La reciente intervención del FBI en un caso que involucra a un estudiante de Quilmes ha puesto en el centro del debate la seguridad en el entorno digital y el uso responsable de las nuevas tecnologías. 

El joven planeaba matar a compañeros de su escuela  en ese partido bonaerense, lo plasmó en el ChatGPT y las autoridades del FBI lo detectó.  

El hecho, que fue analizado en Plataforma Magazine, programa que se emite por Eco TV y Tandil FM 104.1, dejó en evidencia cómo los algoritmos de inteligencia artificial actúan como una primera barrera de contención ante posibles tragedias.

El fiscal especializado en ciberdelitos, Lucas Moyano, explicó durante la entrevista cómo se activaron las alarmas que permitieron frustrar el plan. Según detalló el funcionario, “los desarrolladores de inteligencia artificial, específicamente OpenAI en el caso de ChatGPT, cuentan con clasificadores automáticos que funcionan como filtros para detectar contenido violento, extremista o intenciones de ataques masivos”.

Cuando el sistema identifica una conversación que marca una "bandera roja", se inicia un protocolo de seguridad que incluye una supervisión humana. 

"Un equipo especializado de la empresa determina si hay un riesgo inminente y creíble. A partir de ahí, se remite una notificación al FBI con los datos de la cuenta, dirección IP y correo electrónico", señaló Moyano. 

Posteriormente, mediante la cooperación internacional, la información llega a las fuerzas de seguridad locales, en este caso la Policía Federal Argentina, permitiendo la intervención de la justicia y el allanamiento del domicilio del menor.

El fiscal destacó que “este procedimiento es un ejemplo claro de cómo la colaboración público-privada y la cooperación entre distintos países son fundamentales para la prevención”. 

Al ser consultado sobre la privacidad de las conversaciones con la inteligencia artificial, Moyano fue tajante: "los términos de uso nos dicen que la empresa puede revisar el contenido generado para ver si cumplen las leyes aplicadas. Las políticas de la empresa prohíben de forma taxativa la utilización de la plataforma para planificar y realizar actividades ilícitas".

Este caso subraya que el entorno virtual no es un espacio ajeno a la ley. El fiscal enfatizó que, “al igual que en otros delitos como el abuso sexual infantil, la rapidez en la respuesta depende de la inminencia del riesgo. La tecnología, lejos de ser un espacio de anonimato absoluto, deja rastros que permiten a las autoridades actuar con celeridad cuando la integridad física de terceros está en juego”.

Tras el allanamiento y el secuestro de dispositivos, el proceso judicial continúa para determinar las responsabilidades del menor. 

Moyano hizo hincapié en que, más allá de la posible sanción penal, es vital realizar un abordaje integral. "Hay que detectar qué es lo que pasó, qué llevó a este tipo de acciones y disponer medidas, sobre todo educativas o curativas", afirmó el fiscal, subrayando la necesidad de acompañamiento psicológico o psiquiátrico cuando sea necesario.

El funcionario también reflexionó sobre la necesidad de que el sistema judicial esté a la altura de los tiempos actuales. "La evidencia digital atraviesa todos los delitos. Por eso, la capacitación es imprescindible. La inteligencia artificial nos viene a poner nuevos desafíos", agregó.

Finalmente, Lucas Moyano dejó un mensaje claro para la comunidad sobre la responsabilidad en el uso de las redes y la tecnología. "Hay que dejar de percibir a lo virtual como algo que no existe. La violencia digital tiene consecuencias reales", advirtió. 

Según el fiscal, la solución no pasa por invadir la privacidad de los menores, sino por fomentar una ciudadanía digital responsable desde temprana edad.

El acompañamiento de los adultos y la educación sobre los riesgos de la red son pilares fundamentales para evitar que situaciones de este tipo escalen. 

"Debemos hacer saber que estas consecuencias que pasan en la vida digital hacen sufrir a la gente en la vida real y tienen sus sanciones, ya sean administrativas o civiles. Siempre hay que pensar antes de actuar", concluyó el fiscal.

El resonante suceso de inseguridad del mes pasado del que resultara víctima una mujer de nacionalidad oriental en su domicilio en El Cerrito tuvo una definición procesal para el sindicado como el autor del robo y abuso. Quedó confirmada la prisión preventiva por lo que aguardará preso hasta que se sustancie el juicio, tiempo en que se resolverá su situación procesal penal.

Como se informó, la policía logró detener en su domicilio a un hombre acusado de cometer un violento ataque contra una mujer en su vivienda luego de lograr la reconstrucción del trayecto que realizó a pie desde un lugar a otro gracias al aporte de las cámaras de  seguridad públicas, más el reconocimiento que la propia damnificada realizó del sospechoso, a la postre identificado como Leonardo Alberto Lili (34).

Una vez recopilado el material probatorio incriminante para con el nombrado, el fiscal Damián Borean pidió la prisión preventiva, lo cual fue avalada por el Juzgado de Garantías.

Sobre el detalle de los hechos, se confió de lo que se desprende de la instrucción judicial que entre finales del mes de junio al 3 de julio del corriente año, el acusado trabajaba como pintor y albañil en la casa de calle Martín Fierro 138, donde reside una pareja, sobre quienes se apoderó de dinero en efectivo.

Asimismo, el 4 de julio, entre las 0 y 1.45 aproximadamente, el señalado accedió al interior de la vivienda donde se hallaba su moradora. Una vez adentro se dirigió a la habitación de la víctima. Allí, agredió físicamente a la nombrada, tomándola fuertemente del cuello con una de sus manos, mientras que con la otra le tocó las partes íntimas. En dicho ataque también utilizó un arma blanca o cuchilla con la que le causó una herida a la mujer en el mentón.

En dicha agresión física la víctima se desvaneció, tras lo cual el violento se apoderó de la bombacha de color rosa que tenía colocada, varios cuchillos y elementos de cocina, todos nuevos, de origen chino. Una vez muñido del botín, se retiró del lugar con el paradero luego identificado por las cámaras y el seguimiento policial.

A la hora de las pruebas en su contra, se detalló sobre el hallazgo en su casa de calle Necochea 71 del dinero que había sustraído, el cual fue reconocido por la damnificada en cuanto a la discriminación de los billetes y la forma en que este dinero se encontraba acondicionada.

A la vez, el resto de los obreros que trabajaban en las refacciones en la casa reconocieron al imputado como integrante de la cuadrilla que trabajaba y tenía llave para ingresar a la propiedad.

También, el indicio incriminante dado por la circunstancia de haber sido aprehendido momentos inmediatamente posteriores de cometido el ilícito, luego de ser interceptado por personal policial que se encontraba realizando vigilancia encubierta sobre su domicilio, cuando éste salía de su domicilio pretendiendo descartarse de ropa interior tipo boxer y una remera de hilo calado de mujer color negra que llevaba en una bolsa tipo residuo; sumado a llevar también consigo en el interior del bolsillo izquierdo de su chaleco otra bolsa de nylon transparente conteniendo una bombacha femenina color rosa con manchas hemáticas, la cual fuera reconocida sin dudas como de su propiedad por la víctima.

Con dichos elementos, entonces, se resolvió convertir en prisión preventiva la detención de Luli (39), por considerarlo autor penalmente responsable en la comisión de los delitos de “Hurto” y “Robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de arma -punzocortante y por haber causado con la violencia ejercida sobre la víctima lesiones graves en concurso ideal con abuso sexual simple”.

El Senado sancionó este jueves la ley que implementa cambios penales sobre la reincidencia y reiterancia para desactivar, según palabras del propio Gobierno, la denostada “puerta giratoria” de delincuentes.

La iniciativa obtuvo 67 adhesiones en la votación en general -unánime- y a los pocos minutos avanzó con la particular, donde el kirchnerismo rechazó solo algunos artículos.

La flamante ley apunta a reforzar las herramientas legales para prevenir la reincidencia y la reiterancia delictiva a partir del establecimiento de criterios claros para restringir la libertad en función de los antecedentes penales y el riesgo de nuevas conductas delictivas. Define como “reincidente” a quien haya sido condenado dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.

Busca que, al evaluar la posibilidad de otorgar la excarcelación a un imputado, los jueces consideren la existencia de múltiples causas penales en trámite como un indicio de riesgo procesal. Es decir, si una persona está siendo investigada en varias causas por delitos que conllevan penas privativas de la libertad, esta situación podría ser interpretada como una señal de que, al recuperar su libertad, el imputado podría intentar eludir a la justicia.

Previo a la sesión, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advirtió: “Si se aprueban estas iniciativas se agravará el hacinamiento en los lugares de detención. Entre 2016 y 2023, la cantidad de personas privadas de libertad en cárceles creció en un 48,5%”.