del ranking de las 10 ciudades más frías de la República Argentina según el Servicio Meteorológico Nacional, en función de su amplitud térmica.

Y planteó que el subsidio al gas se traduce en mejoras en la calidad de vida de sus habitantes, pero también en un alivio para los efectores de salud al verse “disminuidas las demandas por enfermedades respiratorias” que afectan a la población.

El enfoque

En su exposición, la defensora del Pueblo de Tandil Paula Lafourcade agradeció la invitación cursada para debatir un tema que “no es menor” y del que fue testigo en 2021 durante la discusión que derivó en la sanción de la Ley 27.637 tras una “histórica y larga lucha” de distintos actores de las ciudades que integraron la ampliación de la Zona Fría.

“No debemos perder de vista que estos descuentos que forman el fondo fiduciario tienen un hecho objetivo: bajas temperaturas”, planteó e insistió en su relación con los datos que registran las zonas incluidas.

Observó que la ampliación de la ley de Zona Fría fue “fruto de este federalismo de concertación, energético”, que atiende las “diferencias” en la amplitud térmica.

También mencionó que Tandil es una de las diez ciudades “más frías” del país en virtud de las temperaturas que marca durante el invierno. Por eso, a partir de este dato, rechazó que se trate de “un lujo” para señalar que es “un derecho esencial”.

Alertó que los artículos 71  y 72 incluidos en el proyecto de presupuesto 2026 que apuntan a la derogación de la ampliación del régimen de zonas frías “no fueron visibilizados lo suficiente” y enfatizó que “estamos para ponerle cara al reclamo”.

“El peso del ajuste va a tener un impacto regresivo en nuestras ciudades que no debemos permitir”, insistió Lafourcade, que afirmó que “estamos para luchar por la Zona Fría y por mantener el subsidio”.

Para cerrar, apuntó contra los “detractores” del sistema en cuanto a sus consideraciones sobre la existencia de usuarios con pileta climatizada y respondió: “Díganme si Tandil, que tiene 55 mil usuarios tiene 55 mil piletas climatizadas” y que por ese motivo “no merece estar incluida en el régimen de zona fría”.

“Lo que buscamos es la progresividad de los derechos; vivimos a diario las dificultades que tienen los vecinos a la hora de pagar las facturas, entonces no podemos agregarle un costo más”, remató.

Por eso, llamó a “garantizar que las temperaturas extremas no sean una situación de vulnerabilidad social sino de protección y de equidad. Los derechos son para ser progresivos, nunca regresivos”.

Las exposiciones

La presidenta de la comisión, Carolina Yutrovic destacó que “en su origen, la ley de zonas frías amplió el derecho de usuarios a tener una tarifa diferenciada de gas, es decir, garantizarles un trato equitativo”.

Por su parte, Claudia Bard, defensora del Pueblo de Chubut y vicepresidenta de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra), reconoció que “ve con preocupación la posibilidad que se modifique el régimen de zona fría” y alertó que en la Patagonia es “imposible que vivamos sin calefacción y la quita de subsidios incrementa el consumo eléctrico que es muy costoso”.

En representación de los municipios, Nelson Sombra y Maximiliano Wesner, intendentes de Azul y Olavarría, respectivamente, coincidieron en expresar su preocupación por el impacto de las modificaciones al Régimen de Zonas Frías que prevé el Presupuesto 2026.

A su turno, Federico Basualdo, exsecretario de Energía y expresidente de YPF Gas, criticó la modificación del Régimen de Zonas Frías y explicó que “la ley de zona frías amplió el régimen patagónico e incorporó a dos millones de usuarios, y se financia con un fideicomiso que aporta la demanda, con lo cual, la reducción de subsidios no aplica”.

Además, participaron del debate la directora de Defensa al Consumidor de La Pampa Florencia Rabario; la defensora del Pueblo de San Luis, Julia Moyano Mendoza; el presidente de Deuco, Pedro Bussetti; el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci; la concejal de Villa La Angostura, María Eugenia Mesa; el director del Instituto Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, entre otros.

Luego de que el Municipio de Tandil, junto con la Defensoría del Pueblo local y el apoyo de diversas organizaciones relacionadas a la seguridad vial, lograran que un reclamo histórico de la ciudad a las autoridades nacionales fuera oído, se logró que se incluya la semaforización del tramo urbano de la Ruta Nacional 226 en los pliegos para obras viales.

En esa línea, y mientras se aguarda por el inicio de las obras, que podría extenderse por varios años, el organismo estatal colocará en todas las rotondas que se encuentran en el tramo de 17 kilómetros de zona urbana, diferentes carteles de señalización para optimizar el flujo de tránsito y ordenar las prioridades de pasos.

La ONG Estrellas Amarillas compartió este viernes el mapa con los sitios en donde será ubicada esta cartelería, las cuales llevarán a un proceso de reordenamiento y concientización de los conductores que usualmente circulan por esta arteria.

“Dado que las rotondas actualmente son áreas con gran flujo de vehículos, bicicletas y peatones, conducir con respeto y atención es fundamental para evitar siniestros viales y mejorar la convivencia vial”, señalaron desde la entidad.

A un mes y medio del operativo que despejó las banquinas de la Ruta Nacional 226 de puestos de venta ambulante y vehículos, la Fiscalía Federal con sede en Tandil declaró la inexistencia de delitos de índole federal, y -sin desconocer la problemática de la traza urbana de la ruta-, consideró que los hechos registrados fueron infracciones a la Ley de Tránsito. Por tal motivo desestimó la denuncia presentada por la Defensora del Pueblo Paula Lafourcade, e instó al Municipio y a otros organismos de gobierno a intervenir para generar una “solución integral” en el materia vial en el lugar.

“Declarar la inexistencia de delito en las presentes actuaciones, en razón de no configurarse ninguno de los tipos penales previstos en el Código Penal, particularmente el artículo 181 y 194 del mismo y, en consecuencia, desestimar la denuncia que originó el caso”, señala el texto firmado por el fiscal subrogante Marcos Silvagni.

La resolución de la Fiscalía resuelve poner en conocimiento a la denunciante -la mencionada Lafourcade, así como también remitir copia a la Municipalidad, a Gendarmería Nacional, al Ministerio de Seguridad provincial y a la empresa Corredores Viales.

Cabe recordar, fue la defensora del pueblo de Tandil quien elevó la denuncia a la Justicia Federal. Lo hizo luego de recibir un reclamo de la Cámara Empresaria y quejas de vecinos de la ciudad por la presencia de puestos de venta ambulante, así como también camiones y acoplados estacionados de manera irregular y constante sobre la banquina de la Ruta 226. A raíz de dicha denuncia, la Fiscalía ordenó a Gendarmería el accionar en la zona.

El operativo de “Despeje total” -así lo denominaron los efectivos presentes-, se llevó a cabo el pasado 1 de julio y estuvo a cargo del Escuadrón de Seguridad Vial de Balcarce de la mencionada fuerza. Los “paperos” fueron intimados a retirarse, así como se labraron infracciones a vehículos estacionados de manera irregular. Desde entonces, no se registró el retorno de los vendedores, e Inspección Municipal labró más de 30 notificaciones para las que se evalúa la modalidad de sanción.

En ese marco, la Fiscalía Federal emitió la resolución en base a los resultados que arrojó el operativo de julio.  Consideró que no existió delito de índole federal y que “la situación constatada, en cambio, revela un uso no autorizado y transitorio de la zona de camino, cuya eventual reprochabilidad corresponde exclusivamente al ámbito de las infracciones administrativas, sin proyección penal alguna”.

El texto del fiscal Silvagni traza un repaso por la causa desde la denuncia de Lafourcade al presente, y menciona denuncias previa de la Defensoría a Vialidad Nacional por el mismo tema. En cuanto a las medidas instructorias pedidas por Fiscalía, la resolución hace referencia a que requirió las actuaciones a la fecha tanto a Vialidad Nacional como a la empresa Corredores Viales y al Municipio.

La Municipalidad -señala-, remitió la actuación labrada por Bromatología en el 2023, donde se constató la presencia de 8 puestos de venta ambulante sin la habilitación ni inscripción sanitaria correspondiente. La Comuna también entregó la presentación efectuada en la audiencia pública a la que asistió para solicitar que se incluyan obras en el nuevo pliego de licitación.

Sobre el operativo del 1 de julio pasado, el texto de Fiscalía indica que se identificó a dos personas que tenían puestos de venta ambulante, y se labraron infracciones a los titulares de dos remolques o acoplados que no se encontraban presentes en el momento. Una inspección posterior de Gendarmería determinó que ya no se registraban puestos de venta, pero sí presencia de maquinarias agrícolas en el bulevar ubicado entre la ruta y las colectoras.

La hipótesis inicial de investigación fue por la presunta afectación de la circulación en la 226, de acuerdo al delito previsto en el artículo 194 del Código Penal de la Nación. El mismo exige una obstrucción efectiva del tránsito y -explica el texto firmado por el fiscal- “la mera presencia de personas o estructuras en zonas aledañas, sin afectar la calzada ni la circulación fluida de los vehículos, no alcanza para configurar el supuesto penal previsto”. Al respecto, aclara de acuerdo a las pruebas recabadas, que ni los puestos ni los vehículos concretaron dicha interrupción.

“Tampoco se ha configurado en autos la figura penal de usurpación prevista en el artículo 181 del Código Penal, conforme fuera señalada en la denuncia que originó la presente investigación, por cuanto las conductas verificadas —instalación de puestos de venta ambulante y permanencia de vehículos o estructuras sobre la zona de camino— no se corresponden con una acción típica de despojo”, indica la resolución judicial.

Sin constatar la interrupción de la ruta -revela la resolución judicial-, lo registrado tras el operativo fueron situaciones enmarcadas en “un uso no autorizado y transitorio de la zona de camino, cuya eventual reprochabilidad corresponde exclusivamente al ámbito de las infracciones administrativas, sin proyección penal alguna”.

Tal fue el motivo principal para establecer la desestimación de la denuncia “por inexistencia de delito” en materia penal y de jurisprudencia federal. Sin embargo, agrega el texto, “efectivamente sí se ha constatado la comisión de distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito”.

En ese aspecto hace mención a que las autoridades de aplicación de tal normativa son los organismos nacionales, provinciales y municipales, así como también a que las funciones de prevención y control en rutas nacionales se encuentran a cargo de Gendarmería Nacional y Agencia de Seguridad Vial.

“Por su parte, al Municipio de Tandil también le corresponden funciones en materia de prevención, colaboración y denuncia ante la constatación de situaciones que afecten la seguridad del tránsito en dicho corredor vial. Tal intervención municipal —si bien limitada en cuanto a la potestad de sanción directa sobre rutas nacionales— se inserta dentro del sistema de cooperación interjurisdiccional previsto en la Ley Nacional de Tránsito y su adhesión provincial, en tanto las autoridades locales deben articular mecanismos de control y canalización de infracciones detectadas, formulando las denuncias y reportes correspondientes a los organismos competentes, como así también colaborando en la gestión de medidas preventivas inmediatas cuando las circunstancias lo exijan”, precisa la resolución.

Por tal motivo, considera, “la actuación administrativa, contravencional o sancionatoria que corresponda frente a las infracciones constatadas deberá canalizarse por las vías administrativas pertinentes; esto es, ante la autoridad de aplicación competente en cada caso concreto, no correspondiendo la intervención de esta Sede Fiscal sobre este aspecto en razón de la inexistencia de ilicitud penal”.

La Fiscalía Federal con sede en Tandil señala además que de acuerdo a lo recabado, existen con prolongación en el tiempo recurrentes situaciones de infracción a la Ley de Tránsito que inciden en la seguridad vial, en particular en las rotondas.

“En este marco, se estima indispensable que se propicie la búsqueda de una solución integral al conflicto, mediante la acción coordinada y mancomunada de todos los actores con competencia en la materia, tanto los organismos encargados de la prevención y control del tránsito como el propio Municipio de Tandil. Tal coordinación debe orientarse a preservar en condiciones de seguridad no sólo la calzada principal y las vías de emergencia (banquinas), sino también la totalidad de la infraestructura que integra la red vial nacional, incluyendo las vías colectoras y el espacio verde central (bulevard). Este último, conforme lo ha destacado la autoridad competente, reviste importancia vital para la seguridad vial por su función en el escurrimiento de aguas pluviales, dado que en él se emplazan los sistemas de desagüe destinados a tal fin”, concluye la resolución de Fiscalía.

El anuncio difundido por la agrupación Estrellas Amarillas sobre la posible incorporación de un plan de semaforización en el tramo urbano de la Ruta Nacional 226 generó repercusiones en la ciudad.

Mientras se esperan novedades oficiales sobre el tema, la ONG lanzó un comunicado en el que anticipó que el proyecto de concesión que impulsa el Gobierno nacional podría incluir en los pliegos licitatorios para el Tramo Atlántico como “obra nueva obligatoria” la semaforización del trayecto urbano de la 226, una medida que había sido planteada en 2022 por ingenieros de la exVialidad Nacional.

La Defensoría del Pueblo de Tandil a cargo de Paula Lafourcade se hizo eco del anuncio y valoró el posible avance, aunque señaló que todavía no hay confirmaciones oficiales ni detalles técnicos sobre cómo se aplicaría la semaforización ni si se sumarán otras medidas complementarias. “Ojalá la semana que viene se confirme la incorporación a los pliegos”, expresó la funcionaria en diálogo con El Eco Multimedios.

La publicación del anticipo de los pliegos no contempla intervenciones en los 17 kilómetros del tramo urbano que atraviesa la ciudad, lo que motivó la reacción de distintos sectores que expusieron una contundente demanda durante la audiencia pública del mes pasado.

Lafourcade destacó la semaforización como “un componente importante” dentro de las posibles soluciones. Además, advirtió que aún no hay confirmación sobre si se sumarán otras intervenciones como aperturas de calles laterales, algo que también contribuiría a una mejor circulación.

El comunicado de Estrellas Amarillas causó impacto dentro del debate en torno a la conflictividad en el tramo urbano de la 226 y renovó las expectativas sobre un posible abordaje estructural.

Expectativas

En diálogo con El Eco Multimedios, la defensora del Pueblo de Tandil Paula Lafourcade abordó la novedad, que surgió en respuesta a la contundente demanda por mejoras en la seguridad vial durante la audiencia pública que se celebró hace poco más de un mes.

Si bien reconoció que aún esperan mayores precisiones, que podrían conocerse la semana entrante, apuntó que la semaforización había sido una propuesta desarrollada por funcionarios de exVialidad hace tres años, por lo que desconoce si el enfoque contempla aperturas de calles laterales para contribuir en una “mejor circulación”.

No obstante, valoró que más allá de la problemática general, “la semaforización va a ser un componente importante”.

Tiempos

En primer lugar, la funcionaria deseó que “la semana que viene” finalmente se concrete la incorporación de la semaforización a los pliegos en los términos que anunció Estrellas Amarillas el miércoles por la noche a través de un comunicado.

Al abordar el tema, citó la audiencia pública que se celebró el pasado 11 de junio en San Miguel del Monte tras conocerse los detalles del abordaje preliminar para el tramo Atlántico y la inclusión de obras para un trayecto de la 226 que se extiende desde Balcarce hasta el acceso a Napaleofú.

Hasta ese momento, recordó, “no había ninguna obra para el tramo urbano" de Tandil, en referencia a los "17 kilómetros con cinco rotondas, ningún acceso, ni forma de seguridad vial para los tandilenses y para todos los que la recorren”.

En virtud de esta circunstancia, y del impacto que tuvo la sumatoria de distintas voces que formaron parte del reclamo, consideró que “si se lograron las cosas o se van a lograr es por la unidad de Tandil”, que unificó su voz “bajo un mismo reclamo, sin colores políticos y con una necesidad marcada de evitar accidentes viales”.

“Esperemos que la semana que viene se incluya en los pliegos esta posibilidad”, en alusión a la semaforización que planteó Estrellas Amarillas, dado que hubo otras alternativas en estudio durante el abordaje de la problemática vial. De todos modos, valoró que se trata de una opción que en ciudades como Neuquén “dio buen resultado y bienvenido sea porque lo que pedíamos era obras”.

En ese sentido, observó que será cuestión de esperar a ver cómo quedan confeccionados los pliegos definitivos “y después quiénes son los que ganan la licitación y serán, en definitiva, los concesionarios por los próximos 20 años”.

Vecinos de la ciudad comenzaron una campaña para juntar firmas con el fin de solicitar obras para la Ruta Nacional 226. La iniciativa surgió de la Mesa Barrial de Villa Gaucho, y los comercios e instituciones del barrio cuentan con una planilla disponible para todo aquel que quiera ser parte del pedido. En paralelo, otras mesas barriales empezaron a sumarse a la propuesta, y ya circula a través de redes sociales la opción de firmar a través de una plataforma virtual. Los vecinos que impulsaron la campaña relataron la complejidad de su día a día por tener que atravesar de manera cotidiana la traza urbana de la Ruta.

“Además de saber que es un caos el cruce de la ruta, el pedido y la necesidad de una mejora es indiscutible no solo para la gente o las instituciones del barrio, sino para de todas las personas de Tandil, sean de donde sean, del barrio que sean, del partido político o la institución que sean. El cruce a la ruta te afecta”, plantearon un grupo de vecinos de Villa Gaucho en diálogo con El Eco de Tandil.

Para firmar de manera presencial las planillas se encuentran disponibles en la Escuela Primaria 32, la Escuela Secundaria 14, el Jardín de Infantes 926, el Jardín de Infantes San Francisco de Asís, la Biblioteca Popular Martin Fierro, la Casa del Bicentenario, el Centro de Jubilados, el Territorio Cultural, las Casas de la Esperanza, los Centros de Salud de Selvetti y Palermo, y diversos comercios e instituciones de Villa Gaucho. Para hacerlo de manera virtual es a través del portal Change.org, ingresando a la campaña “Obras ya para la Ruta Nacional 226, trayecto urbano, ciudad de Tandil”.

Si bien la iniciativa surgió en Villa Gaucho –a partir de una reunión con la defensora del pueblo Paula Lafourcade-, ya comenzaron a sumarse otras mesas barriales como la de Villa Aguirre – San Cayetano y Villa Italia. Además, acompañan también vecinos e instituciones de Las Tunitas, Villa Laza, Belgrano, La Movediza y Cerro Leones.

Cabe recordar, el gobierno nacional anunció la apertura de una nueva licitación para concesionar el tramo Atlántico de la Ruta 226, que incluye la traza urbana que recorre Tandil desde la Ruta 74 hasta la Ruta 30. Sin embargo, el pliego no contempla obras para mejorar la circulación ni la seguridad vial por lo menos en los próximos 20 años, por lo que comenzaron a surgir iniciativas a nivel local para exigir que se incorporen proyectos de infraestructura.

A partir del acompañamiento del Punto de Extensión Territorial que la Unicen tiene en el barrio, la Mesa Barrial de Villa Gaucho participó de manera virtual de la audiencia pública a la que el Municipio y la Defensoría del Pueblo concurrieron para exigir que se incorporen obras al pliego. Posteriormente se reunieron con la defensora Paula Lafourcade, y entre otras acciones posibles para acompañar la solicitud, comenzaron con la campaña para juntar firmas.

“Cruzar la ruta es tremendo. Terrible, y complicado. Capaz que cruzo dos o tres veces en el día, a veces caminando, otras veces en colectivo, y es tremendo. Sobre todo en los horarios pico. Por el relevamiento que hicieron, pasan 50 mil autos solo por la rotonda de Actis. Solo en un cruce”, relataron los vecinos.

“Lo más difícil hoy en día, al margen de que el tránsito es complicado, es el cruce peatonal. No tenés manera de cruzar. Hay cinco rotondas que son las de más tránsito, pero tenemos un solo puente, y está muy mal ubicado”, sumaron.

Los integrantes de la mesa barrial destacaron que el pedido es “de todo Tandil”, y dieron cuenta del crecimiento poblacional que experimentó en los últimos años la zona en la que viven. 

“Hay muchísima gente. Tenemos los adolescentes que cruzan de acá para allá, para ir a la secundaria, los universitarios que vienen para este lado, y tránsito pesado todo el tiempo”, contaron. “Para cruzar la ruta tenemos que estar diez minutos a veces. Las personas mayores no alcanzamos a pasar”, sumó otra vecina.

Desde la Mesa invitaron a toda la comunidad a sumarse a la campaña de firmas, ya sea de manera virtual o presencial. “No afecta solamente a Villa Gaucho, sino a todo Tandil, y tiene que haber una solución

Nosotros acompañamos este pedido desde la mesa, lo ha salido de la mesa, pero es también en conjunto con el municipio, como que no es una cuestión del barrio solamente Villa 8, afecta a todo Tandil y tiene que haber una solución”, concluyeron.

La preocupación de autoridades locales con respecto a la proliferación de puestos de venta ambulante y camiones y acoplados estacionados sobre la banquina de la Ruta Nacional 226 estuvo en el centro de la agenda pública de los últimos días. Fue a raíz de una denuncia y pedido de intervención que la Cámara Empresaria solicitó a la Defensoría del Pueblo de Tandil.

Sobre el tema, la secretaria de Protección Ciudadana –Alejandra Marcieri-, informó que prevén reunirse con Policía Federal para elevar una presentación a la Justicia Federal. “Lo que nosotros tenemos pensado, más allá de lo que hizo la Defensoría del Pueblo y lo que hemos acordado con la Policía Vial, es reunirnos con la Policía Federal para hacer algún tipo de presentación a nivel de Justicia Federal”, precisó en diálogo con El Eco Multimedios.

La funcionaria dio cuenta además de las acciones impulsadas a la fecha por la Comuna para hacer frente a una problemática que –más allá de intentos-, todavía persiste. Parte de los actores que intervinieron al respecto hicieron mención a que la situación empeoró en el último tiempo.

La Ruta Nacional 226 fue objeto de debate público a raíz de la reciente participación de la Comuna en la audiencia pública llevada a cabo en la ciudad de San Miguel del Monte. El propio Intendente, funcionarios y la defensora del Pueblo Paula Lafourcade, pidieron a las autoridades nacionales que no se excluyan del pliego de concesión a las obras para la traza urbana local de la ruta.

La Cámara Empresaria se sumó a las solicitudes, a partir de elevar ante la Defensoría del Pueblo de Tandil una denuncia y pedido de intervención para que el organismo tome cartas en el asunto. Cabe recordar, la potestad de control y sanción sobre la banquina de la ruta corresponde a las autoridades nacionales. Más allá de presentaciones anteriores de la propia entidad empresarial, al momento no han tenido respuestas positivas de los organismos centrales.

Consultada sobre el tema, la secretaria Alejandra Marcieri informó que mantuvo reuniones con “el titular de la Policía Vial de nuestra ciudad, en los cuales solicitamos que procedan a realizar la tarea de inspección de esos espacios que estaban ocupando desde la banquina, para solicitarles que se restiren, y en el caso de corresponder hicieran las infracciones en cada caso. Eso se hizo ahora más de 20 días”.

Al respecto, agregó que a raíz del pedido se procedió a informar a quienes realizaban venta ambulante sobre la banquina “y se los notificó de que estaban ocupando un lugar que no correspondía, y la peligrosidad que eso conlleva. Porque la banquina es parte de la ruta y es un espacio donde es una vía de escape para cualquier situación de tránsito básicamente, y no puede estar ocupada”.

Sin embargo, ante la intervención “hicieron caso omiso y se los procedió a infraccionar. Yo tuve en mis manos cada una de las infracciones. Se retiraron, se corrieron, pero volvieron nuevamente a los pocos días a situarse en el mismo espacio”, sostuvo.

Por tal motivo, desde Protección Ciudadana proyectan reunirse con autoridades de la Policía Federal y elevar una presentación a la Justicia Federal. “Porque es área de competencia de la Justicia Federal. Si bien la primera respuesta que tuve del jefe de la Policía Federal de nuestra ciudad, Pablo González, tuvo que ver con que ellos actúan cuando hay un corte de ruta, yo le dije que entendíamos que también era un corte de ruta porque la banquina es parte de la ruta y que podíamos proceder”, planteó Marcieri.

En la misma línea, agregó que el mencionado jefe “se comprometió a tener una mesa de trabajo con nosotros, en la cual también invitamos a Senasa, porque si hay que hacer algún procedimiento, corresponde que Senasa sea la responsable del decomiso de la mercadería”.

La Defensoría del Pueblo de Tandil puso en conocimiento a Vialidad Nacional de los reiterados casos de venta ambulante sobre la banquina de la Ruta 226, para que la entidad realice la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Federal. La comunicación a las autoridades nacionales fue en sintonía con el reclamo recientemente recibido por el organismo local de parte de la Cámara Empresaria.

“Esto es un delito, hay un daño y se tienen que retirar. Porque no puede haber una invasión a un espacio público”, transmitió la defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco Multimedios. La referente de la Defensoría planteó que se comunicaron con sus pares del Municipio de Pilar, donde ocurrió un caso similar que fue resuelto a raíz de la intervención de Vialidad Nacional, para conocer cómo estos solucionaron la problemática.

“En el caso de Pilar fue directamente Vialidad Nacional quien presentó la denuncia en Fiscalía. Nosotros ya pusimos en conocimiento a Vialidad Nacional y estamos esperando. Si no hacen ellos la denuncia a Fiscalía Federal, la vamos a hacer nosotros. Para que obviamente una vez constatado se ordene el lanzamiento, porque hay vehículos que te das cuenta que no están temporalmente, ya están hace mucho tiempo a la vera de la ruta nacional”, explicó Lafourcade.

Cabe recordar, la proliferación de venta ambulante a la vera del tramo urbano local de la Ruta Nacional 226 se ha vuelto un paisaje cotidiano en el último tiempo. Camiones que despliegan toldos y ofrecen papas, cebolla o zanahorias, pero también objetos como espejos, sillas y otros.

Los casos se sumaron a otros que alertaron a la ciudadanía por el peligro vial que suponen, los acoplados, camiones o diferentes vehículos estacionados en el lugar. Tanto de la calzada asfáltica como de la banquina, la jurisdicción corresponde a las autoridades nacionales, por lo que el Municipio local no tiene potestad para avanzar con acciones de desalojo.

Fue el pasado martes 24 de junio cuando la Cámara Empresaria elevó a Lafourcade una denuncia con pedido de intervención ante la proliferación de venta ambulante sobre la banquina de la Ruta. Esto se dio en el marco del pedido conjunto del Municipio y la Defensoría ante autoridades nacionales para incorporar al pliego de concesión, obras que permitan mejorar la seguridad vial en la zona.

“Recibimos el reclamo cuando tuvimos la presentación en la Cámara y ya habíamos recibido denuncias por parte de vecinos por acoplados abandonados y por camiones a la vera de la banquina”, señaló al respecto Lafourcade, sobre la reciente exposición en la que participó junto al Intendente, donde dieron cuenta del reclamo presentado en la audiencia con funcionarios de Nación.

“Nosotros nos habíamos sumado el pedido a la Policía Local Federal que fue varias veces, intervino, intimó, apercibió a que se retiraran, pero igualmente la situación sigue en escalada en lo que es la banquina y los laterales. Creemos juntamente con cómo nos lo expuso la Cámara, que por un lado hay invasión a lo que es la Ruta Nacional, porque la invasión no es sólo en el trazado de la ruta, sino también en los laterales y con vehículos abandonados de hace muchísimo tiempo. Eso produce dos cosas, por un lado lo que es la venta ambulante, como bien denunciaba la Cámara, ya sea de papa, había venta de espejos, sillas, distintos rubros que también se van anexando, y también la peligrosidad que eso conlleva, porque las banquinas, los laterales, están por seguridad vial y si hay un accidente, eso va a producir una tragedia en cualquier momento y la tenemos que evitar”, sostuvo la defensora.

Desde la Defensoría, explicó, ya habían intervenido a raíz de los numerosos reclamos. Una de esas intervenciones fue tomar contacto con el Defensor del Pueblo de Pilar, que abordó un caso similar en dicha localidad.

Señaló que “esto no es una situación nueva”, y dio cuenta de las presentaciones realizadas al respecto por la propia Cámara Empresaria. “Nos adjuntaron reclamos de más de 5 años para atrás, con los distintos escenarios, desde Corredores Viales, Vialidad Nacional, y ninguno ha querido dar respuesta a esta situación”, indicó.

La defensora remarcó que es la Fiscalía Federal quien deberá acompañar las denuncias para concretar el retiro de los vehículos, ya que ante intervenciones de Policía Federal se logró el desplazamiento de los mismos pero “hoy se retiran y mañana vuelven, entonces el problema sigue siendo recurrente y ya hay que dar una solución de otra manera”.

En ese sentido, desde la Defensoría elevaron el pedido a Vialidad Nacional, y se encuentran a la espera de una respuesta. “Estamos a la espera de una respuesta en breve y si no, vamos a presentar nosotros la denuncia ante la Fiscalía”, concluyó.

La Cámara Empresaria de Tandil presentó ante la Defensoría del Pueblo una denuncia con pedido de intervención “por el uso indebido de banquinas y colectoras de la Ruta Nacional 226” en la ciudad. Cabe recordar, el Municipio no posee potestad de control en dichas áreas, ya que estas se encuentran bajo la órbita de las autoridades nacionales.

La presencia de camiones y camionetas estacionados sobre los márgenes de la traza urbana de la ruta se ha vuelto un paisaje cotidiano en el último tiempo. Gran parte de los mismos se dedican a la venta ambulante de papas y otros productos. La entidad empresarial lleva realizados diversas solicitudes ante diferentes organismos estatales para que se despeje la zona, pero al momento la situación no se ha modificado.

Desde la Cámara retomaron el reclamo a raíz del reciente pedido conjunto entre el Municipio y diversos organismos locales a las autoridades de Nación por obras que permitan mejorar la circulación y disminuir los accidentes viales en el tramo urbano de la ruta nacional.

Con fecha del martes 24 de junio, las autoridades empresariales presentaron una carta dirigida a la defensora del pueblo de Tandil, Paula Lafourcade. “A pesar de las gestiones reiteradas ante las distintas autoridades, la problemática persiste, y las autoridades locales enfrentan limitaciones de jurisdicción al tratarse de un espacio nacional. Por ello, y en virtud de la responsabilidad que nos compromete con todos los tandilenses, rogamos a la Defensoría del Pueblo que, a través de sus medios, arbitre las acciones necesarias y disponga de todas las herramientas a su alcance para lograr la intervención efectiva del o los organismos gubernamentales que deban hacerse cargo de esta situación. Entendemos que su intervención es crucial para conformar un principio de solución y revertir estas dificultades que afectan la circulación y el bienestar de nuestra comunidad”, expresaron desde la Cámara en la mencionada nota a la que accedió El Eco de Tandil.

La venta ambulante y la presencia de camiones y acoplados, sostiene la nota “afectan la actividad de comerciantes que cumplen con todas las normativas impositivas y de seguridad aplicables a nivel municipal, provincial y nacional, sino que dejan sin efecto la funcionalidad de las banquinas de una ruta, que, en caso de emergencias no podrá utilizarse como una vía de escape para los vehículos que así lo necesiten en caso de emergencia o interrupción sobre la ruta nacional”.

La carta presentada a la Defensoría de parte de la Cámara Empresaria comienza trazando un diagnóstico de la situación a la fecha. La presencia de camiones y puestos de venta ambulante, plantearon desde la entidad “genera complicaciones significativas para el tránsito y la seguridad vial, con un riesgo inminente de accidentes en dicho tramo”.

Por otro lado, desde la Cámara plantearon “la afectación de la actividad comercial ilegal que se desarrolla en las banquinas sin ningún tipo de control”. En diálogo con El Eco de Tandil, el presidente de la Cámara –Bruno Cerone-, transmitió que desde la entidad registraron que “se acrecentó el caos en la Ruta 226”, y que “la venta ambulante, ya sea de papa, espejos, plantas, jabones en polvo y demás, no hacen la imagen que la ciudad queremos, más allá de que es una actividad que es ilegal. Y lo mismo sucede con la parte de los camiones acoplados que están estacionados sobre la traza. Entendemos que es un problema que tiene la ciudad no tener una playa de estacionamiento de camiones, o no tener una playa de transferencia. Se hace muy peligroso y repito lo mismo, que afea mucho la zona”.

En la nota presentada a la Defensoría del Pueblo, la organización empresarial hizo un repaso de los pedidos realizados en los últimos años. En el 2021 enviaron notas Corredores Viales S.A, solicitando la intervención sobre la ruta. En la misma fecha dirigieron al Intendente Miguel Lunghi un comunicado en el que adjuntaron material fotográfico probatorio de la actividad irregular en el área. En 2021 elevaron nota a Vialidad Nacional, y en el 2024 hicieron lo mismo ante la AFIP pidiendo que intervenga la agencia local.  “En dicha comunicación, se mencionó la necesidad de conformar un equipo de fiscalización junto a inspectores de Mar del Plata para avanzar en la regularización o decomiso de las mercaderías ofrecidas”, precisa la nota a la Defensoría. Pese a las solicitudes, a la fecha la situación no se modificó.

La Cámara respaldó también las recientes gestiones del Intendente ante autoridades nacionales para exigir que se incorporen al pliego de concesión de la 226, obras para su mejora. La Defensoría del Pueblo de Tandil también fue parte de la comitiva local que presentó el reclamo durante la audiencia llevada a cabo en los últimos días en la ciudad de San Miguel del Monte.

Autoridades del Municipio de Tandil expusieron ante referentes empresarios, universitarios, políticos y de organizaciones civiles los detalles del reclamo reciente elevado a Nación por la necesidad de obras en el tramo urbano de la Ruta 226.

“No existe ningún proyecto de futuro. Y lo están entregando por 20 años”, expresó el Intendente Miguel Lunghi. Cabe recordar, el gobierno nacional anunció la privatización de Corredores Viales, y abrió una licitación para concesionar, entre otros, el Tramo Atlántico de la 226, que contempla la traza que pasa por Tandil. La convocatoria no incluye obras de infraestructura para el tramo urbano que atraviesa la ciudad, pese al crecimiento de la población y el aumento de la peligrosidad de las rotondas. Solo por la de Actis circulan 40 mil vehículos por día.

La exposición se llevó a cabo durante la mañana del jueves 19 en las instalaciones de la Cámara Empresaria. Del panel participaron tanto el Intendente como el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Luciano Lafosse, y la Defensora del Pueblo, Paula Lafourcade. Fueron los mismos que días atrás estuvieron en la audiencia pública que se realizó en la ciudad de San Miguel del Monte.

Fueron invitados autoridades de la Unicen, la Cámara Empresaria, Apymet, los clústers tecnológicos y gastronómicos, concejales, referentes de asociaciones, y organizaciones locales vinculadas a la seguridad vial.  “Ruta 226. Sin privilegios, con justicia territorial”, llevaba por título la presentación municipal.

“Algo hay que hacer, y este es el momento. Si no se incorporan en el pliego, por 20 años no va a poder exigírseles a los concesionarios que hagan. Este es el momento para incluir las obras, y por eso el reclamo de Tandil está unido. No puede haber barreras físicas en nuestra ciudad. La ciudad ha crecido y el crecimiento no ha venido sostenido por obras de infraestructura nacional. Por eso pedimos estas obras que no son un gasto, son una inversión”, planteó Lafourcade.

El comienzo de la exposición estuvo a cargo del secretario Lafosse.  El funcionario realizó un pormenorizado repaso de las propuestas elevadas por el Municipio a las autoridades nacionales para intervenir la traza urbana de la Ruta, desde el 2012 a la fecha.

De acuerdo a lo expuesto, en el año 2012 se evaluaron las alternativas de la travesía urbana de la 226 por la ciudad de Tandil. En el 2018 hubo una presentación en la audiencia pública por los entonces vigentes proyectos de participación público privada de elevación de la traza. En el 2021 se propuso la semaforización sobre el tramo, en el 2022 se hizo lo mismo con un proyecto de paso bajo nivel en el eje Espora-Actis. En el 2023 se planteó la modificación de las geometrías de las rotondas, y en el 2025 las autoridades concurrieron a la mencionada audiencia reciente en Monte.

“Toda una comunidad se vio movilizada en función de la necesidad y de la incorporación imperiosa para este pliego de distintas obras. Nosotros fundamentalmente no fuimos (a la audiencia) con un pedido concreto de hacer una determinada, cosa sino que fuimos a plantear la necesidad de obras”, precisó Lafosse.

Entre otros aspectos, Lafosse hizo mención al crecimiento de los últimos años de la zona norte de la ciudad –“se multiplicó casi por dos la población”, según sostuvo-, a que 4 de las 6 líneas de colectivos atraviesan la Ruta Nacional, y a los objetivos del PDT que plantean la ampliación hacia dicha área. 

En el mismo sentido, Lunghi se refirió al desarrollo urbanístico de Sans Souci, el nuevo barrio De Corazón Tandilense, los lotes municipales a urbanizar, y los establecimientos proyectados para el lugar, indicadores de que la ampliación continuará en los próximos años.

“Este no es un reclamo que tiene banderas políticas, este es un reclamo de la ciudad entera y de la región”, concluyó Lafourcade.

La Defensora del Pueblo local, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco de Tandil, expresó su disgusto con el pliego preliminar del plan de obras presentado por la Agencia Nacional de Vialidad para el tramo atlántico de la Ruta 226, que abarca desde Bolívar hasta Mar del Plata. Cabe recordar que la sede del organismo a nivel local compartió ayer en sus redes sociales un video donde invitó a los vecinos a acompañar su reclamo en la audiencia pública del próximo 11 de junio.

El mismo consiste en exigir que se incluya en el plan el tramo urbano de 17 kilómetros que atraviesa Tandil, el cual la defensora definió como una "barrera física" tanto en seguridad como en infraestructura, que divide dos partes de la ciudad. Lafourcade detalló que aproximadamente 50 mil personas transitan a diario por este sector, cruzando a pie y sin señalización por las cinco rotondas que lo componen, incluyendo el acceso al campus universitario con sus cinco facultades. Señaló la necesidad urgente de un tránsito ordenado y más cruces peatonales.

“Hay un solo cruce peatonal que está en la nada; porque se cruza, no está ni siquiera encima de una rotonda; para los 17 kilómetros”. Si bien aclaró que no es ingeniera civil para determinar la solución técnica, – ya sea semaforización, corrimiento, soterramiento u otra obra en altura –, enfatizó que lo esencial es que “se hagan las obras”.

Con este objetivo, planean asistir a la audiencia del 11 de junio para exigir que se incluyan cuanto antes, ya que “si no se incluyen ahora, después no se le puede pedir a un concesionario que fue privatizado que las haga”, explicó. Aunque la audiencia no es vinculante, considera que contribuye al reclamo y a la fuerza de Tandil como ciudad. Insistió en que "algo hay que hacer" y que no se pueden esperar “siete años” como dura una concesión mínima.

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Recordó una reunión con directores de la Agencia donde propusieron empezar por alguna de las rotondas de ingreso, como Espora, Falucho o Reforma Universitaria, aunque los pedidos no fueron escuchados. Destacó la necesidad de rutas seguras que contemplen la convivencia entre camiones y peatones o ciclistas.

Finalmente, subrayó la importancia de la participación vecinal por medio de la redes sociales y del apoyo del Municipio, a través del intendente Lunghi, quien también asistirá a la audiencia para impulsar las obras urgentes que el tramo requiere.

La decisión del Gobierno nacional de no incluir el tramo urbano de la Ruta Nacional 226 que pasa por Tandil al listado de obras obligatorias generó preocupación y repercusiones en el arco político local.

La advertencia la planteó Estrellas Amarillas al conocerse la publicación del pliego para la licitación pública relativa al tramo Atlántico de la traza nacional en los términos que marca el decreto 97/2025 firmado por el presidente Javier Milei en el que contempla la privatización total de Corredores Viales SA bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje en los términos de la Ley 17.520 y sus modificatorias.

Para los 404 kilómetros de la 226 entre Mar del Plata y Bolívar, en los pliegos publicados para cada ruta nacional a privatizar fijó como obra nueva obligatoria para el sector Atlántico la construcción de rutas seguras desde Balcarce hasta la intersección con la Ruta Provincial 227 (el acceso a Napaleofú).

En ese tramo, que se extiende por 56 kilómetros, se construirá un carril adicional solo en lomas y cuestas que lo ameriten. “Esta obra, además de ser insuficiente, se contempla realizar en un plazo de siete años, teniendo la concesión en principio una vigencia de 20 años”, alertó la asociación civil.

En medio de este escenario, la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil anunció que también formará parte del grupo de oradores de la audiencia pública convocada para abordar el abordaje de las rutas de los tramos Sur, Atlántico y Acceso Sur.

A la tanda de oradores tandilenses se sumará el Municipio, probablemente a través del secretario de Planeamiento y Obras Públicas Luciano Lafosse, y el referente de Acción Tandilense – La Libertad Avanza Gonzalo Santamarina.

Asimismo, en el primer piso de la Municipalidad también se hicieron eco de este escenario a instancias de un proyecto de resolución que impulsó el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical a través del cual buscan que la inclusión de obras locales al pliego de licitación y que esperan que sea tratado en la sesión del próximo jueves.

La propuesta, que ingresó a la Comisión de Transporte el 30 de mayo, apunta a solicitar que el tramo prioritario comprenda desde Reforma Universitaria hasta la rotonda de la Ruta Provincial 30, punto neurálgico para la circulación interurbana y local.

Además, argumenta que el Municipio ya entregó diagnósticos técnicos respaldados por un relevamiento que incluyó propuestas de colectoras, señalización, iluminación, accesos seguros, puentes peatonales y semaforización inteligente en zonas críticas.

En definitiva, distintas voces se unieron detrás de una misma causa con miras a potenciar el reclamo tandilense por la implementación de acciones que permitan mejorar la conflictividad a lo largo del trayecto.

La Defensoría del Pueblo, presente

Tal como lo anunció el organismo local en las redes sociales, la titular Paula Lafourcade participará el miércoles próximo de la audiencia pública con el objetivo de reclamar la inclusión de obras para el tramo urbano de la traza nacional.

Entre los motivos por los cuales se requieren trabajos de manera “urgente”, repasó que Tandil se convirtió en un “centro urbano creciente, especialmente hacia el sector noreste de la ciudad, donde se encuentran familias, clubes, escuelas y comercios, pero existe una barrera física concreta y limitante: la Ruta Nacional 226”.

A más datos, expuso que “se estima que alrededor de 50 mil personas cruzan este corredor diariamente, conviviendo con un tránsito constante, pesado y acelerado”.

Y agregó que la Ruta cuenta con cinco rotondas de egreso e ingreso (Reforma Universitaria, Falucho, Espora, Rauch y Aeronáutica Argentina) “y solo un puente peatonal para los 17 kilómetros de ruta urbana”.

Frente a este escenario, aseguró que “necesitamos una infraestructura que proteja la vida y la seguridad de quienes la transitamos diariamente a pie, en bicicleta, motovehículo o auto”.

“Solicitamos la pronta incorporación y ejecución de obras de elevación, soterramiento, corredores, semáforos, entre otras soluciones posibles a los accesos a la ciudad”, concluyó la Defensoría del Pueblo en su posteo al repasar las distintas alternativas de abordaje de la problemática vial.

Antecedentes

En noviembre del año pasado, y en el marco de las acciones impulsadas, la funcionaria participó de un encuentro con la Agencia Nacional de Seguridad Vial junto a integrantes de la comisión directiva de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (Adpra).

El “encuentro informativo” fue con el administrador de la dependencia nacional Marcelo J. Campoy. Durante el intercambio, abordaron detalles sobre el estado de las rutas nacionales de cada jurisdicción.

En ese sentido, Lafourcade aprovechó la oportunidad para renovar el pedido por una solución a la “grave situación” del tramo urbano de la Ruta Nacional 226.

Y planteó la necesidad “urgente” de llevar adelante obras de infraestructura “tales como ensanchamientos, pasos a nivel, semaforización, con el fin de disminuir los siniestros en las rotondas de acceso a la ciudad”.

En función de este intercambio, junto con las gestiones impulsadas por distintos actores de la comunidad, la expectativa de la dependencia municipal era que incluyeran alguna obra.

Al conocer que el tramo urbano quedó excluido del plan de obras obligatorias, la defensora confirmó que participará de la audiencia pública para reclamar a las autoridades nacionales que revisen la decisión. “Ahora más que nunca tenemos que estar unidos los tandilenses y la región para la inclusión de las obras en el pliego”, enfatizó.

La Defensoría del Pueblo de Tandil funciona no solo como un organismo para presentar reclamos ciudadanos, sino también para recibir orientación, despejar dudas o facilitar trámites. El movimiento en la oficina de Maipú al 200 es continuo, y de eso dan cuenta los 1200 vecinos atendidos y las 881 causas que abrieron durante el 2024, de las que casi un 85 por ciento tuvo una resolución favorable. Mientras elabora el informe anual –que presentará tras la apertura del período legislativo del Concejo Deliberante-, la defensora Paula J. Lafourcade dialogó con El Eco de Tandil y brindó precisiones de cuáles fueron las temáticas con mayor demanda, y aportó números que en parte dan cuenta de las principales problemáticas en la ciudad.

“Las defensorías son muchas veces un termómetro de las problemáticas individuales o colectivas, tanto  en temas locales como nacionales”, señaló la abogada a cargo del organismo. Cuestiones vinculadas a la salud –afiliaciones, aprobación de prestaciones o prácticas, medicamentos y otros-, fueron las que presentaron el mayor número de reclamos, aumentando un 20 por ciento en comparación con el 2023. 

También hubo otros como el acceso a la justicia, los aumentos de los servicios públicos, ruidos molestos, terrenos en mal estado, derroche de agua potable,  construcción en el faldeo serrano, estafas virtuales entre otros.

Además, la Defensoría lleva adelante trabajos en vínculo con otras instituciones de nuestra ciudad como por ejemplo con  la Universidad Nacional del Centro (Unicen), y la Ufasta sede Tandil, en particular a través de proyectos de Extensión en clave de promoción de derechos humanos, como el acceso a la justicia, hábitat,  cannabis medicinal, Ley Micaela o fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. 

También forman parte de diferentes mesas ciudadanas y vecinales, realizan charlas y mantienen presencia constante en muchos barrios y localidades rurales de Tandil, ya sea a través de acercar los puntos de atención o por trabajos constantes que involucran más de un período.

Lafourcade destacó a su vez la importancia de trabajar en red con otras defensorías del país locales y provinciales, a través de Adpra, para generar enlaces, y llevar las problemáticas de todo del país como los reclamos propios de la ciudad.

“La Defensoría es un organismo de puertas abiertas  como nosotros decimos. Cerca del 60 por ciento de las causas son municipales, pero hay un porcentaje nacional y provincial que se gestiona directamente con las entidades competentes. Somos un organismo de gestión rápida cerca del ciudadano.  El vecino, siente la confianza que en la Defensoría en caso de no ser competentes les vamos a indicar dónde tiene que ir y como resolver su requerimiento. Está también ese rol de promover el derecho a la información que no es menor”, agregó la defensora.

“La Defensoría local logró en estos primeros cinco años instalarse en la ciudadanía, y ser un referente tanto en su faz de contralor como también en la de promoción de derechos humanos. Con  mi adjunta Mercedes Argeri estamos muy contentas del organismo que hemos construido, la gente sabe que puede recurrir a la Defensoría ante cualquier problema", sumó.

En concreto, transmitió Lafourcade, durante el 2024 la Defensoría del Pueblo recibió 881 causas individuales y otras colectivas, en un número que se mantiene en el transcurso de los últimos años. La diferencia del período la marcan los reclamos vinculados a la salud pública y privada, que de representar un 30 por ciento del total de los expedientes en años anteriores, creció hasta más del  50 por ciento.

En ese sentido, 460 causas fueron por temas de salud –prestaciones denegadas, autorizaciones, afiliaciones, coberturas, acceso a medicamentos y otros-, en un contexto de subas en los costos de las prepagas y en particular de los medicamentos, en muchos casos  involucraron pacientes oncológicos, tratamientos de alta complejidad, bebes prematuros, personas con discapacidad o embarazos de alto riesgo.

El mayor porcentaje de los reclamos –cabe destacar-, fueron presentados por mujeres, y del total, obtuvieron resultados favorables en un 84,7 por ciento. El número crece si se observan aquellos en relación al sistema sanitario, donde el 90 por ciento obtuvo una resolución positiva para el demandante.

En segundo lugar de las problemáticas con mayor caudal de denuncias se ubicó urbanismo –con pedidos y solicitudes de obras públicas, obras sanitarias, espacios verdes, mantenimiento de terrenos abandonados y otros-, y en tercer lugar el acceso a la justicia. En cuarto lugar, precisó Lafourcade, hubo reiterados reclamos sobre servicios públicos, en concreto tarifas y modificaciones de las normativas de subsidios, tarifa social, cortes y otros.

De parte de la Defensoría ya elaboran el informe de gestión que todos los años presentan ante el Concejo Deliberante. Lo harán una vez que comiencen a desarrollarse las sesiones ordinarias.

Con la llegada de la primavera y el aumento de la temperatura también suben las denuncias por terrenos abandonados. Pastizales, roedores y mosquitos se suman a casas abandonadas y basura acumulada en diferentes zonas de la ciudad. Solo la Defensoría del Pueblo recibe entre uno y dos reclamos por semana, y pese a las multas, las situaciones irregulares no cesan. En el 2019 el organismo elaboró un proyecto de ordenanza para elevar las sanciones y habilitar al Municipio a ingresar a las propiedades privadas para solucionar el tema, sin embargo la iniciativa no avanzó en el Concejo Deliberante.

“Nosotros recibimos situaciones graves, cuando no obtienen solución quizás por las vías con las que cuenta el Municipio Y la situación se sigue agravando. Porque lo que está previsto en la ordenanza fiscal es un recargo en la retributiva del 100 por ciento para las propiedades en mal estado. Pero a veces con eso no alcanza. Porque para el que es recurrente no le importa que tenga una tasa retributiva elevada Y el terreno sigue estando en mal estado”, expresó la defensora del pueblo de la ciudad, Paula Lafourcade, en diálogo con El Eco de Tandil.

El caso del Ex Policlínico es quizás el más representativo de este tipo de reclamos. Los vecinos de la zona han denunciado hasta la presencia de personas que se instalan en el lugar. Pero también frentistas que viven en cercanías de la obra en curso de la escuela Técnica 3 se enfrentan a preocupaciones similares, a las que se suman las veredas intransitables.

El Eco de Tandil consultó a la Defensoría del Pueblo, y si bien el organismo no pudo precisar un número exacto del total de reclamos de los últimos años, sí informó de que ingresan al lugar entre una y dos denuncias semanales. Los casos aumentan con la proximidad del verano.

“En materia de terrenos abandonados primero están los pastos largos, el tema de los mosquitos, el dengue. También llega mucho el tema de las ratas, porque se meten personas a los lugares, y hasta asentamientos de personas. Nos ha pasado de denuncias por usurpaciones. Y las casas abandonadas nos preoocupan”, alertó Lafourcade.

En el caso de detectar roedores o murciélagos, agregó, articulan con la Dirección de Bromatología. Por otra parte, pro caso de propiedades abandonadas, desde Protección Ciudadana trabajan junto a la Oficina de Mediación para poder dar con los propietarios o herederos.

La situación en torno a los terrenos abandonados, sumó Lafourcade, implica también reclamos en materia de seguridad. Consultada sobre la posibilidad de intervenir desde la Comuna en el interior de los predios para cortar pasto o realizar mantenimiento, la defensora señaló que “esta situación es difícil porque hay un derecho a la propiedad privada. Y por eso creo que es muy importante avanzar en esto del código de convivencia”.

Al respecto, hizo mención a un proyecto de ordenanza que en el año 2019 elaboraron desde el organismo y que la concejal de mandato cumplido Silvia Nosei llevó al recinto aunque el mismo no pasó del trabajo en comisiones internas.

“Eso lo habíamos enmarcado con la ordenanza de propietario responsable. Sobre cómo deberían ser el mantenimiento de cada propietario o cada dueño de su inmueble Ya sea en lo que es convivencia con su vecino, como con la vereda”, dio a conocer Lafourcade.

En el caso de sanciones, sostuvo la defensora, en diversos casos los propietarios ni siquieran abonan las infracciones o multas. ”Por eso es importante esto de llegar a un código de convivencia y hablar del propietario responsable, porque el propietario responsable es el que mantiene los pastos en condiciones, la vereda en condiciones, igual que mantener los pastos cortos”, remarcó. 

“Sobre la reglamentación nos parecía que el ordenador del territorio es el Municipio y es en el Concejo Deliberante donde se tiene que avanzar hacia una normativa que abarque todos estos puntos, desde infracciones, apercibimientos, multas, para que realmente esto tengamos una ciudad accesible y ordenada para toda la comunidad”, indicó.

Entre otros aspectos, sostuvo la defensora, la normativa preveía un régimen sancionatorio importante, “y también la posibilidad de poder ingresar al predio por parte del Estado Municipal a ejercer las tareas de limpieza. No solo cobrándoselas, que puede estar previsto, sino con infracciones muy agravadas. Y agravadas también con reincidencia, porque la mayoría de los terrenos que están en mal estado son recurrentes”, concluyó.

A través de una resolución ministerial, el gobierno nacional modificó los requerimientos para inscribirse o renovar la inscripción al Registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o terapéuticos (Reprocann). Entre otros aspectos, sumó la necesidad de contar con el aval de un profesional con diplomatura en la materia avalada en el país –pese a que casi no existen en Argentina ese tipo de especializaciones-, e incorporó solicitudes específicas que las organizaciones civiles que trabajan en la temática deberán realizar en el marco de los próximos seis meses.

“Esto ha caído muy mal en lo que son las asociaciones cannábicas, y también en todas aquellas organizaciones como la nuestra, como la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que trabajamos en la promoción de derechos humanos. Y nos parece acompañar a que sean revistas estas modificaciones”, expresó Paula Lafourcade, a cargo de la Defensoría del Pueblo de la ciudad.

En los últimos días, la defensora participó dos charlas. La primera con la Mesa Intersectorial de Cannabis y la segunda con la Asociación de Cannabis Medicinal Tandil, la cual fue junto a la Asociación de Abogados. En los encuentros dio detalles de las nuevas normativas, para actualizar la formación del marco legal, requerimientos y modificaciones.

El Reprocann es un registro vigente desde comienzos de 2021. Su creación se dio a partir de una demanda histórica de las asociaciones cannábicas, en particular las integradas por familias cuyos hijos necesitan de tratamientos terapéuticos con cannabis. Desde el cambio de gestión a nivel nacional, gran parte de estas organizaciones alertaron por las demoras en las incorporaciones al Registro. Finalmente, a partir de la resolución 3132 se modificó la normativa, y de acuerdo al planteo de Lafourcade se hizo “con un tinte netamente restrictivo”, según compartió en diálogo con El Eco de Tandil.

Consultada por las nuevas normativas, Lafourcade precisó que las reformas afectan la Ley del Paciente y que “en el trasfondo hay una Ley del Paciente que no está siendo respetada”. 

En primer lugar, sostuvo, la resolución exige tanto a los nuevos interesados en ingresar al Registro como aquellos que busquen renovar su pertenencia, el certificado de un profesional con una diplomatura o maestría especializada en la temática y avalada en el país.

“Cuando nosotros escuchábamos a los médicos, a los profesionales de la salud, nos decían que ellos pueden recetar cualquier tipo de medicación sin necesidad de tener una capacitación. Es bueno sumar capacitaciones, sí, pero esto viene de la mano de trabajar con las universidades, con los círculos médicos y no para limitar una exigencia a una autorización”, consideró la defensora.

Indicó además que “cuando se diseñó o se lanzó esta resolución ministerial, no se tenía en cuenta que para los médicos son maestrías o especializaciones muy nuevas, que muchas veces son de otros países. Y que tienen cerca de 200 horas cátedra. Realmente son muy pocos los que hay en el país actualmente, y es todo un proceso que, en la forma en que se redactó, es netamente restrictivo, porque si no cuento con un profesional con esa maestría, no puedo inscribirme en el Reprocann”.

Por otra parte, sumó Lafourcade, la resolución exigió mayores requisitos a las organizaciones cannábicas. Entre otros aspectos comenzó a solicitarse que las asociaciones cuenten con el cultivo como uno de sus objetos sociales, por lo que muchas conformadas antes de la creación del Registro deberán modificar su estatuto. También determinaron que las comisiones directivas de estas entidades no pueden estar integradas por personas con antecedentes penales relacionados con estupefacientes.

“Hay muchas personas que han sido perseguidas por el cultivo medicinal que cuentan con antecedentes anteriores y no podrían formar parte de las comisiones de una asociación civil”, señaló sobre la medida que “ha caído muy mal” en las asociaciones cannábicas, que cuentan con un plazo de seis meses para adecuarse y caso contrario pierden la autorización.

Para aquellas personas ya inscriptas en el Registro, la vigencia se respetará hasta su próximo vencimiento. Las nuevas normativas aplicarán para revalidaciones o nuevos ingresos.

“La normativa ha tendido a restringir, o prácticamente se ha vuelto de imposible cumplimiento. Son tantas las exigencias y tan inmediatas, que más que favorecer a que se sigan inscribiendo, es a restringir el uso terapéutico del cannabis”, planteó.

La defensora concluyó recordando que “el cannabis ha demostrado ser una medicina complementaria de tratamientos que tiene muchísimas, muchísimas virtudes a la hora de ayudar en lo que es la calidad de vida de los pacientes”, por lo que, consideró, “creo que para las asociaciones cannábicas y para los cultivadores pasa por discutir o despenalizar el consumo recreativo del cannabis y sacarlo del Código Penal. Y obviamente reforzar todo lo que es el uso medicinal o terapéutico para enfermedades, como son neurodegenerativas o paliativas del dolor”.